Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a investigar sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV; a la SCT, a expedir la normativa referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas; y a la Comisión de Transportes, a dictaminar la minuta de reformas de la Ley de Aeropuertos que quedó pendiente el 30 de abril de 2012, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a realizar acciones para implantar el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar por la SCT y la Dirección General de Autotransporte Federal la norma 12, de pesos y dimensiones, aplicada al transporte de carga de todo el país, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo a las solicitudes para la siembra comercial de maíz transgénico a campo abierto en trámite en Sinaloa y Tamaulipas, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a establecer un diálogo diplomático con su homólogo estadounidense para revisar el memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de mexicanos; y al INM, a implantar la plataforma México, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para esclarecer la inseguridad y la presencia de la delincuencia organizada en las minas Pocitos, en la región carbonífera de Coahuila, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a liberar los recursos correspondientes al ciclo julio-diciembre de 2011 del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, incluidos en el PEF de 2012, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer públicos por la Ssa los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, y a diseñar y aplicar políticas para combatirla, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012 por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE y de la SHCP a dar respuesta pronta y satisfactoria a las solicitudes de apoyo formuladas por los productores vitivinícolas del país, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar con prioridad en el interés superior de la infancia, según la Constitución General de la República, los convenios internacionales y las recomendaciones que de ellos emanan, para preservar los derechos de niños y de adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al GDF a considerar el inicio de la construcción de dos centros de atención integral de la salud en Tlalpan, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sectur que inicie los preparativos del Tianguis Turístico de Acapulco, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la Sener, de Pemex, de la CFE y del gobierno del estado de México a realizar acciones tendentes a evitar desastres por causas antropogénicas en zonas afectadas por el derecho de vía donde hay ductos subterráneos –para conducir hidrocarburos o gas– o líneas de alta tensión en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la lucha contra la trata de personas, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD

Efemérides

• Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a investigar sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV; a la SCT, a expedir la normativa referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas; y a la Comisión de Transportes, a dictaminar la minuta de reformas de la Ley de Aeropuertos que quedó pendiente el 30 de abril de 2012, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Javier Filiberto Guevara González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando, con base en las siguientes

Consideraciones

Al finalizar 2008, existían 13 aerolíneas en el mercado aéreo nacional, a partir del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, y en los últimos 4 años un total de 7 líneas aéreas han dejado de prestar sus servicios: Azteca, Aerocalifornia, Aviacsa, Avolar, Alma, Nova Air y Aladia, a raíz de esto, los actuales concesionarios del servicio público aéreo de pasajeros han incrementado las tarifas en diversas rutas quedando con una posición dominante. En particular, en el caso de Grupo Aeroméxico, SAB de CV, al finalizar el año 2009 tenía una participación de mercado de 25.7 por ciento, misma que ha incrementado a 38 por ciento a septiembre de 2012, lo que es un crecimiento significativo en su participación de mercado en solo 3 años, el restante 62 por ciento se distribuye entre las restantes líneas aéreas regulares.

Lo anterior ha causado elevados costos en tarifas y cargos extraordinarios que se aplican a los usuarios y en un deterioro del servicio en lo general, tales como, sobreventa de capacidad, cancelaciones de vuelo, retrasos significativos en salidas y llegadas al destino en cada ruta, y excesivos sobrecostos por cambios de fecha u hora a petición del usuario. De acuerdo a cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al mes de octubre del presente año se han presentado 1,216 quejas por pasajeros de las actuales líneas aéreas en servicio, cabe considerar, que menos del 10 por ciento de los usuarios que son afectados levantan una queja ante esta instancia, de hecho, las recomendaciones de la Profeco respecto a los derechos de los usuarios, no son respetadas por las líneas aéreas.

Los parámetros de calidad en el servicio de las líneas aéreas aceptados internacionalmente, son medidos a través de indicadores de puntualidad, así como en el porcentaje de cancelaciones de vuelos programados. Tales parámetros de calidad son aceptados internacionalmente para evaluar el servicio de las líneas aéreas. Los organismos internacionales reconocen que el nivel de puntualidad y el número de cancelaciones son fundamentales para evitar costos a los usuarios. Por ejemplo, el desempeño de Grupo Aeroméxico SAB de CV, con respecto a las líneas aéreas a nivel global es mediocre, Aeroméxico está clasificada en un nivel de calidad de 2.5 respecto a 5 puntos posibles. Sus indicadores de calidad se ubican en un nivel relativamente bajo al promedio de las líneas aéreas a nivel internacional, por lo que puede interpretarse como contrario a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que considera que la prestación del servicio se debe ofrecer en condiciones satisfactorias, de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

El que la línea aérea imponga sobrecargos por cambios de horario y/o día a petición del usuario actualmente alcanza un incremento equivalente a un 50% del precio original del boleto, tal práctica puede considerarse como evidencia de poder sustancial en el mercado. Al igual que la imposición de otros sobreprecios o costos adicionales a los usuarios ante eventualidades como cancelaciones, retrasos o sobreventa cuando tales cargos se presentan sin alternativas a los pasajeros. Los usuarios deben de tener la libertad de elegir modificaciones de fecha y/o de hora en el uso de su boleto con un cargo que se encuentre económicamente justificado, sin que esto sea evidencia de un abuso de poder de mercado por parte de la línea aérea que de hecho está forzando a los usuarios, a que por alguna razón tengan que modificar su itinerario, incurran en un gasto significativo y sin alternativa de elección.

Por lo anterior, es necesario expedir una normatividad que proteja los derechos de los pasajeros respecto a las deficiencias del servicio de elevado costo para el usuario tales como sobreventa de capacidad, cancelaciones y retrasos sustantivos en los vuelos, siguiendo el ejemplo de la experiencia internacional como se hizo en la Unión Europea sobre la asistencia y compensación de los usuarios.1 En dicha normatividad se considera que:

i. Las denegaciones de embarque y las cancelaciones o los grandes retrasos de los vuelos ocasionan sustanciales costos a los pasajeros.

ii. Debe ofrecerse a los pasajeros a los que se deniega el embarque contra su voluntad la posibilidad de cancelar sus vuelos, con reembolso de su dinero, o de proseguirlo en condiciones satisfactorias, así como el derecho a ser adecuandamente atendidos mientras esperan un vuelo posterior o a modificar su itinerario sin costo o a un costo económicamente justificable..

iii. Reducir las molestias que ocasiona a los pasajeros la cancelación de un vuelo. A fin de alcanzar este objetivo, debe inducirse a las líneas aéreas a informar a los pasajeros de las cancelaciones antes de la hora de salida prevista y ofrecerles, además, un transporte alternativo razonable, de modo que los pasajeros puedan optar por otra solución.

iv. Los pasajeros cuyos vuelos queden cancelados han de tener la posibilidad de obtener el reembolso de su dinero o un transporte alternativo en condiciones satisfactorias, y deben recibir atención adecuada mientras esperan un vuelo posterior.

v. Se debe informar exhaustivamente y con transparencia a los pasajeros de los derechos y los cargos adicionales en caso de cambios en su itinerario, de tal forma que las aerolíneas compitan en este aspecto de flexibilidad para los usuarios.

vi. Se debe establecer el régimen de sanciones aplicables en caso de infracción. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Por otro lado, es necesario superar el rezago que existe en la oferta de infraestructura aeroportuaria, dado que México tiene un aeropuerto por cada 10 mil km2, mientras que la media internacional es de 37 aeropuertos por cada 10 mil km2. Es necesario retomar el principio de libre concurrencia para todos los servicios de apoyo en tierra a las líneas aéreas que actualmente se encuentran integradas al operador aeroportuario.

Desde la salida de operaciones de las 7 líneas aéreas anteriormente citadas, el mercado se ha visto afectado con la disminución de más de un millón pasajeros, aunado al aumento de las tarifas de vuelo hasta en un 40 por ciento en determinadas rutas de elevado tráfico de pasajeros. Es de resaltar, que el precio promedio antes de la salida de Mexicana de Aviación, era casi 3 veces mayor que el precio promedio en Estados Unidos en rutas domésticas (0.35 dólares/milla en México vs 0.13 dólares /milla en Estados Unidos).2 Lo anterior explica las abismales diferencias de tarifas entre vuelos en rutas domésticas y vuelos en rutas internacionales.

Por lo anterior, es necesario hacer una restructuración de la industria de la aviación civil en lo general para procurar mayor concurrencia de líneas aéreas, desregular el procedimiento de concesionamiento para la prestación del servicio de transporte aéreo nacional para propiciar concurrencia de nuevas líneas aéreas y de las existentes, liberar la movilidad del concesionario entre rutas, tanto de servicio regular como de servicio no regular.

Respecto a la infraestructura aeroportuaria es requerido, crear la normatividad que haga realidad la competencia entre aeropuertos, tal y como existe en la experiencia norteamericana y europea, para ello, de igual forma es necesario desregular el concesionamiento para la construcción y operación de infraestructura aeroportuaria con diversas escalas de operación y además, crear el entorno de competencia para los servicios que ofrecen los operadores de las concesiones aeroportuarias, eliminando privilegios o exclusividades. De tal forma que en su conjunto, la industria eleve sus niveles de competencia y de eficiencia operativa en beneficio de los usuarios con tarifas en destinos nacionales competitivas conforme a parámetros internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía apruebe el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.

Segundo . Se exhorta a Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular, respecto a los cargos adicionales por cambios de itinerario a petición del usuario, y además respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.

Tercero. Se extiende excitativa para que respetuosamente la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, enliste en los dictámenes a discusión, el dictamen a la minuta relativo a la reforma de la Ley de Aeropuertos, la cual quedó pendiente de aprobarse el 30 de abril de 2012.

Notas

1 Reglamento (CE) No. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

2 Ros, Agustín, “The determinants of pricing in the Mexican domestic airline sector: the impact of competition and airport congestion”, Review of Industrial Organization, volume 38, Number 1.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de diciembre de 2012.

Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a realizar acciones para implantar el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, a cargo del diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Raúl Gómez Ramírez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración de las personas es un fenómeno mundial, y está presente en todas las épocas de la historia y en todas partes de nuestro planeta; en muchas culturas y grupos religiosos se encuentran vestigios, mitos y referencias a las migraciones que se remontan a tiempos muy antiguos; así, en la historia de la humanidad se documentan grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos de la población.

La migración la podemos entender como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, espontáneamente o inclusive de manera forzada, y generalmente con la intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar, donde sus principales causas se determinan dentro del ámbito laboral, por situaciones familiares, de estudios, algún padecimiento relacionado con la salud para acceder a mejores tratamientos, por huir o protegerse de los altos índices de violencia e inseguridad, en menor medida, por fenómenos naturales, entre otros.

Las personas migran principalmente para acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida, hoy la globalización y los avances tecnológicos han alentado el deseo de las personas para trasladarse; pues debido al aumento de la competencia en los mercados internacionales por el auge de la globalización, las economías desarrollas se ven obligadas a buscar mano de obra barata que les permita estar al nivel sus antagonistas comerciales; desde luego, esta mano de obra la encuentran en países en desarrollo creando un flujo migratorio constante entre países.

Los medios a los que recurren la personas para emigrar y el tratamiento de la inmigración ilegal en los distintos países que varían según sus políticas migratorias, traen en consecuencia que los migrantes sean sumamente vulnerables a diversos riesgos, por ejemplo a ser víctimas de traficantes o caer en las redes de trata de personas, pues estas redes criminales toman como negocio la migración ilegal, ya que las personas con tal de llegar a países desarrollados en busca de oportunidades pagan buenas sumas de dinero y el riesgo está en que muchas veces estas organizaciones engañan, secuestran o matan a los migrantes para quedarse con su dinero o usarlos para trabajos forzados, prostitución o tráfico de órganos.

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), teniendo en cuenta que existe un gran número de inmigrantes en el mundo que continúa incrementándose, y aunado a la proclamación del Día Internacional del Migrante, había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; así, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y toda persona disfruta de los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de raza, color u origen nacional...”; y en consecuencia, se pretende reconocer y valorar la enorme contribución de todas estas personas en el avance económico, social y cultural de los países en todo el mundo.

Es por lo anterior que los estados miembros de la ONU, así como organizaciones gubernamentales y organizaciones no-gubernamentales, están invitados a observar y difundir información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, el intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos.

En el caso de nuestro país, por su situación geográfica, su historia, su cultura y sus condiciones económicas y sociales de profunda desigualdad, históricamente ha sido país de origen, tránsito y destino de migrantes; y por ende, es también un país interesado en el tema, comprometido en la comunidad internacional en la promoción de instrumentos que, por un lado, faciliten y protejan la cooperación internacional, y por otro, se convoquen a los países principalmente de este continente para crear el entramado legal e institucional necesario.

En el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia...”. Además, el 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la Ley de Migración, en su artículo 1 establece que su objeto es “...regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales...”.

En 1989, el 6 de abril, el Ejecutivo federal expidió el acuerdo por el que se instrumentaron acciones de mejoramiento de los servicios públicos federales en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país; donde sus objetivos se centraron en la generación de mayores divisas por medio del turismo, fomento a las exportaciones, mejorar las condiciones para una eficiente transportación de personas y mercancías, otorgar mayor seguridad al público, simplificación administrativa en trámites, promoción de mejoras e implementación de sistemas de quejas y denuncias, entre otros. A partir del mes de diciembre de ese mismo año, y varios años después se puso en funcionamiento sólo en los periodos vacacionales; y posteriormente, se ampliaron considerablemente las acciones para salvaguardar los derechos de los migrantes en su ingreso o transito a México.

Con la instauración del programa Paisano, diseñado por el Ejecutivo federal en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se ha buscado implementar los criterios para dignificar el trabajo de los mexicanos en el extranjero, que los mexicanos al retornar, reciban un trato justo, orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales, y reconocer la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos con las comunidades de mexicanos y de personas con raíces mexicanas principalmente en Estados Unidos de América y Canadá.

Para el 28 de noviembre de 2000, el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en la LVIII Legislatura, aprobó una proposición con punto de acuerdo para implementar la operación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, con la finalidad de apoyar y proteger a los migrantes mexicanos en su regreso a nuestro país, dirigido principalmente a aquellos que radican en Estados Unidos de América y Canadá, como principal consecuencia a las denuncias de violaciones a sus derechos humanos por los constantes abusos de autoridad y asaltos que son víctima, sobre todo en puntos fronterizos, terminales de autobuses, aeropuertos y aduanas; para el 10 de diciembre de ese mismo año, se puso en operación el programa.

En su LX Legislatura, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó que este programa operara de manera permanente, además de autorizarle el presupuesto que le permitiera cumplir con su finalidad y contar con recursos materiales necesarios y la elaboración de propaganda para publicitar su operación según los objetivos trazados de recibir a los migrantes “paisanos” en su llegada a México, atender y canalizar sus quejas y denuncias a las autoridades correspondientes, propiciarles un mejor trato, vigilar la protección y el respeto de sus derechos y libertades, y generar mayor seguridad a los migrantes “paisanos” en su destino hacia sus lugares de origen.

Para la LXI Legislatura, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propuso que el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, se mantuviera vigente durante toda la legislatura, además de participar de forma complementaria con el programa Paisano, implementado por el gobierno federal en el periodo de noviembre a enero de cada año; la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, llevó a cabo las acciones para mantener vigente dicho programa y la elaboración, el diseño y logística que se emplearía en la temporada vacacional; aunado a ello, la Junta de Coordinación Política analizaría la posibilidad de destinar los recursos suficientes para la ejecución eficaz del programa y se solicitó al titular del Poder Ejecutivo federal se diera a la tarea de apoyar a los legisladores que participaron en la ejecución del programa referido.

Los principales objetivos en los que se enmarca la labor que habrán de desempeñarse en el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo son los de combatir las prácticas de extorsión contra migrantes por autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando sucedan; apoyar la supervisión de la protección de sus derechos humanos; velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales; asistir a los cruces fronterizos internacionales y aduanas de la frontera norte del país, a terminales de autobuses y aeropuertos, a puertos de revisión carreteros, para orientar a los migrantes, turistas y transmigrantes; así como recibir sus denuncias de extorsión, maltrato y hostigamiento por parte de funcionarios públicos.

En el periodo de diciembre a enero de cada año en los que se ha aplicado el programa, los diputados recibieron a miles de paisanos, se instalaron módulos portátiles de atención en los diferentes puntos de cobertura, se distribuyeron más de 28 mil folletos promocionales para difundir sus derechos, se fabricó más de 40 mil materiales para ser distribuidos por los legisladores entre los paisanos y que pudieran utilizarlos en sus vehículos como protección para prevenir y evitar que fuesen extorsionados o maltratados.

Es imperante para esta soberanía continuar y redoblar los esfuerzos tendientes a proteger el derecho que tienen nuestros migrantes de regresar; asegurarles un trato digno y conforme a derecho; velar por la protección de su integridad física y patrimonial; sensibilizar a servidores públicos y sociedad; y dar seguimiento a sus quejas y denuncias; por ello, se hace necesario dar continuidad a los programas que han sido diseñados para fortalecer los mecanismos de protección a los sectores vulnerables; y en consecuencia, deben mantenerse vigentes y reforzarse.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que lleve a cabo las acciones pertinentes para la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal y estatales, congresos y presidentes municipales de los estados fronterizos del norte y del sur del país, además de los gobiernos de las entidades relacionadas con migración internacional que consideren participar, para que contribuyan a la implementación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, de manera permanente durante la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, así como con la instrumentación de programas alternos que se cumplimenten y coadyuven con los objetivos del programa.

Tercero. Se exhorte a los Ejecutivos federal, estatales y municipales a apoyar, a través de sus instancias gubernamentales correspondientes, a los legisladores federales y locales participantes en el programa. Por su parte, se invitará a los diputados a mantener contacto permanente con las diferentes autoridades que participan en el programa Paisano.

Cuarto. Que la Cámara de Diputados elabore un plan de difusión de sus compromisos con el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, utilizando el Canal del Congreso y otros medios de comunicación nacionales e internacionales, para dar a conocer principalmente en estados de la Unión Americana donde existe el mayor número de connacionales, la ubicación, los teléfonos de contacto y demás datos de los legisladores federales y locales, y de los funcionarios de los ayuntamientos participantes en el programa, así como el tipo de apoyo que éstos ofrecerán.

Quinto. Que la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados suscriba los acuerdos pertinentes con las instancias gubernamentales y determine la coordinación para la aplicación del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, así como la convocatoria a los legisladores que manifiesten su deseo de participar y que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, coadyuven con el funcionamiento del programa Paisano.

Sexto. Que se conformen, a la brevedad posible, los grupos plurales de diputados que participarán en el programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo, para que puedan iniciar sus labores, y que los materiales que se utilizarán sean elaborados de manera inmediata para ser enviados a los puntos establecidos y contar con ellos desde su inicio.

Séptimo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a proporcionar los recursos necesarios, a la brevedad posible, para el cumplimiento de los objetivos del programa denominado Diputada Amiga, Diputado Amigo; el cual, por esta ocasión corresponderá al periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2012.

Diputado Raúl Gómez Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a constituir un fondo de contingencia para la infraestructura social, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada por la LXII Legislatura, Teresa de Jesús Mojica Morga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta soberanía, la siguiente proposición, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ramo 33, Fondo de Aportaciones Federales para Estados y Municipios, es creado en 1998 con el objetivo de transferir recursos hacia los estados y los municipios otorgándoles responsabilidades en cuanto al ejercicio de recursos públicos en materia de salud, educación, infraestructura, seguridad pública, vivienda y campo entre otros.

Considerando que las obras y acciones que se realizan con el fondo III están encaminadas a acciones sociales e inversiones en beneficio de la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, vemos la evolución de los indicadores.

De acuerdo a datos del Censo 2010 tomados para la distribución del Fondo III, 17 estados vieron reducidos los recursos para la atención del rezago social. Por consecuencia muchos municipios se vieron afectados, incluyendo aquellos que no están dentro de los 17 estados afectados por la reducción.

Chiapas fue el que recibió mayor incremento, por el contrario Guerrero y Oaxaca fueron los de mayor reducción.

El problema es que aquellos municipios que muestran algún grado de avance en el índice de desarrollo social, urbano y de infraestructura –aunque no necesariamente se perciba- quedan fuera de las valoraciones que la federación hace sobre marginación y por ende se les reducen las partidas económicas del Ramo 33 del Presupuesto.

Junto con los municipios con alta migración por falta de empleo y oportunidades de desarrollo, desplazamiento por inseguridad y rompimiento del tejido social.

Es por eso que el INEGI debe revisar esos indicadores y al mismo tiempo las dependencias del gobierno federal deben hacer lo propio al momento de ajustar las partidas presupuestales.

Además, debemos subrayar que los municipios dependen en un 81.1% de los recursos federales, frente al 10.1% que representa en promedio los ingresos propios directos en el total de sus ingresos, es decir, aproximadamente sólo el 1% por cien de los municipios de todo el país (21 municipios) son capaces de cubrir más del 75% de sus gastos operativos con ingresos propios.

Por eso, compañeros y compañeras, hago la siguiente propuesta:

Que ante la caída de los recursos del ramo 33 en los estados y municipios, el Pleno de la Cámara de Diputados haga un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que constituya un Fondo de contingencia para la infraestructura social de 6266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos, de los cuales 5889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se distribuirán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo III en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y el resto, que son 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos será para los estados que vieron reducidos sus ingresos del fondo III en el año fiscal 2012, con respecto al año 2011.

Este fondo que beneficiará a 1256 municipios de 28 estados de la república, se destinará exclusivamente para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos del fondo III, o Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, Aportaciones Federales, en el año fiscal 2012 con respecto al año 2011 y deberá ser vigente hasta que se reformen los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y a los Municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los recursos del Fondo de Contingencias se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

• Agua potable,

• Alcantarillado,

• Drenaje y letrinas,

• Urbanización municipal,

• Electrificación rural y de colonias pobres,

• Infraestructura básica de salud,

• Infraestructura básica educativa,

• Mejoramiento de vivienda,

• Caminos rurales, e

• Infraestructura productiva rural.

Asimismo, esta legislatura deberá convocar a una mesa de trabajo para analizar el tema donde estén presentes la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, Asociaciones municipales y diputados federales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que, en virtud de sus facultades, constituya un fondo de contingencia para la infraestructura social por la cantidad de 6,266 millones, 879 mil 767pesos, con 12 centavos.

Segundo. El fondo de contingencia será distribuido de la siguiente manera: 5,889 millones 573 mil 345 pesos con 24 centavos se destinarán directamente a los municipios que vieron reducidos sus ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente al año fiscal 2012 con respecto al 2011; el resto, es decir, 377 millones, 306 mil 421 pesos con 88 centavos se destinarán a los estados que vieron reducidos sus ingresos del citado fondo III, correspondientes al año fiscal 2012, con respecto al 2011.

Diputados: Teresa de Jesús Mojica Morga, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Cantú Garza, Judit Guerrero López Ernesto Núñez Aguilar, Elena Tapia Fonllem, Adriana González Carrillo, José Arturo Salinas Garza, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas)

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a verificar por la SCT y la Dirección General de Autotransporte Federal la norma 12, de pesos y dimensiones, aplicada al transporte de carga de todo el país, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitarle respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Autotransporte Federal para que integren las medidas de seguridad suficientes en la norma 12 de pesos y dimensiones que aplica al transporte de carga de todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país se tiene registrado según cifras actuales, que de entre los 35 mil accidentes que se registran cada año en las carreteras de todo nuestro territorio, en poco más de 20 mil se ven involucrados vehículos de autotransporte federal de carga; destacando los transportes o tráileres de doble remolque que provocan directamente un aproximado de cinco mil de estos siniestros con altas y lamentables consecuencias mortales.

Desafortunadamente un 85% de estos penosos accidentes en donde se ven involucrados unidades de carga de este tipo; son imputables a errores del conductor (exceso de velocidad, sobrecarga, bajas condiciones de salud o estado físico y falta de pericia); el porcentaje restante se divide entre malas condiciones físico-mecánicas de las unidades y al mal estado de las carreteras y caminos por los cuales transitan.

Situaciones como la sobrecarga, misma que está permitida por una modificación reciente a la norma; han derivado en la disminución de expectativa de durabilidad en condiciones óptimas de nuestra infraestructura carretera, lo que conlleva la necesidad de un mayor gasto de inversión de recursos en un tiempo mucho más corto que el inicialmente programado y además en situaciones de elevados índices de tráfico vehicular y por ello la presencia de mayores emisiones de contaminantes y daño al medio ambiente.

También y principalmente, esta situación ha motivado una mayor inseguridad para todos los que transitan por nuestras carreteras y una alarmante elevación de las tasas de accidentes y de los índices de mortalidad derivados de este tipo de siniestros; situación que nos afecta a todos.

Esto ha generado voces de alerta y reclamo sobre la necesidad de ser más exigentes en cuanto a la normatividad que rige a este sector de transporte de carga; pues a pesar de ser estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, no puede quedar excluido de medidas tendientes a ofrecer mayor seguridad a los usuarios de la red carretera en su totalidad.

Aproximadamente 260 mil unidades “registradas” componen el parque vehicular de carga pesada que se desplaza por nuestra red carretera, muchas de estas unidades sobrepasan los 20 años de antigüedad y cerca del 60% de este total es considerado como obsoleto.

Si a las condiciones en las que se encuentra nuestro parque vehicular de carga pesada le adicionamos que muchas de estas unidades son de doble remolque y transportan una sobrecarga permitida; tenemos entonces las condiciones para que se sigan repitiendo accidentes como los que se han presentado en fechas recientes con lamentables pérdidas de vida; y en mejor de los escenarios, como se había comentado anteriormente, en problemas de contaminación, daños y desgaste a un ritmo acelerado de nuestra infraestructura carretera.

Cabe señalar que este importante parque vehicular es sujeto de aplicación de la norma 12 de Pesos y Dimensiones emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evaluada también por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre; esta norma contiene las disposiciones de peso bruto vehicular máximo y características de seguridad y operación de estas unidades.

Sin embargo, durante los últimos 12 años ha sido objeto de importantes modificaciones ventajosas para los empresarios del transporte y para el fomento de la corrupción de las autoridades verificadoras y reguladoras; que privilegian únicamente el costo-beneficio económico por encima de los criterios de seguridad y siniestralidad que prevalecían antes de este periodo; derivando finalmente en el punto de convertir a estas unidades en latentes amenazas a todos los automotores que transitan no solo por carreteras, sino también en todas las arterias de zonas rurales, ciudades y zonas conurbadas de nuestro país.

Esta norma expedida en 1997, disponía que únicamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era la encargada de revisar el cumplimiento de las reglas de pesos y dimensiones permitidas a través de diversos puntos estratégicos de verificación en las carreteras federales; en la actualidad las reformas realizadas durante el sexenio que está por terminar, eliminó esa disposición y otorgó a los empresarios de este ramo la facultad de verificarse a sí mismos, bajo sus protocolos y especificaciones propias.

De tal manera que hoy día; las empresas de transporte de carga se autorregulan con básculas especiales ubicadas en el interior de sus instalaciones y emiten un ticket con los datos del peso de la carga de cada vehículo que los verificadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los elementos de la Policía Federal, pueden solicitar para revisión en las carreteras; siendo este el único mecanismo aleatorio de revisión que rige a estas unidades.

De igual forma y gracias a las equivocadas reformas que se realizaron, también se disminuyeron las características de seguridad y de operación con que deben contar los camiones pesados para circular y a su vez se aumentó a 80 toneladas, el peso máximo permitido de carga para las unidades de doble remolque; esto lo realizaron las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, sin considerar el deplorable estado físico-mecánico de la gran mayoría de las unidades y sin tomar medidas para corregirlo.

Además para el caso de los vehículos, camiones o tráileres de doble remolque; se eliminó la prohibición de circular en condiciones desfavorables como lluvia intensa y niebla; y la disposición que los obligaba además a detener su marcha, estacionarse en un lugar adecuado y esperar hasta que mejoraran considerablemente las condiciones de visibilidad y climáticas.

Como se puede ver, la tendencia de estos cambios nos indican que se están dejando de lado los criterios de seguridad para la circulación de este tipo de camiones-tráileres, causando no solo un desgaste y daño acelerado de nuestra infraestructura carretera, menoscabo grave en nuestro medio ambiente por el incremento de índices de contaminación, recurrentes y altos niveles de entorpecimiento y tráfico vehicular, sino también lamentables accidentes mortales como los registrados en últimas fechas; donde una mayor y mejor regulación a este sector los pudo haber evitado.

Estamos ante la urgente necesidad de replantear las disposiciones y normas aplicables a este importante sector de nuestra economía; en el ánimo de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para todos los que circulamos por las carreteras, caminos, avenidas y calles de nuestro país.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y de la Dirección General de Autotransporte Federal para que verifiquen la Norma 12 de Pesos y Dimensiones que aplica al transporte de carga de todo el país y haga las adecuaciones y modificaciones pertinentes en los siguientes rubros:

• Que se reduzcan en un 50% los límites permitidos de peso bruto vehicular máximo y peso máximo de carga.

• Se prohíba la circulación de los camiones-tráileres transporte de carga de doble remolque.

• Se prohíba la circulación de los camiones-tráileres de transporte de carga si las condiciones de visibilidad son mínimas y si las condiciones climáticas son desfavorables y reducen la capacidad de operación y control de las unidades; estableciendo la obligatoriedad de detener su marcha, estacionarse en un lugar seguro y esperar hasta que las condiciones mejoren.

• Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sea la única responsable y facultada de verificar y emitir comprobantes/tickets de peso y dimensiones de los camiones-tráileres transporte de carga pesada.

• Que en la emisión de los comprobantes/tickets de verificación de peso y dimensiones que emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en las básculas de verificación que opere, se detalle: fecha, hora, matrícula de la unidad, nombre del operador, tipo de carga, origen y destino, y nombre del verificador responsable y acreditado.

• Que se establezca la obligación a todas las unidades camiones-tráileres de contar con su comprobante/ticket de peso para poder circular.

• Que se establezca la obligación de contar con su certificado vigente de condiciones físico mecánicas para todos los permisionarios de carga, pasaje o turismo, tracto camiones, semirremolques, remolques y convertidores.

• Que se eliminen todos los permisos que autorizan a los camiones-tráileres a llevar temporalmente peso adicional al máximo permitido.

• Que se revise, verifique y actualice la Norma 12 de Pesos y Dimensiones con una regularidad de cada año.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de diciembre del 2012.

Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las solicitudes para la siembra comercial de maíz transgénico a campo abierto en trámite en Sinaloa y Tamaulipas, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Alfa Eliana González Magallanes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Las empresas Monsanto, Pioneer y Dow Agroscience han solicitado permiso para la siembra a escala comercial de maíz transgénico en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, las solicitudes abarcan la totalidad del territorio cultivable de dichos estados, lo cual plantea la inminente contaminación del maíz blanco que se emplea para la elaboración de nuestras tortillas.

II. Nuestro país no es sólo la cuna del maíz, segundo cereal más importante a nivel mundial, sino también es uno de los centros de origen y diversificación de semillas, un reservorio de diversidad genética sumamente necesario para mantener su producción frente a nuevas plagas y los extremos del clima.

México fue un exportador neto de maíz, pero la falta de voluntad política y apoyo gubernamental han desmantelado la producción nacional de maíz, volviéndonos cada vez más dependientes de las importaciones. Esta situación ha sido utilizada por los promotores de las semillas transgénicas para justificar la necesidad de autorizar la comercialización de dichas semillas. Sin embargo, evaluaciones científicas muestran que el maíz transgénico no rinde más que el no transgénico equivalente, y no será una solución para este problema. México tiene otras alternativas para enfrentar el déficit en la producción de maíz sin recurrir a plantaciones de maíz transgénico.

III. Con la desregulación del maíz transgénico para comercialización se incrementará la capacidad de inserción de transgenes en las poblaciones de maíz en México. Con ello se estaría enfrentando un problema con serias implicaciones económicas, jurídicas, políticas y sociales para la conservación del maíz nativo en los centros de origen, domesticación y diversificación debido a las patentes involucradas en las secuencias transgénicas contenidas en el maíz modificado de las compañías biotecnológicas.

IV. Que el pasado 29 de noviembre del presente año, la entonces Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Elvira Quesada, modificó el artículo 27 fracción XX del Reglamento Interior de esa Secretaría, para allanar el camino al cultivo de transgénicos en el que se elimina el carácter vinculatorio de análisis y evaluación del riesgo de los cultivos transgénicos por parte de los expertos de instituciones públicas.

Al introducirse los transgenes patentados en las plantas de maíz, se genera semilla nativa que se convierte en transgénica, por lo que entra en el ámbito de la propiedad intelectual y se sujeta a las reglas de las leyes de propiedad industrial en México. En un escenario de esa magnitud se proyecta que si los transgenes contaminan los maíces nativos de los centros de origen en México, nuestro maíz correrá el riesgo de ser privatizado.

La verdadera solución ante la crisis del clima y, por ende de alimentos, está en la gran diversidad de razas y variedades de maíces mexicanos. México puede dejar de depender de las importaciones de maíz proveniente de Estados Unidos, sin adquirir una nueva dependencia a las semillas de las empresas transnacionales.

Consideramos que este es un tema de seguridad nacional y aunado a lo anterior se toman a consideración los puntos de acuerdo presentados ya en esta tribuna relativos al presente tema, el pasado 20 de noviembre por el diputado Sergio Torres Félix y el 22 de noviembre por la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño.

Y reiterando que la empresa Monsanto pretende sembrar 700 mil hectáreas del estado de Sinaloa. La empresa Pionner Hi-Bred International desea cultivar 351, 284 hectáreas en el estado de Tamaulipas. Cabe señalar, que la empresa Monsanto está enfrentando una demanda en Estados Unidos, porque sus semillas transgénicas están resultando más costosas por la aparición de malezas resistente, la degradación de la calidad del suelo, la reducción del contenido nutriente y la disminución de los rendimientos de los cultivos.Lo anterior, con el objetivo de que se anteponga el cuidado de los intereses de los mexicanos y de los productores del ramo, así como la calidad de la alimentación. De manera paralela, restar la inminente contaminación del maíz blanco, el cobro de regalías por el derecho a las patentes, riesgos a la salud y la afectación del medio ambiente por el uso excesivo de agrotóxicos.

Por lo expuesto, se exhorta a los titulares tanto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez Martínez, como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Juan José Guerra:

Primero. A realizar una evaluación de los permisos otorgados para la siembra de maíz transgénico en nuestro país en las fases experimental y piloto y en todo caso, de ser pertinente, suspenderlos o revocarlos, dado que existe evidencia científica que no se consideró en el momento de la expedición de los permisos.

Segundo. Negar las solicitudes para la siembra comercial de maíz transgénicos a campo abierto que actualmente se encuentran en trámite en los estados de Sinaloa y Tamaulipas a cargo de la empresa Monsanto, toda vez que la información que se brinda es incompleta e insuficiente; y que la siembra en dicha escala podría generar daños graves o irreversibles a la diversidad biológica o a la salud humana.

Tercero. Consecuentemente con los dos puntos anteriores, reinstalar la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México de 1998, en aras de hacer realidad la protección de la diversidad del maíz mexicano que impida el monopolio de las semillas, asegure que los pequeños propietarios preserven, mantengan y desarrollen sustentablemente la agrobiodiversidad de nuestro territorio. A fin de promover estrategias que preserven semillas nativas y evitar que las transgénicas contaminen las cosechas en los campos mexicanos.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2012.

Diputada Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SRE a establecer un diálogo diplomático con su homólogo estadounidense para revisar el memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de mexicanos; y al INM, a implantar la plataforma México, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, resulta imperativo atender los efectos ocasionados por los fenómenos migratorios presentados en nuestro territorio.

Hablar de la frontera México-Estados Unidos, es hablar de violencia, violaciones a los derechos humanos, discriminación, sufrimiento y muerte. En la problemática de la frontera norte, las políticas migratorias de ambos países afectan no sólo a la población migrante en la frontera misma, y también a los migrantes indocumentados; así como a los residentes legales, que se encuentran en los Estados Unidos.1

Autoridades del Condado Imperial, California señalaron que por tiempo indefinido aumentarán las deportaciones de forma semanal de indocumentados aprehendidos en otras fronteras como lo es Texas. Además, dieron a conocer que dichas aprehensiones se realizan en dicha área, siendo transportados vía aérea a Yuma para posteriormente ser deportados por la garita de Calexico, California. También denunciaron que estas deportaciones serán hechas a partir de las 5:00 horas y en grupos numerosos.

La Patrulla Fronteriza (Border Patrol), argumentó que no son deportaciones masivas, sino forman parte del regreso voluntario del Programa de Salida y Transferencia de Extranjeros (Alien Transfer and Exit Program, ATEP).

Este Programa inició desde Diciembre del 2007, y su objetivo principal es impedir un nuevo contacto con los polleros, a quienes contratan para internarse en los Estados Unidos, mediante el traslado a un punto fronterizo alejado de aquél por donde ingresaron y fueron detenidos. Este operativo contempla, además de regresar a hombres de entre 20 a 60 años, también serán repatriados mujeres y familias; aplicándose principalmente de lunes a viernes.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE), adoptó prioridades claras centradas en los recursos de control; una manera de maximizar la seguridad pública, protección de la frontera e integridad del sistema de inmigración. Sus acciones consisten en identificar y deportar a quienes trasgreden leyes en materia penal, apenas crucen la frontera ilegalmente, y que han trasgredido repetidamente las leyes de inmigración o son fugitivos de la corte de inmigración.

Los datos generados en materia de migración, arrojaron cifras alarmantes como en el año fiscal 2011, donde 144,745 de los deportados, aproximadamente cincuenta por ciento, eran personas con antecedentes penales sentenciados por diversos tipos de delitos; desde violaciones a leyes migratorias, hasta robo, asalto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o relacionados con drogas.

Respecto a este fenómeno se presentó un aumento del 89 por ciento en la deportación de personas con antecedentes penales en relación al 2008, y el mayor número de personas con antecedentes penales extranjeros deportados en la historia de la agencia.

Entender este fenómeno implica comprender como son tratados los migrantes, pues el procedimiento de detención bajo el cual son dispuestos nuestros connacionales, consiste primero, en la recepción del Consulado Mexicano de una llamada telefónica de la persona detenida y/o notificación sobre la misma por parte de la autoridad migratoria estadounidense correspondiente, posteriormente, el personal de Protección investiga con las autoridades del Centro de Detención Migratorio, la situación física y migratoria del connacional en cuestión; a partir de ello, este personal acude a entrevistar al detenido orientándolo sobre sus derechos en materia migratoria.

De acuerdo a testimonios brindados por personas deportadas, en forma cotidiana se les encadena y esposa, sobre todo a los detenidos en la frontera Tijuana-San Diego, además, no se les devuelven sus pertenencias, ni tampoco sus documentos oficiales, los cuales son confiscados en los centros de detención, asimismo, no se respetaba su derecho a la salud ya que si están enfermos no se les brinda la atención médica adecuada, por último muchos manifestaron que estos fueron deportados a altas horas de la noche ó en la madrugada.

En materia de migración se han establecido entre México y los Estados Unidos, el “Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos”, suscrito el 20 de febrero de 2004 y los “Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos”.

Según el Memorándum y los arreglos locales, existen 26 puntos oficiales para llevar a cabo deportaciones; sin embargo, por el estado de Baja California actualmente se presenta el mayor número de repatriaciones, principalmente por las Garitas de Mexicali y Tijuana, aconteciendo 4 de cada 10 por esos cruces.

En otros puntos acordados dentro del convenio, las repatriaciones son esporádicas; y únicamente funcionan en casos de emergencia, o han quedado suspendidas de forma definitiva por la autoridad estadounidense hasta nuevo aviso.

Esto se ha convertido en un problema para los municipios fronterizos, tanto en materia de seguridad pública como protección de los derechos humanos, en virtud de que la gran mayoría de los migrantes llegan a ser presa de las bandas criminales o deciden quedarse para intentar lograr cruzar la frontera nuevamente.

De acuerdo al artículo 11 de nuestra Carta Magna, el gobierno mexicano se encuentra facultado para revisar la calidad migratoria en los puntos fronterizos donde ingresen los deportados, para con ello garantizar, que quien ingrese a nuestro territorio no cuente con alguna de denuncia por responsabilidad penal, civil y administrativa, o por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Con el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, pretendemos mejorar la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la recepción de las/los migrantes, ya sean entidades federales, estatales, municipales de ambos lados de la frontera, así como las organizaciones de la sociedad civil, mediante la Creación de Bases de Datos Binacionales e Intercambio de Información, y la implementación por parte de nuestro país, de la llamada plataforma ¨México¨.

La recopilación de información será mejorada por medio de la revisión de los cuestionarios aplicados a las/los migrantes, y mediante la creación de una base de datos para obtener estadísticas exactas sobre el retorno de todos ellos, tales como revisión de antecedentes penales, calidad migratoria, captura de biométricos; así como, orientación en base a sus perfiles en cuanto a posibilidades de reinserción en el ámbito laboral de sus estados.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer un diálogo diplomático con su homólogo Estadounidense, con la finalidad de revisar el “Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos”, privilegiando mecanismos de traslado que garanticen la llegada segura a sus lugares de origen de nuestros connacionales salvaguardando su bienestar físico.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración, a fin de implementar la plataforma “México”, para poder recopilar información, antecedentes de los migrantes, revisión de calidad migratoria, captura de biométricos y su respectivo apoyo para la reinserción en el mercado laboral, de los retornados.

Nota

1 Estudio ¨Breve visión sobre las medidas de control migratorios en la Frontera Norte de México¨ Investigadores: Doctor José Ascensión Moreno Mena y Blanca Villaseñor Roca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 06 días del mes de Diciembre de 2012.

Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para esclarecer la inseguridad y la presencia de la delincuencia organizada en las minas Pocitos, en la región carbonífera de Coahuila, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la región carbonífera de Coahuila, el crimen organizado y el tráfico de influencias han encontrado una “mina de oro” en el negocio de la minería ilegal.

Estas acciones ocurren por medio de la explotación ilegal del mineral de carbón, lo cual posibilita obtener una cuantiosa cantidad de ingreso y a su vez esto es una manera de lavar dinero mediante compañías legalmente constituidas que ante este tipo de hechos vieron una gran oportunidad de adquirir el carbón a menor costo y venderlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi).

En el caso del Estado de Coahuila, a fin de utilizar carbón de producción local en las centrales Carbón II y Río Escondido, el gobierno de Enrique Martínez y Martínez creó, el 28 de marzo de 2003, Prodemi, como intermediaria, la cual compra el carbón a los productores de la entidad y lo vende a CFE. Desde esa fecha, la paraestatal celebra contratos con el mencionado organismo para la adquisición de hasta 3.3 millones de toneladas de carbón por año puesto en las centrales, proveniente de la cuenca de Sabinas.

Este organismo paraestatal realiza las transacciones de carbón exclusivamente con tres proveedores que son: Prodemi, Coahuila Industria Minera S.A. y PROMINER.

La creación de Prodemi trajo consigo una serie de vicios ocultos conocidos como coyotaje, corrupción, favoritismo, complicidad, riqueza de unos cuantos, ausencia de seguridad social, peligro de vida de muchos, entre otros.

El carbón resulta un obstinado control político y económico, según los lineamentos de su creación dicha ente debe ser autónoma e independiente, cosa muy ajena a la realidad, lo que verdaderamente tenemos es una dependencia mas del Gobierno del Estado, en el cual si no eres “amigo” o no tienes un buen vínculo político o influencias, es muy difícil que se te otorgue un pedido.

Es muy conocido en el sector, que gracias a esto se creó una cadena de corrupción que va desde el productor hasta altos funcionarios públicos que cuentan con protección del gobierno, entre los cuales destaca el prófugo de la ley Javier Villarreal, el cual estando en el gobierno de Humberto Moreira fue administrador de Prodemi, quien se dedicaba a coyotear carbón de pequeños mineros a través de empresas “fantasmas”.

El problema grave está en que dentro de la Prodemi solo a algunas personas conocidas les conceden o les han facilitado estos “pedidos”, pero si este grupo de personas no lo están produciendo, tienen que comprarlo en donde lo encuentre.

Esta problemática se genera de la siguiente manera. Cuando los pequeños productores obtienen un “pedido” estos venden a Prodemi la tonelada de carbón a 910 pesos, mientras los llamados “coyotes” intermediarios que mediante amenazas, extorsiones obtienen los códigos de CFE y sin ser productores o tener minas, le compran a pequeños propietarios el carbón, que sin “pedido” no tienen más remedio que venderles dicho mineral en un precio oscilado entre 400 y 550 pesos, para luego revenderlos al precio normal pero en connivencia con personal de Prodemi, ya que estos generalmente y por obvias razones no están registrados en el padrón de la Dirección General de Minas.

Hasta hace unos días se dio a conocer el famoso padrón de proveedores de carbón, cosa que se demandaba por parte de algunos concesionarios, ya que Ismael Ramos actual Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila estaba incumpliendo con todos los ordenamientos que rige la Ley de Acceso a la Información Pública. El problema es que no solo se debe dar a conocer cuáles son las empresas proveedoras, sino que se haga una depuración de aquellas compañías en las que este infiltrado el crimen organizado además de dejar laborar a aquellas que son productoras y no intermediarias.

Cabe recalcar que Prodemi se creó con la finalidad de brindar seguridad y certeza jurídica a los pequeños y medianos mineros de carbón, en el cual mediante sistemas legales se debiera de establecer con claridad la forma en que se regularan dichas relaciones, tanto entre los titulares de la concesión como entre los productores de carbón así como el organismo público descentralizado.

Pero lo que ha ocurrido los últimos años es que Prodemi se convirtió en el “coyote” mayor al quedarse con dinero sin ningún esfuerzo y esos millones no se sabe a cuánto ascienden sus montos ni cuál es su destino final, se sospecha que ha sido y sigue siendo la caja chica o caja grande mejor dicho del PRI gobierno actual en Coahuila, que ha servido a costa de comprar carbón barato y venderlo caro, una utilidad utilizada en enriquecer a ex funcionarios y actuales a costa de malos sueldos y vidas de mineros coahuilenses.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una exhausta investigación en la zona carbonífera de Coahuila en 2010 y reveló que el padrón minero presenta irregularidades: hay 9 mil 127 títulos de concesión que no están dados de alta en el Registro Federal de Causantes, no pagan impuestos. Además hay 4 mil 966 títulos de concesión duplicados, es decir, son falsos, y 556 títulos con nombres incompletos, con alias, lo cual indica que pueden ser prestanombres.

También la ASF reporta que mil 121 títulos de concesión, de los cuales 272 no aparecen en el padrón, lo que quiere decir es que hay pozos de carbón que “no tienen dueño” y debido a esta anomalía, turbiedad y fárrago administrativo que existe, es donde seguramente este dominado por el crimen organizado.

El “coyotaje” se da principalmente en las minas conocidas como los “pocitos” los cuales son pozos en el suelo de 1.5 metros de diámetro, con una profundidad que van desde los 20 metros hasta los 100 metros. En el cual al trabajador se le paga de $40 a $100 pesos la tonelada.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó la muerte de 124 mineros en dichos “pocitos” en los últimos cinco años, pero expertos en el tema afirman que la cifra llega los 141.

Este tema no tiene poco causando controversia, desde hace tiempo han ocurrido una serie de accidentes debido a que estos lugares no cuentan con la debida seguridad para los trabajadores. El crimen organizado ya tiene tiempo presente en este negocio, en mayo de 2011 ocurrió una explosión en una de las tantas minas de Sabinas, Coahuila en el que murieron 14 trabajadores y un único sobreviviente menor de edad que perdió un brazo, se tenía conocimiento de la presencia del crimen organizado.

En cuanto la manera en que se labora en estos “pocitos” se presenta una situación verdaderamente critica. La situación en cómo operan no cumple con la Norma Oficial Mexicana 032, por lo cual sus operaciones caen en el ámbito de la ilegalidad. Existen hasta 500 “pocitos” ilegales, los cuales están desde los patios de una vivienda hasta afuera de las escuelas.

En la mayoría de los “pocitos” los dueños evaden las inspecciones de la Secretaria de Trabajo y Prevención Social (STPS), evitan además inscribir a sus trabajadores en el IMSS y suelen reutilizar innumerables razones sociales para ocultar sus millonarias ganancias.

Único. Se solicita la creación de una Comisión Especial con el fin de esclarecer la inseguridad y la presencia de delincuencia organizada en las minas denominadas “pocitos” en la región carbonífera del estado de Coahuila, además de indagar los presuntos “ilícitos” que tiene Prodemi con la paraestatal CFE.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de diciembre de 2012.

Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a liberar los recursos correspondientes al ciclo julio-diciembre de 2011 del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal, incluidos en el PEF de 2012, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que la Secretaría de Economía que libere los recursos correspondientes al ciclo julio-diciembre de 2011 del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (Promasa) incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2012, por un monto total de 220 millones de pesos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los recientes años, la producción mundial de maíz ha presentado una importante contracción. El reporte más reciente de estimaciones de oferta y demanda de granos (World Supply and Demand Estimates –WASDE por sus siglas en inglés–), preveía una contracción para el ciclo 2010-2011 de aproximadamente 2 por ciento respecto al ciclo anterior, explicada por una reducción en la producción de trigo en 5 por ciento, maíz y sorgo en 1.4 por ciento.

Para el periodo 2011-2012 se pronosticó una recuperación del orden de 4.6 por ciento, calculada con base en el crecimiento de 1.7 por ciento en la producción mundial de arroz.

Hoy en día, aunque la producción de maíz en México va en aumento, la demanda sobrepasa la oferta, lo cual refuerza la dependencia del maíz y afecta negativamente los precios del producto y sus derivados. Un ejemplo de este fenómeno se expresa en las fluctuaciones del precio de la tortilla, que ha alcanzado incrementos del 100 por ciento, como sucedió en 2009. Esta alza afectó no solamente a los consumidores sino a los industriales del nixtamal, hecho que obligó al gobierno federal a diseñar el Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (Promasa).

Este esquema se desarrolló dentro de los lineamientos del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (Proind) , cuyo objetivo es fortalecer a los sectores industriales más vulnerables destinando recursos con carácter de subsidio a personas físicas o morales del sector molinero de la industria de nixtamal.

Protortilla es un organismo integrador creado por instancia de la Cámara de Diputados en septiembre de 2006, que agrupa a empresas y organizaciones de los distintos sectores que conforman la cadena productiva maíz-tortilla como son: industriales de la masa y la tortilla, productores de harina de nixtamal, productores de maíz, productores de semillas, comercializadoras de maíz y proveedores de insumos.

Para acceder al apoyo que brinda Promasa los solicitantes y los organismos integradores deben cubrir los requisitos que establecen los criterios de operación del programa de apoyo a la industria molinera de nixtamal . De acuerdo con dichos criterios, los solicitantes comprueban, mediante los recibos de consumo de gas, energía eléctrica y facturas de consumo de maíz o masa que se utilizaron en el ciclo productivo inmediato anterior al que se efectúa el reembolso.

También debe presentarse el aviso del SAT como comprobante de ingreso a la formalidad fiscal, acción que se dirige a fortalecer toda la cadena productiva.

Sin embargo, y no obstante los esfuerzos para participar activamente en las acciones dirigidas por el gobierno federal para estabilizar el precio de la tortilla y evitar el alza, el gremio tortillero a nivel nacional, ha padecido retrasos en la recepción de los recursos asignados para este fin.

Al mes de agosto de 2012, habiendo entregado los productores la documentación correspondiente al ciclo julio-diciembre de 2011, no se ha realizado el pago de 220 millones de pesos, recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 para tal efecto.

A este respecto, funcionarios de la Secretaría de Economía, de acuerdo con el testimonio de los afectados, simplemente respondieron que ya no había presupuesto para realizar el pago.

La existencia de recursos comprometidos en el PEF y estrecha dependencia que tiene nuestro país en cuanto al consumo de granos básicos provenientes del exterior, generan un escenario de precario equilibrio; en ese sentido es preciso solicitar la intervención oportuna de la Secretaría de Economía para el cumplimiento de la entrega de los recursos destinados y autorizados a este sector, fundamental para la seguridad alimentaria de los mexicanos.

Por tanto, considero que es urgente que la Secretaría de Economía libere los recursos de Promasa y cubra el faltante de los apoyos a los industriales del nixtamal para que la cadena productiva se fortalezca y cumpla con sus obligaciones tanto de pago a los productores de maíz blanco mexicano, como a la sociedad mexicana de mantener un precio justo del kilogramo de tortilla, y garantizar la compra a los productores nacionales y evitar la importación de maíz.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, hago un llamado urgente para que este Congreso tome medidas drásticas para apoyar la producción de granos básicos en general y en particular aumentar la producción nacional de maíz. Es muy grave la dependencia que se tiene del extranjero para este producto.

Por ello es que solicito a esta honorable asamblea que apruebe la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único: Que la Secretaría de Economía realice el pago de los recursos correspondientes al ciclo julio-diciembre de 2011 del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (Promasa) autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2012, por un monto de 220 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2012.

Diputado Noé Barrueta Barón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer públicos por la Ssa los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, y a diseñar y aplicar políticas para combatirla, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México, a través de su destacada participación en la Cumbre del Milenio en el año 2000,1 se comprometió al cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por la comunidad internacional para ser cumplidos y evaluados en el año 2015, encontrándose entre ellos el Objetivo 5; Mejorar la salud materna.

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”.2 Hace también una distinción entre muerte materna directa que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y una causa de muerte indirecta que es una muerte asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud pre-existente o de reciente aparición.

Las principales causas de muerte materna son las infecciones bacterianas, toxemia del embarazo, hemorragias obstétricas, embarazo ectópico, sepsis durante el puerperio, embolismo del líquido amniótico y complicaciones de un aborto. Algunas causas secundarias o indirectas que causan muertes maternas incluyen la malaria, anemia, infección por VIH o sida.

La mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza, el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud. La muerte materna es el resultado último y más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la situación de atraso, marginación y rezago en la que viven un gran número de mujeres mexicanas, así como la desatención de las personas que conviven con ellas, del personal de salud y de autoridades gubernamentales, el fallecimiento de una mujer por causas asociadas a la maternidad, es una tragedia en gran medida evitable.

Los mayores indicadores de mortalidad materna tienden a presentarse en países que también tienen altos índices de mortalidad infantil, lo que sería un reflejo del pobre cuidado médico y de la baja nutrición. Por ello, debemos reconocer que tenemos serios problemas y rezagos en lo que a la atención de la salud de las mujeres corresponde, además de las limitadas condiciones de vida y la extrema pobreza que enfrenta un gran número de ellas en la población rural.

Las mujeres de los países pobres tienen 300 más posibilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres de las naciones ricas, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF ). Cada año fallecen más de 500.000 mujeres y niñas en todo el mundo durante la gestación o el alumbramiento, y el 99% de esos casos se produce en el mundo en desarrollo.

Los países con las tasas más altas de mortalidad materna son Níger Afganistán, Sierra Leona, Chad, Angola, Liberia y Somalia. Por ello, mientras que países como Egipto, China, Ecuador y Bolivia están logrando rápidos progresos para reducir las muertes maternas. UNICEF recomienda que los sistemas de salud integren una atención continua en el hogar y la comunidad para dar seguimiento a los embarazos y prevenir sus complicaciones.

Entre las causas relacionadas con la muerte materna se encuentran;

• Problemas en el parto, 34.2%

• Hipertensión, 23.2%

• Hemorragias, 21.3%

• Aborto inducido, con 8.4%

• Infecciones, con 5.6%.

Otras enfermedades no propias del embarazo, pero que se agravan con éste son clasificadas como causas indirectas y constituyen un 7.3%3 Debe mencionarse que mucha de la prevención y por tanto de la reducción de estas cifras depende directamente de la cobertura y calidad de los servicios de salud.

México, ha logrado avances significativos en la disminución de la mortalidad materna, pero no es de manera homogénea y aún observamos este problema de salud en la mayoría de los estados del sureste de nuestro país; Guerrero, Oaxaca, Chiapas, México, Veracruz. Además persisten altos índices de analfabetismo, violencia creciente hacia las mujeres y en particular hacia las niñas y mujeres indígenas que padecen en sus comunidades, no solo en el ámbito familiar, también en el institucional, patrimonial, escolar, etcétera.

Guerrero se coloca como la entidad con mayor incidencia, registró 21 muertes en ocho de sus 21 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), lo que representa el 35 por ciento de las defunciones maternas en el estado, destacando los municipios de Metlatónoc y Acatepec con seis y cinco defunciones, respectivamente. En Oaxaca, de los 58 municipios identificados como población objetivo, 13 registraron muertes maternas para un total de19 defunciones, las que representan casi el 28 por ciento de las defunciones maternas en el Estado.

Debemos reconocer entonces, que esta profunda marginalidad, contribuye significativamente a dificultar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio a nivel nacional. Por ello es importante sensibilizar sobre la importancia de lograr erradicar de nuestro suelo este problema de salud, con una mayor voluntad política y un aumento importante de recursos encaminados a la atención de este flagelo social en las zonas de mayor desprotección económica y social.

Resulta fundamental, el cuidado de la muerte materna como una prioridad de atención sanitaria, particularizando las necesidades de cada región, y tomando en cuenta su situación social, económica, étnica y cultural. Buscando además, elevar la calidad de los servicios de salud, y su implementación en los lugares donde se requieran.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se hagan públicos los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, ante la cercanía del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, elabore el diseño y aplicación de políticas públicas destinadas a combatir la mortalidad materna.

Notas

1 Nueva York, 6 – 8 de septiembre de 2000.

2 E. Gómez, “La salud y las mujeres en América Latina y el Caribe: viejos problemas y nuevos enfoques”, serie Mujer y Desarrollo , CEPAL, Santiago de Chile.

Secretaría de Salud (SSA); “Estadísticas sobre Mortalidad”, en internet en: http://www.salud.gob.mx/apps/htdocs/estadisticas/estadisticas/mortalida d/mortalidad.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2012

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a derogar el decreto oficial del 29 de noviembre de 2012 por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente.

Exposición de Motivos

El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue un mandato caracterizado por la corrupción, la permanencia de las viejas prácticas de opacidad y la impunidad. Mientras el resto del mundo siguió creciendo y apostando a políticas públicas efectivas, México se sumió aún más en el rezago.

Sin miedo a equivocarnos, la decisión más desafortunada de su gestión fue la de emprender una guerra sin analizar las consecuencias que ésta traería.

Para el ex presidente Calderón, los 90 mil muertos ocasionados por la guerra contra el narcotráfico significaban daños colaterales, un costo que se tenía que pagar en aras de ganar la batalla contra el crimen organizado.

Así, las personas fallecidas eran estadísticas para el gobierno, no eran padres que dejaban huérfanos a sus hijos, esposos que dejaban viudas, hermanos, hijos, amigos. Al pasado ejecutivo no le importó tener cabeza fría ante los atroces crímenes cometidos contra civiles inocentes.

Ahora que ha dejado la presidencia parece comenzar a importarle, parece comenzar a tomar dimensión del clima de inseguridad que dejó en el país. Sus “daños colaterales” han dejado de ser un costo necesario de la guerra, para convertirse en riesgos reales.

El pasado 30 de noviembre, el mandatario emprendió una acción que garantizara su seguridad y la de su familia. A través de una modificación al Reglamento del Estado Mayor Presidencial facultó al General Roberto Miranda, nuevo jefe de dicho órgano militar, a autorizar seguridad especial para los ex presidentes y sus familias según el riesgo que cada caso particular presente.

La fracción IX del artículo 11 de dicho Reglamento ahora establece que:

Artículo 11. El jefe del Estado Mayor Presidencial tendrá las atribuciones no delegables siguientes:

IX. Autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República y de su familia, en cada caso en particular.

Con esta medida, el ex presidente trata de blindar su necedad persistente ante una guerra que de inicio estaba perdida. Poco le importa que fueron sus propias decisiones las que pusieron en riesgo a todo el país, a él lo único que le interesa es mantener a salvo a los suyos de la consecuencias que sus propios actos propiciaron.

Haciendo de la garantía de seguridad a los ex mandatarios y sus familias un derecho obligatorio, se obliga a que cada vez que Calderón llegue al país, el servicio de seguridad de México esté en la obligación de elaborar un plan para garantizar su seguridad.

El pasado titular del Ejecutivo no es ninguna víctima, por lo que, ante las enormes necesidades que tiene el país, recurrir en un gasto de esta naturaleza resulta indignante.

Según la descripción oficial del gobierno, la misión del Estado Mayor Presidencial es “dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades del presidente, además de velar por su seguridad y la de su familia”.

En ningún momento se especifica que la misión de este órgano militar sea proteger a los ex presidentes de los errores cometidos durante su administración.

¿Cómo se pueden pedir más concesiones a ex mandatarios cuando México tiene el primer lugar de salarios mínimos mensuales e infraestructura destinados a los ex presidentes, superando incluso a países como Estados Unidos e Inglaterra?

Se destinan aproximadamente 5.8 millones de pesos mensuales a los ex titulares del Ejecutivo, lo que implica un costo aproximado para los mexicanos de 280 millones de pesos al año.

El salario mínimo promedio en México es de 60.86 pesos, por lo que esto equivale a 4, 600,722.97 de remuneraciones en un país en el que sector informal genera 2 millones ocho mil empleos.

¿Cómo nos podemos dar el lujo de otorgar estas pensiones cuando, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el país existen 52 millones de pobres? Esto representa a 2010 el 46.2 por ciento de la población total, es decir la mitad de la población vive en pobreza mientras 5 ex presidentes reciben millones de pesos al año.

Si se repartiera este dinero entre los 90 mil “daños colaterales” de la guerra a la que ahora finalmente dimensiona Calderón, se podrían otorgar en el sexenio 18 mil 666.67 pesos por persona. ¿Quién necesita más ese dinero, las familias de los muertos en la guerra o políticos sátrapas que sólo buscan blindar las deficiencias de su administración?

Aun cuando el artículo tercero transitorio del decreto establezca que “las erogaciones que deriven de la aplicación del presente decreto serán realizadas mediante movimientos compensados, por lo que el Estado Mayor Presidencial debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable”, como se expuso previamente los recursos destinados a ex presidentes ya son obscenos y en este tema no tan sólo se involucra un aspecto de dinero sino también de equidad.

Ya basta de aumentar la brecha de desigualdad entre los ciudadanos y la clase política, el país es uno, los problemas nos involucran a todos. Si todos pagamos las consecuencias de las decisiones tomadas, todos debemos contar con las mismas condiciones de seguridad, las consideraciones especiales no tienen cabida en este contexto.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que se derogue el decreto oficial, con fecha 29 de noviembre del 2012, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Estado Mayor Presidencial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2012.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE y de la SHCP a dar respuesta pronta y satisfactoria a las solicitudes de apoyo formuladas por los productores vitivinícolas del país, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Fernando Castro Trenti, Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre y María Fernanda Schroeder Verdugo, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 11 de mayo de 2011 se aprobó, de urgente resolución, un punto de acuerdo, presentado por el entonces senador y hoy diputado Fernando Castro Trenti, con relación a la industria vitivinícola nacional y los problemas que enfrenta.

Dicha proposición consistió en lo siguiente:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por conducto de la Tercera Comisión, exhorta a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a los distintos productores de vino nacionales, para que en reunión de trabajo se elaboren propuestas para reactivar la industria vitivinícola nacional, permitiendo la creación de un proyecto de iniciativa de ley que iguale las políticas públicas con las internacionales y permita así que los productores nacionales cuenten con condiciones para competir en el mercado nacional e internacional.

En cumplimiento del acuerdo anterior, el 24 de agosto de 2011 la Tercera Comisión de la Permanente, presidida por el entonces senador y hoy diputado Fernando Castro Trenti, se reunió con funcionarios de las Secretarías de Hacienda, de Economía, y de Agricultura a fin de elaborar propuestas para reactivar la industria vitivinícola nacional, pues la política de estímulos no ha sido la necesaria para que la industria sea impulsada y genere productos de calidad que compitan con los vinos de todo el mundo.

En seguimiento de la reunión mencionada, el 30 de agosto de ese año se llevó a cabo una segunda, entre la Tercera Comisión de la Permanente y los funcionarios federales competentes, para elaborar propuestas tendentes a reactivar la industria vitivinícola nacional, donde la Secretaría de Economía informó acerca de los programas que tiene destinados a financiar proyectos de inversión técnica y comercial, desarrollados por productores agrícolas.

De dicha reunión se destaca el acuerdo para destinar un fondo de 50 millones de pesos a la compra de maquinaria e implantación de la estrategia de producción de vino en la zona vitivinícola del país.

Además de esas reuniones, llevadas a cabo en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 29 de septiembre de 2011, en Ensenada, Baja California, se integró un grupo de trabajo con representantes del sector público y privado para puntualizar los acuerdos logrados previamente y donde se consideró factible que, en el marco del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales, se creara el programa de apoyo a la industria vitivinícola, mediante el cual se apoyarían los siguientes proyectos:

1. Los que promuevan un desarrollo en el mercado nacional. Como “promoción o publicidad del vino mexicano en el territorio mexicano, este concepto incluye la presencia en diversos medios impresos, electrónicos, visuales, así como la contratación de eventos, campañas integrales, visitas guiadas, eventos de promoción en centros de consumo y en general, la contratación de cualquier servicio que permita promover y promocionar el vino mexicano, traduciéndose en mayor presencia en el mercado y en la mente del consumidor”.

2. Los que promuevan el desarrollo en el mercado externo. Incluye conceptos relacionados con mayor presencia de los beneficiarios en mercados internacionales. Considera el apoyo de la contratación de medios impresos, visuales, electrónicos en el extranjero, así como la adquisición de cualquier producto o servicio cuyo propósito final sea mayor presencia en el mercado internacional. Se considera el apoyo a viajes internacionales siempre que se cumplan los objetivos mencionados.

3. Desarrollo técnico vinícola. Todo tipo de construcción, instalaciones, rehabilitación o ampliación de éstas que promueva una mejora tecnológica o, en su caso, una ampliación de capacidad instalada. Deberá demostrarse que las dimensiones, el diseño y la normativa de esa infraestructura sean congruentes con el proyecto planteado y que, en su caso, sean un activo necesario y adicional para los procesos económicos o productivos o de desarrollo. En los casos procedentes, la infraestructura y el equipo apoyado deberán cumplir las disposiciones de inocuidad emitidas por la secretaría.

En este concepto también se considera la adquisición de maquinaria y equipo, incluido el manejo poscosecha, la transformación de la producción primaria y cualquier otro aspecto que genere valor agregado a lo largo de la cadena de trasformación.

4. Desarrollo técnico vitícola y capacitación. Incrementar la extensión de terreno dedicado al cultivo de la vid, incluye todo tipo de apoyo para la adquisición de material vegetativo, investigación genética que mejore la calidad de las variedades, así como la mejor adaptación de éstas al entorno, optimizando el proceso de vinificación e incrementando la productividad del cultivo. En este concepto se considera el apoyo de todas las nociones que engloban la mejora en los procesos de producción primaria con esquemas de tecnificación de riego, reconversión productiva, paquetes tecnológicos, replantación de viñedos, adquisición de agroquímicos y capacitación, entre otros.

En apoyo de estas gestiones realizadas por legisladores federales y por industriales vitivinícolas, el 23 de mayo de 2012, por unanimidad, el pleno de la Comisión Permanente aprobó el dictamen del punto de acuerdo presentado por el entonces senador y hoy diputado Fernando Castro Trenti mediante el cual se solicitó lo siguiente:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Hacienda y Crédito Público para que autorice que la Dirección General de Industrias Básicas celebre el acuerdo de ministración, solicitado por la Secretaría de Economía en enero, por 50 millones de pesos, para implantar el Programa de Apoyo a la Industria Vitivinícola, en el marco del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales, en cumplimiento del punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión el 11 de mayo de 2011 y los acuerdos contraídos con los productores vitivinícolas del país.

Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe a esta soberanía, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación respectiva, sobre las acciones realizadas en cumplimiento de este acuerdo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Economía a efecto de que con la mayor brevedad publique los criterios de operación del Programa de Apoyo a la Industria Vitivinícola, a fin de de contar con un instrumento que asegure la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos asignados a este programa.

Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía que informe a esta soberanía, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, sobre las acciones realizadas en cumplimiento de este acuerdo.

En atención de lo anterior, el 20 de julio de 2012 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación los criterios de operación del Programa de Apoyo a la Industria Vitivinícola, en el marco de los lineamientos del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales para el ejercicio fiscal de 2012.

No obstante, a la fecha no se tiene conocimiento de ningún proyecto aprobado ni recurso entregado a industriales vitivinícolas del país, aun cuando los proyectos fueron presentados vía organismo intermedio ante la Dirección General de Industrias de la Secretaría de Economía, de conformidad con los criterios mencionados.

Es menester que las autoridades competentes den respuesta clara y expedita a las solicitudes hechas por los industriales vitivinícolas y que, en su caso, se liberen los recursos que deban liberarse.

Por las razones vertidas se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a dar respuesta pronta y satisfactoria a las solicitudes de apoyo realizadas por los productores vitivinícolas del país, con base en los criterios de operación del Programa de Apoyo a la Industria Vitivinícola, en el marco de los lineamientos del Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales para el ejercicio fiscal de 2012; y, en su caso, liberar los recursos solicitados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de diciembre de 2012.

Diputados: Fernando Castro Trenti (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, Gilberto Antonio Hirata Chico, Jaime Chris López Alvarado, Carmen López Segura, Virginia Victoria Martínez Gutiérrez, Mayra Karina Robles Aguirre, María Fernanda Schroeder Verdugo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar con prioridad en el interés superior de la infancia, según la Constitución General de la República, los convenios internacionales y las recomendaciones que de ellos emanan, para preservar los derechos de niños y de adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 11 de octubre, se conmemoró por primera vez en México y el mundo el Día Internacional de la Niña, con el propósito de reconocer los derechos de las niñas y reconocer los problemas que enfrentan cotidianamente en todo el mundo. Siendo uno de los principales lograr la erradicación del matrimonio en la infancia, ya que es considerado una violación fundamental a sus derechos humanos que afecta todos los aspectos de su vida. El matrimonio a temprana edad elimina su infancia, interrumpe su educación, limita sus oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, pone en peligro su salud física y mental.

En el mundo, alrededor de 1 de cada 3 mujeres jóvenes de 20 a 24 años se casaron antes de cumplir los 18 años. Una tercera parte contrajo matrimonio antes de cumplir los 15. El matrimonio en la infancia causa embarazos tempranos y no deseados, y supone riesgos que amenazan la vida de las niñas. En los países en desarrollo, el 90 por ciento de las madres adolescentes de 15 a 19 años están casadas, y las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes de este grupo de edad.1 En México, la atención de partos es la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública; el embarazo adolescente.2

Las niñas son uno de los grupos más discriminados por edad y por género, además de volverse “invisibles” en todas las facetas de sus vidas, desde la escuela al trabajo. Las niñas con bajos niveles de escolaridad tienen más probabilidades de contraer matrimonio a una edad temprana y se ha demostrado que el matrimonio en la infancia prácticamente significa el fin de la educación de las niñas. Por el contrario, las que han recibido una educación secundaria tienen hasta seis veces menos probabilidades de casarse en la infancia, lo que hace de la educación una de las mejores estrategias para proteger a las niñas y combatir el matrimonio en la infancia.

De acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño se ha definido que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, por lo que es necesario tener presente que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales, y por ello deben ser garantizados por el Estado.

Por los anteriores argumentos, es sorpresiva la reciente aprobación (18 de octubre de 2012), de la reforma a los artículos 94, 136 y 225 del Código Civil del estado de Chihuahua, sobre todo cuando uno de los principales ejes de preocupación de los organismos internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU Mujeres y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), es acabar con el matrimonio infantil ya que es una violación de los derechos humanos, independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña.

Además, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el matrimonio infantil es una forma de esclavitud que no tiene ninguna justificación y debería ser penalizado como un crimen. No obstante el repudio general y la lucha que Naciones Unidas ha emprendido para abolir esta deleznable práctica, en la actualidad únicamente 113 países, de los 193 Estados Miembros de la ONU, prohíben el matrimonio infantil.

Con la modificación al Código Civil del estado de Chihuahua, se ignoran los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, aprobada en 1990 por el Estado mexicano, además de omitir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para que se eleve la edad en que las y los adolescentes puedan contraer matrimonio, evitando con ello el embarazo adolescente dando mayor atención al cumplimiento puntual de los derechos de las niñas y los niños , su acceso a la educación y al goce pleno de sus de derechos y acceso a las oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente.

En nuestro país diversos estados han legislado sobre el tema, como el Distrito Federal que en su Código Civil en el artículo 148, establece que ambos contrayentes sean mayores de edad y una dispensa para los menores de edad siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años, para lo cual se requiere el consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en ningún caso se otorgará a menores de catorce años. En otros más como Coahuila y Chiapas, la edad establecida para contraer matrimonio es de dieciséis años para ambos futuros cónyuges.

Permitiendo el matrimonio de las niñas, se da paso libre a la dominación a la que generalmente se somete a las niñas cuyas secuelas son los embarazos no deseados, el abuso doméstico, el sometimiento forzado que las convierte en esclavas de sus maridos, les limita su derecho a la salud, educación, además de coartar sus oportunidades de desarrollo entre otros elementales derechos a los que de manera natural tienen derecho.

Consideramos que no podemos ser indiferentes a las necesidades y el cumplimiento de los derechos de las niña, que deben ser el centro de atención de una sociedad que se considere protectora de la infancia sobre todo en lo que respecta al marco jurídico aplicable a esta población y que debe ante todo, integrar prioritariamente el interés superior de la infancia como principio rector de quienes tienen la responsabilidad y se relacionan con niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de la federación para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución General de la República, los Convenios Internacionales y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 Unicef, Tema 2012: Terminar con el matrimonio infantil,Guatemala. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/children_1165.htm, octubre de 2012.

2 Inegi, Estadísticas a propósito del Día del Niño, México, abril de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2012

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al GDF a considerar el inicio de la construcción de dos centros de atención integral de la salud en Tlalpan, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Diputado José Antonio Hurtado Gallegos integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La finalidad de la política general de desarrollo social establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y que aún sigue vigente, es que cada mexicano, sin importar su condición socioeconómica, su origen étnico, preferencia religiosa y sexual o ideología política tenga las mismas oportunidades para desarrollar a plenitud sus aspiraciones y mejorar así sus condiciones de vida; siendo la salud una condición fundamental para lograrlo, así como para impulsar el desarrollo económico y reconstruir el entramado social. Esto sin olvidar que la salud es un derecho tutelado por nuestra Constitución Política, así como por los acuerdos internacionales signados por México.

Con datos del Foro La salud como responsabilidad del Estado, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el México actual continúa enfrentando complejos desafíos en materia de salud. De los más de 100 millones de mexicanos, sólo 14 millones 842 mil 350 tienen acceso al IMSS, y 9.7 millones son beneficiarios del ISSSTE, lo que revela la enorme brecha que nuestro país necesita recorrer para que todos los mexicanos estén integrados en el sistema de salud.

En contraste con estos datos, el Sexto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, destaca que gracias al incremento presupuestal al sector salud que se situó en 7% del PIB para 2012, se logró un incremento de 10.9% en el presupuesto para el IMSS, 12% al ISSSTE y 12.6% para la Secretaría de Salud. Si bien México incrementó los recursos al rubro de salud, pasando de 5.8% del PIB en 2000 a 6.4% en 2011, esta cifra sigue por debajo del promedio latinoamericano, y del resto de los países pertenecientes a la OCDE que destinan entre 8 y 10% del PIB, a la par de Canadá, Alemania, Japón y Nueva Zelanda. (cuadro1), muy por debajo de Estados Unidos con 17.4% que se ubica en primer lugar.

Al considerar la proporción del gasto en salud con respecto al Gasto Programable, se puede apreciar que lo canalizado a atender demandas de salud no sólo no ha crecido, sino que disminuyó en los últimos años. En 2005, de cada 100 pesos gastados 15.1 pesos se destinaban a salud, proporción que para el año 2010 disminuyó a 13.8 pesos por cada 100.2

En Movimiento Ciudadano consideramos que para alcanzar el nivel de inversión que permita atender las necesidades de salud de los mexicanos, se requieren recursos crecientes que se administren a través de estrategias innovadoras y sustentables de ampliación y redistribución del gasto público en salud. La cuidadosa atención a estas necesidades lleva implícitas garantías que suponen una oferta de servicios oportunos, seguros y efectivos.

En el informe de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2010 se detectó que en cuanto al gasto per cápita en salud, México ocupa también uno de los últimos lugares de la OCDE, al destinar sólo 918 dólares al año, muy por debajo del promedio de la organización que es de 3 mil 233 dólares; Estados Unidos destina 7 mil 960 dólares e inclusive Chile, eroga 1 mil 186 dólares anuales a este rubro.

Asimismo, en 2012 México continuaba siendo el país en donde los ciudadanos cubren el porcentaje más alto del gasto en los servicios de salud, básicamente explicado por los recursos que erogan para la adquisición de medicamentos e infraestructura hospitalaria necesaria para su rehabilitación.

Otro factor fundamental que sustenta el presente Punto de Acuerdo, se refiere a la infraestructura hospitalaria. México tiene la más baja entre los países de la OCDE, cuenta con 1.7 camas en los hospitales por cada mil habitantes, tiene 2 médicos por cada mil habitantes, cuando el promedio para la OCDE es de 3.1; se cuenta con 2.5 enfermeras por cada mil habitantes, siendo el promedio actual de 8.6.

En el informe del ejecutivo federal se anuncia como un “hecho sin precedente el impulso otorgado en materia de infraestructura física en salud. Menciona que en el periodo de 2007 a 2012 se han invertido más de 28 mil 360.5 millones de pesos, dando pie a la construcción de mil 18 obras (en proceso y terminadas). Se menciona que durante este periodo se concluyeron 630 obras nuevas distribuidas en las 32 entidades federativas, cuya inversión total fue de 12 mil 978 millones de pesos, de los cuales 10 mil 502.1 provinieron de fuentes federales, dos mil 454.7 fueron recursos estatales, 9.3 municipales y 11.9 derivaron de otra fuente de financiamiento.

A pesar que las cifras pueden resultar cautivadoras, el sector de hospitales en México es heterogéneo, en función de la calidad, de su distribución geográfica y del tipo de instalaciones. Algunos de los hospitales especializados en el sector público ofrecen servicios de alta calidad, comparables a los prestados en Estados Unidos y Canadá, no obstante, no todos los mexicanos tienen acceso a esta modalidad y deben conformarse con la atención de primer nivel que se ofrece en sus comunidades.

La muestra contundente de los argumentos que hemos sustentado se centra en los resultados del brazo operador del Sistema Nacional de Salud en México, me refiero al Seguro Popular. La administración pública federal señala que a junio de 2011 la cobertura de los servicios de salud atendía a 48.5 millones de personas, representando, según las cifras de su dependencia, un avance de 94.5% con relación a la meta estimada para llegar a la cobertura universal.

Al respecto, quiero compartir los resultados de las investigaciones realizadas por la Fundación Nacional para la Salud (Fundsalud), la Organización Mundial de la Salud y la OCDE, donde este programa presenta importantes irregularidades:

1. El Seguro Popular No cubre problemas de salud que ocupan las primeras causas de morbilidad y mortalidad, como es el caso de enfermedades isquémicas del corazón, enfermedad cerebro vascular, cirrosis, enfermedades hipertensivas, nefrosis, tumor maligno de tráquea, bronquios, pulmón, estómago, próstata, hígado, y de cuello de útero, entre otras.

2. El estudio de percepción de los afiliados al Seguro Popular, realizado por la Auditoría Superior de la Federación, constató que el 94.8% de los afiliados encuestados adquiere con sus propios recursos los medicamentos que les faltan; 48.1% no está satisfecho con el tiempo de espera para recibir atención médica; 29.9% consideró que no es fácil conseguir una cita médica, y 23.6% manifestó no estar conforme con las instalaciones y el equipamiento de la unidad de salud.

3. De acuerdo con el estudio actuarial proporcionado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a la ASF, para el periodo 2009-2025 los ingresos totales que se destinarán al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos disminuirán en una tasa promedio anual de 1.8%, al pasar de 14,151.9 millones de pesos en 2009 a 10,511millones de pesos en 2025, en tanto que la suficiencia presupuestal pasará de un superávit de 5,233.3 millones de pesos a un déficit de 4,171.6 en el periodo; situación que pone en riesgo el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios del Seguro Popular.

4. Respecto del padrón de beneficiarios del Seguro Popular, la ASF en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009 reporta que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud no acreditó con la evidencia documental correspondiente a las bases de datos de los padrones estatales y no acreditó las gestiones pertinentes para ordenar las evaluaciones a los padrones. La ASF determinó un porcentaje de choque de 14.2% ya que 4 millones 426mil 660 beneficiarios del Seguro Popular se encontraban registrados en los padrones de las instituciones de seguridad social.

Compañeras y compañeros legisladores, como podemos observar, los datos son contundentes y revela que el eje rector de la política de salud en nuestro país, el Seguro Popular, no ha logrado articularse y a siete años de iniciada su operación no ha dado cumplimiento a los objetivos de su creación donde “cada mexicano, sin importar su condición socioeconómica u origen étnico, tenga las mismas oportunidades para desarrollar a plenitud sus aspiraciones y mejorar así sus condiciones de vida”.

En Movimiento Ciudadano ratificamos nuestro compromiso por impulsar el proceso que nos permita transitar hacia un sistema de salud integrado, que garantice el financiamiento de todos los servicios, para todos los habitantes; que pondere el derecho a la salud como una garantía fundamental e indispensable para el logro de los demás derechos; enfatizando en la obligación constitucional que tiene el estado Mexicano en la protección del derecho a la salud.

En este sentido estamos preocupados y muy interesados en que en este periodo logremos conjuntar esfuerzos y lograr los consensos más oportunos para ampliar la infraestructura hospitalaria de la Ciudad de México, específicamente en la delegación Tlalpan, en virtud de las siguientes consideraciones:

Tlalpan es una demarcación sumamente polarizada y si bien es considerada “La Ciudad de la Salud” en virtud de la infraestructura hospitalaria que alberga. Sin embargo, ésta no representa una solución viable para sus habitantes ya que poco más de 25 millones tienen ingresos mensuales de entre uno y tres salarios mínimos, esto es, menos de 5 mil pesos al mes, por lo que la población tiene grandes rezagos en sus necesidades básicas, lo cual afecta de manera directa la condición de su salud.3 Los centros de salud en Tlalpan, en su gran mayoría, no cuentan con los servicios básicos como: dental, rayos X, ortopedistas, terapeutas, ginecólogos ni pediatras, por lo que los habitantes que necesitan estos servicios, tendrán que absorber el costo del servicio en una institución privada o arriesgarse a no tener acceso a los servicios de una institución especializada debido a la falta de recursos, la carencia de ambulancias y los problemas de tránsito vehicular que hacen prácticamente imposible la vialidad a determinadas horas del día.

Esta demarcación desde los sesenta fue una zona para el crecimiento poblacional, aunque en terrenos no aptos al Desarrollo Urbano y de poca accesibilidad, debido a sus características orográficas como la zona de lomas en donde se ubica el Suelo de Conservación que corresponde a la Sierra del Ajusco, Sierra Chichinautzin; lugar de los poblados rurales.

Los niveles más bajos de ingreso corresponden a casi el 75% de la población de Tlalpan. Estos rangos están ligados con la existencia de mayor o menor grado de los satisfactores urbanos, así como a la consolidación de las diferentes zonas de la Delegación.

Como en el resto del país, en la Ciudad de México se expresa la devastación social de casi dos décadas de ajuste y cambio estructural. Es una ciudad polarizada entre los pocos favorecidos y los muchos perjudicados por este proyecto de nación. A pesar de sus riquezas, el Distrito Federal alberga al 21.3% de su población, en zonas de muy alta marginación, con una profunda degradación del ambiente social y ecológico así como con serias carencias de servicios.

Para Julio Boltvinik, la pobreza no se circunscribe a los territorios de miseria. Según el método de “medición integrada de la pobreza”, 3.3 millones de capitalinos viven en pobreza extrema (38.3%) y otros 2.3 millones (26.6%) en pobreza moderada. Es decir, que casi el 65% de la población de la capital puede ser considerada como pobre.

Por lo tanto, la premisa a la base de estos retos es hacer realidad el derecho a la protección a la salud y avanzar en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la integralidad en la atención de la salud, mediante una política de salud que construya el camino para asegurar este derecho a partir del fortalecimiento de los servicios públicos y su financiamiento solidario.

Debemos considerar que la estructura demográfica de México ha cambiado considerablemente en las últimas décadas. En los años treinta del siglo pasado, uno de cada cinco niños mexicanos moría antes de cumplir un años y la mitad de las mujeres adultas fallecía antes de los 35 años de edad; esta tendencia se modificó, ya que actualmente casi el 97% de los recién nacidos alcanzan su primer año de vida y una proporción importante de mujeres puede llegar a vivir incluso más de 80 años. Este incremento en la esperanza de vida ha pasado de 49.6 años en 1950, a 74.6 años en 2005 y 75.4 en 2010.

Lo anterior implica una mayor participación de los adultos mayores en la estructura poblacional y en consecuencia una mayor carga en los servicios de salud, lo que impactará de manera decisiva en las finanzas públicas; a lo que se suma la transición epidemiológica derivada del envejecimiento de la población.

Probablemente la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que es la encargada de atender las necesidades de este sector, no ha incrementado el número de hospitales, medicamentos y personal en la misma proporción en que aumentó el número de demandantes al servicio, por lo que los habitantes de la delegación Tlalpan reciben un servicio de salud insuficiente.

En este marco, todos los esfuerzos orientados a entender y medir la exclusión en salud y a instrumentar políticas y acciones de lucha en su contra, así como a evaluarlas, son dignos de apreciarse. Tal es el caso de la significativa labor planteada por la Organización Panamericana de la Salud por avanzar en el conocimiento de la magnitud de la exclusión en salud, de los factores que la originan y del perfil de los excluidos. Afán planteado en la doble perspectiva de lograr, con el intermedio de acuerdos políticos, un acceso igualitario a los cuidados de la salud para todas las personas, asegurando una cobertura efectiva para los que carecen y están excluidos de los beneficios de los sistemas de protección de salud; así como de construir una herramienta de análisis para evaluar las intervenciones destinadas a mejorar el estado actual de la salud de América Latina (OPS, 2001).

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que esta Soberanía exhorte al Ejecutivo Federal, y al Gobierno del Distrito Federal, para considerar poner en marcha la construcción de dos Centros de Atención Integral a la Salud (de primer contacto), en la Delegación Tlalpan.

Notas

1 Presupuesto Autorizado para el SPS más el presupuesto autorizado para Ramo 12 Salud, suman el total del presupuesto autorizado al Ramo Administrativo 12 Salud, cifras en millones de pesos.

Fuente : SS, DGPOP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

2 Memoria de los trabajos de análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20120. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la federación. H. Cámara de Diputados LXI Legislatura, México, mayo 2012.

3 http://www.jornada.unam.mx/2011/02/27/sociedad/033n2soc

Dado en el Palacio Legislativo de san Lázaro, a los 6 días del mes de diciembre de 2012.

Diputado José Antonio Hurtado Gallegos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sectur que inicie los preparativos del Tianguis Turístico de Acapulco, a cargo del diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, 76 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El Tianguis Turístico de Acapulco nació hace 38 años, cuando fue inaugurado el Centro de Convenciones, con el objetivo de promover eventos para posicionar a Acapulco y a México entre los gustos y preferencias de los viajeros nacionales e internacionales. Con ese propósito se constituyó la Feria Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas de Acapulco (IHATA), que inmediatamente reunió a lo mejor de la industria internacional, más tarde se consolidaría como Tianguis Turístico de Acapulco.El Tianguis Turístico de Acapulco, realizado ininterrumpidamente durante 36 años en el puerto, se posicionó como el evento turístico más importante de México y Latinoamérica, ocupando los primeros lugares a nivel mundial, junto con la Feria Internacional de Turismo en Madrid (Fitur) y otras más.Uno de los objetivo del tianguis turístico es impulsar la promoción y comercialización de los destinos, productos y servicios turísticos mexicanos. Durante este evento, compradores Internacionales provenientes de más de 30 países se encuentran con prestadores de servicios turísticos mexicanos, para efectuar las citas de negocios que agendan mediante el sistema de citas preestablecidas vía internet.Por decisión del gobierno federal que encabezó Felipe Calderón, retiraron el tianguis turístico a nuestro municipio y lo volvieron itinerante.

Sin embargo, el nuevo gobierno que preside Enrique Peña Nieto suscribió el compromiso de devolver alternadamente (un año en Acapulco y otro en el resto del país) el tianguis turístico al puerto.

El regreso del Tianguis Turístico a Acapulco es un acto de justicia y significa un respaldo importante, la derrama económica representa con el solo evento más de 200 millones de pesos. Tenemos la confianza y la certeza que así será.Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo del gobierno federal que inicie los preparativos de la celebración del tradicional e histórico Tianguis Turístico de Acapulco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de dos mil doce.

Diputado Manuel Añorve Baños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob, de la Sener, de Pemex, de la CFE y del gobierno del estado de México a realizar acciones tendentes a evitar desastres por causas antropogénicas en zonas afectadas por el derecho de vía donde hay ductos subterráneos –para conducir hidrocarburos o gas– o líneas de alta tensión en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1, fracción II, 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado Víctor Manuel Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Gobernación y Energía del gobierno de la Unión, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, al gobierno del estado de México y a los ayuntamientos de sus municipios para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen acciones tendientes a evitar desastres por causas antropogénicas en las zonas afectadas por el derecho de vía en los que se encuentran instalados ductos subterráneos para la conducción de hidrocarburos o gas o en los que existen instaladas líneas de alta tensión en el Estado Libre y Soberano de México.

Exposición de Motivos

La LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, a través de sus decretos 13 y 14 publicados en la Gaceta del Gobierno el 19 de noviembre de 2009, tuvo a bien declarar las Zonas Metropolitanas de Toluca y la del Valle Cuautitlán-Texcoco, ésta última además, forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, conurbaciones con una densidad de población muy importante, que se han constituido en destino de numerosos grupos poblaciones que no siempre se establecen en condiciones de sustentabilidad, seguridad y certeza en la tenencia de la tierra.

Esta constante presión humana para acceder a una vivienda donde fincar el proyecto de vida de las familias provocó en el pasado la ocupación de lugares carentes de servicios, invasiones territoriales que con el paso del tiempo han sido regularizadas parcialmente, así como el poblamiento de zonas no aptas y de riesgo.

Coexisten con la demanda de vivienda las condiciones propias de la ubicación estratégica del estado de México, en la región central del país, lo que propicia un conjunto de retos, posibilidades y riesgos que exigen una actuación responsable de las autoridades para que las grandes ventajas de la conurbación urbana y las condiciones que se derivan de sus coordenadas geopolíticas se armonicen garantizando el derecho de las personas a vivir con seguridad.

El desarrollo y crecimiento de los asentamientos humanos no siempre ha respondido a criterios de planeación racionalizada, con la debida anticipación y previsión de las demandas y presiones que el futuro implica, revisando las condiciones físicas y de infraestructura, lo que ha propiciado su establecimiento en lugares de riesgo, con la omisión y negligencia de las autoridades que prefieren administrar las condiciones existentes antes de asumir el costo político de aplicar la ley, no de reprimir, sino de ejercer las condiciones de autoridad para asegurar el derecho humano a la seguridad ciudadana.

Particularmente debe llamarnos la atención el creciente establecimiento y consolidación de asentamientos irregulares y clandestinos instalados dentro de los límites de control y seguridad definidos en las zonas estratégicas por las que se encuentran instalados ductos, poliducto y gasoductos.

De acuerdo con diversos estudios, en 2009 la red de ductos de Petróleos Mexicanos instalada en nuestro país alcanzaba una longitud de 65 mil 339 kilómetros, de los cuales 61 por ciento se encontraba en operación,1 mientras que en el estado de México, dicha red se extendía por mil 272.39 kilómetros localizados en 48 municipios, de los cuales 620 kilómetros corresponden a Pemex Gas y Petroquímica Básica y 651.8 kilómetros a Pemex Refinación. Además, en nuestra entidad se encuentran instaladas las terminales siguientes: De Reparto y Distribución, en Venta de Carpio; de Almacenamiento y Distribución en Satélite norte y Toluca; y de Distribución, en San Juan Ixhuatepec.2

Situación que también se presenta en las zonas afectadas por el derecho de vía en líneas de alta tensión cuya invasión y la exposición permanente de quienes ocupan irregularmente estos espacios e incluso viven debajo de los cables que transportan el fluido eléctrico expuestos a efectos sumamente perniciosos que causan severos trastornos en la salud de las personas, aunado a lo cual las condiciones de riesgo causados por accidentes como la caída de los cables, incendios o el impacto de “rayos” durante las tormentas eléctricas, representa fuentes que pueden provocar desastres cuyo origen son precisamente las causas antropogénicas.

Siniestros como el ocurrido el primer día de 2012 en el municipio de Nezahualcóyotl, consistente en el incendio de un “deshuesadero” debajo de los cables de alta tensión y sobre la línea del gasoducto, o la explosión de un ducto de gas natural en la autopista México-Querétaro en 2008, pueden tener repercusiones mayores como consecuencia de las invasiones, la construcción de casas, escuelas, salones de fiestas, establecimientos comerciales, incluyendo gasolineras, en plenas zona de derecho de vía federal, lo que constituye un peligro inminente no sólo sobre la vida de quienes han ocupado ilegalmente esos terrenos sino de los vecinos de las zonas aledañas que pueden verse afectados por contingencias mayores.

A este aspecto debemos sumar los casos de la instalación indebida de comercio informal, sin orden, sin control alguno, sin atender medidas elementales de seguridad, en los accesos de las estaciones de las líneas del sistema de transporte colectivo Metro y del Mexibús que, por ser vialidades primarias quedan bajo jurisdicción directa de las autoridades estatales.

La presencia de cilindros de gas y actividades con uso de fuego justo en el acceso de las personas a estas líneas de transporte colectivo que, en horas pico, presenta una considerable afluencia, constituyen riesgos adicionales que no han sido debidamente atendidos.

Es indispensable considerar que el incremento en la frecuencia de este tipo de contingencias es propiciado por el deterioro de la infraestructura, las conductas delictivas que se presentan y la presión que esos asentamientos irregulares provocan, circunstancias que pueden ser prevenidas a través de medidas de control y prevención por parte de la autoridad estatal que ha sido revestida, a partir de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad del Estado, en 2011, de mayores facultades y atribuciones en materia de protección civil.

Por esa razón y en mi condición de diputado local, integrante de la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, en enero de 2012 presenté proyecto de punto de acuerdo para exhortar a los secretarios generales de Gobierno y de Seguridad Ciudadana del Estado de México a que intervinieran de manera urgente, con la finalidad de promover acciones interinstitucionales para prevenir siniestros de origen antropogénico, como el ocurrido en el municipio de Nezahualcóyotl el primero de enero del año en curso.

A pesar de que dicho acuerdo fue aprobado por la legislatura estatal y publicado en la Gaceta del Gobierno del 31 de agosto de 2012, poco sabemos de las medidas adoptadas por la autoridad al respecto, mucho menos de los avances en la actualización de los atlas de riesgo e incluso, en el sitio electrónico oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, los estudios elaborados en materia de invasión de los derechos de vías en ductos subterráneos de Pemex y en líneas de alta tensión, han sido retirados de su difusión.

Por tal motivo someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición acompañada de proyecto de acuerdo que pretende llamar la atención de las autoridades competentes con la finalidad de asumir las decisiones indispensables que eviten desastres provocados por la ocupación irregular de las zonas afectadas por los derechos de vía federal y por la omisión que hasta ahora han manifestado las diferentes autoridades; en mérito de anterior, se somete a su consideración la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Energía del gobierno federal, para que en el ámbito de sus competencia, propicien los acuerdos de carácter interinstitucional y las acciones necesarias con otras dependencias de gobierno federal, con el gobierno del estado de México y de los ayuntamientos de las zonas en las que se encuentran ubicados ductos, poliductos y gasoductos o líneas de alta tensión para propiciar los operativos tendientes a liberar dichas zonas y a reubicar de manera inmediata a la población o establecimientos comerciales de cualquier tipo asentados en las zonas de vía federal, en los accesos de las estaciones de la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro y de las estaciones del Mexibús, preservando siempre los derechos de las personas, dentro del territorio del Estado Libre y Soberano de México.

Segundo . Se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que por sí mismos o de manera coordinada con otros autoridades federales, estatales y municipales y, de ser el caso, en colaboración con los titulares de los derechos de concesión de sus líneas de conducción (ductos, poliductos o gasoductos), instrumenten las acciones urgentes e inmediatas para prevenir desastres de origen antropogénico como el ocurrido el pasado primero de enero del año en curso en el municipio de Nezahualcóyotl instrumentando operativos y la reubicación inmediata de la población o establecimientos comerciales de cualquier tipo asentada en las zonas de vía federal, en los accesos de las estaciones de la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro y de las estaciones del Mexibús, preservando siempre los derechos de las personas, dentro del territorio del Estado Libre y Soberano de México.

Tercero . Se exhorta respetuosamente al gobierno del Estado Libre y Soberano de México y a sus ayuntamientos para que instrumenten las acciones urgentes e inmediatas para prevenir desastres de origen antropogénico como el ocurrido el pasado primero de enero del año en curso en el municipio de Nezahualcóyotl instrumentando operativos y la reubicación inmediata de la población o establecimientos comerciales de cualquier tipo asentada en las zonas de vía federal, en los accesos de las estaciones de la línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro y de las estaciones del Mexibús, preservando siempre los derechos de las personas.

Notas

1. Romo Rico, Daniel et al. El transporte de ductos en Pemex. Los retos en los inicios de la segunda década del siglo XXI . http://www.eseposgradoipn.mx/articulos/eseconomia/volumen32/Daniel%20Ro mo.pdf

2. Gobierno del Estado de México. Secretaría General de Gobierno. Agencia de Seguridad Estatal. Invasión del derecho de vía en ductos subterráneos de Pemex .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2012.

Diputado Víctor Manuel Bautista López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial para la lucha contra la trata de personas, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano comparte la preocupación internacional y ha tomado medidas a nivel nacional, para enfrentar el fenómeno delictivo de la trata de personas que produce graves daños a las personas que se ven atrapados por ésta.

La trata de personas es un fenómeno delictivo que distorsiona la economía de los países, propicia inseguridad, servidumbre similar al esclavismo y una afectación grave a los derechos humanos de las personas.

Debido a estas y otras razones este fenómeno no debe ser tolerado en nuestro país porque es contrario a la dignidad de las personas y afecta a las más desprotegidas como son: mujeres, niñas, niños y adolescentes, indígenas y migrantes, a quienes se somete a condiciones similares a las de la esclavitud o la servidumbre, de manera tal que afecta sus condiciones y su vida misma; por ello, el Estado Mexicano está comprometido a dirigir respuestas contundentes, enérgicas y efectivas para combatirla, al no hacerlo incurriría en omisión.

En congruencia a lo anterior, en los últimos años México ha ratificado diversos instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, particularmente la dirigida a Mujeres y Niños, denominado Protocolo de Palermo, para fortalecer los compromisos antes contraídos.

En el ámbito nacional se emitieron la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas y el Reglamento de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas y se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas encargada, junto con otras unidades de la Procuraduría General de la República, de perseguir en el ámbito federal el delito de trata de personas, de prevenirlo, y de atender y proteger a sus víctimas, denunciantes y testigos.

Por otra parte es importante fortalecer y continuar poniendo en práctica los programas tendientes a prevenir, combatir y sancionar la trata de personas a partir de las atribuciones con las que cuenta el Poder Legislativo a fin de proteger a las víctimas; con ello, se da un amplio alcance a las políticas previstas en la ley que Estado mexicano aplique.

Los razonamientos anteriores nos conducen a considerar que una política efectiva, eficiente y eficaz contra la trata de personas no implica únicamente acciones penales, por el contrario, deben buscarse soluciones a las causas y consecuencias muy diversas que existen detrás de la de personas.

A la luz de lo anterior entre las causas que propician la trata de personas se encuentran condiciones económicas como son la pobreza, las sociales, la desintegración de redes de apoyo; las culturales, como la discriminación de género; las personales, como la vulnerabilidad proveniente de ser migrante; las jurídicas, como la diversidad de tipos penales de trata de personas que hay en el país; y que las consecuencias de este delito8 recaen, no solamente sobre las víctimas, sino sobre la sociedad.

En virtud de los argumentos mencionados, se debe impulsar y fortalecer una respuesta de Estado a la trata de personas así como políticas públicas compuestas de acciones coordinadas interinstitucionalmente para prevenirla y combatirla, y para atender, proteger y asistir a sus víctimas, a los familiares de éstas y a los testigos alineadas a las normas nacionales e internacionales.

Por otra parte debe articularse y fortalecerse la participación social en armonía con las instituciones federales, de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado; para que estas puedan alinearse al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales de las dependencias participantes y al Programa Nacional de Derechos Humanos; el cual está orientado a los principios de igualdad y a las doctrinas de derechos humanos, igualdad de género y protección integral de los derechos de la infancia.

Otro objetivo importante cosiste en realizar un amplio esfuerzo de capacitación, formación y de difusión del marco jurídico y político de las acciones contra la trata de personas dirigido tanto a los funcionarios, organizaciones y de la sociedad en general, para revertir en el menor tiempo posible el delito de la trata de personas.

Por estas razones es importante impulsar una política multidimensional y transversal que garantice la seguridad de las personas a partir de una adecuada articulación del gobierno federal en sus diferentes secretarías con el Poder Legislativo como son: la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Turismo, Procuraduría General de la República; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto Nacional de Migración; Consejo Nacional de Población; Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de la Reforma Agraria, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y Registro Nacional de Población e Identificación Personal, entre otras que en su momento deban integrarse.

De esta manera es posible revertir la violencia extrema que implica la trata contra las mujeres, los menores y a las personas en estado de vulnerabilidad y en donde los agresores se ven incentivados por un mercado de oferta y demanda de personas, por ello, como sociedad, no podemos tolerar estos delitos.

No olvidemos que la trata es una actividad delictiva altamente rentable para la delincuencia organizada después del tráfico de drogas, en virtud de que millones de personas son explotadas en lo laboral y sexual, tráfico de órganos, explotación de niños para la mendicidad, la comisión de delitos o la guerra e incluso no olvidemos que un amplio porcentaje de las víctimas son mujeres y niñas.

Al respecto la condición de las víctimas es altamente vulnerables porque se sienten sin una salida segura; trabajan de manera informal y suelen residir ilegalmente en los países donde fueron llevadas; generalmente tienen un conocimiento limitado de sus derechos y opciones legales; sufren restricción a su libertad personal; están de paso; han sido cambiadas de una ciudad a otra o de un establecimiento a otro; e incluso han experimentado abuso físico, sexual o psicológico y amenazas de abuso contra ellas o su familia; están a la merced de la violencia, multas o castigos por parte de empleadores o tratantes por lo que su situación es compleja y altamente discriminatoria de sus derechos humanos.

Es importante reconocer que México es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, por esta situación se ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, principales víctimas de explotación sexual y laboral extraídos sobre todo de áreas rurales empobrecidas hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas, a través de mecanismos diversos y para finalidades distintas.

Por lo anterior, es necesario realizar diagnósticos y estudios profundos que generen alternativas que eviten contradicciones que favorezcan la impunidad o la adecuada atención que requieren quienes han sido víctimas de estos delitos.

Es por todo lo antes dicho un tema prioritario que desde la legislatura pasada, la Junta de Coordinación Política y el pleno de ésta acordó crear una Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas de ahí que en esta LXII Legislatura debemos dar continuidad a dichos esfuerzos con el fin de erradicar este mal; incluso se decidió turnar a la comisión especial los asuntos en la materia, legislativos o no, para recabar su opinión y recibir de ella proyectos de dictamen, por ello, debemos retomarla de manera inmediata.

El encargo de la Cámara de Diputados, fue cumplido a satisfacción por la comisión especial, que elaboró y remitió en tiempo y forma 18 opiniones y proyectos de dictamen avaladas por su Pleno además de reformas legales y constitucionales que fueron aprobadas y se encuentran ya en vigor.

Es importante mencionar que falta mucho por hacer y que en la presente legislatura habrán de presentarse aún más iniciativas que erradique este fenómeno ilícito, además se deberán atender las necesidades que se deriven de la entrada en vigor de la nueva Ley General en la materia.

Los argumentos antes vertidos, son suficientes para impulsar el desahogo y atención de las tareas que deriven en materia de trata de personas por parte del Poder Legislativo, de ahí que una Comisión Especial en la materia dará continuidad a los esfuerzos alcanzados.

Por considerar que la lucha contra la trata de personas es una cuestión de seguridad humana y nacional, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: Se solicita atenta y respetuosamente a la Junta de Coordinación Política proponga al pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, la creación de una Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas a fin de fortalecer el combate a la trata de personas.

Segundo: La comisión especial emitirá estudios, recomendaciones y en su caso opiniones y dictámenes en la materia para fortalecer el trabajo de las comisiones ordinarias aportando opiniones especializadas; además de ser enlace con la sociedad y la sociedad civil organizada así como hacer el seguimiento de las acciones de los diferentes órdenes de gobierno en la implementación a que los obliga la ley general para la prevención, protección y asistencia a las víctimas.

Tercero: La Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, estará integrada de manera plural, por los diputados que determine la Junta de Coordinación Política a partir de los criterios de proporcionalidad y tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria, hasta la conclusión de presente legislatura.

Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)

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Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

En 2012, la epidemia del VIH/sida ha superado su tercera década. La respuesta mundial y nacional ha tenido grandes deficiencias pero también avances significativos. Sin embargo, pese al progreso, la enfermedad está lejos de erradicarse.

El Día Mundial de la Lucha contra el sida se conmemora cada 1 de diciembre, dedicado a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida.

Las últimas cifras de Onusida, asociación de las Naciones Unidas dedicada a lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el virus, estimaron cerca de 2.5 millones de nuevos contagios en el último año y 1.8 millones de muertes, siendo la principal causa de decesos en el África subsahariana. Las tasas globales, aunque revelan mejoras, también esconden problemas locales, como brotes de infección del virus en Uganda y otros lugares de África, transmisión continua entre drogadictos en la ex Unión Soviética, y epidemias explosivas a lo largo y ancho de Asia.

Los claroscuros son palpables, en muchas sociedades la infección por el virus se ha vuelto endémica, la creciente y gradual disponibilidad de los medicamentos y tratamientos antirretrovirales han facilitado el tránsito de una condena de muerte a una enfermedad crónica pero únicamente para quienes cuentan con los medios acceder al tratamiento, tristemente se calcula que sólo 36 por ciento de quienes lo requerían tuvieron acceso la terapia.

A nivel nacional es importante destacar que cada año el VIH/sida arrebata la vida a cerca de 2 mil 500 mexicanos los cuales no mueren por cuestiones directamente imputables al desarrollo de su condición, sino porque su diagnóstico no fue oportuno o sus circunstancias económicas no les garantizaron el acceso a los retrovirales para tratarlos. Al respecto es relevante destacar que el costo promedio del tratamiento antirretroviral triple excede los cincuenta mil pesos al año, lo cual pone en una situación difícil tanto para las personas como al sector salud, pues a pesar de las inversiones que ha realizado el gobierno en la materia hay pacientes que sufren desabasto.

Es indudable que nos encontramos frente a un problema de salud pública mundial y nacional muy complicado y con consecuencias graves no solo en materia de salud, sino también en los terrenos económico y social.

Por ello, en cumplimiento con nuestra función de representación como diputados federales del Partido Revolucionario Institucional y en congruencia con el mandato expresado en el artículo 4o. de la Constitución que otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud, es que reiteramos nuestro compromiso con la prevención y el control de enfermedades transmisibles, como el VIH/sida, resulta inaplazable e ineludible redoblar esfuerzos y ser contundentes ante la problemática expuesta, Muchas Gracias.

Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)