Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3659-V, martes 4 de diciembre de 2012
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes del sector agropecuario, especialmente la Sagarpa, la SE, FIRA y Financiera Rural, a acordar acciones responsables para comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Héctor Narcia Álvarez, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El campo mexicano hoy es sinónimo de pobreza, de migración, inseguridad y presenta un déficit importante en materia agroalimentaria.
México desde hace décadas se le ha caracterizado como un país con insuficiencia en la producción de alimentos básicos, pese a que se encuentra ubicado geográficamente en las mejores condiciones del continente americano, donde países vecinos por el norte con Estados Unidos de Norteamérica; y en el sur Argentina y Brasil se les ha considerado grandes productores de granos básicos en el continente.
Además México cuenta con regiones que tienen abundantes recursos naturales como agua, suelos, climas y una gran biodiversidad, para que pueda ser gran productor y proveedor de alimentos a su población.
Sin embargo, las políticas públicas aplicadas fueron insuficientes y mal dirigidas, provocando con ello que a mediano plazo las importaciones del grano del maíz no disminuyeran como sería su propósito, sino que por el contrario, de 2004 a 2012 las importaciones de este grano se han visto incrementadas en un 360 por ciento.
Lo anterior da como resultado una crisis agrícola que financia parte de la industrialización y el desarrollo del país con productos agrícolas pagados por debajo de su valor. Pero, sobre todo, es el resultado final de las políticas agrícolas neoliberales que buscan deliberadamente subordinar a la agricultura mexicana principalmente a los intereses de la agricultura estadounidense aplicadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Es por ello que debe retomarse con seriedad y oportunidad, la implementación de verdaderas políticas públicas, que protejan a los productores nacionales haciéndolos más competitivos, pero sobre todo privilegiar las acciones que involucren la comercialización de productos del campo.
Hoy una vez más como ocurre año con año, enfrentamos la problemática de la comercialización de la producción del maíz del ciclo primavera-verano 2012, debido a los altos volúmenes de importación que saturan el mercado justo en la época de cosecha, provocando pérdidas a los productores quienes ante esta situación se ven obligados a comercializar a bajos precios su grano con intermediarios y las grandes industrias transnacionales, por no existir un contrato de compra-venta o cobertura de precios futuros, ocasionando un fuerte deterioro económico a los productores de éste cultivo.
Por todo lo anterior expuesto y toda vez que ya existe un punto de acuerdo al cual nos sumamos, presentado el 27 de septiembre del año en curso a esta honorable asamblea por el diputado Alfonso Inzunza Montoya y turnado a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, en el sentido de que se apoye a productores nacionales de maíz para que se comercialice toda su cosecha, y se analicen y, en su caso, rediseñen los programas en favor del campo, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a las instituciones correspondientes al sector agropecuario, especialmente a Sagarpa, Secretaría de Economía, FIRA y Financiera Rural, a acordar de inmediato acciones necesarias y responsables a fin de comercializar la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2012, que inició a partir de este mes de noviembre, y no sólo de los productores que trabajan con esquemas de financiamiento, sino de todos aquellos productores libres que están fuera de este esquema y que representan el 80 por ciento. Asimismo que se ajusten los programas que se tengan con este propósito y se rediseñen las reglas de operación correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a etiquetar y transparentar los recursos de la solicitud de crédito autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Nelly del Carmen Vargas Pérez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Monreal Ávila y Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta honorable asamblea punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La corrupción se ha convertido en un cáncer que permea en todos los niveles de gobierno de nuestro país, haciendo que los recursos públicos lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares.
En Movimiento Ciudadano creemos que una de las mayores exigencias de la Cámara de Diputados debe ser acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado e incluso, muchas veces, premiado.
Entre los múltiples casos de corrupción destaca el endeudamiento constante de las entidades federativas. Tan sólo entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales de 1.6 a 2.4 por ciento, respecto al Producto Interno Bruto, y un aumento de 64.5 a 72 por ciento, en relación con las participaciones federales.
Como consecuencia, en los últimos años, las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles. Al primer trimestre del 2012 los estados que más incrementaron su deuda fueron Tabasco en 19.3 por ciento; Jalisco en 9.9 por ciento; Chiapas en 6.1 por ciento; Morelos en 5.6 por ciento y Yucatán con 3.4 por ciento, entre otros.
De 2008 a 2011 el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 mil 70.2 a 390 mil 777.5 millones de pesos, es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200 mil millones de pesos en tan sólo 3 años.
Analizando estas cifras nos damos cuenta que podría señalarse al sexenio 2006-2012 como la administración del endeudamiento exponencial y progresivo de las entidades federativas y municipios.
El problema es que dicho endeudamiento no parece terminar. Apenas en septiembre del presente año el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, pidió al Congreso local la aprobación de 5 mil millones de pesos, cuando le faltaban tres meses para terminar su gestión.
Hoy nuevamente nos encontramos ante un caso de esta naturaleza. El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, ha solicitado al Congreso del estado, a 48 días de concluir su administración, contratar deuda pública por 4 mil 130 millones de pesos.
Resulta indignante este suceso debido a que la cantidad que se pretende obtener supera en sí misma a la deuda actual del estado, la cual es de 3 mil 450 millones de pesos.
Tal parece que el propósito del gobernador no es tan sólo el rezago de Tabasco en sus seis años de mandato, sino la imposibilidad de implementar medidas efectivas de crecimiento económico a la administración entrante, debido a la alarmante cantidad de pasivos que dejaría dicho préstamo.
Las razones que se utilizan para la solicitud de la deuda resultan contradictorias y absurdas. Se ha argumentado que entre los principales objetivos de la misma se encuentran la infraestructura y la seguridad. ¿Qué acciones destinadas a estos rubros pueden implicar el gasto de más de 4 mil millones de pesos en un mes?
Asimismo, se ha sustentado la petición del préstamo con el fin de la reestructuración de pagos de créditos a corto plazo que fueron contraídos con anterioridad, utilizando un esquema de pago a 20 años.
Los recursos que las entidades federativas reciben son limitados, la mayoría funcionan gracias a los impuestos a nóminas, al turismo y a las aportaciones federales. ¿Qué tan grande sería el impacto de atar por 20 años los ingresos de Tabasco en el ritmo de crecimiento del estado? Resulta evidente que es necesario que el Congreso local rechace esta propuesta.
La razón por la que los estados han llegado a una situación insostenible surge al depositar en legislaturas locales la autorización de pago de obligaciones. La división de poderes estatales existe, en muchas entidades federativas, tan sólo en papel.
El Congreso de Tabasco está a tiempo de romper con este vicio y demostrar que no es un estado más en el que el control hegemónico del gobernador es innegable.
Sólo así las deudas contraídas dejarán de reflejar demandas de intereses particulares que no satisfacen las necesidades de la ciudadanía en general.
Sólo así se podrá garantizar un crecimiento para Tabasco en los próximos seis años, de no hacerlo se estarían limitando las posibilidades económicas del estado aún antes de empezar el gobierno entrante.
Con base en lo anteriormente expuesto proponemos
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, a etiquetar y transparentar todos y cada uno de los recursos de la solicitud de crédito que le fue autorizada por el Congreso estatal el 16 de noviembre de 2012 para inversiones públicas productivas, y se evite cualquier posible malversación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2012.
Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a investigar sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV; a la SCT, a expedir la normativa referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas; y a la Comisión de Transportes, a dictaminar la minuta de reformas de la Ley de Aeropuertos que quedó pendiente el 30 de abril de 2012, a cargo del diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Javier Filiberto Guevara González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando, con base en las siguientes
Consideraciones
Al finalizar 2008, existían 13 aerolíneas en el mercado aéreo nacional, a partir del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, y en los últimos 4 años un total de 7 líneas aéreas han dejado de prestar sus servicios: Azteca, Aerocalifornia, Aviacsa, Avolar, Alma, Nova Air y Aladia, a raíz de esto, los actuales concesionarios del servicio público aéreo de pasajeros han incrementado las tarifas en diversas rutas quedando con una posición dominante. En particular, en el caso de Grupo Aeroméxico, SAB de CV, al finalizar el año 2009 tenía una participación de mercado de 25.7 por ciento, misma que ha incrementado a 38 por ciento a septiembre de 2012, lo que es un crecimiento significativo en su participación de mercado en solo 3 años, el restante 62 por ciento se distribuye entre las restantes líneas aéreas regulares.
Lo anterior ha causado elevados costos en tarifas y cargos extraordinarios que se aplican a los usuarios y en un deterioro del servicio en lo general, tales como, sobreventa de capacidad, cancelaciones de vuelo, retrasos significativos en salidas y llegadas al destino en cada ruta, y excesivos sobrecostos por cambios de fecha u hora a petición del usuario. De acuerdo a cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al mes de octubre del presente año se han presentado 1,216 quejas por pasajeros de las actuales líneas aéreas en servicio, cabe considerar, que menos del 10 por ciento de los usuarios que son afectados levantan una queja ante esta instancia, de hecho, las recomendaciones de la Profeco respecto a los derechos de los usuarios, no son respetadas por las líneas aéreas.
Los parámetros de calidad en el servicio de las líneas aéreas aceptados internacionalmente, son medidos a través de indicadores de puntualidad, así como en el porcentaje de cancelaciones de vuelos programados. Tales parámetros de calidad son aceptados internacionalmente para evaluar el servicio de las líneas aéreas. Los organismos internacionales reconocen que el nivel de puntualidad y el número de cancelaciones son fundamentales para evitar costos a los usuarios. Por ejemplo, el desempeño de Grupo Aeroméxico SAB de CV, con respecto a las líneas aéreas a nivel global es mediocre, Aeroméxico está clasificada en un nivel de calidad de 2.5 respecto a 5 puntos posibles. Sus indicadores de calidad se ubican en un nivel relativamente bajo al promedio de las líneas aéreas a nivel internacional, por lo que puede interpretarse como contrario a lo que establece el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, que considera que la prestación del servicio se debe ofrecer en condiciones satisfactorias, de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
El que la línea aérea imponga sobrecargos por cambios de horario y/o día a petición del usuario actualmente alcanza un incremento equivalente a un 50% del precio original del boleto, tal práctica puede considerarse como evidencia de poder sustancial en el mercado. Al igual que la imposición de otros sobreprecios o costos adicionales a los usuarios ante eventualidades como cancelaciones, retrasos o sobreventa cuando tales cargos se presentan sin alternativas a los pasajeros. Los usuarios deben de tener la libertad de elegir modificaciones de fecha y/o de hora en el uso de su boleto con un cargo que se encuentre económicamente justificado, sin que esto sea evidencia de un abuso de poder de mercado por parte de la línea aérea que de hecho está forzando a los usuarios, a que por alguna razón tengan que modificar su itinerario, incurran en un gasto significativo y sin alternativa de elección.
Por lo anterior, es necesario expedir una normatividad que proteja los derechos de los pasajeros respecto a las deficiencias del servicio de elevado costo para el usuario tales como sobreventa de capacidad, cancelaciones y retrasos sustantivos en los vuelos, siguiendo el ejemplo de la experiencia internacional como se hizo en la Unión Europea sobre la asistencia y compensación de los usuarios.1 En dicha normatividad se considera que:
i. Las denegaciones de embarque y las cancelaciones o los grandes retrasos de los vuelos ocasionan sustanciales costos a los pasajeros.
ii. Debe ofrecerse a los pasajeros a los que se deniega el embarque contra su voluntad la posibilidad de cancelar sus vuelos, con reembolso de su dinero, o de proseguirlo en condiciones satisfactorias, así como el derecho a ser adecuandamente atendidos mientras esperan un vuelo posterior o a modificar su itinerario sin costo o a un costo económicamente justificable..
iii. Reducir las molestias que ocasiona a los pasajeros la cancelación de un vuelo. A fin de alcanzar este objetivo, debe inducirse a las líneas aéreas a informar a los pasajeros de las cancelaciones antes de la hora de salida prevista y ofrecerles, además, un transporte alternativo razonable, de modo que los pasajeros puedan optar por otra solución.
iv. Los pasajeros cuyos vuelos queden cancelados han de tener la posibilidad de obtener el reembolso de su dinero o un transporte alternativo en condiciones satisfactorias, y deben recibir atención adecuada mientras esperan un vuelo posterior.
v. Se debe informar exhaustivamente y con transparencia a los pasajeros de los derechos y los cargos adicionales en caso de cambios en su itinerario, de tal forma que las aerolíneas compitan en este aspecto de flexibilidad para los usuarios.
vi. Se debe establecer el régimen de sanciones aplicables en caso de infracción. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Por otro lado, es necesario superar el rezago que existe en la oferta de infraestructura aeroportuaria, dado que México tiene un aeropuerto por cada 10 mil km2, mientras que la media internacional es de 37 aeropuertos por cada 10 mil km2. Es necesario retomar el principio de libre concurrencia para todos los servicios de apoyo en tierra a las líneas aéreas que actualmente se encuentran integradas al operador aeroportuario.
Desde la salida de operaciones de las 7 líneas aéreas anteriormente citadas, el mercado se ha visto afectado con la disminución de más de un millón pasajeros, aunado al aumento de las tarifas de vuelo hasta en un 40 por ciento en determinadas rutas de elevado tráfico de pasajeros. Es de resaltar, que el precio promedio antes de la salida de Mexicana de Aviación, era casi 3 veces mayor que el precio promedio en Estados Unidos en rutas domésticas (0.35 dólares/milla en México vs 0.13 dólares /milla en Estados Unidos).2 Lo anterior explica las abismales diferencias de tarifas entre vuelos en rutas domésticas y vuelos en rutas internacionales.
Por lo anterior, es necesario hacer una restructuración de la industria de la aviación civil en lo general para procurar mayor concurrencia de líneas aéreas, desregular el procedimiento de concesionamiento para la prestación del servicio de transporte aéreo nacional para propiciar concurrencia de nuevas líneas aéreas y de las existentes, liberar la movilidad del concesionario entre rutas, tanto de servicio regular como de servicio no regular.
Respecto a la infraestructura aeroportuaria es requerido, crear la normatividad que haga realidad la competencia entre aeropuertos, tal y como existe en la experiencia norteamericana y europea, para ello, de igual forma es necesario desregular el concesionamiento para la construcción y operación de infraestructura aeroportuaria con diversas escalas de operación y además, crear el entorno de competencia para los servicios que ofrecen los operadores de las concesiones aeroportuarias, eliminando privilegios o exclusividades. De tal forma que en su conjunto, la industria eleve sus niveles de competencia y de eficiencia operativa en beneficio de los usuarios con tarifas en destinos nacionales competitivas conforme a parámetros internacionales.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía apruebe el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia que dé inicio a una investigación sobre la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el sector de la aviación civil de pasajeros, que aplica Grupo Aeroméxico, SAB de CV, de las rutas nacionales que actualmente está operando.
Segundo . Se exhorta a Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que expida la normatividad referente a la protección de los derechos de los pasajeros de las líneas aéreas regulares concesionadas, en particular, respecto a los cargos adicionales por cambios de itinerario a petición del usuario, y además respecto a la compensación y asistencia en casos de sobreventa de capacidad, cancelación y retraso de vuelos.
Tercero. Se extiende excitativa para que respetuosamente la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, enliste en los dictámenes a discusión, el dictamen a la minuta relativo a la reforma de la Ley de Aeropuertos, la cual quedó pendiente de aprobarse el 30 de abril de 2012.
Notas
1 Reglamento (CE) No. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.
2 Ros, Agustín, “The determinants of pricing in the Mexican domestic airline sector: the impact of competition and airport congestion”, Review of Industrial Organization, volume 38, Number 1.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de diciembre de 2012.
Diputado Javier Filiberto Guevara González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el decreto correspondiente para crear un hospital indigenista en la sindicatura de Mochicahui, Sinaloa, a cargo del diputado Roman Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Román Alfredo Padilla Fierro, en nombre propio y de los integrantes de la coordinación del estado de Sinaloa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, a, tenor de las siguientes
Consideraciones
Población indígena en México
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, en México viven más de 6 millones, 695 mil 228 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, lo cual equivale al 6.8% del total de la población en esas edades.
Si bien, en México, desde el ámbito legislativo se han concretado avances para el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, en la práctica, persisten esquemas institucionales y sociales que impiden la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas.
Población indígena en Sinaloa
En la época prehispánica diversas etnias habitaron la región sinaloense: tehuecos, zuaques, sinaloas, tepahues, conicaris, baciroas, macoyahuis, comanitos, mocoritos, tahues y acaxees; mismas que desaparecieron durante la época colonial.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, se calcula que en Sinaloa hay 49,972 personas que viven en hogares censales indígenas.
Según información del gobierno del estado, las comunidades indígenas se distribuyen en los municipios de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome; preferente en las cercanías de sus centros ceremoniales: Júpare, Etchojoa, San Pedro, San Ignacio Cohuirimpo, Pueblo Viejo, Navojoa, Tesia, Camoa y Huatabampo, compartiendo territorio con la población mestiza.
En el municipio de El Fuerte, los grupos étnicos, integrados principalmente por Mayos y una pequeña representación de Tarahumaras, se localizan en las poblaciones de Tehueco, Sivirijoa, Jahuara, Charay, Mochicahui, Tetaroba, Capomos y Chinobampo.
Problemática general de la población indígena
De acuerdo con el estudio “Regiones indígenas en México”, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que a su vez retoma datos que aportó en 2000el Consejo Nacional de Población, un rasgo en común de las regiones indígenas “son las condiciones de desigualdad que predominan en relación con el resto del país; es decir, 82.6 por ciento de los municipios presentan grados de alta o muy alta marginación (749) frente al 52.9 por ciento del total nacional de los municipios en la misma situación.”
La discriminación manifiesta o implícita viola uno de los principios fundamentales de los derechos humanos. La discriminación de minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, de los pueblos indígenas y de otros grupos sociales es un factor causal y potenciador de la pobreza y la falta de salud.
Existen evidencias que revelan que los programas de desarrollo para los pueblos indígenas no han dado los resultados esperados, debido en gran parte a una percepción equivocada de las necesidades y los problemas de los pueblos indígenas. Hay un desajuste entre las necesidades y los intereses indígenas con respecto de las estrategias y actividades instrumentadas desde el gobierno para su desarrollo.
El problema central se encuentra en que los programas transfieren recursos a las comunidades indígenas de manera gradual, desatendiendo el control sobre el manejo de los recursos.
Derecho a la salud de la población indígena
Un tema que merece especial atención en la agenda de reivindicaciones indígenas es el derecho a la salud.
En la legislación, dicho reconocimiento se expresó en la fracción III, del apartado B del artículo 2o constitucional, al disponer entre las funciones a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, la de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud de los pueblos indígenas mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional.
No obstante, la gravedad de la magnitud de los problemas de salud específicos de la población indígena persiste.
Se estima que las principales causas de muerte en la población indígena son infecciones intestinales, influenza y neumonía.
La población infantil indígena registra una tasa de mortalidad 58% más alta que en el resto del país, siendo la desnutrición crónica el principal problema de salud entre esta población, alcanzando niveles de 44%, mientras a nivel nacional es del 17.7%. La anemia afecta al 36% de los niños indígenas.
El riesgo de morir de una mujer indígena durante el embarazo, parto o puerperio es casi tres veces más alto que el de una mujer no indígena. El 40% de las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia presentan anemia, lo cual contrasta con el indicador a nivel nacional que es del 26.4%
La tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar es dos veces más alta que en la población en general.
De acuerdo con información del gobierno del estado de Sinaloa, las principales causas de demanda de atención médica en el estado son por infecciones respiratorias, parasitosis, gastroenteritis, dermatopatías, padecimiento osteomuscular, hipertensión arterial y artritis.
Antecedentes de hospitales indígenas
En años recientes, algunas entidades federativas han implementado diversas estrategias para la consecución de este objetivo, en ese sentido, se reconoce la labor pionera del gobierno del estado de Chiapas con el desarrollo de una importante infraestructura hospitalaria en zonas indígenas, cuyo primer referente es el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas y el Banco de Sangre de Tuxtla Gutiérrez, el primero de cobertura estatal en el país.
El Hospital de la Madre y el Niño Indígena, en Guerrero; el Modelo Intercultural en Salud, en Hidalgo; el proyecto de hospitales integrales y los módulos de medicina tradicional, en Puebla, y más recientemente el hospital rural IMSS-Oportunidades en San José del Rincón, estado de México, etcétera.
Estos esfuerzos se inscriben en las acciones gubernamentales que derivan del reconocimiento de que las condiciones de desventaja que históricamente han enfrentado los pueblos indígenas, hacen necesarias acciones afirmativas o “de discriminación positiva”, para remontar la situación de inequidad en que viven amplios segmentos de esta población y garantizar la igualdad, especialmente en relación con el acceso a los servicios sociales, tales como la vivienda, la educación primaria y la atención sanitaria.
En este sentido, se considera que la promoción para el goce y ejercicio de estos derechos debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de gobierno, razón por la cual se estima que es urgente e inaplazable la construcción de un hospital indigenista para la región sinaloense que concentra la mayor parte de población indígena, en el que se cuente con medicina alópata y tradicional.
Aunque la entidad cuenta con una importante infraestructura hospitalaria, dada la relevancia del grupo poblacional indígena y la necesidad de incorporar, como criterio relevante para la prestación de servicios de salud específicos, un enfoque integrador y respetuoso de sus prácticas curativas, se somete a la consideración del Ejecutivo Federal la expedición de un Decreto para crear el Hospital Indigenista en la Sindicatura de Mochicahui, Sinaloa, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, otorgándole personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones.
Prácticamente la mitad de la población indígena sinaloense se concentra en los municipios de Ahome y El Fuerte, razón por la que valora que sería idóneo el establecimiento del Hospital Indigenista en la Sindicatura de Mochicahui.
Con esta acción se propone contribuir al cumplimento del derecho a la protección de la salud de los pueblos originarios de la región y coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, promoviendo las acciones preventivas y la prestación de servicios médicos sustantivos con pleno respeto a la cultura local.
Con la propuesta de creación de este Hospital se busca sentar las bases para la integración equilibrada de la medicina científica y medicina tradicional conforme a las necesidades y condiciones de la región con mayor población indígena en Sinaloa.
A este efecto se invocan las atribuciones que confieren al Ejecutivo Federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley General de Salud y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal que, conforme a las atribuciones que le confieren el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción II, y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34, fracción I y 77 bis 5 de la Ley General de Salud, y 13, 18, 39, 45, 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expida el Decreto correspondiente para la creación del Hospital Indigenista en la Sindicatura de Mochicahui, Sinaloa, para la atención de la población indígena de la región.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputados: Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Román Alfredo Padilla Fierro, Francisca Elena Corrales Corrales, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Blas Ramón Rubio Lara, Sergio Torres Félix, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y de la SRE a promover la eliminación de visa a los ciudadanos de Taiwán para beneficiar la cooperación y el intercambio entre dicho país y México, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Juan Bueno Torio, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en donde se hace un exhorto a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores para que en el entendido de sus funciones, se realicen esfuerzos para promover la eliminación de visa a los ciudadanos de Taiwán, con el objetivo de beneficiar la cooperación e intercambio entre ambos Estados. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerar el establecimiento de relaciones diplomáticas de mayor nivel con Taiwán, debido a las excelentes condiciones de la relación económica y cultural bilateral, a tenor de las siguientes
Consideraciones
México y Taiwán cuentan con casi 500 años de historia común, desde la Nao de China que viajaba de la isla de Formosa, hoy Taiwán, con rumbo hacia Acapulco y viceversa por el intercambio de mercancías entre América y Asia, hasta el día de hoy donde ambos Estados comparten una sólida relación comercial que ha significado el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en ambas sociedades.
Cabe mencionar que ambos países son miembros u observadores de destacadas organizaciones internacionales, por ejemplo APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico); la OMC (Organización Mundial del Comercio); la OMS (Organización Mundial de la Salud; la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); el BID (Banco Interamericano de Desarrollo); y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica); entre otras, dentro de las cuales el trabajo en conjunto ha rendido grandes resultados.
Actualmente, existe una sólida relación comercial entre México y Taiwán. Este último es el 9º socio comercial de México así como su 7º proveedor; el comercio bilateral en el 2010 fue de US$ 5,621 millones (representa más del 1% del comercio exterior, tanto de México como de Taiwán); en cuanto a inversión se refiere, en México existen alrededor de 231 fábricas provenientes de Taiwán; asimismo, la inversión educativa merece una atención especial, ya que hasta el 2011 han sido invitados 160 becarios mexicanos a estudiar a Taiwán. Estos datos resultan muy alentadores y ponen de manifiesto las buenas condiciones de la relación bilateral; sin embargo, es necesario reconocer que estas bondades pueden aumentar si se aplican medidas que permitan dinamizar esta benéfica relación para ambos países.
En 2011, Representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México Andreas Sing Ying Lee, dio a conocer que se considera a México como un mercado muy grande y estratégicamente indispensable. Anualmente, ambos países manejan un flujo considerable de turistas con capacidad de gasto muy alta, lo que invita a nuevos modelos de inversión que pueden ser altamente rentables; sin embargo, datos de la Oficina de Turismo de la República de China, apuntan que tan sólo el año pasado más de 8.2 millones de turistas taiwaneses salieron de su país para sus vacaciones. De ese total, apenas tres mil llegaron a México, mientras que China acaparó 3.5 millones de visitantes.
La mayor parte de los turistas taiwaneses que llegaron a México lo hicieron por vía de los Estados Unidos, y se estima que en promedio cada visitante de esta nación genera cuatro fuentes de empleo por su nivel de gasto. La Oficina de Economía y Cultura de Taipéi en México estima que cada viajero de Taiwán tiene una capacidad de compra de 27 mil dólares durante su viaje. Debido a que México no ha establecido relaciones diplomáticas de mayor nivel con Taiwán, los turistas de esta isla deben tramitar una visa que les toma en promedio ocho semanas, y termina por ser el principal inhibidor de su decisión de viaje.
Desde enero del presente año, Taiwán ha buscado dinamizar su relación con México. En recientes declaraciones, la directora de la división de Comercio Bilateral, Amelia W.J. Day, manifestó que existe un interés en establecer una plataforma entre los dos gobiernos para mejorar y establecer relaciones balanceadas y sostenibles. La funcionaria reconoció que en los últimos años el comercio ha avanzado de manera eficiente durante el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y manifestó el interés de continuar estos nexos de trabajo. Day resaltó que, hasta el momento, Taiwán tiene importantes inversiones en el sector relacionado con las telecomunicaciones en la frontera norte de México. Cabe mencionar que el 75% de las computadoras personales o componentes chips y demás, están hechos por Taiwán, quien cuenta con 180 empresas en México, las cuales han invertido más de 158 millones de dólares y han contribuido con más de 20 mil fuentes de trabajo.
Las empresas taiwanesas han tenido una fuerte presencia dentro de las entidades federativas del país, siempre apegadas y organizadas bajo la legalidad mexicana, por mencionar un par de ejemplos, en 2010 crearon un nuevo centro de capacitación digital en Guanajuato, el cual, trabaja en la digitalización del patrimonio cultural del estado. Por su parte en Cancún, Quintana Roo, existe la posibilidad de la creación de una empresa de fabricación de paneles solares y demás elementos que se encuentren relacionados con el uso de energías renovables. Asimismo en Ciudad Juárez, Chihuahua, existe una empresa ensambladora de teléfonos celulares que da empleo a más 7,000 técnicos y trabajadores. También, el de una compañía instalada en Baja California dedicada a la fabricación de celdas solares, que tiene una inversión global de 250 millones de dólares aportados por empresas taiwanesas y por el gobierno de Baja California junto con empresarios estadounidenses.
Anteriormente se mencionó que el flujo turístico entre México y Taiwán resulta altamente benéfico para ambos países; por lo que se considera conveniente flexibilizar la política que tiene México en materia de expedición de visas, debido a su carácter restrictivo para muchos países, sobre todo para las economías crecientes, lo que a largo plazo puede traer consecuencias negativas para México en materia de turismo, así como en otros rubros referentes a la inversión, y por tanto a la creación de nuevas fuentes de empleo para nuestros ciudadanos.
Con respecto a las relaciones de Taiwán con el resto del mundo, gracias a su nueva política exterior del Presidente de Taiwán Ma Ying-jeou, y a los logros económicos y sociales de los últimos años, la comunidad internacional ha reconocido los alcances de Taiwán, tan así es que 117 países y territorios, incluyendo a la mayoría de los países industrializados, como los países miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Corea y también países latinoamericanos como Colombia, Perú y Cuba entre otros, han eximido el requerimiento de visado a los ciudadanos taiwaneses que viajan a esos países, acción que ha sido compartida por el gobierno de los Estados Unidos de América el pasado 2 de octubre del presente año. Taiwán, ha logrado consolidar buenas relaciones con China Continental, por lo que actualmente hay 560 vuelos directos por semana entre Taiwán y China, asimismo, cuentan con 17 acuerdos amistosos relacionados con economía, libre comercio, turismo, propiedad intelectual, seguridad nuclear y calidad alimentaria, entre otros, en los cuales colaboramos exitosamente como socios.
En atención a los datos anteriormente mencionados, se considera necesario aplicar medidas que dinamicen nuestra relación con este país del Sudeste Asiático y garantizar así, nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en beneficio de nuestros ciudadanos; por lo tanto, me permito presentar a esta Soberanía, la siguiente propuesta con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un exhorto a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para que, en el entendido de sus funciones, se realicen esfuerzos para promover la eliminación de visa a los ciudadanos de Taiwán, con el objetivo de beneficiar la cooperación e intercambio entre ambos Estados.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerar el establecimiento de relaciones diplomáticas de mayor nivel con Taiwán, debido a las excelentes condiciones de la relación económica y cultural bilateral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2012.
Diputado Juan Bueno Torio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión especial encargada del análisis, el seguimiento y la evaluación de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y las comunidades indígenas asignadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Carlos de Jesús Alejandro, diputado náhuatl por el estado de Guerrero de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1 y 2; y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Los pueblos indígenas tienen una población aproximada de 15.7 millones de los 112.33 millones de habitantes que viven en México, es decir, el 14% de la población total del país, ocupando el 8º lugar en el contexto mundial en población indígena y segundo en América Latina, después de Perú.
2. Los pueblos indígenas con mayor población son, en primer lugar, el pueblo náhuatl que representa el 22.8% del total de la población indígena; mientras que el pueblo maya constituye el 14.2% de los indígenas. Le sigue en tercer y cuarto lugar el pueblo zapoteco y mixteco, lo que significa que tienen un porcentaje de 6.9 y 6.7 respectivamente, en tanto que el Otomí ocupa el lugar quinto con un 5.3%. El sexto y séptimo lugar se registran para el pueblo tzeltal y tzotzil con el 4.9% y 4.4%. En tanto que el pueblo teenek representa el 2.2%% de la población total indígena.
3. En México se reformó el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo algunos derechos de los pueblos indígenas tales como los que se estipulan en el apartado B de dicho artículo y que a la letra se refiere a que “La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.
4. Como consecuencia directa de esta reforma constitucional se establecieron la identificación y aprobación de las partidas específicas en los presupuestos de gasto público para la atención de los pueblos indígenas, misma que comenzó a realizar a partir del año 2002.
5. Recordemos que el gasto federal destinado a la población indígena en el año 2000, a través del Instituto Nacional Indigenista (INI), era insignificante, no alcanzaba ni los 800 millones de pesos, mientras que para el año 2012 se aprobó un presupuesto de 10,000 millones de pesos a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
6. Después de varios años de insistencia, entre el año 2002 y el año 2007, para que el Ejecutivo Federal enviará un presupuesto transversal para los pueblos indígenas desglosado por ramos y programas, fue hasta el año 2008 cuando se transparento las finanzas y el gasto del presupuesto indígena.
7. A fin de dar cumplimiento a las obligaciones que señala el artículo 2°, apartado B, fracciones I a IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 se autorizó un presupuesto transversal de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el anexo 7 del decreto en mención de 68,123 millones de pesos.
8. En dicho presupuesto transversal se desglosan 14 ramos y 85 programas para la atención de los pueblos indígenas. Los Ramos son la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Reforma Agraria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Aportaciones a Seguridad Social, Desarrollo Social, Provisiones Salariales y Económicas, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
9. Entre los programas que se pueden mencionar por su relevancia son: el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, Programa de Albergues Escolares Indígenas, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales, Seguro Popular, Programa 70 y más, Fais Municipal, FAM Asistencia Social, entre otras.
10. La propuesta de creación de la Comisión Especial tiene como fin de que los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de pueblos indígenas se destinen exclusivamente a éstos, a fin establecer una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además de cumplir con el mandato constitucional de impulsar su desarrollo integral y participación de los indígenas en la definición, ejecución y evaluación de las políticas y acciones que con ese propósito emprenda el gobierno.
11. El presupuesto transversal es un presupuesto virtual que muchas veces no se llega a concretar en los pueblos indígenas a pesar de la realidad en que viven éstos, pobreza, marginación, desempleo, bajos salarios. Más de la mitad viven en municipios con alta y muy alta marginación, es decir, más de 500 municipios indígenas de los más de 1,000 municipios que son considerados indígenas; además, una tercera parte de la población indígena trabaja en el sector primario; el 72.5% no disfrutan de servicios de salud; 70.2% la población entre 6 y 24 años son analfabetas o no asisten a la escuela; más de la mitad carece de infraestructura básica (Coneval y ENIGH).
12. Por ello es importante constituir la Comisión Especial Encargada del Análisis, Seguimiento y Evaluación al ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígena.
13. Además dicha propuesta deviene del fundamento jurídico del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 29 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. A fin de que dicha Comisión Especial emita las observaciones y recomendaciones, análisis, evaluaciones y consideraciones que serán enviadas tanto a la Auditoría Superior de la Federación como a la Comisión de Asuntos Indígenas para los efectos a que haya lugar.
Por lo expuesto, y fundado con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1 y 2; y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita de la manera más respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial encargada del análisis, seguimiento y evaluación al ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas asignados en el presupuesto de egresos de la federación.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y el personal necesario para su operación. La comisión especial tendrá una vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2015.
Tercero. La comisión especial estará integrada en forma plural, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de la Legislatura, y estarán representados los grupos parlamentarios que la integran. Contará con una mesa directiva, formada por un presidente y dos secretarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputados: Carlos de Jesús Alejandro, Teresa Mojica Morga, Gloria Bautista Cuevas, Yesenia Nolasco Ramírez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Mario Rafael Méndez Martínez., Aleida Alavez Ruiz, Jorge Salgado Parra, Catalino Duarte Ortuño, María del Rosario Merlín García, Vicario Portillo Martínez, Silvano Blanco Deaquino, Marino Miranda Salgado (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a revisar y aplicar medidas para prevenir, atender y sancionar los accidentes relacionados con el transporte público, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal revelan que en los últimos seis años se han registrado, en la Ciudad de México, 160 muertes, así como dos mil 543 personas lesionadas relacionadas con accidentes vehiculares en los que estuvieron involucrados unidades de transporte público.
De los 160 casos de los que se tiene conocimiento, 122 de esos fallecimientos culposos fueron por atropellamiento, 25 por choque de vehículos, once por caídas y dos tipificados como imprudencia por tránsito vehicular.
Mientras que de las dos mil 543 personas lesionadas, 105 casos ocurrieron por caída del vehículo en movimiento, mil 198 por colisión del transporte y mil 240 fueron tipificadas como lesiones imprudenciales por tránsito vehicular.
Cifras de la Setravi indican que tan sólo en 2011, se registraron 52 accidentes de este tipo, lo que dejó como saldo al menos 147 lesionados y 23 fallecimientos.
No hay que dejar de lado que a pesar de que existe la reglamentación necesaria, ésta no se cumple, dejando así que impere la ley del más fuerte; dando como resultado que un gran número de los accidentes en los que están involucrados unidades del transporte público, son consecuencia del mal estado en que se encuentran, la negligencia de sus conductores y la corrupción e impunidad con la que se otorgan las concesiones.
Como muestra, lo ocurrido el pasado 20 de noviembre en la carretera México-Tulyehualco, en la delegación Xochimilco, en donde 21 personas, entre ellas 10 menores de edad, resultaron heridas al quedarse sin frenos una unidad de la ruta 96.
Los accidentes relacionados con el transporte de carga no están exentos, el mismo día ocurrió un choque de un tráiler que transportaba una estructura metálica contra un puente peatonal provocando severas afectaciones en la calzada de Tlalpan, dando como resultado dos personas heridas que viajaban en un auto particular.
Otro caso es lo que ocurre en Guadalajara, en donde, según cifras del Consejo para la Atención de las Víctimas del Transporte Público (CAVTP), en los últimos cinco años, los percances relacionados a los viajes en camiones, provocaron lesiones a 5 mil 567 personas, lo que equivale al doble de la capacidad del Teatro Diana en dicha ciudad.
Ni qué decir del estado de México, con sus –por lo menos– mil accidentes al año que las autoridades estatales tiene registro, y en donde tan sólo el diez por ciento de los choferes cuenta con licencia-tarjetón.
Asimismo, se deben dejar de lado los favores políticos para regular el transporte, por ejemplo, según el sitio electrónico de la Secretaría de Transportes del Estado de México, aumentó el número de concesiones de 128 mil a 135 mil de marzo a julio pasado, es decir, en pleno proceso electoral.
Único. Se exhorta a los gobiernos estatales a revisar y en consecuencia aplicar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los accidentes relacionados con el transporte público.
Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a considerar recursos destinados al Instituto de Educación Media Superior para que incremente el gasto de inversión en educación, con el crecimiento de matrícula, el fomento del desarrollo de proyectos de investigación, la extensión de la infraestructura y la actualización de programas y estudios, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 79, numeral 3, fracción IV; 158, numeral 1, fracción VII, y 198 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el presente punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que considere la ampliación de recursos en la partida presupuestal para el ejercicio fiscal 2013, destinada al Instituto de Educación Media Superior (IEMS), al tenor de los siguientes
Considerandos
El impacto del neoliberalismo en la educación se manifiesta a través de políticas modernizadoras tendientes hacia la privatización, la descentralización, la reducción del presupuesto público para el rubro educativo, así como la modificación curricular al servicio del mercado, bajo el encuadre regulador de sistemas de evaluación de la función de los centros escolares y del desempeño docente tanto en el medio rural como en el urbano en todo el continente.
En nuestro país sucede una contradicción respecto al presupuesto y los resultados de la calidad educativa, basta recordar el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del gobierno federal, estableció como uno de sus principales objetivos impulsar las capacidades de los mexicanos mediante la provisión de una educación suficiente y de calidad, promoviendo una profunda transformación educativa.
Sin embargo, en cuanto a la calidad en el Sistema Educativo Superior y de Capacitación, en el primer bienio el país se ubicó en el lugar 92, en el segundo bienio en el 109 y en el tercero en el 115. En calidad de matemáticas y ciencias, ocupamos el lugar 113, y en el segundo y tercer bienios, el 127 de 133 países de la lista de naciones analizadas de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
Las acciones que México ha implementado sobre la educación, no han sido favorables para miles mexicanos, la investigación realizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en la que se dio a conocer que en México existen 7 millones 248 mil 400 (22 mil 400 más que el año pasado) jóvenes que no estudian ni trabajan.
La frustración que padecen miles de jóvenes año con año, tanto en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde se encuentra la mayor concentración de instituciones de nivel medio y superior; como en todo el país, va de la mano con su muy pobre formación educativa y cultural, que se va acumulando desde la educación básica y tiene enormes consecuencias negativas en sus trayectorias de vida, laborales, en sus niveles de ingreso y de promoción ocupacional. La diferenciación y desigualdad que se vive en el conjunto del sistema educativo va desescolarizando, precisamente a partir de exámenes y pruebas, a grandes segmentos de la población en relación con su condición económica y familiar, su ubicación territorial, su sector social y cultural y hasta por razones de género. Los exámenes de ingreso que se realizan por parte de las instituciones de educación media superior y superior refuerzan estos elementos de inequidad y los reproducen en sus niveles escolares correspondientes.
Por lo tanto, la educación media superior y superior sigue siendo una tarea pendiente para los gobernantes y autoridades de educación pública. En 2012 los estudiantes que presentaron el examen único de ingreso al bachillerato en la zona metropolitana no tuvieron derecho a un lugar en las aulas del nivel medio superior. Asimismo, el vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), Javier Olmedo Badía, informó que de los 307 mil 23 aspirantes del concurso de ingreso a la educación media superior, 29 mil 973 tuvieron un puntaje inferior al que fijaron las escuelas que habían seleccionado.
El escenario nacional nos presenta una cifra alarmante, más de 40 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 18 años no estudia y cerca de 80 por ciento no cursa estudios universitarios; por lo que al cancelarse opciones y oportunidades de estudio se incrementa el rezago, la informalidad, el desempleo, la delincuencia y la pobreza de las familias, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Asimismo, este sexenio bajó la deserción en bachillerato de 19.3 por ciento a 14.3 por ciento. En cobertura consideró que en seis años se podrá alcanzar 85 por ciento para que el restante 15 por ciento se logre antes de 2022, límite establecido para obtener la cobertura universal en este nivel.
Consideramos también que la ausencia de una política presupuestal que cubra las necesidades de las instituciones educativas de este sector ha sido uno de los factores que ha incidido en el fracaso de la política pública educativa manifestándose en un grave deterioro en las condiciones no sólo de vida de los jóvenes de entre 15 y 23 años sino en una precarización de su entorno educativo.
En este sentido debemos, como sociedad, retomar los siguientes aspectos: redefinición de la educación media superior, vinculándola estrechamente al sistema educativo básico y proyectándola a la formación profesional técnica y universitaria; la conformación de un entorno social más favorable para los jóvenes, que los vincule a una situación de empleo y que genere una actitud crítica y humanística que proyecte una visión distinta a la sociedad actual; el establecimiento de apoyos emergentes para abatir el rezago y la deserción, así como una política de empleo para los profesionales de este sistema educativo que garantice el compromiso social de atención a este sector social.
Creemos también que los jóvenes no deben seguir siendo utilizados como parte de la política clientelar del sistema electoral mexicano y de todos los partidos políticos que en él se encuentran; se debe definir, por el contrario desde el propio Poder Legislativo una política educativa que promueva la afición por la educación, la investigación y la cultura que aliente una juventud crítica y participativa socialmente, con programas de empleo apropiados a su condición, y con garantías para que obliguen un salario mínimo estudiantil mientras permanecen en el bachillerato.
En medio de este escenario nacional, es creado el Instituto de Educación Media Superior del D.F (IEMS-DF), que garantiza el derecho a la educación consagrado en el artículo 3o. constitucional. Adicionalmente en el IEMS-DF, ha arrastrado más de 10 años el deterioro de las instalaciones, de mantenimiento y de seguridad en los diversos planteles, asimismo se encuentra en situación de riesgo.
El decrecimiento real de los presupuestos anuales del IEMS-DF se combina con la pérdida del salario real de los trabajadores, la obsolescencia de los equipos informáticos; la falta de equipos modernos en los laboratorios, el deterioro del equipamiento, el incumplimiento de la promesa electoral para construir cinco preparatorias más, el grave rezago en la regularización laboral de diferentes grupos de trabajadores, la carencia de recursos didácticos de primera calidad para las modalidades escolarizada y semiescolarizada, el retraso en la actualización de los programas de estudio y en los programas de capacitación laboral y formación académica.
El IEMS-DF surgió como un proyecto de vanguardia para instalarse entre los mejores proyectos de bachillerato a nivel nacional e internacional, y como prototipo de una educación crítica, científica y humanística, pero que aún no ha penetrado a cabalidad en la sociedad capitalina para hacerse valer como un sistema educativo de primera.
El IEMS-DF actualmente imparte educación por medio de las modalidades escolarizada y semiescolarizada, como se menciona en el informe de cuenta pública del año 2011:
Matricula escolarizado: 19 mil 224.
Matricula semiescolarizada: 5 mil 932.
Total: 25 mil 156.
La educación impartida a los 25 mil 156 alumnos se da a través de los veinte planteles ubicados en las dieciséis delegaciones del Distrito Federal.
Para dar este servicio educativo el IEMS-DF cuenta con mil 805 plazas del personal de estructura y técnico operativo, de acuerdo a l informe de cuenta pública de 2010. De estas plazas, aproximadamente mil 100 son de docente-tutor-investigador de tiempo completo y adicionalmente, existen 309 asesores contratados por honorarios para atender la modalidad semiescolarizada.
Sólo en el presupuesto de 2004 se observó un incremento muy importante, mientras que en el resto de los incrementos al presupuesto se observan aumentos nominales en su mayoría de un solo dígito, en un ejercicio fue menor al uno por ciento e incluso en el ejercicio 2006 fue de carácter negativo, es decir, hubo disminución presupuestal, aún sin considerar la inflación.
Así, el promedio anual de incremento es totalmente irregular y sólo para fines estadísticos puede establecerse que entre el año 2003 y el año 2012 bastaría que se hubiese aplicado un promedio de 9.3 por ciento por año para alcanzar el nivel actual.
En todo caso, basta considerar que solamente en el año 2012 la matrícula se incrementó 60.63 por ciento, aproximadamente, respecto de la matricula de 2006, mientras que el presupuesto de 2012 apenas es mayor 36 por ciento en relación al presupuesto de 2006.
De acuerdo a lo anterior, es necesario incrementar el presupuesto que se le asigna al IEMS-DF de 687 millones 532 mil, 691 de pesos, el cual fue aplicado para el ejercicio 2012, y fue insuficiente, por lo que la propuesta de incrementarlo a mil 200 millones de pesos resulta adecuada para poder atender los temas de servicios generales y de infraestructura, principalmente.
De esta manera, el Instituto de Educación Media Superior del DF cuenta con 20 planteles de los cuales 16 tienen la infraestructura correspondiente, para dar el servicio educativo y cuatro están sin instalaciones adecuadas y por el momento los estudiantes toman clases en aulas prefabricadas.
Por lo anterior es necesario terminar la construcción total de los cuatro nuevos planteles: Iztapalapa III (alumnos matriculados 360), Iztapalapa IV (alumnos matriculados 290), Venustiano Carranza (alumnos matriculados 343) y Álvaro Obregón II (alumnos matriculados 240), en donde un total de mil 233 alumnos (datos del informe de cuenta pública 2011) se encuentran sin instalaciones adecuadas, para llevar a cabo su formación académica.
Por lo que respecta a los otros 16 planteles, tienen una antigüedad de ocho a trece años (Primer plantel Iztapalapa I inaugurada en 2009), de acuerdo a esta información los planteles requieren de mantenimiento en lo que respecta desde pinta de edificios, de áreas administrativas, pizarrones, cubos, salones, etcétera, impermeabilizante, reparación y mantenimiento de fugas por el deterioro de tubería de drenaje y agua potable, mantenimiento correctivo y preventivo de las plantas de luz.
Asimismo, construir en cada plantel un área para el personal docente de la modalidad semiescolar, porque no cuentan con espacios suficientes y adecuados para sus actividades, además que de acuerdo a la igualdad en derechos laborales deben contar con un espacio para atender a los alumnos y para desarrollar sus actividades docentes.
La adecuación de espacios para el archivo de las áreas administrativas, asimismo del equipo de cómputo y de digitalización de los documentos para facilitar la búsqueda y el almacenamiento.
Para el rubro de materiales y suministros, fue considerado para el año 2011 una cantidad 13 millones 936 mil 587 pesos, pero de acuerdo al informe de la cuenta pública de ese año, el presupuesto destinado fue de solamente de 5 millones 483 mil 534.09 pesos, este ajuste se vio reflejado en el poco suministro de material de papelería como es el papel bond tamaño carta, oficio y doble carta, los cuales son de gran demanda por la comunidad del plantel, así como el tóner para las impresoras, focos para proyector de acetatos, por mencionar algunos.
La ubicación de los planteles en zonas marginadas hace que el suministro de energía eléctrica sea de continuas fallas, por lo que una planta de luz en los plantes es indispensable, por lo que es importante tener el suficiente diesel para mantenerlas en uso continuo.
Por falta de presupuesto los laboratorios de ciencias continuamente carecen de material básico como alcohol, vaselina, agua destilada, etcétera, y por ello no se llevan a cabo prácticas en los laboratorios.
En el área de biblioteca es necesario contar con material para encuadernar, reparar y dar mantenimiento al acervo bibliográfico del plantel, asimismo que los planteles cuenten con suscripciones a medios electrónicos y escritos.
En el área de sistemas se requiere el material para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo.
En servicios personales, la retabulación de tres niveles para personal administrativo es importante, porque a lo largo de la vida del IEMS han cambiado las funciones que tenían de origen, como es el caso de los trabajadores del área de sistemas a quienes se les está encargando el trabajo del mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos, asunto que lo llevaba una empresa externa, la cual fue retirada por la falta de presupuesto.
En el caso de los asesores del sistema semiescolarizado, contratados por honorarios y pago por horas, no cuentan con estabilidad en el empleo, seguridad social y prestaciones laborales, ni siquiera con las condiciones que ya se están brindando a los asesores de la preparatoria de Tepito, a cargo de la Secretaría de Educación de gobierno del Distrito Federal, donde se les contrata también por honorarios por medio tiempo, con un pago de 8 mil pesos mensuales y si se les cubre el pago de aguinaldo y vacaciones.
En el área de biblioteca no se previó la necesidad de mantenimiento del acervo, pero el material ya necesita reparación continua por el uso frecuente que hacen los alumnos a los libros.
En todos los laboratorios de ciencias se requiere de asistentes de laboratorio, el turno matutino cuenta con un técnico y un asistente, y en el vespertino sólo se cuenta con un técnico, y las cargas de trabajo son iguales para ambos turnos, por lo que pone en desventaja y se le exige más al personal del turno vespertino, por eso es necesario la contratación de ese personal.
En el área de secretariado, servicios escolares y servicios generales se ha aumentado la carga de trabajo por el aumento de alumnos y de actividades.
En el área de inventarios estipular el mismo horario que tiene el demás personal para que se contrate otra persona que atienda los dos turnos. Se requiere contar con una reserva para incrementar el apoyo económico de las prestaciones económicas que están estipuladas en el CCT como son: para la compra de lentes, ortopedia, defunción y tesis, cuando se lleve a cabo la revisión contractual.
Programa para cursos de capacitación para el personal de las distintas áreas administrativas y cursos de actualización para el personal docente.
Para el rubro de mobiliario, maquinaria y equipos, los apoyos electrónicos para las actividades académicas como son televisores, grabadoras, reproductores de devedé, cañones y proyectores de acetatos, en su mayoría ya no funcionan, en algunos casos se requiere de reparación o reponer el equipo.
Por el lado del equipo para el uso del personal como son los hornos de microondas, cafeteras y despachadores de agua casi en totalidad no funcionan, y en este caso sí es necesaria la renovación del equipo porque la reparación es más costosa que adquirir un aparato nuevo.
En el área administrativa se encuentran descompuestos los aparatos de fax y se requiere de mantenimiento en el conmutador.
Renovar el equipo de computo en el área administrativa: secretarias, servicios escolares, inventarios, laboratorios y en biblioteca, para dar un mejor servicio a los alumnos y porque el equipo ya no tiene la capacidad para desarrollar el trabajo encomendado.
En servicios generales abastecer con el equipo y material necesario para llevar a cabo las reparaciones y mantenimiento que se presenten.
Cambio total de las sillas secretariales en las áreas administrativas y sillones de los profesores, esto porque están en mal estado por el uso frecuente.
De acuerdo a lo anterior, compartimos la solicitud de incremento del presupuesto destinado al Instituto de Educación Medias Superior del DF, para que se le asigne la suma de mil 200 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2013.
Finalmente, consideramos que aún estamos a tiempo de realizar un análisis más profundo sobre las necesidades del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, del presupuesto que requiere y su distribución específica en los diversos conceptos de gasto, motivo por el cual les haremos llegar nuestras consideraciones y propuestas.
Por lo tanto, dados los acontecimientos mencionados, es urgente que los gobiernos federal y del Distrito Federal, incrementen los lugares en las escuelas de nivel medio superior y superior, para frenar el creciente rezago educativo y mejorar los niveles de escolaridad. Estamos ciertos que la educación constituye la mejor alternativa de desarrollo para nuestra ciudad y para todo el país, en la perspectiva de que la educación es una inversión y no un gasto burocrático.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que considere en la aplicación de la partida presupuestal, para el ejercicio fiscal de 2013, destinada al Instituto de Educación Media Superior (IEMS), un presupuesto congruente para que incremente el gasto de inversión en educación, con el crecimiento de matrícula, fomento al desarrollo de proyectos de investigación y extensión en su infraestructura y actualización de programas y de estudios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud y al director del Instituto Nacional de Perinatología a culminar los trabajos de ampliación y resolver los problemas internos de éste, para beneficio de los pacientes, a cargo del diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, 76, fracción IV, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, en su artículo 1º establece que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el Sector Salud.
El objetivo principal de dicho organismo es prestar servicios de salud reproductiva y perinatal, la investigación científica, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad con el propósito de resolver de manera óptima problemas de alto riesgo materno, perinatal y ginecológico.
En el primer semestre del año 2012, el Instituto otorgó 69,494 consultas de las cuales 4, 701 fueron de valoración, 11, 876 consultas de primera vez, 42,941 subsecuentes y 9,976 de urgencias.
Un total de 3, 295 cirugías se realizaron en el mismo periodo, se atendieron un total de 2,060 nacimientos, dichos datos se traducen en una constante carga laboral y un alto número de pacientes que acuden a este instituto con la finalidad de ser atendidos con eficiencia y eficacia.
Sin embargo, un medio de comunicación dio a conocer hace algunas semanas que los trabajos de ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Inper llevan seis años y aun no han sido terminados.1 De acuerdo con dicha publicación, en el año 2006, el Instituto celebró contrato de obra pública número OP/005/2006 con la empresa Legar Diseño y Construcción, S.A. de C.V., para la construcción de la obra, consistente en la ampliación y remodelación de UCIN y Uciren. Posteriormente, salió a la luz que existió un presunto incumplimiento por parte de dicha empresa. Derivado de ello, el instituto interpuso una demanda, la cual aun no se resuelve y por lo tanto no se ha ejercitado acción penal en contra de los probables responsables.
En este mismo año, se celebró otro contrato de obra pública de número OP/006/2006 con la empresa Grupo Lacem, SA de CV, específicamente el 21 de diciembre de 2006, para la terminación de la obra de ampliación y remodelación de dichas unidades. De nuevo, se dio por terminado el contrato de manera anticipada.
Aunado a ello, el diario reportó se han presentado otros problemas de carácter administrativo como es el caso de las áreas de limpieza, a pesar de que existe en el Instituto una unidad denominada Subdirección de Recursos Materiales y Conservación que tiene la obligación de controlar, supervisar y evaluar los servicios subrogados de limpieza, con el propósito de verificar que los servicios sean proporcionados en tiempo y forma, así como con la calidad establecida en los contratos de servicios.
En dichas áreas se han presentado problemas en cuanto a la higiene, ya que han existido constantes cambios de las empresas dedicadas a esta labor. El trabajo que desempeñan estas empresas debe ser continuo, en caso contrario se cae en el problema de que a los empleados se les expliqué de nuevo la importancia de su labor, en este caso de la higiene en los quirófanos, laboratorios, consultorios, etc.
El Instituto se ha caracterizado porque la atención médica que brinda a los pacientes es oportuna y de calidad, sobre todo a los recién nacidos que tienen alguna enfermedad que pone en riesgo su vida y que mediante el tratamiento adecuado se han recuperado. Esta función no debe ser alterada, por problemas internos administrativos, ni por falta de un lugar físico para poder atenderlos.
Nuestra obligación es realizar los esfuerzos necesarios para impulsar actividades encaminadas a garantizar el Derecho a la Salud, tal como lo establece el artículo 4º de la Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al director del Instituto Nacional de Perinatología para que culminen los trabajos de ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, así como resolver los problemas internos del mismo, para beneficio de los pacientes.
Nota
1 “Instituto Nacional de Perinatología: 6 años de trabajos de ampliación, sin avances. Falta de limpieza y de estacionamiento, los mayores problemas.” La Jornada. 13 de octubre de 2012. Consultado en http://www.jornada.unam.mx/2012/10/13/index.php?section=sociedad&ar ticle=034n2soc
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de diciembre de 2012.
Diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las dependencias y las entidades competentes para realizar en el ámbito de sus atribuciones un estudio sobre las condiciones climáticas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, y determinar la correcta clasificación de la tarifa eléctrica que le corresponde, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Carlos Alberto García González, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las dependencias y a las entidades competentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen un estudio sobre las condiciones climáticas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la correcta clasificación de la tarifa eléctrica que le corresponde, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
A muchos motivos obedecen los cambios radicales de clima que se presentan en el planeta, que han provocando graves afectaciones, como inundaciones, fríos extremos o temperaturas demasiado elevadas que llegan a superar 40 grados Celsius, de las cuales se deriva en muchas ocasiones la falta de abastecimiento de agua, lo que a su vez origina graves enfermedades y sequías que dejan sin fuente de trabajo a miles de personas que dependen del campo, entre otras afectaciones.
Ante tales circunstancias, ciudadanos de diversos estados implantan instrumentos en sus hogares que les permitan contrarrestar las afectaciones provocadas por el clima. Entre otras, podemos mencionar que en época de primavera y verano la instalación de aire acondicionado y ventiladores ayuda a disminuir considerablemente el calor. Por el contrario, en época de invierno algunos estados padecen temperaturas menores de 0 grados, por lo que el uso de calentadores eléctricos se vuelve accesorio de primera necesidad para contrarrestar el frío.
Derivado de lo anterior, el consumo de energía eléctrica suele ser mayor principalmente en la zona norte del país, donde muchos municipios se sitúan en medio de zonas áridas y calurosas, y en época de invierno las temperaturas congelantes se hacen presentes.
Hoy vengo a exponer ante la Cámara de Diputados la situación prevaleciente en Tamaulipas. De acuerdo con los registros promedio obtenidos durante varios años en las unidades termométricas de algunos municipios, la temperatura promedio no baja de 30 grados Celsius desde los seis meses previos a octubre. Este hecho lo confirman los datos del Servicio Meteorológico Nacional, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.
Caso particular es Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos y a unos minutos de la costa del Golfo de México. La temperatura llega a superar 40 grados Celsius; los habitantes se ven obligados a recortar su presupuesto a fin de poder solventar los servicios de electricidad proporcionados por el gobierno, y así enfrentar los climas extremos.
El Acuerdo por el que se autoriza modificar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio del presente año, para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados Celsius, maneja un consumo básico de hasta 175 kilovatios por hora. Éste, en el mejor de los casos, permite utilizar electrodomésticos esenciales como refrigerador, algunos otros aparatos de bajo consumo y un número limitado de focos para iluminar el hogar. Por tal razón, una familia que tenga la necesidad de utilizar un sistema de enfriamiento artificial hace consumos correspondientes a segmentos tarifarios de alto costo, lo cual incide de manera directa en el gasto y el nivel de bienestar de las familias.
El planeta se encuentra en una recuperación económica, a efecto de la crisis que comenzó en 2008 y tuvo trascendencia mundial, afectando de manera considerable a nuestro país, por lo cual hoy muchos ciudadanos no cuentan todavía con un empleo estable que les permita enfrentar los gastos de primera necesidad en el hogar, y mucho menos las elevadas cuotas que tienen que pagar por consumo de energía eléctrica.
En la actualidad, el esquema de tarifas vigente ha alcanzado altos niveles de refinamiento. Su objetivo primordial es llevar energía y oportunidades a todos los pobladores del territorio nacional, teniendo como prioridad las regiones donde los ciudadanos no tienen acceso, en muchas ocasiones, a los servicios básicos. Sin embargo, consideramos que aún pueden propiciarse avances de consideración, por lo cual es de nuestro interés aportar elementos que muchas veces se desconocen sobre la problemática vivida en algunas regiones del país.
En ocasiones, las familias de escasos recursos se concentran en espacios reducidos a fin de utilizar los sistemas de enfriamiento, sin sobrepasar en el hogar los niveles de consumo que les permiten el acceso a tarifas preferenciales. De otro modo, una familia tamaulipeca que con esfuerzo genera ingresos para procurarse un nivel de vida mínimamente digno, acaba dedicando una proporción importante del sustento al gasto en energía eléctrica durante la época de verano.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los ingresos de los hogares, los seis primeros deciles (60 por ciento con menores ingresos) concentran 26.7 por ciento, mientras que el último decil recibe 36.3 de los ingresos. Por lo que se refiere al gasto corriente monetario, la alimentación es el rubro en el cual gastan más los mexicanos: representa 33.6; el gasto en transporte, 18.4; la educación y el esparcimiento, 13.5; y la vivienda y el combustible, 10.
Las familias más pobres son las más sensibles ante el pago de la energía eléctrica: se estima que la población con más bajos ingresos; es decir, la agrupada en los deciles I, II y III, participa en cerca de 12 por ciento del gasto en la electricidad, lo que significa aproximadamente 26 por ciento de los hogares que demandaron electricidad en México.
Para ser más específicos, los estratos I, II y III gastan para el consumo de electricidad 4.7, 3.5 y 3.3 por ciento, respectivamente, del ingreso; mientras, los estratos VII, VIII, IX y X asignan sólo 2.6, 2.4, 2.0 y 1.5. Ello muestra que en términos porcentuales, las familias que menos ingresos tienen destinan más recursos al pago del servicio de electricidad, lo cual representa gran desigualdad.
La situación se agrava en los estados donde se presentan altas temperaturas a lo largo de casi todo el año, pues ahí la demanda y el consumo son mayores que el promedio nacional.
Una revisión detallada de los rangos de consumo para los que aplica cada nivel tarifario podría aportar nuevos elementos para llevar energía a quienes la necesitan en las condiciones más extremas.
La propuesta para llevar a cabo una reclasificación de las tarifas eléctricas ha sido uno de los temas prioritarios para diversos grupos parlamentarios; tiene como principal propósito el beneficio generalizado en los gastos cotidianos de las familias que habitan principalmente en el norte del país. Por ello es de mi interés propiciar ajustes que respondan a las verdaderas necesidades de la población en época de verano.
Por ello, como legisladores debemos llevar a cabo los instrumentos necesarios para que el Ejecutivo federal, a través de las dependencias correspondientes, lleve a cabo un estudio en las regiones con altos consumos de energía eléctrica en la época de verano a fin de determinar la conveniencia y actualizar la clasificación de las tarifas eléctricas vigente, en virtud de que con los altos costos del servicio de energía eléctrica los ciudadanos que habitan en Matamoros resultan los más afectados por las altas temperaturas de verano.
Sin duda, con lo anterior podremos permitir a la población que lo requiera usar aparatos eléctricos para contrarrestar las temperaturas y sin la preocupación de limitar el presupuesto para pagar los elevados costos de electricidad.
En virtud de lo expuesto me permito presentar ante la Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a realizar dentro de sus atribuciones un estudio sobre las condiciones climáticas en Matamoros, Tamaulipas.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a determinar, una vez que se tengan los resultados del estudio, la correcta clasificación de la tarifa eléctrica correspondiente a Matamoros, Tamaulipas, en términos de la legislación aplicable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a convocar a una consulta pública sobre el nuevo paradigma del combate del narcotráfico y de la delincuencia organizada, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. Según datos del Informe Mundial de Drogas de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas, el cannabis es la sustancia ilícita más consumida mundialmente ya que existen entre 119 y 224 millones de consumidores de cannabis en todo el mundo.
Segundo. México aporta el 2 por ciento de los consumidores de cannabis a nivel mundial y junto con Estados Unidos está en el grupo de países de mayor producción de dicha sustancia, lo cual ha generado la ampliación de las redes de la delincuencia organizada en nuestro país, así como la infiltración de los grupos criminales en las estructuras gubernamentales de todos los niveles y en los circuitos financieros locales, nacionales y globales.
Tercero. Ha quedado demostrado que la política prohibicionista y punitiva que se ha impulsado globalmente desde hace décadas y de la cual México ha sido parte, resultó ser un fracaso porque no ha logrado evitar el incremento en el consumo de las sustancias prohibidas. Además, estas políticas tampoco han tenido la capacidad de vulnerar las estructuras financieras de las redes criminales. Por lo mismo, esta estrategia no ha podido reducir la violencia que en este sexenio cuenta con un saldo de más de 60 mil muertos relacionados con el crimen organizado.
Cuarto. En 2008, los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo; de Colombia, César Gaviria y de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, impulsaron la creación de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, promoviendo la despenalización –no la legalización– de la marihuana.
Quinto. En 2009 el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Ejecutivo federal para despenalizar el consumo de sustancias psicotrópicas.
Sexto. En años recientes varios estados de la Unión Americana han dado importantes pasos para la despenalización y la regulación de la marihuana y ya son 18 estados que han decidido establecer la llamada cannabis médica, como es el caso de California.
Séptimo. En la LXVII reunión de la Asamblea General de la ONU, el presidente Felipe Calderón declaró como parte de las alternativas globales que deben considerarse para combatir al narcotráfico, la necesidad de abrir el debate para legalizar el consumo de drogas en países de América Latina.
Octavo. En noviembre pasado, los ciudadanos de Colorado y Washington votaron por la regulación del consumo de la cannabis para fines recreativos.
Vale la pena preguntarse si es pertinente mantener la “guerra” para que la cannabis no ingrese a Estados Unidos, cuando en ese país ya está permitida. Recordemos que la mayor parte de la marihuana que se produce en México se consume en dicho país. Es evidente que necesitamos cambiar el paradigma para construir políticas de Estado más eficaces en la lucha contra las adicciones y contra el manejo ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Es decir, una estrategia en la que predomine una visión de salud pública.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que la Cámara de Diputados convoque a una consulta pública sobre el nuevo paradigma para el combate al narcotráfico y la pertinencia de regular sustancias prohibidas como la cannabis e implementar programas para la prevención y atención de las adicciones.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de San Luis Potosí a esclarecer el caso de Carla Pontigo, fallecida en octubre pasado, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
En la madrugada del 28 de octubre, falleció la joven Karla del Carmen Pontigo Luccioto de 22 años, en el antro Play de la Ciudad de San Luis Potosí, a un mes de estos hechos aún no se ha esclarecido el caso, mismo que presenta graves inconsistencias en la investigación.
Según versiones de la familia, Karla fue obligada a trabajar horas extras para reponer su ausencia en días pasados, lugar en donde ocurrieron los lamentables acontecimientos y que señalan a Pedro Jorge Vasilakos Reyes, dueño del lugar como presunto responsable.
La Procuraduría General de Justicia del Estado a cargo de Miguel Ángel García Covarrubias, quería dar carpetazo a este caso haciéndolo pasar como en muchas ocasiones, como un accidente, sin embargo la familia presentó una queja solicitando les fuera entregado el expediente en donde se presume existen irregularidades.
El director general de Canalización, Gestión y Quejas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pablo Loredo Oyervidez, indicó que “están en espera de que la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) les entregue el informe respecto a las averiguaciones previas de la muerte de la edecán, para poder detectar irregularidades en la integración del caso. Asimismo, aseguró que se ha solicitado copia de todos los exámenes periciales para analizar la actuación del Ministerio Público y descartar alguna alteración por parte de las autoridades.” Debido a que la Procuraduría General de Justicia del Estado comenzó a investigar días después de que ocurrirá el deceso.
Sin embargo, las averiguaciones realizadas por el abogado de la familia indican la existencia de heridas en distintas partes del cuerpo, múltiples hematomas en la cabeza y piernas, además de indicios de violación, datos que ha desmentido el Ministerio público; incluso se habla de que el fallecimiento de Karla fue por las hemorragias internas que no pudieron ser controladas; todo esto quería ser opacado por la PGJE al considerarlo como “accidente”.
El pasado 16 de noviembre se comunicó que se había otorgado la suspensión provisional solicitada “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se prive de la libertad a Pedro Jorge Vasilakos Reyes, con motivo de la orden de aprehensión y su ejecución reclamada”, así como una suspensión provisional para evitar el arraigo.
Sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito decidió en audiencia incidental negar la suspensión definitiva solicitada por Vasilakos, como parte del juicio de amparo indirecto referente a las investigaciones sobre el caso, publicado en síntesis como parte del expediente 1399/2012, que estipula: “por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución General de la República, 131, 132, 192 y relativos de la Ley de Amparo se Resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada”.
Con los indicios de la evidente falta de la PGJE por atender el caso conforme a lo establecido, hoy el empresario Pedro Jorge Vasilakos Reyes se encuentra prófugo de la justicia, ayudado de las irregularidades de la investigación.
A propósito del caso, cabe mencionar que en San Luis Potosí el feminicidio ya se encuentra tipificado como tal en la legislación local y según informes de organizaciones dedicadas al tema, se tiene conocimiento de que en 2007 existieron 17 casos, en 2009, 31; mientras que en 2011, 51.
Punto de Acuerdo
Primero: Lo establecido en el Título Primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de San Luis Potosí, referente a las disposiciones generales:
La Procuraduría General de Justicia del Estado es la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal en la que se integra la Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares directos, estos son la Policía Ministerial del Estado y la Dirección de Servicios Periciales, Criminalística y Medicina Forense. Las funciones de esta institución son las siguientes:
1) Perseguir los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado.
2) Velar por la legalidad, la convivencia social, promover la pronta, completa e imparcial procuración de justicia.
3) Protección de intereses de los menores, así como los derechos individuales y sociales en los términos que determinen las leyes.
Segundo: Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de San Luis Potosí, esclarezca el caso de Karla Pontigo, fallecida el pasado mes de octubre.
Dado en el salón de sesiones de San Lázaro a los 3 días del mes de diciembre del 2012.
Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y del GDF a difundir por la SSP y las Procuradurías Generales de Justicia de su administración los resultados de la operación de seguridad instalada para salvaguardar el Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de diciembre de 2012, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en los términos siguientes:
Es inevitable abordar el tema de la violencia que se presentó en torno del operativo de seguridad para resguardar las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 1 de diciembre de dos mil doce. Para poder emitir un posicionamiento sobre los hechos ocurridos, es indispensable contar con información objetiva que permita distinguir el origen y la conducción de los actos violentos para efecto de deslindar responsabilidades de los actores involucrados y las consecuencias de sus actos.
Conforme a la información difundida por los diversos medios de comunicación y redes sociales, existen diversos documentos, grabaciones e imágenes tanto de las dependencias de seguridad como de los medios de comunicación, que arrojan datos que distinguen las expresiones de protesta e inconformidad social, de aquellos actos violentos que se usan para justificar la denostación y censura de la sociedad civil que se expresó contra la política de la imposición y la corrupción. Asimismo, existe información que permite trazar una ruta para evaluar a los cuerpos de seguridad federal y del Distrito Federal en los operativos de contención y de resguardo de la ciudadanía y sus propiedades, delineando casos de omisión y en otros el uso excesivo de fuerza policiaca que presume violación de derechos humanos y lesiones a manifestantes.
Desde los primeros minutos del día 1 de diciembre de dos mil doce, se llevó a cabo la transferencia de poderes. Por lo que existe responsabilidad en la coordinación de fuerzas policiacas para conocer el origen de provocaciones y organización de actos de violencia durante la protesta social.
Los actos de violencia que se desarrollaron en el marco de una protesta social pacífica en torno del Palacio Legislativo de San Lázaro no pudieron ser contenidos y disuadidos por la fuerza de la seguridad pública a cargo de los gobiernos federal del Distrito Federal.
En calles y avenidas del centro histórico, en donde sucedieron actos de vandalismo, operaban cuerpos de seguridad pública federal y del Distrito Federal, con mandos que están obligados a transparentar sus informes y los resultados de la coordinación de los operativos de contención. De igual forma, en varios puntos del centro histórico existen videograbaciones del sistema de seguridad del gobierno del Distrito Federal que pueden aportar información para conocer la verdad de los hechos y deslindar responsables.
Por lo que se presentan los siguientes
Puntos de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero: Se exhorta a los titulares de los gobiernos federal y del Distrito Federal para que a través de las Secretarías de Seguridad Pública y las Procuradurías de Justicia de sus instancias de gobierno, hagan pública la información obtenida en el proceso de investigación y determinación de presuntos responsables de los hechos violentos sucedidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en calles y avenidas del centro histórico de la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre de dos mil doce.
Segundo: Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a resguardar los derechos de los detenidos y de las víctimas consecuencia de los hechos violentos sucedidos en el Palacio legislativo de San Lázaro y en las calles y avenidas del centro histórico de la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre del año en curso.
Distrito Federal, Palacio de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar procedimientos administrativos y presupuestarios para que en los centros de salud rurales se disponga de un médico residente de base, a cargo del diputado Noé Barrueta Barón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Salud, realice los procedimientos administrativos y presupuestales necesarios para que en los centros de salud rurales se disponga de un médico residente de base para la atención de los pacientes de las comunidades donde se encuentren ubicados, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En marzo de 2008, en la ciudad de Kampala, Uganda; se llevó a cabo el primer Foro Mundial de los Recursos Humanos para la Salud de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, auspiciado por la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario y el Gobierno de Uganda. De dicho Foro se desprendió la “Declaración de Kampala y las prioridades para la Acción Internacional”, en la cual se reconoció el déficit mundial del personal de salud que era de 4 millones de agentes para la prestación de los servicios básicos de salud, entre ellos casi 2.3 millones de médicos.
Asimismo, se puntualizó que la falta de personal sanitario - entendido como aquel trabajador que realiza funciones esenciales de salud pública determinadas por la OMS-, es uno de los principales elementos que contribuyen al debilitamiento de los sistemas nacionales de salud, así como al desequilibrio regional que existe en su ubicación, por lo que la Organización Mundial de la Salud, de la que México es miembro, hizo un llamado urgente a los gobiernos de los países para tomar acciones concretas y revertir esta situación. Entre estos llamados propuestos en la Declaración de Kampala están los de “...aumentar de inmediato la cantidad de agentes comunitarios y de crear incentivos adecuados para la retención y distribución equitativa de los recursos humanos de la salud...”
Por otro lado, en el año de 2008 el Instituto Nacional de Salud Pública y la Fundación Mexicana para la Salud publicaron un primer ejercicio sobre los recursos humanos en salud con los trabajadores de los sistemas estatales de salud y de los programas federales que prestaban sus servicios a población sin acceso a la seguridad social. Este estudio identificó a poco más de cinco mil unidades básicas de atención de primer nivel, y sin considerar al personal administrativo clasificó a 27 categorías ocupacionales con poco más de 127 mil personas en el sector salud.
Para 2010 y según datos del Informe de Rendición de Cuentas en Salud, las instituciones públicas de salud contaban con 156 mil 146 médicos en contacto con los pacientes médicos especialistas (cifras que incluye a los recursos humanos de estas categorías que se encuentran en formación, pero que no incluye a los odontólogos ni a los pasantes de esta categoría), lo que se tradujo en una disponibilidad de 1.4 médicos en contacto con el paciente por cada mil habitantes en total y de 0.7 médicos generales y de médicos especialistas por mil habitantes, respectivamente.
La mayor disponibilidad de médicos generales se registró en Coahuila con 1.4 y en Campeche y Colima con 1.3 médicos por mil habitantes en cada uno de ellos; en contraste, la menor disponibilidad se registró en las entidades de Baja California y en el Estado de México, con 0.4 médicos generales por mil habitantes, respectivamente.
Recientemente el Sexto Informe de Gobierno 2012 de la Secretaría de Salud, reporta la existencia de 1.6 médicos por cada mil habitantes como promedio nacional, siendo el DF la entidad con mayor índice con un total de 3.2 médicos por cada mil habitantes. Así como la creación de mil 152 plazas médicas en lo que va de este año. Actualmente en el sector Central –unidades médicas de la Secretaría de Salud y los institutos nacionales de Salud (Insalud), existen 9 mil 50 médicos residentes en todo el país.
Adicionalmente la Ley General de Salud prevé en su artículo 84 la obligatoriedad de los pasantes de los profesionales de la salud, la prestación del servicio social prioritariamente en las áreas de menor desarrollo económico y social como una forma de contribuir paralelamente a la formación de recursos humanos, y que el alumno se integre al proceso de desarrollo de la comunidad como un factor esencial para el cuidado de la salud.
A pesar de lo antes expuesto, el servicio social cuando llega a su fin da paso a un periodo donde los Centros de Salud rurales quedan sin atención de primer nivel para los habitantes de las mismas comunidades. Con ello la incertidumbre, los gastos de traslado cuando es necesario acudir a un centro de atención de segundo nivel u hospital regional y el tiempo que transcurre entre la salida y la llegad del nuevo pasante de medicina, impacta negativamente en la atención de los servicio médico de primer nivel.
La problemática descrita, se podría resolver si un profesional de la salud titulado se hiciera responsable de la atención en este tipo de unidades médicas, sin afectar la prestación del servicio social. Sería idóneo que la atención para las comunidades más desprotegidas y carentes de servicios básicos tuviera mínimamente asegurada y de forma permanente la atención médica de primer nivel.
Por otro lado, es menester señalar que un estudio publicado en la Revista Panamericana de la Salud en 2010, realizado por la Universidad Veracruzana cuyo objetivo fue identificar hasta dónde los pasantes de enfermería, medicina y odontología que realizaron su servicio social en México entre 2006 y 2008 poseían las competencias profesionales requeridas para ejercer la profesión, arrojo los siguientes datos:
1. Al revisar los resultados de los exámenes generales para el egreso de la licenciatura, aplicados por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior a los egresados de las carreras de enfermería, medicina y odontología en el periodo antes mencionado, se obtuvo como resultado que de 39 mil 824 egresados examinados de las tres carreras en el periodo considerado, 12 mil 845 no contaban con las competencias profesionales mínimas.
2. En enfermería, del total de examinandos en los tres años, 3 mil 765 (30,2%) mostraron desempeño no suficiente; en medicina, 6 mil 704 (32,7%), y en odontología, 2 mil376 (34,1%)., a pesar de ello, todos ejercían, o habían ejercido, como profesionistas, con el respaldo de la normatividad correspondiente y formando parte del personal de salud de las instituciones de salud (aproximadamente 11% de la fuerza de trabajo en esas profesiones, en la Secretaría de Salud).
Con el estudio referido, se demostró que los pasantes que son la base de la atención de salud de la población rural, aproximadamente una tercera parte de ellos no tienen las competencias profesionales mínimas, por lo que la supervisión de un médico residente de base ofrecerá una supervisión académica y profesional estrecha durante el término de la pasantía, garantizando una atención de calidad a los usuarios.
México debe redoblar esfuerzos en cumplir no sólo con la Declaración de Kampala de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, sino más importante aún, debe cumplir con darle a los menos favorecidos la oportunidad de contar con un servicio de atención a la salud garantizado por un profesional médico y que tenga la oportunidad de la permanencia garantizando su salario y sus prestaciones respectivas del sector. Todo ello bajo una coordinación de los servicio de salud rurales con los servicios de salud urbanos ya que deben ser complementarios.
Por lo anteriormente descrito y con fundamento en artículo 79 fracción II del Reglamento de la cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Que la Secretaría de Salud realice los procedimientos administrativos y presupuestales necesarios, para que en los centros de salud rurales se disponga de un médico residente de base para la atención de los pacientes de las comunidades donde se encuentren ubicados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputado Noé Barrueta Barrón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a generar por las Secretarías de Salud, y de Educación Pública acciones y políticas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79 numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México cuenta con alrededor de 22 millones de personas entre los 10 y 19 años de edad, los cuales representan 19.6% de la población total, lo anterior, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, también se indica que, 11 millones tienen entre 15 y 19 años (9.8%). Se espera que el volumen de adolescentes en el país decrezca en los años venideros, así como su peso relativo. Además, 25.7% de los adolescentes del país residen en localidades rurales y 6.3% son hablantes de lengua indígenas. 49.9% de las personas entre 15 y 19 años son mujeres (5.5 millones), quienes representan casi la sexta parte de la población femenina en edad fértil del país (30.7 millones).
Entre las adolescentes de 15 a 19 años, 82.8% son solteras, 16.0% están unidas y 1.0% lo ha estado alguna vez. La proporción de adolescentes unidas se ha mantenido estable en el tiempo, pues en 2000 eran el 16.2%. 686 mil 511 adolescentes, es decir 12.4%, tenían al menos un hijo nacido vivo al momento del censo,1 y seis de cada diez mujeres adolescentes reportaron no haber usado ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Esta situación no sólo aumenta el riesgo de un embarazo no planeado, también el riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH/sida.
A pesar de los avances logrados actualmente en el tema de salud sexual y reproductiva, aún es elevado y preocupante el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, esto representa un desafío para nuestro país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como al “período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, y el transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio – económica” y fija sus límites entre los 10 y 20 años.
Es considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el punto de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un caso especial.
La adolescencia, es el período de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo.
La fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre las clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones económicas, ella podría descender. Sin embargo, la disminución de las tasas de fecundidad adolescente está cada vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas globales hace que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países realicen mayores inversiones en sus sistemas educacionales y de salud, para alcanzar la solución que el problema demanda.
Salvo que el tener un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de adolescentes, generalmente conocer que se encuentran en el inicio de un periodo de gestación, no planeada, es entonces el inicio de una situación que marca escenarios de difícil solución. El embarazo entonces es considerado como una situación problemática por los involucrados pero, si se considera al embarazo en la adolescente como un “problema”, se limitaría su análisis. Por ello es conveniente encuadrarlo dentro del marco de la “salud integral del adolescente”, esto permite abarcar todos los embarazos que ocurran a esta edad; adecuar las acciones preventivas dentro de la promoción de la salud; brindar asistencia integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas y aportar elementos para el desarrollo de las potencialidades de los adolescentes.
Como resultado del embarazo adolescente, es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras oportunidades para lograr buenos empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación.
Además, en la adolescente se tiene poca conciencia de salud, resultando muy difícil asumir un autocuidado debido a las circunstancias en que ocurrió el embarazo –generalmente no deseado- y las dificultades que éste le plantea. No tiene tiempo para pensar que debe concurrir regularmente a la consulta, ni comprende la importancia de los estudios complementarios, interpretándolos como castigo.
Por ello, no es difícil que en el desarrollo del mismo se presenten problemas como; trastornos digestivos, abortos espontáneos, anemia, infecciones urinarias, hipertensión arterial, etc. Lo anterior, se marca como un problema relevante en nuestro país, sobre todo en las mujeres de 12 a 15 años, ya que en estas edades constituye un elevado riesgo para la salud tanto de la madre como del hijo.
Asimismo, la prevención de la mortalidad materna en adolescentes se basa en la detección precoz de los grupos de mayor riesgo, y el adecuado tratamiento de la morbilidad obstétrica y perinatal, optimizando los recursos. De esta manera, los riesgos enfermar y morir, no serán un problema de la edad cronológica, sino de la calidad, cobertura y accesibilidad de los servicios de salud para las madres adolescentes.
Se considera que sería innecesario llegar a este punto, sí se contara con educación sexual desde los primeros años de la educación básica, se eliminara la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos, el que haya profesoras y profesores poco preparados y/o temerosos de versar sobre el tema con su alumnado y también por la cerrazón de gobiernos que obstaculizan políticas públicas en la materia.
Las decisiones sobre la conducta sexual y reproductiva son trascendentes para el desarrollo futuro de las personas, de sus hijos e hijas y de sus parejas. El embarazo no planeado es una de las amenazas para el desarrollo integral de los y las adolescentes, ya que esta situación no esperada puede poner en peligro la salud de la mujer y retrasar o suspender los procesos de capacitación para la vida y para el trabajo productivo. El ejercicio de la sexualidad es un derecho humano, el cual debe ejercerse con responsabilidad. También, los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios.
Muestra de ello, es que las cifras de embarazo en este sector de la población son alarmantes, debido al estancamiento del uso de métodos anticonceptivos por su ausencia en los centros de salud y servicios médicos, las autoridades federales, estatales y municipales han abandonado su responsabilidad de impulsar campañas para prevenir embarazos, se ha abandonado la promoción de uso de anticonceptivos y en sector salud y la Secretaría de Educación Pública, han dejado de orientar a los padres y jóvenes adolescentes en la importancia de cuidarse cuando inician su vida sexual.
Para prevenir los embarazos en adolescentes es importante incorporar en la formación escolar la educación sexual, abordando el tema sin prejuicios y limitaciones para evitar que la falta de información sea un factor que impulse a las mujeres a ser madres desde temprana edad. Así como implementar campañas informativas y distribución de métodos anticonceptivos a toda la población demandante.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo, para que a través de la de la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Educación Pública, genere acciones y políticas públicas encaminadas a prevenir, reducir y atender el embarazo adolescente.
Nota
1 Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Inegi.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno a adoptar políticas o criterios de selección de ingreso, promoción y permanencia de la planta laboral que garanticen la igualdad de oportunidades para las personas con cualquier tipo de discapacidad, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
José Francisco Coronato Rodríguez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 3 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad después de haber transcurrido un decenio de que dicho organismo internacional había destinado para propiciar que sus Estados miembros fomentaran la conciencia y toma de medidas orientadas a la acción que generara el respeto y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y como consecuencia generaran la igualdad de oportunidades para ellas y ellos.
Entre los objetivos de este día también está fomentar una integración de ellas y ellos en la sociedad, como legal y éticamente les corresponde tomando en consideración su dignidad como a todo ser humano le corresponde.
Conscientes de que ese objetivo hoy más que nunca implica que tanto la Cámara de Diputados cumpla este deber no solamente constitucional, legal, moral y ético, exhortando a los titulares de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno a adoptar políticas y criterios entre otros de selección ingreso, promoción y permanencia de su planta laboral que garantice la igualdad de oportunidades y plazas suficientes, equitativas y proporcionales para las personas que cuenten con cualquier tipo de discapacidad, haciendo lo propio la Cámara de Diputados.
En la mayoría de los países, las cifras sobre discapacidad no especifican el porcentaje de las personas con discapacidad. Esto destaca su invisibilidad para la sociedad, para los programas de gobierno, los presupuestos y las políticas públicas.
Recordemos que la discapacidad se ha definido como la condición en que ciertas personas presentan deficiencias físicas mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su plena y efectiva integración a la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás.
En el censo del Inegi a 2010 se da cuenta que la cifra de personas que padecen algún tipo de discapacidad es de 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 por ciento de la población.
La ausencia histórica en México de medidas y programas, estrategias y políticas públicas que promuevan, compensen y estimulen la integración laboral de las personas con discapacidad cierra y reproduce el círculo vicioso de las diferencias de trato por discapacidad, de la discriminación con base en elementos irracionales que pasan por alto las destrezas de los “discapacitados”.
No hay razones para no compartir la estimación de la Organización Mundial de la Salud según la cual las personas con discapacidad en México deben de constituir aproximadamente 10 por ciento de la población.
México ha suscrito diversas convenciones, tratados e instrumentos internacionales en materia de no discriminación, tanto en el marco de la ONU como de la Organización de Estados Americanos, entre los que destacan, por su carácter vinculante, las Convenciones para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, e Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
El gobierno federal menciona como objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo “la igualdad de condiciones que aseguren a la población el goce y disfrute de sus derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución, elevando los niveles de bienestar y calidad de vida de los mexicanos y, de manera prioritaria, a disminuir la pobreza y la exclusión social”.
Como todo ser humano, a nuestras hermanas y hermanos con algún tipo de discapacidad corresponden por derecho la protección y tutela de sus derechos fundamentales a efecto de alcanzar su desarrollo armónico e integral. Sin embargo, en este punto de acuerdo me referiré a uno de los que a través de su ejercicio y respeto les permite alcanzar otros de la mayor importancia: el derecho al trabajo, reconocido en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El trabajo como elemento condicionante de la igualdad social debe fundamentarse en la conciencia plena de la dignidad humana y de la discriminación de que son objeto los discapacitados, personas que gozan de los mismos derechos que las demás.
Por ello, para lograr avances sustanciales en materia de no discriminación y refrendar el compromiso de respeto irrestricto de los derechos humanos, debe hacerse hincapié en los aspectos que propicien la integración de los discapacitados a la vida laboral y, por ende, a la sociedad.
Sin embargo, las medidas y los programas llevados a cabo para insertar laboralmente a las personas con discapacidades son nulos.
Debemos encontrar herramientas legales, políticas, sociales y culturales para incluir especialmente a las personas con discapacidad que, por cualquier razón, viven a diario una situación en grado extremo de desigualdad y trabajo arduo, el cual no es con justicia reconocido.
Debemos generar, por derecho y por obligación, todos los incentivos y medios que detonen la inserción laboral en las instituciones públicas, privadas y en la sociedad, en sus diversas formas de organización, de todas esas valiosas personas que padecen alguna discapacidad.
Es una prioridad y una obligación impostergable dar todo nuestro respaldo a las personas que padecen cualquier discapacidad, para ayudarlas a construirse una vida digna.
La discriminación de que sufre la gran mayoría de las personas con discapacidad es casi siempre legalmente invisible, pero cada vez más estamos en posibilidad de demostrar que el cierre de oportunidades sociales o laborales está determinado por criterios de desprecio social o por conductas discriminatorias.
Por ello, si bien la lucha contra la discriminación por razones de discapacidad ha de tener como meta un cambio cultural profundo que conduzca a revertir las diferencias de trato ahora existentes, debe señalarse que nuestra urgencia ha sido avanzar ahora mismo en reformas legales e institucionales que permitan que el Estado sea capaz de garantizar, por un lado, políticas de protección contra los actos de discriminación y, por otro, políticas de promoción, habilitación y de acción afirmativa o tratamiento preferencial para promover la integración social y laboral de la población con discapacidad.
El respeto, la salvaguarda, el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos se ha constituido en uno de los principios fundamentales de justificación del Estado contemporáneo, y éste se encuentra vinculado con la concurrencia de condiciones que aseguren la igualdad real y material de las personas, pues los derechos humanos tienen como fin último la protección de la dignidad.
¿Cómo caminar en la construcción del marco que se requiere en México para propiciar la no discriminación de los discapacitados si incluso desde la dimensión legislativa se considera la figura de cuotas o porcentajes mínimos de inserción laboral de estas personas, lo cual es en sí mismo discriminatorio?
Compañeras y compañeros diputados: es tiempo de reivindicar los derechos laborales, entre otros, que por generaciones hemos denegado a las personas con discapacidad, de hacer justicia respecto a la más grave discriminación que han sufrido al negarles la oportunidad de un empleo digno.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno a adoptar con la mayor brevedad políticas o criterios de selección de ingreso, promoción y permanencia de su planta laboral que garanticen la igualdad de oportunidades y plazas suficientes, equitativas y proporcionales para las personas que cuentan con cualquier tipo de discapacidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP a decretar la apertura de museos y demás zonas de esparcimiento recreativo, artísticos y culturales todos los lunes de los fines de semana largos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Mirna Esmeralda Hernández Morales, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 71, fracción II, y el Reglamento de la Cámara de Diputados, artículos 6o., numeral 1, y 79, numeral II, me permito someter a su consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A fin de fortalecer la industria turística nacional, la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar reformas del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17de enero de 2005, con el propósito de establecer los fines de semana largos.
La reforma ha generado resultados positivos a los empresarios del ramo turístico. Tan es así que en mayo del presente año la Confederación Nacional Turística propuso crear tres fines adicionales largos a los establecidos en la Ley Federal del Trabajo: 10 de mayo, 12 de octubre y 12 de diciembre.
Si bien esta medida ha sido positiva para generar empleos y recursos en un importante sector de la economía, no toda la sociedad ha tenido o tiene posibilidades económicas suficientes para asistir a lugares exclusivos para el turismo: playas, balnearios, parques acuáticos, hoteles, restaurantes, centros culturales y deportivos, entre otros.
Entonces, la medida no ha sido del todo benéfica para la sociedad en general, pues ciertas familias, ante la imposibilidad de disfrutar de momentos de esparcimientos o recreativos en otro tipo de lugares donde erogaría recursos económicos que no tienen, permanecen en casa sin ninguna otra opción para motivar la recreación familiar, que incluso era uno de los propósitos de la reforma realizada.
Actualmente, la crisis económica que la sociedad padece ha tenido mayor efecto en los sectores más vulnerables. Las posibilidades para que una familia de perfil económico mínimo disfrute de opciones turísticas son pocas o nulas. Por ello, el Estado debe cumplir su responsabilidad de garantizar a plenitud el desarrollo de la familia, entendiéndolo como la búsqueda de mejores niveles de vida, de conformidad con el artículo 4o. constitucional, y proponer opciones a quienes no cuentan con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades de recreación.
En los fines de semana largos debe considerarse la posibilidad de que toda la sociedad tenga oportunidades de recreación y convivencia familiar. Esto también es democracia.
Una de esas opciones es que todos los museos, las zonas arqueológicas y las otras donde la sociedad se allegue de cultura mantengan abiertas las puertas al público en general los lunes que se consideran fines de semana largos, y prestar esos días sus servicios de manera gratuita.
La medida tiene la finalidad de encontrar los equilibrios sociales, que cada vez se han ido reduciendo en detrimento de los más débiles, y reconocer a la sociedad el ejercicio de sus derechos culturales.
La propuesta contribuirá a fomentar el turismo, pues los visitantes de determinados lugares tendrán mayores opciones culturales y recreativas por conocer, dándoles la certeza de que encontrarán abiertos los espacios que deseen visitar y que sean motivo de interés.
Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 71, fracción II, y el Reglamento de la Cámara de Diputados en los artículos 6o., numeral 1, y 79, numeral II, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al secretario de Educación Pública a decretar en el ámbito de su competencia la apertura de museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas, galerías y demás zonas de esparcimiento recreativo y culturales todos los lunes de los fines de semana largos, y prestar esos días los servicios sin costo alguno para el visitante.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de diciembre de 2012.
Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Estados Unidos de América y a la Legislatura de Nueva York a aprobar la ley de trabajadores agrícolas; y al Ejecutivo federal y al gobierno de Oaxaca, a realizar un reconocimiento y otorgar la condecoración Miguel Hidalgo a la activista migrante Librada Paz Rojas, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62 numeral 2, 65 numeral 1, 76, fracción IV, 79, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI, y 100, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al gobierno de Estados Unidos de América, a su honorable Cámara de Representantes y a la Legislatura del Estado de Nueva York, para que, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales como lo resuelto por la Organización Internacional del Trabajo, haga valer los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas migrantes de su federación, y que en el marco de las mejoras de las condiciones de trabajo de los mismos, puedan apoyar la aprobación del proyecto de ley Farmworker Fair Labor Practices Act (FFLPA) del Estado de Nueva York.
En términos de lo que establece el Capítulo V de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, esta honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, se otorgue la condecoración “Miguel Hidalgo” de los Estados Unidos Mexicanos en grado de collar, por la ejemplar trayectoria, defensoría de los derechos humanos de nuestros connacionales y de trascendencia extraordinariamente benéfica, de la ciudadana Librada Paz Rojas, para ser otorgada en el natalicio del Padre de la Patria.
En términos de la competencia del titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Oaxaca, esta honorable Cámara de Diputados solicita atentamente pueda brindar un reconocimiento público a la trayectoria y trabajo por los derechos humanos de la ciudadana oaxaqueña y de origen mixteco, Librada Paz Rojas; al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 14 de noviembre en una ceremonia en el edificio Rusell del Senado de los Estados Unidos en Washington, D.C., la activista mexicana y migrante oaxaqueña Librada Paz Rojas, del Ministerio Rural y Migrante de Nueva York (RMM), recibió el premio Robert F. Kennedy (RFK) de los derechos humanos, en una ceremonia en el Senado.
Librada Paz, es activista de la comunidad mexicana en Nueva York desde hace 20 años, y ha sido comparada con los líderes de los derechos de los trabajadores agrícolas: César Chávez y Dolores Huerta.
En el acto de ceremonia la presidenta del Centro Robert F. Kennedy (RFK), Kerry Kennedy, sostuvo que cuando Paz llegó a los 15 años a Estados Unidos, enfrentó la realidad de la industria agrícola estadounidense. La activista emergió como lideresa en un mundo donde el trabajo infantil es legal, el abuso sexual es rampante y no hay días de descanso, a lo que se suman represalias por organizarse en un sindicato.
El director de la organización Partners for Human Rights y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, dijo que desde la década de 1930 se ha excluido a los agricultores de Nueva York de las protecciones que gozan otros trabajadores.
El galardón Robert F. Kennedy de los Derechos Humanos, le fue otorgado a la migrante oaxaqueña, por su defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas, muchos de ellos hispanos y que, en ocasiones, trabajan en “pobres” condiciones. Ya que Paz ha liderado el movimiento en defensa de los derechos de los empleados de las granjas del estado de Nueva York durante 20 años y es miembro del Consejo del Ministerio Rural y de Migración del Oeste de Nueva York, una organización no lucrativa dedicada a la defensa de los trabajadores de este sector.
Al recibir la distinción esta mexicana de origen oaxaqueño dijo que “durante años ha luchado para que los empleados agrícolas se organicen y aboguen por el cambio”. Al emigrar a Estados Unidos, a los 15 años desde México para, junto con sus hermanos, ser trabajadora agrícola en granjas de todo el país, se trasladaba de una zona a otra según la época del año y los ciclos de la cosecha.
Durante este tiempo, Paz aseguró haber sufrido “de las más duras” condiciones de trabajo e incluso haber sido “abusada sexualmente” en varias ocasiones por los granjeros que la contrataban. Esta situación la llevó a fundar en 1981 el Ministerio Rural y de Migración con el objetivo de defender los derechos de inmigrantes que, como ella, se encontraban desamparados en el sector agrícola.
Paz Rojas, quien originalmente planeaba estudiar un grado de ingeniería, terminó trabajando en las granjas de frutas y verduras en Nueva York, donde conoció de la “enorme discriminación” y “condiciones inhumanas” que continúan marcando la vida de los trabajadores agrícolas de ese estado. En sus declaraciones dijo “en el campo, no importa - ni su seguridad, ni sus pensamientos, ni su dignidad, (...) a pesar de todo los trabajadores sufren una enorme discriminación, este se multiplica en particular para las mujeres. Esto es lo que significa cuando el sistema legal permite el abuso - cuando la justicia no tiene sentido”.
En Estados Unidos, casi el 75 por ciento de los trabajadores agrícolas son hispanos, más de la mitad de los cuales se cree que son indocumentados. Si bien las condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas de toda la Unión Americana siguen siendo difíciles y con frecuencia de cruel marginación, en condiciones casi esclavistas.
Según Paz Rojas, esto se debe a la legislación estatal de Nueva York, aprobada en 1932, que codificó la ley sobre la discriminación sistemática contra los trabajadores del campo en Nueva York, no ha sido suficiente por cómo los otros estados han extendido las protecciones a trabajadores agrícolas.
El Ministerio Rural Migrante, una organización no gubernamental de tres décadas, se ha centrado en los derechos de los trabajadores agrícolas en Nueva York por lo que se ha luchado por mejoras en las regulaciones sobre estos derechos, de conformidad con las normas americanas e internacionales.
Conocemos que el proyecto de ley, Farmworker Fair Labor Practices Act (FFLPA), está programado para ser debatida el próximo año. En el marco de esta batalla inconclusa, en la actualidad New York cuenta con trabajadores agrícolas que no pueden participar en la negociación colectiva, a la vez que carecen de muchas de las protecciones laborales que han llegado a ser casi universales en otros sectores y estados. Los trabajadores agrícolas no reciben pago de horas extras y con frecuencia trabajan por poco más de tres dólares por hora, y en muchos casos con el trabajo infantil, según se ha informado.
Kerry Kennedy, hija de Robert Kennedy, al otorgar esta presea, dijo que muchos trabajadores agrícolas en el estado están obligados a trabajar 95 horas a la semana, a menudo durante todo el día, vive en una vivienda minúscula, casi de hacinamiento, y pasan años sin recibir tiempo libre. A comienzos de noviembre, se informó que de dos docenas de mujeres trabajadores del campo con las que habría platicado, le informaron haber sufrido abusos sexuales de sus empleadores.
Si se aprueba, la FFLPA sería más fácil para dichas mujeres hacer los cargos correspondientes en contra de sus empleadores. Además, el proyecto de ley aseguraría que en Nueva York, a dichos trabajadores del campo, se les garanticen los derechos como gozan los demás trabajadores de ese Estado, la aplicación de un salario mínimo, jornadas de tiempo de trabajo y las garantías extraordinarias así como la indemnización de los trabajadores y seguros de invalidez.
En su vigésima novena edición el premio Robert F. Kennedy, durante décadas ha reconocido defensores de los derechos humanos de 26 países. Los derechos de trabajadores agrícolas fue el tema central de la labor de promoción de Robert Kennedy. La semana antes de su asesinato en 1968, Kennedy se reunió con Cesar Chávez, en una huelga de hambre del líder laboral en California que tuvo un impacto significativo sobre los derechos de los trabajadores agrícolas hispanos en los Estados Unidos.
Chávez canalizó gran parte de su trabajo a través de una organización llamada la Unión de Campesinos, que él cofundó en 1962, junto con la activista social Dolores Huerta. Librada Paz es comúnmente comparada con Chávez y Huerta; por ahora Paz está enfocada en aumentar el apoyo a la Farmworker Fair Labor Practices Act (FFLPA), en la legislatura de Nueva York, que hemos citado.
En palabras de Paz, “esta legislación no está pidiendo mucho, sólo Respeto y Dignidad, pero es desde hace mucho tiempo - los que nos alimentan no deben ser tratados como esclavos-, los trabajadores de Nueva York necesitan tener esta legislación aprobada, para darles un cierto nivel de protección, lo que sería un gran primer paso”.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al gobierno de Estados Unidos de América, a su honorable Cámara de Representantes y a la Legislatura del Estado de Nueva York, para que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones internacionales como lo resuelto por la Organización Internacional del Trabajo, haga valer los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas migrantes de su federación, y que en el marco de las mejoras de las condiciones de trabajo de los mismos, puedan apoyar la aprobación del proyecto de ley Farmworker Fair Labor Practices Act (FFLPA) de Estado de Nueva York.
Segundo: En términos de lo que establece el Capítulo V de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, esta honorable Cámara de Diputados, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación para que se otorgue la Condecoración “Miguel Hidalgo” de los Estados Unidos Mexicanos, en grado de collar, por la ejemplar trayectoria, defensoría de los derechos humanos de nuestros connacionales y sus servicios prestados a la humanidad de trascendencia extraordinariamente benéfica, de la ciudadana Librada Paz Rojas, para ser otorgada en el natalicio del Padre de la Patria.
Tercero: En términos de la competencia del Titular del Ejecutivo del gobierno del estado de Oaxaca, esta honorable Cámara de Diputados solicita atentamente pueda brindar un reconocimiento público a la trayectoria y trabajo por los derechos humanos de la ciudadana oaxaqueña, mixteca de origen, Librada Paz Rojas.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil doce.
Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer públicos por la Secretaría de Salud los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, y diseñar y aplicar políticas destinadas a combatirla, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México, a través de su destacada participación en la Cumbre del Milenio en el año 20001 , se comprometió al cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM ) propuestos por la comunidad internacional para ser cumplidos y evaluados en el año 2015, encontrándose entre ellos el Objetivo 5; Mejorar la salud materna.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”.2 Hace también una distinción entre muerte materna directa que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y una causa de muerte indirecta que es una muerte asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud pre-existente o de reciente aparición.
Las principales causas de muerte materna son las infecciones bacterianas, toxemia del embarazo, hemorragias obstétricas, embarazo ectópico, sepsis durante el puerperio, embolismo del líquido amniótico y complicaciones de un aborto. Algunas causas secundarias o indirectas que causan muertes maternas incluyen la malaria, anemia, infección por VIH o Sida.
La mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza, el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud. La muerte materna es el resultado último y más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la situación de atraso, marginación y rezago en la que viven un gran número de mujeres mexicanas, así como la desatención de las personas que conviven con ellas, del personal de salud y de autoridades gubernamentales, el fallecimiento de una mujer por causas asociadas a la maternidad, es una tragedia en gran medida evitable.
Los mayores indicadores de mortalidad materna tienden a presentarse en países que también tienen altos índices de mortalidad infantil, lo que sería un reflejo del pobre cuidado médico y de la baja nutrición. Por ello, debemos reconocer que tenemos serios problemas y rezagos en lo que a la atención de la salud de las mujeres corresponde, además de las limitadas condiciones de vida y la extrema pobreza que enfrenta un gran número de ellas en la población rural.
Las mujeres de los países pobres tienen 300 más posibilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres de las naciones ricas, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Cada año fallecen más de 500 mil mujeres y niñas en todo el mundo durante la gestación o el alumbramiento, y 99 por ciento de esos casos se produce en el mundo en desarrollo.
Los países con las tasas más altas de mortalidad materna son Níger, Afganistán, Sierra Leona, Chad, Angola, Liberia y Somalia. Por ello, mientras que países como Egipto, China, Ecuador y Bolivia están logrando rápidos progresos para reducir las muertes maternas, Unicef recomienda que los sistemas de salud integren una atención continua en el hogar y la comunidad para dar seguimiento a los embarazos y prevenir sus complicaciones.
Entre las causas relacionadas con la muerte materna se encuentran:
- Problemas en el parto 34.2 por ciento.
- Hipertensión 23.2 por ciento.
- Hemorragias 21.3 por ciento.
- Aborto inducido 8.4 por ciento.
- Infecciones 5.6 por ciento.
Otras enfermedades no propias del embarazo, pero que se agravan con éste son clasificadas como causas indirectas y constituyen 7.3 por ciento.3 Debe mencionarse que mucha de la prevención y por tanto de la reducción de estas cifras depende directamente de la cobertura y calidad de los servicios de salud.
México, ha logrado avances significativos en la disminución de la mortalidad materna, pero no es de manera homogénea y aún observamos este problema de salud en la mayoría de los estados del sureste de nuestro país: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, México, Veracruz. Además persisten altos índices de analfabetismo, violencia creciente hacia las mujeres y en particular hacia las niñas y mujeres indígenas que padecen en sus comunidades, no sólo en el ámbito familiar, también en el institucional, patrimonial, escolar, etcétera.
Guerrero se coloca como la entidad con mayor incidencia, registró 21 muertes en ocho de sus 21 municipios con menor índice de desarrollo humano (IDH), lo que representa 35 por ciento de las defunciones maternas en el estado, destacando los municipios de Metlatónoc y Acatepec con seis y cinco defunciones, respectivamente. En Oaxaca, de los 58 municipios identificados como población objetivo, 13 registraron muertes maternas para un total de19 defunciones, las que representan casi 28 por ciento de las defunciones maternas en el estado.
Debemos reconocer entonces que esta profunda marginalidad contribuye significativamente a dificultar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio a nivel nacional. Por ello es importante sensibilizar sobre la importancia de lograr erradicar de nuestro suelo este problema de salud, con una mayor voluntad política y un aumento importante de recursos encaminados a la atención de este flagelo social en las zonas de mayor desprotección económica y social.
Resulta fundamental, el cuidado de la muerte materna como una prioridad de atención sanitaria, particularizando las necesidades de cada región, y tomando en cuenta su situación social, económica, étnica y cultural. Buscando además, elevar la calidad de los servicios de salud, y su implementación en los lugares donde se requieran.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, se hagan públicos los avances que guarda la atención de la muerte materna en el país, ante la cercanía del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, elabore el diseño y aplicación de políticas públicas destinadas a combatir la mortalidad materna.
Notas
1. Nueva York, 6 – 8 de septiembre de 2000.
2. E. Gómez, La salud y las mujeres en América Latina y el Caribe: viejos problemas y nuevos enfoques , Serie Mujer y Desarrollo , Cepal, Santiago de Chile.
3. Secretaría de Salud (SSA); Estadísticas sobre Mortalidad , en internet en: http://www.salud.gob.mx/apps/htdocs/estadisticas/estadisticas/mortalida d/mortalidad.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar con prioridad en el interés superior de la infancia, conforme a la Constitución General de la República, los convenios internacionales y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de niños y de adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 11 de octubre, se conmemoró por primera vez en México y el mundo el Día Internacional de la Niña, con el propósito de reconocer los derechos de las niñas y reconocer los problemas que enfrentan cotidianamente en todo el mundo. Siendo uno de los principales lograr la erradicación del matrimonio en la infancia, ya que es considerado una violación fundamental a sus derechos humanos que afecta todos los aspectos de su vida. El matrimonio a temprana edad elimina su infancia, interrumpe su educación, limita sus oportunidades, aumenta el riesgo de violencia y abuso, pone en peligro su salud física y mental.
En el mundo, alrededor de 1 de cada 3 mujeres jóvenes de 20 a 24 años se casaron antes de cumplir los 18 años. Una tercera parte contrajo matrimonio antes de cumplir los 15. El matrimonio en la infancia causa embarazos tempranos y no deseados, y supone riesgos que amenazan la vida de las niñas. En los países en desarrollo, el 90 por ciento de las madres adolescentes de 15 a 19 años están casadas, y las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de muerte de las jóvenes de este grupo de edad.1 En México, la atención de partos es la sexta causa de muerte entre la población de 10 a 14 años, lo que permite identificar un importante problema de salud pública; el embarazo adolescente.2
Las niñas son uno de los grupos más discriminados por edad y por género, además de volverse “invisibles” en todas las facetas de sus vidas, desde la escuela al trabajo. Las niñas con bajos niveles de escolaridad tienen más probabilidades de contraer matrimonio a una edad temprana y se ha demostrado que el matrimonio en la infancia prácticamente significa el fin de la educación de las niñas. Por el contrario, las que han recibido una educación secundaria tienen hasta seis veces menos probabilidades de casarse en la infancia, lo que hace de la educación una de las mejores estrategias para proteger a las niñas y combatir el matrimonio en la infancia.
De acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño se ha definido que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, por lo que es necesario tener presente que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales, y por ello deben ser garantizados por el Estado.
Por los anteriores argumentos, es sorpresiva la reciente aprobación (18 de octubre de 2012), de la reforma a los artículos 94, 136 y 225 del Código Civil del estado de Chihuahua, sobre todo cuando uno de los principales ejes de preocupación de los organismos internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ONU Mujeres y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), es acabar con el matrimonio infantil ya que es una violación de los derechos humanos, independientemente de si la persona involucrada es un niño o una niña.
Además, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el matrimonio infantil es una forma de esclavitud que no tiene ninguna justificación y debería ser penalizado como un crimen. No obstante el repudio general y la lucha que Naciones Unidas ha emprendido para abolir esta deleznable práctica, en la actualidad únicamente 113 países, de los 193 Estados Miembros de la ONU, prohíben el matrimonio infantil.
Con la modificación al Código Civil del estado de Chihuahua, se ignoran los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, aprobada en 1990 por el Estado mexicano, además de omitir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para que se eleve la edad en que las y los adolescentes puedan contraer matrimonio, evitando con ello el embarazo adolescente dando mayor atención al cumplimiento puntual de los derechos de las niñas y los niños , su acceso a la educación y al goce pleno de sus de derechos y acceso a las oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente.
En nuestro país diversos estados han legislado sobre el tema, como el Distrito Federal que en su Código Civil en el artículo 148, establece que ambos contrayentes sean mayores de edad y una dispensa para los menores de edad siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años, para lo cual se requiere el consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en ningún caso se otorgará a menores de catorce años. En otros más como Coahuila y Chiapas, la edad establecida para contraer matrimonio es de dieciséis años para ambos futuros cónyuges.
Permitiendo el matrimonio de las niñas, se da paso libre a la dominación a la que generalmente se somete a las niñas cuyas secuelas son los embarazos no deseados, el abuso doméstico, el sometimiento forzado que las convierte en esclavas de sus maridos, les limita su derecho a la salud, educación, además de coartar sus oportunidades de desarrollo entre otros elementales derechos a los que de manera natural tienen derecho.
Consideramos que no podemos ser indiferentes a las necesidades y el cumplimiento de los derechos de las niña, que deben ser el centro de atención de una sociedad que se considere protectora de la infancia sobre todo en lo que respecta al marco jurídico aplicable a esta población y que debe ante todo, integrar prioritariamente el interés superior de la infancia como principio rector de quienes tienen la responsabilidad y se relacionan con niñas, niños y adolescentes.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos de los estados de la federación para que legislen priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución General de la República, los Convenios Internacionales y las recomendaciones que de ellos emanan para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Notas
1 Unicef, Tema 2012: Terminar con el matrimonio infantil,Guatemala. http://www.unicef.org/guatemala/spanish/children_1165.htm, octubre de 2012.
2 Inegi, Estadísticas a propósito del Día del Niño, México, abril de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los hechos de violencia ocurridos el pasado fin de semana en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El pasado 10 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de derechos humanos con la misión de iniciar una transformación cultural del derecho y de la democracia en nuestro país.
Esta reforma de gran trascendencia obliga a las instituciones de la nación a proteger a la ciudadanía, a permitir el ejerció libre de los derechos y generar las condiciones para ello.
Este hecho no es una alocución espontanea, la Declaración Universal de los Derechos humanos, reconoce que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Las reformas constitucionales de 2011 imponen a las autoridades del país un cambio cultural para consolidar un verdadero estado constitucional y democrático de derecho.
Para consolidar ese cambio no se requieren más vidas ni sexenios fallidos, sino un cumplimiento serio con los derechos humanos y siempre a favor de los ciudadanos.
Los acontecimientos del fin de semana pasado generan agravio y menoscabo a los derechos de la población. No podemos permitir que esta sea la tónica de la actuación de los cuerpos policiacos.
Es necesario, el deslinde de responsabilidades, pero es más indispensable concretar criterios firmes que impidan el uso de la fuerza para combatir a quienes no comparten los postulados de la clase en el gobierno.
En un Estado no basta la vigencia de las leyes ni el brazo del príncipe siempre levantado; se necesita un resorte más, que es la virtud.” Así decía Montesquieu, razón más vigente y propicia para nuestros días.
Este no es un simple llamado a la institucionalidad, es una exigencia del pueblo de México.
México, es otro. No permitiremos los excesos, y usaremos toda la fuerza de la razón para imponer el respeto a los derechos humanos.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los Ejecutivos federal y del Distrito Federal a través del subsecretario de Planeación y Protección Institucional, así como del secretario de Seguridad Pública capitalino, por la gravedad de los hechos, hagan públicos los protocolos de actuación que utilizaron los cuerpos de seguridad pública durante las manifestaciones del fin de semana pasado.
Segundo. De igual manera, se requiere a dichas instancias federales y locales que se dé a conocer a la opinión pública los procedimientos de investigación sobre los posibles excesos en el uso de la fuerza cometidos por los elementos de las fuerzas de seguridad pública.
Tercero. Se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que dé a conocer públicamente los procedimientos de detención de las personas sujetas a investigación, en particular de los menores de edad y mujeres, así como de las que han sido consignadas a la autoridad judicial, derivado de las manifestaciones del fin de semana pasado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2012.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
En 2012, la epidemia del VIH/sida ha superado su tercera década. La respuesta mundial y nacional ha tenido grandes deficiencias pero también avances significativos. Sin embargo, pese al progreso, la enfermedad está lejos de erradicarse.
El Día Mundial de la Lucha contra el sida se conmemora cada 1 de diciembre, dedicado a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida.
Las últimas cifras de Onusida, asociación de las Naciones Unidas dedicada a lograr el acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relacionados con el virus, estimaron cerca de 2.5 millones de nuevos contagios en el último año y 1.8 millones de muertes, siendo la principal causa de decesos en el África subsahariana. Las tasas globales, aunque revelan mejoras, también esconden problemas locales, como brotes de infección del virus en Uganda y otros lugares de África, transmisión continua entre drogadictos en la ex Unión Soviética, y epidemias explosivas a lo largo y ancho de Asia.
Los claroscuros son palpables, en muchas sociedades la infección por el virus se ha vuelto endémica, la creciente y gradual disponibilidad de los medicamentos y tratamientos antirretrovirales han facilitado el tránsito de una condena de muerte a una enfermedad crónica pero únicamente para quienes cuentan con los medios acceder al tratamiento, tristemente se calcula que sólo 36 por ciento de quienes lo requerían tuvieron acceso la terapia.
A nivel nacional es importante destacar que cada año el VIH/sida arrebata la vida a cerca de 2 mil 500 mexicanos los cuales no mueren por cuestiones directamente imputables al desarrollo de su condición, sino porque su diagnóstico no fue oportuno o sus circunstancias económicas no les garantizaron el acceso a los retrovirales para tratarlos. Al respecto es relevante destacar que el costo promedio del tratamiento antirretroviral triple excede los cincuenta mil pesos al año, lo cual pone en una situación difícil tanto para las personas como al sector salud, pues a pesar de las inversiones que ha realizado el gobierno en la materia hay pacientes que sufren desabasto.
Es indudable que nos encontramos frente a un problema de salud pública mundial y nacional muy complicado y con consecuencias graves no solo en materia de salud, sino también en los terrenos económico y social.
Por ello, en cumplimiento con nuestra función de representación como diputados federales del Partido Revolucionario Institucional y en congruencia con el mandato expresado en el artículo 4o. de la Constitución que otorga a toda persona el derecho a la protección de la salud, es que reiteramos nuestro compromiso con la prevención y el control de enfermedades transmisibles, como el VIH/sida, resulta inaplazable e ineludible redoblar esfuerzos y ser contundentes ante la problemática expuesta, Muchas Gracias.
Diputada Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica)
Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD
Diciembre 1
Hoy, en el Día Mundial de la lucha contra el Sida, es urgente y necesario recordar los compromisos adquiridos por el gobierno de nuestro país para combatir esta epidemia, en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York del 8 al 10 de junio de 2011:
• Mayor atención en VIH/sida al sector femenino.
• Implementar medidas para cumplir con la declaratoria “Prevenir con Educación”.
• Negociar para reducir el costo de medicamentos antirretrovirales Incluir en los programas de atención a grupos como poblaciones móviles, personas usuarias de drogas inyectables y trabajadoras sexuales.
En materia de VIH/sida y mujeres, se hicieron recomendaciones basadas en el reconocimiento de la vulnerabilidad de niñas y mujeres para ser infectadas en las cuales se reconoció la importancia de eliminar la discriminación de género para lograr el acceso a los derechos y la salud sexual y reproductiva , además de comprometer a los programas nacionales a atender las necesidades específicas de las mujeres a lo largo de su vida.
En esta fecha también es pertinente destacar que una de las metas acordadas en la Declaración Política sobre el VIH/Sida, se refiere a la intensificación esfuerzos para eliminar esta enfermedad, con el logro de que 15 millones de personas en el mundo accedan a tratamiento antirretroviral para 2015, debido a que actualmente sólo lo hacen 6 millones de los 32 millones que se sabe que padecen la infección en todo el mundo.
En el caso de México, actualmente se proporcionan medicamentos antirretrovirales a 66 mil personas de las 220 mil que sabemos viven con VIH/sida aquí, por lo que en 2015 se requerirá proporcionárselo a 150 mil personas.
Tal parece que lo único que es del conocimiento público, es que el mayor problema es poder identificar a las personas con VIH/sida, ya que la mayoría de ellas, ni siquiera sabe que es portadora del virus, este obstáculo afecta especial y principalmente a las mujeres.
Nuestro país se caracteriza en algunos estados más, en otros estados menos, por ser un país con muchas inequidades de género, sobre todo en materia de salud, ya que las mujeres tienen en general, un menor acceso a estos servicios a pesar de que la realidad nos dice que las mujeres enfrentan un conjunto de riesgos relacionados con el VIH que la mayoría de hombres no enfrenta como:
• La creencia de que el matrimonio es un factor protector del VIH. Mientras que aproximadamente el 80 por ciento de las mujeres recién infectadas en el mundo, son monógamas y están casadas o viven “con una pareja estable”.
Es decir que, la monogamia y el matrimonio eran considerados seguros para no contraer el VIH/sida para las mujeres, sin embargo, hoy sabemos que también son conductas de vulnerabilidad, ya que la desigualdad en las relaciones y el escaso o nulo acceso a la información y a los recursos, no las favorece.
• La pobreza o simplemente la dependencia económica y emocional de sus parejas las exponen a violencias y agresiones sexuales principalmente en el ámbito familiar, aunque también están expuestas en los ámbitos públicos, comunitarios, laborales y escolares por desconocidos, o conocidos que abusan del poder, todo esto compromete las posibilidades de las mujeres para protegerse del VIH.A esto debemos agregar que en nuestro país, como en otros, una gran cantidad de mujeres no cuenta con seguridad social por lo que, a falta de recursos económicos, aplazan la atención a su salud y la brecha de desigualdad entre las familias ricas y pobres se amplía en detrimento principalmente de las mujeres.
Y que a lo largo de todo su ciclo vital, las mujeres no tienen un acceso equitativo a los servicios básicos de salud y esto se expresa de diferentes formas por ejemplo:
• En la adolescencia y a lo largo de sus años de fecundidad, las mujeres carecen de asesoramiento adecuado y de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
• El resultado es un aumento del riesgo de embarazos no deseados y a edad prematura, así como de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y de interrumpir su embarazo en condiciones clandestinas y peligrosas.
• Como un aspecto fundamental está que la pobreza, el aislamiento de las mujeres en el ámbito doméstico, el exceso de trabajo y la impotencia derivada de los bajos niveles de educación y la dependencia económica, así como la violencia en todas sus formas, afectan la salud mental y el bienestar general de la mayoría de las mujeres.
• Entre muchos otros.
Es por esto que la principal acción para disminuir la infección de sida y la portación del VIH debe ser la disminución de las inequidades de género, mediante acciones que finalmente se traduzcan en políticas públicas dirigidas la prevención, atención, y la capacitación de quienes brindan los servicios relativos al VIH y al sida para las mujeres, y a su empoderamiento, con presupuestos suficientes y diseñados desde la perspectiva de género.
Se nos ha hecho un llamado para alcanzar la meta cero nuevas infecciones de VIH/sida; para alcanzar dicha meta, debemos considerar que estamos hablando de cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el sida, por tanto, conforme se reconoció en las recomendaciones mencionadas, no debe existir discriminación contra las mujeres y las niñas, ni escatimar esfuerzos o recursos para esta lucha en nuestro país por lo que es necesario hacer un llamado a todos los ámbitos del gobierno federal y locales a tomar muy en cuenta estas consideraciones.
La estigmatización, la discriminación y la violencia afectan a las mujeres de manera desproporcionada y socavan cualquier progreso que se pueda distinguir en la materia, ya que como hemos visto, aunque por lo general, las mujeres y las niñas están a cargo de los cuidados y apoyo a sus familias y comunidades y, sin embargo, se encuentran al final de la fila cuando se trata de recibir el apoyo y cuidados cuando los necesitan.
Hoy, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, insto a esta honorable Cámara de Diputados y a todas las esferas de gobierno locales y federal a que enfoquemos nuestros esfuerzos en la atención y prevención del VIH Sida en mujeres y niñas en primer lugar, a realizar esfuerzos a efecto de que sean ellas las agentes del cambio, mediante su consideración real, la de sus circunstancias, su empoderamiento y a que hagamos a las seropositivas y a las mujeres que viven con VIH, partícipes de estos esfuerzos; debemos observar su realidad y hacer propuestas de vanguardia, que verdaderamente contribuyan a su efectiva atención médica y social. Principalmente debemos ocuparnos de eliminar la estigmatización, la discriminación y la violencia de las que son víctimas.
Actualmente, las mujeres representan el 50 por ciento de los 34 millones de personas que viven con VIH, por tanto respuesta para enfrentar esta enfermedad progresiva y mortal, debe llevarse a cabo mediante estrategias enfocadas en la igualdad de género.
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión debe ponderar un presupuesto específico para las actividades y políticas públicas de salud y sociales en materia de VIH/sida, exclusivo para la atención de las mujeres con esta enfermedad o que se encuentren más expuestas a la misma, llegar a cero contagios, requerirá la plena integración de las mujeres en los planes nacionales de lucha contra el sida, y a un presupuesto específico, real y adecuado para atender sus necesidades y prioridades.
No debemos negar, ni ignorar la feminización de la epidemia de VIH/sida que hace indudable la vulnerabilidad de las mujeres al virus, debido a las relaciones desiguales de poder que las discriminan y las violentan haciendo más difícil o imposible su acceso al diagnóstico, tratamiento y demás derechos y oportunidades que deberían beneficiarlas en su salud y en otros ámbitos de su vida.
Las acciones que todos los ámbitos de gobierno locales y federal emprendamos para la prevención y la atención de VIH/sida en México, deben estar encaminadas a proporcionar servicios de salud eficaces y especializados para las mujeres; las políticas públicas deben diseñarse y aplicarse desde la perspectiva de género, es decir, tomando en cuenta las necesidades, las condiciones y la realidad que afecta específicamente a las mujeres, a efecto de que el personal de salud y las funcionarias y funcionarios de gobierno, tomen en cuenta los obstáculos que las mujeres enfrentan para lograr el estado de salud a que tienen derecho tales como
• Ocupar los recursos económicos familiares priorizando otras necesidades de la familia.
• No poder decidir en la relación de pareja sobre su salud sexual y reproductiva, sobre el uso de condón y métodos anticonceptivos lo cual, las expone a enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
• Ser víctimas de violencia familiar y laboral, que impide el ejercicio de sus derechos.
• Entre muchos otros.
Entonces, como hemos visto, el tema más delicado en la lucha contra esta enfermedad, el de la lucha contra la violencia de género, hasta el punto en que los hombres, los tres poderes en los gobiernos locales y federal, las autoridades, las dependencias y especialmente quienes aplican las políticas de atención y prevención del VIH/SIDA, asuman su responsabilidad en la protección de sus parejas, de las mujeres, de las niñas, de las ciudadanas, y al mismo tiempo, respeten los derechos de las mujeres.
• Mención especial merece el que más de la mitad de mujeres embarazadas y portadoras de VIH en nuestro país, no reciben medicamentos antirretrovirales para evitar la transmisión del virus a sus hijas e hijos, según el Informe nacional de avances en la lucha contra el Sida 2012 el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida).
Existe un grave rezago en la atención a las mujeres con VIH, es alarmante observar las cifras de dicho organismo que nos dicen que 56.9 por ciento de las mujeres embarazadas que tienen el virus, no reciben el tratamiento para reducir el riesgo de la transmisión materno-infantil, es poco decir que tenemos mucho por hacer en términos de atención perinatal, sobre todo cuando el riesgo de la transmisión materno-infantil del VIH puede reducirse significativamente con el acceso a tratamiento antirretroviral a la madre y la profilaxis a las y los lactantes, así como la aplicación de prácticas seguras en el parto por cesárea y en la lactancia como la alimentación obligatoria con sustitutos de leche materna.
El diagnóstico temprano a las embarazadas con el virus es fundamental para garantizar la salud y la calidad de vida a millones de mujeres, niñas y niños, sin embargo todavía nos enfrentamos con obstáculos mortales como que las instancias de salud de nuestro país carecen de información disponible y fidedigna sobre la proporción de mujeres gestantes que conocen su diagnóstico en VIH mismo que podría integrarse si se levantaran datos confiables acerca de cuántas mujeres se realizan la prueba y obtuvieron el resultado durante el embarazo, parto o puerperio.
No cuenta nuestro país con un registro confiable y además de esto las mujeres embarazadas enfrentan otras dificultades, entre ellos que en pocos hospitales y clínicas de servicios públicos, se brinda la atención perinatal relativa y pueden realizarse la prueba, del VIH para poder acceder a los tratamientos necesarios si resultan positivas a la enfermedad.
En el mismo informe de Conasida, nos explican que de los rezagos en la Secretaría de Salud (Ssa) para atender a las mexicanas seropositivas, uno de los más graves es el que sólo 24.5 por ciento de los mil 501 servicios públicos de salud que brindan atención perinatal en el país, realizan pruebas de VIH y brindan tratamiento antirretroviral a embarazadas para evitar la transmisión del virus al producto.
De igual modo, únicamente en esos 368 servicios de salud pueden recibir tratamiento las niñas y niños recién nacidos de madres seropositivas.
En los últimos 12 meses aproximadamente, el porcentaje estimado de infecciones infantiles por VIH transmitidas durante el parto de mujeres seropositivas fue de 12.9 por ciento.
Ante estas alarmantes cifras, la demanda es la atención inmediata para niñas y niños recién nacidos con el virus, ya que la progresión de la enfermedad es muy rápida en la niñez, sin un tratamiento temprano fallece el 50 por ciento antes de cumplir dos años de edad.Una de las recomendaciones más importantes de la Organización Mundial de la Salud a los países, es realizar pruebas de VIH a lactantes a las seis semanas del nacimiento, para poder definir su tratamiento.
Deseo finalmente hacer hincapié en que todas las mujeres de nuestro país debemos gozar de los mismos derechos, por lo que es necesario que todos los gobiernos de todos los estados de la república y el Distrito Federal, procuren la salud de las mujeres y les reconozcan todos sus derechos especialmente sus derechos sexuales y reproductivos, respetando en todo momento su salud y bienestar.
Aprovecho esta ocasión para formular algunas propuestas para la atención, encaminadas a la erradicación de los contagios por VIH/sida en las mujeres mexicanas tales como
• Campañas nacionales dirigidas a mujeres sobre la concientización y la prevención del VIH/SIDA.
• Lograr una reducción de precios de medicamentos, los cuales en nuestro país siguen siendo muy costosos.
• Los programas nacionales, no sólo deben preocuparse por reducir las tasas de transmisión perinatal, sino que deben atender sus necesidades específicas de las mujeres, entre ellas, proporcionar educación sexual libre de prejuicios, así como proporcionar condones femeninos y microbicidas vaginales.
• Tratar y erradicar las infecciones oportunistas padecidas por las personas con VIH/sida.
• Modificar las políticas y los programas nacionales de prevención y atención al VIH/sida para que contengan mayor énfasis en las acciones dirigidas a mujeres.
• Elaboración y aplicación de presupuestos diseñados con la perspectiva de género para la prevención y la atención de esta enfermedad.
• Contemplar en el Seguro Popular, la atención de infecciones oportunistas en personas que viven con VIH/sida.
• Involucrar a las y los jóvenes en la respuesta al VIH y redoblar los esfuerzos de prevención del VIH/sida por medio de perspectivas integrales basadas en evidencia científica y acordes a la realidad.
Por el derecho de las mujeres a una salud sexual y reproductiva sana y sin riesgos.
Por el derecho a ejercer una sexualidad sin riesgos ni consecuencias indeseables con quien queramos, o a no ejercerla.
Por el derecho a recibir atención de salud de calidad en el embarazo, parto y puerperio, para tener una maternidad segura.
Por el derecho a protegernos de infecciones de transmisión sexual, especialmente el VIH/sida.
Por el derecho a vivir libres de cualquier tipo y modalidad de violencia.
¡Larga vida a las mariposas!
Muchas gracias.
Diputada Martha Lucía Mícher Camarena
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, LXII Legislatura