Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3476-IV, jueves 22 de marzo de 2012


Dictámenes a discusión

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a informar por qué ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los puntos de acceso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada el 16 de febrero de 2012, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a informar por qué ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los puntos de acceso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se aboca al examen de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 16 de febrero, el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en uso de la facultad que le confiere el artículo 79, numerales 1, fracción I, y 2, fracciones III a V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó al pleno de ésta la proposición con punto de acuerdo.

II. En la misma fecha, el presidente y los demás integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispusieron que dicha iniciativa con proyecto de decreto fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para estudio y dictamen.

III. El 29 de febrero de 2012, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, el dictamen fue aprobado en sentido positivo por 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El proponente indica que la seguridad en los aeropuertos del país es una medida que las autoridades competentes deben garantizar a los pasajeros con el propósito de reforzar los mecanismos de salvaguarda e integridad tanto de los usuarios, como de las personas que laboran o transitan por las terminales aéreas; al efecto establece que de nada sirve que se aumenten las medidas de seguridad en sus terminales; tales como la instalación adicional de módulos de información para una rápida atención a los viajeros, la incorporación de personal en las áreas operativas y administrativas, así como en las de seguridad y vigilancia, si dicho personal, concretamente la Policía Federal, no cumple lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 152 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, que señala claramente que debe hacerse la revisión de “los miembros de la tripulación de vuelo y demás personal que no sean pasajeros incluyendo a todas las autoridades que, en ejercicio de sus funciones, ingresen al área estéril o se introduzcan a la aeronave”.

2. Puntualiza que la normatividad en materia de aviación obliga a que toda persona y vehículos sean verificados al ingresar en áreas restringidas, la corporación goza de “ciertos privilegios” en los puntos de inspección. En otras palabras, los policías federales ingresan a bordo de sus automóviles sin que les sean revisados la cajuela ni los interiores. Adiciona que de ser cierto, lo anterior sería gravísimo, toda vez que el aeropuerto capitalino se volvería un punto vulnerable en el momento mismo en que los procedimientos no son acatados como lo dice la ley. Por ejemplo: si un policía no es revisado como cualquier persona, representa la posibilidad de que ingrese cosas ilícitas a sus instalaciones.

3. La ley ordena que en las zonas restringidas se deben revisar al cien por ciento, esto incluye a los agentes federales, pero si ellos aludiendo a la autoridad que tienen y a sus facultades los exentan, violan la legislación, entonces estamos ante un desacato que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros en general y en particular, de todas las personas que se encuentren en el aeropuerto. Además, se ha precisado por diversos medios de comunicación respecto a este tema que al quedar frente a la pluma de la caseta, los tripulantes descienden del automóvil, un guardia les pasa el detector de metal manual por el cuerpo; enseguida, el vigilante rodea con un espejo el chasis del vehículo en búsqueda de algún objeto o sustancia extraño. Lo anterior no pasa en el caso de los agentes federales, ya que a éstos basta detener sus vehículos para que los guardias les autoricen el acceso sin revisar siquiera la cajuela o los interiores.

4. Finaliza estableciendo que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, entendemos que la Secretaría de Seguridad Pública federal tome medidas para fortalecer los protocolos de seguridad en distintos ámbitos, pero consideramos también, que deben ser los primeros en poner el ejemplo y sujetarse a la normatividad aplicable.

Consideraciones

Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.

Segunda. El objetivo del punto de acuerdo que presenta el proponente es exhortar al secretario de Seguridad Pública a informar por qué no son inspeccionados los vehículos ni los agentes pertenecientes a dicha secretaría de Estado al momento que ingresan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Tercera. La proposición con punto de acuerdo encuentra su fundamento en el párrafo noveno del artículo 21 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

Artículo 21. ...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Ello, en virtud de que tiene como finalidad exhortar al secretario de Seguridad Pública a informar a esta soberanía respecto de actividades concernientes a elementos de la Policía Federal que realizan labores de vigilancia en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

Cuarta. En primer lugar resulta necesario realizar un análisis de lo que el proponente vierte en las consideraciones del punto de acuerdo motivo del presente dictamen, en virtud de que podrían resultar contradictorias las afirmaciones que realiza, ya que en primera instancia indica que los policías federales ingresan a bordo de sus automóviles sin que les sean revisados la cajuela no los interiores; sin embargo, después indica que “de ser cierto, lo anterior sería gravísimo”, lo cual transmite una incertidumbre respecto a la aseveración realizada. Sin embargo, más adelante confirma que a los agentes federales basta detener sus vehículos en las plumas de acceso para que los guardias les autoricen el acceso sin revisar siquiera la cajuela o los interiores. Ante tal circunstancia, esta dictaminadora considera que no se establece con claridad si el hecho que el proponente refuta existe o no. Aunado a lo anterior, del texto del petitorio del punto de acuerdo se deduce la existencia de estos actos por los guardias de seguridad del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por lo cual esta comisión considera necesario en primer lugar constatar la existencia de los multicitados actos y en caso de existir se explique el motivo por el cual no se cumple el protocolo.

Quinta. Cabe destacar que la Ley de la Policía Federal establece en el artículo 8 lo siguiente:

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales;

II. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes;

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos en

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

...

En virtud de lo establecido en el inciso a) de la fracción III del artículo 8 del mencionado ordenamiento se establece la atribución a la Policía Federal para realizar sus funciones de salvaguardar la integridad de las personas, garantizar el orden y paz públicos así como prevenir la comisión de delitos en los aeropuertos, sin embargo al efecto también se considera necesario mencionar el contenido del artículo 71 de la Ley de Aeropuertos, el cual establece lo siguiente:

Artículo 71. La vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la secretaría, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.

En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo.

En la lectura de ambos ordenamientos se observa que se complementan entre sí, ya que por una parte establece como atribución de la Policía Federal el llevar a cabo sus funciones en los aeropuertos, pero por otra parte la Ley de Aeropuertos indica que la vigilancia interna en los aeródromos civiles o aeropuertos será responsabilidad del concesionario o permisionario y únicamente en situaciones de emergencia cuando se encuentre en peligro la paz interior, las autoridades federales competentes ejercerán de forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de aeronaves y pasajeros. En tal virtud, se desprende que la responsabilidad de dar cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas en el artículo 152 a que el proponente aduce es directamente del concesionario o permisionario de el aeródromo civil correspondiente.

Sexta. Por otra parte, se considera pertinente hacer referencia a la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, implantada por el presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, por medio de la cual se ha propuesto restablecer el sentido original de la función de seguridad pública del Estado, cuya premisa es proteger y servir a la sociedad, conforme a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, de tal manera que el 7 de marzo de 2008 se puso en marcha la mencionada estrategia, la cual considera 7 ejes para el cumplimiento de sus funciones:

1. Alinear las Capacidades del Estado mexicano contra la Delincuencia.

2. Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

3. Desarrollo Institucional.

4. Sistema Penitenciario.

5. Combate a la Corrupción.

6. Tecnología.

7. Indicadores de Medición establecidos en la Sociedad Civil.

Ahora, para el tema que nos ocupa destaca el eje número 5, ya que éste integra el seguimiento para la prevención y sanción de desviaciones en la actuación policial. Asimismo, se creará el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza, como unidad responsable de generar información relevante en el marco del servicio nacional de carrera policial, atendiendo las etapas de reclutamiento, selección evaluación y permanencia, con la finalidad de garantizar que toda persona que colabore en una institución policial cubra el perfil requerido en los aspectos: toxicológicos, ético, medico, físico de conocimientos y entorno socioeconómico. En adición a lo anterior, la Secretaria de Seguridad Pública mediante su Boletín de Prensa numero 313 de fecha 23 de mayo de 2011 comunica que 100 por ciento de los elementos de la Policía Federal de nuevo ingreso cuenta con evaluación de control de confianza y en cuanto al programa institucional de permanencia se ha realizado un avance de 87.4 por ciento de las evaluaciones fijadas como meta para ese año. Ello implica que la mayoría de los elementos que integran la Policía Federal ha cumplido y aprobado satisfactoriamente las evaluaciones de control de confianza.

Séptima. En virtud de lo establecido en el presente dictamen, se considera inviable el punto petitorio propuesto, en virtud de que, en primer lugar, se toma como base para su formulación acontecimientos de naturaleza incierta y en segundo lugar la responsabilidad sobre la vigilancia interna del aeropuerto internacional de la Ciudad de México así como el cumplimiento de los protocolos de seguridad recae sobre el concesionario o permisionario del aeródromo, ello de conformidad con lo establecido en la propia Ley de Aeropuertos, y no en el secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, a fin de atender la inquietud que llevo al proponente realizar la proposición con punto de acuerdo motivo del presente dictamen, esta comisión sugiere modificar el punto petitorio para quedar de la siguiente manera:

Primero: Se exhorta al concesionario o permisionario del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que informe a esta soberanía si el personal y los vehículos pertenecientes a la Policía Federal son inspeccionados en los puntos de acceso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y, de ser negativa la respuesta, indique por qué se omite la aplicación de las medidas de seguridad.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública reconocen y consideran que es procedente aprobar en sentido positivo la presente proposición con punto de acuerdo, por lo que se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al concesionario o permisionario del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a informar a esta soberanía si el personal y los vehículos pertenecientes a la Policía Federal son inspeccionados en los puntos de acceso del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y, de ser negativa la respuesta, indique por qué se omite la aplicación de las medidas de seguridad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de febrero de 2012.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Fernando Franco Vargas, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Salma Meza Manjarrez (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Reyna Araceli Tirado Gálvez (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a adecuar su normativa constitucional y legal vigente en concordancia con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 9 de febrero de 2012, la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a adecuar su normatividad constitucional y legal vigente en concordancia con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la citada proposición a la Comisión Derechos Humanos para estudio y dictamen.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición en estudio señala que los derechos humanos son fundamento y esencia de las personas; representan la dignidad humana, lo más extraordinario y preciado del ser.

La diputada proponente menciona que México es partícipe activo de su perfeccionamiento progresivo y ha dado muestras de actividad permanente con retos que afrontar de avances significativos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos; y en virtud de los cambios sustanciales que fueron realizados a los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Carta Magna, surgen necesidades normativas que se disponen como mandatos constitucionales en el régimen transitorio del decreto, por lo que se pide que los congresos estatales y la Asamblea Legislativa reestructuren su normativa conforme a lo que establecen las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011.

Consideraciones

Las reformas aprobadas el 10 de junio han cambiado la perspectiva constitucional de los derechos humanos en México. Sin duda, estamos frente a una de las reformas más importantes de los últimos años en la materia, en virtud de que muestran un panorama respecto a la exigibilidad y justiciabilidad, devolviendo a las personas la apropiación de estos derechos, armonizando el marco normativo a los principios de derecho internacional que acompañan su protección y reconocimiento, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de las personas [principio pro persona].

Asimismo, su importancia radica en que se da una nueva jerarquía a los tratados internacionales de derechos humanos en el orden jurídico mexicano, fortaleciendo así la obligación de todo órgano del Estado de conocer estos derechos y de respetarlos.

En este tenor, la Constitución incorpora plenamente los derechos humanos y establece la obligación para que los impartidores de justicia los fundamenten en sus resoluciones, además de fortalecer las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de dotar de plena autonomía a los organismos de derechos humanos de las entidades federativas, garantizando la protección de esa amplia gama de derechos.

Aunado a lo anterior, es de vital importancia centrar la atención en los cambios constitucionales mencionados, en virtud de que surge la necesidad de una reestructuración normativa de las leyes de las entidades federativas y del Distrito Federal que, conforme al régimen transitorio de la reforma de 10 de junio de 2011 deberán publicarse el 11 de junio de 2012, pues el artículo 7o. transitorio establece lo siguiente:

Séptimo. En lo que se refiere al Apartado B del artículo 102 constitucional y a la autonomía de los organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Por ello, la dictaminadora considera, dadas la naturaleza e importancia de la estructura normativa constitucional, necesario adecuar las leyes de las entidades federativas y del Distrito Federal, en virtud de que se fortalecería la esfera jurídica nacional, velando siempre por el beneficio personal de la población, estableciendo con esto un lazo de armonización conforme a los principios constitucionales que dieron vida y espíritu a esta reforma.

La segunda proposición de la diputada es viable en virtud de que el trabajo legislativo es de gran importancia para cumplir el mandato constitucional, ya que con esto se da concordancia a las necesidades jurídicas que surgen del cambio normativo, cumpliendo con esto el quehacer institucional, pero sobre todo dando certidumbre jurídica a la sociedad mexicana.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. Se exhorta respetuosamente a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a adecuar su normativa constitucional y legal vigente en concordancia con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos.

Segundo. Se solicita que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y otras comisiones involucradas informen por escrito a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre los avances en materia de legislación de derechos humanos que se establecen en el artículo octavo transitorio del decreto de fecha 10 de junio de 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de febrero de 2012.

La Comisión de Derechos Humanos

Diputados: Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Celia García Ayala (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano, Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha, Salma Meza Manjarrez (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a asegurar el abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la canasta básica para personas en situación de pobreza

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 80, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de fecha 11 de enero de 2012, el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que asegure la permanencia y cobertura de los apoyos en materia de abasto de alimentos a bajo precio.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso turnar la citada proposición a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 18 de enero de 2012, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso rectificar el turno de la proposición con punto de acuerdo de mérito a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, para dictamen.

4. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 16 de febrero de 2012, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó de nueva cuenta a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen, la proposición con punto de acuerdo del diputado Carlos Flores Rico.

Contenido de la proposición

El diputado Carlos Flores Rico propone exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realice las acciones necesarias para que Diconsa, SA de CV, y Liconsa, SA de CV, aseguren en 2012 el volumen de abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la canasta básica para las personas en situación de pobreza.

Estima que las acciones por seguir para garantizar el abasto de alimentos de personas en situación de pobreza podrían realizarse a través de modificaciones presupuestales, reasignaciones, ampliaciones o transferencias de otras fuentes de ingresos.

Fundamenta su proposición señalando que en 2010, 58.5 millones de personas en nuestro país no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, teniendo carencia de acceso a la alimentación 28 millones de mexicanos, y 21.8 millones no podían adquirir la canasta alimentaria.

Señala que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al tercer trimestre de 2010, el porcentaje de personas que no podían adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo creció casi 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Considera que en 2011, el maíz, uno de los principales componentes de la canasta alimentaria, había aumentado su precio en 70 por ciento, al tiempo en que la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la empresa paraestatal Diconsa, SA de CV, se comprometió a mantener el precio de venta del kilogramo de maíz en cuatro pesos, compromiso que igualmente asumió Liconsa, SA de CV, para mantener el precio de venta de la leche que produce en cuatro pesos por litro.

Subraya que para 2012 se prevé que los precios de los alimentos sigan sustancialmente al alza, aunado a que se verán los estragos que arrojará la más severa sequía de los últimos años en México, que en 2011 afectó a 19 de las 32 entidades federativas del país, lo que impactará la producción de granos básicos como el maíz y frijol, lo que podría representar carestía.

Consideraciones

I. La comisión que dictamina coincide con la propuesta del diputado Carlos Flores Rico, en tanto que considera obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como dispone el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Reconocemos que la situación de sequía por la que atraviesa el país, principalmente la sucedida en 2011 y que afectó a mil 213 municipios de 19 de las 32 entidades federativas del país, ha impactado la producción de granos básicos para consumo humano como el maíz y frijol, lo que podría representar carestía y, consecuentemente, un aumento de precio.

III. La comisión que dictamina estima que esta situación podría aumentar aún más si se toma en consideración que el presupuesto de los programas federales para apoyar el consumo de alimentos básicos, como el Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa, enfrenta una reducción de 13 por ciento en su presupuesto respecto al autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011; y los Programas de Adquisición de Leche Nacional y de Abasto Social de Leche se contrajeron ambos por arriba de 14 por ciento.

IV. Ello, no obstante lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social, que dispone que “los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

V. Para esta comisión, la disminución de recursos presupuestales para los programas de abasto social hace suponer que no será posible mantener la cobertura observada en 2011, lo que de suceder generaría un aumento mayor de la población con carencia alimentaria que, como señala el proponente, alcanza a 28 millones de mexicanos.

VI. Factores como la inflación anualizada de la canasta alimentaria, la severa sequía por la que atraviesa el país y la contracción del presupuesto de los programas federales encargados de apoyar el consumo de alimentos básicos en 2012 demandan sin duda la realización de acciones no sólo para atender los efectos de las sequías sino, también, para asegurar que no se reduzca el volumen de abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la canasta básica para las familias mexicanas en situación de pobreza.

VII. Que mientras los alimentos son el rubro que más sube de precio, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social subrayamos que su importancia es mayor para los más pobres, pues la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares muestra que 10 por ciento de los hogares con menos ingresos dedica 49.9 por ciento de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el decil de más altos ingresos sólo dedica 22.9 por ciento.

VIII. No pasa desapercibido para quienes dictaminamos que el Ejecutivo federal, como también la Cámara de Diputados, ha tomado diversas acciones para hacer frente a los efectos de las sequías en apoyo de las familias y los sectores productivos afectados, buscando mantener las capacidades productivas, promover la activación de esquemas de aseguramiento, financiamiento y de apoyo al empleo en las zonas siniestradas.

IX. Sin embargo, en nuestra consideración, esas medidas, así como las que se han llevado a cabo para ampliar el cupo para importar alimentos, como en el caso específico del frijol, no aseguran por sí solas el abasto de básicos para todo el año y menos tampoco atenúan el impacto en el precio de los alimentos pues, por citar sólo un ejemplo, el precio internacional de las oleaginosas continúa al alza.

Por lo expuesto, y considerando que la seguridad alimentaria debe ser un tema prioritario para los tres órdenes de gobierno, la Comisión de Desarrollo Social somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a fin de que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, realice las acciones necesarias para que Diconsa, SA de CV, y Liconsa, SA de CV, aseguren en 2012 el volumen de abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la canasta básica para las personas en situación de pobreza, ya sea a través de modificaciones presupuestales, reasignaciones, ampliaciones o transferencias de otras fuentes de ingreso.

Segundo. Que el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, informe con oportunidad a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de las distintas acciones por llevar a cabo y sus alcances, así como de resultados por obtener, en el corto y mediano plazos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2012.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Carlos Flores Rico (rúbrica), presidente; Reyna Araceli Tirado Gálvez (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Enrique Torres Delgado (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Aníbal Peralta Galicia (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos.

De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar un proyecto integral para abatir en el mediano plazo las condiciones de marginación y rezago social en que se encuentran los rarámuris de la sierra Tarahumara

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto en los artículos 80, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de fecha 16 de enero de 2012, la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar la aplicación de programas y recursos contra la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que padecen los rarámuris de la Sierra Tarahumara, así como a establecer políticas que contribuyan a abatir el rezago social en la región.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso turnar la citada proposición a la Comisión de Desarrollo Social para análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero propone que se exhorte al titular del Ejecutivo federal a instrumentar de manera inmediata la aplicación de programas y recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que atraviesan los rarámuris de la Sierra Tarahumara, y para que implemente además políticas públicas eficientes y eficaces que contribuyan a abatir el rezago social en esa región.

Propone, asimismo, exhortar al propio titular del Ejecutivo federal a implementar mecanismos de colaboración y entendimiento con el Poder Legislativo, a fin de resolver el diferendo derivado del veto del Ejecutivo al decreto que ordena al gobierno integrar un fondo especial destinado a atender los daños ocasionados por problemas climáticos en 20 estados del país.

La proponente expone que la situación que se vive en la Sierra Tarahumara resulta de extrema preocupación, ya que existe un serio problema de hambruna a causa de las extensas sequias, que actualmente se está abatiendo en la medida de lo posible por el gobierno estatal, contado con el apoyo de diversas entidades de nuestro país, así como de la sociedad civil para tratar de mermar los problemas secundarios que ello pudiera ocasionar, pero que, sin embargo, dichas acciones no contribuyen a la solución de raíz del problema.

Recuerda que no fue posible cosechar granos debido a la prolongada sequía que duró 10 meses en el 2011, trayendo consecuencias en la zona de la Sierra Tarahumara al haberse cosechado solamente el uno por ciento de la producción de frijol y arroz.

Comenta que ha sido poco el abastecimiento de agua, y que no logra permear en la sierra, pues señala que Chihuahua abastece del vital líquido a otras entidades federativas como Sonora y Sinaloa, sin obviar que actualmente nuestro país se encuentra pagando, con transferencia del líquido, la deuda que mantiene con Estados Unidos de América, lo que ha obligado a que los indígenas tiendan a buscar agua a kilómetros de distancia o a consumir inclusive de aquella que se encuentra destinada para el ganado.

La falta de alimentos y la escasez de agua, considera la autora de la proposición, están mermando no solo la vida de cientos de indígenas, sino de miles de mexicanos. Los ocho estados golpeados por la sequía representan el 37 por ciento de la superficie agrícola del país, por lo que se han dejado de producir 3.5 millones de toneladas de maíz y de 350 mil toneladas de frijol; y para los primeros seis meses de 2012, se prevé un impacto en la falta de cosechas y problemas de siembra.

Consideraciones

I. La Comisión de Desarrollo Social coincide con la propuesta de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, en el sentido de que ante la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan los rarámuris de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, resulta en la necesidad de impulsar políticas integrales para que puedan superar en el mediano plazo la marginación y el rezago social en que viven.

II. No sólo porque esta comunidad ha sido de las más afectadas por las severas condiciones climatológicas en la región, entre sequías prolongadas y heladas severas, lo que ha evidenciando un problema serio de desnutrición y escases de alimento y agua, sino porque según el Informe de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el índice de desarrollo humano más bajo del país se ubica justamente en la Sierra Tarahumara, siendo de un 49.1 por ciento por debajo del promedio de desarrollo a nivel nacional.

III. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre las 10 localidades de más alto rezago social del país, tres se encuentran en los municipios de Batopilas, Guadalupe y Calvo y Chínipas, todos ellos en la Sierra Tarahumara, municipios que vieron empeorar su situación en cuanto a rezago social de 2008 a 2010.

IV. Quienes emitimos el presente dictamen consideramos que si bien el problema de la sequía y la carencia alimentaria que se presenta en la región de la Sierra Tarahumara ha venido atendiéndose con acciones implementadas por los gobiernos estatal y federal, con el apoyo y solidaridad de la sociedad civil, lo que realmente se requiere son medidas de largo alcance que enfrenten estructuralmente los problemas de rezago y marginación en que viven las comunidades indígenas.

V. La comisión quiere destacar, por citar solo un ejemplo, la inversión que hará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 309 millones de pesos en Chihuahua, Durango y Zacatecas como parte del Proyecto Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), en la construcción de obras para la capacitación y almacenamiento de agua y el desarrollo de proyectos productivos, que busca como objetivo tener un incremento en la disponibilidad de alimentos de las zonas rurales del país.

VI. Pero además de la inversión del PESA, de la entrega emergente de agua, de alimentos y despensas, del monitoreo y vigilancia de riesgos y enfermedades, de la prestación de servicios de atención médica y suministro de medicamentos, entre otros, que sin duda ayudan a enfrentar la emergencia ocasionada por la sequía y que afecta a miles de familias, el impulso de un proyecto de carácter integral y sustentable es lo deseable para la Sierra Tarahumara, que no solo considere la participación corresponsable de los tres órdenes de gobierno sino necesariamente la de los integrantes de la comunidad.

VII. Que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, señala el artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social, por lo que en ese contexto la Comisión de Desarrollo Social coincide con la proponente en que lo que se requiere son programas de apoyo permanente y opciones productivas para la comunidad rarámuri.

VIII. Quienes emitimos el presente dictamen consideramos necesario exhortar al Ejecutivo federal a que implemente cuanto antes para la Sierra Tarahumara un proyecto de largo alcance con un fuerte contenido ambiental y social, en el que participe la comunidad en su diseño y ejecución, de tal suerte que privilegie a las personas como los actores reales capaces de impulsar la propuesta, con el objetivo de superar la inequidad, marginación, desigualdad, pobreza extrema, injusticia y persistente discriminación en que viven sus habitantes.

IX. Sobre la propuesta prevista en el segundo punto resolutivo de la proposición que se dictamina, la Comisión de Desarrollo Social considera que en este asunto del mayor interés y relevancia para hacer frente a los efectos de la severa sequía que atraviesan diversas entidades federativas, se han ya implementado mecanismos de colaboración y entendimiento entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, tan es así que esta Soberanía ha iniciado acciones concretas para coadyuvar en la solución de esta problemática, al constituir la Cámara de Diputados un grupo plural de trabajo que tiene como objetivo allegarse de información y reunirse con las autoridades federales, estatales y municipales para dar seguimiento y evaluar el impacto de las contingencias climáticas que aquejan al país, lo que estimamos considera la preocupación del la diputada Zapata Lucero.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a implementar un proyecto integral para abatir en el mediano plazo las condiciones de marginación y rezago social en que se encuentran los rarámuris de la Sierra Tarahumara.

Segundo. Que el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, informe con oportunidad a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de las distintas acciones a llevar a cabo, sus alcances, así como de resultados a obtener, en el corto y mediano plazo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2012.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Carlos Flores Rico (rúbrica), presidente; Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Reyna Araceli Tirado Gálvez (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, Gerardo Sánchez García, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Elsa María Martínez Peña, secretarios; Esteban Albarrán Mendoza, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Aníbal Peralta Galicia (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Mario Moreno Arcos, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a promover con los gobiernos de los estados donde hay zonas metropolitanas debidamente delimitas la participación ciudadana en el proceso de ejercicio del Fondo Metropolitano correspondiente a 2012

Honorable Asamblea :

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto en los artículos 80; 82, numeral 1; 84 numeral 1; 85; 157 numeral 1, fracción I; y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 7 de febrero de 2012, la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a los gobiernos de los estados con zonas metropolitanas, a promover la participación ciudadana en el proceso del ejercicio del Fondo Metropolitano de 2012, mediante la inclusión en los consejos metropolitanos de integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso turnar la citada proposición a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes propone se exhorte a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social y a los gobiernos de los estados en cuya demarcación se ubique alguna zona metropolitana, a promover la participación ciudadana en el proceso del ejercicio del Fondo Metropolitano de 2012, a través de la inclusión en los consejos para el desarrollo metropolitano de integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Señala la autora de la proposición que en la actualidad, las zonas urbanas tienen crecimientos que ocasionan una expansión físico–territorial de tal magnitud, que han rebasado sus límites político–administrativos y se han unido con otras zonas cercanas, ya sea dentro del mismo municipio o de municipios distintos o incluso pertenecientes a gobiernos diferentes.

Que este proceso de expansión urbana ha dado lugar a las denominadas “zonas metropolitanas”, cuya formación y crecimiento constituye un aspecto clave en la acelerada urbanización y en el desarrollo económico y social del país.

Señala la proponente que de acuerdo a los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010, 55.8 por ciento de los mexicanos se asienta en alguna de las zonas metropolitanas del país en apenas 7 por ciento del territorio nacional; refiriendo además que las zonas metropolitanas constituyen el componente de mayor jerarquía del sistema urbano nacional, pues en ellas se concentra más de la mitad de la población y se genera 75 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país.

La proponente comenta que las zonas metropolitanas han sido tratadas hasta ahora como áreas de conurbación, no obstante son mucho más que eso. Se trata, dice, de grandes conglomerados de población que se expandieron desde alguna ciudad central hacia diversos municipios contiguos, a partir de la distribución de la actividad económica, la infraestructura y el equipamiento urbano, de tal suerte que entre ellos se establece una necesaria e irreversible interdependencia económica y urbana.

Para la proponente, la planeación y la gestión del desarrollo metropolitano requieren de formas y mecanismos de colaboración y asociación entre municipios y entidades de la federación que permitan actuar de manera conjunta y coordinada, a pesar de que se trate de ciudades y centros de población con diferentes características, tales como tamaño, densidad media urbana, ritmo de crecimiento, capacidades productivas y niveles distintos de competitividad económica y, desde luego, diferentes capacidades de financiamiento público y privado.

Menciona que cuando un gobierno incorpora a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión urbana local, esto tiende a obtener resultados en la elevación de los niveles de eficiencia y eficacia del gobierno, pues, afirma, se abre la participación ciudadana y el tejido social se fortalece; se acrecienta la confianza en la sociedad y la interdependencia redunda en la conformación de un ambiente político propicio a la búsqueda del bien común.

Para la diputada Hinojosa Céspedes, lograr mayores niveles de desarrollo en todos los ámbitos, incluido el correspondiente al desarrollo metropolitano, requiere del fortalecimiento de la sociedad civil organizada y de incrementar su participación en la identificación de los problemas que la aquejan, así como en la búsqueda de mejores soluciones.

Consideraciones

I. Por Zona Metropolitana debe entenderse como el conjunto de dos o más municipios o demarcaciones territoriales en los que se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

II. Para atender la problemática que representa el crecimiento urbano que involucra a dos o más demarcaciones territoriales, se constituyó en los presupuestos de egresos de la federación para los ejercicios fiscales de 2006 y 2007 el Fondo Metropolitano del Valle de México, canalizándose recursos en 2007 a las zonas metropolitanas de las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

Para los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010 y 2011 el Fondo Metropolitano contempló recursos para 7, 16, 32 y 45 zonas metropolitanas que abarcan 11, 20, 25 y 30 entidades federativas, respectivamente.

III. El artículo 47 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 (PEF 2012) establece que los Consejos para el Desarrollo Metropolitano estarán presididos por el gobernador o gobernadores e integrado por el presidente municipal o presidentes municipales, y en su caso, jefes delegacionales, del territorio que integra la zona metropolitana, así como de los representantes que señalen las disposiciones del Fondo Metropolitano.

IV. En el PEF 2012, se asignaron recursos para el Fondo Metropolitano, para ser distribuidos entre las zonas metropolitanas conforme a la asignación que se presenta en el anexo 12 del decreto, los cuales se deberán aplicar, evaluar, transparentar y ser sujetos de rendición de cuentas en los términos de las disposiciones aplicables.

V. Conforme al PEF 2012, los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

VI. Como así lo señala la autora de la proposición, el PEF 212 prevé, para cada zona metropolitana, la constitución de un Consejo para el Desarrollo Metropolitano u órgano equivalente cuyo objeto será el de coadyuvar en la asignación, aplicación, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo Metropolitano.

VII. Coincidiendo con la proponente, diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, la Comisión de Desarrollo Social considera que toda planeación y gestión del desarrollo metropolitano requiere, además de formas y mecanismos de colaboración y asociación entre municipios y entidades de la federación, instrumentos de participación de la sociedad, pues involucrar a los ciudadanos en la elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo regional y urbano, contribuiría a una adecuada coordinación interinstitucional y al aporte invaluable de conocimientos y experiencias de una ciudadanía conocedora de la situación local en donde viven.

VIII. Quienes dictaminamos concordamos plenamente con la proponente, pues no hay duda que si un gobierno incorpora a los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan su calidad de vida, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión urbana local, se tendrían resultados en la elevación de los niveles de eficiencia y eficacia del gobierno.

IX. Coincidimos en que conforme se abre la participación ciudadana el tejido social se fortalece, se acrecienta la confianza en la sociedad y la interdependencia y coordinación redunda en la conformación de un ambiente político propicio para la búsqueda del bien común.

X. Los integrantes de la comisión que dictamina coincidimos en que es necesario promover la participación social para evitar, además, que residentes del lugar queden en estado de indefensión, cuando se incumplan las normas en materia de desarrollo metropolitano y ordenación territorial, más todavía cuando la Ley General de Asentamientos Humanos contiene elementos normativos que propician la participación de la sociedad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, particularmente en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, promoviendo la constitución de agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, bajo cualquier forma jurídica de organización.

XI. No escapa para esta comisión, el hecho de que las reglas de operación vigentes del Fondo Metropolitano establecen un mecanismo de participación en el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, en el que pueden participar todas las instancias del ámbito público, social y privado que se relacionen con la materia y funciones del consejo, como pueden ser la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, las comisiones competentes del congreso local respectivo, las asociaciones o colegios de académicos, científicos, profesionistas, empresarios o ciudadanos.

XIII. Pero ello no obsta, en nuestra consideración, que esta soberanía envíe un atento exhorto al secretario de Desarrollo Social, para que a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial propicie, conjuntamente con los gobiernos de las entidades federativas, la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en los Consejos para el Desarrollo Metropolitano en aquellas entidades federativas que cuentan con zonas metropolitanas debidamente delimitadas, en tanto corresponde al secretario de Desarrollo Social, según lo dispuesto por el artículo 32, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, proyectar la ordenación territorial de los centros de población, con la participación de los sectores social y privado.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que, conjuntamente con los gobiernos de los estados en cuya demarcación se ubiquen zonas metropolitanas debidamente delimitadas, promuevan la participación ciudadana en el proceso del ejercicio del Fondo Metropolitano 2012, a través de la inclusión de integrantes de organizaciones de la sociedad civil en los respectivos Consejos para el Desarrollo Metropolitano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2012.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Carlos Flores Rico (rúbrica), presidente; Reyna Araceli Tirado Gálvez (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Enrique Torres Delgado (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Aníbal Peralta Galicia (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos.