Que reforma los artículos 3o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo primero al artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y al artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, se recorren en ambas disposiciones los párrafos vigentes, para incorporar la interpretación conforme y el principio pro homine en materia electoral.

Exposición de Motivos

En esta iniciativa se propone adicionar un párrafo inicial al artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y al artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para incorporar la obligación a las autoridades electorales, consistente en que las normas electorales deben ser interpretadas de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. La iniciativa persigue respetar el contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Como se sabe, dicha reforma obliga a todas las autoridades del país, para que en la interpretación de las normas que involucren derechos fundamentales, se realice la interpretación conforme a la Constitución y los tratados. La materia electoral y las autoridades que materialmente realizan atribuciones electorales están obligadas a interpretar las normas electorales desde la Constitución y los tratados favoreciendo siempre a las personas con la protección más amplia que maximice sus derechos.

La interpretación del derecho es una cuestión capital de la ciencia jurídica y filosofía jurídica, sobre todo ahora que debe interpretarse desde la Constitución y los tratados para premiar la interpretación que maximice derechos fundamentales. ¿Cómo interpretar el derecho?, ¿Qué métodos y técnicas interpretativas deben seguirse para encontrar las soluciones a los casos prácticos y justificar las decisiones de los jueces y autoridades?, ¿Es la interpretación que hacen los dogmáticos o científicos del derecho semejante a la de los prácticos?, ¿Existe ante un caso difícil una sola solución correcta o podemos manejar distintas alternativas de solución?, ¿Cómo justificar formal y materialmente las decisiones? Y un largo etcétera de asuntos o temas que no tienen respuestas claras o definitivas.

La interpretación y no sólo la jurídica, es parte de lo que se conoce en la filosofía como hermenéutica 1 , aunque existan otras posturas como la proveniente de la escuela analítica, la que establece: una conexión entre la filosofía y el lenguaje, la crítica a todo tipo de metafísica, la actitud positiva hacia el saber científico y el reconocimiento de que el análisis constituye una condición necesaria del filosofar. La hermenéutica, por su parte, se caracteriza por los siguientes rasgos: 1) Su antipositividad, en cuanto considera que el derecho no sólo son reglas dictadas por el legislador, el derecho es sobre todo práctica social que se entiende necesariamente desde su interpretación y aplicación; 2) La precomprensión, esto es, que la relación con un texto jurídico depende del contexto en el que se inscribe, necesita de experiencias previas, de “pre-juicios”; 3) La interpretación no puede verse en forma atomista y lineal, sino que es una actividad circular entre el texto normativo, el caso, el ordenamiento y el contexto; y, 4) El sujeto de la interpretación siempre está situado en una determinada perspectiva; el conocimiento jurídico es al mismo tiempo comprensión y praxis 2 .

La hermenéutica como “arte” pertenece al ámbito de la scientia práctica, un saber que no es de naturaleza teórica, ni técnica. Se trata de un saber que analiza los fenómenos de la comprensión y de la interpretación de los objetos en su sentido más originario. En el caso de la hermenéutica jurídica que utilizan los aplicadores del derecho, la búsqueda de la solución no es una mera subsunción del caso particular de algo general (los textos o formulaciones normativas), sino la determinación de la norma correcta en un sentido formal y material a ciertas circunstancias de hecho, para que esa decisión normativa sea complementaria o perfeccionadora del derecho 3 . La relación entre el texto o formulación normativa y la interpretación de la autoridad no es mecánica, ni es exacta conforme a una necesidad lógica racional como sucede en las matemáticas. Se trata de una relación dialéctica, en donde el texto condiciona la lectura y viceversa. Además, en la interpretación jurídica no sólo se determina el significado de los textos normativos sino también de los hechos que se conectan con esos textos. Es una forma de interpretar los sucesos, a través, en una vía de ida y vuelta, de los textos y las instituciones jurídicas. Los textos normativos exigen algo más que el análisis lingüístico. Exigen un círculo hermenéutico establecido entre el intérprete, las formulaciones normativas y los hechos; para enlazar la operación semántica con la operativa y provocar la conversión de la norma en hecho. El mundo de la experiencia jurídica no se deja reducir al universo intelectual del formalismo lógico o teórico 4 .

Frosini indica que “...No se puede interpretar internamente el derecho sin haber asumido antes el presupuesto de qué es el derecho, para así proceder al examen de las cuestiones que se consideran jurídicas. Por otra parte, no se puede interpretar el sentido del derecho en su conjunto sin haber tomado conciencia de su articulación en un ordenamiento jurídico. La interpretación jurídica está siempre fundada en un “círculo hermenéutico”, esto es, en una relación dinámica y continua que se establece entre el sujeto y el objeto de la interpretación, entre el intérprete y el texto legal y el hecho, entre la posición específica y puntual del intérprete y su conciencia jurídica global, conforme a la cual el intérprete piensa y actúa, vive su experiencia de vida como jurista” 5 .

En este sentido, Linares Quintana afirma que es un error sustituir e intercambiar los términos interpretación y hermenéutica. La interpretación es aplicación de la hermenéutica. La interpretación no sería más que la concreción a los casos de los principios y bases del planteo hermenéutico 6 . Lo que tiene base de razón, en tanto que el objetivo fundamental de toda hermenéutica es la compresión de estructuras de sentido, es el acercamiento al texto a través del contexto, pues ningún marco interpretativo es arbitrario, ni tampoco objetivo, si se entiende por ello algo perfecta y absolutamente lógico.

Dentro del debate entre los filósofos analíticos y hermenéuticos, podemos encontrar comparaciones que arrojan luz sobre ambas escuelas, en especial sobre la hermenéutica. Las características comparativas son las siguientes: 1) La filosofía analítica se refiere al lenguaje jurídico, mientras que la filosofía hermenéutica privilegia el discurso, esto es, entenderla en cuanto tejido de un mundo común y de una vida común; 2) El filósofo analítico tiende a considerar que los elementos jurídicos últimos, las unidades del derecho, son los enunciados normativos y las proposiciones normativas; para el filósofo hermenéutico, la unidad lingüística es el discurso, la norma es vista como argumento, como razones; 3) El filósofo analítico entiende la interpretación como atribución de significado; el filósofo hermenéutico considera al Derecho en su conjunto como una práctica interpretativa; y, 4) El filósofo analítico separa la ciencia jurídica y el Derecho; el filósofo hermenéutico une la ciencia con el Derecho, el discurso de la ciencia del derecho es una aplicación del discurso jurídico 7 .

El concepto “interpretación” no es tampoco fácilmente asible. Existen por lo menos dos ambigüedades. La primera relativa a cuál es el objeto de la interpretación, para algunos, puede ser objeto de la interpretación cualquier entidad capaz de transmitir un sentido, para otros, sólo se interpretarían entidades lingüísticas. La segunda ambigüedad confunde el proceso y el producto; en ocasiones se habla de interpretación para referirse a un proceso, a la actividad interpretativa, y en otros al producto, al resultado de esa actividad. El profesor Wróblewski ha distinguido respecto a la primera ambigüedad entre interpretaciones sensu largissimo e interpretación sensu largo. La interpretación sensu largissimo se da cuando se trata de “la comprensión de cualquier objeto en tanto fenómeno cultural”, mientras que la interpretación sensu largo está referida únicamente a las entidades lingüísticas. Wróblewski, también introduce las llamadas interpretaciones sensu stricto entendiendo por tales las determinaciones de un significado de expresiones lingüísticas cuando existen dudas referentes a ese significado en un caso concreto de comunicación 8 . Atienza dice que desde el punto de vista del objeto, la interpretación puede referirse a cualquier entidad susceptible de tener un sentido, o bien tan sólo a objetos lingüísticos, a textos problemáticos cuyo significado es en principio dudoso y que requieren de aclaración; la interpretación es también una actividad de atribución de significado o de comprensión de sentido; y puede igualmente verse como resultado del producto de la actividad interpretativa 9 .

La segunda ambigüedad relativa a la confusión entre actividad y producto, ha sido desglosada por distintos autores como Gianformaggio 10 . Esta autora alude a la interpretación como actividad, separándola en actividad noética y dianoética. La noética se genera cuando se produce una captación de significado de una realidad inteligible; la dianoética requiere de un pensamiento discursivo, es decir de una argumentación. En cuanto a la interpretación como resultado se señalan tres distintas formas de enfocar el asunto: la interpretación como producto noético (captación de sentido de carácter intuitivo); la interpretación como resultado del acto lingüístico; y, la interpretación como resultado de la actividad discursiva y argumentativa.

En cuanto a la primera ambigüedad referente al objeto de la interpretación, ésta presenta como puede observarse problemas importantes. Hermenéuticamente no puede circunscribirse todo el acto de interpretación a una operación lingüística sobre textos, pues además de que es indispensable tener conciencia del contexto con el que se aborda el texto, es necesario tener muy claro que en la interpretación jurídica se adscriben o determinan significados no sólo a formulaciones normativas sino a comportamientos o conductas para producir significados, es decir, normas para el caso concreto. Adicionalmente, el tema de la comprensión lingüística de los textos no es en sí mismo sencillo, la llamada “interpretación literal” de la ley presenta dificultades así como la distinción entre textos “claros” y “obscuros” como veremos más adelante.

La ambigüedad que confunde actividad y producto, pone sobre la mesa el elemento discursivo-argumentativo de la actividad interpretativa. En otras palabras, si en todos los supuestos estamos obligados a interpretar-argumentar o sólo en algunos. También destaca, la autonomía del resultado frente a la actividad-procedimiento de la interpretación. Para algunos, el producto de la interpretación es de carácter lógico necesario, si entendemos la actividad-proceso como un silogismo. Para otros, el producto no es lógico necesario y debe ser justificado, tanto internamente (a partir de sus premisas) como externamente (cuestionado y justificando esas premisas). Igualmente, se entra en esta segunda ambigüedad al ámbito de la aplicación del Derecho. Sí, por ejemplo, todos los intérpretes aplican el Derecho o sólo algunos, si la aplicación tiene por objeto normas y la interpretación textos o formulaciones normativas, sí la aplicación presupone una interpretación y, sí la aplicación está referida exclusivamente a las autoridades 11 .

De lo dicho, y sin ser conclusivo, la interpretación jurídica puede entenderse en un sentido amplio y en uno restringido. En un sentido amplio, se emplea para referirse a cualquier atribución de significado a una formulación normativa, tomando en cuenta el contexto cultural jurídico del intérprete y en su caso las circunstancias de los hechos, con independencia de dudas o controversias, por lo que cualquier texto en cualquier situación requiere interpretación. En un sentido restringido, “interpretación” se emplea para referirse a la atribución de significado, tomando en cuenta el contexto y los hechos, a una formulación normativa en presencia de dudas o controversias en torno a su campo de aplicación. En este sentido se dirá que no en todos los casos se requiere interpretación en un sentido discursivo-argumentativo, lo que no es totalmente correcto 12 . Atienza propone, siguiendo a Guastini, tres formas de entender la interpretación: 1) Como adscripción o detección de un significado, entendiendo que la actividad interpretativa es cognoscitiva y, potencialmente científica; 2) como la decisión o propuesta de un significado entre los diversos posibles, aquí cabría distinguir entre una fase cognoscitiva y otra volitiva; y, 3) como la creación de un significado generando una nueva norma 13 .

En las llamadas interpretaciones literales que suponen producir un texto distinto que exhibirá el mismo sentido y significado del texto del cual partimos, se llega a señalar que no existe proceso discursivo-argumentativo, pues constituyen una suerte de traducción. En ellas, sin embargo, no se trata simplemente de traducir, sino de alcanzar una nueva versión que exprese con mayor claridad el significado del texto interpretado para que sea mejor entendido. Además, no existe una única “traducción” literal del texto, sino múltiples interpretaciones posibles que se podrían exponer en “traducciones divergentes”. Esto evidentemente, se opone a la idea muy común y compartida de que frente a la ley clara no corresponde interpretación alguna (in claris non fit interpretatio e interpretatio cessat in claris ).

Por otra parte, la interpretación literal tiene que lidiar con los enunciados equipolentes. La equipolencia es más exigente que la mera equivalencia. Implica reproducir un nuevo texto a partir del texto original con los mismos énfasis, con la misma eficacia comunicativa guardando el significado original. La dificultad de crear una nueva norma a partir de los significados y énfasis o sentidos originales es realmente una tarea complicada que entraña algo más que reproducción mecánica o traducción de texto inicial.

La interpretación literal tiene adicionalmente que enfrentar otros problemas. Esto es, problemas lógicos derivados de la aplicación de las formalizaciones lógicas inferenciales al lenguaje prescriptivo del Derecho que en principio carece de valor de verdad, lo que hace muy difícil, contra lo que suele pensarse, el cálculo lógico, tal como se produce en las matemáticas. Lo aquí dicho no presupone un rechazo a los instrumentos de la lógica racional en la interpretación sino sólo asignarle un papel más acotado para que tome en cuenta sistemas lógicos, normativos, específicos y apropiados para el Derecho que permitan reconstruir con alguna fidelidad el razonamiento jurídico 14 .

La anterior problematización de la interpretación literal no termina aquí, bien se podrían agregar otros temas ya canonizados en la teoría del Derecho como los hace tiempo estudiados por Hart respecto a las condiciones del lenguaje jurídico. En concreto, los conceptos de “textura abierta” de las expresiones lingüísticas y las “zonas de penumbra e incertidumbre” en el derecho, que impiden sostener de manera tajante la división simplista entre formulaciones normativas claras y formulaciones normativas equívocas 15 . Casi cualquier formulación normativa exige interpretación en su sentido argumentativo-discursivo, sobre todo si debe justificarse la decisión como suelen prescribirlo los ordenamientos jurídicos.

Lo que hace que el significado de un texto resulte dudoso puede deberse a distintos factores, entre ellos, el que el autor emplee expresiones imprecisas, ambigüas o vagas, que exista un problema de laguna o antinómico, que no sea clara la intención del autor, que exista contradicción entre el texto y las finalidades o valores de la norma. Para interpretar existen una serie de técnicas o cánones, que remiten siempre a una concepción ontológica, epistemológica y valorativa del Derecho. En otras palabras contestar a las preguntas de qué es interpretar, por qué se interpreta y para qué se interpreta reconduce a las teorías de la interpretación. En general, podemos decir que existen dos tipos de teorías interpretativas: por un lado, las formalistas y las escépticas; y por otro, las objetivistas y las subjetivistas. Las formalistas entienden la labor interpretativa como una manera de desentrañar el significado de la norma, esto es, una función meramente cognoscitiva. Las escépticas consideran que la interpretación es siempre una creación del juez, es decir, producto de un acto de voluntad y no de conocimiento. Las objetivistas entienden la interpretación como una expresión de la voluntad de la ley, y las subjetivistas la conciben como una manifestación de la voluntad del legislador.

Como se ha indicado aquí, en esta iniciativa proponemos que el contenido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos –publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio de 2011- se incorpore a la materia electoral para que las autoridades del ramo realicen interpretación conforme a la Constitución y los tratados y, favorezcan siempre a las personas en sus interpretaciones a través de la maximización de sus derechos fundamentales. Es decir, todas las autoridades están obligadas a interpretar las leyes a partir de la Constitución y los tratados para optimizar los derechos fundamentales de las personas. La materia electoral no debe ser excepción a este respecto.

Para el derecho mexicano, resulta muy importante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Diario Oficial de la Federación de 4 de octubre de 2011) al resolver el expediente Varios 912/2010 (caso Rosendo Radilla Pacheco), pues ahí, la Corte delimitó el contenido del control de constitucionalidad y convencionalidad en nuestro país: admitió el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad y, reconoció que se debía ejercer de oficio. Además estableció que el modelo de control de convencionalidad y constitucionalidad que debía adoptarse en México, es en el sentido de que: 1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar en los supuestos que determina el ordenamiento la invalidez de las normas que contravengan la Constitución y/o los tratados que reconozcan derechos humanos; 2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución y/o tratados que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones; y, 3. Las demás autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultadas para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en casos concretos.

El parámetro de análisis del control de constitucionalidad y convencionalidad que deberán ejercer las autoridades del país, incluyendo las electorales, aún de oficio, se integra de la manera siguiente:

Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1 y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación.

Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La posibilidad de inaplicación por parte de los jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación.

De este modo, advierte la Suprema Corte, que este tipo de interpretación por parte de los jueces y autoridades presupone realizar tres pasos:

Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que las autoridades electorales, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces y autoridades deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

La inaplicación de la ley por parte de los jueces –incluyendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- que no tienen competencia para declarar la invalidez general de una norma, cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2010 en materia de derechos humanos más la resolución de la corte dictada en el expediente Varios 912/2010 tienen como fin facilitar que en el orden interno todas las autoridades del Estado mexicano cumplan con las obligaciones que en materia de respeto y protección a los derechos humanos se han asumido ante la comunidad internacional.

En atención al principio de presunción de constitucionalidad, las autoridades y los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad, deberán aplicar el método de interpretación conforme, según el cual, cuando existan varias interpretaciones jurídicamente válidas deberán preferir aquélla que haga, a la norma general analizada compatible con los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, o los criterios vinculantes, entendido éstos como los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cuando no sea posible la interpretación conforme, en el caso de los órganos jurisdiccionales, éstos podrán determinar la inaplicación de la norma general, para lo cual deberán expresar, en la parte considerativa de su resolución, los argumentos lógico-jurídicos que la sustenten.

En el entendido de que la atribución de los organismos jurisdiccionales que no estén facultados para ello, no puede traducirse en la expulsión del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sino sólo de dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en materia de derechos humanos.

De lo anterior, se deduce que, tanto las autoridades electorales de carácter administrativo como las electorales de carácter jurisdiccional están obligadas a realizar interpretación conforme de constitucionalidad y de convencionalidad. Las que ejercen atribuciones administrativas están obligadas a maximizar en sus interpretaciones los derechos fundamentales aunque no a desaplicar y, las jurisdiccionales deben ampliar los significados y alcances de los derechos fundamentales en sus interpretaciones y, pueden desaplicar norma legal o administrativa para cada caso concreto cuando éstas sean contrarias a la Constitución y los tratados y no sea posible la armonización jurídica que optimice los derechos fundamentales.

En este sentido, se propone que tanto el párrafo primero del artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como el primero de la Ley General del Sistema de Medios queden en los siguientes términos: “Las normas de este cuerpo normativo se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en la atribución de significados normativos, se favorecerá en todo tiempo a las personas con la protección más amplia”.

Por lo expuesto y fundado, se somete a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo primero al artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y al artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, se recorren en ambas disposiciones los párrafos vigentes, para incorporar la interpretación conforme y el principio Pro Homine en materia electoral.

Artículo Primero. Se adiciona un primer párrafo al artículo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, recorriéndose los párrafos vigentes, para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 3

1. Las normas de este cuerpo normativo se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en la atribución de significados normativos, se favorecerá en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

2. ...

3. ...”

Artículo Segundo. Se adiciona un primer párrafo al artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, recorriéndose los párrafos vigentes, para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 2

1. Las normas de este cuerpo normativo se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en la atribución de significados normativos, se favorecerá en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

2. ...

3. ...”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. La hermenéutica no es unívoca. Existen diversas posturas y concepciones acerca de lo qué es la hermenéutica, algunos autores conciben al menos dos formas de hermenéutica: la metafórica y la analógica. Sobre estos temas ver: Beuchot, Mauricio, Hermenéutica analógica y del umbral , editorial San Esteban, Salamanca, 2003; Ricoeur, Paul, La metáfora viva , editorial Europa, 1980; Vattimo, Gianni, El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna , editorial Gedisa, Barcelona, 2000. Para una historia de la hermenéutica ver: Ferraris, Maurizio, Historia de la Hermenéutica, editorial Siglo XXI, México, 2002. También se recomienda del mismo autor: Ferraris, Maurizio, La hermenéutica, editorial Taurus, México, primera reimpresión, 2001.

2. Atienza, Manuel, Cuestiones Judiciales , editorial Distribuciones Fontamara, México, primera edición, 2001, pp. 105-107.

3. Gadamer, Hans-Georg, “Hermenéutica”, en Verdad y Método , Ediciones Sígueme, Salamanca, 1994, tomo II, pp. 363-373.

4. Frosini, Vittorio, La letra y el espíritu de la ley , editorial Ariel, Barcelona, primera edición, 1995, pp. 57-72.

5. Frosini, Vittorio, La letra y el espíritu de la ley , ob. cit. p. 80.

6. Linares Quintana, Segundo V., Tratado de Interpretación Constitucional , editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1998, pp. 41-43. En esas mismas páginas Linares Quintana sostiene un diálogo sobre esta cuestión con el jurista peruano Domingo García Belaúnde, y recuerda como la voz hermenéutica proviene del sustantivo griego hermeneia, que a su vez viene del verbo érmeneum, que probablemente tenga alguna vinculación con el Dios Hermes... Hermes, hijo de Júpiter y Maya, hija de Atlas, era el intérprete o el mensajero de los dioses. Hermeneia significó desde muy pronto proclamar, interpretar, explicar, traducir, mediar, etcétera, en fin, hacer algo comprensible o inteligible.

7. Viola, Francesco, “La crítica dell’ ermeneutica alla filosofia analitica italiana del diritto”, en Mario Jori, Ermeneutica e filosofia analitica, Turin, Giappichelli, 1994.

8. Wroblewski, Jerzy, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica , Cuadernos Cívitas, Madrid, 1985, pp. 21-26.

9. Atienza, Manuel,”Estado de Derecho, argumentación e interpretación”, en Cuestiones Judiciales, editorial Distribuciones Fontamara, México, 2001, p. 74.

10. Gianformaggio, Letizia, “Lógica y argumentación en la interpretación jurídica o tomar a los juristas intérpretes en serio”, Doxa , número 4, 1987, pp. 87-108.

11. Guastini, Ricardo, Estudios sobre la interpretación jurídica , UNAM, México, 1999, pp. 9-10. Guastini distingue interpretación y aplicación en función de que las autoridades son las únicas que aplican el Derecho, en tanto que todo sujeto con inteligencia puede interpretar, igualmente diferencia la aplicación de la interpretación en tanto que en la primera el objeto son las normas y en la segunda los textos normativos, también señala que la aplicación presupone una interpretación. La aplicación sería el producto o resultado de la interpretación que realizan las autoridades con competencia para ello.

12. Guastini, Ricardo, Estudios sobre la interpretación jurídica , ob. cit. pp. 3-5. El concepto amplio y restringido de interpretación de Guastini se refiere a textos o formulaciones normativas exclusivamente. Es decir la interpretación está confinada al ámbito lingüístico, aunque Guastini adecuadamente sostiene que no existe algo así como el “significado propio” de las palabras: las palabras tienen sólo el significado que les viene atribuido por quien la utiliza o por quien las interpreta. Por tanto, el significado es mutable, y cada decisión interpretativa es siempre, si bien en distinta medida, arbitraria.

13. Atienza, Manuel, “Estado de Derecho, argumentación e interpretación” en Cuestiones Judiciales, editorial Distribuciones Fontamara, primera edición, 2001, p. 80.

14. Ver: Vernengo, Roberto, La interpretación literal de la ley , editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1971, 107 páginas; Vernengo, Roberto, La interpretación jurídica , UNAM, México, 1977, 127 páginas; Vernengo, Roberto, “Interpretación del Derecho”, en El Derecho y la Justicia , edición de Ernesto Garzón Valdés y Francisco J. Laporta, editorial Trotta, Madrid, 1996, pp. 239-265.

15. Hart, H.L.A., El Concepto de Derecho , traducción de Genaro R. Carrió, Editora Nacional, México, 1980, pp.160-161. Es conocido su ejemplo sobre la regla de que no pueden entrar vehículos en un parque, y las dificultades lingüísticas para determinar a que tipo de vehículos se refiere la regla, si al automóvil, al ómnibus, la motocicleta, o también a otro tipo de vehículos como las patinetas o los triciclos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2012.

Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)