Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH que investigue sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de las reclusas, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lleve a cabo una investigación inmediata sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres en reclusión.

Exposición de Motivos

Las mujeres privadas de su libertad son doblemente castigadas, ya que, por una parte purgan una sentencia por la comisión de un acto delictivo y, por otra, son objeto del olvido de la sociedad e incluso de sus propias familias.

Desde el momento de su detención, las mujeres sufren vejaciones físicas, mentales, psicológicas, morales y sexuales, además de inequidad en la imposición de las sentencias con respecto a los hombres, debido a que el sistema ignora que generalmente las mujeres son primodelincuentes y si tomaran en consideración este elemento, estarían enfrentando delitos culposos y no dolosos.

La Secretaría de Seguridad Pública aseveró que al mes de octubre de 2011, la población penitenciaria en el país era de 231 mil 510 reos, de dicha población, 220,806 son hombres y 10,704 mujeres. Es importante señalar que entre los 20 y 44 años de edad es cuando se registra un mayor índice delictivo por parte del sexo femenino.

De acuerdo con la publicación trimestral Perspectiva Estadística de México (diciembre 2011), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los tres delitos de mayor incidencia atribuidos a las mujeres son: delitos contra la salud, robo y lesiones. Esto se debe a que en ocasiones las mujeres al no encontrar una mejor opción para obtener recursos económicos arriesgan su libertad o bien, son obligadas por sus parejas a cometer el ilícito.

Es decir, que la violencia de género representa uno de los factores por los cuales la mujer delinque, dado que es un nexo causal ante la indiferencia de las autoridades del sistema de justicia penal y penitenciaria de nuestro país.

Estos hechos divergen de lo previsto por el artículo 4o. de nuestra Ley Suprema, las garantías de legalidad, así como de los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que son:

• La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre.

• El respeto a la dignidad humana de las mujeres.

• La no discriminación.

• La libertad de las mujeres.

En este orden de ideas, el Instituto Nacional de las Mujeres hizo una investigación sobre la situación de las mujeres en reclusión y dio a conocer que el 94 popr ciento contó con un abogado (asignado o contratado), durante su detención, lo cual denota la mínima atención y desinterés por parte de la defensa durante el proceso.

Por lo que respecta a las reclusas de origen indígena, sólo el 14.3 por ciento contó con los servicios de un traductor, lo que muestra el estado de indefensión de este sector ante la incertidumbre de su situación jurídica.

En materia educativa, el 50.6 por ciento de las internas tenían, al momento de su ingreso al penal, un nivel escolar de primaria o menor. Un porcentaje importante (12 por ciento), lo constituyen las mujeres sin instrucción.

Subsiguientemente la investigación señala que el 78.8 por ciento desarrolló alguna actividad económica antes de ingresar al penal y el 77.4 por ciento de las mujeres recluidas desarrolla una actividad remunerada al interior de las cárceles, que de las 455 que existen actualmente en nuestro país, exclusivamente 13 son femeniles.

Ante la grave situación que enfrentan las mujeres en reclusión, su salud se ve afectada ya que padecen enfermedades psíquicas como el insomnio, estrés, ansiedad y depresión, y padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes, hipertensión, obesidad.

Razón por la cual es lamentable que los sistemas de salud al interior de los centros de reclusión no respondan a las necesidades de la población penitenciaria, ya sea por negligencia, insuficiencia de medicamentos o la negativa en la atención; situación que ha sido denunciada constantemente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo existen centros que carecen de áreas ginecológicas, lo cual es alarmante si tomamos en consideración que el cáncer de mama es la primera causa de muerte de las mujeres mexicanas.

De igual forma las internas con padecimientos psiquiátricos representan un sector vulnerable en el sistema penitenciario debido a que en los centros de reclusión no existen áreas especializadas para su tratamiento y al convivir con el resto de la población pueden ser objeto de diversos abusos.

Si lo anterior no resultare suficiente, hace unos meses la diputada Rosi Orozco denunció en esta tribuna la existencia de una presunta red de prostitución forzada que operaba en el Penal Femenil de Santa Marta Acatitla y en el Reclusorio Oriente en donde se vieron involucrados reos, personal de seguridad y del área jurídica de los juzgados.

La forma en que llevaban a cabo esta práctica era que las internas salían gracias a que un Secretario de Acuerdos emitía un pedimento judicial para supuestamente presentarlas ante un juez, por lo cual recibían una gratificación de 300 y 500 pesos por interna.

Los clientes, según la denuncia, eran los llamados padrinos, reos con poder económico, a quienes se les cobraba alrededor de 3 mil 500 pesos por servicio sexual, dinero que era distribuido entre los funcionarios e internos involucrados en esta red.

Ante la gravedad de este problema, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal aceptó la recomendación en todos sus términos de la Comisión de Derechos Humanos de esta circunscripción pero este asunto ha quedado en el olvido.

Otra situación preocupante de las mujeres en reclusión es la relacionada con la maternidad. El Instituto Nacional de las Mujeres dio a conocer que de una muestra de 580 reclusas, 557 de ellas son madres, es decir el 95 por ciento.

La privación de la libertad de las madres no sólo las impacta a ellas sino que se hace extensiva a sus hijos, sobre todo a los menores de edad. La convivencia de las y los niños con sus madres en la prisión es un derecho previsto en las Reglas Mínimas de Tratamiento del Delincuente de la ONU, en el que se estipula la obligatoriedad de la atención, antes y después del parto de la interna, así como la instalación de guarderías para la atención de las y los hijos que nazcan durante la reclusión de la madre y para los menores que vivan con ellas en los centros de reclusión.

Desafortunadamente en nuestro país la Ley de Normas Mínimas para Sentenciados y la mayoría de las Leyes de Ejecución de Sentencias de las entidades federativas no contemplan este tipo de especificidades relativas a los requerimientos particulares de las mujeres y de sus pequeños.

Este panorama discrepa del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política así como de la postura que el Poder Judicial de la federación, mediante la siguiente tesis jurisprudencial, asevera:

Registro número 172003

Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Julio de 2007 Página: 265. Tesis: 1a. CXLI/2007. Tesis Aislada. Materia: Civil.

Interés Superior del Niño

Su concepto

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ...implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

De igual forma dista de los preceptos jurídicos incluidos en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en su artículo tercero establece como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Ante esta problemática, la Organización de Naciones Unidas, en el marco internacional de los derechos humanos, ha promulgado una serie de instrumentos jurídicos cuyas disposiciones son de observancia obligatoria para los Estados miembros.

En materia de tratamiento de reclusos y el sistema penitenciario, los instrumentos internacionales más representativos son los siguientes:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 37 económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer

Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

• Reconocer la igualdad del hombre y de la mujer frente a la ley.

• Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

• Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.

• Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

• Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará)

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

• El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley.

• El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.

• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

• Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.

• Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

• Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esa Convención.

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

Principio 5:

Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos, no se considerarán discriminatorias.

Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

Regla 8:

Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles.

Regla 23:

En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

Regla 53:

En los establecimientos mixtos, la sección de mujeres estará bajo la dirección de una funcionaria femenina responsable, que guardará todas las llaves de dicha sección del establecimiento. Ningún funcionario del sexo masculino penetrará en la sección femenina sin ir acompañado de un miembro femenino del personal.

Por los argumentos vertidos, el objetivo de la presente proposición con punto de acuerdo consiste en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice una investigación inmediata sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de las mujeres recluidas en los centros penitenciarios del país y emita un diagnóstico a esta soberanía así como datos estadísticos, ya que sólo con cifras fidedignas podremos contribuir a la reestructuración del sistema penitenciario.

El fundamento jurídico de esta proposición radica en la facultad que le confiere el Apartado B, último párrafo del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que a la letra dicen:

Artículo 102. ...

...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.”

Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

...

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país;

...

No debemos olvidar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del pasado 10 de junio de 2011, se logró incorporar el principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, por ende México, al ratificar los Tratados y Convenios Internacionales, se encuentra obligado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar a las mujeres en reclusión el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. En este tenor, México tiene la enorme responsabilidad, al ejercer su ius puniendo, de garantizarles seguridad y bienestar, así como de estructurar sus políticas penitenciarias en base a las condiciones concretas del género, por ello es momento de incorporar la perspectiva de género en las normas jurídicas en materia penitenciaria para prevenir y sancionar las transgresiones que sufren las mujeres.

Debemos ser congruentes, ya que la reforma de referencia fue un hecho histórico, comparable únicamente con la promulgación de la Constitución Política de 1917, ya que evidencia que la Carta Magna no respondía con el deber de reconocer, resguardar y garantizar los derechos humanos, característica de un Estado democrático.

No debemos dejar de lado que el estado de derecho radica en la cultura de la legalidad, y el respeto pleno de la ley, es un valor que se debe fomentar en la conciencia de los ciudadanos.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en uso de las facultades que le confiere el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; realice una investigación inmediata sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres recluidas en los centros penitenciarios del país y emita, a la brevedad, un diagnóstico a esta soberanía así como datos estadísticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2012.

Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)