De la Comisión de Justicia, correspondiente a la vigésima séptima reunión, celebrada el miércoles 9 de noviembre de 2011

En el salón de usos múltiples número 3 del edifico I, ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:15 horas del día 9 de noviembre de 2011, se llevó a cabo la vigésima séptima reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo la siguiente orden del día:

1. Lista y verificación del quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (sentido positivo).

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca (sentido positivo).

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 127 bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de espionaje (positivo).

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 83 Quáter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de armas de fuego (sentido positivo).

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de apología del delito (sentido positivo).

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal en materia de responsabilidad (sentido positivo).

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 14, un párrafo quinto a la fracción V del artículo 74, un párrafo tercero al artículo 78, un párrafo segundo al artículo 120, una fracción tercera al artículo 123, se reforma el artículo 76 Bis, párrafo primero, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de menores e incapaces.(sentido positivo)

11. Asuntos generales.

12. Clausura y cita para la próxima reunión.

Se emite la presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día cuatro de noviembre de 2011.

Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño

Presidente de la Comisión de Justicia

Se declaró la existencia del quórum legal.

Se dio inicio de la reunión de trabajo con 19 firmas de los siguientes diputados:

Víctor Humberto Benítez Treviño, Miguel Ernesto Pompa Corella, Óscar Martin Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Eduardo Ledesma Romo, Ma. De Jesús Aguirre Maldonado, Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Ma. Antonieta Pérez Reyes, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdez Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño, Arturo Zamora Jiménez.

Tomaron la palabra las y los siguientes diputados:

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: He solicitado por escrito la incorporación de dos dictaminaciones una es la minuta con proyecto de decreto para la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa por la que se expide la ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 21 constitucional, que es una propuesta que estamos acompañando con respecto a la reglamentación de la Corte Penal Internacional. Y había solicitado de manera verbal la dictaminación de la reforma al artículo 44 del Código Penal que el diputado Arturo Zamora está impulsando.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Analizando el orden del día, yo quiero hacer una petición muy amable, a ver si nos puede conceder que el día de hoy en esta sesión no se analice ni se discuta, y menos se apruebe el dictamen de la minuta de proyecto de dictamen sobre la Ley de Lavado de Dinero.

Hay varios argumentos al respecto que están sustentando mi petición, una de ellas es que si bien va a ser un proyecto, y va a ser una votación en comisiones unidas, yo creo que es muy importante que en esta comisión se debata, y se desahoguen todos los puntos de diferencia que traemos con respecto al proyecto que se pretende votar.

A mí me gustaría que lo bajáramos del orden del día, y que pudiéramos agendar hoy mismo, una fecha nueva para una sesión de esta comisión, en la que solamente nos ocupáramos de analizar este proyecto, artículo por artículo.

Es un tema de mucha relevancia hay bastantes diferencias, o por lo menos, bastantes temas que pudiéramos discutir, en relación al proyecto que se está presentando por parte de la Comisión de Justicia. Considerando por ejemplo, que la Comisión de Hacienda tardó creo que cuatro sesiones completas en sacar su dictamen, yo no veo por qué nosotros no cuidemos de dedicarle el tiempo correspondiente, así cuando lleguemos a comisiones unidas, los temas de nuestra comisión se habrán desahogado en particular en nuestra comisión, y yo estoy segura que el tránsito de la votación en comisiones unidas fuera más fácil.

Es una petición muy concreta, pero además, me acaba de llegar una carta que nos envía el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en donde hace referencia a un documento que nos hicieron llegar a los diputados del PAN, por parte de la fundación, en donde la fundación comenta que el dictamen está atendiendo todas las observaciones y los puntos tomados en cuenta, y votados en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público está desconociendo ese documento de la fundación que nos envió a los diputados del PAN, entonces, en función de esta diversidad, perdón, de esta diferencia de opinión, que en el fondo es importante, sí le quiero hacer la petición de que fuera retirada de esta sesión, pero que también podamos convocar ahorita mismo, a una fecha en la que se pueda revisar solamente este tema.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria comentó: Solamente como responsable de coordinar los trabajos en la subcomisión que se integró para elaborar el dictamen que vamos a poner a consideración de esta comisión solamente es para referir, que el presidente nos ha instruido distribuirlo entre ustedes, para que puedan tener oportunidad de revisarlo, de opinarlo.

Ya está validado por los miembros de la subcomisión que somos de los distintos grupos parlamentarios, por el PAN, por el PRD, por el Verde, y obviamente, por el PRI, y quisiéramos que ustedes tuviesen tiempo de revisarlo, para que en la siguiente sesión se pudiese agendar, y tuviéramos con oportunidad sus comentarios, para fortalecer el predictamen que seguramente, con el apoyo de ustedes podrá ser un dictamen.

Y sólo en ese sentido, platicarles, comentarles, que el 25 es el Día de la No Violencia Contra la Mujer, entonces, que ojalá ese día pudiésemos conmemorar con aprobar en el pleno esta reforma, que ha sido planteada desde su origen, por todos los grupos parlamentarios, y que ha sido procesada también, de la misma manera. Sólo quiero dejar esto en la agenda, señor presidente, y también en el interés de mis compañeros y compañeras, para que abran su correo, y puedan revisar el predictamen.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza comentó: Sólo en el mismo sentido en relación al punto siete que tenemos en primer turno en la Comisión de Defensa, ojalá, sé pudiera también dejarlo pendiente, a efecto de que en aras de la economía procesal legislativa no tengamos contraposición.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: En primer lugar, yo no creo que ningún oficio de otra comisión se deba tomar en cuenta en esta comisión, pues somos independientes, si no, nunca vamos a dictaminar nada, menos si se refiere a la cortesía, porque la Comisión de Hacienda nunca nos dijo qué dictamen iban a hacer, lo dictaminaron y luego nos lo mandaron.

Si eso se refiere a la cortesía, yo recuerdo que hace dos semanas, más de dos semanas circulamos el anteproyecto que el diputado Zamora y yo, gente de la subcomisión hicimos y dimos un término perentorio para que enviaran observaciones, o sea, que no las envió, me parece que en este momento votar un proyecto, no un dictamen —hay que diferenciarlo— el proyecto es para que tengamos una base de discusión con comisiones unidas. Claro que también es perfectible, eso lo quiero dejar también muy asentado, pero el día de hoy, lo que se pone a consideración es un proyecto de dictamen; si aprobamos ese proyecto de dictamen, entonces, tenemos una base para después citar a la Comisión de Hacienda, y en comisiones unidas discutir artículo por artículo, para lo que vayamos nosotros discutiendo, se vaya aprobando, mejorando, adicionando o devolviendo a comisión. Yo estaría en condiciones el día de hoy, en votar el proyecto, porque creo que es un trabajo que se ha venido aplazando más de un mes.

Me parece indiscreto que el presidente, que es de mi partido, pero me parece una cuestión indiscreta y de muy mala gana, que le circulemos el predictamen nosotros, de buena fe, y que lo desconozca ahorita.

Entonces, hay que circulárselo formalmente, para que diga que ya tiene el dictamen, porque si no, la siguiente sesión nos va a decir que “ese proyecto que dicen que teníamos, que no le gusta”, pues hay que enseñarle entonces, el proyecto si lo aprobamos, de manera oficial y hay que entregárselo para que tenga una base de discusión, porque repito, me parece de muy mal gusto este oficio firmado por ausencia y entregado ahorita a la Comisión de Justicia.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: En relación al planteamiento de la diputada Carolina, nos acabamos de comprometer a hacerle llegar alguna opinión para fortalecer, o para considerar o consensuar con ella la propuesta.

Estamos de acuerdo en que ese dictamen en una siguiente reunión se pudiera abordar.

A mí me parece que el tema de este anteproyecto de dictamen, en relación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones, con Recursos de Procedencia Ilícita ha tenido un procesamiento por esta comisión.

Creo que hemos sido muy pulcros en permitir que todo mundo se exprese. Sí creo yo que la mayor parte de las consideraciones nuestras están consideradas en el dictamen. Tenemos dos cosas que, si no se pudiera hoy, porque así lo decida la comisión, en las comisiones unidas presentaríamos son propuestas de redacción; precisiones que nosotros quisiéramos.

Caso concreto por ejemplo, lo de la solicitud de información que se hiciera a los organismos autónomos, que en este caso, los descentralizados no vemos ningún problema, pero en el caso del IFE, de otros organismos autónomos habría que precisar en una redacción más concisa, la exigencia y la obligación de que proporcionen información.

Y además estarían obligados a hacerlo, y otro detalle que queda también un poco impreciso es que tiene que haber una denuncia de la secretaría, para que se pueda activar el procedimiento en este caso, de integrar una averiguación por el Ministerio Público. Ahí también tenemos unas consideraciones.

Pienso que también requiere de más tiempo, ahorita tenemos ocho dictámenes, me parece que la discusión de este dictamen si requiere de un tiempo mayor, a pesar de que ha habido, insisto, bastantes aportaciones y tiempo para discutir.

Yo quisiera que se considerara nada más la posibilidad de una sesión especial para este tema, nada más.

La diputada Nancy González Ulloa comentó: Comparto la inquietud y la preocupación de mi compañera Antonieta, creo que un tema tan importante como una ley nueva de lavado de dinero atendiendo a parte la carta de presidente de la Comisión de Hacienda, te digo, no me allano a lo que él está diciendo.

Sin embargo, sí creo que debe de ser atendible a cuáles son sus preocupaciones. Está bien, se dice que es un proyecto que se puede ahorita votar, pero creo que es una ley que tiene 64 artículos y que están haciendo modificaciones alrededor de 40, me parece preocupante que lleguemos a votaciones a comisiones unidas y no saber cuál es la postura real de cada grupo parlamentario, yace una postura de la diputada Antonieta, es una postura mía, es una postura de la diputada Sonia que no está presente, de la diputada Leticia, somos del grupo parlamentario de Acción Nacional y con todo respeto de nuestro compañero Óscar Arce, que estuvo dentro de las negociaciones de este dictamen, creo que está es una postura de Grupo Parlamentario, no solamente de un compañero.

Entonces, sugiero también presidente, que es un tema que si necesita de un verdadero análisis, no de allanamiento a la Comisión de Hacienda, pero si de un análisis de cuáles son sus preocupaciones y qué como grupo parlamentario queremos y nos preocupa que se pueda ver plasmada en esta iniciativa.

Entonces, comparto la opinión y también solicito de la misma manera que no se pueda votar hoy, hasta que no haya un verdadero consenso dentro del grupo parlamentario, igual dentro de todo el pleno de esta comisión.

La diputada María Antonieta Reyes comentó: En relación con el documento que nos envía el presidente de la Comisión de Hacienda, quiero precisar que no va dirigida a la Comisión de Justicia, creo que el presidente de la Comisión de Hacienda mejor que nada conoce la cuestión de diplomacia parlamentaria y de reglamentación. Es un documento que va dirigido a los diputados del PAN como Grupo Parlamentario.

Como dice Nancy también, creo que también tenemos la responsabilidad de atenderla, como grupo parlamentario y entiendo que finalmente llegaremos a una sesión de comisiones unidas en donde se van a analizar los puntos de diferencia.

Sin embargo, como bien se ha comentado aquí, ya serían tres posturas diferentes, las de la Comisión de Hacienda, las de la Comisión de Justicia y la que está presente dentro de la misma bancada del PAN.

Entonces, creo que la secuencia lógica de atender estas diferencias de opiniones que primero en nuestra comisión se resuelvan los temas como bancadas y una vez que salga un documento consensado por las bancadas, discutiendo todos y cada uno de los puntos que esta ley establece, entonces sí vayamos a comisiones unidas donde ya habría, espero que no sea muy relevante, las diferencias entre la Comisión de Hacienda y la Comisión de Justicia. El tema principal es que la bancada del PAN dentro de esta comisión tenemos diferencias de opinión respecto al dictamen que se está presentando.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez comentó: Por un lado coincido con la inquietud de la diputada María Antonieta y la diputada Nancy, creo que es importante y atendible lo que ella señala. Pero, creo que tenemos una responsabilidad, pero creo que también tenemos una responsabilidad, hace 15 días que se circulo un proyecto de dictamen y que a la luz y al amparo del documento creo que no quisiera que ahorita pareciera que nos estamos sorprendiendo que se nos está circulando este documento.

La responsabilidad de atender un proyecto que ha sido circulado previamente y se ha puesto a consideración de esta comisión, pero que es la responsabilidad de todos los presentes de atender su análisis para llegar a este momento a su disposición y desde luego eventualmente continuar con su procedimiento parlamentario.

Creo, y no me queda la menor duda, que el documento y el tema que nos aborda el día de hoy es el tema de lavado de dinero es por demás fundamental. Detener hoy el dictamen creo que sería un error parlamentario y creo que sería una falta de respeto al trabajo de esta propia comisión.

La Comisión de Hacienda hizo su labor, su análisis y ellos en la autonomía de su decisión decidieron aprobarlo.

Esta comisión ha llevado a cabo sus trámites, su análisis frente a una subcomisión de análisis sobre este tema en particular y creo que ya se ha puesto en consideración. Creo que una postura que pudiese conciliar de la inquietud de lo que aquí se ha expresado, es en efecto aprobar el proyecto como hoy se está poniendo a consideración y abrir una mesa de trabajo de las dos comisiones en donde antes de que se citen a comisiones unidas de Hacienda y de Justicia, hay una mesa de trabajo de ambas comisiones, que permita llegar a la sesión de comisiones unidas con un dictamen, digamos, acordado por ambos.

¿A qué nos va a obligar? En primer lugar, a ya no detener el procedimiento de análisis y discusión de este dictamen. En segundo lugar nos va a obligar que nos metamos a un tema que no nos puede llevar más tiempo y que nos va a obligar de manera invariable a que de manera conjunta tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión de Justicia nos sentemos en una mesa de trabajo y las inquietudes que ahorita con justa razón hacen valer tanto la diputada Nancy, como María Antonieta, vuelvo a reiterar, el diputado Pedro y quienes aquí se ha expresado nos van a obligar que de manera formal a entrar a un análisis más serio, pero ya sobre la base de un documento. Perfectible, sin duda alguna, pero eso es parte de la discusión.

Lo que creo que ya no podemos hacer es detenerlo cuando ya se puso a consideración un proyecto hace más de 15 días a esta comisión.

Luego la propuesta en concreto presidente es abordar el dictamen, aprobarlo el día de hoy y que se cree una comisión que junto con la Comisión de Hacienda puedan establecer una mesa de trabajo entre diputados de ambas comisiones para que previo a que sesionen las comisiones unidas, se hayan abordado las inquietudes que aquí se puedan inclusive externar.

Traigo observaciones, se me han hecho llevar observaciones, tengo observaciones sobre este dictamen, pero creo que lo que menos podemos es seguirlo deteniendo y deteniendo, porque nunca vamos a tener formalmente un documento sobre el cual nos tengamos que sentar con la Comisión de Hacienda.

Por lo tanto me sumo y quisiera proponer abordar el temas y como acuerdo de esta comisión que se cree una comisión de trabajo con la Comisión de Hacienda para que previo se sesionen las comisiones unidas, en esa mesa de trabajo se puedan intercambiar, se pueda visualizar todas y cada una de las inquietudes los diputados aquí traen.

No hacerlo sería volverlo a detener en algo que ha sido nuestra responsabilidad haberlo analizado, pero tampoco podemos pasar por encima de inquietudes aquí muy validas y observaciones muy validas que seguramente traerán y que desde luego tendremos que encontrar un mecanismo de diálogo y de consenso entre las comisiones unidas para que institucionalmente lo podamos sacar.

Creo que es una propuesta que puede abordar ambas posturas, que nos permite conciliar a ambas, y creo que podría eso habilitar un campo de consenso con las comisiones, sobre todo con las aquí presentes.

La diputada María Antonieta Reyes comentó: Insisto en mi petición por varios temas, el votar ahorita el proyecto sin que lo conozcamos a fondo no va hacer el mismo efecto para que luego se hagan convocatorias para mesas de trabajo.

Se propone que se vote el día de hoy, entonces yo solicitaría que antes de la votación revisáramos punto por punto, artículo por artículo y que se vaya revisando cada uno. Son 60 artículos, si nos va a llevar cinco, siete horas, nada más estar en ese acuerdo en que estaremos aquí las siete horas que nos requiera revisar artículo por artículo.

La otra, finalmente... sí, así es, en consideración de que el diputado Rétiz acaba de comentar que él también trae observaciones, yo traigo casi las mismas reservas que artículos del proyecto de dictamen de justicia.

Si va a ser de esa manera, vamos a someter a revisión ahorita mismo artículo por artículo, vamos votando uno por uno y entonces a lo mejor sería conveniente, posteriormente, las mesas de trabajo con la comisión de Hacienda, antes de la votación en comisiones unidas.

Pero lo que yo no quiero y no me gustaría y no quisiera ser responsable de esa autorización es de que aquí en esta comisión se votara un dictamen tan importante sin que se revise punto por punto y se analicen las diferencias de opinión que pueden traer cada uno de los compañeros de las diferentes bancadas.

El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Estamos en este momento en la fase del procedimiento de esta sesión de comisión vigésima séptima, si mal no recuerdo, votando lo que sería el orden del día.

En el orden del día se incorpora precisamente este tema que ha sido motivo de diferentes intervenciones, todas muy respetables y muy respetuosas. Yo rescato algún par de cosas de algunas de las intervenciones.

La diputada Enoé Uranga dice con toda precisión que las observaciones sobre el dictamen, el PRD las atendió y fueron atendidas también, o sea, el PRD realizó sus observaciones y se encuentran reflejadas en el dictamen.

El Partido del Trabajo, a través del diputado Pedro Vázquez, nuestro compañero y amigo también, presentó algunas observaciones, algunas fueron atendidas y otras no. Y como ustedes recordarán, no es la primera sesión para dictaminar este asunto.

Ésta, prácticamente, sería la tercera sesión para dictaminar el asunto. A mí lo que me preocupa mucho o me preocupa sobre manera es que la iniciativa que se presenta por parte del Ejecutivo federal tiende a frenar un problema muy importante en el país que son las operaciones con recursos de procedencia ilícita y, según escuché desde el primer día que se presentó la iniciativa, era muy importante dictaminar esto porque las organizaciones criminales estaban precisamente financiándose de manera indebida y con todo esto se había generado un esquema de una lucha un tanto cuanto desigual por parte del gobierno federal contra la delincuencia organizada.

Me llama poderosamente la atención que hoy algunas compañeras diputadas de Acción Nacional pretenden ponerle a un dictamen, que es importante para el país, el freno.

Pretenden que no se dictamine un trabajo que a todas luces en él hemos venido participando diputados de todos los partidos políticos, hemos venido revisando, actualizando, comparando, recibiendo opiniones por escrito, opiniones verbales, de entidades privadas, de entidades públicas, de compañeros diputados, de asesores de toda índole.

No es un trabajo que forme parte de un capricho o de una ocurrencia. Es un trabajo metódico que además se consensuó, si ustedes bien recuerdan, se consensuó que se nombrase una comisión redactora, se votó a favor, la ocasión anterior todavía presentamos el documento, se dieron a conocer algunas de las líneas generales, se votó también por unanimidad, ahora, sí me llama poderosamente la atención.

Yo no creo que ésa sea la intención de Acción Nacional, frenar una herramienta muy importante que el Estado mexicano necesita tener para combatir de manera más eficaz a los delincuentes en el país, porque entonces entraríamos en una contradicción.

Yo he escuchado que se dice: la Cámara de Diputados tiene frenado y no nos da esta... Hoy que la queremos trabajar, hoy que queremos votarla, ya llevamos prácticamente 45 minutos discutiendo si la discutimos o no y, por supuesto, por lo menos desde mi perspectiva, no hay ningún temor de que se hagan todas y cada una de las observaciones, al contrario, habría mucho interés de escuchar cada una de las observaciones en cada uno de los artículos, que hagamos la discusión, porque finalmente a través de este trabajo, que es precisamente el trabajo en comisiones, es cómo de alguna manera podemos facilitar la tarea de las dos comisiones.

Es cierto que podemos dictaminar, pero tampoco podemos frenar un trabajo que ha costado bastante inversión de tiempo, de conocimiento, de experiencia, porque hoy día se ponen de acuerdo, como ya lo hemos escuchado en otras ocasiones las cúpulas y se avisan y dicen: pues PAN y PRD vamos a decirles que saquen de la agenda este asunto.

Estamos incurriendo en una terrible contradicción. Yo espero que en este planteamiento no haya una intención de prorrogar algo, que se ha dicho, es muy importante para el país. Yo estoy a favor de que se discuta, estoy a favor de que se analice, estaré a favor de invertir el tiempo que sea necesario, de analizar cada uno de los artículos, de eso no hay temor por supuesto, y por supuesto me parece muy importante pedirle aquí a las diputadas y diputados si el asunto lo consideran suficientemente discutido, pues que lo votemos, si entramos a su análisis o finalmente lo bajamos, porque argumentos pueden ir a favor o en contra, pero me parece que también el tiempo, incluso, para la dictaminación de este asunto puede ir en contra de los objetivos que el Estado mexicano está necesitando para poder dictaminar una minuta muy importante que forma parte del trabajo que ya realizó el Senado.

Y que, finalmente, también al diputado Ezequiel Rétiz, finalmente no estamos nosotros trabajando en el vacío. Empezamos a hacer este trabajo en función del trabajo preliminar que realizó la Comisión de Hacienda, con quienes mantenemos una magnífica relación, de tal manera que yo creo que detener el dictamen —lo digo textualmente, como lo planteaba el diputado Rétiz de manera muy certera— sería un error.

Me parece que no podemos seguir frenando el análisis legislativo en temas tan importantes que tienen que ver con el combate al crimen organizado, que tienen que ver con que el Estado mexicano necesita tener mejores herramientas y para eso estamos aquí, si hay que mejorar el dictamen vamos trabajando en mejorar el dictamen y no en retrasar la dictaminación de esta nueva herramienta. Por lo tanto yo pido, si son tan amables, que pudiésemos mejor someter a votación si se retira o se trabaja de una vez en él.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Gracias, discúlpenme, que sea tan insistente, pero por lo menos si quiero que quede asentado en el acta del día de hoy mi postura con respecto a este tema.

Quiero hacer unas precisiones. Diputado Zamora, nadie está pretendiendo detener una ley tan importante y no confundamos a la escasa ciudadanía que nos debe de estar escuchando, no la confundamos, haciéndole creer porque queremos que sea una ley más adecuada al uso de la justicia estamos pidiéndola detener, no hay que confundirnos.

En el punto número dos del orden del día este fue aprobado por unanimidad.

Continuando con el punto número tres, se sometió a votación la aprobación del acta de la vigésima sexta reunión y fue aprobada por unanimidad.

El punto número cuatro es análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (sentido positivo).

Acuerdo: Que se establezca el grupo de trabajo, se reúne el día miércoles 16 de noviembre y el 23 de noviembre se citaría a reunión de comisiones unidas para discutir la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Se sometió a votación y fue aprobado por mayoría con quince votos a favor y tres en contra.

El punto número cinco fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de pesca (sentido positivo)

El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: En el punto número cinco, es una visión al artículo 420 del Código Penal Federal, que actualmente dice que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por equivalente de 300 a 3 mil días multa a quien ilícitamente dice el 420 segundo bis de manera dolosa, capture, trasforme, acopie, transporte, destruya, o comercia con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta, dentro y fuera de periodos de veda sin contar con la autorización que corresponde en cantidad que ceda 10 kilogramos y cuando las conductas a las que se refiere la presente fracción se comentan por una asociación delictuosa, en los términos del artículo 164, de este código se estará en el artículo 194 del Código Federal de procedimientos penales.

Aclaro, eso es lo que dice actualmente. El diputado proponente estaba sugiriendo que se adicionen otras especies.

Entonces, quedaría abulón y langosta, como está en este momento, él está sugiriendo que se incluya camarón, erizo, y pepino de mar. Es para la protección de la fauna acuática. Entonces, la comisión ha considerado que es importante y que es procedente.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: Pues nosotros seguimos planteando que no estamos de acuerdo que se incrementen las penas y mucho menos que el catálogo de delitos graves se aumente. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos todos, sé que no habrá de respuesta inmediata, pero con la pesca que está haciendo, está cumpliendo con su labor de supervisión de vigilancia, pero con la pesca qué está haciendo, está realmente vigilando a los grandes empresarios que son los que realmente están utilizando toda la técnica y toda la herramienta para la explotación de estas especies marinas.

Como ya lo hemos señalado, no consideramos conveniente el aumento de la penas, y este caso no puede ser la excepción. Porque no hemos nosotros en ninguno de los temas que hemos tocado a estas autoridades administrativas que no cumplen con su obligación y su responsabilidad, no les aplicamos ninguna sanción. Autoridades administrativas que tienen tareas y responsabilidades muy concretas, muchas de ellas no se realizan a cabo su trabajo, son omisas y nosotros nunca hemos visto porque nunca las sancionamos, porque no ampliamos.

El diputado Óscar Arce Paniagua comentó: Si quisiera hacer una observación en torno a este tema, no soy experto en tema de pesca, pero de las observaciones que me hizo la parte técnica, hay una gran diferencia en lo que está vedado, en lo que no se puede, con lo que se puede con permiso.

En este caso, si incluimos las dos especies, caerías dentro de un delito, porque ya ningún permiso te puede salvar. Es decir, ya está tipificado como delito, que es el artículo si no difiero, 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, como delito grave.

Entonces, si quisiera esa precisión que no fuéramos a caer en un tema en donde les estuviéramos prohibiendo a los pescadores, en definitiva, el poder por supuesto el ir por el camarón, que es el tema fundamental. Más que el tema de las penalidades.

Quisiera que se precisará muy claramente, si incluye, ya no se puede, porque las especies que están en este caso restringidas, en esta caso vedadas de manera permanente tienen un tratamiento diferente a las que están vedadas de manera temporal, como el caso actual del camarón que es cuando esta la temporada, te dan un permiso para que tú lo puedas ir a pescar.

Quisiera nada más eso, presidente, que se precisará muy bien, porque sino a lo mejor queriéndolo proteger le vamos a hacer un perjuicio mayor a los pescadores y ahora no van a poder ir por ese, que es algo que da sustento a muchísimas familias, principalmente toda la gente que viven en el golfo, la gente de Sinaloa, Etcétera.

El diputado Leonardo Arturo Guillen Medina comentó: Específicamente, el camarón es un producto que se da en esta zona, y seguramente en la mayor parte del país, y de eso viven la mayoría de las poblaciones, es decir, no nada más la utilizan para venderlo, con eso se alimentan, es decir, subsiste el pescador, tanto en el consumo del producto, como en la venta el producto.

Y actualmente, ya está regulado, tanto por la normatividad que se quiere adicionar, que es el Código Penal, y también, por las distintas normas administrativas que regulan el funcionamiento de la Semarnat y la Profepa.

Hoy se lo digo en serio, actualmente tenemos un problema verdaderamente delicado en el actuar de algunas autoridades que sí se tienen que cuidar mucho dos cosas. Una, efectivamente que el poblador, que la persona no cometa estos delitos en violación o afectación al medio ambiente, pero tampoco podemos llegar al extremo de dejar desprotegidos al primer ser que debemos proteger del medio ambiente, que es el ser humano.

Entonces, aquí diputado presidente, me parece que podemos, en un ánimo por ser más exhaustivos en la normatividad penal, podríamos, sin ser ése el propósito, afectar a comunidades con situación de marginación mayor y colocarlos en una situación en donde los pongamos como delincuentes, cuando no es el propósito.

Hay en esos lugares, estoy consciente de la máxima que reza que “el desconocimiento del derecho no exime en su cumplimiento”. Pero seamos conscientes de que hay lugares que definitivamente hoy, se les está complicando respetar normas administrativas, y que ya están las autoridades judiciales en materia federal, con personas ahí internadas, con la normatividad que ya se tiene. Me parece delicado aumentar este tipo de riesgos o sanciones.

El presidente diputado Víctor Humberto Benítez Treviño comentó: Me preocupan dos cosas, la primera es ¿cuál es la razón de ser de las vedas? Es una prohibición para pescar, con el objeto de preservar las especies marinas, ésa es su razón de ser, independientemente de que el principal depredador es el hombre, estamos protegiendo, por eso surge el tipo penal.

Porque el hombre es el único que desquebraja la armonía de la naturaleza. Es el primer ecocida , del universo. Y desgraciadamente así es, eso lo dejo; yo entiendo la razón de ser de la iniciativa, me gusta en ese sentido, la otra, que no vayamos a excedernos.

Se sometió a votación el retiro del dictamen y fue aprobado por unanimidad.

El punto número seis fue el análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 127 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales en Materia de Espionaje, en sentido positivo.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: Consideramos que el delito de Espionaje halconeo, o halconeo, ya se encuentra debidamente tipificado en el Código Penal Federal, éste se encuentra en el Libro II Título I, que se refiere a los delitos contra la Seguridad de la Nación, en el Capítulo I de los Delitos de Traición a la Patria, y está ya señalada una penalidad.

Se prevé una sanción de 5 a 40 años de prisión.

Ahora bien, aunque no son los únicos, la mayor parte de quienes realizan labores de espionaje, o de halconeo es realizado en mayor medida, por servidores públicos o ex servidores públicos de instituciones policíacas del país.

Creo que ahí es donde deberíamos de insistir, y para erradicar este problema. Ha sido demostrado que es el mayor número de personas las involucradas en estas actividades ilícitas. Y una vez más, nos dejan a esta Cámara de Diputados aumentar las penas, y no lo hacemos otra vez, depurando a malos servidores públicos, y la pregunta es, ¿y los exámenes de Confianza? ¿Y la certificación que por ley están obligados a realizar todos los cuerpos de seguridad en el país? Voy a dar un ejemplo, pero lamentablemente el estado de Nuevo León, en el mes de agosto de este año había más de 200 elementos de diversas instituciones policíacas acusados por el delito de halconeo.

¿A qué se debe? A los altos niveles de corrupción, pero también a los bajos salarios si nos pusiéramos a revisar cuántos elementos del Ejército, cuántos elementos de la Policía Federal, y de otras instituciones policíacas sirven a la delincuencia organizada, yo creo que nos asustaríamos.

Entonces, la verdad es que el mismo artículo 127 Bis, y es una pregunta que yo les hago a mis compañeros, todos aquí, destacados abogados, gente con una vasta experiencia, qué delito estamos creando esta comisión al establecer este artículo 127 Bis.

El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Cuando revisé el dictamen e hice el análisis, el título de espionaje , pues tenemos dos tipos de espionaje, prácticamente, en el Código Penal Federal; el que tutela el 127, como efectivamente lo preguntaba el diputado Pedro Vázquez, en el 127 se establece la figura de aquel agente nacional o extranjero, que en tiempo de paz o de guerra se dedican a la obtención de información para proveerla a un adversario o a un enemigo potencial de nuestro país, para que esto en un momento dado, nos exponga ante una situación determinada.

Ése es el espionaje encontramos también en otro capítulo del propio Código Penal Federal otra forma de espionaje, y es el que tiene que ver con aquella persona que, de alguna manera obtiene conocimientos o fórmulas importantes en el ámbito industrial, y estos los utiliza para proveerlos a otra empresa, o sea, espionaje industrial, espionaje comercial o espionaje de esta naturaleza.

Revisando el capítulo, en el 127 realmente, lo que se trata de proteger en el artículo 127, como bien jurídico, como bien jurídicamente tutelado es la seguridad nacional es la seguridad interior de nuestro país, en lo que se trata de proteger a través de la figura del espionaje, como está previsto en el Código Penal Federal, repito, es un objetivo muy claro, un objetivo determinado, la protección del Estado nacional frente a la posible invasión o en un estado de guerra frente a la situación de desventaja que nos puede colocar con otros países, ante una situación de guerra.

Entonces, cuando veo el documento, la justificación, en principio me parece muy bien que se castigue a las personas que están por ahí en una esquina, y que están observando a la autoridad, y que avisan que va a llegar la autoridad, y que esto por supuesto pone a la autoridad en condiciones de desventaja.

Eso me parece completa y absolutamente necesario. Sin embargo, quiero compartir con ustedes, que el artículo 13 del Código Penal Federal establece claramente las formas de autoridad y participación en los delitos.

Me llama poderosamente la atención el pretender crear un nuevo modelo delictivo llamado espionaje , que no lo es, por supuesto, para castigar a aquellas personas que se colocan en una situación para informar a sus cómplices o informar a sus copartícipes sobre la presencia de autoridades o sobre el futuro, la realización de operativos.

Sin embargo, yo quisiera compartir a ustedes, que el 13 del Código Penal Federal establece que son autores o partícipes de los delitos —dice claramente— la Fracción I, los que acuerden o preparen su realización, los que lo realicen por sí, los que los realicen conjuntamente, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo —que es la inducción—, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión.

Ahí está ya prevista, precisamente ya una forma de participación en un delito, los delitos tienen formas de autoridad directas, y de autorías de coparticipación, y tienen también formas de colaboración, que están previstas en el artículo 13, precisamente, en todas estas figuras.

Lo decimos coloquialmente “tanto peca —como dice Enoé— el que mata a la vaca, como el que detiene la pata”: Aquí claramente quiero decir lo siguiente, cuál es el riesgo, cuando llego al tema del dictamen de la propuesta de iniciativa del compañero observo que se establece primero, una pena de 2 a 15 años de prisión.

Lo que estaríamos haciendo con este tipo de incorporación en un modelo delictivo con esta pena sería promover la impunidad. Y sería promover la impunidad desde un acto legislativo, por lo siguiente, porque si estas personas están colaborando para la comisión de delitos de secuestro, para la comisión de delitos de homicidio, para la comisión de delitos graves, de cualquier naturaleza; tráfico de armas, tráfico de drogas, lo que estaríamos haciendo, si llegamos a votar este dictamen en estos términos es crear una figura en la que les vamos a poner una pena mucho menor.

¿Cuál es la solución que se tiene en el Código Penal? Por eso la parte general del Código Penal establece claramente formas de autoría, y formas de participación del delito, y en el artículo 13 del Código Penal se establece con toda precisión, dice: “Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno, en la medida de su propia culpabilidad y por supuesto que tienen la misma sanción del delito”.

Entonces, yo he escuchado incluso versiones en el sentido de que hace falta armonizar tipos penales, modelos delictivos, y en esto tenemos que ser muy cuidadosos, precisamente por la interpretación restrictiva del Derecho Penal, a que estamos obligados, por disposición del Principio de Legalidad, que ya les lea el presidente de la comisión, el doctor Humberto Benítez, en el artículo 14.

Luego entonces, si nosotros, en el ánimo de pretender castigar como una figura delictiva ésa, de las personas que se apostan en ciertos lugares, que informan, para evitar que sus cómplices sean detenidos, ésa es una forma de participar en un hecho de otro, y ellos, de alguna manera ya son corresponsables, desde el punto de vista de la parte general del Derecho Penal, de los delitos que cometan sus cómplices, o sea, estamos hablando de formas en las que la imputación, la imputación de resultados, el reproche del Estado va exactamente para unos, como para otros.

Por esa razón —y ésta es una discusión muy antigua, y por esa razón, la doctrina en el Derecho Penal ante la necesidad de resolver estos casos prácticos, en términos generales, tuvo que establecer formas de autoridad y participación en el delito, y establece claramente al autor directo, y establece quién es el coautor.

En la coautoría se determina claramente la distribución de cargas de trabajo, en donde a uno le toca —lo voy a decir en términos muy coloquiales— “echar aguas”, y a otro le toca cometer el delito, y a otro le toca llevarse el producto del delito.

Todos los que participan en este concierto delictivo serán responsables del delito de secuestro. No vayamos a decir entonces a decir, este joven, porque era el que estaba avisando, y estaba “echando aguas”, lo dejamos fuera del delito de secuestro.

Y le vamos a tipificar un delito que se vea casi, casi como el delito de “echar aguas”, y la producción de un pequeño doctor Frankenstein aquí, tipificando algo como delito de espionaje, razón por lo cual me parece, señor presidente, y compañeros diputados y diputadas, que debemos desechar esta propuesta.

Que si lo que queremos es establecer un modelo delictivo para este tipo de comportamientos, ya está previsto en la ley, en la parte general. Y en todo caso, el Ministerio Público cuando tenga que detener personas, y que lo hace, que acuda precisamente a esta fórmula del artículo 13 del Código Penal Federal, para que el autor directo, al autor mediato o al coautor, al inductor, y a todas las formas de participar en el delito, por supuesto tengan la posibilidad de imputarle el reproche del Estado por este tipo de comportamientos.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Definitivamente, el diputado Guillermo Cueva Sada es mi amigo, de Nuevo León, sin embargo, difiero mucho de él, en su propuesta.

Es un hecho frecuente, y común dentro de la logística de la delincuencia organizada este tipo de conductas, sin embargo, definitivamente, en el Título donde él pretende, en ese libro del Código Penal, en donde él pretende que vaya este delito son delitos contra la nación, ya de entrada, no pudiera estar en ese título en delitos contra la nación, porque es una situación, es una conducta completamente distinta.

Yo considero que él ha de estar preocupado por la situación del halconeo, que es muy común, sin embargo, me sumo a los comentarios que hizo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Zamora.

Yo agregaría, que también este tipo de conducta pudiera estar sancionada como delincuencia organizada, ya que él está dentro de ese círculo de delincuencia organizada. Aquí, la tarea es de los ministerios públicos, de poder llevar a cabo una buena averiguación previa, y de poder consignar ante el juez competente por el delito que está cometiendo la persona.

Pero sí, creo que si nosotros lo aprobamos en este momento, este tipo de delitos que pretende el diputado creo que pudiéramos estar en una impunidad de otros tipos de delitos más graves, como bien lo señaló el diputado Zamora.

Entonces, en todo caso debiera de estudiarse, aún y cuando esta conducta es una conducta ya sancionada por el Derecho Penal, pero si dice quisiera manejar como un tipo penal diferente, tendríamos que ver otro capítulo.

Definitivamente en este capítulo no va, no es el bien jurídico que protege el Estado, y en este momento mi voto sería en contra.

El diputado José Cirino Valdés Huezo comentó: Yo creo que sí tiene razón el diputado proponente de esta iniciativa, en cuanto al fondo de lo que está proponiendo, porque el halconeo no es una conducta que esté regulada de manera específica en los códigos penales.

Y sí es una nueva conducta ilícita que ya es muy común, y que nada tiene que ver con el espionaje es otra cosa muy diferente.

Pero en el fondo sí tiene razón el compañero que hace esta propuesta, porque a veces, la persona que avisa de los operativos, o la persona que tienen los delincuentes afuera de las procuradurías o afuera de las instalaciones de policía, en muchos de los casos, su participación, en algún delito en particular es mínima.

Simplemente su función en la cadena delictiva es alertar que sale un operativo, que salen las patrullas; los tienen en lugares estratégicos de las ciudades. Entonces, yo creo que sí es correcta la propuesta, está mal ubicada en el código, porque no son delitos contra seguridad de la nación.

En todo caso debiera estar en el Capítulo de Delitos contra la Seguridad Pública, entonces, aquí sí difiero de mis compañeros, porque yo considero que sí es un nuevo fenómenos delictivo, que sí deberíamos de trabajar en esta comisión para crear un tipo específico.

Es una nueva conducta que es muy recurrente que se está dando, y pienso que no se daría lo que comenta nuestro compañero y amigo, el diputado Zamora, de que se le disminuyera la penalidad, porque existe el concurso de delitos, entonces, yo digo que si debe de ser un delito autónomo.

Pero está mal planteado, mal ubicado en delitos contra la seguridad de la nación, y yo propondría sí, desechar la iniciativa tal como está, pero sí crear una iniciativa, porque sí es un nuevo fenómeno que se está presentando, y el Derecho Penal específicamente no lo contempla. Entonces, ésa sería mi propuesta.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Una propuesta. Veo que este proyecto, esta iniciativa, la secretaría técnica la está votando en sentido positivo, y veo que hay opiniones encontradas de algunos compañeros, que además saben del tema, como es el diputado Zamora.

A mí no me gustaría que lo votáramos en contra hoy, sin escuchar antes al proponente.

Creo que en el tema de procedimientos penales, de combate a la delincuencia, cualquiera que sea su alcance tenemos la responsabilidad de escuchar a los proponentes de iniciativas y no desecharlas solamente así, dado que hay diferencia de opinión me gustaría, primero, si se le avisó al proponente que hoy se analizaba y se votaba su iniciativa.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Yo, en este caso en particular no compartiría el que dependamos de que cada uno de los proponentes de las iniciativas esté presente en las sesiones, creo que sí es una cortesía correcta que acompañamos, el informarles que se votará, pero no considero su presencia indispensable para analizar ninguno de los temas, y salvo que me equivoque, el reglamento no lo considera así.

Creo que, además por el contenido, por la forma y el fondo de cómo se está planteando el asunto, el tema no tiene salvación, no es un tema que podamos bajar y recomponer, replanteándolo de alguna forma.

Todos coincidimos en que tiene un problema de ubicación, pero además varios creemos que sí tiene un problema de definición. Para mí no hay novedad en el delito, como bien se decía, es el delito de “echar aguas”, y ése ha existido en todas las formas y desde todos los tiempos; que ahora se aplique a una modalidad del delito sería la novedad, pero el delito de “echar aguas” está contenido en la ley desde hace tiempo, y en consecuencia sí creo que hay el riesgo de que esta figura, con una pena menor pueda entrar en contradicción o conflicto con lo que ya está protegiendo la ley.

Entonces, sí me importa señalar que es importante votarlo, que creo que hay que desecharlo, y disentir, con quienes opinan que es un delito nuevo, no le veo la novedad.

Se sometió a votación y fue desechado por mayoría.

El punto número siete fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de armas de fuego (sentido positivo).

Se sometió a votación el retiro del dictamen y fue aprobado por unanimidad.

El punto número ocho fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de apología del delito (sentido positivo).

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Éste es un tema que ya se encuentra el día de hoy, actualmente se encuentra tipificado dentro del Código Penal. La Apología del Delito se refiere a incitar a una persona a cometer un delito; cuando se incitaba, en la legislación actual, sin modificación tenía nada más una penalidad, no tenía penalidad tenía una multa, y ahora le estamos poniendo una penalidad de 1 a 3 años.

Ésta es una materia preventiva, que yo le había platicado, ¿te acuerdas Pedro, que lo platicamos? Ha habido algo de polémica con el tema, porque la consecuencia de la apología del delito es que, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un videojuego para un niño menor de edad, y el videojuego tiene escenas donde sacan un rifle, y matan a mucha gente tiene que decir la etiqueta, que lo que van a ver contiene escenas que están, como lo tienen en Estados Unidos, como lo tienen en Japón, como lo tienen en Europa, como lo tienen en todas partes.

Inclusive, las clasificaciones de las películas que no están contempladas aquí, dentro de un código, sino que es una reglamentación de la Secretaría de Gobernación están en los países avanzados, también como una penalidad, si no adviertes que la película que van a ver es una película que contiene, que es apta exclusivamente para mayores, obviamente cometes tú un delito si la estás divulgando a un público que no es un público que puede tomar una decisión, en este caso, los mayores de edad.

Esta iniciativa lo que viene a regular es eso, que la apología del delito ya sea contemplada con una penalidad de 1 a 3 años, que estaba contemplada con multa, y si se comete el delito tenga una penalidad hasta la mitad del término, que sería 1.5 más.

Con esto vamos a regular los materiales, vamos a hacer una prevención a la ciudadanía en torno a los menores de edad, que no estén comprando cuestiones que no estén reguladas exclusivamente por la Secretaría de Gobernación. Ése es el objetivo fundamental de esta iniciativa.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Primero señalar que, en términos generales, y conceptuales, acompañamos la propuesta, no sólo su servidora, les quisiera decir que las demás compañeras del grupo parlamentario simpatizamos con la idea.

En lo personal, además, para el mundo en el que yo me muevo, éste es una mejora que viene a servir como una herramienta muy, muy importante en contra de la discriminación.

Realmente le veo esos alcances, y por ello simpatizo con ella, y en consecuencia, le puse toda la voluntad del mundo.

Sin embargo, en específico, la propuesta del artículo 208, el último párrafo de la modificación me resultó incomprensible, yo primero, como todos ustedes saben, asumo mi defecto de ser socióloga y no abogada, para los fines de esta mesa en la que participamos.

Sin embargo, creo que no se aterriza concretamente a lo que se está buscando, y no alcanzo a entender, y lo que sí sé es que el derecho es de exacta aplicación, y en consecuencia, si a mí no me queda claro, a los ciudadanos de a pie, me queda la inquietud de que les genere las mismas dudas.

Es lectura de comprensión, tal cual. De verdad, el último párrafo de la propuesta no es algo que a mí me quede claro.

El párrafo que dice “no se procederá cuando se exponga a las consecuencias legales adversas derivadas de dicho delito, o cuando el servidor público que, en ejercicio de sus funciones y con autorización fundada y motivada de la autoridad competente simule conductas delictivas con el fin de aportar elementos de prueba en una averiguación previa”.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: No coincidimos con la propuesta, definitivamente argumentaremos.

En una primera parte queremos expresar que si bien es cierto en el texto vigente, del artículo 208 del Código Penal Federal, ya se encuentra previsto el tipo penal de apología del delito.

Como bien se señaló, no tiene prevista pena privativa de libertad, sino trabajo a favor de la comunidad, en caso de que con la apología del delito no se realice ninguna conducta antijurídica.

En los términos de cómo se contiene la reforma al artículo 208, se establece una pena privativa de la libertad entre uno a tres años y hasta 50 días de multa, si el delito no se ejecutare.

En el segundo párrafo se establece a la letra, la provocación pública de un delito o apología de algún vicio, si no se ejecutare, se agravará, si se ejecutare, perdón, se agravará en una mitad tratándose de los delitos previstos en la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

Aquí nada más hay que agregar, modificar, porque el título correcto es Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada... muy importante.

Ahora bien, según esto, ¿cómo se da la apología del delito o de algún vicio? En el caso de los delitos contra la salud, se da mediante los famosos narcocorridos. En el caso de trata de personas, mediante imágenes o anuncios publicitarios que se publican en medios de comunicación, sean gráficos o subliminalmente en medios electrónicos.

Aquí la pregunta es, lo que nos preguntamos, ¿se aplicará la sanción prevista a los músicos que interpretan los narcocorridos? ¿O a los redactores? ¿O propietarios de los medios de comunicación donde se transmiten anuncios de contenido sexual? ¿O a los concesionarios de los medios electrónicos que difunden estas imágenes y estos mensajes? Por ejemplo, vamos a ver el caso del anuncio el anuncio de bebidas embriagantes o el consumo de cigarrillos.

Considerando que éstos son, el consumo de estos productos se constituyen un vicio, así lo señalan las propias inscripciones en los cigarros.

Aquí la preocupación es porque tenemos que encontrar un justo medio entre lo que es la libertad de expresión y lo que se pudiera llegar a considerar apología de un delito.

Es más, para ser más enfático, que la apología del delito no se da por parte de una persona individualmente considerada, que se ponga, por ejemplo, a hablar bien de la delincuencia organizada o a promover el que se consuma bebidas alcohólicas y cigarros, sino más bien se da por la amplia capacidad de difusión de un mensaje en los medios de comunicación masiva.

Ahora, tenemos que reconocer que la violencia que vive... la violencia generalizada que se vive en nuestro país, está permanentemente es transmitida por los medios de comunicación, son noticia.

Ojala que reflexionáramos sobre esa realidad. El conocer en los medios de comunicación, la primer media hora de nota roja, vemos a los ejecutados, vemos a... el caso concreto de Veracruz, ¿hay alguien de Veracruz aquí? Cuando la reciente reunión de gobernador... el río, aparecieron docenas de cadáveres.

La realidad es que esos muertos estaban ahí, eso fue noticia, la nota no fue que estaban los gobernadores, ni los acuerdos importantes en que llegaron, la nota fue que había decenas de muertos tirados en la calle.

Eso empañó una reunión fundamental de la Conago, verdad. La pregunta entonces es, establecer una pena privativa de la libertad en la supuesta apología del delito, nos llevará a coartar la libertad de expresión, porque además va a resultar difícil de mostrar el nexo casual entre comentarios que pudieran constituir la apología del delito, respecto a la conducta materializada por un tercero, si se actualiza la conducta típica.

Está medio complicado establecer ese nexo, y desde luego que no estamos de acuerdo en que la pena se dé a un a tres años, como lo prevé la reforma, y menos que el 194 lo considere delito grave.

Éstas son consideraciones por las que votaremos. Miren, además acuérdense que la Secretaría de Gobernación tiene la obligación y la facultad además conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión para supervisar los contenidos de los mensajes en los medios electrónicos, esta autoridad tenemos que exigirle que cumpla con su obligación, con su responsabilidad.

Está claramente definida su competencia y está obligada a supervisar el contenido de los mensajes. Pues que ponga a chambear. Por eso votaremos en contra de este dictamen.

El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Revisando por supuesto este dictamen que también es producto del trabajo del compañero Arce Paniagua, yo veo tres cosas muy importantes, una de ellas es que mantiene el tipo penal del 208, lo único que hace es plantearse una pena que es alternativa a una pena que es privativa de libertad.

Como está actualmente, bien se puede imponer una sanción económica y como lo propone, es una sanción de pena privativa de libertad de tres años de prisión y una sanción económica.

Creo que esa parte puede transitar sin ningún problema porque estamos tratando de adecuar en este sentido el rema relativo a la aplicación de las leyes con sanciones, que pueden haber aumentado la misión de prevención, uno de los objetivos de la pena, indudablemente es el de la prevención, pero se cumple con la prevención cuando se aplica la pena, se aplica el tiempo y se lanza el mensaje de prevención a la población.

Hay una cuestión en donde también aparece un párrafo que habla de la provocación pública de un delito que cuando éste no se llega a cometer, de todas maneras se aumente la pena. Estaríamos ante una figura muy novedosa que yo tipificaría como la tentativa, punible, agravada.

De hecho estaríamos aquí adornándonos con una tentativa punible agravada.

Eso sería realmente como lo tipificaríamos, si nos vamos a las reglas generales de la tentativa, en las reglas generales de la tentativa que contempla el Código Penal Federal, en la parte general, establece claramente cuáles son las formas de la tentativa y no vemos en ninguna una posibilidad de una tentativa punible agravada.

Primer comentario con relación a este párrafo, en técnica legislativa estaríamos entonces legislando un asunto de agravar una tentativa a nivel del tipo penal y no en la parte general del Código Penal, donde se regula la tentativa.

Eso lo dejo a los miembros de la comisión como una consideración y mi opinión es que no satisface en técnica legislativa como está planteado. Que no satisface en técnica legislativa como viene planteada forma de la agravante.

El tercer punto, es el que más me preocupa, porque el tercer punto se refiere precisamente la posibilidad que haya agentes de la autoridad, que estén simulando la comisión de un delito ante lo cual estamos, ante una causa... de responsabilidad.

Las causas eximentes de responsabilidad también están contenidas en el artículo 15 del Código Penal Federal, porque si no entonces esta figura la tendríamos que trasladar a todos y cada uno de los delitos donde pudiese surgir la figura del agente infiltrado, que muchas veces se convierte en el agente provocador de un delito, será motivo de un debate en el momento en que construyamos el Código Federal de Procedimientos Penales y que es un tema que también tenemos reservados nosotros y que también viene algo de esto acá.

Yo por eso no comparto estos dos párrafos, porque uno de ellos prácticamente está en el capítulo de tentativa, y el otro que es un eximente de responsabilidad que tiene que ver con la obediencia jerárquica y que tiene que ver con el cumplimiento de un deber, pues es evidente que cualquier agente de autoridad que está actuando bajo esas condiciones, ya está protegido por la norma de manera excepcional.

Yo quisiera comentar en el contenido del dictamen, me llama mucho la atención algo que creo que definitivamente lo debemos suprimir, en caso que el dictamen. Dice, en este sentido, señala que resulta necesario que no solamente sea punible la apología de un delito, sino que resulte una agravante el hecho de que a través de los medios masivos de comunicación provoquen públicamente la realización de un delito protegiendo el bien jurídico tutelado.

Dos comentarios al respecto. Primero. A nivel constitucional tenemos y además lo hemos votado en la propia Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, hace unos días, hemos votado una reforma al 73, tenemos el artículo séptimo constitucional que establece claramente los derechos fundamentales de los ciudadanos de mantenernos informados.

No podemos pensar que cuando un medio de comunicación publica una fotografía, publica una imagen, publica una nota, publica una conversación o da a conocer la comisión de delitos con esto se esté haciendo apología, no podemos plantearnos esto por lo siguiente, porque estamos... estaríamos entrando a un... a plantearnos un conflicto de derechos, un conflicto de normas.

Por un lado existen el derecho a la información y el derecho a estar informado, el derecho de opinión, la libertad de expresión y finalmente este párrafo me parece que sí es muy importante porque además que no corresponde con la parte final del dictamen no le veo ninguna relación a la parte final del dictamen, ninguno de los tres párrafos de la propuesta final, correlaciona esta afirmación.

Aquí estaríamos afirmando nosotros que tal vez, si lo que se dice a través de un medio, eso provoca un delito, pues estaríamos entonces el día de mañana haciendo responsable a un medios de comunicación de la apología de un delito, entonces estaríamos desnaturalizando la esencia principal y fundamental de lo que es apología del delito, en términos de lo que establece la doctrina, y una sola tesis aislada de la quinta época, hoy ya estamos en la décima época de la Suprema Corte, pero tan es así que no se han aplicado la sanción al delito, de apología del delito, que estamos hablando que hace aproximadamente 40 años no ha habido una sanción para la apología del delito.

Luego entonces para mí es muy importante y lo hemos dicho en otras ocasiones, producir normas que se conviertan en ornamentales de nuestro Código Penal, en nada le ayuda al sistema de justicia penal, tenemos que generar normas certeras, claras, precisas, objetivas.

En este sentido por supuesto me queda muy claro, hay tres cuestiones que no las comparto, una, el párrafo relativo a los medios de comunicación. Y dos. En la parte propositiva del dictamen, hay una cuestión que es meramente procesal y hay otra eximente de responsabilidad que también ya están contenidas cada una de ellas en la parte que corresponde.

Si lo que se pretende es castigar de manera más intensa, el tema de la tentativa, como digo, como buenos doctrinistas y buenos legisladores, realmente lo que estaríamos creando es una figura de tentativa punible agravada y estableceríamos esa sanción en el caso de que así lo determinaran los señores compañeros diputados.

El diputado Josué Cirino Valdés Huezo comentó: Estoy de acuerdo en términos generales con varios puntos del dictamen. Estoy a favor que se aumente la penalidad del delito de apología, que yo difiero, no se trata de una tentativa, yo creo que es un delito autónomo.

La apología significa, para mí, enaltecer el... establecer virtudes de conductas delictivas, de conductas nocivas, esa es la apología.

Si la apología genera que se cometa el delito que se está enalteciendo, pues ya estamos en otra cuestión. Son dos delitos diferentes, la apología y el delito que lleva de la apología. Yo no creo que sea tentativa.

Yo estoy de acuerdo en que sí se aumente la pena, que no sólo sean jornadas a favor de la comunidad, sino que sí se aumente. No estaría de acuerdo, yo, que fuera delito grave, eso sí yo no estaría de acuerdo, sino que sí se aumente una pena privativa... porque ha habido, creo yo, mucha tolerancia también en cuestión de los contenidos que a veces se tienen, que muchos son ofensivos y se enaltecen hazañas de delincuentes y vicios.

Sí estoy muy de acuerdo con el diputado Óscar, que se aumente un poquito la pena, en el sentido que él lo propone, pero sí que no se establezca como un delito grave, sino sí que tenga pena privativa de libertad.

Está bien, creo que se salva el derecho a la información con algunos de las cláusulas que él pone aquí al decir que si se establece que se exponen escenas que pueden ser de apologías del delito, si se establece en el medio de comunicación, si se advierte de las escenas que se van a transmitir, por efecto artístico, por efecto informativo, pero yo estoy a favor que se cierre el paso a esa laxitud que ha habido en medios, que cada vez vamos en aumento, cada vez tenemos peores ejemplos que en los mismos medios de comunicación se dan impresos, televisivos, radiofónicos.

El secretario diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Yo propondría algo para zanjar el tema.

Yo veo dos posibilidades, la de Josué y la de Zamora, en la misma fracción, que es la agravante, estaría de acuerdo en eliminar la agravante para que no se confundiera con la Ley Federal de Delincuencia Organizada en ese tema, no se refiere a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se dice: cuando se cometa, por ejemplo, si incitamos a los jóvenes a formar parte del sicariato y asesinar a un diputado, lo asesinan, para que sea claro... para que sea claro el tema, Pedro, que sea muy claro.

Eso si lo hace en conjunto, sería una agravante independientemente, cuando se hace... o se tipifica la Ley Federal de Delincuencia Organizada, pero si es un tema que estamos ahorita viendo, se va a poner a discusión la tentativa, junto con lo que dice el diputado, estoy de acuerdo, en retirar esta parte del dictamen porque ya está la apología.

Con eso zanjamos el tema. Lo otro es, explicar dentro de los considerandos que esto, por supuesto que no va dirigido a los medios de comunicación, que quedara muy claro, como así venía el sentido, así está... actualmente, vuelvo a insistir, ya está dentro del Código Penal, no es algo que vayamos a hacer en contra de los medios de comunicación.

Simple y sencillamente lo que se les va a, ahora sí, exigir, es a que pongan esto, no se refiere a los delitos que se cometen, es un delito independiente, si tú incitas algo, pero no se logra el objetivo, es un delito esto, ya está actualmente en el Código Penal, autónomo, si se secuestra, si hay una trata, si se organiza un grupo de jóvenes para la delincuencia organizada, si se vende algún estupefaciente.

Yo creo que la parte del vicio, que tú decías, la parte que dice Zamora y la parte que dice el diputado Valdés, eliminaríamos esta última parte del 208, la penúltima parte del 208, donde dice la provocación de un delito o la apología, la existencia de algún vicio, que es lo que tú decías Pedro, que la hace un poco de ruido al diputado Zamora y que también Josué se refiere al mismo párrafo, lo eliminamos en los considerando, aunque ya viene, que se especifique muy bien, cuando se le transmite una noticia, por supuesto que no se está incitando, si no está cumpliendo con la labor de información.

Eso actualmente ya se contiene porque ya está dentro del Código Penal, con eso yo creo que podemos zanjar el tema y darle para adelante.

Acuerdo: Se revisaría el dictamen por los diputados Óscar Arce Paniagua, Arturo Zamora Jiménez, Enoé Margarita Uranga Muñoz. Pedro Vázquez González y Josué Cirino Valdés Huezo para las modificaciones.

Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las modificaciones realizadas.

El punto nueve fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 225 Bis al Código Penal Federal en materia de responsabilidad (sentido positivo).

El diputado Eduardo Yáñez Montaño comentó: El principal objetivo de este proyecto va encaminado a que pudiera protegerse a quienes en algunas ocasiones no se les aplica la justicia de manera correcta.

Hacemos referencia, pues, desde que se inicia la averiguación previa, hacemos referencia en la exposición de motivos de lo que afortunadamente y excepcionalmente ocurre en la práctica.

Cuando así lo señalo, a través de un ejemplo alguna persona es presentada como posible responsable de la comisión de algún delito, cuando en indagatoria el propio ministerio público, ajustándose al texto constitucional, tiene 48 horas para resolver la situación jurídica de esta persona presentada.

Y ocurre, pues, en la práctica, reitero, afortunadamente en pocas ocasiones, que quienes van a resolver sobre la situación jurídica de una persona, no necesariamente es quien trabaja la averiguación previa, requieren en ocasiones la opinión de un superior jerárquico, se les están venciendo el término de las 48 horas e instruyen que esta averiguación sea remitida ante un juzgado a través de la consignación correspondiente para que ellos resuelvan sobre la situación jurídica.

Lo mismo nos puede ocurrir desde el momento de que llega a los juzgados, quienes también tienen 72 horas, si no es que pudiera duplicarse a solicitud de alguna de las partes para resolver el término constitucional.

Y luego no, lo preocupante es que no entran a un análisis a fondo del contenido de la averiguación y se lo reservan para analizar de manera profunda en una sentencia, sin ponerse a pensar que con ello están destruyendo la vida de una persona y luego hasta la de su familia.

Cuando ya se dicta una sentencia, en el caso que le señalo, absolutorio, y luego con el clásico disculpe usted.

Y ya señalaba el compañero y diputado presidente, en el sentido de que, bueno, pues esto está soportado por los tratados internacionales. Quienes nos señalan que alguna persona se le deberá de considerar inocente hasta que no se demuestre lo contrario.

Yo en la propia exposición de motivos señalaba el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron detenidas en marzo de 2006, y permanecieron recluidas en el penal femenil de San José Alto, acusadas de delito de secuestro y posesión de cocaína, fue hasta el 28 de abril de 2010, cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo de oficio la facultad de atracción para conocer del recurso de apelación interpuesto, decidieron por unanimidad de votos ordenar la libertad después de 3 años 8 mes de prisión.

En su opinión, también, los ministros de la Suprema Corte de Justicia ya han creado y han opinado sobre este particular y en los mismos términos se ha estado dando.

Ojalá que pudiera coincidir con lo que yo estoy proponiendo. La propuesta esencial va encaminada no exclusivamente a una sanción, sino el objetivo es que quienes tienen esa obligación desde la procuración de justicia y en la impartición de justicia, tengan más cuidado y que atiendan, pues, el contenido de averiguación previa.

Que hagan un estudio profundo y que no lo hagan a la ligera. Si nosotros, si coincido con la opinión de ustedes, seguramente se van a cometer muchas injusticias que luego resultan irreparables totalmente porque ya destruyeron la vida de una persona aunque la sentencia sea absolutoria, de todas formas se le considera como ex presidiarios y les cuesta mucho trabajo poderse insertar en la propia sociedad y hasta para conseguir —valga la redundancia— un empleo, un trabajo.

El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina comentó: Creo que aquí es muy difícil establecer una categoría o una forma de medir quién es el servidor público bueno y el malo.

¿Y a qué me refiero? Hay servidores públicos buenos y malos en las procuradurías de justicia tanto federal como las locales, pero también en el Poder Judicial Federal y en los Poderes Judiciales locales, así como hay servidores públicos que son muchos, que realizan estas labores, tanto la de procuración de justicia como la impartición de justicia, de una manera excelente.

Entonces, me parece, la verdad diputado, muy arriesgado a que midiéramos o que tomáramos una medida que luego provocaría que las autoridades que investigan la comisión de delitos digan: pues mejor yo no le entro porque luego resulta que si yo investigo y hago las cosas como las tengo que hacer, contra tales delincuentes, y si un juez estima que no fue correcto y decide, emite una resolución que decida lo contrario a lo que resolvió la autoridad administrativa en este caso, en este caso la autoridad procuradora de justicia que es el ministerio público, colocaríamos el riesgo de que mejor se echen para atrás, y eso creo que no nos ayudaría a fortalecer nuestro sistema de justicia mexicano.

Me parece, por lo contrario, una obligación de nosotros y una obligación del resto de los servidores públicos, ayudar a que se fortalezca el profesionalismo de ministerios públicos federales tanto como locales y los jueces, también, tanto de la Federación como de los poderes judiciales de los estados.

Creo que esa es la verdadera tarea de nosotros, fortalecer los sistemas de procuración y administración de justicia. También quiero comentar que afortunadamente el día de hoy ya está regulado por el mismo artículo 225 del Código Penal Federal, y leo textualmente cómo indica la tipificación actual.

En el Capítulo Primero del Título Décimo Primero, que es delitos cometidos contra la administración de justicia, actualmente el texto vigente dice lo siguiente: Artículo 225, delitos cometidos por los servidores públicos.

Son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes: Fracción XXX, indica: Retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas.

Si se comete ése supuesto, pues simple y sencillamente ése punto se anota actualmente en la propuesta.

Por eso lo indico. Si se estuviera en ese supuesto, hoy en día se tienen las herramientas para sancionar a quien realice esas funciones contraviniendo lo que dice la misma Constitución en principio, y segundo, la ley ordinaria que es el Código Penal que regula estos supuestos.

A mí la preocupación principal —y concluyo con eso, diputado presidente— es que en el ánimo de darle al ciudadano una mayor garantía en su seguridad jurídica, provoquemos todo lo contrario, que provoquemos, como sucede en el Poder Judicial y hay que decirlo claro, en aquellas normas donde actualmente la Corte tiene en el texto constitucional, la posibilidad, incluso en la Ley de Amparo, la posibilidad de consignar a un Juez de Distrito en las distintas interpretaciones que hay, ya sea la palabra consignación o el tema de remitir, lo que hace tanto la autoridad administrativa del Ministerio Público Federal y los jueces federales. Es decir, si me lo dice la Suprema Corte me hago para atrás, me allano y delante con lo que se dice.

Entonces, en realidad ya no se juzga, simple y sencillamente se hace caso a lo que dicta en este caso el mayor tribunal del Poder Judicial de la Federación. Aquí, me parece, que provocaríamos que los agentes del Ministerio Público se allanaran a su responsabilidad de realizar estas investigaciones por el temor a caer en un exceso.

Y si nombráramos una y otra cantidad de casos en los que se ponen entre dicho a una y otra autoridad me parece, insisto, como lo inicié, que no tenemos la vara para medir quién en cada uno de los casos es el que realiza la actividad de manera correcta.

Hoy en día tenemos procedimientos ordinarios, tenemos procedimientos de revisión y también procedimientos cuando se llega a cuestionar la constitucionalidad, el respeto a la constitucionalidad de algunos preceptos que se encuentran en la Carta Magna. Pues hoy ya se cuenta con esos procedimientos, entonces me parece, diputado presidente, que sería un exceso votar a favor de lo que se propone.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Mis inquietudes están primero en estos temores que apuntaba el diputado Guillén, si los riesgos de que una reforma de esas características lleve a la inmovilidad al Ministerio Público, que por no hacerse sujetos a un delito simplemente el asunto de la omisión empiece a ser, más la norma de lo que puede ser actualmente, que no intervengan por miedo.

Pienso en concreto en el caso de Hank Rhon y el asunto de entrar a su casa, encontrarle armas, que todos las veamos y que finalmente un juez lo saque; o en el escenario de un error involuntario, por ejemplo, en el procedimiento administrativo.

Me acuerdo de este detenido a quien en lugar de Raúl se confunde por Saúl y lo detienen por un asunto de nombre que claramente era involuntario. Y me preocupa que este tipo de fenómenos puedan resultar en la inmovilidad del Ministerio Público.

En la Comisión de Puntos Constitucionales se discute una reforma al artículo 113, de la Constitución, en la que se está planteando que esto sea visto desde la perspectiva de la indemnización a las víctimas, más que desde esa perspectiva. Y ésta sería mi inquietud, diputado, ante el nuevo sistema penal acusatorio, que se supone que ya tendría que estar subsanando los procesos y la creación —que esta sería mi inquietud principal—, que sería el asunto del juez de control, que ya se creó, que se supone que su función justamente es vigilar las diligencias, me pregunto si este tema no estaría por esa vía ya atendido, dado que estamos ante un nuevo procedimiento.

Y por ello mi inquietud es si este tema no tendríamos que estarlo revisando en el marco del nuevo Código de Procedimientos Penales, porque estamos en la revisión del sistema penal acusatorio, porque estamos ante la creación de este juez de control. Y coincidiendo con que hay que darle salida veo el problema, veo la situación y la comparto 100 por ciento, me preocupa que no le estemos dando al clavo en esto.

Y luego un asunto de observación específica. En la propuesta se dice que todo servidor público del sistema de procuración e implementación de justicia que por culpa o negligencia ejecute actos, etcétera. Y luego abajo se considera una actitud dolosa. Otra vez digo, no soy abogada, pero si es por culpa entiendo que no debiera ser doloso, sino culposo.

No me parece que quede tan resuelto. Si lo observan con cuidado en esa parte creo que hay un problema técnico, que si estamos hablando que es culpa tendríamos que cuidar ahí el asunto jurídico. Solamente eso como acotación, digamos.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: En cuanto a la pregunta que hacías, Enoé, de la culpa o el dolo, la culpa es la acción por negligencia, por impericia, por falta... o de cuidado, imprevisión, en fin; y el dolo es cuando se quiere el resultado, ¿verdad?, se quiere cometer el hecho. Entonces, por eso son dos tipos de sanciones: la sanción culposa, que es menor; y la dolosa, que mayor.

Y, bueno, considero que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todos lo sabemos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos consideran precisamente el principio de presunción de inocencia.

También el Pacto de San José en su artículo 8 menciona que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su responsabilidad. Y creo que la iniciativa es muy pertinente, ha habido muchos casos —tú mencionaste incluso, Enoé, algunos casos importantes y creo que es realmente una gran injusticia, es un crimen más que injusticia, es un crimen que se mantenga a una persona privada de su libertad sin ser responsable del delito.

Entonces, estaría de acuerdo, y sobre todo que este delito lo considera el diputado como un delito que se persigue por querella, por querella necesaria. No es un delito de oficio, entonces eso también salva muchas cosas, que sea un delito de querella necesaria.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua comentó: Comparto buena parte de lo que expones, eh. Sí creo que es un tema muy polémico, porque también comparto lo que dice Leo, estamos en un tema que está en el filo de la navaja, por decirlo así.

Si fuera una actitud dolosa no tendría ningún problema por pasarlo, eh, porque la especialización en el tema se lo va a dar con muchos años. Hay una responsabilidad civil que es actualmente procedente sin ningún problema, usted puede demandar civilmente a una persona.

Creo que el tema aquí sería el dolo, porque —fíjate— hay muchísimos asuntos, ¡vaya!, puedo poner por ejemplo alguno que pasó aquí, de un diputado que fue desaforado y que hubo un nuevo pronunciamiento de un juez de distrito, en donde de alguna manera con un precedente que no estaba escrito dice que un testigo protegido que no vaya acompañado de un abogado no tiene credibilidad su dicho, cosa que no existía hasta que ese juez de distrito de Michoacán se le ocurrió decir que eso era una postura, y de alguna manera fue ratificado por un colegiado a pesar de que teníamos una serie de pruebas, grabación, más argumentos, declaraciones, no fueron suficientes.

La parte de la negligencia me parece bien, pero creo que tenía que haber un ánimo doloso, porque tú ejercer la acción penal con lo que te aportan.

Es decir, imagínate al MP, viene la policía judicial... elementos que tienes, tú crees que son suficientes, pero si un juez lo califica de una manera diversa ya cae dentro de una cuestión que sería un delito.

Ése es un tema que creo que esta en el filo, a lo mejor si lo calificáramos, porque también estoy de acuerdo que a veces —inclusive aunque hay una dudas tremendas— por rutina, porque es una costumbre del Ministerio Público ejerce la acción penal, y encontramos casos que verdaderamente no hacen que el Ministerio Público tenga el cuidado que debería tener para cualquier ciudadano y que no se le atropellen sus derechos.

O sea, en ese sentido, te digo, estoy entre dos opiniones que habría que a lo mejor adicionarle esta parte, Eduardo, para que quedara muy específicamente que es una negligencia inexcusable o un dolo.

Ahí sí, porque estoy diciendo y aquí están las pruebas. “Esta persona no se llama Juan Pérez”. “No, pero me dijeron que se llama Juan Pérez”. Él no ahonda en la identificación de la persona, ahí cometes una... no excusa, te lo hicieron valer y tú no adoptaste las medidas necesarias... exactamente.

Si pusiéramos esto, que fuera dolosamente o negligencia inexcusable, ahí ya le componíamos, ahí estamos sancionando el exceso de un funcionario público que ha sabiendas que eso no va a prosperar, ejerce... ciudadano. Ahí contemplaríamos las dos visiones.

Acuerdo: Se revisaría el dictamen por los diputados Eduardo Yáñez Montaño y Óscar Arce Paniagua.

Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las modificaciones realizadas.

El punto número diez fue análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 6, un segundo párrafo al artículo 14, un párrafo quinto a la fracción V del artículo 74, un párrafo tercero al artículo 78, un párrafo segundo al artículo 120, una fracción tercera al artículo 123, se reforma el artículo 76 Bis, párrafo primero, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de menores e incapaces. (sentido positivo)

El diputado Pedro Vázquez González comentó: Algunas de las leyes fundamentales que existen en nuestro país y son materia precisamente de menores incapacitados, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley General de Población y la Ley Federal del Trabajo, entre otras.

Las normas protectoras antes señaladas, son de orden público y como consecuencia de estricto cumplimiento. En el tema de los menores e incapaces no se vea reflejado en los juicios de amparo que se tramitan en los diferentes tribunales federales del país.

En nuestra opinión, el incumplimiento de las leyes al desconocimiento de los representantes legales de los menores incapaces y de nuestro punto de vista, a la falta de normas más claras y precisas en la Ley de Amparo.

En este sentido, el objetivo de esta iniciativa es atender el interés superior del menor e incapaz, además de proporcionar protección y certeza jurídica a los menores e incapaces en el juicio constitucional.

Pretendemos también ampliar la legitimación para que cualquier persona con capacidad legal, pueda promover el juicio de garantías a favor de los menores o incapaces. Además planteamos eliminar el desistimiento y la caducidad por inactividad procesal, que se establezca expresamente que los jueces recaben las pruebas de oficio, así como la suplencia en las actuaciones defectuosas de los menores e incapaces durante todo el trámite del juicio constitucional, tanto en los recursos, como los incidentes y se le exceptúe de presentar copias de la demanda como requisito indispensable para que se le admita trámite a la demanda de garantías.

Asimismo en la propuesta planteamos que la suspensión proceda de oficio cuando se trate de actos que pongan en peligro, la vida, la libertad, la salud y la educación del menor de edad e incapaz. Se acaba de constituir aquí en México, una red de legisladores y ex legisladores de protección a la primera infancia, hay un número importante de legisladores que se constituyeron hace mes y medio más o menos, recientemente en Puebla una organización latinoamericana de legisladores y ex legisladores que protegen la primera infancia.

Por ahí va nuestra intención de esta iniciativa y por estas razones les solicito atentamente a todos mis compañeros y compañeras la posibilidad de que nos den el voto a favor.

El diputado Leonardo Arturo Guillen Medina comentó: Algunas observaciones, en principio sí me parece muy noble el propósito de la iniciativa del compañero Pedro Vázquez, la verdad es de los diputados que se ha distinguido por su participación activa en la Comisión de Justicia.

Entonces me parece que la atención a su propuesta y el estudio debe ser mayor, pero no escapa que hagamos unas observaciones técnicas y algunas de fondo.

Primero, como todos estamos enterados, hay una reforma, bueno, dos reformas constitucionales, una en materia de derechos humanos y otra en amparo, que las dos ya son norma vigente, las dos.

En el caso de la inactividad procesal por la caducidad de la instancia, son figuras que ya fueron superadas en esta reforma constitucional, es decir, hoy... son figuras que no operan, antes por interpretación se acudía... determinaba la Suprema Corte, hoy, por el texto constitucional estas figuras ya no existen.

Tratando de ayudar al menor, que es el propósito y en el que estamos de acuerdo, el artículo 6 vigente de la ley de amparo que también va a ser sujeta a modificación, establece la posibilidad de que los menores de edad, como bien lo sabemos todos, acudan directamente al amparo.

Hoy yo no detecto, espero estar equivocado, pero no detecto en el texto la propuesta que se le permita al menor hacerlo, porque en la redacción dice, cualquier persona con capacidad legal podrá solicitar el amparo a favor del menor de edad, no él, el incapaz y su legítimo representante por acción u omisión no lo hace, si nadie interviene a favor del menor o incapaz.

El juez... perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio. Actualmente se le da la oportunidad, al menor, de acudir de mutuo propio, es decir, me parece que lo estamos limitando en lugar de darle más beneficios.

Eso por lo que atañe al artículo 6.

Si continuamos con la revisión en el... ¿Cómo? ... en el 14, así es, también hay que tomar en cuenta que un menor de edad no solamente va a intervenir en juicio de amparo o tiene esa posibilidad de intervenir en el juicio de amparo, solamente como quejoso, es decir, puede tener derechos, una herencia, una representación, donde vamos a suponer que tenga la posibilidad de que sea demandado como patrón, en una situación así, donde llegue a celebrar algún convenio con un trabajador, en el que se fijó un tema a final de cuentas un convenio, ya no se puede desistir.

Aquí, en la parte final, la propuesta del artículo 14 dice: el representante legítimo o cualquier persona que solicite el amparo a favor del menor o incapaz, no podrá desistirse de la tramitación del juicio de amparo.

Y como ya se establecía que el menor no puede acudir solo, sino con representante, me parece también que le estamos poniendo un doble candado. Eso en lo que va el artículo 6, el 14 y el 74, ya comentaba yo respecto a la Ley de Amparo, que la actual constitución, el texto... de la Constitución ya eliminó la figura de la inactividad procesal y de la caducidad de la instancia.

Contrario a estos temas, me parece que las propuestas del artículo 120 de la Ley de Amparo, está bien, es decir, solamente hay que señalar el tema del impacto presupuestal, es decir, se refiere a las copias que el menor no está obligado a pagar, pero hay que fijar... están a cargo del Poder Judicial, es decir, hacer una adición para saber quién va a cubrir este gasto, sabemos que se tiene que anotar.

También me parece que es bueno, el señalamiento que se hace, la adición en la fracción tercera, el 123, lo que no nos parece que sea necesario es la adición que se propone en el artículo 28, porque ya estos de técnica legislativa es repetitivo, es en el tema de la valoración y ofrecimiento de pruebas, si alguien ya tiene esa facultad de ofrecerse, tiene legitimación para ello, no creemos que sea conveniente hacer esa adición que actualmente... en el 78.

Son las observaciones que hago, una es de técnica, una es de fondo. Las de fondo son las que me parecen más importantes respecto a... tanto el artículo 6, como el 14, en lugar de estarle dando esa ventaja al menor, lo podríamos estar acotando por el texto actual que sí da esa oportunidad al menor de edad y acudir directamente al amparo.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: Yo entiendo que las preocupaciones puede ser motivo de debate, de discusión, yo solamente quiero plantear un caso muy concreto. Yo les puedo asegurar que un estudiante derecho, no sé, estamos viendo el juicio de amparo, ley de amparo en quinto, sexto semestre, aproximadamente, para él... este derecho, es una dificultad real presentar una demanda de amparo, ¿lo podrá hacer un menor? Digo, hay jóvenes estudiantes de la facultad que son brillantes, pero puedo decirles que la mayor parte no tendría la posibilidad, si no es mediante asesoría y ayuda hacer una demanda de amparo, presentar un juicio de garantía, es exactamente el caso del menor, el menor necesitará de un apoyo, de un auxilio, de alguien que pueda orientarlo adecuadamente, en este caso, presentar la demanda de amparo o el juicio de garantías.

También quiero decirles que hace un año, que se presentó esta iniciativa, todavía no se aprobaba la Ley de Amparo, esta fue posterior, la reforma, tal vez por eso algunas de las cosas que yo estoy planteando pudieran aparecer desfasadas, pero en su momento no lo fueron.

Yo no tendría ningún inconveniente en que se hicieran precisiones y ajustes, pero creo que la esencia del contenido de la iniciativa sigue protegiendo y tutelando el interés del menor y del incapaz.

Se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad con las modificaciones realizadas.

El punto número once fue asuntos generales.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Ustedes tienen ya en sus correos, todos y el secretario técnico, el proyecto de dictamen que la subcomisión de manera consensada hemos elaborado respecto a la armonización legislativa para mujeres y víctimas de delito.

Y la solicitud es que pudiera revisarse en el tiempo que ustedes consideren pertinente, pero previo al 25 de noviembre el interés de las diputadas que integramos la subcomisión sería que pudieran ustedes revisarlo.

Nosotras en este caso ya les hicimos llegar firmado de acuerdo tanto del PAN, PRI, PRD y Verde, que somos quienes integramos la comisión, este primer proyecto. Entonces la solicitud es que pudiéramos reunirnos, presidente, para formalizar el dictamen antes y que pudiera pasarse el tiempo para su dictaminación.

Acuerdo: Ir trabajando el dictamen y paralelamente recabamos las firmas.

El Presidente agradeció a todos su participación y dio por clausurada la vigésima séptima reunión ordinaria siendo las 20:10 del día miércoles nueve de noviembre del año 2011.

La Junta Directiva de la Comisión de Justicia

Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios.