Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3467-III, jueves 8 de marzo de 2012


Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno local a dejar sin efecto el decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II; y, artículo 100, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a dejar sin efecto el decreto, por el que se expide el programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El programa de Transporte Escolar en el Distrito Federal ha presentado desde el inicio de su operación una serie de problemas en materia de costo, eficiencia y seguridad que ha afectado gravemente la integridad de las partes involucradas (padres de familia, estudiantes y establecimientos escolares privados).

El decreto por el que se expidió este programa a través del jefe de gobierno el 3 de febrero de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, obedecía fundamentalmente a las disposiciones contenidas en el Plan Verde, la agenda ambiental de la Ciudad de México, el acuerdo que establece las medidas para controlar y reducir la contaminación atmosférica y el congestionamiento vial producidos directa o indirectamente por el funcionamiento de los establecimientos escolares y empresas en el Distrito Federal, así como también, a los resultados de la consulta verde y el informe especial sobre el derecho humano a un medio ambiente sano y la calidad del aire en la Ciudad de México 2008; las cuales en su conjunto se resumían en la necesidad de buscar estrategias viables encaminadas a mejorar la movilidad y la calidad del aire mediante el decremento del número de vehículos en circulación, la promoción de combustibles alternos y la prestación del servicio de transporte escolar.

En relación al último tema, el estudio de pre-factibilidad del Impulso del Transporte Escolar en la Ciudad de México indicaba que el número de personas inscritas en instituciones educativas ubicadas en el Distrito Federal, era cercano a 1.7 millones en todos los niveles.

De esta cifra, un porcentaje relativamente bajo utilizaba transporte escolar, lo que implicaba que 25.0 por ciento de los traslados de estudiantes del hogar a los establecimientos escolares (y viceversa) eran realizados en automóviles particulares, justificándose así la implementación de un sistema de transporte escolar que ayudara a atenuar esta situación y contribuyera a la disminución de emisiones contaminantes.

En consecuencia, el Programa de Transporte Escolar fue estructurado en cinco fases para abarcar el mayor número de modalidades educativas impartidas en la capital del país, empezando con los grados escolares de la educación básica (excepto la preescolar).

Por tal razón, hoy la incorporación de los establecimientos escolares a dicho programa ha considerado el ciclo y matrícula escolar (véase figura 1); la cantidad de estudiantes que al llegar o salir de estas instalaciones lo realizan en auto privado o transporte público; nivel de impacto vial; y, volumen de emisiones contaminantes a la atmósfera derivada de fuentes móviles asociadas a la operación de dichos establecimientos.

Fases del Programa de

Transporte Escolar del Distrito Federal

Fuente: Jefatura de gobierno. Decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, decimoséptima época, número 518, 3 de febrero de 2009, pp. 9-10.

Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente local cuenta con facultades para exentar la aplicación de este programa a los establecimientos escolares cuya matrícula escolar sea menor a la que corresponde a la fase señalada en el propio decreto; aquéllos donde al menos 85.0 por ciento de sus estudiantes asista y se retire del centro educativo caminando, en transporte público colectivo o utilizando algún medio de transporte no contaminante (bicicleta); o, establecimientos que proporcionen el servicio de internado completo a una matrícula menor a la establecida en el calendario del programa en comento.

De forma análoga, el establecimiento escolar podrá exentar al estudiante del uso de transporte escolar cuando exista algún tipo de discapacidad o prescripción médica que le impida usar este servicio; que el trayecto de su domicilio a dicho establecimiento y viceversa, lo realice caminando, en bicicleta, transporte público colectivo o en algún otro medio de transporte no contaminante; que la zona donde viva no pueda ser integrada a las rutas definidas por la empresa prestadora del servicio de transporte; y, cuando los familiares del educando laboren en el centro escolar, entre otras circunstancias.

Además, el artículo 15, fracción VI del Manual para la aplicación del Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, permite exentar a quien haya obtenido una beca por parte de la escuela por motivos económicos y que cubra al menos 50.0 por ciento del costo de la mensualidad.

Cabe aclarar que el decreto de dicho programa estipula que la exención otorgada por los establecimientos escolares no debe ser superior a 10.0 por ciento del número de estudiantes que lleguen en automóvil particular y/o taxi a un centro educativo que se encuentre obligado a contar con el servicio de transporte escolar.

Por otro lado, la prestación de este servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del manual citado anteriormente, puede ser llevado a cabo por el propio establecimiento escolar o por una empresa pública o privada dedicada a este fin, la cual deberá contar con la autorización de la Secretaría de Transportes y Vialidad del gobierno del Distrito Federal y cumplir con las disposiciones legales aplicables en esta materia.

Así también, para evitar que este programa se convirtiera con el tiempo en una carga onerosa para los padres de familia, el gobierno del Distrito Federal determinó que la Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal ofrecería el servicio de transporte escolar a efecto de mantener las cuotas a niveles aceptables.

Dado el escepticismo generado por la poca claridad que encerraba la aplicación del Programa de Transporte Escolar, muchos padres de familia y escuelas privadas empezaron a solicitar amparos argumentando el costo excesivo del servicio en un entorno de crisis económica y el riesgo de una baja considerable en la matrícula escolar.

Cabe destacar que esta situación ya era predecible desde la puesta en marcha del Programa Demostrativo de Transporte Escolar en tres colegios de prueba durante el ciclo escolar 2008-2009, en la que había indicios de inconformidad de 17.0 por ciento de los padres de familia de alumnos de nivel secundaria en relación al costo del transporte.

Desde ese momento, el programa demostrativo estimaba un costo promedio del servicio entre mil 300 y dos mil 200 pesos mensuales, lo que representaba “un problema difícil de atender considerando que la operación y la seguridad en los autobuses tenía un costo alto” 1 .

Ante esta situación, el gobierno local contempló la operación de 100 camiones de la Red de Transportes de Pasajeros para proporcionar dicho servicio a precios por debajo del mercado. Sin embargo, con la implementación del Programa de Transporte Escolar, sólo 47 de estos habían sido contratados por cinco colegios privados.

“Las 53 unidades restantes fueron utilizadas para brindar traslado de estudiantes en actividades extraescolares y a los beneficiarios del programa Niños Talento” 2 , reflejándose así, la falta de una planeación adecuada para hacer eficiente el sistema de transporte escolar.

Como consecuencia de ello, la Unión Nacional de Padres de Familia estimó “que el costo mínimo de este servicio sería de 800 pesos mensuales por estudiante, lo que representaría un incremento promedio de 35 por ciento en las colegiaturas” 3 .

Asimismo, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares afirmó que “el gasto en las colegiaturas representaba entre 15 y 20 por ciento de los ingresos familiares y el servicio de transporte escolar equivalía a un nuevo desembolso de entre 800 y mil 500 pesos mensuales por alumno. Esto tendría severas repercusiones en el poder adquisitivo de la población afectada con este programa ya que era necesario considerar que los colegios particulares llegan a tener alumnos cuyas familias tienen dos salarios mínimos de ingreso” 4 .

Por otro lado, factores como la “tardanza en el servicio, inseguridad, falta de información y deficiencias en las unidades vehiculares son algunas de las quejas que padres de familia de diferentes colegios del Distrito Federal han externado sobre el servicio de transporte escolar obligatorio implementado en sus planteles” 5 .

A pesar de que el artículo 31 del Manual para la aplicación del Programa de Transporte Escolar establece que cualquier empresa que preste este servicio se encuentra obligado “a recorrer las rutas en el menor tiempo posible, dependiendo de las condiciones viales” 6 , en realidad, sucede todo lo contrario.

La evidencia empírica revela “que en distintas rutas y camiones el trato es desigual y no garantiza el cuidado y bienestar de los estudiantes. Los autobuses sólo pasan a recogerlos al acabar la jornada escolar tradicional, sin tomar en cuenta las actividades extraescolares, por lo que algunos de los padres pagan por un servicio obligatorio aunque no lo usen” 7 .

Además, destaca el hecho de que el transporte escolar no sustituye completamente el uso del automóvil, pues los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal no llevan a los educandos hasta la puerta de sus casas sino a puntos previamente asignados, donde los padres de familia pueden verse impulsados a utilizar su vehículo para pasar por ellos; lo que nuevamente deja de manifiesto de manera más que elocuente el interés del gobierno del Distrito Federal por privilegiar y beneficiar el voraz interés de algún grupo en detrimento del bienestar de la colectividad.

Resulta lamentable que hasta el propio Programa Demostrativo haya identificado que varios estudiantes “llegaban a pasar hasta 1.5 horas en el camión... pues, eran los primeros en abordar el autobús y los últimos en ser dejados en su domicilio, lo que significaba pasar hasta 3 horas al día en dicho vehículo, cuando originalmente el recorrido en automóvil se realizaba en 30 minutos” 8 ; por lo que el propio documento concluía en una simple recomendación relativa al trazo de rutas más eficientes.

Aunado a ello, los padres de familia han mostrado preocupación por “la afectación a la calidad de vida de sus hijos, ya que deben despertar más temprano por las mañanas pese a que en distancia se encuentran cerca del plantel” 9 y sobre el estado de convivencia con los demás estudiantes durante el trayecto.

El problema reside en que al interior del autobús escolar, “no hay separación en los grados escolares... no existe una cultura de disciplina y respeto, los niños pequeños son agredidos por los mayores, lo que fomenta el bullying” 10 .

En referencia a la matrícula escolar, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares ha aseverado que este programa “ha generado una disminución de hasta 20 por ciento de sus estudiantes” 11 . Cabe señalar que un estudio previo había estimado que “30 por ciento de los padres no podrían solventar la colegiatura y los traslados en camión” 12 .

Por ello, esta confederación e integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia del Comité del Distrito Federal, propusieron al gobierno local que en lugar de aplicar el servicio de transporte escolar, fueran los propios “padres quienes pasaran a recoger a sus hijos mediante rondas mientras que las escuelas se encargaran de diseñar y agilizar programas viales” 13 , planes de reforestación y actividades cívicas ambientales, “pues aun cuando pudieran las escuelas ser obligadas a implementar el transporte, a través de la amenaza de una sanción... no todas tenían recursos para hacerles frente” 14 .

Otro aspecto que no podemos perder de vista es el relacionada con la falta de integración y convivencia familiar en esta gran ciudad, que pone en serio predicamento la unidad familiar, y si a ello le agregamos que ante el elevado costo de la vida, tanto mamá como papá se ven obligados a trabajar para obtener los recursos necesarios que les permitan cubrir las necesidades básicas, hecho que el Decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, acrecentó y vulnera de forma significativa, además al no contar con el tiempo necesario para convivir con sus hijos en el hogar, al momento de trasladarlos a la escuela es un tiempo preciado que permite convivir e interactuar con los infantes, circunstancia que de un plumazo ha quedado en la historia, lo cual señoras y señores diputados no podemos permitir.

Por esta razón, la propuesta en comento pretende exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal a dejar sin efecto el decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de febrero de 2009; con el fin de salvaguardar la integridad de los sujetos afectados por este ordenamiento que ha carecido desde un principio de una planeación adecuada para lograr el consenso general de los ciudadanos.

Asimismo, cabe agregar que recientemente se han identificado ciertas irregularidades en la aplicación de este programa, lo que obliga a atender el hecho de forma inmediata.

Por citar un caso, el fallo dictado en febrero de 2010 por el juez cuarto de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y confirmado el 27 de agosto del mismo año por el tribunal colegiado, determinó que el jefe de gobierno carecía de facultades legales para hacer obligatorio el programa de transporte escolar en las escuelas privadas.

Así también, “el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó en definitiva el amparo otorgado al Instituto Inglés Mexicano por un juez de distrito, quien había determinado que el mandatario capitalino se excedió en el ejercicio de sus facultades reglamentarias, porque ninguna ley contempla la obligatoriedad de este tipo de programas” 15 .

De forma reiterativa, “el juez agregó que el jefe de gobierno tampoco tiene facultades para imponer sanciones a las escuelas que no implementen el programa, y que en todo caso, la promoción e impulso del transporte escolar debe ir dirigido a los estudiantes, no a los establecimientos, que no tienen manera de obligar a sus alumnos” 16 .

Por último, “la sentencia también declaró inconstitucional el esquema de exenciones, por el cual hasta 10 por ciento de los alumnos de cada plantel puede no estar sujeto al transporte obligatorio, ya que no se dio justificación alguna para fijar ese porcentaje ni se toman en cuenta las características de cada escuela” 17 .

En su derecho de impugnación a dicha sentencia, el gobierno del Distrito Federal presentó varios argumentos que más tarde “fueron declarados inoperantes ; es decir, que no atacaron directamente los razonamientos del fallo de primera instancia” 18 .

Otro caso que hizo evidente la inviabilidad de este programa, aconteció en junio del año 2011 cuando “la Procuraduría Federal del Consumidor declaró ilegal que la inscripción o reinscripción de alumnos en colegios particulares esté condicionada a la contratación de este programa; esto en referencia a una queja impuesta por padres de familia del colegio La Paz, ubicado en la delegación Azcapotzalco, ya que la institución obligaba a contratar el servicio de transporte escolar o de lo contrario no permitiría la inscripción o reinscripción al ciclo escolar 2011-2012” 19 .

En este sentido, la procuraduría recalcó que ninguna disposición contenida en el manual para la aplicación de este programa, aludía a que las instituciones públicas o privadas tendrían que condicionar la inscripción o reinscripción de estudiantes a la contratación del servicio de transporte escolar.

De hecho, el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, establece en el artículo tercero que los prestadores del servicio educativo sólo podrán cobrar de manera general y obligatoria, la inscripción o reinscripción, las colegiaturas y los derechos por incorporación en su caso; por lo que el transporte escolar no se incluye en estos conceptos y no hay razón jurídica para condicionar la contratación de este servicio.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el suscrito diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la proposición con

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal a dejar sin efecto el decreto publicado el 3 de febrero de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, para lo cual se emite el siguiente

Acuerdo

Único. Este órgano legislativo, exhorta respetuosamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que determine lo conducente a efecto de que de forma inmediata, deje sin efecto el decreto por el que se expide el Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, publicado el 3 de febrero de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Notas

1. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Programa Demostrativo de Transporte Escolar, febrero de 2009, p. 32. Recuperado en http://www.sma.df.gob.mx/.

2. Balderas, Óscar, “Desairan a RTP colegios privados”, Reforma , 11 de septiembre de 2010.

3. Hernández, Mirtha, “Quieren papás Prote gratuito”, Reforma , 24 de marzo de 2010.

4. Hernández, Mirtha, “Impacta Prote a matrícula”, Reforma , 7 de julio de 2010.

5. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.

6. Secretaría de Medio Ambiente, Manual para la aplicación del Programa de Transporte Escolar del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, Décima Séptima Época, No. 522, 9 de febrero de 2009, artículo 31, p. 11.

7. Balderas, Óscar, “Rechazan papás camión escolar”, Reforma , 11 de junio de 2010.

8. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Programa Demostrativo de Transporte Escolar, febrero de 2009, p. 33. Recuperado en http://www.sma.df.gob.mx/.

9. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.

10. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.

11.Hernández, Mirtha, “Impacta Prote a matrícula”, Reforma , 7 de julio de 2010.

12. Contreras, Cintya, “El transporte escolar, vulnerable a amparos”, Excélsior , 4 de julio de 2008.

13. Hernández, Mirtha, “Impacta Prote a matrícula”, Reforma , 7 de julio de 2010.

14. Hernández, Mirtha, “Intentan revertir transporte escolar”, Reforma , 17 de diciembre de 2009.

15. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.

16. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.

17. “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.

18 “Golpe legal a Transporte Escolar obligatorio en DF”, Reforma , 10 de septiembre de 2010. Recuperado en: http://www.ciudadanosenred.com.mx/articulos/golpe-legal-transporte-esco lar-obligatorio-en-df.

19. Coatécatl, Jaquelín, “Ilegal, el transporte escolar obligatorio”, La Razón , 8 de junio de 2011. Recuperado en: http://razon.com.mx/spip.php?article79442.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2012.

Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a resolver sobre los puntos de acuerdo que abordan asuntos relativos a presuntos vínculos de funcionarios estatales con organizaciones criminales, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que otorgan la fracción I de los artículos 6o., 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a resolver puntual y oportunamente sobre los puntos de acuerdo en los que se abordan cuestiones relacionadas a los presuntos vínculos de diversos funcionarios estatales con organizaciones criminales en el país, con base en las siguientes

Consideraciones

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se hace patente la gran preocupación por los diversos vínculos entre autoridades estatales y organizaciones criminales que se han revelado en días recientes, a raíz de diversos acontecimientos que han circulado en la prensa nacional y en la opinión pública.

Expertos han coincidido en que el sistema político mexicano representa un canal efectivo para que la delincuencia pueda lavar dinero y a la vez comprar políticas públicas que aseguren la protección estratégica a las organizaciones criminales y sus redes de operación.

El Banco Mundial y las Naciones Unidas utilizan el término de “captura del Estado” para referirse a una medida del factor de gobernabilidad que evalúa si las políticas públicas de un país están o no sesgadas por grupos de presión legales o ilegales, y es una realidad que los acontecimientos recientes que se han ventilado en los medios de comunicación sin duda suenan la alarma sobre esta posibilidad en los estados en los que se han descubierto y en muchos casos probado vínculos entre autoridades estatales y organizaciones criminales.

Destacan la magnitud y gravedad de los hechos relacionados con las investigaciones recientes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que vinculan al ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcava con el crimen organizado, así como también su posible implicación en el asesinato del ex candidato a la gubernatura estatal Rodolfo Torre Cantú.

Por otro lado, resalta la situación evidenciada por la masacre que, se probó, fue auspiciada por las autoridades estatales en el penal de Apodaca, Nuevo León, la madrugada del pasado domingo 19 de febrero, cuando fueron salvajemente asesinados 44 reos con piedras, tubos e instrumentos punzo cortantes, registrándose asimismo la fuga de 29 reos involucrados con la organización criminal que orquestó la fuga y la masacre, con ayuda de las autoridades estatales.

Es un hecho que para una operación de tal magnitud se requirió de suma planeación y logística, tanto dentro como fuera del penal, y aún se desconoce a qué niveles llegó a permear la corrupción de las autoridades estatales, elementos que resultan de fundamental importancia sean de conocimiento del Poder Legislativo, pues se trata de la integridad del Estado, del futuro democrático de México y de la salud institucional que permitirá, no sólo al sistema penitenciario, sino al sistema político en su conjunto desarrollar mecanismos de detección, desarticulación e inmunidad frente al poder corruptor de las organizaciones criminales.

Se ha dado la destitución del secretario de Seguridad Pública estatal de Nuevo León, sin embargo la magnitud de los hechos nos obliga a profundizar en el involucramiento de las autoridades estatales en la fuga y asesinato de los reos, así como revelar con precisión cuáles fueron los vínculos de las autoridades con los criminales.

Fue noticia de alto impacto el que se haya revelado que el ahora ex director del Penal de Apodaca, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, recibía un sueldo de 40 mil pesos pagado por la organización criminal, adicionales al sueldo de 70 mil pesos que le pagaba el erario público de Nuevo León.

Asimismo resalta el hecho de que tanto el ex director del Penal como el Subdirector Juan Hernández ya habían sido responsables de una fuga de tres reos registrada en noviembre pasado.

Sin embargo más preocupante resulta el que el Gobierno del Estado de Nuevo León haya aceptado contratar a Gerónimo Miguel Andrés Martínez, teniendo conocimiento de su trayectoria que, desde su puesto en el penal varonil de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal fue acusado de dar privilegios a algunos reos para portar teléfonos celulares y el ingreso de droga, puesto del que fue despedido tras haberse descubierto que desde el penal operaba una banda de secuestradores.

Otro caso que nos preocupa considerablemente en Acción Nacional, es el de Coahuila, ahora que se revelaron recientemente los presuntos vínculos de Humberto Torres Charles quien fungiera como director jurídico de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés, que derivó en la renuncia de su hermano, Jesús Torres Charles como asesor jurídico del actual gobierno de Coahuila, también ex procurador de Justicia durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés.

Si bien no se han mencionado pruebas fehacientes en contra Jesús Torres Charles, que sí era hasta hace poco funcionario del estado, sí cobra relevancia el hecho de que su hermano, actualmente sujeto a investigaciones y contra quien sí existe una orden de aprehensión, haya sido funcionario público de alto nivel, y más aún que ambos hayan ocupado cargos públicos importantes durante la administración anterior.

Todo ello obliga a responder a las preguntas de ¿si los vínculos con el crimen existían desde antes, cuando todavía era funcionario estatal?, así como ¿si su hermano sabía o incluso lo ayudaba? Y por supuesto ¿a qué niveles se sabía de dichos vínculos? Además¿qué otros funcionarios están involucrados? Entre muchos otros cuestionamientos para los que los legisladores comprometidos con el estado de derecho, la paz y la seguridad requerimos respuesta.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos solicitado –a través de diversos puntos de acuerdo– la creación de comisiones especiales o grupos de trabajo para dar seguimiento a los vínculos entre autoridades estatales y organizaciones criminales que se han hecho patentes durante la revelación de los acontecimientos recientes arriba citados, motivados por la preocupación que todo esto genera ante la magnitud y el riesgo que esta amenaza representa para la gobernabilidad democrática y la integridad de algunos estados del país.

En orden cronológico, de los puntos de acuerdo presentados por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional el 22 de febrero del año en curso la Junta de Coordinación Política recibió proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política crear una comisión especial, o en su caso, un grupo de trabajo para la investigación y el seguimiento de los asuntos relacionados a la renuncia del ex procurador de Justicia de Coahuila y ex asesor jurídico del estado de Coahuila, Jesús Torres Charles derivados de los presuntos vínculos del ex director jurídico de la Secretaría de Salud de Coahuila, Humberto Torres Charles con organizaciones criminales, presentada por el Grupo Parlamentario del PAN.

De la misma forma, en la sesión del 28 de febrero del año en curso, el pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de los siguientes puntos de acuerdo registrados en el orden del día a cargo del GPPAN:

a) Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una comisión especial, o en su caso, un grupo de trabajo para la investigación y seguimiento del posible involucramiento de autoridades estatales en la fuga y masacre de reos del Penal de Apodaca, Nuevo León, a cargo del diputado Francisco Javier Orduño Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

b) Con punto de acuerdo para crear una comisión especial, o en su caso, un grupo de trabajo para la investigación y el seguimiento de los presuntos vínculos del ex gobernador de Tamaulipas, con organizaciones criminales, así como su posible implicación en el asesinato del ex candidato a la gubernatura estatal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En Acción Nacional hacemos este llamado urgente para atender con oportunidad la gran amenaza que representa la complicidad entre autoridades estatales y organizaciones criminales, conscientes de que atenta contra el estado de derecho, la gobernabilidad democrática y la seguridad nacional.

Por lo expuesto, presentamos de manera urgente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a resolver puntual y oportunamente sobre los puntos de acuerdo en los que se tratan cuestiones relacionadas a los presuntos vínculos de diversos funcionarios estatales con organizaciones criminales en el país.

México, DF, a 8 de marzo de 2012.

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que se comisione a un grupo de legisladores para visitar el lunes 12 de marzo del presente año las instalaciones donde se construye el Instituto Nacional de Medicina Genómica, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Agustín Guerrero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los numerales 1, fracción I, del artículo 6, y 1 y 2 del artículo 79, así como en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude ante el pleno a presentar proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que el pleno de la Cámara de Diputados comisiona al presidente de la Comisión de la Función Pública y a los diputados que para dichos efectos designen los grupos parlamentarios a realizar una visita a las instalaciones donde se construye el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) el lunes 12 de marzo del presente año, y realicen un informe del estado que guarda la obra, que tiene una inversión de mil 931 millones de pesos, siendo que su presupuesto original era de mil 190 millones de pesos, con base en los siguientes

Antecedentes

1. El Inmegen se creó mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2004.

2. El 12 de septiembre de 2005 se inició la construcción de la primera etapa de las instalaciones del Inmegen, en un terreno de 40 mil 97.81 metros cuadrados donado por la Secretaría de Salud, en Periférico Sur 4809, colonia El Arenal Tepepan, en Tlalpan, Distrito Federal.

3. El proyecto de creación del Inmegen consideró la construcción de cuatro edificios: principal; biblioteca y anexos; auditorio; y servicios.

4. En la Cuenta Pública de 2010 para programas y proyectos de inversión se tenía acumulado hasta 2010 un monto de 1 326 444.7 miles de pesos, sin incluir equipamiento, y un costo total programado modificado de 1 931 882.8 miles de pesos. En la revisión del importe ejercido en el capítulo 5000 se verificaron 2 pedidos, en tanto que para la revisión del capítulo 6000 se verificaron 22 contratos de obra, 8 de ellos adjudicados mediante licitación pública y 14 de manera directa.

5. Al día de hoy, la obra sigue inconclusa. El gobierno federal no ha definido cuándo será terminada y entregada, y los gastos siguen creciendo.

Estos antecedentes se analizan conforme a los siguientes

Considerandos

En un trabajo de análisis del gasto publico de 2010 reportado por la Auditoría Superior de la Federación nos encontramos con la auditoría realizada al Instituto Nacional de Medicina Genómica, el cual se creó mediante decreto presidencial en 2004, con objeto de desarrollar una plataforma en medicina genómica para vincular instituciones públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero, la cual contribuiría a generar su desarrollo integral en todo el país, incidiendo en enfermedades comunes, con un alto impacto en la salud y la economía de los mexicanos, por lo que en su momento se consideró obra prioritaria en materia de salud.

Hasta el 12 de septiembre de 2005 se inició la construcción de la primera etapa de las nuevas instalaciones del Inmegen, en un terreno de 40 mil 97.81 metros cuadrados donado por la Secretaría de Salud del gobierno federal, en Periférico Sur 4809, colonia El Arenal Tepepan, en Tlalpan, Distrito Federal.

El proyecto consideró una construcción que tendría una superficie de 11 mil 996.16 metros cuadrados, en los cuales el Inmegen contaría con cuatro edificios: el principal; biblioteca y anexos; auditorio; y servicios, en los que se prevé que habrá áreas administrativas, tres niveles de laboratorios, área de dirección, auditorio, aulas, biblioteca, restaurante, cuarto de máquinas y servicios, y dos niveles de sótanos destinados para el estacionamiento de 832 vehículos, con una superficie de 18 mil 620.42 metros cuadrados. Además, se consideró una área libre de 31 mil 547.45 metros cuadrados, integrada por 17 mil 668.49 para plazas y andadores, 3 mil 971.33 para vialidades internas y 9 mil 907.63 en áreas permeables jardinadas.

En la revisión del proyecto se observó que el costo total inicial de la obra fue de 1 190 387.1 miles de pesos y con base en los resultados obtenidos en la revisión de las Cuentas Públicas de 2006 a 2009, la Auditoría Superior de la Federación determinó efectuar una auditoría como parte de la revisión de la Cuenta Pública de 2010 al proyecto de inversión, a fin de dar continuidad a las revisiones anteriores.

En el Informe del Resultado sobre la Cuenta Pública de 2010, que se entregó en la Cámara de Diputados el 15 de febrero de 2012, se observó que en los resultados para programas y proyectos de inversión se tenía acumulado hasta 2010 un monto de 1 326 444.7 miles de pesos en la construcción del Inmegen, sin incluir equipamiento, y un costo total programado modificado de 1 931 882.8 miles de pesos. Y en la revisión del importe ejercido en el capítulo 5000 se observó que se verificaron 2 pedidos, en tanto que en la revisión del capítulo 6000 se encontró que se verificaron 22 contratos de obra, 8 de ellos adjudicados mediante licitación pública y 14 de manera directa.

Como diputado federal puedo señalar que es necesario realizar una revisión in situ para conocer el grado de avance de la obra, conocer la fecha de entrega, hablar con los arquitectos responsables, conocer por qué se realizaron las ampliaciones o modificaciones del costo original y conocer por qué se han tenido que realizar adjudicaciones directas, y de esa manera evitar que se cometan en su momento violaciones de la ley.

Considero se debe designar para estos efectos al presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados y a un grupo de legisladores federales que para dichos efectos sean nombrados por los grupos parlamentarios, quienes tendrán que realizar un informe detallado para el pleno de esta soberanía.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Sea votada a favor la presente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de ella, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados sin turno a comisión.

Segundo. Se comisiona al presidente de la Comisión de la Función Pública y a los diputados que para dichos efectos designen los grupos parlamentarios para realizar una visita a las instalaciones donde se construye el Instituto Nacional de Medicina Genómica el lunes 12 de marzo del presente año, y realicen un informe del estado que guarda la obra, que tiene una inversión de mil 931 millones de pesos, siendo que su presupuesto original era de mil 190 millones de pesos.

Tercero. Notifíquese a la Secretaría de Gobernación el presente punto de acuerdo, a través de la oficina de enlace correspondiente, a efecto de que se brinden las facilidades necesarias al grupo de legisladores descritos, para el libre acceso a las instalaciones del Inmegen el lunes 12 de marzo del presente año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 8 de marzo de 2012.

Diputado Agustín Guerrero Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a emitir la norma oficial mexicana para el caudal ecológico, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Diputado Rafael Pacchiano Alamán, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La sequía en el norte amenaza ser mucho más grave de lo previsto. Tan sólo en 2011 “la catástrofe afectó a casi 70 por ciento de la superficie cultivable, derivó en la muerte de cientos de miles de cabezas de ganado y la pérdida de cosechas y cultivos, cuyo impacto habrá de resentirse en meses próximos en los precios de los alimentos. Para colmo, no hay indicios de que la situación haya llegado a su fin, y ni siquiera a su punto más alto: por el contrario, como anticipó ayer mismo la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la sequía que afectó gran parte del territorio nacional en 2011 continuará por lo menos en el primer trimestre de 2012, lo que multiplica el riesgo de incendios forestales y de pérdidas económicas” 1 .

En nuestro país la disponibilidad del agua se encuentra en relación directa con las condiciones climáticas, específicamente en el mayor o menor volumen de precipitación. Con una población más numerosa y asentamientos humanos más grandes, el consumo del agua se incrementará considerablemente en el futuro cercano.

Además, el tema del agua es prioritario y se le considera un problema de seguridad nacional que fue reconocido como tal en 2004 por Congreso de la Unión.

Dada nuestra particular vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, es claro que el impacto en el sector agua será significativo; se estima que la disponibilidad del recurso hídrico se reducirá del orden de 10 por ciento anual hasta 2030 con respecto al 2000. Esta baja en la disponibilidad, está bajo presión por la sobreexplotación del acuífero y la creciente contaminación de los cuerpos de agua.

Los acuíferos subterráneos son la fuente principal de abastecimiento del agua urbana y representa 14 por ciento del agua nacional; preocupa que de acuerdo con las Estadísticas del Agua en México , edición 2010, de 653 acuíferos que el país tiene delimitados y reconocidos, alrededor de 101 se encuentren en un estado crítico debido a un mal manejo de extracción.

En consecuencia, la presión sobre el suministro del recurso hídrico será más fuerte y el problema de la disponibilidad de agua para consumo humano se agravará; las variaciones actuales en el abastecimiento de este recurso muestran ya la necesidad de prepararse para las consecuencias de un calentamiento global.

Uno de los principales retos que los países deben enfrentar para conservar el agua de nuestro planeta es convencer a legisladores y diseñadores de políticas públicas sobre los beneficios económicos y sociales que brinda la preservación y la protección de las funciones de los ecosistemas, de los bienes y servicios que prestan, bajo el entendido de que se requiere inversión para su protección.

Tradicionalmente la gestión del agua se ha enfocado en cubrir las necesidades y deseos de la creciente población humana, sin considerar los límites y necesidades de los sistemas acuáticos. Los problemas actuales de sequía nos hacen comprender la urgencia de recuperar los equilibrios hidrológicos de las cuencas sobreexplotadas y garantizarlos en las no sobreexplotadas, e incorporar una visión ecosistémica a la administración del recurso. Ambos aspectos, además de garantizar escenarios sustentables, son el camino para enfrentar las amenazas del cambio climático.

En ese sentido, el caudal ambiental o caudal ecológico es “una alternativa que busca encontrar un equilibrio entre las necesidades humanas, reconociendo que para conservar la diversidad y los bienes y servicios ambientales que brindan los sistemas acuáticos, se debe siempre considerar que la variabilidad de los caudales naturales son los que mantienen la salud y resiliencia de los sistemas naturales acuáticos. Por ello, las propuestas más modernas de cálculo de caudal ambiental buscan acercarse lo más posible a esta variabilidad” 2 .

El concepto caudal ecológico fue introducido en una reforma a la Ley de Aguas Nacionales en el año 2004 3 como uso ambiental o uso para la conservación ecológica, y quedó definido como el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema.

Para atender diversos compromisos institucionales y en atención a la atribución que le confiere la Ley de Aguas Nacionales en la fracción XXXI del artículo 9, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) promovió el Anteproyecto de la norma oficial mexicana para el Caudal Ecológico a fin de proponer a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la expedición de una norma oficial mexicana para establecer el procedimiento en la determinación de los caudales ecológicos de las cuencas hidrológicas, como un medio para encontrar un equilibrio entre las necesidades del ambiente y las humanas.

No obstante lo anterior, el Subcomité 5 Regulación Hídrica del Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente canceló 4 del Programa Nacional de Normalización 2011 dicho procedimiento bajo la justificación de que el tema no corresponde al objeto del Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas y Equipos de Riego.

Si bien corresponde a Conagua proponer a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las normas oficiales mexicanas en materia hídrica, es facultad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales y agua, así como establecer , con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales , según lo señala el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus fracciones II y IV.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Metrología en el artículo 51-B, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá por sí o a solicitud de las dependencias, expedir normas mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos nacionales de normalización, o cuando se demuestre a la Comisión Nacional de Normalización que las normas expedidas por dichos organismos no reflejan los intereses de los sectores involucrados. Para ello, los temas propuestos como normas mexicanas se deberán incluir en el Programa Nacional de Normalización, justificar su conveniencia y, en su caso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá demostrar que cuenta con la capacidad para coordinar los comités de normalización correspondientes.

No tenemos duda que la expedición de esa norma oficial mexicana será medular para guiar la implementación del caudal ecológico y para el cumplimiento de las metas del Programa Nacional Hídrico 2007 - 2012 5 ; asimismo, será fundamental para la conservación ecológica de las cuencas hidrológicas, para evitar la sobreexplotación del recurso hídrico, de aguas superficiales y del manto freático y para controlar la afectación a los caudales mínimos, que frecuentemente se ven disminuidos por las concesiones, asignaciones y permisos de descarga otorgados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir la norma oficial mexicana para el caudal ecológico.

Notas

1. http://www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/9/30769/y/sequa

2. Semarnat Requerimientos para implementar el caudal ambiental en México . México 2007 p. 17

3. Diario Oficial de la Federación , 29 de abril, 2004.

4. Diario Oficial de la Federación , 13 septiembre 2011.

5. Programa Nacional Hídrico 2007-2012 Conagua. Objetivo 3. Promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos. Estrategia 15: Propiciar la preservación de los ecosistemas procurando mantener en los cauces los volúmenes que se requieren. Indicador: Norma del caudal ecológico publicada. Meta en el periodo2007 – 2012: 1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2012.

Diputado Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar a partir del ejercicio fiscal de 2012 la exención del pago del ISR y del IETU a las personas físicas y a las morales que realicen actividades relacionadas directamente con la charrería, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II; y, artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a la consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia, considere la exención en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, a las personas físicas y morales que realicen actividades directamente relacionadas con la charrería a partir del ejercicio fiscal 2012, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El origen de la charrería en nuestro país puede verse documentado con la llegada del caballo a Mesoamérica como recurso que los españoles utilizaron para someter a los nativos de esta región. Después, en la etapa de la Colonia, el caballo fue empleado exclusivamente por españoles y criollos para su transporte, el del correo, como bestias de tiro en carretas y enganchas para el traslado de personas y mercancías, así como para el manejo y movilización del ganado bobino en la incipiente industria ganadera.

Sin embargo, el crecimiento de esta última actividad, conllevó a que algunos naturales fueran autorizadas para montar a caballo cumpliendo ciertas condiciones como eran el depender de un terrateniente, usar la vestimenta adecuada, tener buen estado de salud y condición física para soportar las extenuantes faenas del campo y sobre todo, tener los conocimientos y habilidades necesarias para poder montar y dominar a un caballo, así como el manejo de la reata, para poder lazar y manejar eficiente y adecuadamente el ganado.

Cuando estos jinetes empezaron a desarrollar habilidades por encima de las exigencias cotidianas del trabajo, decidieron a manera de diversión y entretenimiento para determinar quién era el mejor por lo que aprovecharon la celebración de fiestas patronales de los pueblos para realizar en ellas éstas competencias y exponer ante la concurrencia sus habilidades en el manejo del caballo, lo que marcó el antecedente para definir la figura emblemática de lo que hoy conocemos como charro.

En este sentido, destacó la hacienda de Atenco, estado de Hidalgo, considerada la cuna de la charrería debido a que ahí se estableció la primera ganadería en América bajo la responsabilidad de Ponciano Díaz, quien junto a Ignacio Gadea, Agustín y Vicente Oropeza y Celso González, entre otros, combinó elementos de la tauromaquia con el dominio del caballo, resultando un evento atractivo y riesgoso para el público que los veía, elementos que más tarde conformarían la estructura de la charrería actual.

No obstante, los estallidos sociales limitaron el ascenso y desenvolvimiento de esta actividad en el resto del país. Durante el periodo de la Revolución Mexicana, la reforma agraria obligó a que muchos de los que eran en ese entonces terratenientes, emigraran a las ciudades de México y Guadalajara para ganarse la vida haciendo gala de su indumentaria y habilidades ecuestres en fiestas o ferias representativas de cierta localidad o región.

El interés generado por estos eventos en diversas comunidades, condujo a la formación de agrupaciones y asociaciones formalmente establecidas, siendo pionera la Asociación de Charros de Jalisco, fundada el 14 de septiembre de 1919, fecha que sería retomada doce años después por el entonces presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, para decretar el “Día Nacional del Charro”, además de otorgar al traje Charro el reconocimiento de atuendo oficial y símbolo de la nacionalidad mexicana.

Así también, se fundó la Asociación Nacional de Charros el 4 de junio de 1921, la cual se caracterizó por fomentar la actividad de la charrería y la difusión de nuestras tradiciones en todo el país. Bajo esta misma visión, le siguieron nuevas organizaciones que junto con aquélla, optaron por integrarse a la Confederación Nacional de Charros.

Con la promulgación de la Ley Federal del Deporte en los años treinta, las autoridades exhortaron a esta confederación a reorganizarse para establecer una federación adherida a la recién creada Confederación Deportiva Mexicana, a efecto de otorgar a la charrería, el carácter institucional y deportivo a nivel nacional.

Considerando esta premisa, Jesús Álvarez Tostado, Crisóforo B. Peralta y Manuel Raza conformaron la Federación Nacional de Charros el 16 diciembre de 1933 con la participación de las asociaciones relativas a dicha actividad. A partir de ese momento, se procedió a la elaboración de un reglamento común para las mismas y comenzaron a desarrollarse los lineamientos generales para la organización de competencias.

De esta forma, “nació formalmente la Charrería institucionalizada con el fin de estimular el resurgimiento de las costumbres típicas legadas por nuestros antepasados plagadas del genuino sentimiento de nuestra nacionalidad y de toda la pujanza y la vitalidad de una raza inconfundible y heroica”. 1

Para el buen desempeño de esta Federación, se estableció un estricto marco normativo y un cuerpo colegiado de jueces, delegados y coordinadores para cualquier evento de charrería. Así, con el tiempo, empezaron a promoverse diversas actividades como los congresos y campeonatos nacionales, torneos distintivos (como “el Guadalupano”, “el Constitución” y “el Revolución”) y desfiles nacionales (con motivo de la celebración de las fechas patrias del 16 de septiembre y 20 de noviembre), entre otros.

Cabe señalar que una buena parte de ellos, en especial, los congresos y campeonatos nacionales, recibieron el apoyo de los principales gobiernos estatales debido a la afluencia turística que estos generaban y por la difusión que se daba a una importante tradición.

Con el paso de los años, la Federación Mexicana de Charrería, AC, optó por cambiar en varias ocasiones su denominación legal con el fin de responder activamente los nuevos desafíos que el entorno económico y social le imponía, convirtiéndose así, en lo que actualmente se conoce como Federación Mexicana de Charrería.

Poco a poco, esta organización fue adquiriendo una fuerte presencia y reconocimiento a nivel nacional e internacional a tal grado que a la fecha, cuenta con un registro superior a las 668 asociaciones de charros y un mil 750 integrantes de 177 escaramuzas, lo que implica un total aproximado de 14 mil deportistas en el país; sin considerar aquéllos que lo practican en algunas entidades de Estados Unidos como California, Texas, Arizona, Nuevo México o Illinois.

Como consecuencia de ello, la charrería ha sido catalogada como uno de los deportes más completos y extremos que se ejecutan al aire libre, pues las impresionantes maniobras que se realizan con el caballo, requieren de la pericia y fortaleza de todos los músculos del jinete, lo que implica estar en riesgo constante de sufrir un accidente si el animal no reacciona adecuadamente al mando del jinete y al depender la ejecución de las suertes de algunos factores externo el peligro se incrementa.

De ahí que muchos artistas consideren a la charrería como un tema místico a través de la pintura, la literatura y la música, donde el charro deja de ser un simple competidor para convertirse en un personaje enigmático que gusta debatirse entre la vida y la muerte con su caballo.

Por tal razón, es un requisito indispensable tener conocimiento y preparación de la charrería desde temprana edad, sin descontar las innumerables aportaciones que personas con experiencia en el campo, llegan a transmitir a las futuras generaciones para dar continuidad a esta hermosa tradición mexicana.

Asimismo, es de valorarse las instalaciones con las que este deporte se presenta al público, pues se trata de una estructura compuesta de un lienzo de 60 por 12 metros de longitud y un ruedo unido a éste de 40 metros de diámetro; los cuales se encuentran acondicionados con tribunas y cajones para realizar el manejo del ganado según el tipo de competencia que se ejecute.

Ahora bien, cada evento de esta naturaleza, comúnmente denominada como “charreada”, inicia con la presentación de los equipos participantes de la contienda, los cuales recorren la zona del lienzo hasta llegar al ruedo con la “Marcha de Zacatecas”, para luego desplazarse a sus alrededores y dar paso a la “suerte” correspondiente.

Cabe aclarar que en la charrería, una “suerte” comprende un acto cuya ejecución y éxito depende en gran parte de la habilidad y experiencia del deportista y de su caballo, para realizar movimientos muy precisos con armonía y lucidez, la mayoría de ellos con ganado bobino y caballar, de las cuales se describen a manera de ejemplo las siguientes:

1) Cala de caballo: Demuestra la aptitud y experiencia del jinete y su manejo del caballo, así como la educación de éste. Inicia al dirigirse a galope del ruedo hasta el partidero (fondo del lienzo).

Posteriormente, regresa al punto de origen a toda velocidad metiendo las patas traseras del caballo para detenerlo bruscamente sin salirse de un cuadro de 6 x 20 previamente marcado.

Después se desplaza a un rectángulo lateral, donde realiza giros sobre cada pata sin desplazarla.

Acto seguido, el jinete regresara al rectángulo central y realiza la ceja o andadura haciendo caminar al animal hacia atrás y en línea recta, llegando a los 50 metros, desde donde regresa al paso al centro del ruedo para demostrar la mansedumbre de su caballo y terminar su participación.

2. Piales en lienzo: Consiste en arrojar un lazo a las patas traseras de una yegua al momento en que sale velozmente desde el partidero rumbo al ruedo, debiendo detenerla totalmente, bajando vueltas de la reata en la cabeza de la silla.

3. Coleadero: suerte basada en correr al parejo de un novillo desde el fondo del lienzo, arcionando (enredando) la cola en la pierna y derribar así al novillo en corto terreno, es decir antes de 60 metros.

4. Jineteo de novillo: Comprende montar un novillo que sale de un cajón tratando de permanecer en él hasta que haya dejado de reparar.

5. Terna en el ruedo: Tres charros intentan lazar a un toro, uno en la cabeza y otro en la patas, para derribarlo y tomando hasta tres turnos como máximo cada uno.

6. Jineteo de yegua: El participante debe montar y permanecer en el lomo de una yegua bruta sujetándose a los crines de ésta o a un pretal (cuerda) hasta el punto de domar al animal completamente, desmontándose sin caer.

7. Manganas (a pie o a caballo): Consiste en ejecutar el arte del floreo de reata a pie y posteriormente haciendo uso del caballo con el fin de derribar una yegua bruta, debiendo éste lazarla de las manos y derribarla, chorreando (enredando) la reata en su cintura cuando es a pie y en la cabeza de la silla cuando es a caballo.

8. Paso de la muerte: El Charro se monta en su caballo en pelo (sin montura), y se empareja a una yegua bruta que viene arreando a toda velocidad, pegado a las tablas del ruedo, debiendo brincar desde su caballo para caer en el lomo de la yegua y apearse sin caerse, una vez que la yegua ha dejado de reparar.

9. Charro completo: Actividad relativa a ejecutar las suertes de cala de caballo, piales en lienzo, coleadero, jineteada de toro, manganas y el paso de la muerte.

Aunado a lo anterior, la participación de la mujer ocupa un lugar especial en la charrería, pues también realizan ejercicios ecuestres por equipos denominados escaramuzas, integrado por ocho amazonas, las cuales, acompañadas por una alegre pieza musical mexicana, realizan evoluciones coreográficas a galope o trote ligero de un alto grado de dificultad y riesgo, brindando un espectáculo sumamente bello, peligroso y emotivo.

Al respecto, han destacado personas como Ana María Gabucio y Sánchez Mármol y Rosita Lepe, quienes han sido consideradas como íconos de la figura femenina en la charrería.

De hecho, a Rosita Lepe se le atribuye junto a su padre, la confección original del traje charro para la mujer, además de haber adaptado las albardas a la silla tradicional de montar, logrando con ello, mayor comodidad, seguridad y estilo propio.

Así también, la charrería ha logrado integrar en sus presentaciones a personas con algún tipo de discapacidad, lo que demuestra ser un deporte incluyente y comprometido en difundir su práctica a todos los sectores de la sociedad.

Por otro lado, cada celebración de una charreada requiere del cumplimiento de un riguroso marco reglamentario y protocolario para los encuentros entre equipos representativos de algún estado o región, así como también, del tipo de indumentaria adecuada para la ocasión.

En este sentido, el traje charro, tanto para hombres como para mujeres, se caracteriza por ser vistoso y elegante. Elaborado a la medida únicamente por artesanos mexicanos. Consta de pantalón (falda), chaqueta (chaleco), pachuqueña (camisa), corbata de moño, sombrero de copa alta, chaparreras, botines y espuelas.

Los adornos de las chaquetas deben ser sobrios y de buen gusto salvo los trajes y pantalones, los cuales deben confeccionarse artesanalmente con gamuza cortada.

La pachuqueña (camisa) tiene que ser de cuello y con botones de hueso en forma alargada; la corbata de moño debe ser de tonos serios, siendo el rojo el más utilizado debido a la sensación de alegría que transmite al público que lo observa, además de ser combinable con todo.

Así también, los botines deben ser de una pieza y contar con tacón plano espuelero, de color café en sus distintos tonos y grises, portando solamente el calzado negro cuando se usa el traje de gala y no se permite para montar.

Por consiguiente, en la actualidad existen cinco tipos de traje charro cuyos materiales con los que son elaborados y los adornos que llevan varían según el tipo de actividad o evento a celebrar: faena, media gala, gala, gran gala y etiqueta.

Asimismo, es de destacar que la indumentaria de este deporte involucra de manera implícita, la participación de muchos talleres artesanales y pequeñas empresas que sostienen un cierto nivel de empleo y remuneración determinada.

De esta forma, se salvaguardan las raíces tradicionales de los oficios en México, tales como la sastrería, sombrerería, platería, zapatería, talabartería, curtiduría, herrajes, bordados, trabajos en pita y elaboración de sarapes y reatas. También, se fomenta la creación de obras inspiradas en la charrería a través de la pintura, la música, la literatura o el cine.

Sin embargo, en los últimos años, se ha observado que la charrería ha entrado en un estado de decadencia. Quienes ejercen esta actividad como modo de vida, perciben un ingreso sumamente inestable para satisfacer las necesidades de sus familias y la manutención de sus caballos.

Aunado a ello, estas personas deben asumir los costos de recorrer grandes distancias para competir en las “charreadas”, las cuales no le ofrecen salario alguno. Esto ha ocasionado que muchas de ellas, abandonen la práctica de este deporte por buscar un empleo que les asegure un cierto nivel de bienestar.

Cabe aclarar que la consecución de los eventos de charrería ha sido posible gracias a las aportaciones del público que compensan parcialmente los gastos inherentes de la misma. El resto de la erogación, la cual crece gradualmente con el tiempo, es cubierto en la mayoría de los casos por la Federación Mexicana de Charrería, sin descontar el respaldo moral y la ayuda económica proporcionada por los tres órdenes de gobierno y algunas cooperaciones para el pago de servicios básicos, alimentación y cuidado del ganado, y, mantenimiento de las instalaciones encaminadas a tales fines.

Basta agregar que la charrería cuenta con poca difusión en los medios de comunicación, compite constantemente con otras actividades que atraen la atención de los mexicanos, sin descartar la tendencia que existe hoy en día por no practicar algún deporte debido al carácter sedentario de los trabajos, las innovaciones tecnológicas en los medios de transporte y el crecimiento de las ciudades, lo que nos obliga a dar una solución inmediata a dicha situación.

Por tal motivo, la propuesta en comento pretende hacer un atento exhorto al Ejecutivo Federal para que en el ámbito de su competencia, otorgue la exención en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, a las personas físicas y morales que realicen actividades preponderantemente relacionadas con la charrería.

Es importante señalar que las personas físicas que realizan esta actividad y perciben ingresos bajo el rubro de salarios o prestación de un servicio personal subordinado en los términos del Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la retención del impuesto se calcula aplicando al total de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la tarifa contenida en el artículo 113 de esta ley, actualizada conforme a las Disposiciones de Vigencia Temporal de la misma para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012, la cual comprende una tasa máxima de 30.0%.

Asimismo, interpretando esta ley en los términos de la Sección I del Capítulo II, las personas físicas que obtengan ingresos por la realización de una actividad empresarial o por la prestación de un servicio profesional relacionado a la charrería, tendrán que hacer pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, restando al total de los ingresos percibidos, los conceptos autorizados por esta ley.

Al monto resultante, se le aplicará la tarifa que las autoridades fiscales determinen tomando como base la comprendida en el artículo 113 de esta Ley, la cual será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Por otro lado, las asociaciones o sociedades civiles relacionadas con el deporte de la charrería, deberán enterar el impuesto que resulte de aplicar al remanente distribuible, la tasa máxima al excedente del límite inferior que establece el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, actualizado conforme a las Disposiciones de Vigencia Temporal de la misma para los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012; la cual podría llegar hasta el 30.0% (véase figura 1).

Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley del Impuesto sobre la Renta, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002, última reforma publicada el 31 de diciembre de 2010, artículo 177 (actualizado conforme al Artículo Segundo, fracción I, inciso f, relativo a las “Disposiciones de Vigencia Temporal de la Ley del Impuesto sobre la Renta” del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en Unidades de Inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 1 de abril de 1995; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009).

Figura 1: Tarifa para el pago del impuesto sobre la renta para los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012.

Como se puede apreciar, la aplicación de este impuesto a las personas físicas y morales involucradas en el ejercicio de la charrería, representa un elevado costo para seguir manteniendo el ritmo de desarrollo y promoción de este deporte entre la población más joven del país.

Cabe reiterar que esta situación puede verse empeorada si consideramos también, que a los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes relacionados con esta actividad, se debe pagar el impuesto empresarial a tasa única cuya tasa es del 17.5%

Por lo tanto, la presente propuesta concibe la necesidad de que este sector de contribuyentes pueda contar con un importante ahorro monetario a través de la exención en el pago de los impuestos citados en los párrafos que preceden, con el objeto de fomentar en los años venideros, la permanencia de la charrería tradicional y el fortalecimiento del mercado interno de ciertas zonas del país donde se realiza esta actividad.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el suscrito diputado Fernando Espino Arévalo, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia, considere la exención en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, a las personas físicas y morales que realicen actividades directamente relacionadas a la charrería a partir del ejercicio fiscal 2012, para lo cual se emite el siguiente

Acuerdo

Único.- Este Órgano Legislativo exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el ámbito de su competencia, considere la exención en el pago del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, a las personas físicas y morales que realicen actividades directamente relacionadas con la charrería a partir del ejercicio fiscal 2012.

Nota

1 Recuperado en http://www.charreriafed.com/.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2012.

Diputado Fernando Espino Arévalo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las secretarías y demás dependencias competentes para que suscriban y ratifiquen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de maternidad, a cargo de los diputados Enoé Margarita Uranga Muñoz y Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Enoé Uranga Muñoz y Francisco Hernández Juárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la secretaria de Relaciones Exteriores para que se ratifiquen los convenios que se tienen pendientes en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de maternidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 12 de septiembre de 1931, México ingreso a la Organización Internacional del Trabajo y desde entonces el país ha sido en varias ocasiones miembro del Consejo de Administración, ha ocupado la presidencia y ha presidido el grupo gubernamental del mismo. México ha ratificado 78 convenios de los 188 adoptados por la OIT. Desde su ingreso en la organización cuenta con una delegación permanente en el Consejo de Administración en representación del gremio trabajador y empleador. El reconocido profesionalismo y prestigio de los representantes mexicanos les ha permitido influir directamente en las decisiones de este importante órgano.

2. La protección de la maternidad ha estado entre las primeras preocupaciones de la OIT desde su creación. Fue en la primera Conferencia Internacional del Trabajo, en 1919, cuando se adoptó el primer convenio sobre la protección de la maternidad (Convenio Número 3). A este convenio le siguieron otros dos: el Convenio Número 103 en 1952 y el Convenio Número 183 en 2000, que fueron ampliando el alcance de la protección de la maternidad en el trabajo y los derechos a esa protección. En el centro de las preocupaciones ha estado velar por que el trabajo de la mujer no le suponga a ella ni a su hijo riesgos para la salud y por que la función reproductiva de la mujer no comprometa su seguridad en materia económica y de empleo.

3. El convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (Número 3) estuvo entre los primeros instrumentos que se adoptaron. En 1952, este Convenio fue revisado para tener en cuenta la evolución de la legislación y de la práctica nacionales, especialmente en el dominio de la seguridad social. Desde 1952 se ha producido una evolución muy profunda en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, y se ha avanzado hacia un compromiso cada vez mayor para eliminar la discriminación en el empleo. Pero aunque todo ello pone de relieve la protección de la maternidad en el trabajo, no ha tenido como consecuencia demasiadas ratificaciones, ni en el caso del Convenio núm. 3, ni en el del Convenio núm. 103. En efecto, en junio de 1997, sólo 36 países habían ratificado el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (Número 103), y otros 17 países habían ratificado el Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (Número 3).

4. México al día de hoy no ha ratificado ninguno de los tres Convenios citados pese a que en la Ley Federal del Trabajo protege la maternidad y existen además leyes de seguridad social para ello.

5. En nuestro país el sistema de información nacional Inegi da cuenta de la condición de las mujeres mexicana que son madres; la medición se inicia a partir de los 14 años de edad, ya que se considera que en ese momento se encuentran en edad reproductiva, así tenemos que la población total de mujeres de 14 años y más es de 41 millones 674 mil 17 de las cuales, 28 millones 913 mil 700 son madres. Destacando dentro de ellas el que más de 500 mil tienen 14 años.

El promedio de escolaridad de las madres mexicanas es de 9.4 años, casi el 10 por ciento de ellas son analfabetas es decir 2 millones 729 mil 680. A pesar de una importante participación en el ingreso a la educación sólo 2 millones 277 mil 265 de las madres tienen licenciatura es decir el 7 por ciento, y solo 164 mil 953 tienen una maestría, 14 mil 574 cuentan con un doctorado ni más ni menos 0.05 por ciento.

En cuanto a la participación de las madres mexicanas en el mercado laboral los datos oficiales reportan una presencia del 41.41 por ciento del total es decir 11 millones 974 mil 81 madres trabajadoras de 14 años o más. La mayoría de ellas se encuentran en el sector del servicio y comercio, la mitad (47.7 por ciento) recibe entre uno y dos salarios mínimos, lo que significa 54.47 pesos por día o en el mejor de los casos 108.94 pesos, sólo el 7 por ciento de las madres mexicanas que trabajan (838 mil) ganan más de 5 salarios mínimos, este grupo privilegiado reciben en promedio 272.35 pesos.

Las madres trabajadoras fuera del hogar cumplen jornadas laborales que van de 40 a 56 horas semanales, el 33.93 de ellas trabajan en el sector informal por lo que sus jornadas pueden ser aún más prolongadas, a ello tenemos que sumar el trabajo doméstico en el que las madres trabajadoras emplean en promedio a la semana 47 horas.

Una característica del empleo de las madres mexicanas lo constituye el hecho de que 66.62 por ciento de las madres trabajadoras, más de 7 millones, no tiene seguridad social. Lo que aún agudiza más la precariedad del empleo femenino.

6. Los datos vertidos en el punto anterior demuestran que en nuestro país la jefatura femenina en el hogar ha ido creciendo rápidamente, de los más de 25 millones de hogares familiares, 6 millones y medio son sostenidos únicamente por una mujer que, como hemos señalado, tiene condiciones muy desfavorables para el sostenimiento de éste.

7. Consideramos pertinente que México amplíe la protección jurídica que posteriormente se traduzca en políticas públicas que protejan ampliamente a las mujeres jefas de familia, por ello la necesidad apremiante de que se suscriban y ratifiquen los Convenios de la OIT en materia de maternidad.

8. En ocasión del Día Internacional de la Mujer es oportuno que reivindiquemos los derechos humanos de las mujeres, por ello, también la insistencia de ésta proposición.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones, instruya a las secretarías y dependencias involucradas para que se suscriban y ratifiquen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de maternidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2012.

Diputados: Enoé Margarita Uranga Muñoz, Francisco Hernández Juárez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la invasión por particulares de predios que se presume son propiedad de la CFE en Ecatepec, México, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Jorge Hernández Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a solucionar los asentamientos irregulares en Ecatepec, México, conforme a las siguientes

Consideraciones

La tenencia irregular del suelo es la situación en que se ejerce la posesión, pero no la propiedad (u otro título jurídico) sobre los predios que se ocupan.

El control territorial es fuente de conflicto entre grupos e individuos en un espacio determinado. La vía de solución institucional está determinada en las leyes y reglas establecidas; fuera de éstas, los conflictos toman el cauce dado por las partes, y generalmente la confrontación se profundiza.

De la invasión de predios se deriva el riesgo de aproximadamente mil familias que ponen en peligro su vida al verse obligadas a transitar sobre la Avenida de las Torres, entre Calle Nacional y Acueducto, en la colonia San Jaco El Gallito, Santa Clara Coatitla, en Ecatepec, México.

Esos predios tienen una extensión de entre 2 mil 500 y 3 mil metros cuadrados y se presume son propiedad de la CFE. Ahí se encuentra instalada una chatarrera, que almacena carros viejos, hierros oxidados, llantas, tráileres y grúas. También son usados como tiradero de basura, cascajo y todo tipo de desechos, lo cual agudiza los riesgos de focos de infección, además del constante peligro de un incendio masivo, ya que algunos vehículos que se desmantelan mantienen reservas de combustible en el tanque y son susceptibles de un siniestro.

Aunado a lo anterior, los objetos que se encuentran en este lugar obstruyen la vialidad, lo cual propicia contaminación, ruido y quemaduras porque se sueldan piezas en la banqueta. Además, hay elevada inseguridad, pues por esa vía transitan niños de preescolar, primaria y secundaria que, con los padres, se encuentran expuestos al robo, y las agresiones sexuales de mujeres.

Aproximadamente 5 mil familias se ven afectadas por la situación que expongo y que pertenecen a las colonias Santa Clara, San Andrés, La Presa, Buenavista, Lindavista de la Cañada, La Palma, El Gallo, Hank González y San Jaco, en Ecatepec.

La chatarrera se encuentra justo abajo de las torres que soportan los cables de transmisión de energía eléctrica de alta tensión, y en el subsuelo se tiene la red del sistema de ductos de Pemex.

Los asentamientos irregulares deben prevenirse a través de una estrategia de aplicación de la ley que no tenga carácter meramente punitivo sino que reconozca tipos de prácticas ilegales según su efecto en los valores jurídicos protegidos.

Por lo expuesto, se someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a difundir ante la opinión pública el estado de la propiedad de los predios situados en Avenida de las Torres, entre Calle Nacional y Acueducto, en la colonia San Jaco El Gallito, Santa Clara Coatitla, en Ecatepec, México, así como a hacer uso de sus facultades constitucionales para preservar las áreas federales bajo su responsabilidad y desalojar a los invasores asentados en esos predios.

Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a investigar el efecto que pudiera ocasionar la permanencia de invasiones ilegales asentadas sobre los ductos pertenecientes a la empresa, así como proceder al desalojo de los predios situados en Avenida de las Torres, entre Calle Nacional y Acueducto, en la colonia San Jaco El Gallito, Santa Clara Coatitla, en Ecatepec, México.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar la problemática que ocasiona la permanencia de invasiones ilegales y proceder al respectivo desalojo de los predios situados en Avenida de las Torres, entre Calle Nacional y Acueducto, en la colonia San Jaco El Gallito, Santa Clara Coatitla, en Ecatepec, México, que impide el paso de los transeúntes en esa vía.

Palacio Legislativo, a 8 de marzo de 2012.

Diputado Jorge Hernández Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de fortalecer la relación de amistad con Corea del Sur y establecer un vuelo de ese país a México, a cargo de la diputada Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Araceli Vázquez Camacho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con relación a la necesidad de fortalecer la relación de amistad con Corea del Sur y establecer un vuelo coreano a México , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El ejercicio pleno de la diplomacia parlamentaria que convoca a los representantes populares a sostener un diálogo permanente y frecuente, constituye un foro de interlocución privilegiado para el intercambio no sólo de opiniones sino de propuestas que coadyuven al fortalecimiento de nuestras relaciones internacionales.

México y Corea del Sur han sido siempre impulsores de diversos mecanismos de diálogo y concertación política a nivel mundial.

La actividad del grupo de amistad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con su contraparte del Congreso del República de Corea (Corea del Sur), hacemos esfuerzos para constituir un pilar para la construcción de nuevas y mejores formas de comunicación y cooperación entre nuestros pueblos.

Preocupados por la distancia entre nuestros países, pero ocupados en buscar un contacto cada vez más cercano, el Grupo de Amistad México-Corea del Sur se reunió el 23 de febrero de 2012 para revisar el estado que guarda la relación entre nuestras dos naciones.

Con profunda sensibilidad por el país que lo abrazó por segunda vez, el embajador Whan- Bok Cho nos anunció, a los representantes del pueblo mexicano, el ocaso de su segundo mandato en México.

En su exposición, el embajador nos compartió que desea elevar el nivel de la relación de México y Corea del Sur, pues ambos países son socios estratégicos. La voz del embajador se levanta sobre principios firmes, objetivos. Nos compartió algunos datos de las relaciones económicas bilaterales, de los que destacan:

El volumen del comercio de Corea y México en 2010 fue de 13.7 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de más del 20 por ciento en relación a 2009.

Corea es el sexto socio comercial mayoritario para México. La declaración es clara cuando se coteja el volumen del intercambio comercial: 2 veces más que el de España; 3 veces más que el de Italia; y 4 veces más que el del Reino Unido y Francia. Tan sólo en el primer semestre de 2011, el volumen de comercio de México con Corea del Sur es de 74.8 mil millones de dólares; las exportaciones de México a Corea se incrementaron 81 por ciento y las importaciones 9 por ciento.

En cuanto al tema de la inversión coreana en México, debemos partir de que Corea es el segundo inversionista extranjero más importante de la región Asia-Pacífico. Las áreas de inversión coreana en México son industria eléctrica, energética, energía renovable, siderúrgica, minera, de partes automotrices, textil, agrícola, etcétera. En México, al 31 diciembre de 2010, existen mil 429 compañías coreanas registradas ante la Secretaría de Economía. El total de las ventas de las compañías coreanas en México fue del 1.2 por ciento del PIB de México en 2010. Alrededor de 50 mil mexicanos trabajan en alguna compañía coreana en México.

México, históricamente, se ha caracterizado por la calidez de su cultura y su gente. Con relación a Corea, nuestro país ha recibido la visita de numerosos coreanos: de enero a agosto de 2011 hemos recibido la visita de 26 mil 944 coreanos; en 2010, recibimos 34 mil 965 (lo que equivale a alrededor de 100 por día); en 2009, recibimos a 26 mil 178 coreanos; en 2008, 35 mil 696 coreanos. En la balanza, la ocurrencia de visitantes mexicanos en Corea es mucho menor: El número total de mexicanos que viajaron a Corea en 2010 fue de 7 mil 900. Es muy bueno el número de coreanos que han sido acogidos en México; pero la cantidad es moderada con relación al potencial de visitas que recibiríamos si mejoráramos la relación con Corea. Tan sólo en 2010, el número total de coreanos que viajaron al extranjero fue de 12.5 millones. El número total de coreanos que viajaron a México en 2010 corresponde al 0.28 por ciento del total de viajes de coreanos al extranjero. Estamos desaprovechando un gran potencial de intercambio con Corea.

La posición geográfica de los Estados Unidos Mexicanos en el planeta ha sido ignorada por la historia del mundo, salvo el caso de los corsarios. Los corsarios eran capitanes de barcos que, habiendo formado alianzas con los monarcas ingleses y franceses, deseosos de aventura y riqueza, quisieran cruzar el mar y atacar los navíos españoles. A esa forma de viajar se la llamó ir a corso, o sea, “correr por el mar” y estos piratas recibieron el nombre de “corsarios”.

A pesar del cúmulo de tiempo que se ha desperdiciado, pareciera que preferimos que piratas, ahora con mejores elementos técnicos, se beneficien del intercambio comercial que, por un problema de miras, no podemos entender. Lo más simple es continuar con el garrote en la mano, a pesar de que dicha posición nos evade de metas más altas, como buscar un desarrollo económico más incluyente. Las opciones que tenemos para entablar relaciones comerciales y turísticas con Corea son limitadas: no hay un vuelo sin escala, pues no hay un avión disponible técnicamente para hacer el recorrido México-Seúl y se presume que no habría pasajeros suficientes, lo que representa un riesgo comercial; la segunda opción es favorecer la creación de un vuelo con escala en Seattle, que se califica de “comercialmente no viable”. No hay disposición para fortalecer los puentes para el diálogo y el flujo del comercio.

Para Corea del Sur, México tiene prioridad como nuevo destino. Korean Air persigue una opción de vuelo hacia México, con escala en Los Ángeles. En este supuesto, la empresa aeronáutica podría volar inmediatamente a la Ciudad de México. Se podría ofrecer un vuelo sin escala desde Seúl hasta México, DF, pero esto sería posible hasta el año 2015, cuando reciba nuevos aviones Boeing 787.

Korean Air está lista para volar a la Ciudad de México si el gobierno mexicano acuerda con el de Estados Unidos de América la escala en Los Ángeles. Esto servirá como una muy importante oportunidad para incrementar sustancialmente la visita de turistas coreanos a México, pero también ayuda a facilitar la visita de otros asiáticos, en particular japoneses y chinos, a México.

Es necesario generar las condiciones para hacer posible un vuelo coreano a México. Entre ellas encontramos:

• México y América Latina son destinos novedosos para los turistas coreanos.

• Los coreanos tienden a viajar con su vuelo nacional a nuevo destino.

• Los coreanos no necesitan visas para entrar a Estados Unidos.

• Las aerolíneas coreanas tienen capacidad para promover nuevos destinos turísticos.

•Una vez que opere el vuelo coreano en México, saldrán varios paquetes de viaje a México que atraerán más coreanos.

Existen algunos ejemplos exitosos: Hanói (Vietnam), Praga (República Checa).

Hay un gran incentivo para los residentes coreanos en Estados Unidos, en particular los de la parte oeste, para visitar México. En la parte oeste de los Estados Unidos, concentrados alrededor del área metropolitana de Los Ángeles, viven aproximadamente 1 millón de coreanos, el 95 por ciento de ellos nunca han visitado México.

Con la creación del vuelo Corea-México estaríamos abriendo espacios de oportunidad. Serviría para atraer a visitantes de Japón y China, en particular, de tres provincias del Noreste de China.

México ha no ha dado la misma atención a Asia respecto de la que brinda a otras naciones, como Estados Unidos de América. Es necesario diversificar el foco de nuestras relaciones internacionales. Actualmente no hay ninguna aerolínea de Asia que vuele hacia México. En enero de 2010, Japan Airlines canceló el vuelo hacia México vía Vancouver. La única aerolínea es Aeroméxico, que vuela hacia Tokio y Shangai dos veces por semana.

Los números de visitantes de Corea, Japón y China han tenido escasa movilidad entre 2008 y 2011. El registro de los visitantes de Corea es el siguiente: 35 mil 696, en 2008; 26 mil 178, en 2009; 34 mil 965, en 2010; y 26 mil 944, de enero a agosto de 2011, lo que representa un incremento del 14.9 por ciento. El registro de los visitantes de Japón es el siguiente: 69 mil 716, en 2008; 52 mil 229, en 2009; 66 mil 164, en 2010; y 44 mil 242, de enero a agosto de 2011, lo que representa un incremento del 10.6 por ciento. El registro de los visitantes de China es el siguiente: 19 mil 903, en 2008; 17 mil 220, en 2009; 28 mil 398, en 2010; y 22 mil 421, en 2011, lo que representa un incremento del 27.1 por ciento.

Voltear la espalda a Asia representa también voltear la espalda a importantes oportunidades comerciales. La presencia en el mundo de estos tres países asiáticos es el siguiente: Población, 22 por ciento; PIB, 19.5 por ciento; comercio exterior, 17.4 por ciento.

Es necesario percatarnos de la realidad y demos el valor que merecen nuestros socios comerciales en el mundo: China, 2o.; Japón, 4o.; y Corea, 6o.

En el 2010, podemos leer que hubo un desequilibrio entre las relaciones económicas e intercambio personal que los viajeros de estas grandes naciones han tenido con México:

• En Corea, sólo 34 mil 965 viajeros de un total de 12.5 millones volaron a México, lo que representa solo el 0.28 por ciento

• En Japón, sólo 66 mil 164 viajeros de un total de 16.6 millones volaron a México, lo que representa solo el 0.39 por ciento

• En China, sólo 28 mil 398 viajeros de un total de 47.6 millones volaron a México, lo que representa solo el 0.06 por ciento

• En los tres países, sólo 129 mil 527 viajeros de un total de 76.7 millones volaron a México, lo que representa solo el 0.17 por ciento

Actualmente, los beneficios para los viajeros mexicanos son muy limitados: tarifas en clase turista de vuelo México-LA-Seúl-LA-México: 1,476 dólares; tarifa en clase turista de vuelo México-Tokio-Seúl-Tokio-México: 2,428 dólares. A través de la competencia, los mexicanos tendrían más opciones.

Los beneficios para México también serían importantes: mejoraría la imagen nacional de México, se tendría mejor conocimiento sobre México por parte de los turistas; tendría lugar una expansión de las relaciones económicas bilaterales; y con el incremento del intercambio personal entre Corea del Sur y México, las relaciones económicas entre ambos países se volverán más dinámicas.

Si el gobierno mexicano acuerda con el de Estados Unidos de América para permitir a Korean Air una Quinta Libertad para poder volar a México, con una escala en Los Ángeles, el gobierno coreano estría dispuesto a autorizar una Quinta Libertad para que Aeroméxico pueda volar a Corea vía Tokio.

El gobierno coreano hizo una propuesta de reunión entre autoridades de aviación civil para realizar autorización mutua de Quinta Libertad, en la Ciudad de México el próximo año.

El número de vuelos al día es el siguiente: Ciudad de México/LA: 9; y Seúl/Tokio: 24.

Finalmente, queremos señalar que Korean Air está lista para volar a la Ciudad de México si el gobierno mexicano acuerde con Estados Unidos de América la escala en Los Ángeles. Esto servirá como una muy importante oportunidad para incrementar sustancialmente la visita de turistas coreanos a México, pero también ayuda a facilitar la visita de otros asiáticos, en particular japoneses y chinos, a México.

En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal de los Estados Unidos Mexicanos a promover el proyecto de establecer un vuelo de Corea a la Ciudad de México, haciendo escala en Los Ángeles, para incrementar sustancialmente los lazos de amistad y el incremento del turismo asiático en México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos a fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con la República de Corea.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos a retomar las pláticas encaminadas a la firma de un Tratado de Libre Comercio de México con la República de Corea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2012.

Diputados: María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Cora Pinedo Alonso, Rodrigo Pérez-Alonso González, Martín Rico Jiménez (rúbrica).



Efemérides

Relativa al Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que celebramos en todo el mundo y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, nos unimos para celebrar este día, podemos contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

En nuestro país, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer es obligado revisar si las estrategias, métodos, productos legislativos y políticas garantistas, han permeado en la convivencia social, y si los esfuerzos se reflejan en proporción directa a los grandes movimientos desplegados, sobre todo, por las propias mujeres.

Las cifras son contundentes para encontrar la respuesta: a escala nacional, la Constitución establece derechos básicos como la igualdad entre mujeres y hombres. Leyes específicas como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que prevé un sistema de cuotas, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia. Todos mecanismos legales que prevén en sus contenidos la salvaguarda de la igualdad y la equidad.

Existen instituciones e instancias encargadas de velar por su bienestar, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, y hasta una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, en vigor desde el 8 de marzo de 2008.

En contraste con este rico acervo jurídico e institucional, persiste un cuestionamiento respecto a la defensa de las mujeres en situación de vulnerabilidad donde es clara la inequidad, y así lo demuestran los resultados preliminares del último Censo de Población y Vivienda, de los 112.3 millones de mexicanos, 57.4 millones, es decir el 51.2 por ciento, son del sexo femenino, 1 que de ninguna forma han alcanzado la igualdad con los hombres, antes bien, en muchos casos las mujeres, las adolescentes y las niñas víctimas de discriminación, violencia y explotación sexuales así como de trata.

Ya desde 2001, la relatora especial sobre Violencia contra la Mujer y la Perspectiva de Género de las Naciones Unidas, documentó en México casos de trata, explotación y violencia sexual en contra de mujeres advirtiendo desde hace 10 años un problema en constante aumento y la falta de mecanismos de control y combate por parte de la autoridad.

En 2006, la Organización de Estados Americanos realizó una investigación denominada La trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños en México. Un estudio exploratorio en Tapachula, Chiapas, 2 en donde se identificó la grave problemática de la mujer, la adolescente y la niña en nuestro país, que es víctima de explotación y violencia sexual así como de trata y expuso las importantes redes de la delincuencia organizada que se dedican a realizar estas actividades.

En 2010, gracias a la cobertura oportuna de los medios de comunicación, fuimos testigos de la injustificable y criminal actividad delincuencial que realizan grupos armados en contra de los migrantes que cruzan el territorio nacional hacia el vecino país del norte así como el muy especial tratamiento que se le da a las mujeres que, además de ser sujetos de extorsión, como los varones, son violadas, explotadas sexualmente y son víctimas de trata.

Por ello, es importante mencionar, que con las modificaciones aprobadas el pasado mes de febrero al artículo 73 de la Constitución General en materia de trata de personas, esta Cámara de Diputados dio un importante paso para combatir y erradicar este cáncer social, pues con estas reformas, se sientan las bases para fortalecer la legislación en la materia, al tiempo que estaremos en posibilidades de contar con una ley que de inmediato coadyuve a las autoridades a poner a los delincuentes tras las rejas y se erradique un problema donde lamentablemente nuestro país ocupa los nada honrosos primeros lugares.

Desde esta tribuna, los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, confiamos en que las legislaturas de los Estados antepongan el interés de las víctimas y completen en los siguientes días el proceso legislativo de reforma constitucional, con ello, los legisladores podremos darle a la sociedad una nueva ley que combata y erradique de forma definitiva la trata de personas; esa es una deuda pendiente que tenemos con todos los mexicanos.

Compañeros legisladores:

Este Día Internacional de la Mujer no sólo es una fecha propicia para festejar en México al sexo femenino, es un día en el cual las mexicanas y mexicanos debemos levantar nuestra voz y cambiar nuestros paradigmas pues que mejor celebración para este día que combatir, desde nuestro entorno, los actos de violencia contra cualquier persona y en especial contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, así como combatir con cualquier medio a nuestro alcance la trata de personas.

Este día es un día de conmemoración, pero aún más de lucha y de perseverancia en la búsqueda de la igualdad entre hombre y mujer.

Notas

1 Ver www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/preliminares2010.aspx

2 Visible en www.oas.org/atip/Reports/Estudio.Exploratorio.en.Tapachula.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2012.

Diputada Rosi Orozco (rúbrica)