Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer, suscrita por los diputados María Joann Novoa Mossberger, Paz Gutiérrez Cortina y Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados federales de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración proposición con punto de acuerdo atendiendo las siguientes
Consideraciones
La vida es el eje de todos los derechos. El derecho a la vida es una condición del ser humano que se encuentra inherente a su naturaleza, siendo este el inicio de todo orden social principio mismo de su existencia.
El respeto a la vida como derecho humano fundamental debe ser principio imprescindible de nuestras leyes, sin él es imposible exigir el respeto a todos los demás derechos. Es por ello que asumiendo el compromiso como representantes de los niños y niñas que aun no pueden hablar, ni defenderse, por la etapa misma en la que se encuentran, proponemos a modo de respeto y justicia celebrar de manera oficial el “Día del Niño por Nacer”.
Dicha celebración fue constituida por primera ocasión en El Salvador, siguiéndole Argentina, declarándose el 25 de marzo de 1999, por el reconocimiento de los no nacidos, ante ello el presidente en ese entonces Carlos Saúl Menem expresó en una carta a los presidentes de los países de América Latina, España, Portugal y Filipinas, la invitación de unirse al decreto número 1406/98 del 7 de diciembre de 1998, donde se pide declarar oficialmente Día del Niño por Nacer.
Para el Partido Acción Nacional, de acuerdo a nuestros principios de doctrina, “la vida y la dignidad de ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta la muerte natural”, rector de nuestras acciones.
En diversos países de América Latina y Europa aprobaron el proyecto declarando el 25 de marzo de cada año Día del Niño por Nacer, acogiéndolo con diferente nombre en cada país por su ideología, con el propósito de promover una cultura y defensa de la vida desde el momento de su concepción.
Por ello, como legisladores tenemos la obligación de establecer puntualmente en las leyes en la materia, principalmente en nuestra Constitución Política y en cumplimiento a los tratados internacionales, el derecho a la vida desde la concepción, con la finalidad de no dejarlo a interpretaciones, con ello se lograría respetar la dignidad humana y más aun por los seres indefensos que están por nacer.
Ante esta necesidad de que nuestra ley sea muy clara, presentamos una reforma al artículo 4o. constitucional que a la letra dice:
Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. El estado garantizara la protección integral de los derechos del niño no nacido desde la concepción.
“Párrafos segundo al decimo...”
Podemos ver que, a través de diversos estudios realizados por científicos, antropólogos, abogados, etcétera, tienen presente el privilegio del derecho a la vida y a la situación natural de su presencia, para contar con leyes más congruentes a los principios del ser humano, sin embargo existe una gama de mecanismos para la interrupción de la vida. La ausencia de un documento escrito, clarificando en nuestra ley suprema del derecho a la vida desde la concepción, apegándose al respeto de la dignidad humana ha provocado que legislaturas locales expidan ordenamientos jurídicos en la materia a favor del aborto, dejando desprotegidos tanto a la futura madre, como al no nacido.
La sola acción del aborto de acuerdo a estudios psicológicos daña física y emocionalmente a la mujer y a la familia. La propaganda a favor del aborto mal informa que éste es médicamente seguro, con lo que han argumentado su legalización, esto según debido a la cantidad de muertes maternas causadas por el aborto ilegal, llamando engañosamente a éste maternidad sin riesgos, sin embargo, existen múltiples complicaciones como lo son hemorragias, embolias pulmonares, incluso la muerte.
Si bien es cierto, tanto las mujeres como los hombres, quienes son también parte importante en este doloroso proceso, sufren emocional y espiritualmente de lo que ya se ha identificado como el síndrome postaborto, registrando en muchas ocasiones sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, baja autoestima, tendencia al suicidio, pesadillas del evento, entre otros, cuestiones que las leyes no previenen ni apoyan en ningún sentido, como apoyo en tal decisión que pueden arrastrar como secuela para el resto de sus vidas.
Por lo anterior, resaltamos la importancia de concientizar a las mujeres y a los hombres de la importancia y respeto del niño por nacer, solicitando que se instrumenten acciones para instituir este importante día.
Señoras y señores, reconozcamos el derecho a la vida desde la concepción, cualquier valor humano necesita de la vida para hacerse realidad. Si no hay vida todo valor carece de sentido.
Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se realice lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como el “Día del Niño por Nacer”.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.
Diputados: Joann Novoa Mossberger, Paz Gutiérrez Cortina, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbricas).
Con punto de acuerdo, relativo a la celebración de una sesión solemne para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz, a cargo del diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado José Luís Jaime Correa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 38, numeral, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta proposición protocolaria con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Que la Cámara de Diputados tiene el derecho de celebrar sesiones solemnes para conmemorar eventos históricos que por su relevancia lo ameriten.
Segunda. Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados es facultad de la Junta de Coordinación Política emitir el acuerdo y el formato para la celebración de las sesiones solemnes.
Tercera. Que es facultad del pleno aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la celebración de sesiones solemnes.
Cuarta. Que la Constitución de Cádiz es una de las fuentes fundamentales del constitucionalismo mexicano.
Quinta. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos retoma de la Constitución de Cádiz los preceptos de soberanía nacional, de igualdad jurídica de los ciudadanos ante la ley, de las libertades individuales fundamentales y de la división de poderes.
Sexta. Que el próximo 19 de marzo se cumplen 200 años de la promulgación de la Constitución de Cádiz.
Antecedentes
En los primeros años del siglo XIX, Napoleón había construido un enorme imperio en Europa continental y se había convertido en el símbolo de la monarquía absoluta. En la contraparte, Inglaterra, que había liquidado al absolutismo desde 1688, vivía una etapa de crecimiento económico fundada políticamente en la monarquía constitucional.
La invasión de España, en 1808, por los ejércitos napoleónicos respondía a la visión que tenía Napoleón de impedir el acceso de Inglaterra, el gran adversario del imperio francés, a los puertos de España y, a la vez, a los de Portugal. El poderío británico no pudo ser contenido y con la derrota de Napoleón en 1815, Inglaterra impuso su poder al mundo.
En 1808, la resistencia popular española frente a la invasión napoleónica se agrupó en las Juntas de Defensa. En las Junta Central había diputados que veían la oportunidad de reformar la monarquía, de incorporar las ideas de la revolución francesa y de evadir una revolución popular. La Junta Central determinó que la cuidad de Cádiz albergaría los trabajos de redacción de la primera constitución liberal de España. En ese proyecto participaron los diputados españoles continentales y de las colonias de ultramar, es decir, los de la Nueva España, que serían 17, en su mayoría con formación eclesiástica.
La Constitución de Cádiz cimbró la conciencia imperial española con su postulado central que señalaba que la soberanía recaía esencialmente en la nación y no en el rey. Algunos diputados de ultramar defendieron la redacción que decía “radicalmente en la nación”, pero esto no prosperó. No obstante ello, los diputados de las colonias defendieron el derecho de las castas a la ciudadanía, la libertad de imprenta y la abolición del tribunal de la Inquisición. El debate de la Constitución de Cádiz azuzó al movimiento insurgente de 1808 a 1812, y aún más en la etapa insurgente liderada por el general José María Morelos y Pavón.
La Constitución de Cádiz, conocida popularmente como “La Pepa”, fue aprobada el 19 de marzo de 1812. La constitución de 1812 es la primera constitución liberal de España y es uno de los grandes textos liberales de la historia, que alcanzó una gran notoriedad y reconocimiento en su tiempo, en toda Europa y en toda la América española. Influyó en Portugal, Nápoles, Turín, La Rochelle, Moldavia, Noruega, Rusia, y Grecia.
La Constitución de Cádiz abolió los cuatro virreinatos americanos –Nueva España, Perú, Nuevo Reino de Granada y Río de la Plata– y en su lugar, proclamaba que “la nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios”.
La Constitución de Cádiz introduce en Hispanoamérica y el mundo, el precepto contundente de la soberanía nacional, afirmando categóricamente que el poder y por tanto, la soberanía, residen, esencialmente, en la nación y ya no en el rey. En una época en donde el absolutismo era preponderante, la proposición central de la Constitución de Cádiz representa una revolución política, y pronto habría de tener sus repercusiones de toda índole, en muchos confines de la Tierra. Las guerras de Independencia de las colonias españolas en América sintetizan la repercusión social, económica y política del texto de Cádiz.
Esta constitución también define el régimen político como una monarquía constitucional, con una auténtica división de poderes. Este precepto derivado directamente de las ideas de la Ilustración, asienta que el Poder Ejecutivo lo encarna el rey pero con limitaciones muy claras. Las órdenes del rey deben ir validadas por la firma del ministro correspondiente, y no puede disolver las Cortes, por sí mismo. Cuenta con un veto suspensivo transitorio durante sólo dos años, periodo tras el cual la decisión de las Cortes se convierte en ley, aún contrariando la voluntad del rey. El monarca nombra a los ministros, pero estos deben ser refrendados por las Cortes.
La Constitución de Cádiz consagra el derecho de representación por el cual la nación ejerce su soberanía mediante sus representantes en Cortes; la igualdad de los ciudadanos ante la ley, lo cual puso fin a las castas y a los privilegios estamentales; reconoce derechos individuales, el derecho de todo individuo a la educación, a la libertad de imprenta, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y a la propiedad.
La Constitución de Cádiz omite toda referencia a los territorios con fueros, lo que equivalía a su no reconocimiento y establece un procedimiento electoral por sufragio universal masculino indirecto. Todos los hombres mayores de 25 años tenían derecho a elegir a los compromisarios que a su vez elegían a los diputados.
Pese a lo avanzado del texto de Cádiz, esta constitución reconoce al catolicismo como la única confesión religiosa permitida, más como un gesto político para contar con la colaboración del clero en la lucha contra los franceses; prueba de ello es que a pesar de las graves circunstancias de aquel momento, los diputados no vacilaron en abolir en el texto la institución inquisitorial.
En 1812, en medio de la insurrección en la Nueva España, el virrey Félix Calleja se comprometió a cumplir la constitución y sin embargo no lo hizo a cabalidad, empezando por no poner en práctica la libertad de imprenta.
En 1814, regresó de Francia a España Fernando VII, quien condenó la Constitución de Cádiz y comenzó a perseguir a todos los diputados, incluidos los americanos, y a disolver cualquier asomo de cualquier avance político y social de la Constitución de Cádiz.
La anulación de la Constitución de Cádiz tuvo como resultado revueltas y sublevaciones en España y en las colonias americanas. Xavier Mina fue uno de los que se enfrentaron a la Corona y terminó exiliado en Londres. Ahí conoció a Fray Servando Teresa de Mier y Terán, y aceptó unirse a las tropas insurgentes de México, causa que interpretó como una continuación de la batalla liberadora en la que se había involucrado en los últimos años.
Era un momento muy difícil para la insurgencia. Morelos había perdido a su brazo derecho, el general Matamoros, y las tropas estaban menguadas. La monarquía absoluta de nueva cuenta instalada, con todo su oscurantismo propio de la Edad Media, incluida la Inquisición, los fueros y las castas. Por todo ello, la aparición de Mina tuvo una significación extremadamente positiva para el movimiento independentista.
Morelos convoca y organiza el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, durante septiembre y noviembre de 1813. Allí Morelos presentó su celebérrimo texto “Sentimientos de la Nación”, que sirve de base para la Constitución que aprobaría el Congreso el 22 de octubre de 1814, en Apatzingán. En estos dos textos se expresa con claridad el legado de la Constitución de Cádiz, ya que se consagran los preceptos de la soberanía nacional, de la igualdad jurídica de los ciudadanos ante la ley, de la abolición de la esclavitud, de los fueros y de las castas. Obviamente, se agrega la causa fundamental para los americanos de la Nueva España, que es la Independencia y la erección de una nueva nación que el propio Morelos llamaría alternadamente “América Septentrional o Méjico”.
Poco tiempo después de la proclamación de la Constitución de Apatzingán, tras varias derrotas, Morelos fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca, fue juzgado por la Inquisición, y finalmente fusilado, el 22 de diciembre de 1815. Para 1817, Mina también caía prisionero y fue fusilado por la espalda como traidor.
Las firmes ideas plasmadas en la Constitución de Cádiz de 1812, y posteriormente en la de Apatzingán de 1814, permanecieron en la conciencia crítica de los hombres y mujeres valerosos de aquélla época; españoles como el coronel Riego, y americanos como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y los constituyentes de 1824 fray Servando Teresa de Mier, José María Becerra y Jiménez, Carlos María de Bustamante, Miguel Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala, Manuel Crescencio Rejón, y Valentín Gómez Farías, entre muchos otros, centralistas y federalistas, quienes se ocuparon de garantizar el legado de Cádiz como parte esencial del pensamiento liberal de la naciente nación. La Constitución de Cádiz está en el centro del constitucionalismo y quizás por ello sea apenas justo que la plaza central de nuestra república lleve su nombre, orgulloso, hasta nuestros días: La Plaza de la Constitución de Cádiz.
Por todo lo expuesto, someto a su consideración la siguiente
Proposición protocolaria
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política a que emita un acuerdo para que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebre sesión solemne para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz el próximo 19 de marzo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.
Diputado José Luis Jaime Correa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de crear un grupo plural de trabajo de seguimiento y supervisión del ejercicio de los recursos destinados al Programa Integral para la Atención de la Sequía en Zonas de Desastre, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada federal María Guadalupe García Almanza, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Primero. Desde hace varias décadas, el campo mexicano se encuentra en el abandono, prueba de ello es que importamos el 53% de los alimentos que consume nuestra población, cuando la recomendación formulada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que los países produzcan al menos 75% de los productos de consumo básico. Ante esta problemática el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano observa con profunda preocupación la falta de políticas públicas en materia agropecuaria para rescatar al campo mexicano de la crisis en la que se encuentra.
Segundo. La situación del sector agropecuario nacional, se ha visto agravada por las consecuencias del cambio climático, el cual ha dado muestras de los efectos devastadores, como son las sequías atípicas e inundaciones sin precedente, que repercuten en la grave situación de crisis alimentaria que se presentó en la sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua, situación de emergencia que afrontan y se ha se prolongado hasta la fecha. De acuerdo con cifras oficiales, las entidades federales del norte de la República Mexicana están enfrentando, escasez en el suministro de agua potable y de alimentos, producto de la peor sequía registrada en el país en los últimos 70 años. Los casos más alarmantes se ubican en Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
Tercero. Para responder a la contingencia señalada, el pasado mes de enero el gobierno federal puso en marcha el Programa Integral para la Atención de la Sequía, que contempla destinar 33 mil 827 millones de pesos para atender el problema. Desde nuestro punto de vista, la H. Cámara de Diputados, desde el ámbito de sus competencias, debe asumir un papel responsable con la sociedad y con los habitantes de las ciudades del país que hoy se encuentran en situación de emergencia, particularmente con los indígenas de la sierra Tarahumara que continúan al día de hoy en situación de hambruna.
Cuarto . Por lo anterior, nuestro grupo parlamentario considera necesario crear un grupo de trabajo al interior de la H. Cámara de Diputados que tenga como finalidad dar seguimiento a la asignación y aplicación debida de los recursos públicos que se destinaron para tales propósitos y no sean desviados para otros fines. La observancia en su aplicación se vuelve indispensable, por el proceso electoral que se avecina.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se crea un grupo de trabajo plural integrado por un representante de cada grupo parlamentario en la H. Cámara de Diputados, para dar seguimiento y supervisar el ejercicio del gasto de los recursos destinados al Programa Integral para la Atención de la Sequía en zonas de desastre, del orden de los 33 mil 827 millones de pesos etiquetados para la ejecución de las acciones que contempla, con el propósito de que su aplicación esté alejada de criterios político-electorales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.
Diputada María Guadalupe García Almanza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la SRE y de la SHCP a crear un fondo de ahorro para el retiro de los trabajadores migrantes, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las últimas décadas, en nuestro país ha crecido y prosperado la migración, sin olvidar, antes que nada, los altos costos sociales tan importantes los cuales no son dimensionados y que, con seguridad, no se compensan con las remesas que envían, remesas destinadas a cubrir en la mayoría de los casos las necesidades elementales de las familias.
De esta manera, la migración constituye una actividad productiva, toda vez que el envío de remesas de los emigrantes es una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país, convirtiéndose en una válvula de escape al desempleo en México, permitiendo dotar de servicios a los comunidades de origen de los emigrantes propiciando el consumo de bienes y servicios en los lugares receptores de remesas, convirtiéndose en la tercera fuente de ingresos de divisas para el país.
Además, mientras los migrantes se encuentran en el extranjero, la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan, se debe entre otras cosas, a la ausencia de apoyo del estado de origen, a las dificultades con las que tropiezan en razón de su presencia en el estado de empleo, negándoles los servicios más básicos por no ser un ciudadano o residente legal de los estados receptores, incluyendo la educación, salud y servicios sociales.
De ahí que las condiciones de los trabajadores migrantes para realizar su trabajo son precarias con pocas garantías de seguridad social, además de no tener recursos suficientes para afrontar un retiro con dignidad cuando las circunstancias les impiden continuar trabajando y más aun como migrantes, mucho menos contar con un fondo de ahorro para el retiro, de ahí la necesidad de crear un fideicomiso como el instrumento jurídico idóneo que permita a los trabajadores migrantes gozar un fondo de ahorro para el retiro , sin olvidar que su único delito es el querer trabajar, arriesgando incluso su vida para poner comida en el plato de miles de mexicanos.
Cabe precisar que en nuestra Carta Magna el acceso a la seguridad social es una garantía constitucional, para todos los ciudadanos, incluso para los emigrantes, garantía que debe cumplir el estado creando el fondo de ahorro para el retiro de los migrantes, en razón a las injustas condiciones de vulnerabilidad por las que pasan los trabajadores migrantes, por encontrarse en un estado de indefensión de sus derechos humanos, sociales y laborales, aunado esto, está la ausencia de apoyo del estado de origen, el cual no les brinda ninguna protección, por tanto, se deben crear medidas protectoras, reconociendo más ampliamente los derechos humanos fundamentales como sociales de todos los trabajadores migrantes, haciéndose impostergable el reconocimiento de determinados derechos adicionales para los trabajadores migratorios.
En este orden de ideas, es de fundamental importancia señalar el tratado signado por nuestro país respecto de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, de la Organización de las Naciones Unidas, en la que señala que todo trabajador migrante gozará de seguridad social tal como dice en su artículo 61 párrafo 3 “Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales que se les apliquen, los estados parte procurarán conseguir que los trabajadores vinculados a un proyecto estén debidamente protegidos por los sistemas de seguridad social de sus estados de origen o de residencia habitual durante el tiempo que estén vinculados al proyecto. Los estados parte interesados tomarán medidas apropiadas a fin de evitar toda denegación de derechos o duplicación de pagos a este respecto” de cual están excluidos los trabajadores emigrantes respecto de los beneficios de la seguridad social, con base a lo preceptuado en nuestro orden constitucional es inadmisible, por eso su incorporación al derecho a un seguro de retiro es impostergable.
En concordancia con lo anterior, en el informe rendido por nuestro país al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la respuesta del gobierno de México a las observaciones y recomendaciones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de fecha (CMW/C/MEX/1) el 18 de noviembre de 2005, declara en sus puntos: 98. El 22 de noviembre de 2007, en cumplimiento a las instrucciones del presidente de la República, se instaló el Grupo Intersecretarial de Jornaleros Agrícolas, con la participación de doce dependencias de la Administración Pública Federal.
El grupo de coordinación tiene como objetivo general fortalecer la coordinación institucional y la sinergia de los programas gubernamentales para promover el acceso de la población jornalera agrícola a un trabajo digno, con respeto a los derechos laborales, condiciones de seguridad y previsión social y en condiciones de equidad, justicia y legalidad, que en conjunto permita el desarrollo individual, familiar y comunitario en sus lugares de origen, tránsito y destino. Entre las que se encuentran las dependencias de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Como puede concluirse con la lectura de estos párrafos de la obligatoriedad de la Carta Magna, del tratado signado por nuestro país, de las recomendación del Convenio de la ONU, se debe dar seguridad social a los trabajadores emigrantes, la exclusión de los beneficios de la seguridad social los deja en estado de indefensión, circunstancia que de acuerdo a nuestro orden constitucional es inadmisible, por eso tener un fondo de retiro los protegerá para cuando tenga que retirarse.
Por todo esto el gobierno tiene que asumir su responsabilidad de satisfacer la necesidad de protección social tanto de los trabajadores emigrantes que salen del país como la de sus familias, en lugar de depender de la voluntad de los estados receptores de acoger a los emigrantes en sus esquemas de seguridad social.
El fondo del fideicomiso se integrará con la aportación de un dólar que se retendrá en cualquier tipo de transacción de recurso realizados del exterior hacia México como de nuestro país hacia el exterior, tanto de las personas morales como físicas, además de las aportaciones voluntarias de los migrantes para el fondo, en donde el gobierno federal será subsidiario en la medida de las aportación. Lo cual se hará con base en la normatividad aplicable a los fideicomisos públicos, su órgano de gobierno será el Instituto Nacional de Migración o el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
Con este fondo para el retiro se amplían el mandato constitucional en materia de seguridad social en favor de los migrantes de modo que tengan un fondo de retiro, por medio de un fideicomiso público en las condiciones que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante el cual los trabajadores migrantes residentes en el extranjero contarán con un fondo de retiro.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un Fondo de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores Migrantes.
Segundo. El fondo para el fideicomiso se integrará con la aportación de un cuarto de dólar que se retendrá por cada dólar en cualquier tipo de transacción de recurso realizados del exterior hacia México como de nuestro país hacia el exterior, tanto de las personas morales como físicas, además de las aportaciones voluntarias de los migrantes para el fondo, en donde el gobierno federal será subsidiario en la medida de las aportación de los emigrantes.
Tercero. El Fondo de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores Migrantes, será aplicable tanto para emigrantes ilegales como legales.
Cuarto. Dicho fondo se vinculará con la matricula consular o cualquier documento oficial expedido por el gobierno federal o del país de residencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.
Diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear por la SHCP el fondo urgente y compensatorio para municipios afectados por la disminución presupuestaria del Fondo III, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito Samuel Herrera Chávez, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se establezca a la brevedad un Fondo emergente y compensatorio para municipios afectados por la disminución presupuestal del Fondo III, con base en las siguientes:
Consideraciones
Es necesaria y urgente la creación del Fondo emergente que compense la disminución presupuestal del Fondo III, debido a los altos índices de marginación y las necesidades sociales de las comunidades pobres de nuestro país. Esta solicitud ya se ha hecho del conocimiento del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por parte de los diferentes Gobiernos Estatales afectados, y en particular los Municipios de Zacatecas, razón por la cual esperamos se muestre disposición para buscar mecanismos que permitan a los municipios recuperar estos recursos y que al menos se cuente con los mismos que se tuvieron en el 2011.
El interés primordial es evitar la grave afectación que sufren los municipios en quienes recae una reducción de más de 156 millones de pesos y solucionar el problema que enfrentan sus administraciones.
De los municipios más afectados por esta medida son en mi entidad, el de Zacatecas con una reducción de 23 millones de pesos; Fresnillo, que dejará de recibir más de 17 millones de pesos; Calera, con 7.5 millones; Loreto, con 10.8 millones; Nochistlán, con 8 millones y aún los municipios marginados como Pinos, sufrirán una reducción de 25 millones, sólo por citar algunos.
Los datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) indican que Zacatecas fue el estado que más creció en pobreza entre los años 2008 y 2010 y de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Zacatecas existen 899 mil personas en pobreza; es decir, el 60.2 por ciento de la población estatal, de los cuales, el 49.8 por ciento viven pobreza moderada, y el 10.4 pobreza extrema.
No obstante, de conformidad con los criterios que actualmente rigen a través de la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios zacatecanos recibirán una menor partida en el Fondo III.
Por esta razón y a efecto de evitar la disparidad en la distribución de recursos a nivel nacional, antes de modificar de nueva cuenta la ley, lo cual implica un proceso y un tiempo, de manera urgente y respetuosa, se solicita a la Secretaría de Hacienda, destine recursos para le creación del fondo en comento.
Es mucha la pobreza de nuestros municipios y muy grave la reducción a las participaciones, si además tomamos en cuenta los problemas de sequía que han padecido entidades como la mía, Zacatecas, que provoca por si fuera poco, se agrave su situación financiera.
Nuestro grupo parlamentario contempla la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, sin embargo y mientras tanto el Congreso no la apruebe, el objetivo es que los recursos sean repartidos entre los municipios de una forma más equitativa.
Debemos seguir adelante y para ello urge evitar el alto nivel de vulnerabilidad y la forma en que se ponen en riesgo las condiciones de vida de la población, la soberanía y la seguridad alimentaria.
Al constituir el Fondo emergente se hará viable además del gasto corriente, los compromisos en materia de apoyos al campo, obra pública, infraestructura, así como sanear finanzas, de lo contrario lo que existirá es una parálisis que afectará el desarrollo de nuestros municipios.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a establecer la creación del Fondo emergente y compensatorio, para municipios afectados por la disminución presupuestal del Fondo III.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2012.
Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)