Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de las Leyes Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel y Diputada Yolanda de la Torre Valdez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente:

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

II. Planteamiento del problema que se pretende resolver con esta iniciativa

La discriminación es un asunto de Estado de la mayor relevancia mundial que, no obstante contar en el país con importantes avances, todavía guarda significativos pendientes de distinto orden que dificultan la remoción de añejas estructuras de dominación social, en las que no cabe la diversidad como un valor civilizatorio apreciado. Las severas brechas de desigualdad que nos retratan e impiden avanzar dentro de un marco de concordia y fraternidad, encuentran su sustrato en la generalizada tolerancia al menosprecio, los prejuicios, el resentimiento y el afán de sometimiento, lo cual es una característica que impacta negativamente, por ejemplo, en el desarrollo y la calidad de la democracia a la que se aspira.

La tarea de armonización legislativa es apremiante, e incluso un mandato después de la Reforma Constitucional que esta Legislatura recién aprobó en materia de Derechos Humanos, y tiene ante sí una vasta agenda que debe ser guiada debidamente por el fortalecimiento del Principio ético y Derecho jurídico a la Igualdad y no Discriminación que es, columna vertebral y transversal para los 58 derechos sustantivos que conforman a este conjunto de derechos universales. En una realidad internacional que exige cada vez más la articulación de Estados Red, la respuesta parlamentaria en este sentido, se convierte en el elemento clave para apuntalar y acelerar el cambio hacia una gobernanza democrática de repercusión para la cohesión social y la seguridad humana.

La emergencia nacional exige respuestas de gran alcance para la reconstrucción del tejido social, mediante la implementación de señales y políticas públicas encaminadas a desaparecer la cultura basada en un individualismo excluyente que daña el respeto por la dignidad de las personas y con ello las reglas de convivencia de la vida cotidiana. No debe permitirse más que la discriminación siga instalada y operando desde las mismas instituciones del Estado y de la sociedad porque es re-productora de desigualdad, pobreza y violencia, porque expande dimensiones de des-empoderamiento a ciertas personas que son estigmatizadas por varios motivos y cuya ciudadanía por ende, no es ejercida ni alentada.

Por eso el siguiente paso, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos debe darse en el terreno de la prevención y eliminación de toda forma de discriminación, porque es urgente actuar tanto en el plano material como en el simbólico de la igualdad.

Frente al enorme rezago que en este renglón priva en todos los intersticios de la vida nacional, la admisión plena de que el derecho a la igualdad y no discriminación es, finalmente, el derecho a tener derechos , el derecho estratégico que prohíbe actuar estrictamente a quienes, arropados en la cultura del encono, pretendan negar, restringir u obstaculizar el ejercicio de la ciudadanía a otras personas. Su peso sirve para abrirle paso a un Estado democrático de Derecho que admite su faena igualatoria y garantista hacia quienes son debilitados ante las leyes, por alguno de los motivos expresados en el párrafo tercero del Artículo primero de la Constitución Política.

No basta con admitir la plena vigencia del conjunto de Derechos Humanos, hay que reafirmar el criterio de que éstos son exigibles sin excepciones, por todas las personas y fortalecer aún más su institucionalidad con conceptos, procedimientos e instrumentos direccionados a permitir una respuesta realmente efectiva, diligente y adecuada por parte de la sociedad y el Estado. El problema es que si bien se admite legalmente el daño causado por las prácticas discriminatorias, no se dota a las instancias establecidas para su reclamo, de la prioridad política que requieren y por ende, éstas carecen de la fuerza sancionatoria, de la difusión cultural y de una credibilidad autónoma para su actuación.

Tenemos una Historia que por un lado, nos enorgullece, pero que también se forjó cargada de prejuicios y prácticas ancestrales que hoy resultan inadmisibles, por lo cual se requiere estimular los esfuerzos más notables que se den en los ámbitos público y privado para sacudirse este lastre basado en las fobias y la discriminación o lo distinto. Toda acción destinada a prevenir y eliminar este flagelo será un paso al frente para la de-construcción de la violencia sistémica, en la comprensión de estar ante un mecanismo estructural de exclusión, y no sólo ante una acumulación de actos particulares de maltrato.

La discriminación funcionó para mantener modelos culturales hegemónicos sobre los cuales se sostuvo una forma de gobernabilidad, sí, pero autoritaria. La diversidad es un hecho constatable, impostergable e irreversible de la realidad, que exige de acuerdos gubernamentales y arreglos familiares para un nuevo marco en el que, ante la situación de discordia y violencia que hoy se enfrenta, se pueda recuperar mediante el combate a la discriminación, al mayor de nuestros legados: el respeto al derecho ajeno es la Paz.

Como en ningún tema avanzar en la inclusión y la protección de la diversidad en la legislación, sí cumple una función determinante en la batalla cultural contra la discriminación.

III. Argumentos de sustento

De nada sirven las leyes si éstas no alcanzan a todas las personas, si éstas son en la práctica ciegas ante la desigualdad, si éstas no son generales y de interés público, si no corrigen la labor gubernamental, si son permisivas a los privilegios basados en el estigma y el prejuicio, si no son parejas considerando la diversidad existente. A un Estado democrático y republicano no le son útiles las normas que, por acción o por omisión, no favorecen el respeto y la corresponsabilidad entre la totalidad de los individuos bajo su jurisdicción.

La discriminación hace precisamente eso: separar sin que existan razones justas el alcance de la aplicación y protección de las leyes para cierta población, negándoles sustantivamente el goce de sus derechos fundamentales, aunque en lo formal éstos se expresen, y permitiendo con ello la prevalencia de privilegios para unos cuantos. Por ese motivo, desde su nacimiento, los Derechos Humanos respaldan su carácter universal en la prevención y eliminación de esta reprochable actitud ante el Derecho, convirtiéndolo en un imprescindible sello inscrito en todo tratado internacional en la materia.

El derecho constitucional no puede comprenderse en este nuevo siglo sin el deliberado y contundente activismo del Estado contra este flagelo humano, no sólo en el espacio legislativo e institucional sino primordialmente en el educativo, donde se construye la ciudadanía. La reciente reforma en materia de derechos humanos hace un tránsito de enorme magnitud en el renglón de la educación formal, al modificar el artículo tercero constitucional, sin embargo, este proceso es, a todas luces, insuficiente para realizar la transformación cultural requerida para aniquilar la profundidad de la discriminación.

Estado y sociedad deben darse instrumentos concretos y eficientes para propiciar la urgente recomposición del tejido social, sobre renovadas bases de reconocimiento a las visibles diferencias identitarias que constituyen la vida nacional, y hacerlo, en sintonía con un contexto democrático cuyo apego a los Derechos Humanos resulta ya de si incuestionable e irreversible. Cualquier tardanza en incorporar el elemento central de la no discriminación que trae consigo este nuevo paradigma jurídico conlleva altos costos, no sólo porque deja intactas las estructuras sobre las cuales se sostienen las ancestrales brechas de la desigualdad, sino porque implica avalar la rearticulación de relaciones de poder que merman la confianza en la aplicación justa y cobertura general de las leyes.

Todas las personas son multidimensionalmente diferentes aunque exactamente iguales en la dignidad que les distingue como seres pertenecientes a la comunidad del género humano. De tal manera que atributos personales tales como origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen o condición social o económica, condición de salud, embarazo, identidad genérica, opiniones, religión, discapacidad, apariencia, talla (acondroplasia, gigantismo, entre otras), o bien, una combinación de estos, en modo alguno son razón para anular, menoscabar o restringir las libertades y derechos humanos, en un plano de igualdad sustantiva y efectiva.

Tales atributos generalmente se convierten, por la promoción de un molde impuesto como norma, miedo irracional e ignorancia, en ideas estereotipadas y prejuicios aplicados a determinados colectivos marcados por el estigma de compartir alguno de ellos. Mediante este mecanismo, la discriminación cumple su finalidad de agrupar y naturalizar amplias prácticas que hacen daño y tienen consecuencias, al fincar indebidamente un sistema de privilegios que no solo perjudica la dignidad de las personas sino que debilita al Estado y fragmenta a la sociedad en su conjunto, al permitir una gama institucional que genera ciudadanías de primera y de segunda.

Ante una promisoria expectativa de desarrollo, la desigualdad tiene un alto costo social y económico, dado que este pernicioso fenómeno tiene la función de respaldar indebidos privilegios contrapuestos a una distribución más justa, y convalidan la exclusión, por ejemplo, de una gran mayoría de la población de los servicios públicos más básicos. Son actitudes que producen sus propias inercias y que por la vía de la costumbre, llegan incluso a convencer a aquellos que padecen las prácticas discriminatorias de que éstas son normales y hasta deseables.

La discriminación se impregna en la vida cotidiana por un continente de estigmas y prejuicios que definen el funcionamiento de los servicios que presta el Estado en ámbitos como son la salud, de educación, procedimientos del sistema de justicia, las oportunidades laborales, los diseños arquitectónicos y trazos urbanos, la funcionalidad de los medios de transporte y hasta la adaptación o el uso comercial de los avances tecnológicos.

Para revertir esta situación, el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones más adecuadas para que tanto a través de su intervención directa como a través de su supervisión y estímulo sobre la acción de los particulares, exista la garantía efectiva no sólo de que toda persona tendrá las mismas oportunidades sin excepciones ni abusos sino también de que, a efecto de corregir éstas desigualdades históricas, será tratada de manera preferencial en los casos en que se requieran medidas positivas, ya sea temporales o compensatorias para hacer posible la rectificación por los daños y desventajas inmerecidos sufridos en el pasado, procurando así, la igualdad de oportunidades y de trato. Dicho en otros términos, requiere tomarse en serio los derechos, eliminando cualquier asomo de duda de que entramos a un Estado constitucional de Derecho para el que la Igualdad y no Discriminación no es un artificio retórico o meramente ideológico o político, y que la desigualdad no es un juego o asunto menor, mucho menos ahora que los Derechos Humanos han sido inscritos en la Carta Magna, con todas las repercusiones que implican, dentro del marco de este Derecho Internacional.

La lucha contra la discriminación significa rebasar el esquema formal de la igualdad en la ley para traducirla de manera efectiva y sustantiva en una igualdad real ante la ley, de oportunidades y de trato, capaz de nivelar el acceso al goce de todos los derechos. Esta meta no consiste en una homogenización y desaparición de las diferencias y las cualidades que resultan intrínsecas a la identidad y libertades de cada persona, sino en una igualdad que hace posible que los atributos personales dejen de equivaler a una desventaja social.

La cláusula contra todas las formas de discriminación sin embargo, enfrenta aún vacíos legales y disposiciones en sentido contrario, incluso dentro de la misma norma constitucional, así como una ley reglamentaria insuficiente como lo es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), y la carencia del reconocimiento de que se trata de un delito con repercusiones nocivas hacia terceros. A partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, este derecho transversal a todos los demás adquiere otra trascendencia que obliga necesariamente a activar incluso otros ordenamientos sancionadores como lo es el Código Penal Federal (CPF), o propiciatorios en el plano educativo como lo es la Ley de Estímulos, Premios y Recompensas (LEPR), a efecto de detonar cambios normativos, institucionales y culturales que desarrollen el sentido de pertenencia y favorezcan la cohesión social.

En el balance de los avances y retos obtenidos en estos años de alternancia y en especial en el territorio de la armonización legislativa, es de observar que posterior a la gestión del primer titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), prácticamente se ha detenido dicha labor. Como esta misma instancia lo confirma, sólo 12 entidades han inscrito la cláusula de no discriminación en sus constituciones, en sólo 17 se dispone de leyes específicas contra la discriminación, únicamente 7 cuentan con organismos para conocer y responder a los casos en esta materia (distintos a las comisiones estatales de derechos humanos), y tan sólo 13 códigos penales locales tipifican el delito de discriminación.

No parece fortuito que el abrupto freno legislativo y el descuido en la conducción de una política nacional en este terreno, estén asociados no solo al desdén cultural de los Derechos Humanos, sino al hecho de que la población más afectada por el clima de violencia que se ha desencadenado en el país: sean las personas indígenas, jóvenes, niñas y mujeres, migrantes, además de que repercute en la situación de las personas con alguna(s) discapacidad(es) debido a la magnitud de las lesiones y heridas tanto físicas como psicológicas. Lo anterior comprueba la centralidad del derecho a la Igualdad y no Discriminación para el conjunto de los demás Derechos Humanos, principalmente cuando éstos se ven amenazados de manera sistémica.

Una razón por la que el ente responsable, el Conapred, ha caído en el pasmo e incertidumbre radica en la discreta tendencia gubernamental de desmantelar y hacer volátil el imperativo de laicidad, optando por fragmentar la estrategia en distintas instancias (CDI, DIF, Inmujeres, CONADIS, INAPAM, IMJUVE) sin asegurar una articulación o coordinación general, consistente y abierta; de esta manera, por la vía de los hechos, se logra evadir y soslayar la premisa de que la tarea no debe ser selectiva, sino integral, para garantizar la tutela de los derechos de todas las personas, más aún cuando las políticas social y económica se mantienen ajenas a las posibilidades de contacto con esta vertiente.

Es necesario, que los actores políticos tengan una percepción integral que incluya a todas las personas susceptibles de ser discriminadas y no dé prioridad de manera aislada a unas sobre otras, dado que se trata de derechos universales, e insistir en la impronta que aleje esta actuación institucional de un mal concebido acto filantrópico.

En la medida en que la discriminación se entiende como una limitación objetiva al acceso a los derechos y oportunidades como resultado del estigma social, no existen en la ley, grupos normativamente prioritarios porque este derecho no admite grados de aplicación ni criterios de prioridad.

El listado de la población discriminada atiende a la evidencia sociológica de su exclusión sistemática y su rezago social, pero en ningún caso elimina el carácter universalista de la norma. Dejado a sus propias fuerzas, es muy poco lo que el Consejo podrá hacer en la lucha contra la discriminación, si nada más se le ubica como una oficina de gobierno, y no por un instrumento necesario para atender el reto sustantivo de transformación cultural por la igualdad y el respeto en la diversidad.

Un hecho que ilustra la desafortunadamente situación actual de esta institución se ubica en la carencia hasta la fecha, de un programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación, a pesar de significar un mandato claro de la ley en la materia. Este instrumento, central para articular la política nacional y con ello a todas las políticas públicas no existe aún, a siete años de aprobada la LFPED, con lo que deja al país sin objetivos, estrategias, metas e indicadores concretos para evaluar el desempeño gubernamental en el cumplimiento de este compromiso inscrito tanto en nuestra Constitución Política como en toda la serie de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Si bien hay logros modestos en este desafío de largo plazo, se observa que gran parte de ellos siguen desarticulados, ya que mientras algunas personas discriminadas señalan avances legislativos, administrativos y hasta presupuestales, otros siguen invisibilizados e ignorados. Lo mismo sucede en los ámbitos o sectores de la administración pública y en el plano regional, donde se configuran notables contrastes tal como lo demuestra la ENADIS 2010.

Por la trascendencia constitucional, esta iniciativa reafirma y ubica la naturaleza del problema en el terreno jurídico, en el espacio de los derechos que el Estado debe garantizar, comenzando por eliminar los obstáculos que afectan la igual dignidad de las personas y ello es de un tamiz muy diferente al que recubren las tareas del sector privado de filantropía o beneficencia, propias estas últimas de los actos potestativos de los particulares, toda vez que la discriminación significa un daño objetivo para el sistema de Derechos Humanos en nuestro país. Los actos de ayuda y voluntarios de los particulares son deseables y merecen encomio, pero no pueden sustituir el deber del Estado mexicano en la lucha contra la discriminación.

La existencia del fenómeno cultural de la discriminación ha sido negada por las esferas gubernamentales desde tiempos inmemoriales, tanto en circuitos cotidianos como en esferas internacionales. Sin embargo su amplitud y profundidad se expresa cada vez con mayor fuerza a raíz de los procesos y movimientos identitarios por visibilidad y empoderamiento político que han irrumpido en el panorama social, por lo menos, desde los años sesenta.

Los movimientos políticos, sociales y culturales de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales (LGBTTTI) salieron a tomar la calle, en la experiencia nacional el movimiento generado en torno a la Ley de Sociedad de Convivencia mostró que la toma de posición sobre los derechos humanos de las disidencias sexuales, los hogares alternativos y la ciudadanía de los excluidos es un referente de la política moderna y civilizatoria. Poco a poco, conceptos como lesbofobia, homofobia y transfobia comienzan a ser utilizados como sinónimo de discriminación, evidenciando así la comprensión del fenómeno, por la sociedad en general. Cada vez más y con más energía, se comprende que el problema de hoy, no es ser un rebelde sexual sino un discriminador de los diferentes.

Los movimientos feministas y posteriormente de las mujeres han convalidado y servido de punta de lanza a un conjunto de reivindicaciones en contra de la discriminación sexual y de género, particularmente con la ratificación de la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer (CEDAW), así como por la Plataforma de Acción de Beijing y Belem do Pará. Por otra parte, a partir de los ochenta, se fermentaron acciones en contra del estigma hacia quienes habían contraído la infección del VIH subrayando la centralidad de la discriminación en su propagación. Los cambios generados por la transición demográfica y tecnológica abrieron posibilidades para un nuevo diálogo intergeneracional en el que los derechos de la infancia, adolescencia y juventudes demandan ser replanteados y atendidos, al igual que los de las personas adultas mayores.

Es la suma de todas estas luchas la que a nivel internacional ha dado impulso a compromisos mundiales como la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia, 1 o documentos como los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, conocidos como Principios de Yogyakarta, y muy recientemente la Resolución General número 2653 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. 2

De manera puntual, el emblemático reclamo por el despojo y el olvido de los pueblos y comunidades indígenas mantiene en entredicho desde 1994, al modelo impuesto por una trayectoria globalizadora ajena a la perspectiva de los Derechos Humanos, así como, la reivindicación de nuestros Pueblos Negros para que se admita y repare la memoria nacional de esa esclavitud que se insiste en callar. Y qué decir del creciente avance de credos religiosos distintos al hegemónico, e incluso del incremento de la población atea que nutren la diversidad cultural.

El persistente aporte de muchas organizaciones civiles al marco jurídico internacional a partir de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, y el enorme y vergonzoso agravio que representa la violación de los derechos de las personas migrantes, son todos ellos expresiones de un rostro nacional discriminatorio que ya no admite ser visto con desdén ni permanecer oculto y lejano a las leyes del país. Ninguna persona debiera ser clasificada o etiquetada como minoría ni en términos descriptivos ni en su carácter cuantitativo, más allá de que sumados habiten la enorme mayoría de la población, y puesto que al confluir en la construcción de un mosaico de ciudadanías re-significan y re-estructuran al Estado mexicano bajo otro encuadre civilizatorio.

De tal modo, que la presente iniciativa no aspira a inventar una nueva realidad, sino atender a que ésta ya existe y se mueve. A lo que apunta es a reconocer jurídicamente un cambio social, a asumir de pleno los compromisos internacionales con dicho cambio y a abrir cauce a distintas tensiones que no pueden escapar por más tiempo de la conducción regulada de un Estado democrático de Derecho.

Este evidente prisma identitario ha dejado captar sus rostros a través de la aplicación de encuestas específicas, dentro de las cuales cabe colocar la atención en la que recientemente levantó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: la ENADIS 2010. Los hallazgos de esta Segunda Encuesta Nacional de Discriminación, no dejan asomo de duda acerca de la magnitud del problema.

El 75 por ciento de las personas entrevistadas consideró que en México, en nada o poco se respetan los derechos de las personas lesbianas y homosexuales, ni los de las personas migrantes; el 74.5 opinó lo mismo respecto a los derechos de las personas indígenas, y el 71.4, en lo relativo a las personas trabajadoras del hogar. Asimismo en un 67.3, se respetan poco o nada, los derechos de las personas de otra raza y, en 70 por ciento, los de las personas con alguna(s) discapacidad(es) y adultas mayores.

Le siguen en este orden de ideas, las mujeres con un 66.1 por ciento de las respuestas, 61.7 por ciento para las personas no católicas, 64.6 por ciento las y los jóvenes y por último, en 57.2 se ubicaron los derechos de las y los niños.

Estos son algunos de los resultados generales que se desprenden de una práctica cultural y un discurso oficial circundantes al “triunfo del mestizaje”, a un nacionalismo exacerbado, a una estructura económica rapaz, un modelo patriarcal y una religión obligatoria que, en conjunto, conforman una enorme fuerza costumbrista con capacidad de interpelación social, pero que en el fondo oprime libertades y legitima los rezagos sociales más agudos, toda vez que estas narrativas amparan a un complejo sistema de dominación que disfruta de la permisividad y descobijo de las leyes.

A partir del año 2000, en una coyuntura electoral que evidenció la pluralidad política, la incorporación de las agendas LGBTTTI y de las personas con alguna(s) discapacidad(es) en la agenda política nacional y con ello del discurso de respeto a la diversidad y el compromiso por la inclusión social, posibilitó tener otra lectura colectiva del fenómeno de la discriminación como parte imprescindible del proceso de construcción democrática que exigía una nueva institucionalidad. En febrero de 2001, se instaló la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación como una comisión plural e incluyente, y los resultados de su trabajo quedaron inscritos en el libro La discriminación en México: por una nueva cultura de la igualdad , que es el primer estudio teórico y sociológico acerca de este fenómeno.

El segundo resultado fue la incorporación de la cláusula constitucional en el párrafo tercero del primer Artículo Constitucional con las características definidas en todos los tratados internacionales en la materia. Un tercer paso fue la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada por unanimidad y promulgada en agosto del 2003. Tanto en la cláusula constitucional como dicha Ley determinan que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que impida o anule el ejercicio de derechos o el acceso a las oportunidades.

La trayectoria de esta ruta emprendida durante esta última década finalmente se concretó en la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así como en el establecimiento de una serie de reformas específicas para la población discriminada, dirigidas a visibilizar las distintas formas de discriminación y rehabilitar el avance de las nuevas demandas ciudadanas. Ahora, después del parteaguas que significa la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, comienza una nueva etapa para la vigencia de los Derechos Humanos que requieren concretizar cambios para hacer avanzar su efectiva universalidad, como los que esta iniciativa atiende de acuerdo a las siguientes propuestas.

1. En primer lugar, se considera que el factor principal para atacar las causas de un problema de raíz ética y cultural, como lo es la discriminación, es emprender un trabajo deconstructivo eminentemente educativo. A partir de la reforma al Artículo Tercero constitucional en materia de Derechos Humanos resulta esperable que el país irá dando un giro trascendental y efectivo en este rumbo.

Sin embargo, se reclama también del papel educativo, y sobre todo, disuasivo del derecho penal, con el propósito de emitir un mensaje claro a través de la tipificación del delito de discriminación en el sentido de que la dignidad de las personas, que es el bien a tutelar, vale demasiado y que discriminar en este país sí tiene consecuencias.

Al tipificarse en un ordenamiento de fuerte carácter, como lo es CPF se ofrece la señal más contundente del consenso social que rechaza todo tipo de discriminación. Ya en varios códigos penales locales ha sido incorporada esta falta antisocial e irracional, lo cual convalida una necesidad general por detener actitudes que dañan amplia y profundamente como lo es la conducta discriminatoria, de manera tal que en esta propuesta se establece el vínculo con la ley reglamentaria, LFPED, que en sus artículos 4 y 9 ya la especifica de manera enunciativa.

Obviamente, ante la evidencia de que se trata de un comportamiento muy propagado entre toda la población por el que cualquier persona puede, en un momento dado, ser objeto de alguna conducta discriminatoria, y ante la aguda situación crítica del sistema penitenciario que priva en el país, se da preferencia a medidas de justicia alternativa que obligarían a pagar multa, pero además a reconocer que la reparación del daño, forzosamente, se tiene que dar con trabajo en favor de la comunidad dirigido a la o las personas discriminadas, aunado a un taller que el agente discriminador tomará en materia de discriminación e igualdad, con énfasis en la discriminación que cometió. Por su parte, la privación de la libertad será una medida aplicable para los casos que, a juicio del juez, sean de una magnitud más severa o en algunos ineludibles.

En este último tenor se encuentran conductas tales como las de dar financiamiento o soporte material a actividades que tengan como propósito discriminar, y mucho más la de fundar o dirigir cualquier organización o red social que tenga por objeto la discriminación. La pena será agravante en los casos de terrorismo o en acciones de carácter paramilitar.

Ante el panorama de violencia abierta que nos inunda, mediante comportamientos que van desde el acoso u hostigamiento laboral o escolar (mal llamado bullying ), hasta los crímenes por odio, resulta imprescindible visualizar a la incitación a la violencia como una conducta discriminatoria digna de penalización y rechazo. Hacia el mismo punto se encamina el hecho de difundir información públicamente o emitir opiniones y comentarios cuyo contenido tenga la abierta intención de denigrar a una o varias personas con base en la discriminación.

Por supuesto que también se incluye la acción de excluir o establecer un trato diferenciado y desigual para evitar u obstaculizar que alguien acceda a algún derecho, servicio, bienes o lugares de los que gozan el resto de las y los ciudadanos, que es una conducta típica de este delito. En total, se dejan especificados siete tipos penales por discriminación, ya que la negación o afectación del empleo, labor o trabajo de alguien por un motivo discriminatorio, se resalta de manera especial, para hacerse proceder sólo en caso de que el empleador se niegue a cumplir con una sanción previa que provenga de autoridad administrativa.

Si en general, los actos discriminatorios son rechazables, lo son aún más aquellos que se dan al cobijo de las instituciones del Estado. Por ello, en esta iniciativa se contempla incrementar en una mitad la pena en su mínimo y máximo, si un acto discriminatorio es cometido por un servidor público, ya sea por acción u omisión, o bien, si éste no muestra la debida diligencia reclamada en varios tratados internacionales, así como la inhabilitación para el empleo o cargo público por un período de dos a cuatro años.

Dada su naturaleza, este delito se perseguirá por querella y el perdón del ofendido sólo será procedente cuando se haya reparado totalmente el daño causado a la víctima. Lo anterior en virtud, de que la legislación ya prevé actuaciones por oficio en situaciones sancionables con medidas de carácter administrativo por instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o, en su defecto, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos los cuales a su juicio pueden aconsejar proceder penalmente a la víctima y para ello se tendrá un mejor respaldo como el que prepara esta iniciativa.

La sanción que se ha establecido para las conductas delictivas señaladas tiene un rango que va desde los seis meses a seis años de prisión o de mil a tres mil quinientos días multa y de trescientos a cuatrocientos días de trabajo en favor de la comunidad. Como ya se mencionó, en los tipos más graves será siempre aplicable la pena privativa de la libertad, sin menoscabo de otras medidas que determine la o el juez.

Asimismo se prevé que quien en el ejercicio de sus actividades públicas, profesionales o empresariales, niegue o restrinja el acceso a bienes o servicios a que tuviere derecho una persona motivado en la discriminación tendrá la misma sanción, además de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio de que se trate, por un período de uno a cuatro años, lo que equivale a la clausura de un local comercial.

Finalmente se añade el considerar como ventaja en los delitos de homicidio y lesiones al hecho en que se actúe motivado en la discriminación, lo cual es una agravante de ambos delitos ya que se trata de un crimen de odio. En todo caso, la carga de la prueba recae en el agente discriminador.

Toda esta serie de medidas penales que se propone inscribir, cierran la pinza propiciada por otras instancias, como el Conapred, a las que la ley otorga normar actitudes no sólo en el terreno de la acción pública sino también en el ámbito privado.

En México, la defensa de los derechos humanos se ha concentrado en la protección de la integridad de las personas contra los abusos del poder estatal, dejando en el espacio privado de la sociedad un terreno sujeto a menos escrutinio legal, donde son más frecuentes e impunes las prácticas discriminatorias.

Por ello, la prevención y eliminación de la discriminación exige una poderosa acción institucional capaz de intervenir también en relaciones que generalmente se consideran privadas o parcialmente privadas, en donde el papel disuasivo de la intervención penal es imprescindible. La autoridad ya existente en este terreno administrativo debe ser reforzada con la inclusión de sanciones efectivas y disuasorias en el ámbito privado, e incluso animar el impulso de políticas de avergonzamiento hacia los agentes discriminadores.

Esta reforma busca un equilibrio entre las sanciones y penalizaciones, y las acciones educativas e informativas, sobre todo a raíz de la reciente Reforma al Artículo Tercero Constitucional en materia de Derechos Humanos. La lucha contra la discriminación es fundamentalmente cultural y educativa, y marginalmente represiva, aunque no por ello menos comprometida en este terreno.

Aquí se reconoce que la discriminación, resguardada bajo el manto de la impunidad cultural, no puede hacerse equivaler a conductas inofensivas o a actos de escasas consecuencias, ya que consiste en acciones u omisiones que dañan a las personas en entidades tan valiosas como el ejercicio de sus derechos y sus oportunidades en la vida. Su especificidad es que es un fenómeno que tiene severo daño al engendrar discordia y hacer nugatorios otros derechos (civiles, políticos y sociales) y limitar el horizonte de libertades de quienes la padecen, afectando su calidad de vida y sentido de pertenencia, por lo tanto debe adquirir el estatus de delito.

Actualmente el Conapred es, como lo orienta la misma Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, una institución más conciliadora que represiva, y más habitante de las políticas del desarrollo que usurpadora de la provincia de la protección de los derechos humanos. A pesar de que sus procedimientos de queja y reclamación, junto con su capacidad de imponer medidas administrativas, le permiten ser efectiva en el combate a actos específicos de discriminación, se requiere cubrir el espacio de la fuerza coercitiva.

Siendo la no discriminación un derecho fundamental, y estando en el centro de nuestra problemática de la desigualdad y la fragmentación social, habría que recordar lo que con frecuencia sostienen los expertos internacionales en la materia: la discriminación no sólo merece una condena, sino que exige una alternativa.

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.

A lo largo de la ruta antidiscriminatoria, México se guardó una cautela excesiva respecto a uno de los renglones más violentos y terribles de discriminación: el espacio laboral. Al paso del tiempo, se exige una tendencia diferente y un reconocimiento igualmente válido al de las luchas temáticas por otros compartimentos de discriminación en nuestra sociedad, y por ende, esta iniciativa pretende reforzar la sanción a un mecanismo de exclusión que niega abiertamente y hace infructuosa la tarea del gobierno por un marco de trabajo decente, en caso de no acatarse a la autoridad administrativa.

La necesidad de proteger, defender y reparar la dignidad de las personas contra el daño material y moral derivado de conductas discriminatorias o del odio basado en prejuicios fóbicos, entre otras, es la finalidad de un tipo penal de discriminación.

Hay importantes razones para concluir en la necesidad de la vía penal, siquiera para las formas de discriminación respecto de cuya represión ya se ha alcanzado mayor consenso y a que nos obligan los instrumentos internacionales vinculantes para nuestro país. En efecto, cuando se trata de la instigación al odio, las injurias y las conductas discriminatorias, sus autores son muchas veces difícilmente identificables por la víctima y sólo pueden ser individualizados a través de la indagación del aparato penal, que dispone de los instrumentos para ello.

Del mismo modo, la negación de acceso, servicios o prestaciones supone, generalmente, una posición de poder del agente discriminador, difícilmente enfrentable por la víctima por la vía administrativa. O bien, la estructura del proceso administrativo, su lentitud y sus costos, hacen ilusorio un amparo efectivo de la persona o personas discriminadas por esa vía.

Pero tal vez lo más importante: el significado simbólico de la represión penal, que eleva al rango de bien jurídico esencial la dignidad, la igualdad y su derecho a no ser discriminado, va acompañado de un innegable valor instrumental preventivo contra la violencia, de la que el menosprecio y el olvido son a menudo la necesaria antesala y supuesto.

La discriminación en nuestro país, en diversos terrenos de la vida social, económica y cultural, es un caldo de cultivo para la violencia y no es por azar que el Comité de Derechos Humanos, haya instado a nuestro país a que adopte las medidas que aseguren la investigación de la discriminación. 3 Para ello, sirva esta propuesta legislativa como respuesta adecuada a tan urgente requerimiento.

2. La segunda propuesta va en correspondencia con lo anterior ya que la reforma sustantiva penal por sí sola no garantiza la aplicación de la sanción a las conductas discriminatorias. Por tal motivo se propone la adición del artículo 177 Bis al Capítulo I Comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculpado, del Título Quinto Disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción, del Código Federal de Procedimientos Penales, en el cual se establece que además de practicarse todos los exámenes periciales correspondientes, el Ministerio Público y sus auxiliares realizarán la investigación del delito de discriminación de acuerdo a un Protocolo de actuación.

Lo anterior conlleva a generar parámetros y modelos muy claros de investigación de las conductas discriminatorias, lo cual coadyuvara a la no impunidad de este delito. La práctica ha demostrado que a pesar de existir el tipo penal de discriminación en algunos códigos locales, éste no es considerado ni siquiera por el aparato de justicia y mucho menos insertado en un sistema específico de registro.

Tal proceder se debe precisamente a la invisibilidad y prejuicios que habitan en el mismo sistema de justicia en forma de prácticas discriminatorias cuyo resultado se traduce en una re-victimización, reafirmante de la vulnerabilización social. Cabe aclarar que aquí se recurre al término víctima por tratarse de una materia penal. La elaboración de un Protocolo se erige entonces en un importante instrumento para revertir dichas prácticas y para generar datos destinados a nutrir a las políticas públicas.

Para llevar una correcta armonización con respecto a este tema, se propone reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 28 del Código Federal de Procedimientos Penales para garantizar, como parte de un debido proceso, que se brinde asistencia a las víctimas con traductor o interprete, de acuerdo a sus circunstancias personales.

3. El tercer aspecto de esta iniciativa se enfoca a fortalecer la norma reglamentaria que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, porque de ella se derivan directrices para la orientación de las acciones de política pública en áreas sensibles.

Aún y cuando dicha ley emana de la reforma constitucional de 2001, que introdujo en tercer párrafo del Artículo Primero Constitucional, la nueva reforma a la Carta Magna en materia de Derechos Humanos obliga a expresar este trascendental paso, debido a la repercusión política y jurídica que conllevará para este Derecho protector de los demás derechos fundamentales. Para dimensionar la relevancia por el cambio de la naturaleza y el nuevo papel constitucional que emerge con la introyección de los Derechos Humanos y su consecuencia sobre el Derecho a la Igualdad y no Discriminación que le vértebra, se propone subrayar el hecho, ya que hasta la fecha, sólo se consideraba, como un subproducto de los tratados internacionales y ahora representa un tácito acuerdo nacional.

Bajo esta consideración se hace la modificación a su artículo 4 para especificar concretamente las prácticas o conductas que se consideran discriminación, estableciendo la acción, motivos, efecto o resultado de las mismas.

Por su parte, en el artículo 5 fracción VI se establece que no significa discriminación el trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca alguna discapacidad intelectual o enfermedad mental.

En el artículo 6 se incluye, entre otros ordenamientos legales aplicables como los tratados internacionales en materia de discriminación de los que México sea parte, los que tienen que ver con derechos humanos y contra el racismo.

En el artículo 7 se deja de hablar de grupos de personas, término que es incorrecto para hablar de varias personas.

Otro de los aspectos que con esta iniciativa se revisan es el de la precisión y ampliación que permita dejar claro que ninguna conducta discriminatoria es permitida, para lo cual se propone ampliar el catálogo de éstas, establecidas en el artículo 9 reformándose para ello las fracciones I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII y XXVIII.

Así, por ejemplo, se específica que impedir, limitar, restringir el acceso a la procuración e impartición de justicia, a la coadyuvancia y a la reparación del daño, es una conducta discriminatoria; pues en muchas ocasiones, sobre todo en los casos de homicidios de personas transexuales, se impide coadyuvancia a quienes no son familiares directos de la víctima, aún cuando sean víctimas indirectas. Asimismo, la reforma de algunas fracciones tiene que ver con procurar una mejor redacción, pues el texto actual no es claro, como es el caso de las fracciones I, II, X y XII.

Por otra parte, la LFPED, en específico su artículo 2, sin duda es el fundamento a las acciones afirmativas al establecer que “Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.

Se trata claramente de un mandato hacia los poderes públicos para que adopten políticas dirigidas a lograr la igualdad efectiva o real. Sin embargo, en relación a este precepto surge el problema de que no existe unanimidad acerca de qué debe entenderse por la indicación de “remover” los obstáculos que impiden la igualdad material.

De ahí que se consideró importante reformar en la Ley en comento los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del Capítulo III Medidas positivas de carácter temporal y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades, en los cuales se busca definirlas mejor, asimismo y para eliminar una laguna jurídica que existía al respecto se señala también que estas acciones afirmativas deben identificar y eliminar todo tipo de discriminación, así como subsanar los efectos que ésta ha causado. Es necesario tener presente que las medidas positivas pueden ser temporales, en cuyo caso se levantan una vez alcanzados los objetivos de igualdad, o compensatorias que asumen un carácter definitivo como lo es la tarea de la accesibilidad.

Un cambio importante se pretende al plantear que no exista un catálogo específico de medidas compensatorias, sino que se atienda de manera general a las personas socialmente discriminadas, sin que la Ley se convierta en particular, sino que se permita una variedad de acciones afirmativas. Se prefiere establecer las características que debe tener toda medida de este tipo, para así evitar su confusión con los derechos a los que están encaminadas a hacer cumplir, al distinguir que una medida es el medio para garantizar un derecho o un conjunto de ellos.

En el camino de su empoderamiento los distintos movimientos sociales de personas discriminadas han hecho la construcción de sus ciudadanías a partir de un trayecto de auto-adscripción que conjuga la búsqueda por la mejor manera de nombrarse y ser reconocidos en la otredad con la confluencia experimental, de manera que la discriminación, del mismo modo, que otras problemáticas sociales va evolucionando conceptual y metodológicamente y con ello arrastra cambios para los instrumentos seleccionados para medir sus características. En tal virtud, se estima pertinente ampliar el objeto del Conapred, como ente rector en la materia, para que en coordinación con la instancia autónoma responsable de hacer las mediciones nacionales que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se lleve un mejor pulso del fenómeno.

Se agrega por lo tanto una fracción V al artículo 17 de la LFPED, a efecto de que se reconozca su tarea de dictar los criterios a prevalecer en los sistemas de información oficial que son utilizados a su vez, para regir el perfil de las políticas públicas. Con el cambio se pretende además facilitar la aplicación de las metodologías diseñadas para vigilar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos que han venido proyectando instancias como la de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos y los datos requeridos para el Examen Periódico Universal en lo que toca al tema de la discriminación.

Las atribuciones que tiene el Consejo para el cumplimiento de su objeto contenidas en el artículo 20, se amplían en la fracción VII para estipular que le corresponde dar difusión al contenido de la Carta Magna y del Código Penal Federal, en lo relativo a los derechos humanos y la no discriminación; asimismo y con la finalidad de que las dependencias del Ejecutivo de la Unión integrantes de la Junta de Gobierno tengan un papel efectivo y realmente transformador en la ejecución de políticas públicas que tengan un impacto cierto en el combate contra la discriminación, el Consejo tendrá la atribución de recibir anualmente el informe de cada dependencia respecto de la rendición de cuentas en materia de prevención y eliminación de la discriminación en el que se indicarán los montos presupuestales designados para tal fin, los objetivos planteados y los logros alcanzados. De este mismo artículo se reforman también las fracciones X y XIII para eliminar la palabra “grupo/os” y hacer referencia a la población discriminada.

Se propone que a la Junta de Gobierno se incorporen dos representantes más del Poder Ejecutivo Federal que son cruciales en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de políticas públicas dirigidas a combatir la discriminación, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asimismo con la finalidad de generar el equilibrio necesario que requiere dicha Junta, se amplía el número de integrantes designados por la Asamblea Consultiva a siete, en el artículo 23, reformándose para tal efecto el párrafo primero y adicionándose las fracciones VI y VII.

Toda vez que el Conapred es un organismo descentralizado, de conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la ley que la rige y otras disposiciones, resulta necesario que su titular cuente con mayor autonomía para combatir la discriminación y, por tal motivo, se propone una reforma que establezca que la o el Presidente del Consejo será designado por la Cámara de Diputados y así establecer los requisitos para su elección.

Existe en la sociedad una alta expectativa de que el gobierno sea el principal promotor del combate a los prejuicios y estereotipos, lo que hace necesario elevar el nivel de activismo del Conapred, a efecto de avanzar en la consolidación de una política de Estado. 4 En México, uno de los problemas más frecuentes para identificar los contornos precisos de la legislación y la lucha institucional contra la discriminación reside en la dificultad de situarla en la agenda de la vida pública, es decir, en colocarla en el mapa de las acciones estatales y sociales.

En ese orden de ideas, se considera que el Conapred nació y debe mantener su naturaleza eminentemente ciudadana por ser un producto de la vida democrática, y por ende, no se puede constreñir la elección de su titular a la decisión unilateral del Ejecutivo Federal. La ley debe garantizar que su conducción sea el resultado de una elección cuidadosa, de un amplio consenso y de una ética probada para adquirir la autoridad moral, el perfil, la independencia y las atribuciones necesarias para cumplir con esta ardua misión en la acción común y concertada de las instituciones públicas y las organizaciones civiles.

Asegurar el reconocimiento público de la autoridad ciudadana del Conapred no es un asunto menor y adquiere un carácter prioritario a la luz de la importante incidencia que debe impulsar y verificar en todo el abanico institucional para revertir las ancestrales inercias de la exclusión y sus prácticas más férreas. Por eso, en esta iniciativa se propone modificar el procedimiento para la elección del cargo titular de dicho Consejo. Si en otras instancias se admiten excepciones a la Ley para su conformación cuando se trata de organismos descentralizados, es comprensible que en una misión híbrida como la que se ha asignado al Conapred, se permita dotar al nombramiento de su titular de un contundente carácter de autoridad ciudadana.

Esta es una premisa esencial ahora que se ha abierto paso la impronta de los Derechos Humanos a partir del giro constitucional, pero además atendiendo a la observación de una práctica en la que algunas designaciones no han corrido con una suerte coherente y representativa, con lo que se ha puesto en severo riesgo esta tarea que hoy debe plantearse con toda la seriedad republicana que se amerita. De hecho, tras la muerte del titular fundador del Conapred, Gilberto Rincón Gallardo, se verificó como se cayó en la desafortunada ausencia del titular por varios meses sin que existiese una norma clara que obligara a atender la vida institucional, y finalmente la sustitución fue del todo desafortunada con lamentables repercusiones en la pelea del trabajo del Consejo.

Esta iniciativa hace un llamado a la comprensión de la naturaleza de este organismo que no puede dejarse sujeto a la suerte o capricho del gobernante en turno cuando existe un reclamo a establecer una política de Estado, y de lo que el nombramiento de su titular implica en términos de reconocimiento ciudadano. Del mismo modo que otras instancias autónomas o no, requieren de un procedimiento transparente, abierto, sólido, ético y certero, tratándose de la garantía de un Derecho Humano transversal a todos los demás, resulta no solo necesario sino intrínseco en sí mismo. Por lo demás, se mantienen las normas para su administración y regulación tal como lo indica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Empresas Paraestatales, de manera tal que la presencia del Ejecutivo en la conducción no será para nada ajena.

La designación de la cabeza del Conapred a cargo del Presidente de la República, constituye hoy día un contrasentido respecto del tinte progresista que representó la legislación y el entramado institucional, cuyo desarrollo previo no se podría explicar sin la participación de grandes sectores ciudadanos y sus representantes. La presente iniciativa propone que esta importante designación a cargo de una mayoría calificada de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y a partir de requisitos que deberán ser cubiertos para demostrar su idoneidad y exigencia.

El procedimiento que se propone comienza con una convocatoria abierta a la ciudadanía y sus organizaciones elaborada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Se fijan los requisitos específicos que atiendan a la peculiaridad propia del cargo, como ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día de su nombramiento, poseer conocimientos amplios en la problemática de la discriminación y su prevención, en derechos humanos y del marco normativo vigente en dichas materias; gozar de buena reputación, trayectoria en el combate contra la discriminación, tener comprensión, compromiso y capacidad probada respecto del concepto amplio del tema, no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, ambientales, o aquellos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, la vida y la integridad corporal o contra la libertad, ni haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; no haber desempeñado cargo alguno en los órganos de impartición de justicia, partido político o en la administración pública local o federal durante los últimos dos años anteriores al día de su designación; no ser cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los integrantes de la Junta de Gobierno; no tener litigios pendientes con el Consejo o los organismos autónomos de derechos humanos; no ser o haber sido ministro de algún culto religioso y no haber prestado servicio en las fuerzas armadas.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados deberá expedir la convocatoria cuatro meses antes de que concluya el periodo del titular en funciones o bien a los tres días de que se registre su falta absoluta. En cada elección aplicará de manera alternada un criterio de género.

Después de verificar que las o los candidatos cumplen con los requisitos señalados en esta ley, la Comisión valorará la trayectoria, los conocimientos y el compromiso con el tema y después de aplicar un examen público, definirá una terna para de ésta proponer finalmente al Pleno de la Cámara a la candidata o candidato que genere el mayor consenso entre los integrantes de la Comisión. La decisión en ningún caso puede exceder del plazo de dos meses de lanzada la convocatoria o falta de titular.

En caso de no alcanzarse la mayoría calificada tras dos rondas de votación en el Pleno de la Cámara, la o el titular del Consejo se seleccionará mediante la insaculación de la terna citada en el párrafo anterior.

Como se puede observar, no se trata más que de aplicar reglas confiables que sin duda redundarán en beneficio de esta institución que por su carácter está obligada a la independencia de su Titular.

Además se propone que la o el titular del Conapred duré en su encargo cuatro años, previéndose que para su ratificación previo al proceso de selección mencionado párrafos anteriores, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realice una valoración al respecto, para lo cual se reforma el artículo 28.

Con respecto a la Asamblea Consultiva se establece una cuota de género para su integración, es decir, el 60% de sus integrantes no podrán ser del mismo sexo, lo cual se adiciona en el artículo 32.

Para dar congruencia al número de integrantes de la Asamblea Consultiva que pertenecerán a la Junta de Gobierno, se modifica la fracción V del artículo 34 y en el siguiente artículo se estipula que los integrantes de la Asamblea durarán en su cargo cuatro años.

Se establece en el artículo 85 la facultad de otorgar reconocimientos a las instituciones públicas o privadas que combaten la discriminación, eliminándole la potestad que tenía a través de la palabra podrá , para convertirlo en una obligación del Consejo.

Este propósito de la iniciativa admite que todo esfuerzo por convertir una vivencia sólida y real la igualdad de todos ante la ley y la sociedad, merece un aplauso e insistimos, un reconocimiento. De este modo, en la presente iniciativa, se crea uno para quienes promuevan acciones contra la discriminación y son capaces de atreverse a plantear lo que se ha invisibilizado en el sistema normativo y social: la discriminación existe en cualquier ámbito y quien, en su actividad productiva, genere acciones incluyentes y de combate a este flagelo se hará acreedor a tan digno reconocimiento, adicional a la reducción de contribuciones tributarias que el Código Fiscal Federal ya prevé.

Las leyes son una modalidad de política pública y como tal, están sujetas a evaluación, pero no existe una costumbre en el país de darles seguimiento y evaluar el impacto que tienen en la sociedad, lo que para esta ley resulta indispensable. Para llevar a cabo ese ejercicio se adiciona al final del cuerpo legal el Capítulo VII denominado De la difusión y seguimiento de la ley, y los dos artículos que le compondrían, 86 y 87, en los cuales se establece que el Consejo dará la máxima difusión al contenido de la Ley y de los derechos consagrados en ella, y hará el seguimiento de su aplicación y una evaluación de su cumplimiento con carácter anual, que deberá presentarse a la Junta de Gobierno del Consejo y ante las organizaciones sociales para su opinión, abonando a la rendición de cuentas que exige el proceso de una política de Estado.

4. Aparte de la obligación gubernamental en materia de políticas públicas, existen instancias privadas que implementan en su normativa, prácticas y reglamentos programas para prevenir la discriminación, por tal motivo se considera indispensable adicionar a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles el premio nacional contra la discriminación, adicionándose la fracción XVIII al artículo 6 de dicha norma.

En ese sentido se propone adicionar un Capítulo XXIV recorriéndose a éste lo relativo a las Disposiciones Generales y estableciendo en el Capítulo XXIII lo concerniente al Premio Nacional contra la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, como son las categorías y la integración del Consejo de Premiación para tal efecto también se adicionaron los artículos 127, 128, 129 y 130.

La intención de fincar esta presea cumple con una función central en la estrategia porque le apuesta a hacer de la diversidad y su respeto un valor sumamente apreciable, pero además porque busca insertar una guía ética en el factor educativo y cívico de esta tarea de transformación cultural. La contracara de las conductas discriminatorias que meritorias de políticas deliberadas de avergonzamiento, reproche y desaprobación, debe complementarse con una mirada en sentido positivo al más alto nivel posible.

5. México es un país donde se señala y persigue la diferencia en todos los rincones, todos los días las personas luchan a contracorriente por abrirle paso a la igualdad, a las libertades y a la fraternidad y mucha/os defensores arriesgan incluso su vida por los derechos humanos, los valores deben fomentarse y generalmente son más observados en el extranjero que aquí. Por eso se propone un jurado presidido por un ministro o ministra asignado ex profeso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para deliberar sobre su otorgamiento, a efecto de atribuirle no sólo un mayor carácter republicano.

Finalmente, y en virtud de que este problema no siempre se advierte, percibe o reconoce fácilmente debido a la sutil naturalidad en que se envuelve, hay que mejorar el conocimiento que se tiene de él. La tarea del Estado y la sociedad para prevenir y erradicar este fenómeno requiere comenzar por definirlo y registrarlo con más precisión con medidas que recojan datos desglosados según las características de los ámbitos o población discriminada.

La invisibilidad es un problema mayor al que se confronta la lucha contra la discriminación en México y el mundo, razón por el cual la sistematización de la información es un requisito constante en varias de las convenciones internacionales en derechos humanos como, por ejemplo, la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por citar algunos.

Mejorar el conocimiento relativo a este fenómeno, su magnitud, características, causas, efectos en el acceso y goce de cada uno de los derechos humanos, frecuencia, tendencias y ritmos, ámbitos más recurrentes o tipo de daños, son algunos de los elementos que requieren expresarse a través de indicadores confiables, así como cruzarse con las mediciones referidas a otros problemas hermanados como son la desigualdad en el ingreso, la pobreza, la migración forzosa y la violencia. La ENADIS 2010 5 es un valioso instrumento pero no puede dar cuenta de todos los aspectos a valorar y tampoco alcanza a constituir un sistema de información especializado.

Aún existe población discriminada que no es suficientemente mirada por la estadística oficial como son las personas afro mexicanas o con acondroplasia, gigantismo (entre otras condiciones respecto a la talla y la apariencia), a pesar de existir recomendaciones internacionales en ese sentido. Los censos de población y vivienda y distintas encuestas específicas exigen ser replanteados de cara al siglo XXI, desde una visión de los derechos humanos considerando los ejercicios de auto adscripción que le acompañan, y por otra parte, deben reforzarse los registros que levanta toda la administración pública en su interacción con la ciudadanía, precisamente para obligar a constatar la manera en que se despliegan las prácticas discriminatorias.

Considerando que la información estadística oficial viene a respaldar los valores de una sociedad democrática que procura entenderse a sí misma sin discriminación, se propone en esta iniciativa fortalecer las capacidades institucionales tanto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como del Conapred a efecto de que se garantice de manera suficiente y apropiada, la recogida de datos destinadas a atender, entre otras cosas a las metodologías para la vigilancia del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como ya se mencionó antes.

Hasta el momento, la ENADIS 2010 permite atisbar solo la punta del iceberg de una titánica tarea como la que reflejan sus tres grandes conclusiones. La primera, de que cada vez más hay una mayor aceptación de la diversidad cultural, sexual, política, religiosa, social y económica con distintas necesidades y percepciones.

La segunda, que hay una mayor aceptación y reconocimiento de los derechos, aunque impera la percepción de que éstos no están siendo adecuadamente respetados. Y, finalmente, que pese a la diversidad y reconocimiento de derechos, lo que no se acepta es que todos somos iguales en derechos y en dignidad, que no nos reconocemos como tales y que eso nos pinta como una sociedad discriminatoria, excluyente y poco recíproca en el trato con quienes son vistos no sólo como diferentes sino como inferiores.

Por ejemplo, seis de cada diez personas en nuestro país consideran que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad, seguido por los partidos políticos y la educación. En contraste, la religión, la etnia y la gente que llega de afuera son los factores que se piensa provocan menos divisiones.

El Estado no puede soslayar por lo tanto, los nexos entre la discriminación y otros problemas sociales tales como la pobreza, la seguridad humana o la violencia y la consecuente necesidad de que particularmente, las políticas educativa, social, económica y de seguridad pública incluyan criterios de no discriminación como condición inexcusable de la promoción del desarrollo. Desde la primera encuesta de discriminación levantada en 2005 se detectó que un 80.4 por ciento de las personas en México considera que la eliminación de la discriminación es tan necesaria e importante como la reducción de la pobreza.

Por todo ello, se propone agregar el concepto discriminación en la lista de fenómenos sociales de los que se encarga el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuya conducción está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que va en concordancia con la fracción que se adiciona al artículo 17 de la ley reglamentaria ya indicada. De esta manera el estudio de la discriminación se añade a la complejidad de una realidad conformada por temas como los de población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, discriminación, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.

La desigualdad exige que la política social del Estado (la que lidia directamente con el fenómeno de la pobreza y la desigualdad de ingresos) acrecenté la cohesión social definida sobre la base del derecho a la no discriminación. Si tal derecho es primero, una protección contra el desprecio y la exclusión sociales, y luego, una llave de acceso para el ejercicio del resto de derechos de una sociedad democrática, las políticas requieren funcionar con propósitos declarados de igualdad. Y para ello necesitan de más elementos.

6. Garantizar la independencia de la o el titular del Conapred y establecer requisitos específicos propios del cargo, obliga a que se reforme el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP), para crear una excepción a los nombramientos de los Directores Generales de dichas entidades, y así el procedimiento de selección tome vida en la ley que regula al Consejo.

IV. Fundamento legal

Tanto la norma constitucional como su legislación reglamentaria federal en materia de discriminación, han sido construidas sobre la base de criterios adecuados para la situación del país, y concretan principios internacionales de derechos humanos asumidos por México. No se intenta modificar estos criterios, sino los alcances y capacidades de la ley federal que los lleva a la práctica social, dado que, se le concibe como un mecanismo estratégico de cohesión social, y no como una forma de extremar diferencias sociales, de perpetuar minorías o de alimentar guetos desconectados de la vida social regular.

Ya se ha mencionado que la trascendencia de los cambios legislativos, como lo es la reforma constitucional en Derechos Humanos, es más comprensible cuando arriba al plano de la vida cotidiana, donde significa una norma subjetivamente más valiosa para quienes son día a día excluidos por los estigmas que pesan sobre ellas/os. Incluso, en términos políticos, el mejor ánimo de la opinión pública hacia algunas personas discriminadas o el mayor entendimiento respecto de alguna forma de discriminación, permite que su alineamiento con otros socialmente más desafiados sensibilice a la población en general acerca del carácter dañino de toda forma de discriminación.

La multicitada reforma constitucional es un cambio de paradigma jurisprudencial en el que el Derecho a la Igualdad y no Discriminación abandona ese carácter que algunos aún insisten en darle, como una excentricidad propia de naciones desarrolladas, para convertirse en una clave para la productividad democrática, sobre todo en una con un rendimiento social por demás débil, y si es que en verdad se desea abandonar una situación de atraso.

La restricción de insumos jurídicos, fiscales e institucionales suficientes a la política del Estado contra la discriminación, puede ocultar lo que en realidad se esconde detrás de este fenómeno que son las relaciones de poder y afán de dominación. Por eso se le etiqueta en una suerte de acción sofisticada que no debería permitirse un país pobre como México, sin embargo en un contexto de espiral de violencia, ésta tarea es la mejor inversión política hacia una paz basada en el respeto a los iguales derechos de los distintos.

La percepción de que ante la realidad mexicana la discriminación “es algo tolerable”, su extensión social y su profundo arraigo, hacen de esta una iniciativa transgresora y políticamente incómoda, pues busca romper con el status quo , dado que cuando se habla de discriminación se trabajan aspectos parciales, maquillados o desde la perspectiva de la filantropía; las instituciones no son autocríticas en este aspecto y no suele haber compromisos concretos que acompañen al discurso oficial y se llega con frecuencia a subestimar su peso en el elenco de los grandes problemas nacionales y, cosa aún más grave, a dejar intactos o apenas tocados, uno de los resortes más poderosos de la exclusión social, de la desigualdad y de la ausencia sistemática de derechos, oportunidades y bienestar para amplios sectores de la población.

Por eso, como parte del fundamento legal vale la pena plantear las siguientes reflexiones y no sólo concretarnos a enlistar una larga serie de instrumentos del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos ya que sería inagotable. Lo que importa es resaltar en todo caso, que no existe instrumento o tratado internacional que no contenga la clausula de Igualdad y no Discriminación y que el Estado mexicano, por ende está obligado inevitablemente a su cumplimiento respecto a la comunidad internacional pero sobre todo con respecto a sí mismo.

Ya se ha mencionado que el mero hecho de introducir el término Derechos Humanos en el Pacto que nos constituye política y jurídicamente, trastoca una historia, pone un antes y un después, de la misma forma en que en 1789, una Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, significó un cambio ontológico para el Derecho mismo. Sin embargo, vale la pena traer al análisis de la fundamentación lo expresado por Luigi Ferrajoli en cuanto a que la consistencia en la estructura de los sistemas jurídicos se logra cuando se vierten las garantías de la rigidez constitucional, lo cual se propicia más que por los cambios institucionales, por los elementos culturales que le dan contenido.

Este autor recupera un fraseo de dicha Declaración que obtuvo una resonancia distinta a la luz de dos valores que habían sido negados por los desastres fascistas y totalitaristas: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de los poderes no está establecida, no tiene constitución”.

Aún cuando nuestra contrahecha transición a la democracia no fructificó en una nueva constitución, a diferencia de otros procesos, y de que la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos fue de mediano alcance, las implicaciones son irreversibles por que la incorporación de los conceptos establecen ligas indubitables con el Derecho Internacional de Derechos Humanos, colocándonos ante una nueva realidad, la del Estado constitucional de Derecho con su doble artificialidad en donde no sólo las formas sino los contenidos -igualdad, dignidad de las personas y derechos fundamentales- le separan y convierten en un Estado protector y garante de derechos humanos.

Este nuevo modelo, como dice Ferrajoli, no sólo programa sus formas de producción normativa, sino que también programa sus contenidos sustanciales vinculándolos a principios, valores y derechos inscritos en sus constituciones. Y la Igualdad y no Discriminación, son principios éticos, valores culturales y derechos jurídicamente exigibles, tanto que nuestra Carta abre con dichos principios para declararse universal, prohibiendo todo tipo de discriminación. En un país con tan pesados privilegios y abismales brechas de desigualdad, estos derechos (igualdad y no discriminación) sin duda mandan un prístino dictado: gobernar y legislar para todas y todos en justicia.

Dice el jurista: En el Derecho Penal, por ejemplo, todas las respuestas a las clásicas cuestiones relativas a su legitimación –cómo y cuándo castigar, cuándo y cómo prohibir, cuándo y cómo juzgar- resultan condicionadas ahora por los principios garantistas sancionados en la constitución: lesividad y materialidad de los delitos, culpabilidad, garantías del Juicio oral, carga acusatoria de la prueba y derechos de la defensa, que han dejado de ser simples principios teóricos para convertirse en normas jurídicas vinculantes para el legislador . 6

No siempre se tiene la suficiente consciencia sobre lo que significa este cambio de paradigma que revoluciona la estructura del derecho, el papel de la ciencia jurídica y de la jurisdicción, la naturaleza de la política y la calidad misma de la democracia . Todo queda subordinado al derecho y más precisamente a la Constitución y principalmente a sus contenidos, lo cual incluye al legislador, a la política y la legislación que es su producto.

De tal suerte, que ya no es el derecho el que puede ser concebido como instrumento de la política, sino, al contrario, es la política que ha de ser asumida como instrumento para la actuación del derecho. A su vez, la democracia cambia al dejar sopesarse sólo por su dimensión política y asume plenamente su dimensión sustancial.

Esta legislatura inicio la recta hacia un modelo protector de los derechos humanos, dejando atrás el garantismo; las leyes dejan de ser un dogma por su mera existencia formal para transformarse en una cualidad contingente ligada a la coherencia de sus significados con la Constitución, la interpretación de la ley es siempre también un juicio sobre la ley misma de la que jueces y juristas deben elegir únicamente los significados válidos, es decir, compatibles con las normas constitucionales sustanciales y con los derechos fundamentales establecidos por éstas .

En congruencia con este paso histórico y emblemático, tan necesario en momentos de tanta incertidumbre, discordia y violencia como los que atraviesa la República, la dilación u omisión legislativa, no son permisibles para colocar los cambios culturales en la lista de prioridades nacionales. Si algo distingue a la institucionalidad construida para atender el problema de la discriminación, es que ha sido un producto emergido desde las mismas organizaciones ciudadanas y no el resultado de las necesidades administrativas de gobierno alguno, por eso exige que sin cortapisas esta legislatura la coloque a la altura que merece, que la clase política se someta al imperio de las leyes en donde Todos los derechos son para todas y todos, sin demora y sin pretextos.

El principal sustento de esta iniciativa se encuentra en el Artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ”

En un sentido convergente, la legislación federal vigente que reglamenta este párrafo constitucional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su Artículo 4, define a la discriminación de la siguiente manera: “... se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones”.

En este contexto, cabe reiterar que el programa antidiscriminatorio es un mandato constitucional, que vierte a la legislación nacional este derecho humano transversal y las prescripciones de una serie de instrumentos internacionales a cuyo cumplimiento el Estado mexicano está obligado por un corpus normativo e institucional que garantizan su aplicación. Desde hace poco más de dos décadas ese conjunto de leyes y de instituciones se ha ido aprobando, modificando y creciendo.

Se han suscrito y ratificado tratados y convenios que rigen en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que hoy forman parte de la legislación nacional y, sobre todo, se han consagrado principios y derechos en la Constitución mexicana y diversas leyes específicas para alguna parte de la población discriminada. 7

Así las cosas, hay un notable consenso en el pensamiento ético, social y jurídico, en el sentido de que todos los diversos derechos humanos tienen en común que existen y emergen del concepto general de la dignidad humana. No se puede negar la relación directa entre la dignidad humana, como fuente de los Derechos Humanos, y las conductas discriminatorias como negación de la misma; ella es, el fundamento de la igualdad de todas las personas.

Es importante destacar los principales enunciados consagrados en algunos de los instrumentos internacionales contra el racismo y la discriminación, como son:

En el ámbito internacional,

* Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Artículo 2

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Artículo 7

Todos son iguales ante la Ley... todos tienen derecho a protección contra toda discriminación y contra toda provocación a tal discriminación.

Quedó asentado que “Todos [los seres humanos] son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”. Ya desde el lejano 1948, año de la firma de este documento primordial y civilizatorio, la discriminación se interpreta como una limitación injusta a las personas en cuanto a sus libertades y protecciones fundamentales, a la participación social y política y a un sistema de bienestar adecuado a sus necesidades.

* Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 2

Cada Estado Parte del presente Pacto, se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición social.

Artículo 3

Los Estados se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos.

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 27

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.

* Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 2

Los Estados Parte del presente Pacto, se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición social.

* Convención Internacional sobre todas las formas de Discriminación Racial

Artículo 1

En la presente Convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y la libertades fundamentales.

Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección, no se considerarán como medidas de discriminación.

* Convenio 111 sobre Discriminación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Artículo 1

El término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.

Artículo 2

Todo Estado está obligado a formular y llevar a cabo una política nacional encaminada a la igualdad de oportunidades y de trato.

Artículo 5

Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros Convenios, no se considerarán discriminatorias.

* Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera.

* Convención sobre los Derechos del Niño

Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y aseguraran a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 30

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías el derecho.... a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

Artículo 37

Todo niño privado de su libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad humana, y tendrá a la pronta asistencia jurídica y otra asistencia adecuada.

* Convenio OIT 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales

Artículo 3

Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.

* Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Artículo 1

Propósito

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 3

Principios generales

Los principios de la presente Convención serán:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

* Declaración y Programa de Acción de Durban

La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, se realizó en el año 2001 en la ciudad de Durban (Sudáfrica), con el compromiso de prevenir, combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

En esa oportunidad, la Conferencia señala que: a) el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, cuando equivalen a racismo y discriminación racial, constituyen graves violaciones de todos los derechos humanos y obstáculos al pleno disfrute de esos derechos y niegan la verdad evidente de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, b) la diversidad cultural es un valioso elemento para el adelanto y el bienestar de la humanidad en general, y que debe valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente, y adoptarse como característica permanente que enriquece nuestras sociedades, c) la participación equitativa de todos los individuos y pueblos en la formación de sociedades justas, equitativas, democráticas y no excluyentes puede contribuir a un mundo libre de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y, d) la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas están estrechamente vinculadas con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y contribuyen a la persistencia de actitudes y prácticas racistas, que a su vez generan más pobreza.

En abril de 2009 se celebró en Ginebra la Conferencia de Examen de Durban, en la que también participó el gobierno de México, con el objetivo de estudiar y evaluar los progresos hechos en la aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Durban (Sudáfrica, 2001) por todos los interesados en los planos nacional, regional e internacional. En esa oportunidad se llamó a los Estados: a) combatir con mayor determinación y voluntad política todas las formas y mataciones del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en todas las esferas de la vida, y b) promover el diálogo intercultural, e intensificar la intervención de todas las partes interesadas en un diálogo constructivo y auténtico basado en la comprensión y el respeto mutuos. Finalmente, la Conferencia alentó a los Estados a consolidar su legislación antidiscriminación, y a mejorar sus políticas en materia de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

* Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.

Principio 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación

Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección por parte de la ley, sin ninguna de las discriminaciones, mencionadas ya sea que el disfrute de otro derecho humano también este afectado o no. La Ley prohibirá toda discriminación de esta clase y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier forma de discriminación de esta clase.

La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y condición económica.

* Resolución de la Asamblea General de la ONU: Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género 8

1. Reafirmamos el principio de la universalidad de los derechos humanos, tal y como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo 60º aniversario se celebra este año. En su artículo 1, establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

2. Reafirmamos que todas las personas tienen derecho al goce de sus derechos humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, tal como lo establecen el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 2 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

En el ámbito interamericano,

* Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

* Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”

Artículo 3. Obligación de no Discriminación

Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

* Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad

ARTÍCULO I

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:

1. Discapacidad

El término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

2. Discriminación contra las personas con discapacidad

a) El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

Artículo II

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.

* Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas Privadas de Libertad en las Américas

Principio II

Igualdad y no-discriminación

Toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad.

Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, género, orientación sexual, o cualquiera otra condición social. En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos a las personas privadas de libertad.

No serán consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres, en particular de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes; de los niños y niñas; de las personas adultas mayores; de las personas enfermas o con infecciones, como el VIH-SIDA; de las personas con discapacidad física, mental o sensorial; así como de los pueblos indígenas, afrodescendientes, y de minorías. Estas medidas se aplicarán dentro del marco de la ley y del derecho internacional de los derechos humanos, y estarán siempre sujetas a revisión de un juez u otra autoridad competente, independiente e imparcial.

Las personas privadas de libertad en el marco de los conflictos armados deberán ser objeto de protección y atención conforme al régimen jurídico especial establecido por las normas del derecho internacional humanitario, complementado por las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

Las medidas y sanciones que se impongan a las personas privadas de libertad se aplicarán con imparcialidad, basándose en criterios objetivos.

* Resolución de la Asamblea General de la OEA: Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género

Resolutivos,

1. Condenar la discriminación contra personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, e instar a los Estados dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, a adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar dicha discriminación.

2. Condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad y de género, e instar a los Estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

3. Alentar a los Estados Miembros a que, dentro de los parámetros de las instituciones jurídicas de su ordenamiento interno, consideren la adopción de políticas públicas contra la discriminación contra personas a causa de orientación sexual e identidad de género.

Toda esta legislación internacional da cuenta de que México tiene la obligación de hacer posible el ejercicio de las libertades y los derechos humanos de todas las personas, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

VI. Ordenamientos a modificar

Se propone la modificación de seis ordenamientos jurídicos. El primero es el Código Penal, el segundo es el Código Federal de Procedimientos Penales, el tercero es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cuarto es la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, el quinto es la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y finalmente el sexto es la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

1. Código Penal Federal

Con el objeto de fomentar una gestión alternativa y viable de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente y atendiendo a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General de la ONU en 1990, se propone adicionar el Capítulo XII Tratamiento para reos por delito de discriminación, al Título Segundo del Libro Primero, con la finalidad de que quien sea responsable de una conducta discriminatoria sancionada por ese Código acuda a un taller en materia de igualdad y no discriminación que le impartirá el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, como parte de la pena que contendrá la sentencia del juez.

A efecto de sintonizar este Código con los principios de defensa de la dignidad de las personas que es la base de los Derechos Humanos, se propone reformar en el Libro Primero, Título Tercero de la Aplicación de las Sanciones, Capítulo I de las Reglas generales, la fracción V del artículo 52, para establecer que en la fijación de las penas el juez valorará: la edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta además, las diversas características que hagan posible la aplicación y desarrollo del respectivo sistema de justicia indígena, en el marco de los derechos humanos.

A la par de lo anterior y con la idea de vincular el delito de discriminación a los demás tipos de delitos se considera necesario adicionar a este mismo Código, el artículo 56 Bis, para incrementar las penas previstas para cada delito en una mitad en su mínimo y su máximo cuando en la comisión del delito el agente actúe motivado en la discriminación

Se propone la adición de un Título Tercero Bis denominado Delitos contra la Dignidad de las Personas, al Libro Segundo del Código Penal Federal, así como de los artículos 149 Ter, 149 Quáter, 149 Quinquies y 149 Sexies.

En los artículos mencionados en el párrafo anterior se tipifica y prevé la sanción penal de la discriminación, como un delito que atenta contra la dignidad de las personas. Se establece una sanción alta, ya sea de privación de la libertad o multa, con la obligación de tomar un taller en materia de discriminación e igualdad, con énfasis en la forma de discriminación cometida, así como el trabajo en favor de la comunidad dirigido a la persona o población que se discrimino, como parte de la reparación del daño, con la intención de dar primacía al efecto disuasivo al valorar cualquier acto discriminatorio como una conducta reprochable por la cual debe resarcirse a la víctima y al Estado.

Las conductas discriminatorias sancionadas penalmente son de siete tipos:

a) la provocación o la incitación a la violencia contra una persona o más personas;

b) La propagación de información o la realización de opiniones o comentarios públicamente tendientes a denigrar a una o más personas, motivado en la discriminación;

c) Para quien excluya o establezca algún tipo de trato desigual entre las personas en el acceso a ciertos servicios, bienes, derechos o lugares. Quien en el ejercicio de sus actividades públicas, profesionales o empresariales niegue o restrinja el acceso a bienes o servicios a que tuviere derecho una persona, se le aplicarán las mismas penas, además de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años.

d) A quien dé financiamiento o soporte material de actividades que tengan como propósito discriminar;

e) A quien funde o dirija cualquier organización o red social que tenga por objeto promover algún tipo de discriminación. La pena será agravante en los casos de terrorismo o en acciones de carácter paramilitar.

f) A quien produzca una conducta discriminatoria que afecte el empleo público o privado, labor o trabajo de una persona.

g) A quien promueva o divulgue información falsa o confusa o fomente la ignorancia o la desinformación, con el fin de discriminar a una o más personas o ir en contra de las políticas públicas dirigidas a la inclusión, educación o a la protección de la salud.

Se incrementará en una mitad la pena en su mínimo y máximo si alguna de las conductas señaladas en este artículo es cometida por acción u omisión, por un servidor público, o bien si éste no muestra la debida diligencia, así como la inhabilitación para el empleo o cargo público por un período de dos a cuatro años.

Este delito se perseguirá por querella y el perdón del ofendido sólo será procedente cuando se haya reparado totalmente el daño causado a la víctima. La carga de la prueba recae inevitablemente sobre el agente discriminador. Se considera además que como parte de la reparación del daño, el agente discriminador debe realizar trabajo a favor de la comunidad, dirigido a la persona o población que se discrimino.

Para efectos de este Código Penal la conducta discriminatoria es aquella que está claramente definida y desglosada en los artículos 4 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La sanción que se ha establecido para las conductas delictivas señaladas es de seis meses a seis años de prisión o de mil a tres mil quinientos días multa y de trescientos a cuatrocientos días de trabajo a favor de la comunidad. En los tipos señalados en los incisos d) y e) será aplicable la pena privativa de la libertad.

Así cabe destacar que son tres los elementos necesarios para determinar la naturaleza de una conducta discriminatoria de carácter penal y que deben darse conjuntamente, tal como se considera en la denominada cláusula de discriminación descrita en el artículo 4ª de la LFPED y en la mayoría de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos:

a) Una acción de distinción, exclusión o restricción por parte del agente discriminador.

b) Un motivo basado en alguno o en una combinación de las siguientes características: por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen o condición social o económica, condición de salud, embarazo, identidad genérica, opiniones, religión, discapacidad, apariencia, talla; o por la discriminación xenofóbica o el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

c) Un efecto o resultado específico de daño o afectación, ya sea impidiendo o anulando, el ejercicio de alguno o varios de los derechos humanos de la persona que muestra la característica que motiva el acto discriminatorio.

Finalmente se adiciona en el Título Decimonoveno de los Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, Capítulo III Reglas comunes para lesiones y homicidio, la fracción V al artículo 316, para considerar como ventaja en los delitos de homicidio y lesiones al hecho en que se actúe motivado en la discriminación, lo cual es una agravante de ambos delitos ya que se trata de un crimen de odio.

2. Código Federal de Procedimientos Penales

La reforma sustantiva penal por sí sola no garantiza la debida aplicación de la sanción de las conductas discriminatorias, por tal motivo se propone la adición del artículo 177 Bis al Capítulo I Comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del inculpado, del Título Quinto Disposiciones comunes a la averiguación previa y a la instrucción, en el Código Federal de Procedimientos Penales, para lo cual se establece que además de practicarse todos los exámenes periciales correspondientes, el Ministerio Público y sus auxiliares realizarán la investigación del delito de discriminación de acuerdo a un Protocolo de actuación.

Se propone reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 28 del Código Federal de Procedimientos Penales para garantizar que como parte de un debido proceso, se brinde asistencia a las víctimas con traductor o intérprete, de acuerdo a sus circunstancias personales.

3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Se actualiza esta Ley reglamentaria con la reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, haciendo explícito el cambio; para ello se reforman los artículos 4 y fracción VI del artículo 5. Si bien esta ley federal prevé en su artículo 6 que son aplicables, entre otros ordenamientos legales, los tratados internacionales en materia de discriminación de los que México sea parte, también se consideran importantes los derechos y principios establecidos en los instrumentos internacionales contra el racismo, para lo cual se reforma el artículo en mención. El artículo 7 también se reforma para armonizar la redacción de la Ley.

Asimismo, para dejar claro que ninguna conducta discriminatoria es permitida en el país, se propone ampliar y precisar varios aspectos del catálogo de éstas, establecidas en el artículo 9 reformándose para ello las fracciones I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXV, XXVII y XVIII. La reforma de algunas fracciones tiene que ver con una mejor redacción, pues el texto legal actual no es claro, como es el caso de las fracciones I, II, X, XII y XXV.

A efecto de ofrecer una mejor definición en varios conceptos, se considero importante reformar en la Ley en comento los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 del Capítulo III Medidas positivas de carácter temporal y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades, debido a que existe una laguna jurídica al respecto; se señala también que estas acciones afirmativas deben identificar y eliminar todo tipo de discriminación, así como subsanar los efectos que ésta ha causado, se pretende que no exista un catálogo específico de medidas compensatorias, sino que se atienda de manera general a la población socialmente discriminada, sin que la Ley se convierta en particular, sino que se permita una variedad de acciones afirmativas.

También la reforma establece las características que debe tener toda medida de este corte y se cuida que éstas garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.

Para mejorar el conocimiento del fenómeno discriminatorio y la recogida de datos, se adiciona la fracción V al artículo 17, para dar al Consejo la atribución de coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la definición de los criterios que en la materia debe incorporar el Subsistema de Información Demográfica y Social.

Se agregan dos atribuciones al Consejo como son divulgar los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Penal Federal, en materia de derechos humanos y no discriminación, así como recibir anualmente el informe de cada dependencia integrante de la Junta de Gobierno respecto de la rendición de cuentas en materia de prevención y eliminación de la discriminación, en el que se indicarán los montos presupuestales designados para tal fin, los objetivos planteados y los logros alcanzados, de igual manera se brinda una mejor redacción por ello se reforman las fracciones VII, X, XIII, XIX y se adiciona la fracción XX al artículo 20.

Se reforma el párrafo primero y se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 23, para modificar el número de integrantes de la Asamblea Consultiva y agregar a dos representantes del Poder Ejecutivo Federal.

Se establece un nuevo procedimiento para el nombramiento de quien presida al Consejo en el artículo 26. Asimismo se amplía la duración de la o el Titular del Consejo a cuatro años en el artículo 28.

Se propone que el informe anual de actividades, así como el ejercicio presupuestal del Consejo sea remitido a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para lo cual se reforma la fracción V del artículo 30. De este mismo artículo se propone reformar la fracción XI con la finalidad de establecer que corresponde al Presidente del Consejo organizar lo relativo al Premio contra la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, para lo cual se hace necesario adicionar la fracción XII.

Se determina una cuota de género para la integración de la Asamblea Consultiva por lo cual se agrega un segundo párrafo al artículo 32. En concordancia con la ampliación de integrantes de la Asamblea Consultiva para que sean siete de ellos quienes integren la Junta de Gobierno; se reforma la fracción V del artículo 34. También se amplía la duración en el cargo de los integrantes de la Asamblea Consultiva a cuatro años en el artículo 35.

Se establece en el artículo 85 la facultad de otorgar reconocimientos a las instituciones o personas que combaten la discriminación, eliminándole la potestad que tenía a través de la palabra podrá , para convertirlo en una obligación del Consejo. También se agrega un segundo párrafo que abre la incorporación a la de implementación de políticas de avergonzamiento.

Para dar seguimiento y evaluar el impacto que la ley, se adiciona el Capítulo VII denominado De la difusión y seguimiento de la ley, así como los artículos 86 y 87, en los cuales se establece que el Consejo dará la máxima difusión al contenido de la misma y de los derechos consagrados en ella, y el seguimiento de su aplicación y una evaluación de su cumplimiento con carácter anual, para ello la evaluación deberá presentarse a la Junta de Gobierno del Consejo.

4. Ley de Premios, Estímulos y Recompensas

Se considera indispensable adicionar a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para instaurar el premio nacional contra la discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, adicionándose la fracción XVIII al artículo 6.

En el mismo tenor se propone adicionar un Capítulo XXIV recorriéndose a éste lo relativo a las Disposiciones Generales y estableciendo en el Capítulo XXIII lo concerniente al Premio Nacional contra la Discriminación, como son las categorías y la integración del Consejo de Premiación para tal efecto también se adicionaron los artículos 127, 128, 129 y 130.

5. Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

Se agrega el término discriminación en el artículo 21 de esta norma, con la finalidad de analizar oficialmente el comportamiento en nuestro país del fenómeno de la discriminación.

6. Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Se adiciona un último párrafo al Artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales con la finalidad de que la selección de la o el Titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sea acorde a los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley que regula a éste.

VII. Texto normativo propuesto;

Por lo anterior, sometemos a la consideración de éste H. Congreso de la Unión, el siguiente

Proyecto de decreto

Las suscritas, diputadas integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforma la fracción V del artículo 52; se adicionan el Capítulo XII Tratamiento de Reos por Delito de DISCRIMINACIÓN, al Título Segundo del Libro Primero del Código Penal Federal, así como los artículos 50 Ter, 56 Bis, 149 Ter, 149 Quáter, 149 Quintus, 149 Sextus, y la fracción V al artículo 316, también se adiciona el Título Tercero Bis denominado De los delitos contra la dignidad de las personas, al Libro Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Libro Primero

Titulo Segundo

Capitulo XII

Tratamiento para Reos por Delito de Discriminación

Artículo 50 Ter. En los casos de conductas discriminatorias, el juez deberá decretar como parte de la sentencia que la persona responsable acuda a un taller que se le impartirá por conducto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sobre igualdad y no discriminación, con énfasis en la forma de discriminación cometida.

La oposición injustificada de acudir a dicho taller se castigará como delito de quebrantamiento de sanción.

Título Tercero

Aplicación de las Sanciones

Capítulo I

Reglas Generales

Artículo 52. El juez fijará ...

I. a IV. ...

V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres, siempre y cuando no se violen derechos humanos, ni se atente contra la dignidad de las personas.

VI. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta además, las diversas características que hagan posible la aplicación y desarrollo del respectivo sistema de justicia indígena, en el marco de los derechos humanos.

VII. ...

VIII. ...

Artículo 56 Bis. Las penas previstas para cada delito se aumentarán en una mitad en su mínimo y máximo, cuando en la comisión del delito el agente actúe motivado por la discriminación basada en origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen o condición social o económica, condición de salud, embarazo, identidad genérica, opiniones, religión, discapacidad, apariencia, talla; o por la discriminación xenofóbica o el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones; o cuando el agente motive su conducta en alguna otra característica de la víctima que atente contra su dignidad y vulnere sus derechos humanos.

Libro Segundo

Título Tercero Bis

Delitos contra la Dignidad de las Personas

Capítulo Único

Discriminación

Artículo 149 Ter. Quien provoque o incite a la violencia y al odio contra una persona o varias personas, motivado en la discriminación por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen o condición social o económica, condición de salud, embarazo, identidad genérica, opiniones, religión, discapacidad, apariencia, talla; o por la discriminación xenofóbica o el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones o cuando el agente motive su conducta en alguna otra característica de la víctima que atente contra su dignidad y vulnere sus derechos humanos, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión o de mil a tres mil quinientos días multa y de trescientos a cuatrocientos días de trabajo en favor de la comunidad.

Las mismas sanciones se aplicarán a quien por las mismas razones, propague información, realice públicamente opiniones o comentarios con el objeto de denigrar o denostar por algún motivo de discriminación a una o varias personas; así como para quien excluya o establezca algún tipo de trato desigual entre las personas en el acceso a ciertos servicios, bienes, derechos o lugares.

Se aplicará pena de prisión a quien dé financiamiento o soporte material de actividades que tengan como propósito discriminar, y a quien funde o dirija cualquier organización o red social que tenga por objeto promover cualquier tipo de discriminación. La pena será privativa de la libertad en los casos de terrorismo o en acciones de carácter paramilitar.

Quien en el ejercicio de sus actividades públicas, profesionales o empresariales niegue o restrinja el acceso a bienes o servicios a que tuviere derecho una persona motivado en la discriminación se le aplicarán las mismas penas, además de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años.

Se incrementará en una mitad la pena en su mínimo y máximo si alguna de las conductas señaladas en este artículo es cometida por acción u omisión, por un servidor público, o bien si éste no muestra la debida diligencia, así como la inhabilitación para el empleo o cargo público por un período de dos a cuatro años.

Artículo 149 Quáter. Al que produzca una conducta discriminatoria en el empleo, labor o trabajo público o privado, por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen o condición social o económica, condición de salud, embarazo, identidad genérica, opiniones, religión, discapacidad, apariencia, talla; o por la discriminación xenofóbica o el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones o cuando el agente motive su conducta en alguna otra característica de la víctima que atente contra su dignidad y vulnere sus derechos humanos, se le impondrán de tres a seis años de prisión o de mil a tres mil quinientos días multa y de trescientos a cuatrocientos días de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 149 Quinquies. Al que promueva o divulgue información falsa o confusa o fomente la ignorancia o la desinformación, con el fin de discriminar a una o más personas o ir en contra de las políticas públicas dirigidas a la inclusión, educación o a la protección de la salud, se le impondrá pena de dos a cuatro años de prisión o de mil a dos mil días multa y de trescientos a cuatrocientos días de trabajo en favor de la comunidad.

Artículo 149 Sexies. Los delitos señalados en este Capítulo serán perseguibles por querella y el perdón del ofendido sólo será procedente cuando se haya reparado totalmente el daño causado a la víctima. La carga de la prueba recae inevitablemente sobre el agente discriminador.

La reparación del daño en estos delitos siempre comprenderá trabajo en favor de la comunidad dirigido a la persona o población que se discrimino.

Título Decimonoveno

Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal

Capítulo III

Reglas Comunes para Lesiones y Homicidio

Artículo 316. Se entiende que hay ventaja:

I. ...

II. ...

III. Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido,

IV. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie, y

V. Cuando el agente actúe motivado en la discriminación hacia la víctima.

La ventaja no...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 28 y se adiciona el artículo 177 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Título Primero

Reglas Generales para el Procedimiento Penal

Capítulo III

Intérpretes

Artículo 28. Cuando el inculpado....

En cualquier etapa de la averiguación previa o del proceso, cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, no conozca o no comprenda bien el idioma español, use lenguaje de señas o utilice el sistema braille, o tenga alguna discapacidad, tendrá derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor, según sea el caso.

Cuando no se pudiese contar con traductor o intérprete mayor de edad, podrá nombrarse a un menor que haya cumplido quince años.

Título Quinto

Disposiciones Comunes a la Averiguación

Previa y a la Instrucción

Capítulo I

Comprobación del Cuerpo del Delito

y de la Probable Responsabilidad del Inculpado

Artículo 177 Bis. En el caso del delito de discriminación o aquellas conductas que se agravan cuando son motivadas en la discriminación, además de practicarse los exámenes periciales correspondientes, el Ministerio Público y sus auxiliares realizarán una investigación específica por discriminación de acuerdo a un protocolo de actuación.

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 4, 5 fracción VI, 6, 7, 9 en sus fracciones I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, IXX, XX, XXV, XXVII y XXVIII, 10, 11, 12, 13, 14, 20 en sus fracciones VII, X, XIII y XIX, 23 en su primer párrafo, 26, 28, 30 fracciones V, XI, 32, 34 fracción V, 35 y 85; y se adicionan la fracción V del artículo 17, la fracción XX al artículo 20, las fracciones VI y VII del artículo 23, la fracción XII al artículo 30, los artículos 86 y 87, así como el Capítulo VII De la difusión y seguimiento de la ley, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen o condición social o económica, condición de salud, embarazo, identidad genérica, opiniones, religión, discapacidad, talla, acondroplasia, gigantismo, apariencia, o cualquier otra que tenga por objeto o por resultado atentar contra la dignidad humana, denostar a una o más personas, impedir, obstaculizar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por parte de la ley.

También se entenderá...

Artículo 5. No se considerarán...

I. a V. ...

VI. El trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca alguna discapacidad intelectual o enfermedad mental;

Artículo 6. La interpretación del contenido de esta Ley, así como la actuación de las autoridades federales será congruente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los Instrumentos Internacionales aplicables en materia de derechos humanos, contra el racismo y toda forma de discriminación de los que el Estado sea parte, así como las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y demás legislación aplicable.

Artículo 7. Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o población que sea afectada por conductas discriminatorias.

Capítulo II

Medidas para Prevenir la Discriminación

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o por resultado atentar contra la dignidad humana, denostar a una o más personas, impedir, obstaculizar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por parte de la ley.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

I. Impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos para la permanencia en los centros educativos;

II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición o situación de subordinación;

III. Prohibir la libre...

IV. Establecer diferencias en...

V. Limitar o negar el acceso a los programas de capacitación, adiestramiento y de formación profesional para el trabajo;

VI. Negar o limitar...

VII. Negar, limitar o condicionar los servicios de seguridad social, atención médica pública o privada o servicios de salud públicos o privados, o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios;

VIII. Restringir o impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole;

IX. Negar o condicionar...

X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de bienes;

XI. Impedir, limitar, restringir o evadir el acceso a la procuración e impartición de justicia, a la coadyuvancia por parte del cónyuge, compañera o compañero civil, conviviente, persona con quien se tiene relación de pareja o parentesco consanguíneo, y a la efectiva reparación del daño cuando se comete un ilícito o delito;

XII. Impedir o limitar el derecho a ser oído o vencido en todo procedimiento judicial o administrativo en el que se vean involucrados, así como negar la asistencia de intérpretes o traductores en procedimientos administrativos o judiciales;

XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra los derechos humanos;

XIV. Impedir o limitar la libre elección de cónyuge, conviviente o pareja, así como negar o limitar la forma de estructura u organización familiar que se decida;

XV. Ofender, ridiculizar o promover...

XVI. Limitar la libre...

XVII. Negar o imponer asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de salud o asistencia;

XVIII. Restringir el acceso...

XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable de las personas, especialmente de las niñas y los niños;

XX. Impedir, limitar o restringir el acceso, los beneficios o contratación de seguros médicos, de vida o de cualquier otro tipo;

XXI. Limitar el derecho...

XXII. Impedir el acceso...

XXIII. Explotar o dar...

XXIV. Restringir la participación...

XXV. Restringir o limitar el uso de las lenguas, sistema normativo indígena y cultura, en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;

XXVI. Limitar o negar...

XXVII. Incitar o provocar al odio, la violencia, el rechazo, la burla, la difamación, la injuria, la persecución o la exclusión;

XXVIII. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico contra una persona por asumir públicamente su preferencia sexual o identidad de género, por la apariencia, la forma de vestir, hablar o gesticular; y

XXIX. En general cualquier...

Capítulo III

Medidas Positivas de Carácter

Temporal y Compensatorias a Favor

de la Igualdad de Oportunidades

Artículo 10. Las medidas positivas ya sea de carácter temporal o compensatorio son aquellas estrategias especiales que se establecen mediante políticas públicas y programas destinados a revertir, subsanar o remover situaciones, prejuicios, comportamientos, prácticas o conductas discriminatorias. Tienen por finalidad eliminar los obstáculos que se oponen a la igualdad efectiva y sustantiva de las personas.

Estas serán llevadas a cabo por los órganos públicos y las autoridades federales en el ámbito de su competencia.

Artículo 11. Las medidas positivas de carácter temporal o compensatorio deben identificar y eliminar todo tipo de discriminación, así como subsanar los efectos que las discriminaciones causan o han causado, entre ellas estarán consideradas las siguientes:

I. Incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el sistema educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares;

II. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento personalizado sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos;

III. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de hijas e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social las condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten;

IV. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando el acceso a los mismos para a las hijas e hijos cuando las madres o padres lo requieran;

V. Instrumentar programas de atención médica y sanitaria para combatir la mortalidad y la desnutrición infantiles;

VI. Impartir educación para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la planificación familiar, la paternidad responsable y el respeto a los derechos humanos;

VII. Promover el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a menores con alguna discapacidad;

VIII. Promover las condiciones necesarias para que los menores puedan convivir con sus madres, padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad;

IX. Preferir, en igualdad de circunstancias, a las personas que tengan a su cargo menores de edad en el otorgamiento de becas, créditos u otros beneficios;

X. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados;

XI. Procurar que las vías generales de comunicación cuenten con señalamientos adecuados para permitirles el libre tránsito;

XII. Crear programas permanentes de capacitación y actualización para los funcionarios públicos sobre la diversidad social y cultural;

XIII. Emprender campañas permanentes de información en los medios de comunicación que promuevan el respeto a las diferencias, las distintas identidades y la inclusión;

XIV. Las señaladas en otras leyes especiales aplicables.

Artículo 12. Toda medida positiva debe ir dirigida a una o más personas que padecen alguna forma de discriminación y sus acciones deben enfocarse a proporcionar ventajas concretas a la población en situación de desigualdad.

Artículo 13. Toda medida positiva debe tener al menos las siguientes características:

I. Articulación: abarcando una situación de conjunto pero impactar en las situaciones específicas en las que se debe incidir;

II. Funcional: ajustándose a la realidad concreta y particular sobre la que se incide, contemplando todas aquellas acciones que se deben llevar a cabo para eliminar las discriminaciones;

III. Ejecutable: para lo cual siempre deberá contarse con los recursos humanos, económicos y financieros para llevarse a cabo;

IV. Planeada: considerando que su objetivo es principalmente temporal, por lo que deberá contar con objetivos, medios y acciones concretas; y

V. Evaluable: que permita medir su impacto, consecuencias y condiciones o situaciones que modificó, eliminó o erradicó.

Las autoridades deberán incorporar en sus políticas y programas, las medidas positivas derivadas de recomendaciones, observaciones generales, resoluciones y buenas prácticas emitidas por las instancias no jurisdiccionales u organismos derivados de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Artículo 14. Las medidas señaladas en este Capítulo deben garantizar el impulso al pleno ejercicio de los derechos humanos de la población que padece alguna forma de discriminación.

Capítulo IV

Del Consejo Nacional

para Prevenir la Discriminación

Sección Primera

Denominación, Objeto, Domicilio y Patrimonio

Artículo 17. El Consejo tiene como objeto:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Dictar los criterios que deben ser considerados en materia de análisis de la discriminación por el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Sección Segunda

De las atribuciones

Artículo 20. Para el cumplimiento...

I. a VI. ...

VII. Divulgar el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Penal Federal, en materia de derechos humanos y no discriminación, así como los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones en la materia; y promover su cumplimiento en los diferentes ámbitos de Gobierno;

VIII. ...

IX. ...

X. Tutelar los derechos de las personas objeto de discriminación mediante asesoría y orientación, en los términos de este ordenamiento;

XI. ...

XII. ...

XIII. Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales, locales y municipales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas. Asimismo, podrá coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás órganos públicos, con el propósito de que en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y compensatorias para cualquier persona o población discriminada;

XIV. a XVIII. ...

XIX. Recibir anualmente el informe de cada dependencia del Ejecutivo de la Unión integrante de la Junta de Gobierno, respecto de la rendición de cuentas en materia de prevención y eliminación de la discriminación en el que se indicarán los montos presupuestales designados para tal fin, los objetivos planteados y los logros alcanzados;

XX. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y demás disposiciones aplicables.

Sección Tercera

De los Órganos de Administración

Artículo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por siete representantes del Poder Ejecutivo Federal, y siete integrantes designados por la Asamblea Consultiva.

Los representantes del...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Uno de la Secretaría de Educación Pública;

V. Uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Uno de la Secretaría de Desarrollo Social; y

VII. Uno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 26. La o el Presidente del Consejo, quien presidirá la Junta de Gobierno, será designado de conformidad al siguiente procedimiento:

Será nombrado o nombrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Para hacer el nombramiento, la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Derechos Humanos convocará de manera abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil que, en su desempeño tengan el objetivo la lucha contra la discriminación y la promoción y defensa de los derechos humanos, asociaciones y colegios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y, en general, a las entidades o personalidades que estime conveniente, a proponer una candidata o candidato para hacerse cargo de la Presidencia del Consejo.

La o el Presidente deberá reunir para su nombramiento los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, el día de su nombramiento;

III. Poseer conocimientos amplios en la problemática de la discriminación y su prevención, en derechos humanos y del marco normativo vigente en dichas materias;

IV. Gozar de buena reputación, trayectoria en el combate contra la discriminación, tener comprensión, compromiso y capacidad probada respecto del concepto amplio del tema;

V. No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, ambientales, o aquellos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, la vida y la integridad o contra la libertad, ni haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

VI. No haber desempeñado cargo alguno en los órganos de impartición de justicia, partido político o en la administración pública local o federal durante los últimos dos años anteriores al día de su designación;

VII. No ser cónyuge, conviviente, compañera o compañero civil, concubino o pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado o civil con cualquiera de los integrantes de la Junta de Gobierno;

VIII. No tener litigios pendientes con el Consejo o los organismos autónomos de derechos humanos;

IX. No ser o haber sido ministro de algún culto religioso y no haber prestado servicio en las fuerzas armadas.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados deberá expedir la convocatoria cuatro meses antes de que concluya el periodo del titular en funciones o bien a los tres días de que se registre su falta absoluta. En cada elección aplicará de manera alternada un criterio de género.

Después de verificar que las o los candidatos cumplen con los requisitos señalados en esta ley, la Comisión valorará su trayectoria, los conocimientos y el compromiso con el tema y después de aplicar un examen público respecto de las fracciones III y IV del presente artículo, definirá una terna para de ésta proponer finalmente al Pleno de la Cámara a la candidata o candidato que genere el mayor consenso entre los integrantes de la Comisión. La decisión en ningún caso puede exceder del plazo de dos meses de lanzada la convocatoria o falta de titular.

En caso de no alcanzarse la mayoría calificada tras dos rondas de votación en el Pleno de la Cámara, la o el titular del Consejo se seleccionará mediante la insaculación de la terna citada en el párrafo anterior.

Artículo 28. La o el Presidente del Consejo durará en su cargo cuatro años, y podrá ser ratificado hasta por un período igual.

Tres meses antes a que se abra el proceso de selección al que se refiere el artículo 26, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados valorará si la o el Presidente en turno es propuesto para ser ratificado. De resultar positiva dicha propuesta de ratificación estará sometida a su aprobación definitiva por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Artículo 30. La o el Presidente del Consejo tendrá además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

I. a IV.

V. Presentar a la Cámara de Diputados, vía la Comisión de Derechos Humanos el informe anual de actividades, así como el ejercicio presupuestal, este último previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. a X. ...

XI. Organizar lo conducente a la entrega del Premio Nacional contra la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, al que hace referencia la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

XII. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos.

Sección Cuarta

De la Asamblea Consultiva

Artículo 32. La Asamblea Consultiva estará integrada por un número no menor de diez ni mayor de veinte ciudadanas y ciudadanos que gocen de reconocido prestigio en los sectores privado, social y de la comunidad académica por su labor en materia de prevención y eliminación de la discriminación y que puedan contribuir al logro de los objetivos del Consejo.

En ningún caso, la integración de la Asamblea excederá del 60% de personas del mismo sexo.

Las y los integrantes de esta Asamblea Consultiva serán propuestos por los sectores y comunidad señalados y nombrados por la Junta de Gobierno en términos de los dispuesto por el Estatuto Orgánico.

Artículo 34. Son facultades de...

I. a IV. ...

V. Nombrar siete personas que formarán parte de la Junta de Gobierno;

VI. a VIII. ...

Artículo 35. Las y los integrantes de la Asamblea Consultiva durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificados por un período igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico.

Capítulo VI

De las Medidas Administrativas para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo 85. El Consejo otorgará un reconocimiento a las instituciones públicas o privadas, así como a los particulares que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.

Del mismo modo, el Consejo implementará una política de avergonzamiento en aquellos casos en que, a propuesta de su Asamblea Consultiva, se considere procedente ya sea por lo emblemático o por la trascendencia política del acto discriminatorio. Dicha política concluirá hasta que el agente discriminador se disculpe públicamente y tendrá la mayor difusión posible.

...

...

...

Capítulo VII

De la Difusión y Seguimiento de la Ley

Artículo 86. El Consejo dará la máxima difusión al contenido de la Ley y de los derechos consagrados en ella, a través de los distintos medios disponibles.

Artículo 87. El Consejo realizará un seguimiento de la aplicación de la Ley y una evaluación de su cumplimiento con carácter anual. Esta evaluación se presentará a la Junta de Gobierno y se difundirá masivamente recurriendo a los tiempos del Estado.

Artículo Cuarto. Se adiciona una fracción XVIII el artículo 6, así como se reforma el capítulo XXIII y se recorre en su orden el Capitulo XXIV de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Artículo 6. Se establecen los siguientes Premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVII. ...

XVIII. Contra la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”.

...

Capítulo XXIII

Premio Nacional Contra la Discriminación

Artículo 124. El Premio Nacional Contra la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” es el reconocimiento otorgado a las instituciones públicas o privadas, así como a los particulares que se distingan por llevar a cabo programas y medidas para prevenir la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.

En ningún caso podrá premiarse a quien, a pesar de tener una labor destacada en alguna de las categorías sujetas a reconocimiento, discrimine por otra causa a alguna parte de la población.

Artículo 125. El Premio Nacional Contra la Discriminación se entregará en las siguientes categorías por fomentar:

I. La igualdad entre mujeres y hombres;

II. El respeto de las niñas y los niños, adolescentes o jóvenes;

III. La igualdad de oportunidades para las personas adultas mayores;

IV. La igualdad de oportunidades para las personas con alguna(s) discapacidad(es);

V. La igualdad de oportunidades para la población indígena, afro mexicana o migrante;

VI. La igualdad, inclusión y el reconocimiento de las personas LGBTTTI;

VII. Inclusión y respeto hacia las personas con VIH.

VIII. Por garantizar la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral, educativo, de salud o de acceso a la justicia.

Artículo 126. Para la entrega del Premio Nacional contra la Discriminación, el Jurado de Premiación se integrará siempre en número non por:

1) Una Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo presidirá;

2) Las o los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión;

3) Un representante de alto nivel del Ejecutivo Federal designado por la Presidencia de la República;

4) La o el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que realizará la función de Secretario Técnico del Consejo de Premiación, por sí o por representante designado.

La convocatoria para el otorgamiento de este premio, podrá considerar la participación de sociedades mercantiles o cooperativas, pero en ese caso el Premio no consistirá en numerario, sino que únicamente se integrará por la medalla y el diploma que acredite que le fue concedido el reconocimiento a que se hicieron merecedoras, mismos que serán entregados en un acto público el ex profeso por la o el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el día 19 de octubre de cada año.

Capítulo XXIV

Disposiciones Generales

Artículo 127. Las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta Ley, serán con cargo a la partida correspondiente de la Secretaría donde se tramite cada premio, y en caso de falta o insuficiencia de partida, con cargo al presupuesto del ramo de la Presidencia. Las recompensas de que trata el capítulo XVI únicamente podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo al que pertenezca el beneficiario.

Artículo 128. Los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción.

Artículo 129. Salvo que esta Ley contenga disposición expresa al respecto, los jurados están facultados para proponer que dos o más personas con iguales merecimientos participen entre sí el mismo premio, o que éste se otorgue a cada una de ellas.

Artículo 130. Las recompensas señaladas en efectivo por la presente Ley, se ajustarán en la proporción en que se modifique el salario mínimo general en el Distrito Federal.

Artículo Quinto. Se adiciona al Artículo 21 de la Ley Nacional de Información Estadística y Geográfica el concepto de discriminación para quedar como sigue:

Artículo 21. El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, discriminación, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.

Artículo Sexto. Se adiciona un último párrafo al Artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para quedar como sigue:

Artículo 21. El Director General...

I. Ser ciudadano mexicano...

II. Haber desempeñado cargos...

III. No encontrarse en...

Lo estipulado en este artículo no aplica en el caso del titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para lo cual se atenderá a los requisitos y procedimiento de selección que se encuentran contenidos en la Ley que rige al Consejo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Tercero. Para los efectos del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la integración de la Junta de Gobierno se deberá llevar a cabo en la siguiente reunión que la misma tenga después de publicado el presente decreto.

Cuarto. El actual Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación cumplirá el período de tres años para el que fue designado por el Presidente de la República, por lo que dos meses antes de que concluya su responsabilidad la Cámara de Diputados dará inicio al procedimiento de selección a que se refiere el artículo 26 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Quinto. El titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación expedirá dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente decreto, una Convocatoria pública en la que se establecerán las bases y requisitos con la finalidad de diseñar las características de la Medalla “Gilberto Rincón Gallardo”.

Notas

1 Declaración firmada en Durban (Sudáfrica), en la Conferencia celebrada del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001.

2 Aprobada en la cuarta sesión plenaria de las Naciones Unidas, celebrada el 7 de junio de 2011.

3 Párrafo 21 de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a México, en el examen del quinto informe periódico del Estado mexicano de fecha 27 de marzo de 2010.

4 Según la encuesta, se encontró que casi la mitad de los sujetos entrevistados señalan que la eliminación de la discriminación es una obligación gubernamental, mientras que entre un 30 y 40 por ciento asume que tal tarea es de la sociedad, respuesta que, desde luego, no excluye sino que supone la responsabilidad del gobierno.

5 Los resultados obtenidos permiten la comparación entre once regiones geográficas, diez zonas metropolitanas de mayor población, cuatro tipos de localidad, y cuatro zonas fronterizas del país. Dichas características permitieron obtener estimaciones generales que, considerando un 95% de confianza, tienen un margen máximo de error de +/- 1.1 puntos porcentuales.

6 Ferrajoli, Luigi, Epistemología Jurídica y Garantismo, Biblioteca de ética, filosofía del derecho y política, ed. Distribuciones Fontamara, pág. 259-260, México, 2006..

7 Artículo 1º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

8 Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.

Diputadas: Enoé Margarita Uranga Muñoz, Beatriz Elena Paredes Rangel, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).