Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3535, lunes 18 de junio de 2012


Prevenciones
Comunicaciones
Iniciativas
Proposiciones
Informes
Convocatorias
Invitaciones
Avisos

Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

• Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (Nueva Alianza).

Expediente 6607.

• Unidas de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por los diputados Pedro Jiménez León, Laura Arizmendi Campos, María Guadalupe García Almanza y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano).

Expediente 6622.

• Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Omar Fayad Meneses (PRI).

Expediente 6628.

• Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Adolfo Rojo Montoya (PAN).

Expediente 6633.

• Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el párrafo cuarto del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Marcos Pérez Esquer (PAN).

Expediente 6636.

• Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Marcos Pérez Esquer (PAN).

Expediente 6638.

México, DF, a 18 de junio de 2012.

Atentamente

Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)

Presidente

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

• Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19, fracción v, incisos a), b) y d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por el diputado Juan Carlos Natale López (PVEM).

Expediente 5086.

• Unidas de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI).

Expediente 5599.

• Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Marcela Vieyra Alamilla (PRI).

Expediente 5609.

México, DF, a 18 de junio de 2012.

Atentamente

Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)

Presidente



Comunicaciones

De la Secretaría de Gobernación, con la que envía el cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2011 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U, a cargo de la Secretaría de Economía

México, DF, a 6 de junio de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 100.2012.DGE.377, Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, envía el Cuarto Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2011, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U, a cargo de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en él se cita, en medio magnético.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 1 de junio de 2012.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves

Subsecretario de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Con fundamento en los artículos 27 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 181 y 285 de su Reglamento, solicito su apoyo a efecto de remitir a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la comisión correspondiente, el Cuarto Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2011, sobre el presupuesto ejercido, a nivel capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U, a cargo de esta secretaría.

Por lo anterior, anexo al presente el informe descrito en el párrafo anterior con información actualizada conforme con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de dicho ejercicio.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica)

Director General de Enlace

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite los pormenores de la participación del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, en la II Cumbre México-Comunidad del Caribe, realizada el domingo 20 y el lunes 21 de mayo de 2012 en Bridgetown, Barbados

México, DF, a 11 de junio de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este conducto hago de su conocimiento que mediante oficio número DEP- 00852/12, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, remite los pormenores de la participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, maestro Felipe Calderón Hinojosa, en la II Cumbre México-Comunidad del Caribe, en Bridgetown, Barbados, el pasado 20 y 21 de mayo de 2012.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 11 de junio de 2012.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves

Subsecretario de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Estimado señor subsecretario

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la SRE, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacerle llegar los pormenores de la Participación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Mtro. Felipe Calderón Hinojosa, en la II Cumbre México-Comunidad del Caribe en Bridgetown, Barbados, el pasado 20 y 21 de mayo de 2012.

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea el amable conducto para remitir la información adjunta a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente

Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica)

Directora General

(Remitida a la Comisión de Relaciones Exteriores. Junio 13 de 2012.)

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite oficio para que ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros e informa que otros solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido

México, DF, a 11 de junio de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente

Del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP- 0846/ 12, la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Francisco Sánchez Sierra.

Puesto: Conductor.

Lugar de trabajo: Embajada de Colombia en México.

Nombre: María Adriana Elizondo Huerta.

Puesto: Empleada de visas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Natalie Mendoza Chávez.

Puesto: Empleada de visas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: María Luisa Copca Ávila.

Puesto: Teleoperadora.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Gabriela Soria Racine.

Puesto: Empleada de visas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Jesús Manuel Acosta Andrade.

Puesto: Técnico en mantenimiento.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de los expedientes copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de las identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Maribel Cárdenas Ramírez.

Puesto: Secretaria en la Oficina de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Susana Adame Carreón.

Puesto: Coordinadora de viajes/examinadora de cuentas en la Oficina de Administración Financiera.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Amelia Camacho León.

Puesto: Asistente de gerencia en la Oficina de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Alice Christine Gibbons.

Puesto: Asistente de mercadotecnia en la Oficina de Agricultura.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

(Turnadas a la Comisión de Gobernación. Junio 13 de 2012.)

De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con la que remite, de la Secretaría de Economía, el cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2011 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U

México, DF, a 13 de junio de 2012.

Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida

Presidente de la Comisión de Presupuesto

y Cuenta Pública

Presente

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Poder Ejecutivo federal, oficio con el que remite, de la Secretaría de Economía, el Cuarto Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2011, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U.

La Presidencia dispuso que dicha documentación se remitiera a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

México, DF, a 13 de junio de 2012.

Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal

Presidente de la Comisión de Economía

Presente

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del Poder Ejecutivo federal, oficio con el que remite, de la Secretaría de Economía, el Cuarto Informe Trimestral para el ejercicio fiscal 2011, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios U.

La Presidencia dispuso que dicha documentación se remitiera a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Atentamente

Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica)

Vicepresidente

(Remitidas a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Junio 13 de 2012.)



Iniciativas

Que reforma el artículo 322 y adiciona el 336 Bis de la Ley General de Salud, recibida del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2012

El que suscribe, Víctor Humberto Benítez Treviño, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a las atribuciones que confieren los artículos 51, 71, fracción II, y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a su consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 322 y se adiciona el 336 Bis de la Ley General de Salud, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Se somete a su consideración el siguiente proyecto, que tiene como premisa fundamental la iniciativa que presentó el gobernador del estado de México, doctor Eruviel Ávila Villegas, ante la legislatura local, que consiste primordialmente en reformas a la Ley General de Salud que facilita la donación, extracción y procuración de órganos a nivel nacional e incluye la expedición de una acreditación con validez jurídica para los donadores voluntarios con el objeto de dar vida después de la muerte.

El incremento en los índices de donación de órganos y tejidos se traduce en el mejoramiento de la calidad de existencia de los receptores, y en ocasiones, incluso, en una nueva oportunidad de vida para ellos. Sin embargo, en el país aún tenemos bajos niveles de donación provenientes de donantes fallecidos: para 2010, el número de donaciones entre nosotros fue de 3 por millón de habitantes, en tanto que en Estados Unidos de América tuvieron lugar 25 por millón y en España se dieron 32 por millón. 1 Sin duda, es mucho lo que falta por hacer en materia de información, difusión y educación, para consolidar en México la cultura de donación de órganos y tejidos.

Los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas han repercutido favorablemente en el tema, pues ahora es factible, a través de trasplantes de órganos y tejidos provenientes de donadores vivos o cadavéricos, prolongar en mejores condiciones la vida de muchos enfermos. Empero, es necesario perfeccionar nuestro marco jurídico para que la escasez de donaciones deje de ser un problema en este proceso.

Con base en los datos estadísticos del Registro Nacional de Trasplantes, hasta el 9 de abril del año en curso, 15 mil 812 personas 2 requerían un trasplante en la República Mexicana: 8 mil 281 de ellas esperaban un trasplante de riñón; 7 mil 128 más un trasplante de córnea; 341 un trasplante de hígado; 41 un trasplante de corazón; 10 un trasplante de riñón y páncreas; 5 uno de páncreas; 4 un trasplante de pulmón; una persona un trasplante de hígado y riñón; y una más un trasplante de corazón y riñón. Del 1 de enero al 9 de abril del presente año, en el país se llevaron a cabo mil 255 trasplantes, 3 distribuidos de la forma siguiente: 650 de córnea, 571 de riñón, 26 de hígado, 7 de corazón, además de 1 de riñón y páncreas. Tal como puede apreciarse, la diferencia entre lo necesario y lo obtenido es enorme, y la tendencia ha sido la misma durante años.

A la fecha, no hay en México estadísticas disponibles que nos permitan conocer algunas cuestiones específicas relacionadas con los trasplantes, como es el caso, por ejemplo, del número de personas que fallecen y cuyos órganos o tejidos hubiesen sido susceptibles de donación.

La carencia de cifras y estadísticas confiables es un problema que afecta este aspecto de la salud en México, y debe ser atendido para establecer políticas que correspondan a las necesidades de los mexicanos.

Ante la falta de datos en el medio, valga, sólo como referencia, la información de que en 2005 en Estados Unidos de América hubo 5 mil 498 decesos de personas que pudieron ser donadores, y cuyo fallecimiento representó la cantidad de 17 mil órganos potencialmente disponibles para trasplantes, que finalmente no pudieron ser procurados para ese fin. 4

En todo caso, es importante tener conciencia de los mexicanos enfermos que, inscritos o no en una lista de espera, sobrellevan condiciones precarias de vida, ven mermada la calidad de su existencia debido a deficiencias orgánicas o incluso mueren esperando un trasplante; personas que día con día enfrentan el drama de la necesidad insatisfecha, de la incertidumbre y la zozobra.

Así pues, parte fundamental del reto consiste en incrementar tanto como sea necesario el número de donadores de órganos y tejidos, en vida o después del fallecimiento, con la idea adicional de que se trata de un derecho que empodera a quien decide hacer una donación para mejorar o salvar la vida de otros.

Sin duda, la donación y el trasplante son temas de complejidad mayúscula que tienen facetas jurídicas, éticas y sociales, y que requieren la participación plena de los poderes públicos, pero también de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Respecto a la donación de órganos y tejidos para después del fallecimiento, un aspecto crucial radica en la manifestación de la voluntad de las personas, es decir, en el consentimiento, que es elemento toral para llevarla a cabo. La decisión del donante es en este caso lo prioritario, y existen dos maneras distintas de exteriorizar dicha determinación.

Se tiene por un lado el consentimiento expreso o explícito , en el cual la persona manifiesta en vida, verbalmente o por escrito, el deseo de que sus órganos y tejidos sean empleados con propósitos terapéuticos; y por otro, el consentimiento tácito o presunto , en cuyo caso es posible disponer de los componentes de un ser humano si en vida no dejó constancia expresa de oponerse a la donación.

Por supuesto, ambas vertientes consideran diversas posibilidades, como es el caso de la participación de familiares del posible donante para definir en última instancia lo que se hará.

De cualquier forma, hace falta dar mayor relevancia al consentimiento del donador, pero en términos de un consentimiento informado, con el claro propósito de honrar la autonomía de su voluntad y favorecer su derecho a la autodeterminación. 5

En relación con lo anterior, el precepto 321 de la Ley General de Salud establece que la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su fallecimiento, se disponga de su cuerpo o cualquiera de sus componentes para trasplantes. Como puede verse, la Ley General de Salud considera ambos tipos de consentimiento para efectos de donación.

Así, los artículos 322 y 323 de la ley en comento regulan la donación expresa, mientras el numeral 324 se refiere al consentimiento tácito cuando el donante no haya expresado su negativa a la utilización de su cuerpo o componentes para trasplantes, no obstante, dicho consentimiento tácito está sujeto a la aprobación de los disponentes secundarios (familiares), lo cual resulta confuso, incluso contradictorio.

En efecto, al requerirse el consentimiento de los disponentes secundarios para proceder a la utilización de los llamados componentes anatómicos, se corre el riesgo de contravenir la decisión de los donantes fallecidos, vulnerando la autonomía de su voluntad y su derecho a la autodeterminación.

Ello hace evidente la necesidad de garantizar que prevalezca la determinación del donante después de su muerte.

La presente iniciativa tiene como uno de sus propósitos enaltecer la decisión de quien en vida decide dar una parte de sí para beneficio de los demás, como un acto altruista, desinteresado, solidario, como inequívoca expresión de su dignidad humana, y que consecuentemente merece el reconocimiento y el respeto de la comunidad a la que pertenece.

Lo anterior, aunado a la suscripción de documentos expresos que sean válidos ante cualquier autoridad o institución de salud tendrá, además, como consecuencia, el aumento en el número de las donaciones, para después de la muerte, de órganos y tejidos, con los beneficios múltiples que esto puede acarrear.

Cierto es que hace falta mucho para alcanzar los niveles deseados de donación para trasplantes entre nosotros, sin embargo, es preciso explorar mecanismos viables, como dotar de eficacia jurídica plena a los documentos oficiales de donación, para después de la muerte, que expiden tanto el centro nacional como los estatales de trasplantes, a efecto de que dichos documentos sean elementos que contribuyan a incrementar los índices de donación en México.

Lo anterior, siempre que los documentos referidos cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes, y contengan, además, los nombres y la firma o huella dactilar de dos familiares. Esto último, con la finalidad de que dichos familiares conozcan de antemano la voluntad del disponente y, en su momento, apoyen el respeto a la decisión altruista del donador.

Adicionalmente, ante la elevada incidencia de casos en los cuales el paciente presenta muerte cerebral, en establecimientos de salud que carecen de autorización sanitaria para la disposición de órganos y tejidos, y en los cuales existe consentimiento de donador o disponentes secundarios para ello, resulta necesario incorporar un precepto que especifique una doble obligación: en primer término, la de los establecimientos de salud para comunicar de inmediato la existencia de un donador; y en segundo lugar, la del Centro Nacional de Trasplantes para tomar las medidas que se requieran, incluidas las de transportación por cualquier medio, a efecto de proceder a la obtención, extracción, análisis, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos, con fines terapéuticos.

Asimismo, para favorecer la acción diligente se establecen plazos máximos de tiempo, tanto para llevar a cabo labores de procuración en hospitales, como para resolver sobre la disposición de órganos y tejidos.

Con lo anterior se pretende evitar la pérdida de la gran cantidad de órganos, tejidos y células idóneos para trasplantes, que en la actualidad se desaprovechan, buscando contribuir de esta forma en el incremento de los trasplantes provenientes de donantes cadavéricos, con los consecuentes beneficios para tantas personas que se encuentran a la espera de ellos.

La propuesta para ubicar esta adición a la Ley General de Salud sería en el capítulo III, “Trasplantes”, en el artículo 336 Bis. El precepto 336 se refiere a los criterios para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, mientras que el 337 establece que los concesionarios del transporte otorgarán las facilidades para el traslado de órganos y tejidos para trasplantes, entre otras cuestiones.

La presente iniciativa reforma diversos artículos de la Ley General de Salud. Se somete a consideración del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 322 y adiciona el 336 Bis de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 322 y se adiciona el 336 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 322. Tendrá plena validez jurídica el documento oficial expedido por el Centro Nacional de Trasplantes o por los centros estatales de trasplantes, mediante el cual una persona haga donación expresa de órganos y tejidos, para después de su muerte, cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes, y contenga, además, los nombres y la firma o huella dactilar de dos familiares, en caso de tenerlos.

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación.

Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.

La voluntad expresa del donante prevalecerá siempre, aun sobre la de sus familiares.

La donación expresa constará por escrito y será amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá modificar o revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte, mediante escrito firmado que cumpla con los elementos contenidos en el documento suscrito originalmente para donar.

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que deberán manifestarse en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, se estará a lo previsto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Artículo 336 Bis. Los establecimientos de salud que no cuenten con la licencia sanitaria referida en el artículo 315 para realizar actividades de extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células, y que cuenten con un donador que haya perdido la vida, así como su consentimiento expreso para donar o bien con la autorización de los disponentes secundarios conforme a lo estipulado por esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, deberán comunicarse al Centro Nacional de Trasplantes para que éste autorice a uno o más equipos médicos pertenecientes a establecimientos de salud externos que cuenten con licencia sanitaria para realizar extracción y trasplantes de órganos y tejidos, con el propósito de que se desplacen a las instalaciones del establecimiento sin licencia para extraer los órganos y tejidos donados.

Esta autorización temporal tendrá una vigencia de hasta 24 horas con el fin de que dichos equipos de extracción lleven a cabo esta acción, trasladando consigo los órganos y tejidos en condiciones de ser trasplantados en sus instalaciones, a sus pacientes inscritos con al menos quince días hábiles de anticipación en el Registro Nacional de Trasplantes y en estricto cumplimiento de las disposiciones legales al respecto.

Serán responsabilidad del Registro Nacional de Trasplantes la búsqueda, identificación y asignación del equipo o equipos de extracción que acudirán por los órganos y tejidos, de conformidad con los criterios de asignación descritos en el artículo 336, esta tarea deberá ser realizada con celeridad.

En el caso de que el Registro Nacional de Trasplantes no asigne equipos de extracción en un lapso de 2 horas, la institución de salud donde se encuentra el donante fallecido podrá acudir al Centro Estatal de Trasplantes que le corresponda, a fin de que éste identifique equipos con licencia sanitaria para extracción y trasplante dentro o fuera de la entidad federativa, que puedan realizar la disposición de los órganos y tejidos donados y evitar la pérdida de éstos.

En el supuesto de que uno o más equipos de extracción lleven a cabo varias veces la extracción de órganos y tejidos donados, en el mismo establecimiento sin licencia de extracción, dicha institución podrá celebrar un convenio de colaboración con los hospitales a los que pertenecen los equipos de extracción, para con ello asegurar que sean estos equipos los que acudan en todos los casos. Este convenio deberá contener la aprobación y firma de su Comité Interno de Coordinación. Seguirá siendo responsabilidad del Centro Nacional de Trasplantes expedir la autorización temporal de la extracción de manera expedita.

Transitorio

Único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Notas

1 Council of Europe, Matesanz, Rafael (ed.). Newsletter transplant 2011 , international figures on organ, tissue & hematopoietic stem cell donation & transplantation activities; documents produced by the Committee of Experts on the Organizational Aspects of Cooperation in Organ Transplantation (2010), Madrid, Aula Médica Ediciones, 2011.

2 Datos al 9 de abril de 2012, Registro Nacional de Trasplantes. Fuente: http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html

3 Ídem.

4 Datos tomados de National Conference of Comissioners on Uniform State Laws. “Revised Uniform Anatomical Gift Act (2006) (last revised or amended in 2009)”, Chicago, NCCUSL, 2006.

5 Cfr. Centro Internacional de Salud, Derecho y Ética, Facultad de Derecho, Universidad de Haifa, Israel, Cátedra UNESCO de Bioética, “Consentimiento informado”.

Sede de la Comisión Permanente, a 13 de junio de 2012.

Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Salud. Junio 13 de 2012.)

Que adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley Agraria, recibida del diputado Edgardo Chaire Chavero, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2012

El que suscribe, Edgardo Chaire Chavero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y demás artículos relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley Agraria, al tenor de lo siguiente:

La presente iniciativa, de reforma de la Ley Agraria, pretende garantizar el derecho de recibir alimentos a los hijos menores de edad y mayores con discapacidad de los ejidatarios que pierdan la vida.

Exposición de Motivos

Uno de los temas más discutidos en materia agraria y que en la práctica resulta de los más delicados es sin duda la sucesión en materia agraria pues, a diferencia del derecho común, el agrario tiene principios rectores propios. De acuerdo con el autor Isaías Rivera, el ejido es una sociedad mexicana de interés social, integrada por campesinos mexicanos, o sea, una sociedad reconocida a escala constitucional, así como la propiedad del núcleo de población sobre las tierras de que ha sido dotado o las que hubiera adquirido por cualquier otro título. Es decir, para efectos de la sucesión lo único que se trasmite son esos derechos reconocidos por la asamblea o por resolución jurisdiccional, sin que ningún derecho no reconocido puede ser susceptible de transmisión por herencia.

El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederlo en sus derechos sobre la parcela y los demás derechos inherentes a su calidad de ejidatario. Para nombrar sucesor basta que formule una lista de sucesión y el orden de preferencia conforme al cual deban adjudicarse sus derechos. Esta lista se deposita en el Registro Agrario Nacional o se formaliza ante notario público; puede ser revocada y será válida la de fecha posterior.

Los elementos sobre los que recae la sucesión en materia agraria son principalmente los derechos parcelarios, derechos sobre las tierras de uso común en su calidad de ejidatarios y respecto de la capacidad agraria individual y los bienes que abarca ésta.

Los derechos que tiene el ejidatario sobre sus parcelas, el uso común y el solar de la zona de asentamientos humanos no se puede dividir, sólo el sucesor tendrá derechos absolutos sobre toda la unidad de dotación.

El derecho agrario en materia de sucesiones es único e indivisible, pues no pueden dos personas ser declaradas válidamente como sucesores respecto a los derechos que abarca la sucesión (Escobar Guerrero José. Revista electrónica Ex Lege, Universidad La Salle; puede verse en http://bajio.delasalle.edu.mx/revistas/derecho/numero_6/docentes_jose_g uerrero.html).

Lo anterior, en virtud de que la propiedad sobre los bienes ejidales corresponde al ejido; y los derechos de usufructo, a los ejidatarios. Esto constituye el factor fundamental que impide que un ejidatario pueda habilitar a varios sucesores para que adquieran fracciones de parcela.

De ahí que la cláusula que se anota en el testamento público abierto como herederos universales de todos sus bienes, derechos y acciones que tenga en el momento de su fallecimiento a todos sus herederos por partes iguales carezca de valor para los derechos agrarios y sólo aplique para los bienes del autor de la sucesión que estén regulados por el derecho civil.

El hecho de que pueda haber sólo un heredero de los derechos ejidales deja fuera de este beneficio a personas, primordialmente familiares del ejidatario occiso, que igualmente tendrían derecho a heredar, incluidos los que dependían del producto del trabajo de las tierras para subsistir, como pueden ser los hijos menores de edad o los mayores con alguna discapacidad que les impida allegarse por medios propios de los bienes necesarios para su subsistencia.

La Ley Agraria de 1942 no indicaba que en la lista de sucesión tenían que estar la mujer y los hijos, sino que otorgó al ejidatario la libre facultad de designar heredero de entre las personas que dependieran económicamente de él aunque no fueran sus parientes.

Posteriormente, en la ley de 1971 se estableció la sucesión legítima en favor de la familia propia del ejidatario, no sólo para la testamentaria, sino también para el intestado, y se reafirmó expresamente la obligación de que quien heredara estaba obligado a sostener a la familia que dependía del fallecido.

Lamentablemente, esta última disposición no fue recogida en la Ley Agraria vigente, lo que ha generado que se deje en total estado de desprotección a personas en situación de vulnerabilidad.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece el principio del interés superior de la infancia como una garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra.

La convención identifica además el interés superior con la satisfacción de los derechos; y, lo ha elevado al carácter de norma fundamental, con un papel jurídico definido que se proyecta más allá del ordenamiento, orientando el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.

El citado instrumento internacional dispone el derecho de niños y de adolescentes a la protección y el cuidado necesarios para su bienestar.

La Carta Magna establece en el artículo 4o. la obligación del Estado de velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, así como el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como la obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos y la del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El mismo precepto constitucional dispone también que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

El artículo 308 del Código Civil Federal dispone que los alimentos comprenden la habitación, la comida, el vestido, la asistencia médica en caso de enfermedad y, además, respecto a los menores, también comprenden los gastos de educación para proporcionarles un oficio o profesión honestos de acuerdo con sus circunstancias personales.

Tesis aislada

[TA]; sexta época; Tercera Sala; SJF; cuarta parte, LX; página 20

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social.

Por tanto, el derecho a recibir alimentos es irrenunciable y no puede ser objeto de transacción. De esa forma, la obligación alimentaria nace como un derecho protegido, incluso contra la voluntad del propio titular, ya que nace por la necesidad que tiene el acreedor alimentista de subvenir a sus necesidades más elementales para su subsistencia. En virtud de que, como ha quedado asentado, niños y adolescentes tienen derecho a recibir alimentos, así como que, en el caso particular de la sucesión en materia agraria, en razón de su característica de indivisibilidad, sus derechos mismos pueden verse vulnerados, consideramos indispensable llevar a cabo una reforma de la Ley Agraria en la que se recupere la disposición de la Ley Agraria de 1971, en el sentido de que quien herede esté obligado a proporcionar alimentos a los hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidad del ejidatario.

Con base en lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley Agraria

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

...

En todos los casos en que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión, el heredero estará obligado a proporcionar el porcentaje de los productos de la unidad de dotación que al efecto determine el Tribunal Agrario, por concepto de alimentos, a los hijos del ejidatario fallecido que sean menores de edad o que tengan alguna discapacidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 13 de junio de 2012.

Diputado Edgardo Chaire Chavero (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Junio 13 de 2012.)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, recibida del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2012

Planteamiento del problema

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es uno de los principales embriones intelectuales de nuestro país. Es una institución que cuenta con una gran tradición académica en México y desde su fundación en el año de 1917, en el estado de Michoacán, ha dejado un enorme legado en el terreno cultural, económico, social y político de nuestro país. Institución pública que se consolido atravesando por una evolución compleja desde su creación en 1540 hasta su integración en el año 1917, relacionada a los procesos históricos de nuestro país.

Como se ha mencionado, la también conocida como Universidad Nicolaíta, fundada desde el año 1540 en la ciudad de Pátzcuaro por el ilustre don Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, jurista de gran prestigio que poseía una excelente formación de cánones en teología y dogmática con un plan de estudios que incluía gramática latina y teología moral disciplinas importantes dentro del estudio del derecho, tenía el objetivo de constituir una institución que le permitiera formar grades estudiosos en el terreno de su jurisdicción, siendo el origen de tan distinguida instauración muy exitoso en lo académico desde sus inicios, puesto que era considerado el laboratorio donde se aprendía el español, el latín y posiblemente el griego y el hebreo, lugar en que los españoles aprendían las lenguas indígenas de la región, lo que nos habla de la importancia del mismo en la evangelización y en la difusión del conocimiento, no sólo entre los españoles, sino también entre otros grupos sociales en que se recibían alumnos peninsulares, criollos, mestizos e indígenas.

La Universidad Michoacana comprende entre sus antecedentes más relevantes al inicio de su creación, su traslado a la ciudad de Valladolid en el año 1580 surgiendo algunas vicisitudes relacionadas con la corriente ideológica que debía mantener esta institución. La participación y el apoyo de grandes obispos como Fray Alonso Guerra y Fray Juan de Zumarraga, quienes desde 1590 trabajaron convirtiendo al Colegio de San Nicolás en un seminario tridentino en la que participaron las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España, siendo durante esta época el segundo colegio real que durante el periodo colonial era el más antiguo, donde ya se impartían temas como “teología moderna, problemas de alta economía, comentarios de literatura francesa y española”.

Una vez consumada la independencia de México, y dada la etapa de consolidación a consecuencia de dicho movimiento, se logra establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917, formada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, la Superior de Comercio y Administración, la Normal para Profesores, Normal para Profesoras, la de Medicina y Jurisprudencia, además de la biblioteca pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y el observatorio meteorológico del estado.

De lo anterior, se destaca que la creación y fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo respalda el esfuerzo de la sociedad mexicana y del gobierno michoacano para dar acceso a la educación superior, científica, tecnológica y social de carácter público y que en la línea de nivel educativo que posee y exige nuestro país es de igual relevancia y trascendencia en la historia y desarrollo de México, es decir, cuenta con la estructura y herramientas educativas que al igual que otras instituciones públicas a nivel superior sostienen en el funcionamiento de su actividad y que han sido ampliamente reconocidas por esta honorable Cámara de Diputados, así como de otras instituciones nacionales e internacionales.

Argumentación

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a casi 100 años de su creación, y 472 años de su origen como institución educativa mantiene vigente el lema “Cuna de Héroes, Crisol de Pensadores”, cuyo escudo representa armonía en el saber, la paz y la victoria, conceptos que muestran la mística vigente de sus orígenes. Es la más antigua del conjunto de Universidades Públicas Estatales que desde su creación adopto la autonomía como rasgo fundamental de la actividad universitaria, sirviendo de modelo al resto de las instituciones de educación superior.

Es importante destacar que durante el gobierno carrancista se retoman en consideración las posturas de los grupos de estudiantes y legislaturas que trataban la importancia de contar con una institución que permitiera a los jóvenes michoacanos terminar sus estudios sin la necesidad de irse a estudiar a la capital del país, cuestión que da origen al compromiso de trabajar y retomar la lucha por el reconocimiento de tan ilustre universidad, dando con posterioridad la creación de un ordenamiento formalmente definido para dar sustento al funcionamiento de la actividad educativa.

La creación de la Universidad Michoacana se liga a los objetivos nacionales de formar profesionales que con la nación mexicana se entrelace el compromiso de coadyuvar al progreso y desarrollo de nuestro país en todos sus sectores con la posición vanguardista en la ciencia y en la tecnología, refrendando el compromiso de contribuir a la formación de una sociedad que cuente con recursos humanos altamente capacitados y con disposición de realizar un servicio con calidad de aportación y mejora a nuestro país en todos sus campos, uniéndose a otras instituciones para dar mejor aportación en los sectores científicos, tecnológicos y sociales en beneficio de la nación.

En cuanto a los méritos y beneficios es importante destacar que la preparación de los estudiantes y de los grupos indígenas a quienes también se les ha brindado apoyo desde el origen de la Universidad mediante los programas académicos, es el de emancipar la ignorancia y mejorar el nivel de vida, así como de quienes al igual que otros estudiantes que no tienen la oportunidad de contar con estudios por la falta de recursos y circunstancias varias puedan formar parte de tan honorable institución con el compromiso de hacer frente a la responsabilidad educativa como estudiantes y como ciudadanos mexicanos.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la máxima casa de estudios superiores en el Estado de Michoacán con oferta educativa de mayor cobertura en la preparación y formación de profesionistas competentes, cultos, participativos, honestos con identidad nicolaíta que cuentan con la capacidad de atender la problemática de su entorno aportando a las diversas áreas del conocimiento la solución a problemas sociales. Institución que se encuentra integrada en el Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex) a nivel nacional y que ocupa el cuarto lugar en el mismo nivel, de contar con profesores de tiempo completo en el Sistema Nacional de Investigadores.

En cuanto a la trascendencia y aportación a nuestro país, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con una estructura orgánica completamente definida que ha dado sustento al adecuado funcionamiento en la actividad de contribución en el desarrollo de nuestra nación en el campo de la gestión pública como se destaca en el “Premio a la Innovación en Transparencia para la mejora de la Gestión Institucional”, cuyo propósito ha sido que se identifique, difunda y reconozca a nivel nacional e internacional el intercambio de las mejores experiencias e innovaciones que las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal, estatal y municipal, las dependencias de los poderes legislativos y judiciales de la federación y de las entidades federativas, así como de los organismos autónomos federales y locales llevan a cabo para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la transparencia en la gestión pública.

Asimismo, es meritorio enfatizar que en tan ilustre universidad destacan grandes humanistas y notables personajes ligados con la Independencia Nacional que fueron alumnos y profesores del colegio, como lo fueron Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, José María Izazaga, José Sixto Verduzco, Ignacio López Rayón., Jesús Romero Flores, Pascual Ortiz Rubio e Isaac Arriaga, lo que hace de esta universidad un mayor reconocimiento por la aportación de personajes tan distinguidos para el progreso educativo y social de nuestro país que a su vez impulsaron el incremento del saber de los acontecimientos pasados y actuales colocándoles como los principales impulsores de la educación de las clases que iniciaron durante la independencia.

En cumplimiento al deber público de garantizar el acceso a la educación laica, gratuita y de calidad como lo establece la ley suprema en que la federación debe proporcionar a las universidades públicas los recursos necesarios que les permitan dar cumplimiento sustantivo a sus funciones, la Universidad Michoacana no ha tenido reciprocidad financiera por parte de nuestro país. Sin embargo, ha crecido con creces en el adecuado funcionamiento de sus actividades, demostrando ser una institución con pertinencia social que ofrece calidad por la tradición que le protege colocándola bajo un grado de eminencia que debe ser valorado y reconocido justamente.

Una relevancia más de esta institución es que se convirtió en su momento en la primera universidad autónoma de América, en la que además grandes gobernadores del país son nicolaítas.

Con base en los planteamientos expuestos, se considera justo el valorar la trascendencia histórica y social que respalda el funcionamiento y transformación de una institución basada en principios educativos sustentables que se ha sumado al esfuerzo nacional en el progreso de México.

Sujetándonos a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia y en atención a los criterios que en la ley se tiene establecidos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es meritoria de que en esta honorable Cámara de Diputados se inscriba en letras de oro Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, y 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de

Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Único. Inscríbanse con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se instruye a la Comisión de Régimen, Reglamentos, y Prácticas Parlamentarias la ceremonia correspondiente.

Dada en la sede de la Comisión Permanente.- México, DF, a 13 de junio de 2012.

Diputado Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Junio 13 de 2012.)

Que adiciona diversas disposiciones a las leyes de Seguridad Nacional, Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad de los titulares de los órganos del poder público, recibida del diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del PVEM, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2012

Exposición de Motivos

Problemática

La ausencia de cualquiera de los titulares de los órganos del poder público, sea el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el presidente del Congreso de la Unión, podría generar un vacío en detrimento del buen despacho de la función pública.

México se ha caracterizado porque la gobernabilidad sea un proceso resultante de la transición ordenada del poder político. Asegurarla es una prioridad de cualquier gobierno democrático, por ello se propone que el titular del Poder Ejecutivo federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Congreso de la Unión, así como secretarios integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, no se coloquen en situaciones que pudieran poner en riesgo, de forma simultánea la vida, como sería viajar a bordo del mismo vehículo, aeronave o embarcación. Lo anterior, con el fin de asegurar el normal funcionamiento del Estado.

Argumentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 49 que el Poder Público del Estado se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el cual de acuerdo con la teoría de la división de poderes constituye un sistema de pesos y contrapesos para establecer un equilibrio que impida el ejercicio abusivo por parte de alguno de sus órganos.

La complejidad de la vida política, social y económica de México exige una cooperación, cada vez mayor, entre los titulares del poder público.

Un Estado democrático moderno se caracteriza por la concurrencia de los órganos del poder público en la conformación de la voluntad del Estado.

La Constitución federal establece en diversos preceptos la participación de dos órganos del poder público para la realización de un acto estatal complejo, o bien, como control discrecional y unilateral de un órgano estatal sobre otro.

A manera de ejemplo, el Poder legislativo concurre con el presidente de la República en el nombramiento de funcionarios del Estado e incluso en el nombramiento de los miembros del titular del Poder Judicial de la Federación, tal como lo disponen las fracciones II y VII del artículo 76 de la Constitución federal.

La intervención del Poder Legislativo en el nombramiento de altos funcionarios de la administración pública federal, constituye la instrumentación de un control del primero sobre el Ejecutivo, a fin de evitar la concentración de poder y distribuir las diferentes funciones estatales entre los titulares de los diferentes órganos del poder público.

Por su parte, las funciones que desempeña la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contribuyen a mantener el orden jurídico y la normalidad constitucional de las relaciones entre los poderes y los órganos de gobierno de los tres niveles, así como de las relaciones del propio poder público con los gobernados.

Es de suma importancia que órganos que conforman cada uno de los poderes mantengan su debida integración en todo tiempo, a fin de garantizar su funcionamiento dentro del marco constitucional y legal que les rige.

Las funciones que la Constitución federal y las leyes expedidas por el Congreso de la Unión confieren a los órganos del poder público son fundamentales para el funcionamiento del Estado, si hoy se viera amenazada la estabilidad política nacional, la convivencia pacífica y armónica de la sociedad se pondría en riesgo.

México se ha caracterizado porque la gobernabilidad sea un proceso resultante de la transición ordenada del poder político. Asegurarla es una prioridad de cualquier gobierno democrático. La ausencia de cualquiera de los titulares de los órganos del poder público, sea el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del presidente del Congreso de la Unión, podría generar un vacío de poder.

Para evitarlo nuestro orden jurídico nacional prevé diversos procedimientos para la sustitución en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la República (artículos 84 y 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), de los presidentes de las Mesas Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados (artículos 19 y 63 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos), así como del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículos 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 96 y 98 constitucionales).

Tratándose del presidente de la República, la Carta Magna dispone en términos generales que, en caso de falta absoluta del presidente de la república, ocurrida en los dos primeros años del período respectivo, corresponde al Congreso de la Unión erigirse en Colegio Electoral para nombrar un presidente interino y convocar a elecciones para elegir a quien deba concluir el período respectivo. Asimismo, establece que cuando la falta de presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, el Congreso de la Unión designará al presidente substituto que deberá concluir el período.

En este supuesto, el Congreso se reúne en sesión conjunta para tratar la sustitución presidencial y corresponde al presidente de la Cámara de Diputados presidir al Congreso, en términos del artículo 5o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto a las ausencias del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé que si fueren mayores a veintiún días en periodos de sesiones o de cuarenta y cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará la designación del “vicepresidente en funciones de presidente” y se considerará vacante el cargo hasta la elección correspondiente, para cumplir con el periodo para el que fue elegida la Mesa Directiva.

Tratándose de las ausencias mayores a seis meses del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros que la integran nombrarán a un nuevo presidente para que ocupe el cargo hasta el fin del período (artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación).

De lo expuesto, se colige que el orden jurídico nacional prevé mecanismos para la sustitución de los presidentes de los diferentes órganos del poder público, por muerte u otra causa de separación definitiva, incluso en algunos supuestos con la participación de dos o más poderes. Sin embargo, el Poder Constituyente no vislumbró la probabilidad de que de forma simultánea y por caso fortuito se diera la ausencia definitiva de dos o más titulares de los órganos del poder público.

Ante ese escenario, la presente iniciativa tiene como propósito evitar que por cualquier eventualidad y de forma simultánea quedase acéfala la presidencia de la República, la presidencia del Congreso de la Unión o la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La falta temporal o definitiva de dos o más miembros que encabezan cada uno de los Poderes de la federación pondría en riesgo el buen ejercicio de la función pública, en detrimento de los gobernados, por lo que se propone adicionar el artículo 8 Bis a la Ley de Seguridad Nacional para que a través de vías institucionales se evite una crisis política, con el fin de mantener el orden constitucional y salvaguardar el normal funcionamiento del Estado.

En consecuencia, se propone que los presidentes de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Congreso de la Unión no se coloquen en situaciones que pongan en peligro su vida de forma simultánea, como sería el traslado vía aérea, terrestre o marítima para el cumplimiento de actividades oficiales o privadas, sin perjuicio de las excepciones que la propia ley prevea.

En síntesis, con la presente iniciativa se pretende mantener el régimen normal de separación de poderes para evitar una crisis política que pudiera derivar de la falta simultánea de quienes presiden los órganos del poder público, sea ejecutivo, legislativo o judicial, por circunstancias imprevisibles como el accidente de un vehículo en el que viajaran de forma simultánea para atender algún acto oficial o privado.

Circunstancias que ya se han presentado a nivel nacional e internacional, como fueron los accidentes aéreos ocurridos en México el 4 de noviembre de 2008 y en Polonia el 10 de abril del 2010.

El 4 de noviembre de 2008 falleció el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien viajaba acompañado de José Luis Santiago Vasconcelos, secretario técnico para la implementación del Sistema de Justicia Penal y otros servidores públicos de la propia dependencia, como José Miguel Monterubio Cubas, director de Comunicación Social; Arcadio Echeverría Lanz, coordinador de Eventos y Administración; Norma Angélica Díaz Aguiñiga, directora de Información. El deceso ocurrió cuando el avión donde viajaban, procedente de San Luis Potosí, se desplomó en la Ciudad de México. Los funcionarios públicos habían asistido a la firma del acuerdo para la legalidad y la justicia en ese Estado.

El caso más reciente es el de José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, quien acompañado de el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Felipe Zamora; el director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Alfredo García Medina; la secretaria técnica de la oficina del referido secretario, Diana Sánchez; el teniente mayor René de León Sapien, los tenientes de la Fuerza Aérea Felipe Cortés y Pedro Ramón Escobar, así como el sargento Jorge Luis Juárez Gómez, quienes fallecieron a causa del desplome de un helicóptero del Poder Ejecutivo el día 11 de noviembre del 2011. (http://www.eluniversal.com.mx/nacion/190749.html)

A nivel internacional, se encuentra un caso que además de lamentable, resulta ilustrativo de lo que se pretende prevenir con la presente iniciativa. El 10 de abril del 2010, el presidente de Polonia Lechkaczynski, perdió la vida junto con 96 personas más, entre las que se encontraban: Ryszard Kaczorowski, ex presidente de Polonia; Jerzy Szmajdzinski, vicepresidente del Parlamento; Krzysztofputra, vicepresidente del Parlamento (Partido Ley y Justicia); Andrzej Kremer, viceministro de Exteriores; Franciszek Gagor, jefe del Ejército de Polonia; Bronislaw Kwiatkowski, jefe de operaciones de las fuerzas armadas; Andrzej Blasik, jefe de operaciones de las fuerzas aéreas; Tadeusz Buk, jefe de operaciones del ejército de tierra; Wlodzimierz Potaskinski, jefe de operaciones especiales; Andrzej Karweta, jefe de operaciones del ejército marítimo; Slawomir Skrzypek, gobernador del Banco Central Polaco y Janusz Kochanowski, representante de los derechos de los ciudadanos, al caer el avión en el que viajaban, cerca de la ciudad rusa de Smolensk.

Los casos mencionados muestran claramente la probabilidad de que ocurran desafortunados decesos simultáneos de quienes desempeñan importantes funciones dentro del Estado. Por ello, es importante contar con reglas claras que garanticen un orden político estable y permanente en beneficio de gobernados y gobernantes y que permitan la debida integración de los diferentes órganos del poder público para garantizar el buen despacho de los asuntos que les competen, pero sobre todo porque es de interés general que las instituciones públicas funcionen bajo la normalidad que se requiere para la permanencia del Estado.

De igual forma y con el fin de mantener la integridad, estabilidad política e institucional del Estado Mexicano, en el segundo párrafo del artículo 8 Bis que se propone adicionar se establece quelos titulares de las dependencias de la integran el Consejo de Seguridad Nacional, como sería el caso de los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Gobernación y el titular de la Procuraduría General de la República, entre otros que forman parte de dicho consejo, no deberán trasladarse de forma simultánea en vehículos terrestres, aéreos o embarcaciones, en cumplimiento de actividades oficiales o privadas o colocarse en situaciones que de forma simultánea pongan en riesgo la vida, salvo los casos que por disposición de la ley deban actuar de manera conjunta como la celebración de reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública o intersecretariales.

Lo anterior, sin menoscabo del reconocimiento de la importante labor que desempeñan todas y a cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, sólo que con la presente iniciativa se busca destacar la trascendencia que corresponde a quienes realizan acciones orientadas a preservar la seguridad nacional.

Por lo que se refiere al Poder Legislativo, en tratándose del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le corresponde presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las de la Comisión Permanente; así como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se integra con el presidente de la Cámara y los miembros de la Junta de Coordinación Política y tiene entre sus funciones establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y deliberaciones.

Al presidente de la Junta de Coordinación Política le corresponde velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten y poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos criterios para la elaboración del programa de cada periodo de sesiones, el calendario para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del pleno.

Por las razones expresadas en la presente iniciativa, también se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer que en ningún caso podrán viajar de forma simultánea en la misma aeronave, embarcación o vehículo, los presidentes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en razón de las importantes funciones que desempeñan dentro del Poder Legislativo, igual regla se establece para el caso de la Cámara de Senadores.

Fundamentación

Artículos 71 fracción II y 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se, adiciona la fracción VII al artículo 3; se adiciona la fracción XIII al artículo 5 y se adiciona el artículo 8 Bis, todos a la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a IV. ...

V. ...;

VI....; y

VII. El resguardo y la seguridad del presidente de la República, el presidente del Congreso de la Unión y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los titulares de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.

Artículo 5. ...

I. a X. ...

XI. ...;

XII ...; y

XIII. Actos que atenten en contra del presidente de la República, el presidente del Congreso de la Unión o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en contra de los titulares de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional;

Artículo 8 Bis. Con el fin de garantizar el mantenimiento del orden constitucional y la normalidad en el ejercicio del poder público del Estado, el presidente de la República, el presidente del Congreso de la Unión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Secretario de Gobernación, no deberán colocarse en situaciones que de forma simultánea pongan en riesgo la vida, ni podrán trasladarse de forma simultánea a bordo del mismo vehículo, aeronave o embarcación, salvo los casos que se establezcan en otras las leyes.

Tampoco deberán colocarse en situaciones que de forma simultánea pongan en riesgo la vida, ni podrán trasladarse de forma simultánea a bordo del mismo vehículo, aeronave o embarcación más de tres titulares de las dependencias de la administración pública federal que integren el Consejo de Seguridad Nacional, salvo los casos que por disposición de la ley, deban actuar de manera conjunta.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 13 Bis Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 13 Bis. Con el fin de garantizar la normalidad en el ejercicio de la atribuciones que corresponden a los órganos de gobierno del Congreso de la Unión, en ningún caso podrán viajar de forma simultánea en la misma aeronave, embarcación o vehículo, los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 13 de junio de 2012.

Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Junio 13 de 2012.)

Que reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación, recibida del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2012

El que suscribe, diputado Juan José Cuevas García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 116 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo 57 de la Ley General de Educación, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

Cabe mencionar que, la educación constituye un derecho que el Estado debe garantizar; sin embargo, la función educativa de las instituciones particulares coadyuva de manera importante en esta tarea.

Al respecto se ha señalado que: “El acelerado crecimiento demográfico de nuestro país en las últimas décadas, ha dificultado la tarea del aparato educativo del Estado, por lo cual la cooperación de los particulares, aunque limitada a ciertas escalas sociales y en ámbitos precisos, ha colaborado también en la solución de apremiantes necesidades de oferta educativa y ha generado una diversificación útil y necesaria.” 1

Las instituciones educativas particulares, de acuerdo con la Ley General de Educación, forman parte del sistema educativo nacional, por lo cual deben impartir educación de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar.

En pocas ocasiones se comenta el significado de la educación privada para el sistema educativo y sus implicaciones para la calidad o la equidad social. Sin embargo, el notable crecimiento de su matrícula en las últimas décadas, sobre todo en ciertos niveles escolares, está modificando su peso social en el sistema educativo y alterando la percepción colectiva de su relación con el Estado.

Las escuelas particulares cuentan con una demanda que constantemente las evalúa favorablemente expresada en la mayor cantidad de alumnos que desean incorporarse a las distintas opciones académicas; sin embargo, existen algunos alumnos que no cuentan con los recursos económicos suficientes para elegir la escuela de su preferencia.

Es por esto, que la Ley General de Educación estableció en su artículo 57, la obligación a los particulares que imparten educación a proporcionar un mínimo de becas.

Al respecto, es preciso señalar que la autoridad competente para otorgar la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares en el ámbito federal es la Secretaría de Educación Pública (SEP). En consecuencia también le compete a la SEP establecer los lineamientos generales que señala el citado artículo 57 de la Ley, y lo hace por conducto de su Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.

En este sentido, la SEP ha publicado el acuerdo número 205 conforme al cual los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la secretaría deban proporcionar becas. Señalando que “la institución educativa deberá otorgar un número de becas completas o el correspondiente número en becas parciales, equivalente al cinco por ciento del monto total obtenido por concepto de inscripciones y colegiaturas, de los alumnos inscritos en aquellos estudios que cuentan con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgados por la Secretaría de Educación Pública. Dentro de este porcentaje no deberán considerarse las becas que la institución conceda a los hijos o familiares de su personal con el carácter de prestación laboral.”

Sin embargo, al no establecerse claramente los porcentajes para el otorgamiento de becas en la ley, sino en los acuerdos administrativos, esta situación vulnera la garantía de seguridad jurídica.

Esto es así, porque no se establece un porcentaje mínimo de la matrícula que las escuelas particulares han de destinar para cumplir con esta obligación, lo que produce inseguridad jurídica a los estudiantes al poder variarse fácilmente el porcentaje de becas a otorgar por medio de acuerdos administrativos.

No debemos olvidar que es una realidad que las escuelas privadas del país, modifican en muchos casos los porcentajes para el otorgamiento de becas, además, de que en muchas ocasiones son entregadas a familiares o conocidos, y no a los alumnos que cuenten con el nivel académico requerido y que no estén en posibilidad de cubrir los gastos escolares que una educación particular les implica.

Además, dicha inseguridad jurídica afecta incluso a las propias instituciones de enseñanza, al tener que establecer a través de acuerdos administrativos cuales serán los criterios y el porcentaje que se considerarán para otorgar las becas. Sin embargo, en ocasiones frecuentes, estos acuerdos son modificados sin mayor trámite provocando con ello incertidumbre y opacidad en relación con dichos procedimientos.

En este sentido, la intención de la presente iniciativa es llevar esta disposición a la Ley General de Educación; lo cual es una importante aportación al establecer de una manera clara y precisa, a través de la ley de la materia, cuál será el porcentaje mínimo de becas que están obligados a otorgar los particulares que imparten educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

El porcentaje mínimo para el otorgamiento de las becas que se establece en la iniciativa será el equivalente al cinco por ciento del total de la matrícula del periodo escolar en los estudios que cuentan con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Con esto se pretende que cada vez un mayor número de estudiantes puedan tener acceso a una educación particular ya que las instituciones educativas privadas cuentan con una importante cantidad de alumnos que desean ingresar pero no cuentan con los recursos económicos suficientes para acceder a ellas.

La reforma propuesta busca brindar seguridad jurídica de que se otorguen determinadas becas a los alumnos que lo requieran y garantizará un acceso equitativo y permanente de los estudiantes en sus instituciones educativas, lo que indudablemente se traducirá en beneficios para la población estudiantil y el resto del país.

En atención a lo expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforma la fracción III, del artículo 57 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

I. y II. ...

III. Proporcionar el equivalente a un cinco por ciento como mínimo del total de la matrícula, y conforme a los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;

IV. y V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

Melgar Adadid, Mario. “Comentario al artículo 3o. constitucional” en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2004, tomo I página 56.

Dada en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de junio de 2012.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Junio 13 de 2012.)

Que reforma el inciso e) del párrafo diez del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; adiciona una fracción V al artículo 139, reforman el primero y segundo párrafos del artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; reforma la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal; y reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, recibida del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2012

El que suscribe, diputado Jorge Arana Arana, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso e) del párrafo diez del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona una fracción V al artículo 139, se reforman el primero y segundo párrafos del artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; se reforma la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal; y se reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la última década, la delincuencia en México ha crecido desmesuradamente. Hoy más que nunca, los homicidios, secuestros, asaltos, violaciones, corrupción de corporaciones policiales se han convertido en indicadores de la criminalidad que la sociedad relaciona con la ausencia de políticas que garanticen seguridad en lo individual y en lo colectivo.

Además de que las cifras oficiales confirman el aumento de la delincuencia, la falta de un sistema de administración de justicia confiable ha orillado a la sociedad a no denunciar ante las autoridades los actos delictivos, lo cual no ha permitido entender adecuadamente la dimensión real de la delincuencia.

El costo para los habitantes se refleja también en que han dejado de realizar actividades que comúnmente practicaban, y se ha visto en la necesidad de hacer gastos extras, como la instalación de alarmas en casas, trabajos y automóviles, hechos que han elevado el costo social.

De no controlarse el nivel de violencia, sus efectos incidirán negativamente en el crecimiento económico y combate a la pobreza, al generarse un ambiente poco atractivo para la inversión y la generación de empleos.

La seguridad pública, que se encarga de mantener el orden social a través de la prevención y persecución de delitos, no se había entendido como un factor esencial de gobernabilidad, hasta que ésta se vio amenazada por la capacidad de respuesta de las bandas delictivas.

Mientras los problemas de seguridad pública no originen un peligro a la estabilidad e interés nacional, ésta seguirá teniendo la responsabilidad de prevenir, perseguir e investigar delitos, pero desgraciadamente se ha tenido que recurrir ya hasta al apoyo de las fuerzas armadas, con el fin de contribuir a la integración social del país, proteger a la sociedad en contra de actividades delictivas que amenacen su vida, salud, economía, libertad y al fortalecimiento del pacto federal.

En este proceso, la coordinación entre la federación, los estados y municipios en este momento de crisis en la seguridad es necesaria no solamente con la participación de fuerzas armadas y federales en el combate a la delincuencia, sino con el apoyo económico, financiero y de inteligencia que otorgue el gobierno federal a las entidades, y que los recursos sean ejercidos de manera eficiente y apegándose a la normatividad.

Los recursos públicos que se han destinado al Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 1996 hasta 2010, ascienden a 194 mil 500 millones de pesos, cifra muy considerable comparándola con lo que se hubiera podido lograr en obras de desarrollo social, salud o educación.

A pesar de esa importante inversión, los resultados no han sido los esperados ni se puede seguir considerando la idea de que a mayores recursos, mejores serán los efectos. Lo hemos constatado.

La Cámara de Diputados aprobó en el ejercicio presupuestal de 2010, una partida conjunta a las cuatro dependencias federales dedicadas a la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico (Procuraduría General de la República, Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina), por 104 mil 909 millones 298 mil 915 pesos, mil 810 millones 956 mil 761 pesos menos con respecto a 2009.

En particular, los recursos que se destinan para la seguridad pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se establecen en el ramo 36, que es el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública federal; mediante el ramo 33, que son partidas para la entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); y de manera residual a los municipios a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF).

El presupuesto general otorgado para las entidades en 2010, es de seis mil 916 millones 800 mil pesos (6 mil 916 millones 800 mil).

A pesar de los importantes recursos para la lucha contra la delincuencia organizada, y del apoyo recibido por parte del gobierno de Estados Unidos, la criminalidad sigue creciendo sin medida. Es por eso que sólo con una política de Estado se podrá hacer frente al crimen organizado, por lo cual es fundamental la participación del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, para reforzar las acciones de protección y respuesta inmediata contra la inseguridad.

Por tal motivo y en el caso de esta materia, la intención es hacer más explícito el evitar que los fondos federales destinados a la seguridad pública se distraigan de su objeto para usos propios o ajenos, o se les dé una aplicación distinta a la que se les asignó. Todo servidor público o cualquier persona autorizada que infrinja estas disposiciones, debe ser castigado severamente por estos actos.

En diversas ocasiones, hemos visto cómo en estados y municipios del país se han desviado los recursos destinados a la seguridad pública para gasto corriente, pago de deuda, para campañas políticas, sin que en la mayoría de ellos se castigue a los responsables.

Por ello, es preciso especificar que las partidas destinadas a rubros definidos tienen que ser ejercidas única y exclusivamente y sin ningún otro motivo, para lo que fueron autorizadas.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso e) del párrafo diez del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona una fracción V al artículo 139, se reforman el primero y segundo párrafos del artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; se reforma la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal; y se reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Primero. Se reforma el inciso e) del párrafo diez del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

...

...

...

...

...

...

...

...

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a...

b...

c...

d...

e. Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, y que por ningún motivo se distraigan de su objeto para usos propios o ajenos o se les dé una aplicación distinta a la que se les asignó.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 139; se reforman el primero y segundo párrafos del artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 139. Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó, los fondos de ayuda federal para la seguridad pública.

...

Artículo 142. Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal, y que por ningún motivo se distraigan de su objeto para usos propios o ajenos.

Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, y que por ningún motivo se distraigan de su objeto para usos propios o ajenos o se les dé una aplicación distinta a la que se les asignó.

Artículo Tercero. Se reforma la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 223. Comete el delito de peculado:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Todo servidor público o cualquier persona que estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Artículo Cuarto. Se reforma el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 45. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los Ministerios Públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados. Por ningún motivo, las aportaciones federales podrán ser destinadas para usos propios o ajenos o para una aplicación distinta a la que se les destinó.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de junio de 2012.

Diputado Jorge Arana Arana (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 13 de 2012.)

Que reforma la Ley General de Educación, en materia de educación media superior, recibida del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2012

El que suscribe, diputado Juan José Cuevas García integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 4o., la fracción I del artículo 65 y la fracción I del artículo 66, todos de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 13 de octubre de 2011 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos aprobaron elevar a rango constitucional, a través de reformas a los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior y, como deber de éste, ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica. En esa misma fecha es turnada a los Congresos locales, quienes terminaron de aprobarla el 11 enero de 2012, para finalmente ser firmada y publicada por el Ejecutivo el 9 de febrero de 2012.

Sin duda, reformas como la anterior significan un parte aguas para la historia educativa en nuestro país. Porque muchos fueron los esfuerzos y diversos los lugares desde los que se impulsó el hacer posible la obligatoriedad del Estado Mexicano de garantizar la educación media superior.

Sin embargo, las legisladoras y los legisladores del Congreso mexicano, junto con el Ejecutivo federal, conscientes de que la implementación de esta reforma no podía quedarse en la aprobación y posterior publicación de esta reforma constitucional, nos encargamos de establecer en ella, para nosotros mismos y para diversos actores, algunas obligaciones a fin de sentar las bases que la hagan real.

Así, establecimos en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional a los artículos 3 y 31, que “dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables en la materia”.

De esta manera, el propio Congreso, las legislaturas estatales y el Ejecutivo estuvimos de acuerdo en establecer un plazo de aproximadamente seis meses para que se adecuen la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

No obstante lo anterior, lo cierto es que hoy, después de un poco más de cinco meses de haberse publicado la reforma por el Ejecutivo, el Congreso Federal no ha aprobado las reformas correspondientes a fin de abonar a su correcta aplicabilidad.

Es por ello que, reconociendo el logro social de esta reforma, y siendo consecuente con nuestro compromiso legislativo de lograr el bien común, me he propuesto, a través de la presente iniciativa, presentar reformas a la Ley General de Educación, mismas que permitan, al armonizarlas con la reforma constitucional recién publicada, seguir adelante con el fin último de que todos y cada uno de nuestros jóvenes cuenten con las condiciones necesarias y suficientes para acceder a estudios de media superior.

Propongo de esta forma, reformar el artículo tercero a fin de establecer que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar además de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, también la educación media superior.

Asimismo, sugiero reformas al artículo cuarto de dicha ley, en concordancia con la reforma constitucional aprobada, a fin de asentar que todos los habitantes del país deben cursar además de la educación preescolar, la primaria y secundaria, la educación media superior. Y que es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen además de la educación básica, la educación media superior.

Finalmente, propongo reformas a los artículos 65 y 66 de la misma Ley, a fin de establecer que como un derecho, pero también como una obligación de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban además de la educación preescolar, la primaria y la secundaria, la educación media superior.

Sin duda, la educación media superior enfrenta retos extraordinarios. Baste decir que es precisamente este nivel educativo el que mayor índice de reprobación y deserción tiene. Casi el 40 por ciento de los jóvenes que ingresan a las instituciones de nivel medio superior desertan debido a que la escuela no les gusta, consideran que no sirve para sus intereses o por la falta de recursos económicos.

Importantes son los esfuerzos que todos llevemos a cabo para cambiar esta realidad. Por ejemplo, el Ejecutivo desde 2007, ha emprendido la reforma integral de la educación media superior a fin de resolver importantes desafíos y promover mejores oportunidades para que los jóvenes salgan adelante.

De conformidad con lo expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 3o., 4o., la fracción I del artículo 65 y la fracción I del artículo 66, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o. - El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Artículo 65. ...

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

...

II. a VII. ...

Artículo 66. ...

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior;

II. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dada en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de junio de 2012.

Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Junio 13 de 2012.)

Que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, recibida de la diputada Karla Daniella Villarreal Benassini, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2012

Planteamiento del Problema

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es claro al señalar que la mujer y el hombre son iguales como seres humanos. Jurídicamente dicha igualdad debe tratar a la mujer con las mismas consideraciones y respeto que al varón, pero con atención específica con motivo de la maternidad durante el tiempo de procreación.

La protección se justifica, en primer lugar, porque toda persona tiene derecho a la salud; en segundo lugar, la ley protege la organización y el desarrollo de la familia; y, en tercer lugar, porque la maternidad tiene una función social vital como medio de continuar la descendencia humana.

La Política Pública de lactancia materna en México tiene como objetivo maximizar la salud integral de las madres, niñas y niños, jóvenes, familias y población en general. Dicha política se sustenta en diferentes directrices internacionales emanadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Código para la Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y posteriores resoluciones de las Asambleas Mundiales de Salud, y la Estrategia Mundial sobre la Alimentación del Lactante y el Niño.

Exposición de Motivos

En nuestro país la lactancia materna está protegida –entre otros ordenamientos- por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; la Ley General de Salud (artículo 64); la Ley Federal del Trabajo (artículo 170); la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (artículo 28); la Ley del Seguro Social (artículo 94); la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (artículo 39); la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes (artículos 20 y 28); y la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y Procedimientos para la prestación del servicio (numeral 5.7), entre otros ordenamientos.

En la última década, México ha tenido importantes avances en materia de protección a la maternidad, pero los mismos no han sido suficientes para que podamos decir con certeza que todas las niñas y niños recién nacidos de México tienen garantizado su sano desarrollo.

Un asunto en concreto, son las madres trabajadoras, ya que pesar de los avances significativos que la mujer ha tenido, como lo establecen diversos instrumentos internacionales en los que México forma parte, la maternidad de la mujer siempre será para ésta un tema por demás complejo.

La naturaleza biológica y psicológica de la mujer en muchos casos se ve limitada ante el medio laboral en el que ésta se desempeña, ya que se ve en la necesidad de dejar a un lado, su papel de madre para llevar a cabo tareas extenuantes, principalmente si hablamos de una obrera, campesina, secretaria, etc.

Diversas iniciativas y puntos de acuerdo desarrollados durante la presente LXI Legislatura, consideran que el papel de madre, por sí mismo es un papel de mucha dedicación, paciencia, etcétera, aunado con el hecho de que la mujer trabaje, en una primera instancia como una necesidad económica para poder ajustar los gastos del hogar; y por otra parte para seguir desarrollándose profesional que la misma equidad de género que la actualidad exige. Ambas circunstancias, han hecho muy complejo este doble rol de la mujer en la actualidad.

Existen diversas formas de proteger a la trabajadora en su condición de madre, una de ellas es evitar la limitación, restricción o privación de sus derechos laborales con motivo de la maternidad y otra es cuidar de su salud y la de su hijo. Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años, las madres mexicanas se han visto forzadas a optar por la privación de sus derechos, aun cuando la legislación aplicable prevé evitar que la actividad laboral ponga en peligro su salud o la del producto, bien sea durante el Estado de gestación o en aquel de lactancia (artículo 166 de la Ley Federal del Trabajo).

Advertimos también que la Ley Federal del Trabajo señala quelas mujeres no habrán de realizar trabajos físicos fuertes que impliquen esfuerzos materiales excesivos durante los tres meses que antecedan al parto (artículo 170).

Ahora bien, expertos afirman que el período de incapacidad antes del nacimiento de los bebés estipulado en la Ley Federal del Trabajo es suficiente, pero el periodo estipulado de 60 días después, es insuficiente, ya que no se logra a cabalidad que las mujeres trabajadoras disfruten los siguientes derechos:

• Disfrutar del descanso postnatal, por lo menos durante seis semanas después del parto.

• Disfrutar de la remuneración íntegra durante ese descanso.

• Cuando las necesidades de salud de ella o del recién nacido exijan un tiempo mayor de descanso podrá, disfrutarlo hasta por sesenta días después de las seis semanas después del parto, recibiendo, el 50por ciento de su salario.

• Conservar su puesto de trabajo, hasta por un año después de la fecha del parto sin goce de salario.

• Disfrutar de algunas prerrogativas para la alimentación y el cuidado de su hijo o hija. La Ley otorga el derecho a dos descansos de media hora cada uno, durante la jornada de trabajo, para alimentarlo.

• Durante el periodo en que la trabajadora este alimentando a su hijo o hija, no debe realizar labores cuando se exponga a sustancias químicas que pueden afectar su salud o la de hijo o hija.

Una visión sobre las distintas iniciativas presentadas desde la LIX Legislatura, nos muestran la existencia de inquietud al respecto, en las que se proponen algunos ajustes y avances en lo que respecta a los derechos de las madres trabajadoras.

Argumentación

La leche materna es la única adecuada para el bebé; su contenido varía de madre a madre, de nacimiento a nacimiento y del principio al final de la lactancia. Todo esto porque el laboratorio humano que la produce (la madre) automáticamente la adecua a las necesidades de cada bebé en cada etapa de su desarrollo. Además, el alimento llega a la temperatura adecuada, libre de gérmenes, cruda sin pasteurizar, y con todos los fermentos, vitaminas, minerales y sustancia que el niño necesita para nutrirse y que le defienden contra enfermedades. Estudios recientes han comprobado que los niños lactantes se enferman menos que los no lactados, y si se enferman no presentan mayor gravedad. Eso explica la menor mortalidad de niños alimentados con el pecho.

Con base en lo anterior, advertimos que el fundamento de la presente iniciativa es precisamente ese, el adecuar el marco jurídico para que las madres tengan más días para alimentar a sus hijos de manera natural y depender menos de las llamadas “fórmulas”, que si bien, no podemos negar sus bondades, no son lo adecuado para la salud de los recién nacidos.

La leche materna es el mejor alimento y el mejor medicamento; con ella se cumple cabalmente el adagio hipocrático: “Que su alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento”. El niño alimentado a pecho en cantidad y tiempo suficiente es generalmente más grande y más sano que el alimentado artificialmente.

La composición media de la leche materna es 1 a 2 por ciento de proteína, 3 a 5por ciento de grasa, 6.5 a 10 por ciento de hidratos de carbono, 0.2 por ciento de sales, 82.8 por ciento a 89.7 es agua. Esta es la composición ideal para los requerimientos del niño en la edad de la lactancia, y es producida y calculada por su propio laboratorio humano: su madre.

La producción de la leche materna no es cuestión de un día. La naturaleza prepara a la madre para la lactancia a través de los años. La glándula mamaria almacena grasa producida directamente de la sangre o bien que se forma a partir de los carbohidratos y proteínas; estos depósitos comienzan a formarse en la pubertad, siendo así que el aumento del volumen de las glándulas mamarias alcanzan su máximo en el embarazo, la madre prepara la lactancia a través de lo que se alimenta.

Los minerales que el bebé necesita se obtienen por transmutaciones que realiza la glándula mamaria. Por ejemplo: el sodio, al combinar con el oxígeno, se trata de potasio con la ayuda de la lactosa; en esta forma disminuye la cantidad de sodio y aumenta la cantidad de potasio; cierta cantidad de esta se transmuta en calcio al combinarse con el hidrógeno, el cual provee de la descomposición del agua dentro del cuerpo de la madre.

Muchas veces, las madres convencidas por un buen sistema de mercadeo de la industria lechera, en el sentido de que “la leche es el alimento perfecto”, comienzan –aunado al poco tiempo que tienen por el trabajo, para alimentarlos– a alimentar a sus hijos en período de lactancia con éstas fórmulas,. Este es uno de los más grandes errores de nuestra sociedad actual, puesto que, es peligroso que en período de lactancia se comience a alimentar a los bebés con las fórmulas, mismas que contienen lo siguiente:

Las leches de fórmula elaboradas por los laboratorios farmacéuticos contienen

Aceite de coco. Promueve el endurecimiento de las arterias.

Cloruro de calcio. Absorbe el agua que se usa como anticongelante.

Citrato de sodio. Se adhiere a los minerales y evita que sean absorbidos por las células. Altera la excreción urinaria haciendo que las drogas inofensivas a bajos niveles sean tóxicas al elevarse sus niveles en el organismo.

Sulfato de Zinc. Purgativo, induce las náuseas y vómitos. Se están haciendo estudios sobre la conveniencia de su uso.

Sulfato de cobre. Irrita las membranas mucosas y la piel.

Hidróxido de potasio. Corrosivo, puede causar hemorragias y colapsos.

Citratos (sales). Interfieren con los análisis de laboratorio, incluyendo los utilizados para detectar funciones del hígado, páncreas y el Ph sanguíneo.

Diversos estudios reportan casos de niños con problema de encefalopatía congénita y problemas renales. Todos estos problemas aumentaron con fórmulas infantiles. En casos de muerte por uremia, la autopsia revela altas concentraciones de aluminio en el cerebro en los niños lactados con la leche de fórmula.

Por esto, la recomendación de los médicos es que se debe mejorar la calidad de nuestra alimentación. Al corregir estos pasos nuestra nueva generación saldrá de la degradación. Así, podemos obtener unas nuevas generaciones más saludables para la humanidad y futuros líderes fuertes y sanos.

El lactante aprovecha el 100 por ciento de las proteínas de la leche materna y sólo el 50 por ciento de la leche de vaca y el otro excedente traerá los problemas mencionados arriba. Por último, debemos crear conciencia en la población y en los legisladores sobre los beneficios de la lactancia materna. ¿Cómo podemos hacerlo? Apoyando a las organizaciones que fomentan la leche materna y modificando la legislación existente para que se asiente explícitamente la capacitación y fomento de la lactancia materna. Se requiere tanto del compromiso de los empleadores como de las madres para propiciar las condiciones, los espacios y las formas para practicar la lactancia materna.

En Nueva Alianza, reconocemos que es urgente fomentar la nutrición segura y suficiente para los lactantes, mediante la educación de la familia y la protección de lactancia materna, por lo que para el logro de los objetivos de la ley de cita, se hace necesaria su reglamentación. La presente iniciativa tiene un carácter social, busca beneficiar a las madres mexicanas y a sus hijos(as), con la finalidad de que entre más estén alimentándose de su madre, mejores posibilidades de desarrollo tendrán para su futuro.

También estamos conscientes de que si bien, otros ordenamientos legales otorgan más días de incapacidad por maternidad a las mujeres trabajadoras, la mayoría de éstas no tienen acceso a esos servicios y tienen que conformarse con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, poniéndolas en franca desventaja e inseguridad jurídicas.

La segunda propuesta dentro de la misma fracción del artículo en comento, será la referente al pago que recibirán las madres trabajadoras durante el período de incapacidad.

La Ley del Seguro Social advierte que la madres trabajadoras perciben una cantidad equivalente al 100por ciento de su sueldo durante 60 días antes del parto y 60 después del mismo, sólo que la Ley Federal del Trabajo no advierte nada en éste tipo de incapacidad, y sí lo hace en las demás incapacidades laborales, por lo que el párrafo que proponemos adicionar, contempla el pago igual al cien por ciento del último salario diario de cotización que la mujer percibió antes de la incapacidad. Es decir, la mujer embarazada recibirá el sueldo diario de cotización que percibía antes de su incapacidad por 60 días antes del parto y 80 días después del mismo. Lo anterior, para hacerlo acorde con la reforma en su conjunto, del referido artículo 170.

Con éstas medidas, las madres trabajadores que no tienen Seguro Social o acceso a ningún servicio de salud, podrán estar tranquilas de que podrán alimentar adecuadamente a sus hijos y no tengan nunca más que dejar de disfrutar de los derechos que la ley les otorga.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71.II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo

Se reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo párrafo, para quedar como sigue:

“Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y ocho posteriores al parto.

El pago que recibirán en los días de incapacidad es igual al cien por ciento del último salario diario de cotización que percibió antes de la incapacidad. Es decir que la mujer embarazada debe recibir el sueldo diario de cotización que recibía antes de su incapacidad por 60 días antes del parto y 80 días después del mismo.

III...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 13 de junio de 2012.

Diputada Karla Daniella Villarreal Benassini (rúbrica)

(Turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Junio 13 de 2012.)



Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados a dictaminar cuanto antes las iniciativas pendientes de resolución que reforman la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, recibida de la diputada Karla Daniella Villarreal Benassini, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 13 de junio de 2012

La que suscribe, Karla Daniella Villarreal Benassini, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, fundada en la siguiente

Exposición de Motivos

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año en todo el mundo cientos de miles de niños realizan trabajos que los privan de la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. De esos niños, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como el realizado en entornos peligrosos, la esclavitud u otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes y la prostitución, así como la participación en conflictos armados.

La OIT instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil en 2002, como forma de poner de relieve la gravísima situación de esos niños. Este día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran número de ratificaciones de los Convenios 182, sobre las peores formas de trabajo infantil; y 138, sobre la edad mínima de admisión en el empleo.

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la oportunidad de captar más apoyo para la campaña contra el trabajo infantil por los gobiernos y los interlocutores sociales de la OIT, la sociedad civil y las demás partes interesadas, incluidas las escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios de comunicación.

La persistencia del trabajo infantil es uno de los mayores fracasos de las actividades de desarrollo. Además, en la actualidad preocupa la posibilidad de que la recesión de la economía mundial se convierta en otro obstáculo para alcanzar en 2016 el objetivo de eliminar las peores formas de trabajo infantil y de que ello dificulte aún más la consecución de los objetivos planteados en cada reunión anual.

Estamos de acuerdo con los expertos académicos y de gobiernos de distintos países en que la recesión económica no puede servir de excusa para rebajar nuestras ambiciones y optar por la inacción. En todo caso, ofrece la oportunidad de aplicar el tipo de políticas que resultan útiles para la gente, la recuperación y un desarrollo sostenible.

Este año, la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil servirá de plataforma para convocar a todos los países a la defensa del derecho de los menores a ser protegidos de toda forma de empleo y de otras violaciones de sus garantías.

Académicos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México informaron que en los últimos 12 años el país registró un aumento de 12 por ciento en la población de niños que trabajan. Sólo en el primer trimestre de 2012 se reportaron 3 millones 270 mil casos de pequeños de 5 a 12 años.

Lo anterior es muy grave, pues muestra que todos los esfuerzos que se han hecho desde el Congreso de la Unión desde la LIX Legislatura no han sido suficientes para erradicar esta horrible forma de empleo infantil. De tal guisa, debemos advertir que la presente legislatura tiene múltiples iniciativas para prevenir dicha práctica, pero no se han dictaminado en ningún sentido, lo que provoca que nuestro país no cumpla en tiempo y forma con las recomendaciones hechas por la OIT.

Los logros que encontramos desde la LIX Legislatura en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables fue la implantación de los principales temas en materia de niñez, tales como: explotación sexual comercial y pornografía infantil, trabajo y violencia infantil. También se aprobó una amplia reforma al Código Penal Federal, que permitió establecer sanciones mayores a quienes incurran en las conductas delictivas en contra de las niñas, niños y adolescentes, a fin de revertir el aumento del maltrato infantil, el abuso sexual y la explotación sexual comercial.

Se lograron avances pero no los suficientes, pues persiste desprotección parcial de los derechos de la niñez, sobre todo de los menores en situación de calle o víctimas de algún delito. Aunque han sido aprobadas parcialmente, las leyes en materia de trata y explotación sexual comercial no están aún vigentes, por lo que la infancia se encuentra vulnerable ante los vacíos prevalecientes.

Ahora bien, en la presente legislatura se han presentado iniciativas en la materia, todas muy valiosas y la mayoría aún sin dictamen. Destacan, entre otras, la presentada por la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, en el sentido de que se establezca que la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia, establezcan como medida de protección especial protocolos de seguridad específicos para garantizar la protección, los derechos y el bienestar de los niños y los adolescentes cuando sean afectados por casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra circunstancia que ponga a la comunidad en grave peligro o conflicto.

También encontramos la iniciativa del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, que busca incluir en la ley en comento el capítulo “Del derecho a un medio ambiente sano”, con objeto de establecer que los niños y los adolescentes tengan derecho a un entorno adecuado a sus necesidades de salud y bienestar.

Por último, y sin dejar de resaltar la importancia de otras iniciativas en la materia, encontramos la de la diputada Elsa María Martínez Peña, que busca establecer que las instituciones de seguridad social presten todos los servicios médicos, psicológicos, de tratamientos psiquiátricos, deportivos, de esparcimiento y culturales a todo el universo de niños, niñas y adolescentes, independientemente que sean derechohabientes o no.

Con iniciativas como las señaladas y por la urgencia de tener un país donde los niños cuenten con un entorno de paz social y de desarrollo, resaltamos la importancia de que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dictamine cuanto antes las iniciativas relativas en tan importante tema.

Queda muy poco tiempo a la LXI Legislatura, pero es tiempo que no debemos dejar pasar, tenemos la oportunidad de legislar en éstos temas de manera conjunta y que el Ejecutivo federal las promulgue antes de que termine su mandato. Los niños y los adolescentes de México lo agradecerán si lo hacemos de manera oportuna.

En atención de lo expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados a dictaminar cuanto antes las iniciativas pendientes de resolución que reforman la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 13 de junio de 2012.

Diputada Karla Daniella Villarreal Benassini (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Junio 13 de 2012.)



Informes

De la Comisión de Seguridad Social, sexto de actividades, correspondiente al periodo del 1 de marzo al 31 de mayo de 2012

Con fundamento en lo señalado en los artículos 158, fracción III, y 165 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social aprobó el sexto informe de actividades (segundo del tercer año de ejercicio de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión) por el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2012, en los términos que a continuación se transcriben:

Al 1 de marzo de 2012, los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social eran los siguientes:

Junta directiva

Martha Angélica Bernardino Rojas (PRD), presidenta; Janet Graciela González Tostado (PRI), Jorge Hernández Hernández (PRI), Rafael Yerena Zambrano (PRI), Valdemar Gutiérrez Fragoso (PAN), Ana Elia Paredes Árciga (PAN), Israel Madrigal Ceja (PRD), secretarios.

Integrantes

Fernando Espino Arévalo (PRI), María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI), Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (PRI), Melchor Sánchez de la Fuente (PRI), Graciela Ortiz González (PRI), Gloria Porras Valles (PRI), Lily Fabiola de la Rosa Cortés (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Elvia Hernández García (PRI), Armando Jesús Báez Pinal (PRI), Germán Contreras García (PRI), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (PAN), Martha Elena García Gómez (PAN), José Gerardo de los Cobas Silva (PAN), Bernardo Margarita Téllez Juárez (PAN), Rubén Arellano Rodríguez (PAN), Raúl Gerardo Cuadra García (PAN), Francisco Hernández Juárez (PRD), Feliciano Rosendo Marín Díaz (PRD), Norma Leticia Orozco Torres (PVEM) Roberto Pérez de Alva Blanco (NA), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), (Movimiento Ciudadano).

A la fecha de este informe, la Comisión de Seguridad Social está integrada por 24 ciudadanos diputados, conforme a la siguiente relación:

Junta Directiva

(PRD), presidenta; Janet Graciela González Tostado (PRI), Jorge Hernández Hernández (PRI), (PRI), Valdemar Gutiérrez Fragoso (PAN), Ana Elia Paredes Árciga (PAN), Israel Madrigal Ceja (PRO), secretarios.

Integrantes

Fernando Espino Arévalo (PRI), Clara Gómez Caro (PRI), Francisco Alejandro Moreno Merino (PRI), (PRI), Graciela Ortiz González (PRI), Gloria Porras Valles (PRI), Lily Fabiola de la Rosa Cortés (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), (PRI), Armando Jesús Báez Pinal (PRI), Germán Contreras García (PRI), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (PAN), Carmen Margarita Cano Villegas (PAN), José Gerardo de los Cobos Silva (PAN), Bernardo Margarito Téllez Juárez (PAN), Rubén Arellano Rodríguez (PAN), Raúl Gerardo Cuadra García (PAN), Francisco Hernández Juárez (PRD), Feliciano Rosendo Marín Díaz (PRD), (PVEM) Norma Leticia Orozco Torres (NA), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), (Movimiento Ciudadano).

Reuniones realizadas

Undécima reunión ordinaria, convocada para el día 14 de marzo de 2012, celebrada como reunión de trabajo informativa, por no completarse el quórum reglamentario.

Undécima reunión ordinaria, convocada para el día 20 de marzo de 2012, cancelada con anticipación.

Undécima reunión ordinaria, convocada para el día 27 de marzo de 2012, celebrada como reunión de trabajo informativa, por no completarse el quórum reglamentario.

Undécima reunión ordinaria, convocada para el día 11 de abril de 2012.

Duodécima reunión ordinaria, convocada para el día 18 de abril de 2012.

Registro de asistencia a las reuniones ordinarias de la comisión convocadas durante el periodo de este informe

14 de marzo de 2012. Diputados asistentes: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Ana Elia Paredes Árciga, Israel Madrigal Ceja, María de Jesús Aguirre Maldonado, Armando Neyra Chávez, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Armando Jesús Báez Pinal, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Martha Elena García Gómez, José Gerardo de los Cobos Silva, y Bernardo Margarito Téllez Juárez.

Total: 13 ciudadanos diputados.

Justificaron su inasistencia los diputados Jorge Hernández Hernández, Valdemar Gutiérrez Fragoso, Roberto Pérez de Alva Blanco, Germán Contreras García.

Inasistentes: Rafael Yerena Zambrano, Elvia Hernández García, Francisco Alejandro Moreno Merino, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Graciela Ortiz González, Raúl Gerardo Cuadra García, Rubén Arellano Rodríguez, Francisco Hernández Juárez, Feliciano Rosendo Marín Díaz, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y Norma Leticia Orozco Torres.

20 de marzo de 2012. Se canceló con anticipación.

27 de marzo de 2012. Diputados asistentes: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Ana Elia Paredes Árciga, Israel Madrigal Ceja, María de Jesús Aguirre Maldonado, Armando Neyra Chávez, Francisco Alejandro Moreno Merino, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Hernández Juárez y Norma Leticia Orozco Torres.

Total: 13 ciudadanos diputados.

Justificaron su inasistencia los diputados Valdemar Gutiérrez Fragoso, Raúl Gerardo Cuadra García, Roberto Pérez de Alva Blanco, y Jorge Hernández Hernández.

Inasistentes: Rafael Yerena Zambrano, Elvia Hernández García, Graciela Ortiz González, Armando Jesús Báez Pinal, Germán Contreras García, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Martha Elena García Gómez, José Gerardo de los Cobos Silva, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez, Feliciano Rosendo Marín Díaz, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

11 de abril de 2012. Diputados asistentes: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Rafael Yerena Zambrano, Jorge Hernández Hernández, Ana Elia Paredes Árciga, Israel Madrigal Ceja, María de Jesús Aguirre Maldonado, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, José Gerardo De los Cobos Silva, Raúl Gerardo Cuadra García, Francisco Hernández Juárez, y Norma Leticia Orozco Torres.

Total: 17 ciudadanos diputados.

Justificaron su inasistencia los diputados Valdemar Gutiérrez Fragoso, Roberto Pérez de Alva Blanco.

Inasistentes: Francisco Alejandro Moreno Merino, Fernando Espino Arévalo, Graciela Ortiz González, Germán Contreras García, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez, Feliciano Rosendo Marín Díaz, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

18 de abril de 2012. Diputados asistentes: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Francisco Alejandro Moreno Merino, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Armando de Jesús Báez Pinal, José Gerardo de los Cobos Silva, Francisco Hernández Juárez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y Norma Leticia Orozco Torres.

Total: 16 ciudadanos diputados.

Justificaron su inasistencia los diputados Ana Elia Paredes Árciga, Valdemar Gutiérrez Fragoso y Roberto Pérez de Alba Blanco.

Inasistentes: Graciela Gómez caro, Germán Contreras García, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Carmen Margarita Cano Villegas, Raúl Gerardo Cuadra García, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Rubén Arellano Rodríguez, Feliciano Rosendo Marín Díaz.

Reuniones con funcionarios públicos y organizaciones relacionadas con la seguridad social

13 de marzo de 2012. Comparecencia del maestro Sergio Hidalgo Monroy, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Asistentes: Diputados Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Jorge Hernández Hernández, DIP. Ana Elia Paredes Árciga, Israel Madrigal Ceja, María de Jesús Aguirre Maldonado, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Francisco Alejandro Moreno Merino, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Martha Elena García Gómez, José Gerardo De los Cobos Silva, Bernardo Margarito Téllez Juárez, Francisco Hernández Juárez, Roberto Pérez de Alva Blanco, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y Norma Leticia Orozco Torres.

Total: 19 ciudadanos diputados.

Justificó su inasistencia el diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso.

Inasistencia: Rafael Yerena Zambrano, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Graciela Ortiz González, Armando Jesús Báez Pinal, Germán Contreras García, Raúl Gerardo Cuadra García, Rubén Arellano Rodríguez, Feliciano Rosendo Marín Díaz.

Relación de iniciativas, minutas, proposiciones con punto de acuerdo, dictámenes, excitativas y acuerdos turnados a la Comisión de Seguridad Social durante el período comprendido en este informe

Minuta con proyecto de decreto a iniciativa que reforma el artículo 242 de la Ley del Seguro Social, recibida de la Cámara de Senadores con fecha 8 de diciembre de 2011, del que se dio cuenta al pleno de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria celebrada el 1 de febrero de 2012.

Presentada por los senadores Rogelio Humberto Rueda Sánchez, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Raúl José Mejía González en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 7 de noviembre de 2011.Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 147 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el senador Tomás Torres Mercado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 2 de febrero de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (reforma los artículos 202, 203, 204 y 213).

Presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 23 de septiembre de 2009.

Turnada nuevamente a la Comisión de Seguridad Social, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (se reforman la fracción XII del artículo 5a, la fracción II del artículo 64, el artículo 65, los párrafos tercero y cuarto del artículo 66, las fracciones I, II, III y IV, del artículo 84, el artículo 130, el artículo 137, y las fracciones I, III y IV del artículo 138), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (se reforman, la fracción XII inciso a), del artículo 6, el primer párrafo del artículo 39, el primer párrafo del artículo 40, el primer párrafo y la fracción I del artículo 41, las fracciones II y III del artículo 131, y la fracción II del artículo 135), y de la Ley General de Salud (se adiciona una fracción IV al artículo 77 bis 4, recorriéndose las fracciones subsecuentes, se reforma el párrafo tercero del artículo 77 bis 4, el primer párrafo del artículo 324, la fracción VI del artículo 333, el primer párrafo del artículo 350 bis 2, y el primer párrafo del artículo 350 bis 4).

Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia y respaldada por la firma de 5 ciudadanos diputados en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de marzo de 2010.

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (se reforman los artículos 127, primer párrafo, 130, primero y segundo párrafo, 133 primer párrafo, 136 primer párrafo, 247, segundo párrafo, y 255, fracción XII; se adicionan una fracción IV al artículo 11 recorriéndose la numeración, un inciso d) a la fracción II del artículo 84, recorriéndose los incisos, un párrafo segundo al artículo 109, un capítulo VI bis al Título segundo, un párrafo al artículo 127, una fracción III al artículo 191, y una fracción V al artículo 281, recorriéndose la numeración), y de la Ley Federal del Trabajo (se reforman los artículos 539, fracción I, inciso g), fracción II, inciso e) y fracción III, inciso h) y el artículo 539-A, segundo párrafo).

Presentada por el diputado Francisco Hernández Juárez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 20 de abril de 2010.Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social, para que le corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 29 de abril de 2010.Turnada nuevamente a la Comisión de Seguridad Social, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de octubre de 2009. Solicitada sea considerada para que corra el plazo para dictaminar de acuerdo con el nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados, en fecha 15 de diciembre de 2011.

Turnada nuevamente a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Seguridad Social.

Se elaboró dictamen con opinión favorable, el que fue aprobado por los presentes a la reunión ordinaria de la Comisión celebrada el 26 de mayo de 2010.

Estado a la fecha: Resuelto (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo. (de la Ley General de Salud se reforma el artículo 26, se adicionan una fracción VI al artículo 27, un párrafo tercero al artículo 35, la fracción III al artículo 73, una fracción III al artículo 74, una fracción IV al artículo III, una fracción IV al artículo 129, y un Título Décimo Segundo, bajo la denominación Programa contra el Estrés Laboral; de la Ley del Seguro Social se reforman el párrafo primero del artículo 42, el artículo 43, el segundo párrafo del artículo 80, la fracción II del artículo 89 y el artículo 110, y se adiciona una fracción IV al artículo 83; de la Ley Federal del Trabajo, se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 132, se adicionan una fracción II al artículo 133, un numeral 162 al artículo 513, un numeral 406 al artículo 514, y una fracción II al artículo 523).

Presentada por el diputado Herón Agustín Escobar García en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de diciembre de 2009.

Se solicitó que fuera considerada para correr el plazo de dictaminar de acuerdo con el nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011.

Turnada nuevamente a Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

La comisión elaboró un dictamen negativo que fue aprobado en su reunión ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2011.

Estado a la fecha: Resuelto (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Guarderías.

Presentada por los ciudadanos diputados Silvio Lagos Galindo y Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 23 de junio de 2010.

Turnada nuevamente a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Turnada nuevamente a la Comisión de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (se reforman los artículos 25, segundo párrafo, 106, y 277 E, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 25 con un tercer párrafo y 277 A con los párrafos cuarto y quinto, pasando el actual quinto a ser séptimo).

Presentada por el ciudadano senador José Guillermo Anaya Llamas en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 28 de abril y turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Cámara de Diputados.

Recibida en el pleno de la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2010.

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Presentada por el ciudadano diputado Guadalupe Pérez Domínguez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de septiembre de 2010.

Turnada nuevamente a la Comisión de Seguridad Social, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (se reforman los artículos 15, fracción VII; 22, último párrafo; 27, fracción III; 40-E, último párrafo; 159, fracción I; 193, primer párrafo; 195; 218;247; 251, fracciones XII y XXVI; 264, fracción I; 282; 291, tercer párrafo; 299; y 304-A, fracción V; se adicionan los artículos 11; 281; y se adiciona un Capítulo VI Bis bajo el título de Seguro por pérdida involuntaria del empleo).

Presentada por la diputada María Cristina Díaz Salazar y suscrita por los ciudadanos diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 8 de septiembre de 2009.

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40 F y 222 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por los senadores Francisco Herrera León, Fernando Castro Trenti, Fernando Baeza Meléndez, Adolfo Toledo Infanzón, Raúl Mejía González y Mario López Valdez en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 1 de octubre de 2009, turnada a la Cámara de Diputados en la misma fecha. Considerada para ser dictaminada conforme a lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011.

Turnada nuevamente a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Resuelto (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o., 6o., 28 y 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Presentada por el diputado Pablo Escudero Morales en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de diciembre de 2010.

Turnada nuevamente a la Comisión de Seguridad Social en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 40 G a la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Miguel Ángel García Granados en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2010.

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (se reforman los artículos 5-A, fracción XII, el artículo 65, los párrafos tercero y cuarto del artículo 66 y el artículo 137, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 5-A, un tercer párrafo a las fracciones III y IV del artículo 84, un último párrafo al artículo 130 y un último párrafo al artículo 133), y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (se reforman las fracciones VIII y XII del artículo 6, el artículo 41, el artículo 70, el párrafo primero y la fracción III del artículo 131, el párrafo primero y la fracción II del artículo 135 y se adicionan una fracción VI al artículo 41 y una fracción IV al artículo 131 recorriéndose las siguientes fracciones).

Presentada por los ciudadanos diputados Gabriela Cuevas Barrón y Paz Gutiérrez Cortina, y suscritos por diversos ciudadanos diputados de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD.

Turnada nuevamente a la Comisión de Seguridad Social en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (del artículo 154 se reforma el segundo párrafo y se deroga el párrafo tercero; del artículo 162 se reforman el primero y el segundo párrafos) y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (del artículo 84 se reforman los párrafos primero y segundo, y se deroga el párrafo tercero; del artículo 89 se reforma el primer párrafo y se deroga el segundo).

Presentada por el diputado Herón Escobar García en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 25 de febrero de 2010.

Turnada a nuevamente Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 276 y 277 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 109 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por la diputada Luz Carolina Gudiño Corro en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de octubre de 2009.

Turnada nuevamente Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura elaboró dictamen negativo que sometido a discusión en el pleno de la Comisión, se acordó mantener como pendiente mientras se recaba mayor información sobre el tema.

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 84 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Óscar González Yáñez en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 19 de mayo de 2010.

Turnada nuevamente Comisión de Seguridad Social, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (se reforma la fracción VI y se adiciona la fracción X al artículo 84, y se reforma el artículo 95).

Presentada por el diputado Arturo Zamora Jiménez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 25 de febrero de 2010.

Turnada a: nuevamente Comisión de Seguridad Social, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011, para que corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 8 de febrero de 2012).

Se elaboró dictamen positivo que fue aprobado por el pleno de la Comisión de Seguridad Social en su reunión ordinaria celebrada el 18 de abril de 2012.

Estado a la fecha: Resuelto (returnada).

Iniciativa que reforma los artículos 65 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 483 de la Ley Federal del Trabajo y 63 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Pedro Vázquez González, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 7 de febrero de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente.

Minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 242 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por los senadores Rogelio Humberto Rueda Sánchez, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Raúl José Mejía González en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 7 de noviembre de 2011, recibida de la Cámara de Senadores con fecha 8 de diciembre de 2011, del que se dio cuenta al pleno de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria celebrada el 1 de febrero de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.

Estado a la fecha: Pendiente.

Acuerdo del Congreso del estado de Morelos, mediante el cual exhorta al titular del Ejecutivo federal y al director general del IMSS, a efecto que realicen una gestión activa y directa que impida la cancelación de las áreas de alta especialidad en las clínicas y hospitales de ese instituto, encargada en la prevención y, en su caso, diagnóstico y tratamiento de la pacientes que padezcan algún tipo de cáncer relacionado con su condición anatómica y fisionómica de mujer, evitándose que estas actividades se depositen en la especialidad de ginecología.

Turnado a la Comisión de Seguridad Social para conocimiento.

Estado a la fecha: Resuelto.

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y reforma los artículos 101, 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Francisco Hernández Juárez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011 (recibida en la Comisión de Seguridad Social el 13 de febrero de 2012).

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y a la de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (reforma los artículos 206 y 211 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el senador Tomás Torres Mercado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011 (recibida en la Comisión de Seguridad Social el 13 de febrero de 2012).

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Presentada por el senador Carlos Lozano de la Torre en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011 (Recibida en la Comisión de Seguridad Social el 13 de febrero de 2011).

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Presentada por el diputado Ramón Jiménez López en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 3 de diciembre de 2009.

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social para que le corra el término de presentar dictamen J a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 13 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada)

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Miguel Ángel García Granados en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 6 de octubre de 2010, turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para que le corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 20 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 28-A y se derogan los artículos 23 transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y el noveno transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001.

Presentada por el ciudadano diputado José Manuel Agüero Tovar en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 21 de septiembre de 2010.

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para que le corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 20 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 constitucional y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (se reforma la fracción IV del artículo 49, la VI del artículo 127, los artículos 331, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 342 y 998, y se deroga el artículo 146) y de la Ley del Seguro Social (se reforma el artículo 13).

Presentada por la diputada María del Pilar Torres Canales en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 29 de abril de 2010, para que le corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 20 de febrero de 2012).

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Salvador Cano Cabrera en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 7 de septiembre de 2010, para que le corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 20 de febrero de 2012).

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, y de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto Empresarial a Tasa Única, del Servicio de Administración Tributaria, de Coordinación Fiscal, Federal de Derechos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del Seguro Social (se adicionan los artículos tercero y undécimo transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995).

Presentada por el diputado Vidal Llerenas Morales, y suscrita también por los ciudadanos diputados Víctor Manuel Báez Ceja, y suscrita también por los diputados José Narro Céspedes, Leticia Quezada Contreras, Armando Ríos Piter y Samuel Herrera Chávez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 7 de septiembre de 2010.

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Social, para que le corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 20 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 96 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 173 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Roberto Pérez de Alva Blanco en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 21 de febrero de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 o constitucional y los artículos 64 y 136 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Julio César Godoy Toscano en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011 (recibida en la Comisión de Seguridad Social el 27 de febrero de 2012).

Turnada nuevamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Social, para que le corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 20 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuadragésimo tercero transitorio de la Ley del ISSSTE.

Presentada por el diputado Gerardo Leyva Hernández en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011 (recibida en la Comisión de Seguridad Social el 27 de febrero de 2012).

Turnada a nuevamente a la Comisión de Seguridad Social, para que le corra el término de presentar dictamen, a partir de su recepción oficial (15 de diciembre de 2011, recibida en la Comisión de Seguridad Social el 27 de febrero de 2012).

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de las Leyes Federal del Trabajo (se reforma el artículo 501), del Seguro Social (se reforman los artículos 64, 66 y 133), y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (se reforma el artículo 135).

Presentada por los diputados Óscar Saúl Castillo Andrade, María Elena Pérez de Tejada Romero y Nancy González Ulloa en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2011 (recibida en la Comisión de Seguridad Social el 27 de febrero de 2012.

Turnada nuevamente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

Estado a la fecha: Pendiente (returnada).

Informe trimestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Presentado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de febrero de 2012.

Turnado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para conocimiento.

Estado a la fecha: Resuelto.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (se reforma la denominación del capítulo XIII, del título sexto, y los artículos 331 a 343 y 998, se adicionan los artículos del 343 A al 343 F) y de la Ley del Seguro Social (se deroga la fracción II del artículo 13 y el inciso b) de la fracción I del artículo 222, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 12, fracción I).

Presentada por la diputada Lizbeth García Coronado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de febrero de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo (se reforma la denominación de la Ley Federal del Trabajo, el primer párrafo del artículo 685 y del artículo 892, se adicionan un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 685, un segundo párrafo a la fracción XXVIII del artículo 132, y un Título XII Bis “De la Equidad de Género en el proceso laboral”) y de la Ley del Seguro Social (se adiciona un segundo párrafo al artículo 207).

Presentada por la diputada Lizbeth García Coronado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de febrero de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción II de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Presentada por el diputado Samuel Herrera Chávez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 8 de marzo de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (reforma la fracción V del artículo 9, se adiciona una fracción XIV al artículo 18, se adiciona una fracción VI al arto 19 y se recorre el orden de las subsecuentes, se adiciona un artículo 27 y se recorren los subsecuentes en su orden).

Presentada por el diputado Hugo Héctor Martínez González y otros Diputados de la representación del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente.

Acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, para que apruebe la minuta Proyecto de Decreto que reforma las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que garantiza el acceso al derecho a la seguridad social.

Enviado por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para conocimiento, el 12 de marzo de 2012. Turnado a la Comisión de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente.

Minuta regresada por el Senado de la República relativa a la iniciativa presentada por el diputado Emiliano Cinta Martínez con modificaciones a la aprobada por la Cámara de Diputados.

Recibida el 28 de marzo de 2012.Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Se elaboró dictamen positivo que fue aprobado por el pleno de la Comisión de Seguridad Social en su reunión ordinaria celebrada el 11 de abril de 2012.

Estado a la fecha: Resuelto.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (se reforman los artículos 5, primer párrafo, 6, fracciones IV, XII, inciso a), XVII, XX y XXVII, 15, 19, primer párrafo, 31, segundo párrafo, 32, tercer párrafo, 34, fracciones VI y XII, 39, primer párrafo, 40, primer párrafo, 41, fracción I, 54, 62, fracciones II y III, 65, último párrafo, 66, segundo párrafo, 67, primer párrafo, 68, fracciones I y II, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, se modifican los nombres de las secciones II, III y IV del Capítulo VI del Título Segundo, 101, 102, 103, 104, 105, artículo 109, segundo párrafo y fracciones II, III, IV y V, 110, 111, 112, 113, primer párrafo y fracciones II a VIII, 119, 120, 121, primer párrafo, 128, primer párrafo, 129, 131, fracciones I, II y III, 133, segundo y tercer párrafos, 135, fracción II, 144, 145, segundo párrafo, 146, 149, primer y último párrafos, 167, 170, primer párrafo y fracción II, 171, 172, 173, 174, 175, primer párrafo y fracciones I a VIII, 185, primer párrafo, 192, 196, primer párrafo, 198, primer párrafo, 208, fracción III,210, fracción I, 213, fracción II, 225, 228, fracción II, 237, 240, primer párrafo, Décimo Transitorio, primer párrafo, fracciones IV y V; se adicionan los artículos 5, fracciones I a III y un párrafo final, 6, fracciones XXVII y XXVIII, recorriendo las fracciones XXIX, XXX y XXXI y adicionando una fracción XXXI así como un último párrafo, 33, segundo párrafo, 109, un último párrafo, 177, un último párrafo, 222, un párrafo a la fracción V, recorriendo los párrafos siguientes y Décimo Transitorio, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV y se derogan los artículos 6 en sus fracciones III, XVI, XIX, XXI, XXIII, XXV y XXVI, 25, párrafos segundo y tercero, 29, 31, los dos últimos párrafos, 59, fracción V, 60, último párrafo, 62, 63, 65, segundo párrafo, 66, tercer párrafo, 67, segundo párrafo, 122, 123, 127, último párrafo, 136, 176, párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, 214, fracciones XVI y XVII, 220, fracción XIX, 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

Presentada por el diputado Francisco Hernández Juárez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 29 de marzo de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 167, 179 y 185 de la Ley del ISSSTE.

Presentada por el diputado José Óscar Aguilar González en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 11 de abril de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por el diputado Gastón Luken Garza en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 12 de abril de 2012.

Turnada a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.

Presentada por la diputada Adela Robles Morales en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 17 de abril de 2012.

Turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Pendiente.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al apartado “A” del artículo 123 constitucional, un artículo al capítulo III del título tercero de la Ley del Seguro Social, y una sección al capítulo VII del Título Segundo de la Ley del ISSSTE.

Presentada por los ciudadanos diputados Reyna Araceli Tirado Gálvez y Miguel Ángel García Granados en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 17 de abril de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Estado a la fecha: Pendiente.

Proposición con punto de acuerdo que se refiere a los trabajadores eventuales de la construcción.

Presentada por el diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 17 de abril de 2012.

Turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Estado a la fecha: Resuelto.

Proposición con punto de acuerdo que se refiere al personal del IMSS adscrito al programa IMSS Oportunidades.

Presentada por la diputada María Isabel Pérez Santos en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 25 de abril de 2012.

Turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Estado a la fecha: Resuelto.

Acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal relativo a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley que Crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social.

Enviado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en oficio número D.G.P. L. 6 1-II-6-2678.

Turnado a las Comisiones de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, para conocimiento.

Estado a la fecha: Resuelto.

Acuerdo del Congreso del Estado de Oaxaca. Enviado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en oficio número D.G.P. L. 61-II-9-5962, fechado el 21 de mayo de 2012.

Turnado a la Comisión de Seguridad Social, para conocimiento.

Estado a la fecha: Resuelto.

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento al Empleo para Jóvenes.

Presentada por el senador Tomás Torres Mercado) en la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el 23 de mayo de 2012,

Turnada a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Estado a la fecha: Resuelto.

Proyectos de dictamen aprobados

Reunión ordinaria celebrada el 11 de abril de 2012

a) Dictamen positivo a la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social.

Iniciativa presentada por la senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 9 de diciembre de 2010.

Turnada la minuta a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, de Hacienda y Crédito Público, ya la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, de la Cámara de Diputados.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Rafael Yerena Zambrano, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, María de Jesús Aguirre Maldonado, Armando Neyra Chávez,’ Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Hernández Juárez, Norma Leticia Orozco Torres.

Diputados que votaron en contra del dictamen: Ana Elia Paredes Árciga, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, José Gerardo de los Cobos Silva, Raúl Gerardo Cuadra García.

b) Dictamen positivo a la minuta regresada del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación a la iniciativa presentada por el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez el 7 de abril de 2011;

Turnada la minuta a la Comisión de Seguridad Social.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Rafael Yerena Zambrano, Jorge Hernández Hernández, Ana Elia Paredes Árciga, Israel Madrigal Ceja, María de Jesús Aguirre Maldonado, Armando Neyra Chávez, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Raúl Gerardo Cuadra García, Francisco Hernández Juárez, Norma Leticia Orozco Torres.

Diputados que votaron en contra: ninguno.

Reunión ordinaria celebrada el 18 de abril de 2012

a) Dictamen positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17. 62, 121, 132 y el décimo transitorio, y adiciona un párrafo al artículo 131, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2010,

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Alejandro Moreno Merino, Francisco Hernández Juárez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Norma Leticia Orozco Torres

Diputados que votaron en contra: ninguno.

b) Dictamen positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social presentada por el diputado Jorge Rojo García de Alba, el4 de octubre de 2011, y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Alejandro Moreno Merino, Francisco Hernández Juárez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Norma Leticia Orozco Torres.

Diputados que votaron en contra: ninguno.

c) Dictamen positivo a las Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 84, así como el segundo párrafo del artículo 130, ambos de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Francisco Saracho Navarro ; que reforma los artículos 64, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, presentada por la diputada a la LX Legislatura Holly Matus Toledo ; que reforma los artículos 84 y 130 de la Ley del Seguro Social, presentada por la diputada a la LX Legislatura Blanca Luna Becerril ; que reforma los artículos 84, 130 y 134 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado a la LX Legislatura Gerardo Octavio Vargas Landeros ; y que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado a la LX Legislatura José Martín López Cisneros.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Alejandro Moreno Merino, Francisco Hernández Juárez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Norma Leticia Orozco Torres.

Diputados que votaron en contra: ninguno.

d) Dictamen negativo a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 párrafo primero de la Ley del Seguro Social, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín, el 6 de Octubre del 2011 y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Alejandro Moreno Merino, Francisco Hernández Juárez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Norma Leticia Orozco Torres.

Diputados que votaron en contra: ninguno.

e) Dictamen positivo a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 8 y 9 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, presentada por la diputada Clara Gómez Caro el 20 de octubre de 2011 y turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Alejandro Moreno Merino, Francisco Hernández Juárez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Norma Leticia Orozco Torres.

Diputados que votaron en contra: ninguno.

f) Dictamen positivo a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 263 y 268 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Rodolfo Lara Lagunas y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen, con modificaciones: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Alejandro Moreno Merino, Francisco Hernández Juárez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Norma Leticia Orozco Torres.

Diputados que votaron en contra: ninguno.

g) Dictamen positivo a las Iniciativas con proyecto de decreto que reforma los artículos 84 y 95 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado a la LXI Legislatura Arturo Zamora Jiménez en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 25 de febrero del 20 10, y que adiciona una fracción X al artículo 84 de la misma Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Óscar González Yáñez en la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el 19 de mayo de 2010, y turnada a la Comisión de Seguridad Social.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen: Martha Angélica Bernardino Rojas, Janet Graciela González Tostado, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Alejandro Moreno Merino, Francisco Hernández Juárez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Norma Leticia Orozco Torres.

Diputados que votaron en contra: ninguno.

h) Dictamen negativo a la minuta regresada del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con relación a la iniciativa presentada por los ciudadanos diputados Enoé Uranga Muñoz, y Rubén Ignacio Moreira Valdez, el 9 de marzo de 2010; turnada la minuta a la Comisión de Seguridad Social.

Votación: Diputados que votaron a favor del dictamen: Martha Angélica Bernardino Rojas, Jorge Hernández Hernández, Israel Madrigal Ceja, Elvia Hernández García, Armando Neyra Chávez, Fernando Espino Arévalo, Gloria Porras Valles, Clara Gómez Caro, Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Francisco Alejandro Moreno Merino, Francisco Hernández Juárez, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

Diputados que votaron en contra del dictamen: Janet Graciela González Tostado, Norma Leticia Orozco Torres.

Gestiones no legislativas

Con el propósito de atender a la población que con frecuencia ocurre a esta comisión, se han realizado 82 trámites, ante las instituciones que en seguida se relacionan:

Instituto Mexicano del Seguro Social, 36; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 37; Secretaría de Salud, 9.

Recursos financieros

Al 31 de mayo de 2012, del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2012, hay un saldo disponible por la cantidad de 6 mil 774.60 pesos (seis mil setecientos setenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), sin que exista ningún adeudo, ni documento en revisión, ni recursos pendientes por comprobar (se anexa copia del resumen de la cuenta, emitida por la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados).

Por la Junta directiva

Diputados: Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, Israel Madrigal Ceja (rúbrica), secretarios.

De la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, final de actividades, abril de 2010-agosto de 2012

I. Presentación

La democracia es una forma de gobierno, de interrelación política y social, donde deben respetarse los derechos y las libertades de los miembros de la comunidad. La LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en este compromiso, tiene plazos establecidos en la ley para el inicio de su ejercicio y su culminación. Después de tres años, llega a su término y, con ello, la experiencia de una manera diferente de entender una realidad democrática en el país inmersa en la pluralidad y en un escenario de cambios y situaciones inéditas en el sistema político.

Agradecemos a todos los miembros de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos (CECB) y a su personal técnico y administrativo, pues el trabajo conjunto dio por resultado que nuestro paso por la Cámara de Diputados dejara importantes avances para el desarrollo de la cuenca.

Las actividades de la CECB fueron avaladas por la mayoría de sus integrantes. Sin embargo, todas las expresiones la enriquecieron con sus aportaciones y opiniones, lo que fortaleció el trabajo legislativo y contribuyó a mejorar las condiciones de desarrollo en la cuenca.

Si bien las discusiones en ocasiones se volvieron complejas, no se dejaron de lado la legalidad, razón, tolerancia y capacidad de compartir las coincidencias por encima de las diferencias. Sin duda, el intercambio de ideas condujo a decisiones responsables, donde esta presidencia se comprometió a conducirse siempre con respeto, verdad e igualdad con los participantes al tomar en cuenta sus inquietudes y legítimos intereses.

Esta memoria refleja el producto del trabajo intenso de la CECB. Los resultados están a la vista de todos, y la satisfacción del deber cumplido nos lleva a defender nuestro desempeño y dejar por escrito lo que se manifiesta. Estamos ciertos de que nuestro trabajo legislativo buscó siempre contribuir a mejorar las condiciones de la sociedad en los estados y los municipios que forman la cuenca.

Las instituciones son atemporales, y lo que nosotros no alcanzamos a concluir los que nos preceden sin duda lo harán, pues como legisladores sentamos precedentes en las discusiones y en los problemas presentamos opciones de solución que quedarán como invaluables antecedentes en el Diario de los Debates para su tratamiento en el futuro.

En el trabajo diario como presidente de la CECB procuré siempre transmitir en mis compañeros y colaboradores una mística de servicio y compromiso, marcando siempre un proceder ético, por convicción personal y formación profesional, asumiendo nuestra obligación como legisladores. De esa manera actuamos en consecuencia; así lo expresé y propuse como norma de conducta al aceptar mi encargo.

Fue un honor presidir la comisión, y un privilegio compartir con sus integrantes un lugar en la historia de México. Han quedado escritos en la memoria del Poder Legislativo no sólo nuestros nombres sino, también, nuestras acciones y resultados para la gente. Y sin duda a ello hemos respondido con trabajo, responsabilidad y honor.

Atentamente

Diputado Edgardo Melhem Salinas (rúbrica)

II. Creación

El 23 de septiembre de 2009, los diputados federales de Coahuila, Nuevo león y Tamaulipas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para crear la CECB, que se encargará de dar seguimiento al proyecto integral de la cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos de la región, y detectar la problemática que dicha explotación haya generado en los municipios y los estados en que se localiza, así como su impacto ambiental, para manifestarlo oportunamente y realizar acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.

El 10 de diciembre de 2009, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de la CECB, que incorpora diputados de todos los grupos parlamentarios.

III. Fundamento legal

Con fundamento en la fracción 6, inciso b), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la obligación de rendir un informe de actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la CECB presenta el final, relativo al periodo comprendido de marzo de 2010 a agosto de 2012, correspondiente a los tres años de ejercicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.

Los trabajos de la comisión se realizan atendiendo lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El contenido del informe incluye rubros en los cuales se enuncian las actividades que desarrolló la comisión en los tres años, a partir de su creación. La consecución de los objetivos trazados en el programa de actividades y las áreas donde es necesario intensificar los trabajos para el desahogo oportuno de los asuntos de su competencia.

IV. Integración de la CECB

Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del 10 de diciembre de 2009, que fue aprobado en la misma fecha por el Pleno, se creó la CECB.

Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de fecha 9 de febrero de 2010 quedó integrada la comisión de la siguiente manera: Jesús Everardo Villarreal Salinas (PRI), presidente; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (Partido Acción Nacional, PAN), Ramón Jiménez López (Partido de la Revolución Democrática), secretarios; Benjamín Clariond Reyes Retana, Héctor Fernández Aguirre, Hugo Héctor Martínez González, Edgardo Melhem Salinas (PRI), Baltazar Martínez Montemayor, Jesús Ramírez Rangel, Norma Leticia Salazar Vázquez (PAN), Guillermo Cueva Sada (Partido Verde Ecologista de México), Laura Itzel Castillo Juárez (Partido del Trabajo) y Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza).

El 22 marzo de 2010, mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política y a solicitud del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, se dio de baja al diputado Jesús Everardo Villarreal Salinas como presidente y en su lugar se dio de alta al diputado Edgardo Melhem Salinas, además de Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa como integrante.

V. Instalación de la CECB

La comisión quedó instalada legalmente el 25 de marzo de 2010. Con ello, los integrantes asumieron la encomienda parlamentaria de desempeñar el trabajo de manera profesional, responsable y conjunta, en un marco de respeto y tolerancia de las diferencias, con objeto de atender la problemática que enfrenta la cuenca de Burgos por las actividades que Pemex realiza con motivo de la extracción de gas mediante la construcción de un programa con carácter regional y nacional en la materia.

En cuanto a las actividades de la comisión, se realizaron diversas reuniones, con autoridades federales, estatales y municipales, y con organismos empresariales y de la sociedad civil, así como giras por los estados y los municipios que comprenden la cuenca, donde se llevaron a cabo acciones con diferentes grupos del sector.

Se participó en encuentros para conocer la problemática que se enfrenta por las actividades que Pemex realiza en la región.

VI. Programa de trabajo 2010-2012

Fundamento jurídico

La junta directiva de la CECB, en cumplimiento de lo que establece el artículo 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el siguiente programa de trabajo:

Objetivos generales

La comisión especial tiene como objetivo dar seguimiento al proyecto integral de la cuenca de Burgos, que desarrolla Petróleos Mexicanos por la subsidiaria Pemex Exploración y Producción para explotar los yacimientos de energéticos en la región. Asimismo, promoverá con los gobiernos federal y de Coahuila la adecuada explotación del carbón mineral y del gas asociado en la cuenca de Sabinas. Además, analizará la problemática y el impacto social, económico y ambiental que la explotación haya generado en los municipios y los estados donde se encuentran localizadas, a fin de manifestarlo oportunamente y poder realizar acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona.

La comisión especial garantizará el marco normativo que permita implantar nuevas reglas de explotación de los recursos energéticos en beneficio del país, y de las comunidades alrededor de estos yacimientos, y la aplicación de nuevas tecnologías de limpia generación de energía.

Objetivos específicos

Vigilar el cumplimiento cabal del Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos para que se alcancen las metas previstas, diseñando una estrategia de actividades económicas adicionales para la población, a fin de que se afirme el desarrollo regional y mejore la economía nacional.

Coadyuvar a la instauración de acciones para fomentar, fortalecer y dar seguimiento a las políticas, las estrategias y los programas que en el ámbito de la administración pública se emprendan para contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes y lograr el desarrollo integral sustentable de las cuencas de Burgos y de Sabinas.

Colaborar con los poderes estatales y con la administración pública federal, principalmente con organismos como las Secretarías de Energía, y de Economía, para consolidar el desarrollo integral de las cuencas de Burgos y de Sabinas.

Fortalecer los vínculos en los tres niveles de gobierno para hacer eficiente la atención en el desarrollo regional.

Impulsar fondos con recursos de Pemex, de los gobiernos de los estados y de los municipios, y de los productores de carbón para el desarrollo de infraestructura básica que permita mejorar las condiciones de vida y fomente el desarrollo regional en las comunidades de las cuencas de Burgos y de Sabinas.

Impulsar fondos con recursos de Pemex y de los gobiernos de los estados para apoyar proyectos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas de las cuencas de Burgos y de Sabinas. Vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiera el desarrollo de los proyectos.

Impulsar la adopción de un programa estratégico regional, vinculado a los programas nacionales y al Plan Nacional de Desarrollo, en el cual participen los sectores social y privado y –en general– la sociedad para concretar una vinculación local y regional a los retos del desarrollo de las cuencas de Burgos y de Sabinas.

Vigilar de manera eficiente los procesos de asentamiento y desempeño de las empresas ejecutoras de los contratos de obra pública financiada, antes “contratos de servicios múltiples”, y a lo largo de la vida útil de los pozos explotados se garantice el respeto de la población originaria de los municipios que comprenden las cuencas de Burgos y de Sabinas, así como multiplicar sus opciones para el desarrollo económico y social y proponer ajustes y modificaciones en los planteamientos y conceptos no convenientes al interés nacional o que violen alguna norma jurídica.

Propiciar un diálogo respetuoso entre los gobiernos de los estados y los sectores productivos de éstos, así como con las instancias pertinentes de Estados Unidos de América, para propiciar condiciones favorables al desarrollo de los procesos de producción de gas y de carbón en las cuencas de Burgos y de Sabinas, con criterios de preservación del ambiente y mejoramiento de las condiciones sociales, garantizando en todo momento la soberanía nacional.

Impulsar la reactivación de los procesos productivos del carbón mineral, buscando mayores y mejores mercados nacionales y extranjeros, así como alianzas estratégicas para su modernización, partiendo de las características con que cuenta la cuenca de Sabinas.

Fomentar intensamente el desarrollo de la infraestructura básica para los pequeños y medianos productores de carbón.

Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías nuevas para aprovechar, con criterios de sustentabilidad, los recursos naturales mediante políticas de estímulos e incentivos;

Impulsar una mayor y mejor explotación y exploración del gas de origen mineral (gas grisú) para contrarrestar el daño ambiental; aprovechar un valioso recurso natural para el autoconsumo y venta a Pemex; y contribuir a reducir las importaciones de gas que la paraestatal realiza.

Impulsar y dar seguimiento para que los temas del gas y del carbón se incorporen en la Estrategia Nacional de Energía y queden claramente definidos en sus alcances, planeación, metas, mecanismos de financiamiento y en la transparencia y rendición de cuentas.

Fortalecer los vínculos de coordinación con las comisiones ordinarias y las especiales de la Cámara de Diputados, como la de Energía, y para el seguimiento y análisis del daño ecológico, impacto social y económico generado por Pemex.

Proponer, emitir opinión y, en su caso, dictaminar las iniciativas y los puntos de acuerdo que contribuyan al desarrollo regional de las cuencas de Burgos y de Sabinas.

Diseñar acciones estratégicas para el desahogo de todos los asuntos turnados a la CECB.

Acciones

Efectuar por lo menos una vez al mes reunión de junta directiva para llevar actividades de concertación, programación y evaluación.

Realizar una reunión plenaria mensual para proponer iniciativas y puntos de acuerdo, así como –en su caso– emitir opinión acerca de asuntos que sean turnados.

Dar continuidad a los trabajos concernientes a las iniciativas y los puntos de acuerdo elaborados por los integrantes de la CECB de la LX Legislatura, con objeto de materializar los trabajos que hayan quedado pendientes.

Dar alcance y crear instrumentos que supervisen el adecuado cumplimiento de los planteamientos descritos en la Estrategia Nacional de Energía, con el objetivo de reconsiderar dichos planes, concretamente en el aprovechamiento de gas natural. Asimismo, retomar puntos sustanciales de lo que carece dicha estrategia como considerar maniobras que exhiban las capacidades que tiene la cuenca de Burgos para ser un yacimiento fundamental en la producción de gas natural para el país y mostrarlo como la mayor opción viable en la generación de energía eléctrica, ya que esta situación nos lleva a no depender de la importación de dicho energético: en la realidad nos sobran crudos y yacimientos potentes para la explotación responsable de energéticos. El ejemplo es la misma cuenca de Burgos.

Implantación de programas reguladores para la adecuada explotación de los energéticos en la cuenca de Burgos, así como impulsar la búsqueda de fuentes alternativas de generación de energía renovable, entre las que destacan las energías nuclear, solar y eólica.

Programar comparecencias de servidores públicos, reuniones con funcionarios estatales y organismos no gubernamentales, a efecto de retroalimentar la información que dé como resultado un acertado cambio en las acciones legislativas, en beneficio del desarrollo de las cuencas de Burgos y de Sabinas.

Realizar foros, seminarios, mesas de trabajo y audiencias públicas, teniendo como escenarios la Cámara de Diputados, los estados, los municipios y los congresos locales que comprenden las cuencas de Burgos y de Sabinas, de cuyos resultados se informará.

Mantener y mejorar la asistencia participativa de los legisladores en los foros que organicen las organizaciones sociales, civiles, congresos locales, entidades federativas, instituciones académicas y de investigación.

Mantener la celebración de convenios con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones académicas y órganos de gobierno para lograr su participación en las actividades de este programa de trabajo.

Promover el vínculo de la comisión con instituciones académicas y de investigaciones públicas y privadas, a fin de realizar funciones de análisis.

Vigilar que la operación Pemex, así como la de los productores de carbón, se lleve a cabo con pleno respeto y preservación en sus zonas de operación de los equilibrios sociales, económicos y ecológicos.

Proponer políticas que permitan a las zonas productoras disfrutar de manera adecuada de los beneficios de los recursos que en ella subyacen.

Vigilar y examinar políticas en materia de seguridad en la operación de Pemex y de los productores de carbón y, en su caso, emitir opiniones y propuestas.

Analizar y emitir recomendaciones, según el caso, de los programas de mantenimiento de las instalaciones y del equipo de Pemex y de los productores de carbón.

Formular recomendaciones en materia de incorporación de tecnologías limpias en la exploración y explotación de gas natural y de carbón e investigación, y desarrollo científico y tecnológico del sector.

Turnar a las comisiones correspondientes las ponencias que contengan propuestas legislativas presentadas por ciudadanos, organizaciones, legisladores, académicos y especialistas en la materia.

Realizar la evaluación periódica del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de Pemex.

Contribuir a la difusión y la aplicación de los programas de Pemex, y de los productores de carbón, centrados en la seguridad de sus instalaciones, en armonía con la comunidad y el ambiente.

Vincular los programas de Pemex con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar su participación, planeación, ejecución y evaluación.

Fortalecer el intercambio de información e interrelación entre los Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno.

Analizar el estado general que guarda la administración pública federal en el renglón energético, a partir del informe que rinde el titular del Poder Ejecutivo.

Analizar cabal y meticulosamente los contratos de obra pública financiada, antes “contratos de servicios múltiples”, que asigna Pemex con objeto primordial de saber a quién, cómo y en qué términos se entregan, por mencionar algunos aspectos, a fin de observar su debido cumplimiento, por lo que corresponde a los programas de trabajo y proponer ajustes y modificaciones en los conceptos no convenientes al interés nacional o que violen alguna norma jurídica.

Fortalecer el área de gestión de la comisión, así como atender y asesorar a quien lo solicite y dar seguimiento a los casos canalizados a la administración pública federal, estatal o municipal, a través de instrumentos institucionales.

Viajes de trabajo nacionales que se realizarán a efecto de que los integrantes de la CECB conozcan de forma directa la problemática de las cuencas de Burgos y de Sabinas, a fin de recibir de las comunidades sus planteamientos, quejas y sugerencias para evitar o corregir los efectos negativos de la materialización de los proyectos mencionados.

Viajes de trabajo a países cuya experiencia en la materia contribuya a fortalecer el marco legal e institucional del país.

Grupos de trabajo

Desarrollo sustentable, regional y social

Objetivos

Vigilar los estudios de impacto ambiental y su cumplimiento.

Analizar las disposiciones de los gobiernos federal y estatal en materia ecológica y la solución anticipada de los problemas que resultasen.

Reuniones con los posibles afectados y con las organizaciones especialistas en la materia, a fin de crear vínculos y opciones que ayuden a prevenir y solucionar posibles inconvenientes.

Vigilar los planes y programas para asegurar un desenvolvimiento racional de la infraestructura de las comunidades urbanas y rurales.

Establecer instrumentos para lograr la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la participación activa de la sociedad.

Vigilar que haya los proyectos y se realicen las actividades respectivas para proporcionar servicios de salud, agua, drenaje, educación, cultura y recreación, con apoyo de los presupuestos de los tres niveles de gobierno destinados a esos fines y de lo que corresponda a Pemex, a los contratistas y a los productores de carbón, en el corto y largo plazos.

Aprovechamiento del carbón mineral

Objetivos

Contribuir a generar programas con dependencias federales o estatales e instituciones financieras responsables con el propósito de reactivar esta importante actividad.

Colaborar para que los productores de carbón continúen siendo proveedores del sector eléctrico, principalmente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y generar programas de contratación con ésta –de largo plazo– que beneficien a los pequeños y los medianos mineros.

Impulsar una mayor y mejor exploración de los yacimientos carboníferos.

Vincular más al productor del carbón con el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable.

Integrar un marco normativo riguroso para hacer compatibles la producción y la utilización del carbón con el desarrollo sustentable.

Promover la investigación y el desarrollo de tecnologías para abatir los efectos ambientales de la producción y la utilización del carbón.

Alternativas legislativas y análisis jurídico

Objetivo

Contribuir al cumplimiento de las leyes aplicables a la actividad de Pemex y las empresas contratistas, y los productores de carbón, reformando las leyes y los reglamentos municipales, estatales y federales, derivados del aprovechamiento de las cuencas de Burgos y de Sabinas, con el propósito de dar certidumbre legal a las inversiones regionales; y poder realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona, que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.

Analizar los contratos de obra pública financiada, antes “contratos de servicios múltiples”, para su cumplimiento, en los programas de trabajo, y proponer ajustes y modificaciones en los conceptos no convenientes al interés nacional o que violen alguna norma jurídica.

Publicaciones

La CECB contará con una serie de ediciones impresas y digitales sobre los acuerdos parlamentarios que surgieran entre sus integrantes y, asimismo, sobre las memorias de consulta, reuniones de trabajo y conferencias que desarrolle dicha comisión.

Editar y presentar una memoria de los trabajos que desarrolle en la LXI Legislatura la CECB.

Establecer un sitio de Internet de la comisión para lograr mayor interacción con los ciudadanos.

VII. Reuniones plenarias

A convocatoria del presidente de la comisión, en el periodo comprendido del 25 de marzo al 31 de agosto de 2012 se celebraron ocho reuniones plenarias, de las cuales una fue para la instalación. En ellas se discutieron y aprobaron diversos asuntos contenidos en las actas respectivas, en las que con madurez política se han deliberado y acordado distintos temas relativos a la naturaleza de los trabajos de la comisión. De ahí que, por tratarse de temas concurrentes, a continuación se describan cronológicamente:

De instalación, 25 de marzo de 2010. Se iniciaron los trabajos de la comisión.

Segunda plenaria, 21 de abril de 2010. Se presentó el proyecto del programa de trabajo; propuesta de coordinadores para las subcomisiones; propuesta de visitas a los estados y a los municipios de la cuenca de Burgos; y propuesta de foros que realizará la comisión, lo que fue aprobado por unanimidad. Asimismo, se presentó el trabajo realizado por la CECB de la LX Legislatura.

Tercera plenaria, 19 de mayo de 2010. Presentación ejecutiva del Proyecto Integral Burgos, por el director general de Pemex Exploración y Producción.

Cuarta plenaria, 26 de mayo de 2010. Desayuno de trabajo con diputados federales, autoridades del activo integral Burgos de Pemex, presidentes municipales de Tamaulipas y el gobernador de Tamaulipas, visita y recorrido por la estación de medición del kilómetro 19, el centro procesador de gas Burgos, el pozo en perforación caudaloso número 33, la estación de recolección número 1, el edificio administrativo número 1, a la presentación del sistema Scada. Se efectuó una comida-reunión de trabajo de diputados federales, presidentes municipales y autoridades del activo integral Burgos de Pemex.

Quinta plenaria, 28 de septiembre de 2010. Se presentó y aprobó la presentación ante el pleno de la Cámara de Diputados de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al régimen fiscal de Pemex en la cuenca de Burgos y fue firmada por la mayoría de los integrantes de la comisión y el presidente de la de Energía, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Se presentó el proyecto para llevar a cabo el foro regional Retos y compromisos para el desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos.

Sexta plenaria, 7 de diciembre de 2010. Se aprobó el informe anual de actividades de la comisión.

Séptima plenaria, 9 de marzo de 2011, oficinas del director general de Pemex. Se realizó la presentación ejecutiva del Proyecto Integral Burgos 2011.

Estuvieron presentes los diputados Eduardo Melhem Salinas, presidente; Eduardo Alonso Bailey Elizondo, secretario; Benjamín Clariond Reyes Retana, Héctor Fernández Aguirre, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Hugo Héctor Martínez González, Baltazar Martínez Montemayor, Norma Leticia Salazar Vázquez.

El doctor Juan José Suárez Coppel; director general de Pemex, y el ingeniero Carlos Morales Gil, director general de Pemex Exploración y Producción, pidieron al ingeniero Miguel Ángel Maciel Torres, administrador del activo integral Burgos, que presentara el Proyecto Integral Burgos 2011. Se contó con la participación del ingeniero Juan Arturo Hernández Carrera, del ingeniero Julián de la Garza Castro y del licenciado César Augusto Rendón.

Octava plenaria, 28 de marzo de 2012, oficinas del director general de Pemex. Se realizó la presentación ejecutiva del Proyecto Integral Burgos 2012.

Estuvieron presentes los diputados Edgardo Melhem Salinas, presidente; Eduardo Alonso Bailey Elizondo, secretario; Benjamín Clariond Reyes Retana, Héctor Fernández Aguirre, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Hugo Héctor Martínez González, Baltazar Martínez Montemayor, Guillermo Cueva Sada, Norma Leticia Salazar Vázquez y Elsa María Martínez Peña.

Asistieron los diputados federales de Tamaulipas Javier Gil Ortiz, José Francisco Rábago Castillo, Cristabell Zamora Cabrera, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cruz López Aguilar y Laura Felícitas García Dávila.

Por Coahuila, asistieron las diputadas Lily Fabiola de la Rosa Cortés, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga y Josefina Rodarte Ayala.

Asistieron por Nuevo León los diputados Fermín Montes Cavazos, María de Jesús Aguirre Maldonado, Rogelio Cerda Pérez y Adolfo de la Garza Malacara.

El ingeniero Juan Arturo Hernández Carrera, subdirector de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción, presentó el Proyecto Integral Burgos 2012, con la participación del ingeniero Gerardo Reyes Reza, administrador del activo integral Burgos; del ingeniero Jorge Morales Cerón, gerente de operaciones de la Subdirección Regional Norte de Pemex Exploración y Producción; y del licenciado Javier Vega Casillas, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex.

VIII. Reuniones de trabajo

Mayo 19 de 2010. Reunión de los diputados federales con el director general de Pemex Exploración y Producción, ingeniero Carlos Morales Gil, y el administrador del activo integral Burgos, quienes hicieron la presentación ejecutiva del Proyecto Integral Burgos.

Mayo 26 de 2010. Reunión de los diputados federales con funcionarios del activo integral Burgos de Pemex, así como con el gobernador y los presidentes municipales de la cuenca de Burgos en Tamaulipas. El administrador del activo integral Burgos, ingeniero Miguel Ángel Maciel Torres, habló sobre el sistema Scada, el cual –señaló– permite el control y monitoreo de los sistemas de transporte de gas natural y gas licuado en tiempo real los 365 días de año, las 24 horas del día.

Los integrantes de la comisión expresaron su compromiso de impulsar las estrategias y los instrumentos operativos y legislativos para que la producción en la cuenca logre los objetivos y las metas trazados, lograr más recursos e inversión para la región y presentar una propuesta para un nuevo régimen fiscal en la región, de 80/20 de lo obtenido de los recursos, para que se aplique 80 por ciento en infraestructura carretera de los estados involucrados y el restante 20 por ciento a los municipios y ejidos aledaños a la cuenca, entre otros compromisos.

Octubre 26 de 2010. Reunión del presidente de la comisión, Edgardo Melhem Salinas, con servidores públicos adscritos a Pemex, encabezados por el administrador general del activo integral Burgos, Miguel Ángel Maciel Torres; el gobernador electo de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; y alcaldes electos de la cuenca de Burgos de Tamaulipas.

Egidio Torre Cantú reconoció a la industria petrolera del país como una empresa líder en el contexto internacional, con grandes proyectos en Tamaulipas que generan empleos permanentes y promueven el desarrollo económico y social en sus regiones. Agradeció la disposición de la paraestatal a colaborar en el compromiso de mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos y contrarrestar los efectos derivados de sus actividades.

Los servidores públicos adscritos a la paraestatal y el gobernador destacaron la importancia de Tamaulipas en la producción de hidrocarburos y gas natural, el potencial de la cuenca, el apoyo de los proyectos sociales como las obras de infraestructura en beneficio mutuo, donativos de asfalto, gasolina y diesel, entre otros.

Los funcionarios de la paraestatal señalaron que para Pemex, el proyecto Burgos es el más importante en términos de producción de gas no asociado en los últimos años, por su capacidad, responsabilidad social, generación de empleos y obras de beneficio comunitario.

Al final del encuentro, los participantes coincidieron en que el diálogo y la cooperación mutua serán factores fundamentales para detonar el crecimiento económico y sustentable del estado.

Marzo 9 de 2011. Reunión con el director general de Pemex, doctor Juan José Suárez Coppel; el director general de Pemex Exploración y Producción, ingeniero Carlos Morales Gil; y el administrador del activo integral Burgos, quienes hicieron la presentación ejecutiva del Proyecto Integral Burgos 2011.

Marzo 14 de 2011. Reunión con directivos de Pemex y los alcaldes involucrados en la cuenca de Burgos en Coahuila para conocer la forma de operar de la paraestatal en la zona.

Las reuniones fueron encabezadas por el diputado Edgar Melhem Salinas, presidente de la CECB, y el coordinador de Impacto Socioeconómico y Comercial del activo integral Burgos de Pemex Exploración y Producción, Julián de la Garza Castro.

De seguir el crecimiento anual de producción de gas natural en Coahuila, la entidad podría convertirse en el principal proveedor del energético entre los tres estados que forman la cuenca de Burgos, que incluye Nuevo León y Tamaulipas.

En menos de 8 años, la producción del energético en Coahuila pasó de 3 a 10 por ciento del volumen nacional.

Así lo dio a conocer el diputado Edgardo Melhem Salinas, presidente de la CECB, en una reunión en San Juan de Sabinas para dar a conocer a los alcaldes de la zona los beneficios que pueden obtener en obra de desarrollo social.

Julio 12 de 2011. En reunión en esta ciudad fronteriza, el gobernador Egidio Torre Cantú y el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, firmaron un acuerdo mediante el cual se formaliza la inversión de mil 371 millones 470 mil pesos para obras de beneficio mutuo en las comunidades de Tamaulipas donde opera la paraestatal.

La firma del Acuerdo para una Relación Productiva Tamaulipas-Pemex 2011 fue atestiguada por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, empresarios, 15 alcaldes de los municipios donde mayor presencia tiene la paraestatal en Tamaulipas y el diputado Edgardo Melhem Salinas.

El gobernador reconoció que el desarrollo de México está estrechamente vinculado al trabajo de Pemex y el desarrollo de Tamaulipas también.

El ingeniero Egidio Torre Cantú celebró la voluntad de todos (estado-municipios-Pemex) de hacer equipo por el progreso y la prosperidad de Tamaulipas. “Nos reúne aquí la firma de un importante acuerdo marco de colaboración para la relación productiva con Pemex, pero sobre todo nos reúne la voluntad de todos de hacer equipo por el progreso y la prosperidad de Tamaulipas”, señaló.

Al final del encuentro, los participantes coincidieron en que el diálogo y la cooperación mutua serán fundamentales para detonar el crecimiento económico y sustentable del estado.

IX. Giras de trabajo

Tamaulipas, 26 de mayo de 2010. El objetivo de la visita y recorrido fue conocer el proyecto Burgos que Pemex realiza en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, cuyas oficinas generales, activo integral Burgos, se sitúan en Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, conocer los problemas que enfrentan los municipios de la cuenca de Burgos en Tamaulipas, por las actividades que Pemex y las empresas subsidiarias realizan.

Coahuila, 13 y 14 de marzo de 2011. Integrantes de la comisión, diputados locales y 10 alcaldes de Coahuila de la región norte y carbonífera del estado realizaron una gira para analizar las posibilidades de explotación en la cuenca de Burgos.

El diputado Edgardo Melhem Salinas dijo que para contar con recursos provenientes del presupuesto se tiene que modificar el régimen fiscal con que opera Pemex actualmente, esta reserva de combustible, apoyando con ello el desarrollo de la región donde tiene presencia este hidrocarburo.

Esta comisión mantiene reuniones en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila colindantes con esta área de explotación para informar a la comunidad sobre el trabajo realizado con respecto al aprovechamiento del recurso natural.

Piedras Negras sería el municipio más beneficiado tras concretarse los estudios que Pemex realiza en cuanto al gas shale. “Esto será un gran beneficio para la región norte, aunado a que se autorice la iniciativa presentada por los diputados federales para la modificación del régimen fiscal”, dijo el alcalde de Piedras Negras, Óscar López Elizondo, quien señaló que se estudia un pozo referente al gas shale, pero se debe esperar el resultado y posteriormente que se autorice la modificación fiscal para que puedan aterrizar recursos directos en obra pública para municipios como Piedras Negras, Guerrero e Hidalgo, que serían los más beneficiados con este sistema.

A la reunión asistieron Julián de la Garza, secretario técnico de la comisión, y los diputados Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Martínez González y Elsa María Martínez Peña.

Estuvieron diputados locales como Verónica Boreque Martínez González, y los alcaldes de Abasolo, Frontera, Hidalgo, Múzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso, Guerrero, Piedras Negras y Ocampo.

Asimismo, se realizó un recorrido por la estación de recolección, separación y tratamiento de gas Pirineo1, donde los integrantes de la comisión recibieron una explicación sobre el funcionamiento de la planta, así como las medidas de seguridad de la instalación.

Por último, se inauguró la construcción de un paso vehicular y bordo de drenaje pluvial en Abasolo, Coahuila, por Pemex Exploración y Producción, con una inversión aproximada de 2 millones 500 mil pesos.

Tamaulipas, 12 de julio de 2011. En gira de trabajo por Reynosa, el gobernador Egidio Torre Cantú, el director general de Pemex, doctor Juan José Suárez Coppel, el secretario general del STPRM, el diputado Edgardo Melhem Salinas y 13 alcaldes de Tamaulipas con influencia en la cuenca de Burgos hicieron un recorrido de supervisión de los trabajos que actualmente se realizan para el rescate y saneamiento de la laguna La Escondida, cuya inversión es de 313 millones de pesos convenidos en 2010.

Posteriormente visitaron las obras del viaducto Reynosa y la rehabilitación de la brecha El Becerro, cuyas inversiones superan los 529 millones de pesos, también pactados en 2010. Se encuentra en proceso la modernización de la carretera Reynosa-Laredo.

El director general de Pemex reconoció la responsabilidad de los tamaulipecos en generar sinergia para ejecutar obras que redunden en una mayor derrama económica y en la creación de empleos en sus comunidades, propiciando el desarrollo regional.

El gobernador Egidio Torre Cantú y el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, firmaron en esta ciudad fronteriza un acuerdo mediante el cual se formaliza la inversión de mil 371 millones 470 mil pesos para obras de beneficio mutuo en las comunidades de Tamaulipas.

El acuerdo para una relación productiva Tamaulipas-Pemex 2011 fue atestiguado por el secretario general del STPRM, Carlos Romero Deschamps; el diputado Edgardo Melhem Salinas, empresarios y 15 alcaldes de los municipios donde mayor presencia tiene la paraestatal. El gobernador reconoció que el desarrollo de México está estrechamente vinculado al trabajo de Pemex.

Torre Cantú celebró la voluntad de todos, estado-municipios-Pemex de hacer equipo por el progreso y la prosperidad de Tamaulipas. “Nos reúne aquí la firma de un importante acuerdo marco de colaboración para la relación productiva con Pemex, pero sobre todo nos reúne la voluntad de todos de hacer equipo por el progreso y la prosperidad de Tamaulipas”, señaló.

La inversión comprendida en el acuerdo se destinará a los siguientes rubros:

• 762 millones en obras de beneficio mutuo en el rubro de responsabilidad social.

• 269 millones de pesos en obras de beneficio mutuo en el rubro de logística petrolera.

• 105 millones de pesos para el Programa de Desarrollo Comunitario Sustentable.

• 104 millones para obras de drenaje, relleno sanitario y mejoramiento urbano.

• 131 millones 470 mil pesos en donaciones de asfalto y gasolina.

Estuvieron presentes los alcaldes Everardo Villarreal Salinas (Reynosa), Benjamín Galván Gómez (Nuevo Laredo), Ramón Eduardo Rodríguez (Miguel Alemán), Pedro Alberto González Peña (Mier), María del Carmen Rocha (Camargo), Humberto Roque Cuéllar (Díaz Ordaz), Juan Diego Guajardo Anzaldúa (Río Bravo), Víctor Alfonso Sánchez Garza (Matamoros), Efraín de León León (Valle Hermoso), Tomás Gloria Requena (San Fernando), Pedro García Palacios (Méndez), Pedro Carrillo Estrada (Altamira) y Magdalena Peraza Guerra (Tampico). Por Madero, asistió un representante del alcalde Jaime Turrubiates Solís.

X. Foros

Retos y oportunidades para el desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos, Monterrey, Nuevo León, 16 de junio de 2011.

Sesión inaugural

• Bienvenida: Eduardo Bailey Elizondo, coordinador de la diputación federal de Nuevo León.

• Exposición de motivos: diputado Edgardo Melhem Salinas, presidente de la CECB.

• Mensaje: licenciado Homero Niño de Rivera Vela, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, en representación del doctor Juan José Suárez Coppel, director general.

• Mensaje e inauguración: licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional de Nuevo León.

Presentación de ponencias

• Situación actual del gas en la cuenca de Burgos y su impacto ambiental

Ingeniero Miguel Ángel Maciel Torres, administrador del activo integral Burgos.

• Desarrollo sustentable de la cuenca de Burgos

Doctor Jesús Ancer Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Doctor Eladio Cornejo Oviedo, rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Ingeniero Francisco J. Sifuentes Vázquez, subdirector de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

Maestra en ciencias Araceli Vargas Mena, directora de Ordenamiento Ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Reformas legislativas y su aplicación

Diputado Esdras Romero Vega, presidente de la Comisión Especial sobre la Cuenca de Burgos y el Desarrollo de Tamaulipas del Congreso local.

Diputado Javier Hernández Ortiz, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de Coahuila.

Jorge Garza Salinas, presidente municipal de China, Nuevo León.

Diputado Guillermo Cueva Sada, integrante de la CECB.

Diputado Eduardo Bailey Elizondo, integrante de la CECB.

Diputado Benjamín Clariond Reyes Retana, integrante de la CECB.

Clausura

Diputado Benjamín Clariond Reyes Retana

Conclusiones

Gobierno de Nuevo León

• El gobernador constitucional de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, destacó la importancia de cuidar la explotación de la cuenca y el ambiente que la rodea, sin olvidar la entrega a tiempo de los apoyos que le corresponden a los municipios impactados y se comprometió a designar un enlace constante y permanente, no únicamente para la obtención de estos recursos, sino en la revisión, el monitoreo y la evaluación que se haga en la zona, por lo cual designó al secretario de Desarrollo Sustentable, licenciado Fernando Gutiérrez Moreno, como un enlace eficaz con Pemex y la CECB de la LXI Legislatura para estar muy atento al cuidado y desarrollo del ecosistema y del ambiente.

Pemex

• El proyecto Burgos tiene el potencial para producir mil 400 millones de pies cúbicos por día de gas y más de 15 mil barriles por día de condensado durante los próximos 5 años, con enfoque al desarrollo y exploración del gas húmedo.

• Será necesario un nivel de inversión de 25 mil millones de pesos por año para mantener y aumentar el ritmo de producción y para lograr 100 por ciento de restitución de reservas.

• Burgos requiere de un régimen fiscal apropiado a las condiciones del mercado internacional.

• Se tienen amplias perspectivas para continuar la evaluación de potencial del gas shale en Piedras Negras.

• Es nuestra prioridad continuar desarrollando nuestras actividades en armonía con el medio ambiente y coadyuvando a detonar el desarrollo económico de las comunidades donde operamos.

Universidad Autónoma de Nuevo León

• Retomar y garantizar la aplicación del ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos.

• Elaborar un programa de monitoreo ambiental con alcance a todas las variables comprendidas en el ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos.

• Establecer un programa de identificación de áreas con procesos de degradación de suelos, con la finalidad de rehabilitar y restaurar.

• Crear un fondo de compensación ambiental para la cuenca de Burgos (industriales, urbanistas, universidades, ganaderos, agricultores, etcétera.)

• Asegurar dentro de los proyectos la variable de protección ambiental, de manera sustentable.

• Contribuir a la protección y al mejoramiento del ambiente en beneficio de las comunidades donde operan.

• Dar continuidad de las acciones de términos y condicionantes, plasmadas en el programa de monitoreo y vigilancia ambiental.

• Incursionar en la mitigación del cambio climático a través de los mecanismos de desarrollo limpio, a fin de coadyuvar con las políticas mundiales.

• Mayor difusión de las buenas prácticas ambientales.

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

• Designación de un acreditado ambiental (UAAAN, UANL y UAT).

• Supervisión y cumplimiento de condicionantes en campo por el acreditado ambiental.

• Realización de programas de rescate de flora y fauna.

• Efectuar proyectos de compensación.

• Realización de programas de monitoreo ambiental de agua, aire, suelo, flora y fauna.

• Programas de rescate de flora y fauna.

• Proyectos de protección de flora y fauna.

• Programa de reforestación.

• Planeación operativa (recorridos multidisciplinarios).

• Programas de difusión ambiental en municipios.

• Encuestas socioeconómicas.

• Informes de monitoreo y cumplimiento ambiental.

• Se requiere de una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y corto plazos, para que se instrumenten las acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, en su marco de responsabilidad para que las acciones tengan resultados óptimos.

Lo que falta por hacer: la instauración

• La aprobación de la propuesta de ordenamiento ecológico por los Congresos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

• La discusión y aprobación de la propuesta de OET por el Congreso de la Unión (Cámaras de Diputados, y de Senadores).

• Publicar el programa de ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales de los estados.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

• Instalar invernaderos en los municipios de la región carbonífera, para la producción de semilla y plántula de arbustos forrajeros y en particular el Atriplex canescens (costilla de vaca), para ser utilizados en la rehabilitación de las superficies de agostadero impactadas por las diferentes razones expuestas.

• Mejorar el índice de agostadero de los predios de la región carbonífera destinados a la producción pecuaria en su modalidad extensiva, mediante la disminución del pastoreo por unidad animal, a través de programas monitoreados de repoblación con arbustos nativos de probada calidad forrajera, resistentes al clima imperante y que ayuden principalmente en las épocas de sequía.

• Ayudar a los terrenos afectados por las actividades humanas a fijar el suelo por medio de la trama radicular del incremento de especies florísticas en él.

• Establecer bancos de germoplasma en cada uno de los municipios de la región carbonífera, que surta de semillas de especies forrajeras nativas a los productores regionales.

• Establecer plantaciones de dichos especímenes en terrenos propios y los predios particulares o comunales con que se hayan establecido convenios previos para la recolección de semillas.

• Recolectar en su momento las semillas producidas por los especímenes.

• Tratar las semillas, en su caso, para acelerar el periodo de latencia y aumentar el índice de germinación.

• Almacenar las semillas en el banco de germoplasma y ponerlas a disposición, mediante convenio, de la Secretaría de Fomento Agropecuario de Coahuila y de los productores interesados en mejorar sus agostaderos.

• Producir plántulas de arbustos forrajeros en invernaderos y ponerlos a disposición, previo convenio, de la Secretaría de Fomento Agropecuario de Coahuila y de los productores interesados.

• Capacitar a los productores en el tratamiento de las semillas, si es el caso, para modificar el periodo de latencia y aumentar el índice de germinación.

• Para 2002 se habían identificado 95 sitios o áreas superficiales impactadas por la minería de carbón y que totalizan 8 mil 435.7 hectáreas.

• Establecer invernaderos debidamente automatizados y capaces de producir plantas de arbustos forrajeros de buena calidad nutritiva, que sean nativos de la región y que constituyan el pie de cría para el establecimiento de un banco de germoplasma que deje satisfechas las necesidades regionales. Ello debe considerarse prioritario, independientemente de que podrían producirse otras gramíneas nativas con características forrajeras.

• Repoblar los agostaderos mediante programas debidamente monitoreados. Constituye un elemento fundamental para que las actividades pecuarias puedan continuar desarrollándose en condiciones más competitivas.

Dirección de Ordenamiento Ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

¿Qué falta por hacer?

• A solicitud de los estados se ha trabajado en la publicación del programa por la federación (Semarnat).

• Se hacen ajustes con la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, principalmente en el análisis de competencias.

• Publicar el programa de ordenamiento ecológico de la cuenca de Burgos en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos oficiales de los estados.

• Instalar el comité de seguimiento.

• Diseñar el esquema de ejecución y seguimiento al programa (planeación e inducción de uso del suelo).

Comisión Especial sobre la Cuenca de Burgos y el Desarrollo de Tamaulipas del Congreso local

• Instaurar acciones que coadyuven al fomento, fortalecimiento y seguimiento de las políticas, las estrategias y los programas que contribuyan a elevar el nivel de vida de los habitantes de la zona. También se busca que el desarrollo de infraestructura básica permita mejorar y fomentar el desarrollo integral del estado.

• Recomendar a Pemex, por su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, que aplique nuevas tecnologías que eviten daño al ambiente en beneficio de la población de esa zona tamaulipeca.

• Establecer lazos institucionales que fortalezcan los vínculos con los Poderes Ejecutivos estatal y federal, así como con el Congreso de la Unión, para la consolidación de esa región gasera.

Comisión de Energía y Minas del Congreso de Coahuila

• Disminución a 2 por ciento en la extracción del gas metano como incentivo fiscal.

• Promover incentivos fiscales por la extracción del gas metano, así como por su procesamiento y aprovechamiento, lo que traerá sin lugar a dudas una enorme derrama económica para la región carbonífera del estado, impulsando el desarrollo de las empresas del carbón en nuestra entidad, y abriendo la puerta a la generación de fuentes de empleo.

• Voluntad política de la Secretaría de Hacienda para desgravar algo que en este momento no representa ningún ingreso, bajar el impuesto para su explotación, si no a tasa cero, bien podría ser hasta 10 por ciento, con lo cual sí habría ganancia para los inversionistas.

• Que los diputados federales de la CECB, en el próximo periodo ordinario de sesiones, retomen el tema de la urgencia de bajar la tasa impositiva a la explotación del gas grisú, así como las facilidades para explotar el gas natural.

China, Nuevo León

• Realizar una auditoría ambiental a los efectos que ha sufrido el entorno con motivo de la explotación de gas natural.

• Impulsar la creación de empresas locales y regionales, en las que los propietarios de la tierra sean socios de las compañías que realizan los trabajos en la zona.

• Destinar mayor presupuesto para los estados y los municipios, permitiendo equipar de infraestructura básica a las localidades y cabeceras municipales.

• Cristalizar proyectos que representen un polo de desarrollo para la actividad económica de las regiones involucradas en la cuenca de Burgos.

• Mantener los vínculos entre Pemex, el Congreso de la Unión y los municipios para poder alcanzar un crecimiento sustancial.

• Crear un consejo técnico que dé seguimiento a las propuestas presentadas.

Diputado Guillermo Cueva Sada, CECB

Crear programas regionales para

• Fomentar el uso sustentable del agua.

• Fomentar sistemas eficientes de monitoreo, inspección y vigilancia de los efectos a las cuencas hidrográficas y el sistema de acuíferos.

• Generación de opciones económicas y productivas en la región.

• Capacitación y educación ambientales.

• Generación y consolidación de acciones de financiamiento.

• Manejo, conservación y control de erosión del suelo.

• Restauración de la cobertura vegetal en áreas degradadas y con problemas de fragmentación.

• Incorporación de instrumentos para fomento y regulación de las actividades extractivas (gas natural, entre otras).

• Emitir una ley especial que regule la actividad y el desarrollo de la cuenca de Burgos, que tenga como objetivos principales los siguientes:

• Que los municipios de la cuenca posean la cartografía donde se observen todas las instalaciones de Pemex, la ubicación de pozos productores o pozos secos, orientada a la obtención de agua por medios diferentes y la posible inyección de aguas pluviales a pozos secos.

• Realizar los estudios de impacto ambiental a fin de mantener y preservar el entorno ecológico, orientado a coadyuvar para resolver los pasivos ambientales existentes.

• Determinar las necesidades del uso de agua y drenaje con objeto de facilitar estos servicios con calidad.

• Vigilar la celebración de convenios con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones académicas y órganos de gobierno para lograr su participación en las actividades de este programa de trabajo.

• Vigilar que la operación Pemex se lleve a cabo con pleno respeto y preservación en sus zonas de operación de los equilibrios sociales, económicos y ecológicos.

• Vigilar y examinar políticas en materia de seguridad en la operación de Pemex y, en su caso, emitir opiniones y propuestas.

• Transparencia respecto de proveedores y contratistas, montos de insumos de materiales, mano de obra y equipo.

XI. Trabajo legislativo

Derivado de las reuniones y de la visita a Tamaulipas, Nuevo león y Coahuila que realizaron los integrantes de la CECB, se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley Federal de Derechos, Relativa al Régimen Fiscal de Pemex en la Cuenca de Burgos, por el presidente, Edgardo Melhem Salinas, en nombre propio y de los integrantes.

XII. Información estadística

Reuniones plenarias: 8.

Giras nacionales: 3.

Foros organizados: 1.

Trabajo legislativo

Iniciativas presentadas: 1.

Trabajo técnico-administrativo

Actas de reuniones plenarias: 8.

Informes de giras: 3.

Informes de foros: 1.

Informes parciales de actividades: 2.

Informe final de actividades: 1.

Creación del micrositio de la comisión

La Junta Directiva de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos

Diputados: Edgardo Melhem Salinas, presidente; Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Ramón Jiménez López, secretarios (rúbricas).



Convocatorias

De la Comisión de Pesca

A la duodécima reunión de junta directiva, que se llevará a cabo el lunes 18 de junio, a las 16:00 horas, en la sala de juntas de la convocante, situada en el cuarto piso del edificio D.

Atentamente

Diputada María Ester Alonzo Morales

Presidenta

De la Comisión de Pesca

A la duodécima reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 19 de junio, a las 10:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.

Atentamente

Diputada María Ester Alonzo Morales

Presidenta