Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SRE y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior a realizar un foro de consulta para crear la ley de éste e integrar a los ex consejeros en el consejo consultivo, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Jorge Humberto López Portillo Basave, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las últimas décadas se ha incrementado desmedidamente el número de emigrantes en 11 millones de mexicanos fuera del país; ello sitúa a México como el tercer país con mayor población que vive fuera de su territorio, después de China e India. Se encuentra el mayor número de mexicanos en Estados Unidos y Canadá, además de que se extiende la presencia de connacionales en otras partes del mundo, debido a la carencia de oportunidades y las asimetrías económicas se convierte en la causa fundamental de la salida acelerada de migrantes al extranjero, en busca de mejores ingresos.
El Estado, a fin de proteger a los mexicanos que trabajan y viven en el exterior, Estados Unidos y Canadá, centró su atención en los servicios consulares para así proteger a los connacionales en el exterior contra la discriminación y la explotación, vinculándose el gobierno mexicano con sus migrantes en el exterior, principalmente en Estados Unidos y Canadá.
Por tal situación, se crearon en 2000 el PCME y OPME. Empero, en 2003 ambos se fusionaron para crear el Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME) a fin de atender la magnitud de flujo de emigrantes con la aplicación de diversas actividades de protección y promoción de sus derechos, a través de programa que buscan atender en su conjunto las políticas interior y exterior de las comunidades de migrantes, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior enlazó la relación del Estado con la comunidad de emigrantes, promoviendo diversos programas de educación, salud, economía, deporte, promoción cultural y civismo entre la comunidad mexicana en el exterior.
La política de vinculación del Estado con sus migrantes en el exterior ha cambiado profundamente en los últimos 20 años, a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, convirtiéndose en el medio de comunicación con las comunidades emigrantes, expandiendo los servicios consulares, asumiendo una tarea tradicionalmente reservada a los países de destino, pero como una estrategia para proteger a sus nacionales, como es el caso de Estados Unidos.
Por eso, el hecho de que el gobierno asuma su responsabilidad, reconociendo su obligación por el bienestar de sus connacionales, incluso después que éstos hayan abandonado el país, eliminando obstáculos más allá de su territorialidad, a través de las instituciones del Estado fortalece los lazos con las comunidades migrantes.
Pero no basta crear en este caso el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con el carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un aspecto innovador que incluye un consejo consultivo dividido en seis comisiones dedicadas a diferentes áreas de la política migratoria.
Es necesario fortalecer a las instituciones, más aún cuando ésta atiende a los migrantes, Institución que recopila información sobre el número de migrantes atendidos por sus programas, sin duda, es necesario fortalecerlo creando la Ley del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así como la integración de forma permanente de los ex consejeros reconocidos por sus meritos y trayectoria, con las facultades necesarias para crear programas que busquen el regreso de los migrantes a México, que no abandonarán el territorio o que su estancia en el exterior sea temporal, así como la inclusión de los migrantes en la agenda nacional.
Por lo expuesto, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior a realizar un foro de consulta a efecto de crear la Ley Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y la integración de los ex consejeros en el consejo consultivo.
Segundo. El foro deberá realizarse con académicos, especialistas, investigadores, organizaciones no gubernamentales y público interesado en el tema.
Tercero. Crear la Ley del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, programas que busquen el regreso de los migrantes a México, y que su estancia en el exterior sea temporal, así como la inclusión del tema de los migrantes en la agenda nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2012.
Diputado Jorge Humberto López Portillo Basave
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir un decreto por el que se declare Día del Campesino el 10 de abril de cada año, a cargo del diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Ignacio Téllez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Ejecutivo federal para que expida un decreto por medio del cual se declare Día del Campesino el 10 de abril de cada año.
Consideraciones
Que el campesinado en el sistema político mexicano, la tierra y la lucha por ella, ha sido parte fundamental de nuestra historia y del ideario de muchos grupos sociales.
Que el artículo 27 de la Carta Magna da cuenta de la importancia de la figura del campesino en la sociedad mexicana.
Que conforme a dicho mandato constitucional, fracción XX, el Estado promoverá el desarrollo rural integral con el propósito de garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.
Que el campesinado ha sido parte sustantiva del proceso de industrialización y transformación económica del país, sirviendo como fuente de alimentos y de materias primas desde los años setenta.
Que conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el sector agropecuario, junto con el pesquero, es estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias y proveer de materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador.
Que las actividades primarias, con más de 6 millones de empleados en el primer trimestre de 2011, son fuente de empleo para muchas familias del medio rural, con diversas prestaciones y servicios sociales que les permiten mejor calidad de vida.
Que México se mantiene como uno de los principales productores de alimentos a escala mundial, con una producción creciente que le permite enfrentar las necesidades de la población, gracias a la capacidad de los campesinos del país.
Que con las actividades productivas del campo se contribuye a la seguridad alimentaria del país, a través del acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias de la población.
Que para el Partido Acción Nacional, el campesino es prioridad en la vida social, económica y política de México.
Que el campo y las personas que ahí habitan han sido, son y serán parte fundamental de la historia y del desarrollo del país, por lo que los representantes del PAN en la Cámara de Diputados consideramos meritorio contar con un día al año en que se reconozca la figura del campesino.
Que en la cultura azteca, el cuarto mes del año estaba dedicado a Centéotl, Cinteotl o Centeocihuatl, dios principal del maíz; y que el 10 de abril se conmemora la muerte de Emiliano Zapata, revolucionario comprometido con la causa campesina.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a expedir un decreto por medio del cual declare Día del Campesino el 10 de abril de cada año.
México Distrito Federal, a 21 de febrero de 2012.
Diputado Ignacio Téllez González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la protección de la Laguna de Tres Palos, Guerrero, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Alejandro Carabias Icaza, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal , al Ejecutivo de Guerrero y al honorable ayuntamiento de Acapulco para que elaboren un programa de protección de la Laguna de Tres Palos , al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
La Laguna de Tres Palos se ubica a sólo 26 kilómetros al Sureste del centro de Acapulco de Juárez y a 4 km de Puerto Marqués, entre las coordenadas 16° 47’ y l6° 49’ de latitud norte y 99° 39’ y 99° 47’ de longitud oeste; posee una extensión aproximada de 55 km2 (Sevilla et al., 1980). Se sitúa entre el río La Sabana -que descarga en la parte norte de la laguna- y el río Papagayo que sale al mar a unos 2.5 kilómetros al sur de la laguna (Mañón-Ontiveros, 1985).
La Laguna de Tres Palos es un cuerpo de agua somero, su profundidad máxima es de 7.0 m, la media de 3.43 m, la longitud máxima de 15.85 km y el ancho máximo de 5.85 km; presenta un canal de cinco kilómetros a través del cual se ha comunicado con el mar cerca de donde descarga el río Papagayo. En cuanto al área inundable, existe una cota de altura máxima que se ha calculado en 1.06 m, y que resulta en la cota de protección para evitar inundaciones al aeropuerto (Alcocer y Escobar, 1993).
La zona constituye el área natural de expansión de la Ciudad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que en años recientes el crecimiento urbano de la zona es mayor, ubicándose en sus cercanías nuevas unidades habitacionales, pero también industrias de grandes dimensiones.
La población asentada cerca de la cuenca del río La Sabana es de aproximadamente 365 mil habitantes, sin servicios urbanos suficientes para desechar sus residuos domésticos e industriales. Cerca de la cuenca se ubican 47 comunidades, de las cuales 33 están distribuidas a lo largo del río y 14 alrededor de la laguna, según datos del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2005).
Desafortunadamente, desde hace varios años, la cuenca del Río de la Sabana-Laguna de Tres Palos, ha venido enfrentando graves problemas de contaminación que infieren negativamente para el desarrollo y progreso de las 33 poblaciones que se encuentran asentadas a lo largo de la misma; poblaciones que cuentan con un número aproximado de 400 mil habitantes, de los cuales 30 mil se encuentran ubicados en poblaciones de tipo rural.
La Laguna es el único contenedor de los desechos del río La Sabana, que en su trayecto es colector de aguas residuales de diversas comunidades, factor que ha originado la contaminación del cuerpo de agua e incluso ha causado la muerte de peces y la aparición de enfermedades de la piel y ojos.
Es importante resaltar que esta Laguna no cuenta con un cauce alterno de agua limpia que disminuya la espesura de los desechos domésticos y permita sanear un poco el líquido. No obstante, cuando el alto flujo del río causado por las lluvias, hace que el agua de la laguna llegue a su máximo nivel, se realizan la apertura temporal de la bocabarra de Boca Vieja que comunica a la Laguna de Tres palos con la zona marítima litoral, para bajar el nivel de la laguna y permitir la entrada del agua de mar y especies marinas, con la finalidad de mejorar las interacciones ecológicas de ese hábitat y también mantener y hacer más eficiente la importante actividad pesquera del lugar.
Adicionalmente, en la cuenca alta, media y baja, el uso inadecuado de sistemas de explotación agropecuaria y forestal han provocado el arrastre de enormes cantidades de suelo, con importantes efectos nocivos sobre la flora y la fauna de la cuenca alta; las aguas negras que durante más de 25 años han drenado crudas hacia la laguna de tres palos debido a la cobertura parcial del sistema de alcantarillado e infraestructura insuficiente para su tratamiento; las aguas residuales que se generan en las poblaciones de la cuenca del río de la sabana; la gran cantidad de basura que se genera; la disposición inadecuada de excretas; la proliferación de maleza acuática y reducción de oxigeno que trae como consecuencia mortandad de las diversas especies de peces, entre otros factores, han generado un alto índice de contaminación en la cuenca Río de la Sabana-Laguna de Tres Palos.
Es importante mencionar que en diversas declaraciones en medios de comunicación. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), detectó focos rojos por contaminación, acumulación de basura y descargas de aguas negras clandestinas en el río de la sabana y la laguna de Tres Palos.
El subdirector de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias de la Conagua, informó el pasado mes de octubre, que existe un programa de saneamiento de la microcuenca que incluye acciones a corto, mediano y largo plazos, pero en este caso se requerirán al menos cinco años para sanearlas.
El mismo funcionario federal durante los Foros regionales del agua en este 2010, comentó que durante los trabajos de monitoreo de las cuencas se realizó un estudio sobre los focos rojos de contaminación del río de la Sabana y de la laguna de Tres Palos y se detectaron acumulamiento de basura y descargas de aguas negras clandestinas. “Todas las descargas de aguas negras no están registradas y en lugar de estar siendo descargadas a una fosa séptica o red de drenaje son vertidas al Río de la Sabana y la Laguna de Tres Palos”.
Asimismo, se hizo mención que las unidades habitacionales, como las que están ubicadas en la zona de Llano Largo, y que no cuentan con plantas de tratamiento están arrojando las aguas crudas al río y eso nos afecta. “Las casas habitación que de una manera clandestina se están conectando y no cuentan con planta de tratamiento y el agua llega cruda en su estado natural al río y nos afecta...estamos trabajando en el río de la Sabana y la Laguna de Tres palos haciendo estudios y acciones para el mejoramiento de la microcuenca”.
Habitantes de las diversas poblaciones que se encuentran asentadas en la cuenca del río de la sabana, preocupados por la problemática que actualmente enfrentan, han realizado gestiones ante las autoridades federales, locales y municipales competentes con el objeto de dar una solución pronta a la misma, dado que se trata de un asunto de gran prioridad.
Asimismo, pescadores y representantes de las 32 cooperativas de la laguna de Tres Palos han exigido a las empresas constructoras Casas Ara, Geo y Homex el resarcimiento de daños económicos y ambientales por la contaminación de la laguna, ya que han denunciado que durante más de 20 años, la laguna, ha sido utilizada como depósito final de aguas residuales, lo que ha ocasionado afectaciones económicas a los habitantes de las comunidades ribereñas y aledañas.
Los pobladores han denunciado que los desarrollos de Ara y Homex no tienen plantas tratadoras de aguas residuales, la única es la de la unidad Vicente Guerrero, pero nunca ha funcionado. Así las cosas, todas las aguas históricamente han sido vertidas crudas a la laguna de Tres Palos.
Como respuesta a las múltiples peticiones realizadas por la ciudadanía, principalmente de los pescadores de la laguna de Tres Palos, la Comisión Nacional del Agua procedió a realizar un análisis exhaustivo del problema, elaborando un proyecto integral de saneamiento de la cuenca río de la sabana - laguna de Tres Palos, cuyos estudios arrojaron como resultado:
Proliferación de algas nocivas; disminución de oxigeno disuelto y maleza acuática; en el que se determinaron acciones prioritarias para aminorar la problemática, a realizarse a corto, mediano y largo plazos, con el concurso de los tres niveles de gobierno; se determinó, en el año 2002, que deberían realizarse con carácter urgente, entre otras, las siguientes acciones: obras para la captación de aguas residuales; terminación de la segunda etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales de renacimiento; terminación del programa de saneamiento integral del área de influencia de renacimiento; construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de paso limonero; la rehabilitación y el desazolve de alcantarillado sanitario ciudad renacimiento - colonia zapata; la ampliación de drenaje sanitario valle de la sabana; el establecimiento y rehabilitación del hábitat para la vida silvestre en la laguna de tres palos; programa de plantación, protección y acciones agroforestales; acciones en materia de saneamiento, fomento sanitario y atención médica, vigilancia de la calidad sanitaria de las fuentes y sistemas de distribución de agua para consumo humano.
No obstante lo anterior, a la fecha, los recursos necesarios, que en su momento se estimaron para la realización de las citadas acciones no han sido suficientes y las acciones pertinentes no se han llevado a cabo de manera total ni adecuada para frenar y revertir el daño ecológico que ha sufrido la laguna de Tres Palos.
Por las razones anteriormente expuestas, esta H. Comisión Permanente, solicita a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal se lleven a cabo las acciones que permitan proteger, restaurar y manejar de manera integral y sustentable la laguna de Tres Palos, acorde con sus características ecológicas (originales), que garanticen mantener los servicios ambientales que presta el humedal así como sus atributos físicos, biológicos y culturales para el goce de las presentes y futuras generaciones.
En este sentido, es urgente que se lleven a cabo las siguientes acciones:
• Realizar un diagnóstico de la situación física, biológica y social de la Laguna de Tres Palos que permita definir acciones para su protección, restauración y manejo sustentable.
• Diseñar instrumentos de política ambiental que permitan el saneamiento de la Laguna Tres Palos
• Promover la planeación participativa para la protección, restauración y manejo sustentable de la Laguna de Tres Palos.
• Establecer un Plan de Acción que incluya programas y proyectos específicos para la protección, restauración y manejo sustentable de la Laguna Tres Palos con la participación de los dueños de los predios adyacentes y los usuarios de la laguna.
• Diseñar de manera Participativa el Plan de Manejo de la Laguna de Tres Palos lo que implicaría establecer los criterios y lineamientos bajo las cuales se podrían llevar a cabo las actividades productivas, de conservación y de investigación dentro de la laguna.
• Promover actividades productivas y de servicios que garanticen la protección, restauración y manejo sustentable de la Laguna.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. - Se exhorta al Gobierno Federal, para que realice un diagnóstico de la situación física, biológica y social de la Laguna de Tres Palos que permita definir acciones para su protección, restauración y manejo sustentable.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos federal, del estado de Guerrero y del honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Acapulco de Juárez, elaboren un programa de acciones conjuntas que permitan, inhibir la contaminación de la laguna, el saneamiento y la promoción de actividades productivas y de servicios que garanticen la protección, restauración y manejo sustentable de la Laguna de Tres Palos.
Tercero. Se exhorta a los gobiernos federal, del estado de Guerrero y al honorable ayuntamiento constitucional del municipio de Acapulco de Juárez para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, y hasta en tanto no se realicen las medidas indicadas en los dos puntos anteriores no se continúe autorizando la construcción de desarrollos habitacionales en los márgenes o cercanías de la Laguna de Tres Palos, ya que dichos desarrollos comprometen gravemente la viabilidad futura de la misma, así como la de las poblaciones humanas asentadas en sus inmediaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2012.
Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que se revise el proceso de otorgamiento de concesión para operar la mina Caballo Blanco, en Veracruz, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita Diputada Federal a la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 93, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II, 79. numeral 3, fracción IV, 158, numeral 1, fracción VII, y 198, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Las condiciones ecológicas y climáticas en nuestro país, no se encuentran alejadas para nada de una realidad amenazante de volverse aún más crítica día con día.
Pese a las múltiples evaluaciones y recomendaciones para redoblar los esfuerzos por disminuir los altos índices de contaminantes, hechas por organismos internacionales y de especialistas en materia de medio ambiente, las autoridades tanto nacionales como locales no han logrado alcanzar en un mínimo el grado de disminución del deterioro ecológico a nuestros ecosistemas y el medio ambiente en general.
Es una pena decir que, México depende de los países con mayor capacidad económica para someterse a un cambio basado a las medidas preventivas en cuestión de emisión de contaminantes y la mejora de tecnologías para evitar un mayor daño.
Se sabe bien que México tiene que aumentar de manera urgente su capacidad de inversión con un monto cercano al 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto para remediar, restituir o prevenir los problemas generados por el daño ambiental ocasionado en todo su territorio, según lo calculaba el Inegi al menos hace un par de años, es decir, hablamos de unos 650 mil millones de pesos, calculados en costos de finales de 2011 y sin considerar una pérdida promedio anual de unas 258 mil hectáreas de bosques y selvas.
No es extraño escuchar comentarios que hablan sobre el papel del medio ambiente en deterioro y el desarrollo de enfermedades en las personas, por ejemplo, al hacer que la contaminación se condense en una zona determinada, esto también acarrea problemas como la rinitis alérgica, por la aspiración del polvo emanado por los desechos materiales que se combinan con el aire, por ejemplo.
Se sabe bien que los químicos vertidos al aire pueden causar resequedad de las mucosas, irritación y comezón en la piel, así como numerosos problemas cardiacos y vasculares. También es perceptible una disminución de la capacidad sanguínea para transportar compuestos nutritivos, de oxígeno a todas las áreas del organismo, además de provocar diversos trastornos como asma, cáncer bronquial, bronquitis, problemas óseos, enfisema pulmonar y problemas cardiovasculares como trombosis e infartos, entre otros.
No obstante a las anteriores consideraciones, aún existen firmes intenciones de conseguir un beneficio económico a costa de lo que sea; incluyendo el daño patrimonial, económico y ecológico de quienes se opongan a la ejecución de los proyectos.
Ejemplo de ello, se tiene en el estado de Veracruz, al noreste de esta entidad, donde la empresa canadiense Gold Group Mining Incorporate, asociada a la Minera Cardel, SA de CV, lleva a cabo la etapa de exploración para la extracción de oro, aún sobre el daño incalculable a diversas zonas productivas y ecológicas de los municipios de Alto Lucero y Actopan en dicho estado.
Es pertinente mencionar que esta empresa prevé obtener ingresos de alrededor de mil millones de dólares al año, además de poner en pleno funcionamiento la fase de explotación de la mina a partir de este año 2012.
Por otra parte, debemos comentar que desde un inicio para su proyección y puesta en marcha, su planeación estuvo plagado de irregularidades como: denuncias por la elaboración de un impacto ambiental a modo, que minimiza los riesgos de la operación de la mina, en beneficio de la empresa extranjera que la explotará, a lo que se suman casos de funcionarios corruptos donde hay desde alcaldes, funcionarios de la Semarnat y diputados locales, que llegaron a establecer “acuerdos” con los directivos de dicha empresa minera y así pasar por alto algunos requisitos o impedimentos que deberían formar parte del impacto ambiental.
También es pertinente aclarar que para la explotación de la mina principalmente, y de otras actividades concernientes a su actividad, deberán ser utilizados un aproximado a las 25 toneladas diarias de explosivos, según lo consideran diversos estudios realizados por grupos y organizaciones de la sociedad civil, tales como “La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental”, misma que está conformada por al menos 30 organizaciones que defienden el medio ambiente en el estado de Veracruz.
Por si fuera poco, se debe decir que este mega-proyecto, se encuentra muy cerca de la Planta Núcleo-eléctrica de Laguna Verde, a tres kilómetros apenas de su reactor, motivo suficiente para detener sus operaciones, pues otro tipo de proyectos como fueron: la construcción de una presa cercana a las instalaciones de la planta nuclear, así como de la terminación de las vías de ferrocarril Veracruz-Tampico, fueron cancelados por poner en riesgo las operaciones de dicha planta, debido a que en los dos casos se constató que el uso de materiales explosivos, la generación de movimientos telúricos y las vibraciones como producto de las actividades cotidianas estas empresas, en definitiva siempre tendrían en jaque al sistema automatizado de emergencia del complejo núcleo-eléctrico.
Otra anomalía derivada de sus funciones es que existen evidencias de que la empresa minera utiliza para su beneficio las vialidades, infraestructura recién reacondicionada, caminos vecinales remozados e inclusive las zonas y trayectos en resguardo para situaciones de desalojo por evacuaciones en caso de una emergencia en la planta nucleoeléctrica.
Finalmente, hemos de decir que este mega-proyecto por sus características de trabajo industrial y de uso de explosivos para la extracción de los materiales, objetivo de sus actividades, además de la proximidad a la planta nuclear de Laguna Verde, además del daño irreversible que se causaría a la salud de pobladores aledaños por las sustancias toxicas vertidas al manto freático como el cianuro, utilizado en la extracción de oro, hacen a todas luces un proyecto inviable, sin embargo, la postura de esta proposición es que sean las autoridades y las ramas de especialistas quienes fundamenten tal inviabilidad o su aprobación, si este fuera el caso.
Por lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados expresa su preocupación en relación con el proyecto de explotación de la mina “Caballo Blanco”, que fue concesionada a la empresa Gold Group Mining Incorporate, por lo que hace un atento llamado al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Veracruz, para que a través de las dependencias de la administración pública federal y de dicha entidad federativa, instrumente las medidas pertinentes para la revaloración de la entrega de los permisos y de la concesión para la realización de las actividades de esta mina.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21días del mes de febrero de 2012.
Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SRE y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior a incluir a los migrantes en la entrega de los premios nacionales, a cargo del diputado Jorge Humberto López Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Jorge Humberto López Portillo Basave, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La premiación es un proceso de motivación que tiene implicaciones individuales hacia metas o fines determinados que impulsan a la persona a realizar acciones para persistir en ellas hasta culminarlas. En ese sentido se debe reconocer el enorme talento de los connacionales en el extranjero.
El país ocupa el primer lugar mundial en salida de emigrantes. Cruzar la frontera de manera ilegal y dejar a los seres amados, ir por caminos solitarios, confiar en desconocidos, aprender un nuevo lenguaje y normas culturales, buscar empleo en un ambiente diferente son actividades que entrañan riesgos e influyen en los migrantes, cuyo único delito es querer trabajar, arriesgando incluso la vida para poner comida en el plato de miles de mexicanos. Además, se les deniegan los servicios básicos por no ser ciudadanos o residentes legales de los países donde van a trabajar, como educación, salud y servicios sociales, ameritan un gran esfuerzo.
Es necesario reconocer mediante los premios y las recompensas que establece la ley los esfuerzos de los grupos migratorios y de las comunidades quienes ejemplifican una sólida tendencia hacia la ayuda mutua que facilita la integración social y que, por ende, contribuye a la cohesión social entre sus comunidades.
Independientemente de estar fuera de su país, es necesario reconocer que hay talento en los emigrantes, reconociendo los logros de quienes trabajan por el bienestar de su familia pensando en el bien común de sus comunidades de origen.
El fuerzo de los migrantes no es únicamente el aspecto económico sino también en otros ámbitos, contribuyendo al desarrollo deportivo, cultural, humano, artístico, social y de otras aéreas que tienen efecto en su país de residencia y en México.
Es necesario reconocer los méritos de los migrantes, con particular relevancia de los que contribuyan al bien común en cualquier disciplina, y en diferentes niveles, implantando mecanismos de reconocimiento que estimulan la promoción de sus logros, creando mecanismos para que el Estado premie su trabajo, resaltando el esfuerzo que implica realizarlo fuera de su cultura y de su país.
En ocasiones, los logros de los migrantes pasan inadvertidos. De ahí el objetivo de reconocer el trabajo, el esfuerzo, la creatividad y el talento de los migrantes que han sobresalido en algún campo o contribuido en diferentes formas de actividades, tanto inmigrantes documentados como indocumentados, en favor de su comunidades o en defensa de los derechos humanos de los migrantes.
Por lo expuesto, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo, al Instituto de los Mexicanos en el Exterior y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a integrar a los emigrantes connacionales, ilegales o legales, en la entrega de los premios nacionales considerados en la ley respectiva.
Segundo. El premio deberá entregarse a los emigrantes, ilegales o legales, que hayan realizado actos, trabajos o cualquier actividad que contribuya a mejorar la calidad de vida de los mexicanos o de la protección de los derechos humanos de los migrantes, en especial connacionales.
Tercero. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior será el promotor de candidaturas de los migrantes a los premios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2012.
Diputado Jorge Humberto López Portillo Basave
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de Chihuahua a realizar las investigaciones necesarias en las desapariciones y los decesos de mujeres en Ciudad Juárez; y al fiscal general de la entidad, a atender las denuncias sobre víctimas desaparecidas formuladas por familiares y organizaciones de la sociedad civil, y agilizar las pesquisas para detectar y sancionar a victimarios y redes de trata de personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Un estudio realizado por Fabiola Vargas Valencia investigadora del Colegio de la Frontera Norte, refiere que cada semana, en la madrugada, por cinco rutas distintas, llegan a Tijuana autobuses y aviones con decenas de niñas y mujeres de 3 a 65 años de edad para ser forzadas a prostituirse.
La investigación, identificó cinco rutas de tratantes de personas, una de ellas es trazada desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y Sonora pasando por Nogales, Caborca y Agua Prieta. Testigos consultados por la citada investigadora, refieren que algunas de esas mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez.
2. Marisela Ortiz, María Luisa García Andrade y Norma Esther Andrade, fundaron la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” (NHRC). En compañía de otras organizaciones han realizado movilizaciones para ampliar los frentes de su denuncia y su fundamento: exigir justicia plena a autoridades locales y federales. A principios de 2003 fueron hallados una docena de cuerpos en la periferia de Ciudad Juárez, incrementando la indignación y energía de esas demandas.
Esta misma organización, denunció en enero de 2011, ante medios de comunicación la posibilidad de Trata de Personas en Ciudad Juárez; y que datos referidos en el Antecedente anterior del presente punto de acuerdo, ubican a este Municipio como parte de una de las rutas de tratantes de personas.
3. El gobierno federal elaboró el “Programa Integral” contra la violencia en Ciudad Juárez, cuyos resultados fueron mínimos, a juicio de organizaciones no gubernamentales de Chihuahua, en contraste con el despliegue de publicidad y propaganda cuando se difundió su contenido, el que se enfocó en la asistencia a la familia de las víctimas y vigilancia temporal de un contingente de la entonces Policía Federal Preventiva.
4. En 2003, se creó la “Fiscalía mixta”, entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua y la Procuraduría General de la República, nombrándose “Comisionada” especial a Guadalupe Morfín, ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a fin de restablecer el tejido social en Ciudad Juárez.
5. Por invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, viajó hacia finales de 2003 a Ciudad Juárez un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, para elaborar un diagnóstico sobre las acciones policiaco-judiciales de las autoridades mexicanas.
6. Al activismo social y divulgación de nueva información en la prensa sobre casos de feminicidio en Ciudad Juárez, se sumó el informe de Amnistía Internacional de agosto de 2003, registrando más de trescientos homicidios dolosos, un centenar de homicidios en serie y cuatrocientas desaparecidas entre 1993 y 2003.
7. En 2004, la Procuraduría General de la República nombró a María López Urbina, como Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
8. En marzo de 2004, se reportaron escasos avances, aunque se brindó asistencia a familias de víctimas e intentó atenuar la violencia en esa frontera norte, a ese mes y año ya había pendientes de resolución, un centenar de homicidios contra mujeres, de los más de trescientos, que según datos de organizaciones no gubernamentales ocurrieron entre 1993 y 2003.
9. El viernes 22 de julio de 2011, Agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía de Chihuahua detuvieron en Ciudad Juárez a 500 hombres y 530 mujeres, es decir un total de mil treinta personas, por su presunta responsabilidad en los delitos de explotación sexual y Trata de Personas y localizaron a veinte mujeres menores de edad, que eran explotadas sexualmente en bares y hoteles de la zona.
10. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua para continuar las investigaciones y hacer el cruce de información con Plataforma México, para conocer si cuentan con antecedentes penales y mandamientos ministeriales o judiciales.
El operativo se dio como parte de la Alerta Amber, un programa que inició en Estados Unidos de América y se ha ido extendiendo a varios países, entre ellos México, que involucra organizaciones sociales, ciudadanos y autoridades en la búsqueda de menores de edad que son reportados como robados o desaparecidos.
11. Al concluir el operativo referido en el Antecedente anterior, padres de menores desaparecidas solicitaron ayuda a la Fiscalía, con la esperanza de localizar a sus hijas. La activista María Luisa García Andrade, directora de la Organización no gubernamental “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, declaró que precisamente en ese mes de julio, desaparecieron cuatro adolescentes en el Centro de Ciudad Juárez, todas con el mismo perfil. Que generalmente ocurren esas desapariciones en calles aledañas a la catedral, cuando acuden en busca de trabajo o a comprar algo; que se trata de personas de tez morena clara, delgadas, 1.65 metros de estatura y cabello ondulado.
Meses atrás, la Organización referida, denunció que en la zona Centro existe una red de Trata de Personas, que por eso es que ya tiene conocimiento la autoridad competente. En ella señalan nombres y domicilios de los involucrados en la mencionada red. Esa denuncia provocó que María Luisa García Andrade y Marisela Ortiz, recibieran amenazas de muerte.
12. Respecto de esas amenazas, tres meses atrás, el 10 de marzo de 2011, las activistas María Luisa García Andrade y Marisela Ortiz, fueron amenazadas por miembros de la delincuencia organizada, en mantas que colgaron en planteles educativos de Ciudad Juárez, con mensajes conteniendo amenazas contra ellas y sus familias.
Para Marisela, la manta atribuida al grupo delictivo “la línea”, fue puesta en el plantel donde impartía clases, Escuela federal No. 60, colonia Infonavit Juárez Nuevo, ordenándosele no apoyar a García Andrade.
Dirigida a la activista García Andrade, fue colgada la manta en el Colegio de su hijo exigiéndole guardar silencio. Además, unos días antes de este hecho, su casa fue incendiada intencionalmente, por lo que con apoyo de la Secretaría de Gobernación salió de Ciudad Juárez, cambiando su residencia a la Ciudad de México.
13. También, el 2 de diciembre de 2011 la activista Norma Esther Andrade, de cincuenta y un años, madre de María Luisa García Andrade, fue baleada cuando abordaba su camioneta para trasladarse a su trabajo, en compañía de sus dos nietos menores. Un hombre le disparó en cinco ocasiones, causándole heridas en el torso, el hombro derecho y la mano derecha.
14. La Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, reporta que en los últimos dos años han sido asesinados en Chihuahua cinco activistas por el crimen organizado y otros doce han abandonado el país.
A pesar de que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función de la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía General, no ha obtenido resultados significativos en la investigación y persecución de estos delitos.
15. La trata de personas con fines sexuales, es el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del tráfico de drogas y de armas a nivel mundial. Genera al año diez mil millones de dólares.
16. México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales relacionados con la protección de las víctimas de los delitos, entre los que se encuentra la “Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, así como el “Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”, que establece que cada Estado parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, mediante el suministro de alojamiento adecuado, asesoramiento e información, en particular en relación con sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la Trata de Personas puedan comprender; asistencia médica y psicológica; así como la posibilidad de adoptar medidas apropiadas que permitan a las víctimas de Trata de Personas permanecer en su territorio temporal o permanente, cuando proceda.
17. El 17 de febrero de 2009, se suscribió el Convenio Marco, cuyo objeto es establecer las bases de actuación coordinada e intercambio de información a fin de fortalecer y consolidar las redes de atención a las víctimas del delito a nivel nacional en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En su suscripción participaron las siguientes Dependencias Federales: Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Procuraduría General de la República.
Considerandos
Primero. Que la indiferencia y falta de resultados de autoridades competentes en los casos de desapariciones y homicidios en Ciudad Juárez, estimula la creación de Asociaciones Civiles como la de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, fundada por familiares y amistades de jóvenes desaparecidas o asesinadas en Chihuahua, para orientar a las familias afectadas, reclamar justicia jurídica y social para ellas, por medio de diferentes acciones, promover programas de rehabilitación ocupacional a fin de atender la salud física y afectiva de integrantes de dichas familias que lo soliciten.
Segundo. Que la impunidad que caracteriza a estos delitos en Ciudad Juárez, estimula a la delincuencia, para continuar cometiendo delitos de explotación sexual y Trata de Personas, así como de amenazas y atentados contra vidas humanas de familiares de esas víctimas que han desaparecido o se han hallado muertas. Esa victimización y re victimización en contra de mujeres que residen o trabajan en el Municipio de Ciudad Juárez, produce descomposición del tejido social en los diversos ámbitos de convivencia.
Más grave aún, cuando ante la pasividad de autoridades encargadas de investigar, los gobernados han tenido que organizarse desde la sociedad civil, para investigar y denunciar, han recibido amenazas y atentados contra su integridad física y contra su vida.
Tercero. Que es necesario alzar la voz desde el seno de este Órgano de Representación Popular, para condenar enérgicamente la pasividad en las investigaciones de casos denunciados de homicidios y desaparecidos. La falta de sensibilidad y atención oportuna a casos de activistas de la sociedad civil, que han sido víctimas de atentados, contra su integridad física y contra su vida, al denunciar casos y lugares donde operan tratantes de mujeres menores y mayores de edad.
Cuarto. Que la Trata de Personas es un delito, así como una forma de esclavitud, que por medio de la violencia física, moral, el engaño o el abuso de poder, los tratantes realizan las correspondientes conductas delictivas, para someter a las víctimas a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Quinto. Que hay factores sociales, que en su conjunto hacen a una persona más vulnerable a una situación de trata y disminuye la posibilidad de pedir ayuda o denunciar. Entre esos factores están pobreza, falta de educación formal, falta de orientación sobre los derechos humanos, discriminación, racismo, clasismo, xenofobia y misoginia, entre otros. También inciden en esa vulnerabilidad, el status particular ante el sistema jurídico, o a que dentro del sector en que convive, es aceptada o al menos ignorada la explotación.
Sexto. Que ante la gravísima violación a derechos humanos con motivo de la Trata de Personas, en zonas de la frontera norte del país, se hace necesario urgir a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, para que en coordinación con instancias competentes de todos los niveles de gobierno; y con la coadyuvancia de sectores privado y social, se agilicen y profundicen las investigaciones para capturar y castigar a quienes atentan contra mujeres, con fines de explotación sexual, o Trata de Personas, así como a desmantelar redes de tratantes.
Tomando en cuenta que en todo momento la víctima debe ser la prioridad. Por ello, implementar operativos de rescate, que garanticen la preservación de ellas y brindar protección adecuada y oportuna a familiares y activistas sociales amenazados por tratantes de personas.
Séptimo. Aunque en general, la Trata de Personas es un delito que se comete sobre todo al amparo de la invisibilidad y de la impunidad, debido a que la gran mayoría de sus víctimas provienen de contextos en los que difícilmente pueden conocer plenamente sus derechos y exigir su cumplimiento, a nivel global, la trata con fines de explotación sexual continúa siendo la modalidad más visible. De los casos identificados, 79 por ciento corresponden a explotación sexual y 18 por ciento, a explotación laboral.
Octavo. Los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes, o similares, son espacios que facilitan la explotación sexual comercial, o laboral, por lo que a efecto de proteger a las víctimas e identificar a quienes son autores de estos ilícitos, deben multiplicarse los operativos contra “giros negros”, en las diversas Entidades Federativas, en el caso, corresponde al Gobierno de Chihuahua, en coordinación con autoridades Federales y Municipales, practicar operativos de revisión y, en su caso, aplicar las sanciones administrativas y penales que correspondan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades de la Fiscalía General de Chihuahua, para que realicen las investigaciones necesarias en los casos de desapariciones y homicidios de mujeres en el Municipio de Ciudad Juárez, de ese Estado de la República Mexicana.
Segundo. Se exhorta al C. Carlos Manuel Salas, Fiscal General de esa Entidad Federativa, para que atienda las denuncias acerca de víctimas desaparecidas, en particular, las que han formulado familiares de ellas y organizaciones de la sociedad civil.
Tercero. Agilice las investigaciones y coordinación de acciones con otras instancias competentes, para detectar victimarios y redes de trata de personas y aplicarles las penas correspondientes
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero del 2012.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, Alejandro Carabias Icaza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, a efecto de que retire de forma definitiva e inmediata se realice la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos al tenor de las siguientes
Consideraciones
La clase obrera no merece vivir de un salario mínimo el cual es por demás precario y que este sea el sustento para los suyos, sino con un salario con el cual pueda satisfacer todas sus necesidades, que puedan desarrollarse tanto ellos como sus familias en un entorno de oportunidades, que los lleve a generar mayores esperanzas entre los suyos, mayores logros de cada uno de sus integrantes.
Generado por diversos factores, nos podemos percatar hoy en día que la clase obrera así como los prestadores de servicios turísticos no son capaces de llevar a casa un ingreso significativo derivado de su sueldo, que la situación que se vive en el país no es la más óptima para seguir con un salario tan bajo, que los negocios están decayendo, que están cerrando por completo, dejando sin trabajo a muchas familias, obligándolos prácticamente a conseguir un trabajo mal pagado si es que lo encuentran, por eso debemos de hacer énfasis en un aumento salarial para ellos.
De cuatro años a la fecha se ha incrementado el salario mínimo general de una manera totalmente deficiente, ya que en este lapso de tiempo tan sólo ha habido un aumento insignificante de 11.76 pesos de acuerdo a datos proporcionados por el Inegi, en el 2007 el salario mínimo general oscilaba en los 50.57 pesos y para este año está en 62.33 pesos, lo cual nos da una clara muestra de que éste aumento no es acorde a la inflación del país, de que el aumento que se realiza anualmente no alcanza a las familias mexicanas para poder complementar sus necesidades con los productos básicos los cuales si han ido en aumento en los últimos años, que vemos diariamente como siguen aumentando y de igual manera las necesidades más elementales de los trabajadores, los cuales ya no solo ven su bienestar individual sino un bienestar general a favor de sus familias.
El salario mínimo general debe ir en aumento anualmente, esto acorde con el incremento de precios en los productos, pero siendo realistas este aumento anual es demasiado bajo en comparación con el aumento que han tenido la mayoría de los productos en el mercado, es carente para que los trabajadores puedan abastecer de manera suficiente sus necesidades más básicas, siendo por más insuficiente para poder llevar a casa lo primordial a sus familias.
Debemos todos de estar conscientes de que hoy en día los trabajadores y sus familias deben de tener una mejor calidad de vida, por ello la preocupación de incrementar el salario para que éstos puedan proporcionarle a los suyos tranquilidad y bienestar general, no sólo para poder llevar lo básico, no sólo para poder vivir al día, sino para tener un mejor día a día, esto en sí también se va a ver reflejado en la jornada laboral del trabajador, ya que va a contribuir a formar mejores personas y habrá una mayor productividad para ambas partes.
En la actual legislatura, compañeros de diversas fracciones han tratado de instar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que incrementen significativamente el salario, una proposición anterior fue basada en un aumento del 6.5 por ciento, pero tal parece que ellos no ven la necesidad de hacerlo, que a pesar de ver el aumento de precios en productos y servicios hacen caso omiso de querer ayudar a las familias mexicanas.
En este sexenio hemos escuchado a un presidente comprometido totalmente con los jóvenes, con el empleo, pero los mexicanos no viven de promesas, sino de hechos. Estamos cansados ya de ver como se viene abajo nuestro México, azotado no sólo por la delincuencia, sino por el desempleo, o por empleos miserables que no alcanzan a satisfacer a los trabajadores.
Un tema que sin duda debemos abordar es la canasta básica, esta se define como el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una familia pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso. Es decir, los productos que se necesitan para una vida digna sin caer en la pobreza.
Entre las canastas básicas más conocidas está la que utiliza el Banco de México, la cual mide la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
La canasta se obtiene a partir de la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) emitida por el Inegi. Dicha encuesta proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios. Con esta base el Banco de México selecciona algunos productos y servicios y los integra en una canasta básica.
Pero cómo hacer para sacar mayor provecho de ella si el salario de un trabajador no es suficiente para poder adquirirla, los productos más básicos han sufrido constantes aumentos, ya sea leche, tortilla, huevo, por mencionar algunos, y no así el salario del trabajador.
De acuerdo con investigadores de la UNAM, tres años anteriores al 2010 la canasta básica había incrementado su costo en un 93 por ciento, pasando ésta de 80.00 a 157.00 pesos, por lo que genera una pérdida en el poder adquisitivo y una caída en las condiciones de vida de los trabajadores. La canasta básica ha sufrido una alza debido a que los productos han aumentando de igual manera, teniendo los trabajadores que pagar más para poder vivir dignamente.
El salario mínimo general como hemos mencionado anteriormente se sitúa en los 62.33 pesos, por lo que es por demás notorio que una familia no puede subsistir con esta cantidad por día, ¿cómo satisfacer las necesidades elementales con un salario tan precario? ¿Qué puede comprar un jefe de familia con esta cantidad? ¿Es que acaso alcanza verdaderamente para que el trabajador y los suyos puedan tener una vida digna derivado de su ganancia diaria? ¿Cómo hacer posible que éste rinda con los costos tan altos en el mercado?
Es por ello que estamos totalmente convencidos que la encargada del aumento al salario mínimo general, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no hace un trabajo eficiente de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley Federal del Trabajo al Consejo de Representantes de dicho órgano en su artículo 557, fracción VIII, a través de sus deberes y facultades, motivo por el cual creemos oportuna su desaparición definitiva, ya que no ha tenido un buen desempeño en sus funciones, no han realizado de manera adecuada un incremento justo y acorde al alza de los insumos en el mercado y no han logrado dar seguridad a los trabajadores para que éstos vivan dignamente junto con sus familias.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a realizar un incremento al salario mínimo general, ya que actualmente no existe congruencia entre éste y la inflación del país.
Segundo. Se exige la desaparición definitiva de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos motivado por la deficiente actuación a favor de los trabajadores, imposibilitando su impulso y beneficio colectivo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de febrero de 2012.
Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa preocupación por la información vertida por el Consejo Técnico y el director del IMSS en el sentido de liquidar a trabajadores de éste, a cargo del diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos diputados a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 93, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 79, numeral 3, fracción IV; 158, numeral 1, fracción VII, y 198 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
El proceso revolucionario de 1910 sentó las bases para el nuevo pacto social en nuestro país, del que se desprendieron una serie de avances sociales plasmados en el artículo 3, 27 y 123 constitucionales.
La lucha histórica emprendida por los trabajadores del campo y la ciudad llevó a la inclusión de la fracción XXIX en el mencionado artículo 123, que consideraba la previsión de otorgar seguridad social.
En la década de los años cuarenta del siglo pasado, se fundaron los dos pilares de la seguridad social en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Estas dos instituciones han sido las principales encargadas de otorgar una serie de servicios y prestaciones a los mexicanos desde hace casi siete décadas.
Sin embargo, de manera paradójica desde la implantación de los gobiernos neoliberales en México, se ha ido socavando el propósito de los mismos, se les ha ido asfixiando financieramente, con el objetivo final de cancelar la seguridad social pública y privatizar las funciones que ésta realiza.
Es en este contexto, que a principios del mes de febrero se dieron a conocer una serie de informaciones relativas a que en el consejo técnico del IMSS, encabezado, por Daniel Karam, se planteó la necesidad de liquidar a la totalidad de los trabajadores del instituto, con el objeto de ahorrar las pensiones. Esta reunión se habría llevado a cabo en el año 2010.
Asimismo, planteó otras medidas como la fiscalización de la nómina de jubilados, para disminuir su costo excesivo y hacer modificaciones al modelo de financiamiento.
En la reunión del consejo técnico, Karam hace referencia a un estudio en el que supuestamente se corrobora que la situación del IMSS es crítica y que para finales de este año los recursos podrían no ser suficientes para comprar medicamentos y cubrir la nómina.
Según las cifras dadas a conocer por el director de Finanzas del IMSS el monto que se requeriría para llevar a cabo la liquidación es de 152 mil millones de pesos.
Para este año, el cálculo del déficit de operación del IMSS, es de 16 mil 278 millones de pesos y proyecciones hechas al año 2030, lo estiman en 219 mil millones de pesos.
Paradójicamente, cuando se filtró la información de que en el consejo técnico había planteado diversos escenarios del futuro del IMSS, el director Karam desestimó la propuesta de liquidar al personal, incluso señaló que la situación financiera del instituto en el último año había mejorado.
No obstante, ello, admitió que las medidas planteadas en 2010 son planteamientos de fondo para darle viabilidad al instituto a largo plazo.
Es necesario que esta soberanía tenga de manera urgente un encuentro con las autoridades del IMSS para que amplíen la información y den a conocer el estudio donde se plantean los diversos escenarios para el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados expresa su preocupación por la información vertida por el consejo técnico del IMSS y su director, Daniel Karam Toumeh, en el sentido de liquidar a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que considera necesario sostener una reunión de trabajo con dicho consejo con el propósito de conocer mayor información sobre este tema.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2012.
Diputado Juan Enrique Ibarra Oedroza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a las entidades federativas y a los gobiernos municipales a informar oportunamente a la ciudadanía sobre las obras públicas que se realizan mediante un espectacular con los datos de la obra que beneficiará a la población, quién la efectúa, fecha de inicio y término, y monto de la inversión, a cargo del diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con el artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito diputado Juan Pablo Jiménez Concha, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a las entidades federativas y a los gobiernos municipales, a informar oportunamente a la ciudadanía de las obras públicas que se realizan a través de un espectacular que proporcione los datos de la obra que beneficiarán a la población, especificando , quien efectúa, fecha de inició y término, así como el monto de la inversión.
Exposición de Motivos
México cuenta con elementos fundamentales para privilegiar la transparencia de información hacia la sociedad civil, es importante que la comunidad este informada de las obras públicas que se desarrollan en sus localidades, que los recursos asignados se hagan del pleno conocimiento público en toda las obras que se realicen, ya que es fundamental en estos tiempos que la información de la aplicación del recurso destinados a obras que beneficien a la población como infraestructura, salud, educación, seguridad etc., tenga la transparencia que debe tener todo gobierno con sus habitantes, para evitar la confidencialidad así como la corrupción.
Por otro lado es esencial la rendición de cuentas que tiene el estado dentro de sus responsabilidades sociales, ya que las deficiencias en el funcionamiento burocráticas de las instituciones públicas, se utilizan como excusa para evadir su compromiso que tiene con la sociedad en materia de información.
Asimismo, la participación ciudadana actúa como contraloría de las instituciones gubernamentales, estableciendo una importante vinculación activa y permanente con la sociedad organizada y amplia los espacios para que los habitantes participen en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
En todo gobierno democrático, entre gobierno y sociedad se dan mecanismos de rendición de cuentas por los gobernantes, que permiten a los ciudadanos la transparencia en la aplicación de recursos, generando una dinámica de confiabilidad en el desempeño del gobierno.
Hoy la fiscalización y el derecho a la información en el ámbito gubernamental y municipal, es importante para la sociedad ya que ayuda a construir una visión compartida entre el gobierno y la sociedad, promueve la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno hacia la sociedad, cerrando así espacios para la corrupción, y aplicando soluciones eficientes a problemas sociales.
Por último, es necesario mencionar que los derechos esenciales que tenemos los ciudadanos y que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestro país es el derecho de acceso a la información (artículo 6), derecho de petición ( artículo 9), y la Participación en la planeación del desarrollo: (artículo 26).
Así como la Ley de Planeación Prevé la participación social en la planeación del desarrollo nacional, su artículo 20 establece que las organizaciones representativas de varios grupos sociales participen como órganos de consulta permanente en la planeación relacionados con su actividad.
El artículo 28 establece que el Plan Nacional de Desarrollo y los programas federales sean objeto de coordinación tanto con los Gobiernos de los Estados como con los grupos sociales interesados.
Los artículos 32, 37, 38, 39 y 40 prevén la concertación de acciones gubernamentales con los grupos sociales y con los particulares interesados.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece como uno de sus objetivos el de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos Obligados, y el de Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho.
Por ello, es importante que el gobierno federal, las entidades federativas, y municipios así como los entes públicos o privados de unas y otros, cumplan con el derecho de informar a los ciudadanos.
Por lo expuesto, presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Se exhorta al Ejecutivo federal, a las entidades federativas y a los gobiernos municipales, a informar oportunamente a la ciudadanía de las obras públicas que se realizan a través de un espectacular que proporcione los datos de la obra que beneficiarán a la población, especificando , quien efectúa, fecha de inició y término, así como el monto de la inversión.
Palacio Legislativo, a 21 de febrero de 2012.
Diputado Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales, y a las Procuradurías de la república a realizar acciones contra los feminicidios, a cargo de la diputada Elvia Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de ésta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A pesar de los avances, se registran atrasos en diferentes esferas en materia de violencia hacia las mujeres por razones de género. En la primera década del siglo XXI, la estadística es no sólo desalentadora sino alarmante.
México ocupe el primer lugar dentro del índice mundial de muertes violentas de mujeres, dentro de los países que no están en situación de guerra. Estadística que registra el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Es decir, nuestro país ocupa el primer lugar entre 135 países.
Además, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, las mexicanas de entre 15 y 44 años corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer o accidentes. Cada día mueren seis mujeres en forma violenta: cuatro por homicidio y dos por suicidio, y entre 30 y 50 por ciento de las víctimas de abuso son menores de 15 años, en tanto 20 por ciento son menores de 10 años.
Según datos del Inegi, en México 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea en su relación de pareja o en espacios comunitarios, laboral, familiar o escolar. Sin descartar la violencia emocional, de incidencia económica, física y sexual en todos los grupos sociales.
Es preciso entender que la violencia perpetrada en contra de las mujeres por causas de género, es un tema de fundamental importancia que atañe al Estado mexicano y que requiere del compromiso decidido de los tres poderes del Estado, por lo que es urgente que este tema sea prioritario en la Agenda Nacional.
Es claro que la tolerancia institucional es la principal promotora de la violencia entre los géneros. Por ello, es necesario realizar acciones decididas, comprometidas y transversales que permitan una verdadera procuración e impartición de justicia.
La peor de la violencia por razones de género es el homicidio, denominado hoy “feminicidio”, toda vez que este es perpetrado en contra de las mujeres por el hecho mismo de ser mujeres. Delito que tiene de fondo una cultura de discriminación, exclusión y minusvalía.
Es menester, construir una auténtica política de Estado, en la cual concurran los gobiernos federal y estatales, a efecto de ofrecer a las mujeres de México, respuestas efectivas, seguridad jurídica, protección a sus derechos humanos, y la certeza de ser tratadas como ciudadanas de primera, en donde sus reclamos y sus voces sean escuchadas.
En razón de lo antes expuesto someto a su consideración la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a los Poderes Ejecutivos locales de las 31 entidades y del Distrito Federal, para que instrumenten políticas públicas transversales de largo alcance y de manera coordinada, con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios en la República Mexicana.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría de General de la República y a las 32 Procuradurías de Justicia correspondientes a las diferentes entidades federativas y del Distrito Federal, a que se realicen las acciones necesarias de manera coordinada, a efecto otorgar certeza, veracidad y oportunidad jurídicas, a las averiguaciones previas que aún no se encuentran resueltas en materia de feminicidios, así como impulsar la creación de estadística suficiente y transparente sobre las muertes violentas de mujeres, con el fin de clarificar aquellos casos que sean por motivos de género o por otras causas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de de 2012.
Diputada Elvia Hernández García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a mantener por las áreas correspondientes vigilancia y control permanentes en las operaciones de las casas de empeño, a fin de evitar abusos contra usuarios, particularmente en los periodos de mayor demanda del servicio; y se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía que formule una excitativa al Senado de la República para que se aboque al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Casas de Empeño, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en nombre de los diputados federales del estado de Coahuila de Zaragoza, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Para una parte significativa de la población mundial, diciembre es uno de los meses en que más gastos incurren, particularmente por ser una época de reuniones familiares, en donde las fiestas y regalos predominan. Lo anterior trae como consecuencia que el mes de enero del año siguiente se paguen las deudas contraídas, a esto se le conoce como “la cuesta de enero”.
Nuestro país no es ajeno a esta práctica; lamentable, muchas de las familias mexicanas después de incurrir en infinidad de gastos en las fiestas decembrinas, enfrentan graves problemas de liquidez en el primer mes del año siguiente, que últimamente, y a raíz de la marcada crisis económica por la que atravesamos, se ha ampliado hasta el mes de febrero.
En este sentido, y ante la incapacidad de cubrir los gastos cotidianos, muchas de las familias incurren en el mejor de los casos, en nuevas deudas a través de préstamos bancarios. Lamentablemente, no todos tienen acceso a estos instrumentos bancarios por lo que se ven obligados a acudir a las casas de empeño para hacerse de algún dinero para hacer frente a los gastos básicos.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las casas de empeño han operado por varios siglos tanto en oriente como en occidente, variando en su forma de operación así como su función y estatutos bajo los que se rigen.
Las casas de empeño son empresas comerciales e instituciones de asistencia privada que otorgan préstamos con garantías prendarias, entre las que destacan joyas y relojes.
El crédito prendario, como se conoce en la actualidad, tiene su origen en Italia en el siglo XV. Fue una iniciativa de los franciscanos como una forma de apoyo para agricultores, artesanos, pequeños comerciantes y a los pobres. Los montes de piedad sin fines de lucro migraron a otros países de Europa, entre ellos España en 1702. Posteriormente llegaron a México en el siglo XVIII.
Las casas de empeño atendían las demandas de las clases sociales más necesitadas de protección, a través de la concesión de préstamos que eran garantizados con alhajas y ropas.
En su página web, la Condusef señala que la figura de las instituciones de asistencia privada encuentra su fundamento jurídico en la fracción tercera del artículo 27 constitucional, en donde se reconoce la existencia de instituciones de beneficencia privada, cuyo objeto sea el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, dando la base del concepto que maneja la ley especial que las regula, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. En nuestro país, 22 entidades federativas cuentan con su propia legislación en esta materia.
Algunas de dichas leyes definen a las instituciones de asistencia privada como “entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que, con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios”, mientras que otras las definen en términos generales como aquellas que por voluntad de los particulares, sin propósito de lucro, a favor de individuos o de la sociedad, se constituyan con el siguiente objeto: ayudar al débil o al marginado y/o promover la superación del hombre, independientemente de su condición económica o social y/o coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de la comunidad y del medio ambiente.
El pasado mes de enero diversos medios informativos, particularmente impresos, dieron a conocer los graves abusos cometidos por parte de algunas casas de empeño. Indicando que según datos de la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace) entre 20 y 25 por ciento de los cerca de 6 mil 500 establecimientos de préstamo prendario en México son instituciones que operan fuera de la ley y sin cumplir con las normas de este sector.
Las tasas de interés promedio que cobran las instituciones piratas tienen un promedio de 300 por ciento anual, aunque la Condusef, señala que ha habido denuncias porque la tasa de interés de las instituciones ilegales alcanza hasta 1000 por ciento anual.
El presidente de la Anace indicó que en 2011, las casas de empeño en México tuvieron un crecimiento de 10 por ciento en su cartera, que ronda los 18 mil millones de pesos.
Ante la nula regulación y la creciente demanda de este servicio por parte de un sector significativo de nuestra sociedad, hemos visto como de manera alarmante en los últimos años se ha dado un fuerte incremento en el número de estas instituciones y lo peor es que se trata de Instituciones con fines de lucro que realizan el mismo acto pero sin aportar ningún beneficio para la sociedad y funcionando de forma arbitraria y libre de cualquier supervisión y control.
Lo anterior, se pone manifiesto, a través de las innumerables quejas de los usuarios con relación a las altas tasas de interés prendario, al empleo de criterios abusivos en el avalúo de las prendas, así como condiciones muy desventajosas de los contratos de adhesión, ya que pareciera que todo está diseñado para que los usuarios no cuenten con condiciones de pago del préstamo y por consecuencia pierdan parte de su patrimonio o se vean forzados a hacer un sobreesfuerzo para recuperar sus prendas.
Por ello, creemos que el Ejecutivo debe mantener una vigilancia permanente a las casas de empeño para evitar los abusos que reiteradamente se denuncian, particularmente en los meses de enero y febrero.
Ante la marcada proliferación de las casas de empeño y la necesidad de contar con una ley federal que regule sus actividades, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja presentó el pasado 9 de diciembre de 2010 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, así como de las Leyes General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Federal de Protección al Consumidor; y expide la Ley Federal para regular las Casas de Empeño Mercantiles.
Asimismo, el pasado 17 de noviembre de 2011, el senador Julio César Aguirre Méndez presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Casas de Empeño.
Lo anterior es muestra clara de que en ambas Cámaras existe la preocupación y el interés por coadyuvar a generar la regulación para las actividades que realizan las casas de empeño en beneficio de los que menos tienen, y por lo que consideramos que ya es tiempo de que el Congreso General de la República aterrice esta legislación tan necesaria.
Por lo expuesto y fundado, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo para la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus facultades y a través de las áreas correspondientes mantenga una permanente vigilancia y control en las operaciones que realicen las casas de empeño, a fin de evitar abusos en contra de sus usuarios, particularmente en los períodos de mayor demanda de este servicio.
Segundo. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa al Senado de la República para que con la brevedad posible se avoquen a la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Casas de Empeño.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2012.
Diputados: Diana Patricia González Soto (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Lily Fabiola de la Rosa Cortés (rúbrica), Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conaculta a elaborar un plan especial en apoyo del desarrollo cultural de la niñez y la juventud en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
Ana Georgina Zapata Lucero, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracciones I y II; numeral 2, fracciones I y II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace más de una década la esforzada sociedad de Ciudad Juárez viene padeciendo el permanente acoso de una pronunciada e incontenible ola de violencia originada fundamentalmente por el crimen organizado, su combate institucional y por las secuelas del enfrentamiento entre los grupos delictivos.
El formidable esfuerzo de los habitantes de Ciudad Juárez y sus autoridades, a través de los gobiernos municipal y estatal, además del apreciable apoyo federal y las múltiples y entusiastas organizaciones de la sociedad civil, canalizado de diversas formas, programas y actividades, pese a nuestras esperanzas, no ha sido suficiente para detener la amenaza a la tranquilidad y desarrollo humano de las principales y frecuentes víctimas colaterales, jóvenes y niños, que la situación endosa cotidianamente a esta región del país, que contra de las adversidades y la magnitud y frecuencia de los desafíos, no ha renunciado a su espíritu de lucha, ni ha cejado ni un momento de trabajar por la paz, la convivencia y el desarrollo.
En ese contexto, de lucha contra el crimen, de esfuerzo contra la adversidad que representa el corredor logístico del tráfico de drogas y armas, junto a la disminución de la oportunidad económica que nos comparte la actual desaceleración del mercado más grande del mundo, es de destacar que nuestra ciudad también recibe con la doble consecuencia de enriquecimiento cultural por un parte, y de desafío de crecientes carencias por la otra, a numerosos como esperanzadores grupos de migrantes connacionales y extranjeros, que teniendo el original propósito de encontrar allende la frontera un porvenir para sus hijos, frecuentemente, sin capacidad económica para aportar a las disponibilidades fiscales locales, al asentarse en la ciudad en condiciones de vulnerabilidad, demandan mayor atención social, servicios municipales, integración comunitaria y desde luego el legítimo derecho de acceder a la cultura y el desarrollo humano.
Si bien es cierto, que gracias al esfuerzo nacional el combate a la ola de violencia, poco a poco ha mostrado un decremento criminal en el último año, la realidad es que el fenómeno disfuncional sigue afectando a la adolescencia y la juventud, ya que el tipo de violencia que allá se padece no se reduce a un problema de seguridad pública, sino que se entiende como un problema con profundas raíces familiares, sociales, culturales, políticas y económicas, que propician violencia intrafamiliar, deserción escolar y violencia en las escuelas. El enorme desempleo, la existencia de una elevada informalidad laboral, el subempleo; la existencia de puntos urbanos de alta conflictividad; la multiplicación del narcomenudeo y el acceso fácil a armas de fuego; la inmigración precaria; la deserción escolar, la exclusión de la cultura y la falta de oportunidades encuentran entre sus víctimas principales a los jóvenes de las clases populares y económicamente deprimidas.
En tal situación, la adolescencia y la juventud se encuentran mayormente expuestas a ser víctimas de actos violentos y criminales debido a su situación de desventaja frente a los adultos y, en el caso de la niñez y la juventud, especialmente femenina por las desigualdades de género que se dan.
La práctica de la cultura, permite a la niñez y juventud desarrollar habilidades, además de habilidades artísticas. De acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad de Harvard, practicar y escuchar música puede ayudar a los jóvenes a desarrollar capacidades de razonamiento especial que pueden mejorar su rendimiento académico. También ha sido demostrado que los programas basados en el arte efectivamente producen cambios en las actitudes juveniles, tal vez más específicamente con respecto a su propia identidad.
En el mismo sentido, una investigación reciente realizada por el Centro de Estudios Brasileros de Políticas Públicas (CEPP) sobre 272 proyectos culturales en el sector de bajos ingresos en el noreste de Brasil, encontró que en 90 por ciento de los casos revisados los participantes experimentaron un incremento de su autoestima. Estos cambios dentro de la juventud a su vez impactan positivamente en la manera en la que ellos interactúan con sus pares y su comunidad.
El impulso de las artes, la cultura y la recreación resultan indispensables para el desarrollo de la identidad de la niñez y la juventud. La práctica de diferentes disciplinas artísticas y culturales es, indudablemente, un mecanismo para la prevención de la violencia.
Sin embargo, la búsqueda de soluciones a esta situación en Ciudad Juárez a partir de un enfoque integral que incorpora los factores que contribuyen al bienestar y desarrollo de la adolescencia y la juventud exige mayores recursos que los disponibles y aun que los que esta soberanía ha logrado asignar como apoyo al quehacer cultural del estado de Chihuahua y en particular al municipio de Juárez.
Como se sabe, por razones diversas este año 2012, la asignación presupuestal para Ciudad Juárez ha sido dramáticamente insuficiente pues sólo consta de once millones doscientos mil pesos, para la modernización y actividades del Museo de la Revolución, la Expo Joven y Artistas Urbanos, actividades artísticas en el parque Juárez y para el escenario al aire libre, que como puede inferirse resulta un presupuesto notoriamente inadecuado para acompañar el esfuerzo que los tres órdenes de gobierno desarrollan en el programa social que encabeza la Presidencia de la República contra el crimen organizado y por la recuperación del tejido social en Ciudad Juárez.
Cabe mencionar que Ciudad Juárez, cuenta con una población de 1 millón 313 mil 338 habitantes siendo así el municipio más poblado del estado de Chihuahua. Además cuenta con un total de 147 localidades y prácticamente no existen casas de cultura, no se han desarrollado políticas encaminadas a dotar de espacios permanentes de iniciación y formación artística y difusión cultural en la amplia geografía del municipio y las pocas que existen requieren un proyecto integral de intervención cultural que las consolide como espacios culturales con oferta apropiada a las características de la población local.
Más que en ninguna ciudad del país, en Ciudad Juárez la crisis de la juventud y la falta de opciones a la misma generan efectos sumamente graves. Por ello resulta urgente que el Ejecutivo federal a través de las dependencias encargadas de promover, difundir y desarrollar la cultura, emprenda un esfuerzo especial y adicional para apoyar al gobierno estatal y a la comuna en el desarrollo integral de la niñez y la juventud de ese municipio, para aprovechar el empeño que en el mismo sentido y con los mejores objetivos vienen desempeñando las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad.
Por lo expuesto, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) a elaborar y desarrollar, en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, y el municipio de Ciudad Juárez, y con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil de la localidad, acreditadas por su trabajo en la materia, un Plan Especial Fronterizo 2012 de apoyo al desarrollo cultural de la niñez y la juventud en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se puedan concretar apoyos, aportaciones y donativos de todos los sectores de la sociedad en general, financiado en su parte sustantiva con recursos federales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a día 21 de febrero de 2012.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
Un sano equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos de una nación sólo puede ser posible en la democracia y con respeto irrestricto al estado de derecho; derechos, obligaciones y democracia son la triada ideal donde se generan las condiciones para una real convivencia armónica entre los individuos y su gobierno.
Nadie puede negar que las dos últimas décadas hayan sido, para nuestro país, de definiciones. No es coincidencia que al estar inmersos en un largo proceso de transición hacia la plena democracia hemos pasado de una forma de ejercer los asuntos públicos donde las decisiones del gobierno competían única y exclusivamente a un ente monolítico, a una forma donde se están realizando grandes esfuerzos por superar los individualismos y se busca construir una sociedad humanista que haga girar todas las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales alrededor de la eminente dignidad de la persona humana.
Por ello, en un día como hoy, al conmemorar el aniversario del día de la justicia social, es fundamental que continuemos perseverando en el esfuerzo por consolidar y llevar al lenguaje cotidiano los conceptos de bien común, solidaridad y subsidiariedad, así como su aplicación y respeto recíproco.
Y es que la convivencia armónica se construye cuando todos entendemos que los derechos de los demás son mis obligaciones y mis derechos son las obligaciones de los demás, porque sólo la solidaridad, así entendida, hace de la comunidad humana una auténtica común unión que nos hace girar alrededor del objetivo central de la existencia temporal, que es la plena realización del ser humano, la felicidad alcanzable en el devenir histórico, temporal de la persona humana.
Justicia social implica la reorganización de la sociedad política en la medida de la propia persona, para responder a sus ilusiones, legítimas aspiraciones y a la preservación de su esencia más auténtica; Justicia Social es recuperar el concepto de persona humana como centro de toda acción política, social y cultural, que ejerce su libertad con responsabilidad, dotada de inteligencia para conocer la verdad y sobre todo, con una vocación social.
A lo largo de los años, el concepto de justicia social ha ido en constante evolución; ha transitado del mero concepto que nos remite a la necesidad de reconocer los derechos de los menos favorecidos, para consolidarse en un principio fundamental que es pilar de la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Concepto que reconoce las necesidades del individuo pero que al mismo tiempo contempla su devenir en un mundo globalizado.
Para Acción Nacional y sus legisladores, es fundamental que el Estado y sus acciones estén orientadas en la creación de verdaderas condiciones de desarrollo igualitario; desde nuestra fundación en 1939, hemos sido defensores del papel del Estado como garante y rector no paternalista, de evolución y crecimiento en igualdad de condiciones; concebimos al gobierno como un regulador y arbitro cuya labor es la de vigilar y proteger los derechos del individuo y su intervención está supeditada a remover obstáculos y a compensar de manera temporal las desigualdades; tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario es en suma, el concepto que el Partido Acción Nacional tiene acerca de la Justicia Social.
En un día como hoy, 20 de febrero, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce “la necesidad de seguir consolidando los esfuerzos de la comunidad internacional para la erradicación de la pobreza y la promoción del pleno empleo y el trabajo decente, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y a la justicia, para todos”, sin embargo, también es preciso mencionar que en la práctica, Acción Nacional ha sido defensor de la justicia social, sesenta y ocho años antes de que la propia Organización de las Naciones Unidas estableciera un día para su conmemoración.
Por ello, el concepto de justicia social no nos es ajeno, por el contrario, a los legisladores de Acción Nacional y a quienes integramos este instituto político, así como a los gobiernos emanados de él, nos es familiar el término, no nos es incómodo hablar de dignidad de la persona, de una economía humana y moderna, de democracia y de un Estado rector y garante, todo lo contrario a quienes hoy en día y en pleno siglo XXI lanzan condolencias por el fallecimiento de dictadores en el otro lado del planeta.
Somos y seguiremos siendo corresponsables de la suerte del compatriota; por ello, es fundamental continuar impulsando hasta el último día de esta Legislatura, una agenda social con énfasis en la protección a los más necesitados, no con una visión de clientela política sino con conocimiento de los problemas y sus soluciones; ya hemos dado vivo testimonio de que cuando se quiere, los diputados y diputadas nos hemos puesto del lado del ciudadano, sobre todo en temas donde se atenta contra la libertad y la dignidad como las reformas Constitucionales del año pasado, donde esta Cámara acepta el reto de crear una verdadera y eficaz legislación contra la Trata de Personas; desde la perspectiva de Acción Nacional y la de la voz, seguiremos luchando contra los verdaderos enemigos de la patria, los delincuentes, los secuestradores y sobre todo, impulsando una agenda integral y de la mano de la sociedad en el combate a la trata de personas.
Amigas y amigos legisladores:
Menciona el secretario general de la ONU, al conmemorar un día como hoy que “la justicia social es más que un imperativo ético, es la base que sustenta la estabilidad nacional y la prosperidad mundial, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, y el respeto a los derechos humanos son esenciales para aprovechar plenamente el potencial productivo de las naciones y los pueblos”. Por ello, es fundamental que desde esta Cámara aprovechemos hasta la última de nuestras fuerzas para construir una ruta que erradique la pobreza, que proteja a las mexicanas y mexicanos de ser vulnerables por su condición de marginación ante la delincuencia, que se promueva la igualdad de oportunidades de empleo para que sumarse a las filas del crimen no sea una alternativa para nadie; seamos corresponsables de la suerte del compatriota pues sólo así lograremos bienestar social y justicia para todos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2012.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)