Que expide la Ley General de Protección y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos Generadas por la Violencia, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

I. Sobre la llamada Guerra contra el narcotráfico y sus alcances

La violencia que ahoga a México es parte de un triunvirato que corona diaria y miserablemente nuestras vidas. Primero: la violencia objetiva de criminales que se han enseñoreado de vastas zonas del país, imponiendo su ley de fuego y asedio a la población. Segundo: la violencia de instituciones y autoridades sistemáticamente omisas en la procuración e impartición de justicia a las víctimas, y que han renunciado a perseguir a los delincuentes. Tercero: la violencia simbólica de un leguaje de poder, que impone a todos un sentido de privación de derechos y libertades. Y que bajo el señuelo de una guerra de exterminio que no osa decir su nombre, condena a las y los jóvenes de sectores pobres, a la calidad de daños colaterales . Es decir víctimas sacrificables, consideradas como efectos destructivos no considerados en la estrategia, que han de perecer, “para que la droga no llegue” a los sectores de los “otros sectores no pobres” que, a juicio de este Poder sí merecen la protección y el derecho a la seguridad.

Esta guerra ha dejado en cinco años más muertos y lesionados que cualquier otro conflicto armado de la actualidad. El Barómetro de Conflictos 2010, de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, situó a México en niveles de inseguridad de México similares a los de Somalia, Sudán, Irak, Afganistán y Pakistán. De acuerdo al número anual de asesinados (más de diez mil ese año), México fue catalogado en último plano de la escala de 1 a 5 que equivale a una “guerra”.

El Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados , reportó que durante 2010, fueron desplazadas de sus lugares habituales de vivienda 230 mil personas, de las cuales 120 mil lo hicieron por inseguridad.

La violencia ha escalado en víctimas y zonas afectadas. En 2006, cuando inició esta guerra sin nombre, se registraban 2 mil 120 víctimas del llamado crimen organizado –que como se sabe incluye a cualquier delito que haya sido perpetrado por al menos tres personas, según la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada–. Y la violencia cubría a 46 municipios.

Para 2011 el número de muertos llegaba en el mes de septiembre a 25 mil 806 y la violencia se había extendido, como las manchas de una epidemia, hasta 277 municipios del país. Para concluir el año, el número de asesinatos alcanzó la cifra de 51 mil.

Tan sólo las muertes ocurridas durante los primeros seis meses de 2011 son 13 veces mayores a las que ocurrieron en Afganistán en el mismo periodo. Considerando estas cifras, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) aseguró que nuestro país vive una “violencia intensiva” por la lucha contra el narcotráfico que ha superado en los últimos años a las registradas en Afganistán.

De acuerdo a expertos (Eduardo Guerrero, 2011) los escenarios de la violencia hacia el final de 2012 arrojan un promedio de 70 mil muertos. Si así fuera habría perecido en seis años 5.38 por ciento de la población del país, equivalente a 15.5 por ciento de los muertos ocasionados por la peor epidemia de influenza que ha vivido el país, que fue la llamada “Influenza Española” en los años cuarenta. Aunque esta epidemia de violencia hoy se ha llevado a los más jóvenes entre 20 y 29 años, que representan a 35 por ciento del total.

II. Las víctimas y el significado de la violencia

Las cifras sobre las víctimas cambian día a día. La cifras oficiales son inciertas, no sólo por la rapidez con que cambian, sino porque se han vuelto objeto de manipulación política. El seguimiento puede ser más difícil de realizar en 2012, por ser año electoral, en el cual seguramente el rostro de la violencia va a ser emasculado por el de una calma chicha.

La cotidianidad de asesinatos, desapariciones y lesionados, han superado la capacidad de los servicios periciales y forenses en al menos una decena de entidades del país. Actualmente en más de 70 por ciento de las muertes violentas con presunción de homicidio doloso, no se realizan necropsias, ni se llenan los certificados de defunción por médicos forenses. Los hallazgos de cadáveres descompuestos en fosas; la ausencia de mecanismos científicos de identificación de cadáveres; la falta de mecanismos expeditos para publicitar los resultados de la identificación, son situaciones que llevan a muchos de estos cuerpos no sean recogidos por sus familiares y se van a la fosa común, sin recibir en su última morada un trato humano y digno.

Además de estas víctimas directas, muchas de ellas inocentes, existe otro grupo de víctimas que no se ha registrado ni está incluida en ningún registro del gobierno federal y que nos merecen especial atención. Se trata de todas aquellas personas que sin tener vínculos o relaciones con la delincuencia organizada han perdido la vida de manera violenta ya sea en enfrentamientos, fuegos cruzados, retenes, ejecuciones extrajudiciales o de cualquier otra forma, y que se han invisibilizado tanto en las cifras como en las medidas de atención y reparación del daño. Están también los hijos, hijas, esposas, familias que ha perdido algún miembro de la familia, en los enfrentamientos y fuegos cruzados; los deudos y huérfanos de los que han muerto violentamente y calificados sumariamente como criminales, sin mediar investigaciones ni procesos. Los que buscan a familiares desaparecidos; los que claman justicia a sus ejecutados o desaparecidos a manos de desconocidos o por abusos de las fuerzas del orden. Están también quienes han sido despojados de sus bienes por extorción; los que han abandonado sus tierras y viviendas por temor.

El panorama social que deriva de este escenario es desolador. Las huellas del dolor, de la descomposición, del abandono y el miedo, en muchos de estos territorios no se borrarán fácilmente. Sobre todo no podrá haber superación ni cicatrización social sin una intervención deliberada y sostenida del estado para hacer justicia y reparar los daños en el tejido social de las comunidades traumatizadas por esta violencia y sus secuelas.

Porque en esta guerra insensata se han desnudado las falencias del sistema de seguridad y de justicia a todos los niveles; se ha perdido la confianza en la fuerza de la ley; se ha exhibido la ruptura del cemento social que aglutinó en algún momento de nuestra historia, al hombre opulento con el trabajador pobre, como miembros ambos de una misma nación.

Porque a través de las decenas de miles de muertos y desaparecidos, muchos de ellos probablemente inocentes, hemos observado el precario valor de nuestros derechos como ciudadanos.

Porque a través de las y los jóvenes asesinados, o reclutados por las bandas criminales, hemos visto quebrantada la esperanza de llegar a ser una nación próspera y civilizada.

Porque en las múltiples expresiones de extrema crueldad de esta violencia, hemos escuchado el grito sordo de un pueblo pobre, envilecido por la ignorancia y falta de alternativas y oportunidades, un pueblo despojado de su dignidad ciudadana, sin canales para expresar su hartazgo del abuso y la corrupción de autoridades y poderes fácticos, siempre impunes y siempre triunfantes.

Porque en este lamentable sangriento episodio de nuestra historia, los mexicanos hemos vivido nuestro propio Holocausto y para sanearnos debemos asumir amorosa y cívicamente, el deber de la renovación, de la conciliación, de la paz con dignidad, justicia y democracia.

III. La responsabilidad de reparación por parte del estado

Cualquiera de las modalidades y situaciones descritas, implica una gran responsabilidad por parte del Estado mexicano, en algunos casos de manera completa y en otras de manera subsidiaria.

No sólo por elegir y aplicar sorda y pertinazmente una estrategia de extrema violencia sin considerar previamente los costos; o por desestimarlos, a pesar del crecimiento exponencial de las pérdidas en vidas humanas. Sino por carecer de acciones para potenciar las capacidades institucionales para procurar justicia a las víctimas, reparar los daños y restablecer la convivencia pacífica y civilizada. Además de atender con recursos suficientes y programas adecuados, las condiciones sociales que han propiciado la penetración de las actividades criminales en el tejido social y reparar las secuelas de la crueldad y la violencia en los grupos y zonas más vulnerables.

En estos hechos es inexcusable la responsabilidad del estado. No hay nivel de gobierno que pueda, en derecho y en responsabilidad pública, eximirse de estas obligaciones arguyendo ya sea la conducta moral de las y los involucrados, o suponiendo la probable pertenencia de una persona a algún grupo de la delincuencia organizada. Porque usar esa operación discursiva para tratar a las víctimas y a los posibles delincuentes, es extenderles tácitamente una calificación de minusvalía ciudadana, colocándolos en el extremo inferior de la escala social, como una escoria humana prescindible, sacrificable, y por tanto indocumentada.

La calificación de “civiles” por oposición a los que son militares o fuerzas del orden, para referirse a las personas que pierden la vida sin aparentemente tener ningún vínculo con grupos delictivos” reconoce implícitamente que aquellos que pudieran tener alguna relación con grupos criminales ,no son por lo tanto civiles, abriendo una sub-clasificación y un vacío jurídico y denominativo, que ha derivado en la invisibilidad, opacidad y desatención, de decenas de miles de mexicanos y mexicanos, que han sido borrados para la justicia durante estos últimos 5 años.

La omisión de las autoridades para hacer valer las leyes y la justicia quedan plenamente documentadas con los niveles de impunidad que hay en el país. De acuerdo a cifras dadas por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en marzo de 2011, más de 98 por ciento de los asesinatos en el país permanecen impunes, generando un ambiente de frustración, decepción y miedo entre la población. La confianza en estas instituciones está derruida como lo prueba el hecho de que entre los 13 y 15 millones de delitos que se cometen al año, sólo se denuncia 1.5 millones (10 por ciento) y sólo se sentencia a 1.5 por ciento del total (150 mil sentencias penales en todos los tribunales del país).

Tanto por los daños sociales, como por la “desclasificación” de las víctimas, la carencia de registros y la ausencia de una política de estado clara y puntual para atender a las víctimas de esta cruzada de violencia encabezada por al gobierno federal, es que resulta indispensable contar con una legislación especializada que nos permita, en los próximos años, recuperar a nuestros jóvenes de las garras de las adicciones y la criminalidad; restañar y propiciar en los hogares y en las comunidades urbanas y rurales, la convivencia pacífica, el respeto mutuo, el trabajo fecundo y satisfactorio.

Edificando la fe y la confianza en la ley y las instituciones que nos gobiernan, sobre una nueva moralidad pública.

IV. Violaciones de derechos humanos y abuso de poder

En las operaciones de enfrentamiento contra los grupos criminales, se ha registrado un sinfín de violaciones a los derechos humanos, por acción u omisión de autoridades civiles, policíacas y/o militares o, debidas al ejercicio del abuso de poder de estos funcionarios, que equívocamente han actuado bajo la premisa de priorizar la seguridad, a la legalidad que dicen representar y preservar.

El uso de las fuerzas armadas en una estrategia de ataque frontal, haciendo tareas que corresponden a los cuerpos de seguridad pública e incluso suplantando a autoridades civiles en muchos de los operativos efectuados, no estando habilitados para dichas tareas, han provocado o favorecido de manera voluntaria e involuntaria, que sus efectivos incurran en diversas violaciones a los derechos humanos. Lo que ha multiplicado el universo de víctimas de esta política de seguridad, por el uso de la fuerza desmedida.

La militarización del enfoque estratégico de esta lucha, sumada al desplazamiento de la atención en materia de procuración de justicia que ésta lleva implícita, han llevado a que todas aquellas personas o grupos de ciudadanos y ciudadanas que se dan a tarea de pedir cuentas a las autoridades civiles, de las desapariciones, levantones, feminicidios, abusos, u omisiones de autoridades diversas, en contra de sus familiares, amigos o conocidos, sean tratados como obstáculos o agentes antagónicos de la estrategia, e incluso puedan sufrir ellos mismos el acoso, el aniquilamiento o la desaparición.

De enero de 2006 a octubre de 2011, la CNDH recibió 11 mil 680 quejas de violaciones a los derechos humanos. En el último se concentraron 6 mil 241 quejas en contra de las autoridades el sector seguridad ?Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional? en relación con hechos violatorios, tales como: alteración de las escenas de los hechos; cateos ilegales, privación de la vida, detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante, empleo arbitrario de la fuerza pública, retención ilegal e integración irregular o deficiente de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia.

V. La doble victimización ante el sistema de procuración e impartición de justicia

El respeto a los derechos fundamentales de las víctimas es un elemento primordial para consolidar un estado democrático de derecho, lo cual implica identificar fallos que resolver y necesidades que atender estableciendo las medidas legales y administrativas indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios de procuración de justicia y atención oportuna y precisa en materia de salud u otros que sea menester proporcionar a la población afectada.

En nuestro país, la atención a las víctimas fue impulsada en sus inicios por parte de organizaciones civiles de mujeres, dedicadas a la defensa de los derechos de las víctimas de delitos sexuales y violencia familiar. A este esfuerzo se sumaron años después las propias instituciones públicas, a partir de la primera reforma al artículo 20 de la Constitución en 1993 que elevó a rango constitucional los derechos de las víctimas 1 .

Las reformas a este mismo artículo de los años 2000 2 , 2008 3 y 2011 4 , permitieron a las víctimas del delito, en el lapso de casi dos décadas, gozar de reconocimiento constitucional de sus derechos en el proceso procuración e impartición de justicia, además de contar con pautas legislativas mínimas que resguardan su participación 5 y acceso a la deliberación constitucional en el juicio de amparo. 6

Este importante avance es empero insuficiente, entre otras razones, por la ausencia de una política pública de colaboración institucional uniforme y coordinada entre los diversos órdenes de gobierno, e incluso entre las distintas dependencias de cada uno de ellos.

Una política que permita desplegar un enfoque integral de atención, a fin de que las víctimas reciban apoyo jurídico, médico y psicológico de calidad, o canalizarlas a otros de los que haya necesidad.

Ya que se ha detectado que el personal que tiene contacto con ellas, como lo es el adscrito a las agencias del Ministerio Público (elementos de policía ministerial, peritos, médicos), y a los servicios de salud (en las salas de urgencia), carece de la capacitación y de la actitud debida para atender y apoyar a personas en crisis. Además de que, en frecuentes ocasiones, su actuación lejos de asistir en los necesario a las personas en su trance de agravio, prodigando una atención eficiente y apegada a la legalidad, las revictimizan agregándoles ofensas, en el desempeño de estas tareas.

En conclusión, desde la perspectiva de la víctima, el acceso a la justicia y la reparación del daño, se perciben fuera de su alcance.

Por otra parte, no obstante la gama de condiciones físicas o emocionales de las víctimas que es muy variado, la atención y los servicios que se les brinda, es similar, sin tomar en cuenta el tipo de ofensas o delitos infringidos, ni la situación específica de cada víctima, que altere su percepción de seguridad y bienestar.

En ocasiones, el apoyo terapéutico es más asequible a través de asociaciones sociales o privadas que en instituciones públicas, y cuando se llega a prestar, el personal institucional suele carecer de mecanismos que faciliten los tratamientos y le permitan manejar y combatir el paulatino distanciamiento e insensibilización respecto de la situación y la perspectiva de las víctimas. Se ha observado igualmente desaprovechamiento del personal y de los recursos materiales de las instituciones que tienen contacto con las víctimas o sus familiares.

El primer punto de contacto de la víctima son los servicios de urgencias, ya sean médicos, de seguridad pública o de procuración de justicia, generalmente se lleva a cabo a través de la atención telefónica, pero la falta de información sobre los servicios profesionales e instituciones que atienden a las víctimas ocasiona que éstas se vean insertas en un laberinto de dependencias, trámites y esperas, que tiene como consecuencia una victimización secundaria que genera desconfianza, y a su vez, ocasiona que opten por no dar parte a las autoridades.

De igual forma, en el desarrollo de las investigaciones o a través del proceso penal, a las víctimas se le da el trato persona ajena al problema, o son consideradas como poco oportunas por parte de los servidores públicos por lo que es común que se les niegue la información o que no se le permita intervenir en el desarrollo del procedimiento. En consecuencia, terminan por convertirse en simples espectadores, sin olvidar que generalmente la afectación o daño a las víctimas, se extiende a testigos, familias, abogados y demás personas que les presten ayuda.

En este sentido, el respeto a los derechos de las víctimas y su participación activa en el proceso penal cobra importancia de orden público. En primera instancia su actuación es la única mirada y voz ciudadana dentro de la procuración e impartición de justicia. En segunda instancia, su voz es indispensable para conocer y actuar en contra de los problemas que nos aquejan como sociedad. Si las víctimas callan ¿Quién va a saber lo que pasa? En este sentido, la protección y libertad de las víctimas para hablar, denunciar y verificar procesos efectivos de procuración e impartición de justicia es un requisito para resguardar el interés social de la persecución del delito.

Por ello, resulta fundamental colocar la protección y atención a víctimas en el marco de los derechos de éstas y no sólo de los deberes morales que las autoridades del estado les deben en razón a estos atributos.

Es preciso ampliar los servicios de protección y apoyo en función de las necesidades diversas de los grupos agraviados por la marejada de violencia delictiva imperante en vastas zonas del país; de los abusos de las fuerzas del orden y las secuelas del despojo, la afectación de su escaso patrimonio, así como la pérdida de fuentes de ingreso por el decaimiento de las actividades productivas.

El 6 de septiembre de 2011, el Titular del Ejecutivo Federal publicó el “Decreto por el que se crea la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, como un organismo descentralizado de la administración pública federal” 7 .

Esta instancia creada para “maximizar esfuerzos para que se ponga al alcance de las víctimas u ofendidos del delito, una institución identificada inequívocamente por la sociedad, que reciba a toda persona de manera oportuna y sin distinguir su particular situación o tipo de requerimiento, proporcionándole la atención personalizada e inmediata que merece, inclusive apoyándola en la defensa legar de sus derechos...”. Agregando que “el organismo prestará un servicio integral y centralizado de atención a víctimas u ofendidos”.

Sin embargo se trata de una instancia sin presupuesto, centralizada en el gobierno federal, que replica funciones ya asignadas a las subprocuradurías de atención a víctimas, y que carece de la concurrencia de otras áreas de política pública que se integren en un enfoque de política de atención adecuado al espectro de la diversidad de condiciones de vulnerabilidad y agravio de las víctimas, así como a la pluralidad de agentes que provocan la victimización ?agentes del Estado, grupos criminales, familiares, etcétera.?, centralizan la atención a víctimas no resulta lo más efectivo ni lo más eficaz.

Al no considerar estos elementos, parece que la medida realizada por el Ejecutivo Federal, no es tendiente a evitar la “revictimización” como lo refiere en el Decreto de creación de la Procuraduría Social, sino a concentrar las demandas de las víctimas. En la práctica esta institución actúa como una gestora para que las víctimas accedan a programas asistenciales ?mismos a los que de antemano ya tienen derecho? y reciban atención médica, jurídica y psicológica.

Esta visión, esta además muy lejos de tratar a las víctimas como sujetos de derechos, planteándose los servicios como una asistencia y no como una obligación por parte del estado.

El escenario actual de nuestro país exige una clara definición de cómo, para qué y quiénes deben brindar atención y protección a las víctimas del delito. La respuesta a estas preguntas puede encontrarse, por lo menos parcialmente y mediante aproximaciones, en los dos órdenes de relevancia antes mencionados: los derechos de la víctima como parte del proceso de investigación e impartición de justicia y el interés de la sociedad en la libertad y protección de las víctimas para resguardar la persecución del delito como un asunto de interés público.

En ambos órdenes las acciones del estado se constituyen como obligaciones constitucionales necesarias para dar cumplimiento a un cúmulo de derechos individuales y el interés público que implican. En este sentido, dichas acciones no pueden quedar sujetas a programas inestables o susceptibles de alteración por criterio. Las obligaciones del estado hacia las víctimas del delito deben ser mandato legislativo expreso y claro.

VI. Combate a la impunidad, premisa fundamental para la paz

En una sociedad en donde los delitos en su mayoría no se castigan y las víctimas de éstos no son atendidas y reparadas: las tan anheladas paz y reconciliación no se cristalizan pues la impunidad las diluye hasta convertirlas en espejismo. Por ende, es difícil concebir un estado de derecho garante de los derechos humanos en cual una facción de la sociedad se encuentre impune y por encima de la ley.

La verdad, la justicia y la reparación del daño son la base para que una sociedad democrática se consolide. La impunidad engendra desesperanza en la sociedad; la violencia e injusticia adquieren categoría de valor supremo. La resignación y el silencio se convierten en norma de convivencia social y en única alternativa para las víctimas. La impunidad alienta la criminalidad y la tolerancia de lo injusto. Cuando hay impunidad, como lo señalara Wilder Tayler,

“la noción misma de justicia, sustento esencial de la convivencia democrática, se ve profundamente distorsionada. Los responsables de tales violaciones, al constatar que pueden violar la ley impunemente, encuentran aliento para seguir cometiendo esos crímenes” 8 .

Sin embargo, tal como reza el principio 1 del Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad,

La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.

A nivel internacional se hay tres principales instrumentos sobre derechos de las víctimas son:

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder

• Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (Los “Principios de Van Boven/Bassiouni”)

• El Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad de las Naciones Unidas (Los “Principios de Joinet/Orentlicher”)

En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder 9 , estableciendo los derechos de las víctimas en los procedimientos de justicia penal, incluidos el derecho al acceso a la justicia, el derecho a ser tratado con normas mínimas de respeto y dignidad, el derecho a la protección y la asistencia y el derecho a la reparación. Esta declaración ha servido como un pilar para establecer los derechos jurídicos de las víctimas bajo el derecho internacional.

Este instrumento concierne principalmente la posición de las víctimas ante los sistemas penales nacionales, pero los principios generales son igualmente aplicables al sistema internacional. Las pautas sobre el uso y la aplicación de la declaración se detallan en el Manual sobre Justicia para las Víctimas 10 .

“Las víctimas (...) tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido”. Declaración de la ONU sobre la Justicia para las Víctimas, de 1985, principio 4.

El objetivo de la Declaración de la ONU sobre la Justicia para las Víctimas es “asegurar que todas las víctimas tengan acceso al sistema judicial así como apoyo durante el proceso judicial”. La Declaración ofrece pautas concretas para el diseño de los sistemas judiciales con la finalidad de minimizar los obstáculos que pueden enfrentar las víctimas en su lucha por la obtención de justicia.

Los “ Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Los Principios de Van Boven/Bassiouni ” 11 fueron adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la Asamblea General en 2005. Éstos establecen los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos o de graves infracciones al derecho internacional humanitario a acceder a medidas a un recurso efectivo y obtener reparación y las obligaciones de los estados en prevenir violaciones, investigar, perseguir y sancionar a los perpetradores, brindar un acceso efectivo a la justicia a las víctimas y otorgar una reparación integral 12 .

Los principios de Van Boven/Bossiouni señalan:

“Reconociendo que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras y reafirma el derecho internacional en la materia”. Preámbulo a los Principios de Van Boven/Bassiouni.

Los Principios de Joinet/Orentlicher 13 establecen el deber de los estados de investigar violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y llevar ante la justicia a los perpetradores.

Durante su sexagésima primera sesión en 2005, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tomó nota de los Principios Joinet/Orentlicher 14 , recordando que los principios “ya han sido aplicados a nivel regional y nacional” y alentaron a los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales a desarrollar e implementar medidas efectivas para combatir la impunidad. 15

El principio 1o., define la obligación general de los estados de tomar acciones efectivas para combatir la impunidad:

“La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.

En México, durante la reforma constitucional de 2008, los derechos de las víctimas quedaron establecidas en el apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales consisten en:

1. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que se establecen en su favor, y conocer del desarrollo del procedimiento penal.

2. Coadyuvar con el Ministerio Público y aportar pruebas desde la investigación y en el proceso, desahogándose las diligencias correspondientes.

3. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.

4. A la reparación del daño, que el Ministerio Público está obligado a solicitar y el juzgador a ordenar, siempre que hay sentencia condenatoria.

5. Solicitar todas las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos.

Esta reforma amplió de forma significativa los derechos de las víctimas, dándoles participación activa durante la investigación y el proceso. Es por ello, que la impunidad es contraria a las nuevas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, pues se erige como un obstáculo mayor para el pleno goce de los derechos humanos y la vigencia del estado de derecho.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CoIDH), el estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación 16 .

A esta obligación jurídica, se le llama el deber de garantía y tiene su origen en diversos tratados en materia de derechos humanos. De acuerdo con la jurisprudencia de tribunales internacionales de derechos humanos así como de órganos cuasi-jurisdiccionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el deber de garantía está integrado por cinco obligaciones esenciales que el estado debe cumplir de buena fe:

- La obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos;

- La obligación de brindar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos;

- La obligación llevar ante la justicia y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos;

- La obligación de brindar justa y adecuada reparación a las víctimas y sus familiares; y

- La obligación de establecer la verdad de los hechos.

Las obligaciones que integran el deber de garantía son de naturaleza complementaria y no son alternativas ni sustitutivas. Así, por ejemplo, lo ha explicado el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de las Naciones Unidas:

“el reconocimiento del derecho de las víctimas o de sus familiares a recibir una reparación adecuada equivale a reconocer la responsabilidad del Estado por los actos de sus órganos y es expresión de respeto hacia el ser humano. Conceder una reparación presupone el cumplimiento de la obligación de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos para identificar y procesar a los autores. Sin embargo, el pago de una compensación monetaria o de otro tipo a las víctimas o sus familiares antes o al finalizar esas investigaciones no exime a los gobiernos de la obligación de llevarlas a término” 17 .

Argumentación

Ante este escenario desalentador que se vive en nuestro país, resulta indispensable el contar con un instrumento legal capaz de asegurar la atención, la protección y la reparación de las víctimas de los actos de grupos criminales y de los abusos de poder del propio Estado. Por lo anterior, así se ha enmarcado la presente iniciativa, la cual se deberá interpretar con los principios de oportunidad, calidez, no discriminación, pro persona, confidencialidad, proporcionalidad, buena fe, honestidad, respeto a la dignidad y debida diligencia.

La ley presentada establece las definiciones de víctima y de víctima indirecta, y señala quienes no serán consideradas como víctimas. Estos conceptos resultan ser medulares para la presente iniciativa. Así, se considerarán víctima directa: a aquellas personas que individual o colectivamente y que desde el 1 de enero de 2007, hayan sufrido menoscabo en sus derechos como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física o psíquica o algún menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones realizadas por los miembros de los grupos armados al margen de la ley, o bien sean consecuencia de acciones, culposas o dolosas, realizadas por integrantes de las fuerzas policíacas federales o por las fuerzas armadas.

Como una excluyente en la calificación de víctima se reconocer a los integrantes de los grupos criminales no serán considerados como tales y por ende no podrán invocar los contenidos de esta propia Ley. Sin embargo, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley pueden ser considerados víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido a los miembros de dichos grupos.

La definición de víctima se amplia, al considerar como víctimas indirectas al o la cónyuge, compañero o compañera permanente, el concubinario o concubina conforme a la ley; las hijas o los hijos; y familiares en primer grado de consanguinidad, así como la persona que dependa económicamente de la víctima.

De la misma forma, se consideran víctimas a las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización y que hayan sufrido un menoscabo en sus derechos fundamentales.

Las víctimas de la violencia, han visto no sólo menoscabados sus derechos sino que incluso muchos de ellos ni siquiera son reconocidos por las autoridades, por lo que esta iniciativa los enuncia y describe detalladamente con la finalidad de que éstos puedan ser exigibles y respetables por todas las autoridades competentes. Los derechos de las víctimas engloban los aspectos judiciales y de acceso a la justicia, de atención psicológica y médica, de asistencia social, de reparación del daño, de reinserción social, de protección y salvaguarda de su integridad, de protección a su imagen propia y su vida privada, entre otros, a la luz de los estándares internacionales que en materia de derechos humanos se han desarrollado.

Se define que la asistencia a las víctimas es el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden económico, médico y social, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas de la violencia, que incluye brindarles condiciones para llevar una vida digna, facilitar su incorporación a la vida social, económica y política, redefiniendo la asistencia más allá de las meras acciones sociales o paliativas del trauma sufrido, elevándolas a acciones integrales tendientes a restablecer justamente la vigencia de todos los derechos violentados o menoscabados.

En la iniciativa se especifican las obligaciones de las dependencias federales involucradas en la atención, protección y reparación de las víctimas de la violencia, y sienta el marco de la actuación frente a dichas víctimas de manera general de la Procuraduría General de la República a quien le impone brindar tanto a las víctimas directas como a las indirectas entre otros los siguientes servicios: Acompañamiento jurídico gratuito, canalización a recibir la atención médica y psicológica que requiera; pagar los gatos funerarios, sin intermediarios, cuando la víctima indirecta señale que no cuenta con recursos económicos para solventarlos, brindar la asistencia consular en los casos pertinentes, la realización de una rápida identificación y localización de los familiares en casos de menores de edad, entre otros.

Y señala para la misma Procuraduría General de la República (PGR) las obligaciones de actuar con la debida diligencia en la investigación; de informar a la víctima del estado de guarde la misma; de garantizar la coadyuvancia de la víctima en la investigación; de informar sobre los derechos que tiene la víctima y sobre el trámite para la solicitud del fondo de reparación para víctimas así como a realizar los trámites necesarios para acceder a dicho fondo.

En el Titulo II de esta Ley se establecen dos aspectos de suma importancia para el contexto de violencia que vive nuestro país, y que lamentablemente no han sido atendidos debidamente por las autoridades: Registro Nacional de víctimas, que incluyan no solo la información de conformidad con las averiguaciones previas que hayan iniciado por actos cometidos por las fuerzas policíacas federales, miembros de las fuerzas armadas y por integrantes de los grupos armados al margen de la ley; sino por las información proporcionada por otras dependencias como Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de contar con un registro con información consolidada.

El otro aspecto fundamental, que se incorpora en este Título es la creación e instrumentación de un Programa de Protección a víctimas y testigos, el cual estará a cargo de la PGR. Este mecanismo, tienen la finalidad de garantizar que la integridad y seguridad de las personas que declaren o que estén dispuestas a declarar ante esta autoridad ministerial pueda ser salvaguardada en todo momento como una acción clara de responsabilidad del Estado mexicano frente a la colaboración de las víctimas y de los testigos en las investigaciones delictivas.

La creación e instrumentación de un Programa de Protección a víctimas y testigos en manos de la PGR, tiene la finalidad de garantizar que la integridad y seguridad de las personas que declaren o que estén dispuestas a declarar ante esta autoridad ministerial pueda ser salvaguardada en todo momento como una acción clara de responsabilidad del Estado Mexicano frente a la colaboración de las víctimas y de los testigos en las investigaciones delictivas.

En el título III de la iniciativa se incorpora la creación de la Coordinación Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la cual estará constituida por el conjunto de instituciones encargadas de formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de organizaciones de víctimas. Para alcanzar sus objetivos, la Coordinación deberá desarrollar un Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Finalmente el título IV establece las características generales del fondo de reparación a víctimas, los recursos con los que se integrará, los criterios para su asignación. Como parte de este título se especifican cuáles son las medidas de reparación, describiendo con especial énfasis las medidas para la reparación del daño, de conformidad con los estándares internacionales.

Fundamento Legal

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley General de Protección y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos Generadas por la Violencia

Único. Se crea la Ley General de Protección y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos Generadas por la Violencia

Ley General de Protección y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos Generadas por la Violencia

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés social y de aplicación y observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto regular y establecer un conjunto de medidas administrativas, judiciales, sociales y económicas de atención y reparación integral en beneficio de víctimas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos ocurridos con motivo de la violencia generada por grupos criminales o por integrantes de las fuerzas policíacas federales, estatales o municipales, o de las Fuerzas Armadas. A fin de hacer efectivo el goce de los derechos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos forman parte, de modo que se reconozca y dignifique su condición de víctimas para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia, así como la recuperación de su identidad y memoria y, en su caso, la recuperación de todos sus derechos como ciudadanos.

Artículo 3. Las disposiciones contenidas en la presente ley son complementarias y se deben observar sin perjuicio de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los códigos procesales penales, y demás normas generales establecen en favor de las víctimas y ofendidos del delito.

Artículo 4. Son principios rectores de la presente ley:

I. Oportunidad;

II. Calidez;

III. No discriminación;

IV. Confidencialidad;

V. Proporcionalidad;

VI. Buena fe;

VII. Honestidad y

VIII. Respeto a su dignidad.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

I. Coordinación: la Coordinación Nacional para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas;

II. Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Daño emergente: las pérdidas económicas, efectivamente sufridas y valuables con certeza, que han sufrido las víctimas como resultado directo de la violación a sus derechos;

IV. Debida diligencia: la obligación de los servidores públicos, de dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos de las víctimas;

V. Fondo: el Fondo Económico para Víctimas;

VI. Grupos criminales: Grupo de personas que por medio del uso de las armas comenten delitos, ejercen violencia y distintos de violaciones a derechos humanos en contra de la población

VII. Instrumentos internacionales: los tratados y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, de observancia obligatoria.

VIII. Lucro cesante: la pérdida de ingresos económicos o beneficios que se dejan de obtener con ocasión del hecho violatorio y que es posible cuantificar, a partir de indicadores objetivos y mensurables, tales como la edad y la actividad que realizaba la víctima al momento de los hechos; la expectativa de vida de la víctima de acuerdo a la expectativa de vida en México; y los ingresos o salarios percibidos anual o mensualmente por ella;

IX. Niño, niña y adolescente: toda persona menor de 18 años;

X. Plan: el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas;

XI. Programa: el Programa de Protección a Víctimas y Testigos;

XII. Registro: el Registro Nacional de Víctimas;

XIII. Testigo: persona física que sabe y le consta el acontecimiento que violenta los derechos de las víctimas, por haberlo presenciado directamente;

XIV. Víctimas: las víctimas directas o indirectas de la violencia, en términos del Capítulo I del Título Segundo.

Título Segundo
De las víctimas

Capítulo IVíctimas directas e indirectas

Artículo 6. Son víctimas aquellas personas que, individual o colectivamente, han sido objeto de violaciones a derechos protegidos por la Constitución o por los instrumentos internacionales, cometidas por grupos criminales o por corporaciones militares y policiales federales, estales y municipales a partir del 12 de diciembre de 2006.

Artículo 7. Se consideran víctimas directas aquellas personas que individual o colectivamente:

I. Hayan sido asesinadas, lesionadas transitoria o permanentemente, desplazadas y despojadas de sus tierras, propiedades, secuestradas en sus diferentes modalidades, en acciones realizadas por grupos criminales; o

II. Hayan sido ejecutadas sumariamente, torturadas, detenidas arbitrariamente, desplazadas o despojadas de sus tierras, propiedades o hayan sufrido desaparición forzada, como consecuencia de acciones culposas o dolosas realizadas por integrantes de las fuerzas policíacas federales, estatales o municipales, o de las Fuerzas Armadas.

No se podrá discriminar de esta definición a la o el cónyuge, la concubina o concubinario, los hijos e hijas menores de edad y quienes dependen económicamente de los miembros de grupos criminales, en caso de sufrir directamente algún daño en términos de la presente ley.

Artículo 8. Se consideran víctimas indirectas:

I. Al cónyuge, compañero o compañera permanente, el concubinario o concubina conforme a la ley; a las hijas y los hijos menores de edad o personas que dependan económicamente de la víctima directa y quienes ejerzan la patria potestad, o la tutela en tratándose de niños niñas y adolescentes; cuando a la víctima directa se le haya dado muerte, se encontrará afectada por lesión incapacitante de forma permanente o estuviera desaparecida.

II. A las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización de la misma;

Artículo 9. Las víctimas tienen derecho, en cualquier etapa del procedimiento penal, según corresponda:

I. A ser enterados oportunamente de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando así lo soliciten, ser informados del desarrollo del procedimiento penal y de las consecuencias legales de sus actuaciones dentro del mismo;

II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la máxima y debida diligencia;

III. A que los servidores públicos los traten con la atención y respeto debido a su dignidad humana, absteniéndose de cualquier acto u omisión discriminatoria que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, abuso o ejercicio indebido de la autoridad;

IV. A que se les procure justicia debida de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas, practicando todas las diligencias necesarias para poder realizar la investigación correspondiente;

V. A recibir asesoría jurídica gratuita por parte de la Procuraduría General de la República y el Instituto Federal de Defensoría Pública respecto de sus denuncias o querellas y, en su caso, ser auxiliados por intérpretes traductores cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o padezcan alguna discapacidad que les impida oír o hablar;

VI. A contar con todas las facilidades para identificar al probable responsable;

VII. A recibir en forma, gratuita copia simple de su denuncia o querella ratificada debidamente o copia certificada cuando la solicite;

VIII. A comparecer ante el Ministerio Público para poner a su disposición todos los datos conducentes a acreditar el cuerpo del delito, la responsabilidad del indiciado y el monto del daño y de su reparación y a que el Ministerio Público integre dichos datos a la averiguación;

IX. A coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los hechos;

X.

XI. A tener acceso al expediente para informarse sobre el estado y avance de la investigación y/o el proceso;

XII. A que se les preste atención médica y psicológica de urgencia cuando la requieran;

XIII. A que el Ministerio Público solicite debidamente la reparación del daño y a que se les satisfaga, cuando ésta proceda;

XIV. A recibir auxilio psicológico en los casos necesarios y, en caso de delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, a recibir este auxilio por una persona de su mismo sexo;

XV. A ser restituidos en sus derechos, cuando éstos estén acreditados;

XVI. A la no discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna;

XVII. A ser asistidas en las diligencias que se practiquen por persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela o, en su defecto, por la psicóloga adscrita, cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Público;

XVIII. A solicitar el desahogo de las diligencias;

XIX. A recibir apoyo económico del Fondo;

XX. A solicitar las medidas y providencias para proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares directos y de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, o bien cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos podrían ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados;

XXI. A que se le gestione una ocupación laboral estable o una contraprestación económica razonable, cuando la medida de protección otorgada implique la separación de su actividad laboral anterior;

XXII. A tener un seguro por riesgo a cargo del Programa, en caso de lesión o muerte durante el proceso;

XXIII. A tener a su disposición, en el tribunal donde se esté ventilando el proceso judicial contra el responsable del delito, un área que esté separada del imputado;

XXIV. A que se faciliten la salida del país y la residencia en el extranjero, cuando resulte necesario para proteger su vida o su integridad física como persona protegida;

XXV. A que no se capten y/o se transmitan imágenes de su persona ni de sus familiares, que permitan su identificación como víctima, testigo o sujeto interviniente en el caso por el cual se le protege;

XXVI. A que se mantenga la confidencialidad de la información sobre su dirección y sus números telefónicos, cuando así lo estime necesario para su seguridad personal y la de sus familiares, así como el privilegio de la comunicación que tenga con su abogado, psicólogo o médico;

XXVII. A ser escuchada, antes del otorgamiento, la modificación o la supresión de la medida de protección que se le haya conferido;

XXVIII. A solicitar el cese de las medidas o a rechazar su aplicación;

XXIX. A ser notificadas de todas las resoluciones impugnables;

XXX. A tener a su disposición, en el tribunal donde se esté ventilando el proceso judicial contra el responsable del delito, un área que esté separada del imputado.

XXXI. Derecho a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones a derechos humanos y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima;

XXXII. Derecho a la justicia, lo que implica a contar por parte del Estado con una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura, juicio y sanción de las personas responsables de las violaciones a derechos humanos, el esclarecimiento de los hechos y la adecuada reparación.

XXXIII. Así como todos los derechos reconocidos en las normas internacionales de derechos humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, favoreciendo en todo momento a las víctimas la protección más amplia.

Artículo 10. La condición de víctima directa o indirecta se adquiere con independencia de que se aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible, de la individualización de la pena y, en su caso, de la relación familiar que exista entre el autor y la víctima.

Artículo 11. Los integrantes de grupos criminales no son considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes involucrados en estos grupos, hayan dejado de pertenecer a estos antes de alcanzar la mayoría de edad.

Artículo 12. Las víctimas de actos realizados, dolosamente o culposamente, por parte de las fuerzas policíacas federales, de las entidades federativas o municipales o de las Fuerzas Armadas, tienen derecho a una reparación de daño y garantías de no repetición por parte del Estado mexicano, independientemente del monto fijado por el juez al inculpado o los inculpados de la comisión de ese delito.

Las víctimas de actos realizados por los grupos criminales, tendrán derecho a la asistencia y apoyo económico por parte del Estado.

Artículo 13. Cuando los miembros de la fuerza pública y fuerzas armadas sean víctimas en los términos del artículo anterior, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.

Capítulo IIAsistencia a las víctimas

Artículo 15. Se entiende por asistencia a las víctimas al conjunto de medidas, programas, atención y recursos de orden económico, jurídico, médico y social, entre otros, a cargo del estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas de la violencia, brindarles condiciones para llevar una vida digna, así como facilitar su incorporación a la vida social, económica y política.

Artículo 16. Todos los servicios y apoyos previstos en esta ley a favor de la víctima del delito, son gratuitos.

Artículo 17. Corresponde proporcionar atención y apoyo a las víctimas u ofendidos del delito, en sus respectivos ámbitos de competencia, a las instancias siguientes:

I. La Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas;

II. La Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas;

III. La Secretaría de Desarrollo Social y las dependencias encargadas del ramo en las entidades federativas;

IV. La Secretaría de Economía y las secretarías encargadas del ramo en las entidades federativas;

V. La Secretaría de Educación Pública y las secretarías de educación de las entidades federativas;

VI. La Secretaría de Seguridad Pública y las dependencias encargadas del ramo en las entidades federativas y los municipios;

VII. La Secretaría de la Defensa Nacional;

VIII. La Secretaría de Marina;

IX. La Secretaría de Relaciones Exteriores;

X. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a nivel federal y de las entidades federativas;

XI. El Instituto Federal de Defensoría Pública y defensorías públicas de las entidades federativas.

Artículo 18. La Procuraduría General de la República y las procuradurías de justicia de las entidades federativas, tienen las siguientes obligaciones:

I. Brindar a la víctima asistencia jurídica gratuita, asistiéndole en todos los actos en que deba intervenir para la defensa de sus derechos, incluyendo la interposición de recursos en los procesos judiciales;

II. Canalizar a la víctima a las instituciones de salud que correspondan, a fin de que reciba la atención médica y psicológica que requiera;

III. Pagar los gastos funerarios, sin intermediarios, cuando la víctima indirecta señale que no cuenta con recursos económicos para solventarlos;

IV. Actuar con la debida diligencia en la investigación;

V. Informar en todo momento a la víctima del estado que guarda la investigación;

VI. Garantizar la coadyuvancia de la víctima en la investigación;

VII. Informar a la víctima sus derechos y sobre el trámite para la solicitud de recursos del Fondo;

VIII. Atender con cortesía a las víctimas, evitando en todo momento cualquier acto de discriminación o revictimización, así como cualquier prejuzgamiento sobre su responsabilidad o involucramiento en hechos delictivos;

IX. Realizar los trámites necesarios para que la víctima acceda a los recursos del Fondo;

X. Solicitar la reparación del daño ante la autoridad judicial;

XI. Determinar la identidad de toda persona que haya sido privada de la vida, desaparecida, lesionada o hayan sufrido algún perjuicio en términos de la presente Ley. Para ello, deberán realizar todas las diligencias necesarias para lograr dicho fin, en un plazo no mayor a 72 horas.

XII. Realizar un registro de las víctimas, de conformidad con las investigaciones que hayan iniciado por actos cometidos por las fuerzas policíacas, miembros de las Fuerzas Armadas o por integrantes de los grupos criminales;

XIII. Concentrar la información que se genere por parte de las Procuradurías Generales de Justicia Estatales o Fiscalías Generales de las entidades federativa de las investigaciones iniciadas por actos cometidos por las fuerzas policiacas o por integrantes de grupos criminales;

XIV. Instrumentar un programa de protección a víctimas y testigos.

Artículo 19. Las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, tienen la obligación de proporcionar gratuitamente la atención médica necesaria de manera oportuna, la cual incluirá

I. Hospitalización;

II. Material médico-quirúrgico, de osteosíntesis y órtesis;

III. Medicamentos;

IV. Honorarios médicos;

V. Servicios de apoyo tales como bancos de sangre, laboratorios e imágenes diagnósticas;

VI. Transporte;

VII. Servicios de rehabilitación física, por el tiempo y conforme a los criterios técnicos que establezca la Secretaría de Salud;

VIII. Servicios de rehabilitación psicológica cuando la persona quede afectada para desarrollar una vida normal. Por el tiempo y conforme con los criterios técnicos que fije la Secretaría de Salud;

IX. Cuando se cometan delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, la exploración médica, ginecológica y de cualquier otro tipo que se practique a la víctima, se hará con su consentimiento y deberá estar a cargo de una persona de su mismo sexo.

Artículo 20. Las instituciones médicas privadas en todo el territorio nacional, tienen la obligación de prestar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que la requieran, sin discriminación por motivos étnicos, religiosos, socioculturales, económicos, preferencias, edad, género o cualquier otra causa o condición, y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 21. La Secretaría de Desarrollo Social y las dependencias encargadas del ramo en las entidades federativas tienen las siguientes obligaciones:

I. Elaborar programas y acciones que beneficien a las víctimas con créditos accesibles, otorgamiento y mejoramiento de vivienda, entre otros;

II. Elaborar un programa específico para el otorgamiento de apoyos económicos mensuales a las víctimas.

Artículo 22. La Secretaría de Economía y las dependencias encargadas del ramo en las entidades federativas tienen las siguientes obligaciones:

I. Elaborar programas específicos para el otorgamiento de microcréditos para las víctimas en lo individual y colectivamente;

II. Elaborar programas específicos de capacitación para el empleo.

Artículo 23. La Secretaría de Educación Pública y las dependencias encargadas del ramo en las entidades federativas tienen las siguientes obligaciones:

I. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes víctimas y aquéllos que se hayan desvinculado de los grupos criminales, accedan o se reincorporen al sistema educativo nacional;

II. Instrumentar un programa específico para el otorgamiento de becas a las víctimas directas o indirectas en edad escolar.

III. Organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de las víctimas directas o indirectas en edad escolar, estableciendo para ello programas de recreación, artísticos, deportivos y de atención a niñas, niños y adolescentes afectados.

Artículo 24. Las Secretarías de Seguridad Pública federal, de las entidades federativas y de los municipios tienen las siguientes obligaciones:

I. Implementar las medidas cautelares que ordene el Ministerio Publico para proteger la seguridad, la integridad y la vida de las víctimas;

II. Garantizar la atención médica inmediata a las víctimas, en los operativos en los que participen;

III. Realizar un registro de las víctimas en cada uno de los eventos en los que participen sus integrantes;

IV. Canalizar de inmediato a las víctimas con el Ministerio Público, para su atención y asesoría;

V. Pagar a las víctimas las indemnizaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las corporaciones policiales a su cargo;

VI. Tratar con respeto a las víctimas, evitando en todo momento su revictimización, así como cualquier prejuzgamiento sobre su responsabilidad o involucramiento en hechos delictivos.

Artículo 25. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene las siguientes obligaciones:

I. Pagar a las víctimas las indemnizaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por sus integrantes;

II. Garantizar la atención médica inmediata a las víctimas, en los operativos en los que participen;

III. Canalizar de inmediato a las víctimas con las autoridades civiles correspondientes para su atención y asesoría;

IV. Tratar con cortesía a las víctimas, evitando en todo momento su revictimización, así como cualquier prejuzgamiento sobre su responsabilidad o involucramiento en hechos delictivos;

V. Realizar un registro de las víctimas en cada uno de los eventos en los que participen sus integrantes.

Artículo 26. La Secretaría de Marina tiene las siguientes obligaciones:

I. Pagar a las víctimas las indemnizaciones por violaciones a derechos humanos cometidas por sus integrantes;

II. Garantizar la atención médica inmediata a las víctimas, en los operativos en los que participen;

III. Canalizar de inmediato a las víctimas con las autoridades civiles correspondientes para su atención y asesoría;

IV. Tratar con cortesía a las víctimas, evitando en todo momento su revictimización, así como cualquier prejuzgamiento sobre su responsabilidad o involucramiento en hechos delictivos;

V. Realizar un registro de las víctimas en cada uno de los eventos en los que participen sus integrantes.

Artículo 27. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene las siguientes obligaciones:

I. Mantener comunicación con las víctimas que se encuentren en el exterior, garantizando en todo momento el resguardo de su identidad y datos personales;

II. Informar y orientar a las víctimas que se encuentren en el exterior, acerca de sus derechos y de su situación legal;

III. Instrumentar, los mecanismos necesarios para brindar protección y asistencia legal a las víctimas en el exterior.

Artículo 28. En materia de atención a víctimas de la violencia, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia está obligado a:

I. Brindar acompañamiento jurídico y social especializado a personas adultas mayores, menores de edad o con discapacidad que se encuentren en situación de víctimas;

II. Verificar que las personas adultas mayores, menores de edad o con discapacidad que se encuentren en situación de víctimas, reciban los beneficios que hace referencia esta ley;

III. Instrumentar un programa específico para el otorgamiento de becas a las víctimas directas o indirectas en edad escolar;

IV. Instrumentar un programa específico para brindar apoyos económicos mensuales a las víctimas que sean adultas mayores, niñas y niños o que tengan algún tipo de discapacidad.

Artículo 29. El Instituto Federal de Defensoría Pública y la defensoría pública de las entidades federativas, tienen las siguientes obligaciones:

I. Brindar el servicio de defensoría pública, a fin de garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica de las víctimas.

II. Brindar el servicio de defensoría pública bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo y obligatoriedad.

III. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de las víctimas, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho que resulte en una eficaz defensa;

IV. Asistir a las víctimas en todas las etapas del procedimiento y en cada uno de los actos procesales, evitando en todo momento la indefensión de aquéllas;

V. Vigilar el respeto a los derechos humanos de las víctimas;

VI. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su intervención;

VII. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa.

Para el cumplimiento de sus obligaciones, el Instituto Federal de Defensoría Pública y la defensoría pública de las entidades federativas deben contar con un área específica de abogados victimales especializados en atención a víctimas.

Artículo 30. Los registros de víctimas elaborados por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, deben ser remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluyendo como mínimo con la siguiente información:

I. Nombre de la víctima directa y en su caso de las víctimas indirectas;

II. Edad;

III. Ocupación;

IV. Lugar donde ocurrió el evento;

V. Tipo de afectación que sufrió la víctima;

VI. Circunstancias y autores de la afectación; y

VII. Tipo de atención que se proporcionó a la víctima.

Artículo 31. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas podrán realizar por cuenta propia, un registro de víctimas por actos realizados por las corporaciones policíacas, por las Fuerzas Armadas y por los grupos criminales, en los términos establecidos en el Título Cuarto de la presente ley.

Capítulo IIIPrograma de protección a víctimas y testigos

Artículo 32. La Procuraduría General de la República debe contar con un programa integral de protección a víctimas y testigos que contemple medidas de protección y ampare sin discriminación alguna a las víctimas y testigos cuya vida, seguridad y libertad estén en riesgo por virtud de su participación en una investigación o proceso. Para tal efecto debe contar con un área específica encargada de la instrumentación de dicho programa.

Para los efectos del Programa establecido en la presente Ley, no se consideran testigos a los autores o partícipes de un delito que presten ayuda para su investigación y persecución.

Artículo 33. Las medidas de protección se deben implementar con base en los siguientes principios:

I. Principio de protección: considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;

II. Principio de necesidad y proporcionalidad: las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y solo pueden ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;

III. Principio de confidencialidad: toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo;

IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima o testigo, y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Artículo 34. El Programa debe contemplar:

I. Medidas y providencias para proteger la vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares directos y de los testigos, contra todo acto de intimidación o represalia, o bien cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos podrían ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados;

II. Medidas para garantizar la ocupación laboral estable o una contraprestación económica razonable para las víctimas o testigos, cuando la medida de protección otorgada implique la separación de su actividad laboral anterior;

III. Seguro de riesgo a las víctimas o testigos durante el proceso, a cargo del propio Programa;

IV. Medidas para el cambio de residencia o incluso la salida del país de las víctimas o testigos;

V. Medidas para evitar que se capten y/o se transmitan imágenes de la víctima o testigo, que permitan su identificación o la de sus familiares;

VI. Protección policíaca permanente a la víctima o testigo, así como a su familia;

VII. Protección por seguridad privada, en los casos que sea necesario;

VIII. Utilización de herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las víctimas o testigos.

Artículo 35. La Procuraduría General de la República debe informar previamente a la víctima o testigo los criterios para la evaluación del riesgo y determinación de la medida de protección más adecuada, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso.

Artículo 36. Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco del programa de protección deben efectuarse en sitios seguros y confidenciales.

Artículo 37. El riesgo para la víctima o testigo debe ser evaluado periódicamente y las medidas pueden ser actualizadas con base en dicha evaluación.

Artículo 38. La Procuraduría General de la República debe proporcionar información de manera permanente a las autoridades judiciales y administrativas correspondientes, con la finalidad de que en el transcurso del proceso se tenga en cuenta la situación de la víctima y testigo.

La autoridad judicial debe tomar en consideración las razones que impidan o dificulten la participación de la víctima o testigo en las diligencias, a fin de ordenar que se adopten medidas correctivas para que la participación de éste no se vea obstaculizada.

Artículo 39. El programa debe estar en coordinación permanente con los programas de atención a víctimas, con el fin de atender las secuelas psicológicas causadas por el hecho victimizante y la situación de riesgo generada.

Artículo 40. El Programa debe mantener la confidencialidad de los datos de las víctimas y testigos.

Artículo 41. El funcionamiento general del programa se debe realizar de conformidad con lo establecido en esta ley, así como en su reglamento.

Título Tercero
Atención a víctimas

Capítulo ICoordinación Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Artículo 42. Se crea la Coordinación Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, constituida por el conjunto de entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, encargadas de formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas.

Artículo 43. Las dependencias del Gobierno Federal que forman parte de la Coordinación son:

I. Secretaría de Gobernación;

II. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. Secretaría de Desarrollo Social;

IV. Secretaría de Educación Pública;

V. Secretaría de Salud;

VI. Procuraduría General de la República; y

VII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

La Coordinación puede invitar a otras dependencias del gobierno federal o de los gobiernos locales, según se considere necesario para el proceso de reparación.

Artículo 44. Son atribuciones de la Coordinación las siguientes:

I. Diseñar y proponer a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

II. Adoptar las medidas integrales de reparación que contribuyan a garantizar la reparación efectiva y eficaz de las víctimas que hubieren sufrido violación de sus Derechos Humanos.

III. Determinar y evaluar los planes y programas desarrollados por las diferentes entidades que conforman la Coordinación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.

IV. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral y garantía de los derechos humanos que les asisten a las víctimas.

V. Establecer un mecanismo que permita la adecuada reparación integral de las víctimas.

VI. Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la atención y reparación integral de las víctimas.

VII. Establecer un sistema de información que permita evaluar y dar seguimiento a los casos de atención y reparación integral de las víctimas.

VIII. Apoyar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que busquen acompañar a las víctimas y hacer seguimiento al proceso de reparación.

Para alcanzar los anteriores objetivos, la Coordinación debe contar con un Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Artículo 45. La Coordinación está dirigida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo presidente tiene las siguientes facultades:

I. Supervisar la implementación de la presente Ley;

II. Fungir como Coordinador Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

III. Realizar seguimiento y aplicar instrumentos de certificación a las entidades que conforman el sistema respecto su contribución en el goce efectivo de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas.

IV. Vigilar que las dependencias encargadas de cumplir con la reparación del daño a las víctimas asignen el presupuesto necesario.

V. Proponer y vigilar los mecanismos y estrategias para la efectiva participación de las víctimas.

VI. Designar al Secretario Técnico de la Coordinación.

VII. Administrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Artículo 46. La Coordinación debe contar con un Secretario Técnico, encargado de ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones y acuerdos de la Coordinación, así como de recibir y tramitar las solicitudes de reparación.

Artículo 47. El Secretario Técnico de la Coordinación debe reunir para su elección los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de treinta años de edad, el día de su elección;

III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en los cinco años anteriores a su designación;

V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal o Presidente Municipal, en los cinco años anteriores a su designación;

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, ni inhabilitado como servidor público, ni haber sido objeto de recomendación por violación a derechos humanos.

Artículo 48. La Coordinación debe presentar un informe anual sobre los avances en la ejecución de la presente ley. Este informe se realiza de manera pública y debe ser divulgado en los portales de internet de todas las entidades que componen la Coordinación.

Capítulo IIPlan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Artículo 49. La Coordinación debe diseñar el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual establecerá las bases de una política integral de atención y reparación a las víctimas que permita la articulación de las actuaciones de todos los niveles de gobierno.

En la elaboración del Plan deben participar instituciones académicas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.

Para el cumplimiento del Plan por parte de todos los niveles de gobierno se requiere de la implementación del diseño institucional a nivel nacional y territorial, y que los programas satisfagan las necesidades de atención y el derecho a la reparación de las víctimas.

Artículo 50. Son objetivos del Plan:

I. Adoptar las medidas de asistencia y atención a las víctimas señaladas en la presente ley, en la legislación vigente y en los criterios establecidos por los organismos internacionales reconocidos por el Estado Mexicano.

II. Establecer las medidas que todos los niveles de gobierno deben adoptar para garantizar la reparación a las víctimas, teniendo en cuenta las normas internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y legales vigentes sobre la materia, así como los criterios de reparación enunciados por la jurisprudencia internacional.

III. Instrumentar mecanismos que faciliten la asistencia legal a las víctimas para garantizar su derecho a la verdad, la justicia, la restitución de los derechos vulnerados y de sus bienes patrimoniales, así como el derecho a la reparación integral.

IV. Diseñar y adoptar medidas que garanticen a las víctimas su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para la reparación del daño sufrido, evitando procesos de revictimización.

V. Brindar atención especial a mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.

VI. Garantizar atención especial a las comunidades indígenas, en correspondencia con sus usos y costumbres.

VII. Procurar la plena coordinación entre las instituciones de todos los niveles de gobierno, cuando por la naturaleza del caso dicha coordinación resulte necesaria, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia en materia de atención y reparación integral a las víctimas.

VIII. Evaluar y dar seguimiento a los casos de atención y reparación integral de las víctimas.

Artículo 51. La Secretaría de Gobernación deberá:

I. Vigilar e informar al Titular del Ejecutivo sobre el cumplimiento de las instituciones federales de las obligaciones que les establece el Plan.

II. En aquellos casos que se requiera el cumplimiento del Plan en materia de seguridad pública y con la participación de los tres niveles de gobierno, a través del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, dará seguimiento a los acuerdos para su cumplimiento.

Capítulo IIIFondo Económico para Víctimas

Artículo 52. Se crea el fondo económico para víctimas de los actos realizados por grupos criminales y actos violatorios, dolosos o culposos, realizados por las fuerzas armadas y fuerzas policíacas federales.

Este fondo se integra con:

I. Los recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los recursos asignados al Fondo;

III. Los recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales;

IV. Los recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial;

V. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por particulares, garantizando mecanismos de control y transparencia, y previa acreditación del origen lícito de dichos recursos;

El Fondo se constituye en los términos y porcentajes que establece el Reglamento respectivo.

Artículo 53. Los recursos del Fondo se aplican para auxiliar económicamente a la víctima del delito cometido por grupos criminales o cuyos derechos hubieran sido vulnerados con motivo de la intervención de las fuerzas policíacas federales y fuerzas armadas, de conformidad con su disponibilidad financiera.

Asimismo, este Fondo se utiliza para la reparación subsidiaria por parte del Estado, en los casos de daños o lesiones provocadas con motivo de la intervención de las fuerzas policíacas federales y fuerzas armadas, de conformidad con su disponibilidad financiera.

Artículo 54. El presidente de la Coordinación administra el Fondo, siguiendo los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y racionalidad que deben ser plasmados en el Reglamento correspondiente.

Capítulo IVDe la reparación del daño

Artículo 55. La reparación del daño tiene como finalidad procurar la plena restitución a la víctima del delito, a través del restablecimiento de la situación anterior al daño, o en su defecto a la situación más próxima a aquélla, a través de formas sustitutivas como la reparación de las consecuencias del delito y la indemnización del daño material y moral.

Artículo 56. Las víctimas a las que hace referencia la presente Ley, tienen derecho a ser reparadas por el o los autores de la violación a derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la sentencia firme dictada en el procedimiento correspondiente.

Artículo 57. Cuando los responsables del daño contra la víctima sean agentes pertenecientes a las fuerzas armadas o fuerzas policíacas federales, el Estado tiene la obligación de reparar el daño de forma subsidiaria en los términos de la presente ley, considerando los derechos vulnerados y sin que ello implique reconocimiento alguno de responsabilidad de su parte.

Artículo 58. Para lograr la reparación integral de las víctimas, la Coordinación debe establecer en cada caso las medidas pertinentes tendientes a garantizar la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Artículo 59. El daño indemnizable debe ser personal, directo y cierto.

La reparación del daño debe otorgarse a quien lo sufre, acreditando que el hecho punible le causó en forma directa un perjuicio específico y certero. El daño eventual o hipotético no otorga derecho a indemnización.

Artículo 60. La cuantificación del daño se realiza mediante una apreciación prudente y razonable del menoscabo patrimonial y de los perjuicios, vistas las circunstancias de cada caso particular, para lo cual se puede solicitar de oficio la información y demás pruebas conducentes para determinar la reparación del daño a las dependencias, hospitales, empresas, negocios o a cualquier persona que posea datos para fundar su cálculo.

Artículo 61. La Coordinación debe determinar la adopción de medidas de satisfacción y de no repetición de las violaciones a derechos humanos, como parte de la reparación del daño

Estas medidas se establecen conforme a los criterios establecidos en la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, entre las que se consideraran:

I. El cese de la situación de violencia;

II. La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad;

III. La declaración oficial o la decisión judicial de reparación de la dignidad, de la reputación y de otros derechos de las víctimas;

IV. La disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades;

V. Las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas;

VI. La enseñanza y la difusión de la verdad histórica.

VII. En los casos de que en los actos de violencia participaran agentes del Estado, deberán ser investigados y sancionados.

VIII. Las demás que sean determinadas para los casos en particular.

Artículo 62. En los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes de las fuerzas armadas, se debe establecer como una medida de satisfacción una disculpa pública, realizada por el titular de la dependencia a la que pertenece el o los responsables.

Artículo 63. Las personas que tienen derecho a la reparación del daño son:

I. La víctima directa, a título propio;

II. La víctima indirecta, en calidad de:

a) Cónyuge sobreviviente, que haya vivido con la víctima hasta el momento de su muerte;

b) Concubinario o concubina;

c) Hijos e hijas menores de edad o con alguna discapacidad, a través de la persona que legalmente ejerza la custodia o que los tenga bajo su cargo;

d) Ascendientes; y

e) Dependientes económicos de la víctima directa.

Artículo 64. La indemnización busca resarcir pecuniariamente los daños materiales, morales y los generados por la alteración a las condiciones de vida sufridos por la víctima.

Artículo 65. El daño material representa las consecuencias patrimoniales, cuantificables en dinero, que se derivan directamente de la afectación a la víctima bajo la forma de daño emergente y lucro cesante.

Artículo 66. Cuando el daño material se concreta en el fallecimiento de la víctima, se cuantifica atendiendo lo siguiente:

I. El daño emergente indemnizable comprende los egresos económicos y las obligaciones contraídas a causa de la muerte, tasadas razonablemente, y

II. El lucro cesante está representado en las aportaciones económicas que la víctima daba a sus dependientes.

Artículo 67. Cuando el daño material se concreta en lesiones sufridas por la víctima, se cuantifica atendiendo lo siguiente:

I. El daño emergente, está representado en los gastos necesarios para el restablecimiento de su salud y los que contribuyan a que su situación personal quede alterada lo menos posible, y

II. El lucro cesante, comprende las ganancias que habría recibido la víctima sino hubiera quedado incapacitada para trabajar. Para su cuantificación se debe considerar el grado de la incapacidad y la profesión u oficio de la víctima, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 68. El daño moral es el que proviene de los efectos psíquicos sufridos como consecuencia del delito y se indemniza conforme a los principios de equidad.

Artículo 69. El daño moral se cuantifica con fundamento en un dictamen psicológico emitido por un perito en la materia, en el que se determinen las consecuencias psíquicas nocivas que haya generado el hecho punible en la víctima.

El daño moral se indemniza en forma independiente al material, y puede ser decretado aún cuando éste último no exista.

Artículo 70. El daño por la alteración a las condiciones de vida, es el que genera una modificación anormal en el curso de la existencia de la víctima, implicando cambios no deseados en su ocupación, hábitos o proyectos.

Artículo 71. El daño causado por la alteración a las condiciones de vida se cuantifica con base en el dictamen de un perito experto en la materia, que determine las secuelas que genera la modificación anormal a la clase o calidad de vida de la víctima.

El daño por la alteración a las condiciones de vida se indemniza en forma independiente al material y moral.

Capítulo VProtección y reparación integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas

Artículo 72. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a los derechos humanos gozan de todos los derechos que establece la presente ley, con el carácter de preferente.

Artículo 73. Los niños, niñas y adolescentes víctimas, en los términos de la presente ley, tienen derecho a la reparación integral. Este derecho incluye las medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición.

La reparación integral prevista en este artículo debe ser supervisada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La Coordinación debe diseñar los lineamientos específicos para procurar un proceso de reparación integral para los niños, niñas y adolescentes víctimas.

Artículo 74. Los niños, niñas y adolescentes víctimas tienen el derecho a la obtención de una indemnización. Quien ejerza la patria potestad o la tutela, podrá reclamar como representante legal del niño, niña o adolescente, la indemnización a la que estos tengan derecho.

Cuando los niños, niñas o adolescentes hubieren sido víctimas de reclutamiento forzado, deben haber sido desvinculados del grupo criminal para acceder a la indemnización.

Artículo 75. En los casos de indemnización a favor de un niño, niña o adolescente, la Coordinación debe ordenar, en todos los casos, la constitución de un fideicomiso a favor de los mismos, asegurándose que se trate del que ofrezca los mayores rendimientos financieros en el mercado. La suma de dinero les será entregada una vez alcancen la mayoría de edad, o con posterioridad a los 15 años si se demuestra su capacidad de administrar los recursos.

Artículo 76. Es obligación del Estado investigar, perseguir, capturar, enjuiciar y sancionar a los autores y partícipes de las violaciones a los derechos humanos de las que sean víctimas los niños, niñas y adolescentes.

Para el efecto, la Coordinación debe diseñar los mecanismos para garantizar su participación, con miras a la efectiva realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Artículo 77. Todos los niños, niñas y adolescentes huérfanos a consecuencia de la violencia en los términos de la presente ley, tienen derecho a la reparación integral. Cualquier servidor público que tenga conocimiento de que un niño, niña o adolescente ha quedado huérfano de padre y madre o de uno solo de ellos, por violaciones a los derechos humanos, debe comunicar tal situación de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o a la Coordinación, para que se inicien los trámites orientados a la reparación integral del daño.

Artículo 78. Todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento y utilización que se hayan desvinculado de los grupos criminales antes de alcanzar la mayoría de edad, tienen derecho:

I. A la restitución de sus derechos y a la reparación integral en los términos de la presente ley;

II. A reclamar la reparación del menoscabo de derechos;

III. A la reintegración social y económica en sus ámbitos familiar, comunitario y social, y

IV. A la protección contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluidos el reclutamiento ilícito, el desplazamiento forzado, las minas antipersonal y las municiones sin explotar y la violencia sexual.

El Estado está obligado a proteger y garantizar la vida y la integridad física y psicológica del niño, niña o adolescente desvinculado de un grupo criminal.

Artículo 79. Las normas del presente Capítulo se deben aplicar sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones. En caso de duda se aplicará la disposición más favorable para el niño, niña o adolescente, en consonancia con el interés superior del niño.

Título Cuarto Registro Nacional De Víctimas

Capítulo Único

Artículo 80. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la institución encargada diseñar y mantener el Registro Nacional de Víctimas por actos realizados por fuerzas policíacas federales, fuerzas armadas y por actos realizados por los grupos criminales. Este Registro debe contener la información de los registros de eventos en los que participaron miembros de las fuerzas policiacas y las fuerzas armadas, realizados por la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República, así como el registro que se desprenda de investigaciones realizadas por ésta última.

Artículo 81. El Registro debe contar como mínimo con la siguiente información:

I. Nombre de la víctima directa y en su caso de las víctimas indirectas;

II. Edad;

III. Ocupación;

IV. Lugar donde ocurrió el evento;

V. Tipo de afectación que sufrió la víctima;

VI. Circunstancias y autores de la afectación;

VII. Autoridades que tomaron conocimiento del asunto.

VIII. Tipo de atención que se proporcionó a la víctima.

Artículo 82. Las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas deben realizar un registro de víctimas por actos realizados por las corporaciones policíacas, por las Fuerzas Armadas y por los grupos criminales, en el territorio de sus respectivas entidades. Dicha información debe ser remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de que sea integrada al Registro.

Artículo 83. La información estadística del Registro debe hacerse pública, resguardando debidamente los datos personales de las víctimas.

Transitorios

Primero . La presente ley entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . La Coordinación Nacional para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas deberá instalarse a los treinta días siguientes a la publicación de la presente ley.

Tercero . El Ejecutivo federal deberá emitir el reglamento dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la presente ley.

El reglamento de la presente ley deberá contar con la opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cuarto . El Registro Nacional de Víctimas deberá integrarse dentro de los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la presente ley.

Quinto . El Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá publicarse dentro de los seis meses siguientes a la instalación de la Coordinación Nacional para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.

Notas

1. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación General número 14 sobre los Derechos de las Víctimas ”, México D.F. 27 de marzo de 2007, pág. 4.

2. Diario Oficial de la Federación , 21 de septiembre de 2000.

3. Diario Oficial de la Federación , 18 de junio de 2008, se incorpora el apartado C al artículo 20 Constitucional para establecer los derechos de las víctimas y ofendidos del delito.

4. Diario Oficial de la Federación , 14 de julio de 2011, se incorpora la fracción V al apartado C del artículo 20 Constitucional para establecer el derecho de las víctimas que se resguarde su identidad y otros datos personales cuando sean víctimas de trata de personas.

5. Algunos códigos procesales ya incorporan expresamente los derechos de la víctima como parte del proceso como lo es el caso federal que establece en su artículo 141 del Código de Procedimientos Penales que la víctima podrá gozará de patrocinio jurídico en los mismos términos que la defensa. Aun limita esta actuación a darse a través del Ministerio Público, pero sujeta a éste a obligaciones de término para fundar y motivar sus respuestas posibilitando la impugnación constitucional de los acuerdos.

6. No es sino hasta el 2006 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica la jurisprudencia que reconoce el derecho de las víctimas para acudir en juicio de amparo y tutelar los derechos que le reconoce la Constitución. Contradicción de tesis 152/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 16 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. Tesis de jurisprudencia 170/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco

7. Diario Oficial de la Federación, 6 de septiembre de 2011.

8. Véase. Wilder Tayler, La problemática de la impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas –Notas para la reflexión–, en Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos , Volumen 24, julio-diciembre 1996, Costa Rica, páginas 185-186.

9. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985. Resolución 40/34, disponible en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp49_sp.htm.

10. Manual de la ONU sobre Justicia para las Víctimas, disponible sólo en inglés. UN Handbook on Justice for Victims, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 1999, disponible en: http://www.uncjin.org/Standards/9857854.pdf.

11. Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (“Principios de Van Boven/Bassiouni”) , adoptado por la Asamblea General. Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, disponible en: http://www.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm; y en el anexo de este capítulo. Ver también el estudio preliminar y el primer borrador del los principios del Sr. Theo Van Boven, Relator Especial, Estudio relativo al derecho de restitución, compensación y rehabilitación para víctimas de violaciones flagrantes a los derechos humanos y las libertades fundamentales , E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993, disponible en: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/3097a4101a382a23c1256a5b0 0375566?Opendocument. El Sr. Cherif Bassiouni fue elegido en 1998 para llevar a cabo un estudio y finalizar el borrador de los principios.

12. Principios de Van Boven/Bassiouni, principio 3.

13. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra

la impunidad, 18 de febrero de 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1; Véase también Informe de Diane Orentlicher, experta

independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102,

disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_s.aspx?b=1&se=59&t =9.

14. Resolución sobre la impunidad 2005/81, 21 de abril de 2005, párrafo 20, disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-81.doc. .

15. Ibíd., párrafo 21.

16. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 174.

17. Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Documento de Naciones Unidas, E/CN.4/1994/7, párrafos 688 y 711.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2012.

Diputados: Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Lizbeth García Coronado, Mary Telma Guajardo Villarreal, Leticia Quezada Contreras, Israel Madrigal Ceja, Celia García Ayala, José M. Torres Robledo, Vidal Llerenas Morales, Ilich Augusto Lozano Herrera, Lizbeth García Coronado, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Indira Vizcaíno Silva, Mary Telma Guajardo Villarreal, Domingo Rodríguez Martell, Rigoberto Salgado Vázquez, Agustín Guerrero Castillo, Alejandro de la Fuente, Rodolfo Lara Lagunas, Martha Angélica Bernardino Rojas, Leticia Quezada Contreras, Marcos Carlos Cruz Martínez, Juan Carlos Regis A., Martín García Avilés, José Luis Jaime Correa, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Federico Ovalle Vaquera, Luis Hernández Cruz, María Araceli Vázquez Camacho, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbricas).