Que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal y deroga los títulos primero a tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Marcos Pérez Esquer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), concordantes con el diverso 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal (LRASPDF) y deroga los Títulos Primero, Segundo y Tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), exclusivamente en lo tocante a ésta materia.

Para tal efecto, procedo a dar cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citado ordenamiento reglamentario.

I. Encabezado o título de la propuesta

Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La presente iniciativa tiene como propósito normar adecuadamente el régimen de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Distrito Federal, dado que el ordenamiento que permanece vigente en la ciudad capital (LFRSP), por virtud de una norma transitoria de excepción, resulta obsoleto y requiere actualización en diversos aspectos, verbigracia, los servidores públicos obligados, pues no sujeta expresamente a los integrantes de los órganos autónomos; el catálogo de infracciones, dado que no tipifica distintas conductas indebidas; y el procedimiento disciplinario, toda vez que no asegura el debido cumplimiento de las formalidades esenciales garantizadas constitucionalmente; todo lo cual redunda en un esquema deficiente que genera impunidad.

III. Argumentos que la sustentan (Exposición de motivos)

En la Constitución mexicana, –como cualquier texto fundamental moderno–, se contienen normas de diferente estructura y contenido; entre ellas, algunas destinadas a regular la organización del Estado, específicamente las que delimitan las potestades legislativas entre la Federación y las entidades federativas.

Sobre el particular, el texto constitucional consigna un sistema de distribución de competencias “mixto”, ya que por un lado, la Constitución consagra un catálogo de atribuciones expresas a favor del Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales; y al mismo tiempo, contempla una “cláusula residual” a favor de estas últimas en el artículo 124 al señalar: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”.

En el caso del Distrito Federal opera un esquema distinto, dado que si bien la reforma constitucional en materia político-electoral de 1996, introdujo una modificación importante al régimen de atribuciones de las autoridades locales en el artículo 122 constitucional, la ciudad capital sigue siendo objeto de un tratamiento peculiar.

Esto es así, ya que aun cuando en 1996 se reconocieron facultades legislativas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) e incluso se amplió su ámbito competencial, el esquema de distribución de facultades entre el Congreso de la Unión y ese órgano local de gobierno es sui generis, habida cuenta que su atribución para legislar se encuentra limitada.

En efecto, el texto constitucional establece que dicha facultad legislativa debe ser ejercida “en términos de lo previsto en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (EGDF)” y se remató tal restricción con una “cláusula residual” a favor del Congreso de la Unión, al señalar que aquellas facultades no previstas expresamente a favor de la ALDF quedan reservadas al legislador federal, es decir, un esquema “a la inversa” del que rige para los estados.

En ese sentido, el sistema de distribución de competencias en la ciudad capital “es diferenciado y excepcional”, pues implica un reparto que se bifurca en dos sentidos, por un lado, en una competencia definida, taxativa y condicionada para la ALDF y por otro, una competencia residual, libre y abierta para el Congreso de la Unión –cuando funge o actúa como legislador local-, lo que doctrinariamente se conoce como “duplicidad legislativa”. 1

Así lo puso de relieve el máximo tribunal del país en la tesis de jurisprudencia número P.J. 49/99 de rubro “Distrito Federal. Al Congreso de la Unión le corresponde legislar en lo relativo a dicho entidad, en todas las materias que no estén expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa por la Constitución federal”. 2

Consecuentemente, la ALDF carece de la posibilidad de “extraer” del texto constitucional “facultades implícitas” para legislar en materias distintas a las previstas expresamente en su favor, amén de estar condicionado su ejercicio a lo que el EGDF disponga sobre el particular.

Lo anterior cobra relevancia porque la materia a que se refiere la presente Iniciativa, a saber, la de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la ciudad capital, no está conferida –en su totalidad– expresamente a favor de la ALDF, de ahí que debe entenderse reservada para el legislador federal en ejercicio de la cláusula de competencia residual prevista en el artículo 122 del propio texto constitucional.

En efecto, la Constitución de 1917 –desde su texto original– dedicó el Título Cuarto a normar “Las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos”; aunque en un principio aludió exclusivamente a la responsabilidad de carácter penal y no a la de tipo administrativo.

El magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, afirma al respecto que “de las disposiciones que integraron el texto original del Título Cuarto... ninguna refirió en forma expresa a las responsabilidades de carácter administrativo o disciplinario, ya que fundamentalmente se reguló lo relativo a los delitos comunes y a los oficiales de los funcionarios”. 3

No fue sino hasta el 28 de diciembre de 1982 cuando al reformar el Título Cuarto de la Constitución federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos, en los artículos 108 a 114, con el fin de establecer un sistema integral de responsabilidades de los servidores públicos, se dispusieron las bases para tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y se consagraron los principios rectores de la función pública, mismos que se traducen en un derecho subjetivo para los ciudadanos, pues obligan a los servidores públicos a conducirse con apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Ese sistema integral de responsabilidades, implica –tal como lo precisa el texto constitucional– la existencia de diferentes ámbitos y tipos de responsabilidad, a saber: 1) la política o constitucional, que aplica para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; 2) La penal para los servidores públicos que incurran en delito; 3) La administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública; 4) La civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales; y 5) La laboral en su carácter de trabajadores, dado que el servicio público implica una especial prestación de servicios de forma subordinada.

La existencia de diversos tipos de responsabilidad de los servidores públicos atiende a un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen legalmente órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política como a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

En ese sentido se pronuncian las tesis de rubros “Responsabilidades de servidores públicos. Sus modalidades de acuerdo con el Título Cuarto constitucional.” 4 y “Servidor público, la responsabilidad del, tiene diversos ámbitos legales de aplicación (administrativa, laboral, política, penal, civil). 5

Ahora bien, en lo tocante a la responsabilidad administrativa, el artículo 109 Constitucional establece “el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:... III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.

En congruencia con ello, el artículo 113 Constitucional en su primer párrafo determina: “Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas...”.

Como se observa, el desarrollo de la normativa atinente a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, se reservó para las leyes reglamentarias, tanto la de carácter federal como las de las entidades federativas.

Consecuencia de ello, el legislador federal desarrolló las bases del Título Cuarto de la Constitución Federal mediante la expedición de la LFRSP en vigor desde el 1 de enero de 1983, que además del juicio político y el juicio de procedencia, regula el tema de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, precisando las conductas ilícitas, el procedimiento disciplinario, las sanciones y las autoridades competentes para aplicarlas.

Ese ordenamiento estuvo vigente durante casi dos décadas, momento en que el Congreso de la Unión decidió “escindir” la materia de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos federales mediante la expedición de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 marzo de 2002.

Empero, por mandato del artículo transitorio Segundo de ese Decreto, la vieja LFRSP mantuvo su vigencia en lo tocante al juicio político y la declaración de procedencia (Título Segundo de la ley), tanto para el ámbito federal y del Distrito Federal; y en lo tocante a las responsabilidades administrativas, sólo fueron derogados los títulos Primero, Tercero y Cuarto, “por lo que hace al ámbito federal”; consecuentemente, dichos títulos conservaron su vigencia para el Distrito Federal.

Así lo expresó la norma transitoria referida al señalar: “Se derogan los Títulos Primero, por lo que se refiere a la materia de responsabilidades administrativas, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, únicamente por lo que respecta al ámbito federal. Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos seguirán aplicándose en dicha materia a los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal”.

Esta disposición transitoria encuentra razón de ser en que, –como se dijo–, en el Distrito Federal opera un régimen de distribución de competencias sui generis, según el cual las materias que puede normar la ALDF son aquellas que expresamente prevé el texto constitucional y el EGDF, siendo el caso que la materia de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos locales, no está conferida expresamente a favor de la ALDF por el artículo 122 Constitucional ni el numeral 42 del EGDF, de ahí que en términos de lo previsto por el propio artículo 122 Constitucional, Apartado A, fracción I, se surte la competencia en favor del legislador federal (excepción hecha de los servidores públicos del órgano judicial local).

Esto es así, ya que el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso m) de la Constitución Federal confiere a la ALDF expresamente la facultad para “expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos”, lo cual se reitera en el artículo 42, fracción VI, del EGDF.

Luego, el régimen de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del órgano judicial local (exclusivamente) debe estar determinado en la ley que al efecto expida la Asamblea Legislativa local, en tanto que los demás servidores públicos del Distrito Federal quedan sujetos a la ley que expida el legislador federal.

Así lo corrobora el artículo 15 del EGDF expedido por el Congreso de la Unión -en una especie de “interpretación auténtica” del texto constitucional-, al señalar: “Las responsabilidades de los servidores públicos de los poderes locales del Distrito Federal, salvo las de los servidores de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, se regularán por la ley federal de la materia en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Todo ello explica que al expedirse en 2002 la LFRASP y derogar la LFRSP (en el ámbito federal), el legislador -en ejercicio de sus atribuciones para normar esta materia en el ámbito local-, definió la situación de los servidores públicos del Distrito Federal, precisando que éstos seguirían rigiéndose por el ordenamiento expedido en 1983.

No pasa inadvertido que en el artículo segundo transitorio del Decreto por el cual se expidió la LFRASP, erróneamente el legislador federal –sin tener facultades para determinar el régimen de las responsabilidades de los servidores públicos del órgano judicial local– señaló que “Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos seguirán aplicándose en dicha materia a los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal”, siendo que tal definición sólo compete a la ALDF por mandato constitucional.

Una vez precisadas las facultades del Congreso de la Unión en esta materia en el ámbito del Distrito Federal (excepción hecha de los servidores públicos del órgano judicial local), es menester destacar la obsolescencia y deficiencia de la LFRSP que sigue vigente en la ciudad capital.

En efecto, del análisis de los documentos inherentes al proceso legislativo que precedió a la publicación de la LFRASP y derogó la LFRSP para el ámbito federal, se advierte que la expedición de esa ley en 2002, tuvo por objeto actualizar el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales; solventar las lagunas existentes en la LFRSP; y corregir los yerros que presentaba el viejo ordenamiento; todo con el fin de ajustar la normativa nacional a las exigencias y compromisos internacionales, así como evitar la impunidad que existía en nuestro país.

Así quedó de relieve en la Exposición de Motivos de la Iniciativa de LFRASP suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) fechada el 5 de abril de 2001 6 , en la que se manifiesta lo siguiente:

“...

En pleno ejercicio de congruencia, sometemos a la consideración de esta soberanía una amplia e innovadora propuesta contra la corrupción e impunidad, y convocamos a todas las fuerzas políticas para enriquecerla y llevarla adelante con base en el consenso.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone:

Establecer en un solo ordenamiento jurídico la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y en otro los juicios políticos y las declaraciones de procedencia;

Establecer controles y sanciones administrativos, independientemente de la sanción penal a la que haya lugar, contra el tráfico de influencias; crear el Registro Público de Servidores Públicos Sancionados; Imponer a las dependencias y entidades federales la obligación de consultar el Registro antes mencionado, de manera previa a la contratación de cualquier persona; garantizar la transparencia de la información sobre la situación patrimonial de los servidores públicos, regulando el acceso a la misma por parte del público; prever la elaboración de códigos de ética en las dependencias y entidades federales, con el participación de los sectores social y privado, así como de los gobiernos estatales y municipales; otorgar atribuciones para aplicar esta Ley al Instituto Federal Electoral, los Tribunales Agrarios, la Auditoría Superior de la Federación; incorporar nuevos servidores públicos a quienes se les aplicará esta ley; fortalecer a la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para investigar y sancionar a los servidores públicos que violen los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones; ampliar los plazos de prescripción para sujetar al procedimiento a los servidores públicos, y establecer, por primera vez, el embargo precautorio, a través la Tesorería de la Federación, en contra de los presuntos responsables para garantizar el cobro de las sanciones.

En un primer aspecto, la presente iniciativa aspira a prevenir la realización de infracciones administrativas en la función pública, mediante la incorporación de disposiciones jurídicas que precisen o establezcan nuevas obligaciones a cargo de los servidores públicos, que den transparencia a la gestión pública federal y que permitan la definición de reglas éticas en la administración pública.

...

Con tales obligaciones se contribuiría a hacer más eficaz el ejercicio del derecho a la información de que gozan todos los gobernados, tutelado en el artículo 6o. Constitucional, a fin de que dentro de un marco racional y objetivo, éstos cuenten con información suficiente, veraz y oportuna del quehacer gubernamental, que a su vez les permitan exigir una rendición de cuentas puntual, clara e integral.

De igual modo y con independencia de que actualmente todo servidor público está obligado en general a utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, se hace necesario incorporar una obligación específica para que no cause daños o perjuicios a la hacienda pública federal o al patrimonio de las entidades paraestatales federales, tendente a evitar que éste incurra en irregularidades dilapidando tales recursos o realizando erogaciones indebidas.

Se busca asimismo desterrar conductas reprochables en el servicio público consistentes en el aprovechamiento del poder de influencia que el servidor público pueda tener derivado del empleo, cargo o comisión que desempeña, o de la información en materia de inversiones u obras a que hubiere tenido acceso con motivo de la función pública que ejerza. A tal efecto, se proponen incorporar al catálogo de obligaciones de los servidores públicos las relativas a no aprovecharse de su posición para inducir a que otro servidor público realice, no realice o retrase algún acto de su competencia, con lo cual se beneficien u obtengan en general un provecho éstos, sus cónyuges, parientes, terceros o sociedades en los términos que establece la Ley, así como en no adquirir, para sí, o para las referidas personas, y hasta un año después de que se retiren de su encargo, bienes inmuebles cuyo valor o condiciones físicas se mejoren a virtud de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que hubieren autorizado o tenido conocimiento en ejercicio de sus funciones.

Para asegurar la imparcialidad con que deben conducirse los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y aún después de concluidos éstos, así como superar la omisión en la ley vigente, se clarifican la forma en que puede presentarse el conflicto de intereses en la función pública, durante el ejercicio de las funciones y una vez que concluyan éstas y hasta un año después.

Convendría destacar a este respecto la facultad que se pretende otorgar a la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de la Administración Pública Federal, para orientar a los ex-servidores públicos y dilucidar con efectos normativos las dudas que les pudiesen generar determinadas actividades a las que pretendieran dedicarse.

Conscientes de que la transparencia en la gestión pública federal se sintetiza en el derecho de los gobernados a conocer el desempeño de las autoridades y la responsabilidad con que se comportan los servidores públicos, la iniciativa que se presenta a esta honorable Cámara de Diputados incorpora la posibilidad legal de conocer si determinada persona fue o no sancionada con motivo del empleo, cargo o comisión que desempeñaba en el servicio público y, más aún, si la sanción que le fue impuesta lo limita o no para realizar actividades en o con el sector público.

De esa manera, se propone que el registro de servidores públicos sancionados que lleva la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, conforme a sus atribuciones legales, adquiera el carácter de público y pueda accederse a su información en los términos que establezcan las normas que al efecto expida esa Dependencia. Igualmente, resultaría menester incorporar la obligación de las dependencias y entidades federales, así como de la Procuraduría General de la República, relativa a que previamente al ingreso a ellas requieran la constancia de no inhabilitación en el servicio público, con la finalidad de garantizar la eficacia de las sanciones que se hubieren impuesto.

En materia de situación patrimonial de los servidores públicos también se pretende que el público pueda tener acceso a la información relativa en los rubros que la propia ley disponga y respecto de los niveles y puestos en la administración pública federal que establezca la dependencia encargada de llevar el registro y seguimiento de la evolución patrimonial, adicionalmente a los que el ordenamiento legal señale y conforme a la normatividad que ésta emita.

De aprobarse esta Iniciativa, la referida información estaría disponible durante todo el tiempo en que el servidor público desempeñe sus funciones y hasta por tres años posteriores a que se hubiere retirado del encargo, la cual tendría valor probatorio en los casos que la propia Ley determine.

Con lo anterior, se consolidarían los cimientos de la transparencia en la gestión pública federal, que contribuiría al combate a la corrupción, a eliminar la discrecionalidad de las autoridades para dar a conocer la información de que disponen, y que generaría, en suma, la confianza de la sociedad en los servidores públicos.

Al Estado no le corresponde tutelar la moralidad personal, pero sí está obligado a prevenir y a sancionar la corrupción en el servicio público. De ese modo se propone combatir el fenómeno de la corrupción en el servicio público a través de diversas medidas, de entre las cuales se encuentra la adopción en el ámbito de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, de códigos éticos de carácter interno en los que se contengan reglas de conducta cuyo contenido si bien variaría en razón de las funciones específicas que a aquéllas les corresponde ejercer conforme a la ley, compartirían el fin común de aspirar al estricto cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servicio público y, en consecuencia, de las obligaciones que la Ley de la materia les impone.

...

En su segundo aspecto, la presente iniciativa pretende proveer a las autoridades competentes para aplicar la ley de los elementos jurídicos necesarios que contribuyan a que éstas ejerzan de manera eficaz su potestad disciplinaria, y que les permitan investigar y sancionar con oportunidad las conductas que atenten contra la correcta prestación del servicio público.

En ese orden de ideas, y derivado del esencial dinamismo de la organización de las funciones del Estado, se ampliaría el espectro de las autoridades competentes para aplicar la ley, en concordancia con las reformas efectuadas en diferentes años a nuestra Carta Fundamental y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otros ordenamientos legales.

De ese modo, se incluirían como autoridades competentes para aplicar la ley, entre otras, a los contralores internos y a los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y de la Procuraduría General de la República, así como de los órganos de control interno de las entidades paraestatales de la administración pública federal, a los tribunales agrarios, al Instituto Federal Electoral y a la Auditoría Superior de la Federación, actualizando asimismo la denominación del antes Tribunal Fiscal de la Federación, por la de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En materia de sanciones administrativas se propone mantener aquéllas que se ha considerado cumplen con su finalidad disciplinaria, y eliminar las que en la práctica su efectividad ha resultado insuficiente. Así, se estima conveniente suprimir el apercibimiento privado o público, y preservar en la ley la amonestación privada o pública; la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; la destitución del puesto; la sanción económica; y, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, bajo las bases siguientes:

...

Pretende subsanarse la laguna legal existente respecto de la procedencia de la sanción de inhabilitación cuando el servidor público infractor no cause daños o perjuicios, o no obtenga algún beneficio o lucro, y su conducta no sea grave, estimándose prudente establecer su imposición en este supuesto, con una temporalidad de seis meses a un año.

Con la intención de que en los procedimientos administrativos en los que se impongan sanciones se valore en forma adecuada la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones –que constituye uno de los elementos que las autoridades deben tomar en cuenta para imponerlas– se propone establecer en la Ley el concepto de reincidente en materia de responsabilidades administrativas, reputándose como tal al que hubiere sido declarado responsable del incumplimiento de alguna obligación en el servicio público e incurra de nueva cuenta en otra infracción administrativa.

La presente iniciativa aspira a que la discrecionalidad de las autoridades en la imposición de las sanciones administrativas no degenere en una arbitrariedad que atropelle los derechos de los servidores públicos, o en una suerte de indulgencia a los infractores que redunde en perjuicio del servicio público, a cuyo efecto se proponen reducir los amplios márgenes de actuación con los que actualmente cuentan las propias autoridades para imponerlas.

De esa manera, se establecería que en tratándose de infracciones graves se impondrá al responsable, además de la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público -como actualmente lo prevé la Ley de la materia-, la destitución del puesto, y se preverían expresamente los incumplimientos a las obligaciones de los servidores públicos que en todo caso darían lugar a cometer infracciones graves para los efectos de la ley.

Debe aclararse que la calificación de grave a las infracciones que señala la Iniciativa no ha sido caprichosa, sino producto de un análisis e identificación de los actos u omisiones en el servicio público que de manera considerable perjudican la buena marcha de las instituciones públicas, la correcta prestación del servicio público o, en general, que ofenden en mayor grado a la sociedad.

Por otro lado, atendiendo a la necesidad jurídica de que la imposición de las sanciones económicas observe congruencia con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto a que éstas se establezcan de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados, pero no excediendo de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados, se propone eliminar el señalamiento de la ley vigente, relativo a que la aplicación de dichas sanciones debe ser de dos tantos del lucro, daños o perjuicios causados, y recoger en esta iniciativa el mandato constitucional de referencia, estableciendo asimismo que en ningún caso la imposición podrá ser menor o igual al monto de los beneficios, lucro, daños o perjuicios producidos.

Se plantea sustituir el procedimiento que regula la Ley vigente para actualizar el monto de las sanciones económicas, disponiendo que éstas se actualizarían, para los efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos, lo cual resultaría acorde con la naturaleza fiscal que a aquéllas le otorga la propia ley.

Se considera que el adecuado ejercicio de la facultad disciplinaria exige para su eficacia, entre otros aspectos, que la ley que lo regule establezca con precisión las autoridades facultadas para aplicar las sanciones correspondientes. En este orden de ideas, la presente iniciativa incorpora a las autoridades competentes en la administración pública federal que, en adición a la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, imponen las sanciones que la ley prevé: Contralores internos y titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y de la Procuraduría General de la República, así como de los órganos de control interno de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, ordenando que la ejecución de aquéllas corresponderá al jefe inmediato del infractor, al titular de la dependencia o entidad involucrada, a la Tesorería de la Federación o a los auxiliares del servicio de Tesorería, en los términos que en la propia Iniciativa se establecen.

Con lo anterior pretende evitarse el frecuente cuestionamiento de la legalidad de la aplicación de las sanciones en ese ámbito, sin menoscabo alguno de las facultades que actualmente otorga la Ley a las autoridades ajenas al Poder Ejecutivo Federal para establecer los órganos competentes que sancionarían administrativamente a sus servidores públicos, conforme a sus leyes respectivas.

Conviene subrayar que la intención del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional al presentar esta iniciativa es atribuir eficacia real a las sanciones administrativas. De esa guisa, se pretende establecer la posibilidad de que las autoridades de referencia, en el desarrollo del procedimiento disciplinario a que alude la Ley, soliciten a la Tesorería de la Federación o, en su caso, a los auxiliares del servicio de Tesorería, el embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables, con lo que se garantizaría el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse.

Con objeto de explicitar en la ley determinadas atribuciones en materia de responsabilidades en el servicio público con que las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y Federal de las Entidades Paraestatales, entre otras, dotan a la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a los contralores internos y a los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, se dispondría que dichas autoridades podrán investigar o auditar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, y también, hecha excepción de los titulares de las áreas de auditoría y de quejas, practicar durante la substanciación del procedimiento administrativo de responsabilidades todas las diligencias de investigación indispensables, así como requerir a los presuntos infractores, dependencias y entidades federales involucradas la información y documentación necesarias.

Se establecería, correlativamente, la obligación de proporcionar tal información y documentación en los términos que hayan sido requeridas.

Por lo que hace al procedimiento administrativo de responsabilidades, se plantea revestirlo de mayores garantías en favor del presunto responsable; identificar con mayor precisión las etapas procedimentales, y fijar el plazo en que deberá resolverse, así como señalar la duración máxima que tendría la ampliación de éste, por causas justificadas.

Con la intención de que no se demoren los procedimientos respectivos o incluso de que no queden inactivos, se ha estimado conveniente prever en la ley el auxilio que los servidores públicos de las dependencias y entidades federales prestarían a los contralores internos y a los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades, en tratándose de notificaciones y citaciones, cuando éstos no residan en los lugares en que deban practicarse.

Por ser las sanciones administrativas actos de interés social y público, y atendiendo al principio de autoridad formal de la ley, esta Iniciativa propone establecer la improcedencia de la suspensión de la ejecución de las resoluciones por las que se impongan dichas sanciones, que se impugnen ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En efecto, se considera que existe interés en la sociedad para que se cumplan las citadas sanciones, las cuales tienden al debido desempeño de la función pública, por lo que de suspender ese tribunal –conforme a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación– la ejecución de sanciones como la suspensión, destitución o inhabilitación, se perjudicarían los intereses de aquélla y al propio servicio público, con independencia de que la legalidad de las sanciones impuestas, por ser cuestión del fondo del asunto, se determine por esa autoridad jurisdiccional y, de ser el caso, disponga la restitución en sus derechos al afectado.

Para evitar que los infractores de la ley puedan quedar impunes por el transcurso del tiempo, se ha creído necesario ampliar los plazos de prescripción de las facultades de las autoridades para imponer sanciones administrativas, siendo el de cinco años para las infracciones graves, y el de tres años para las infracciones que no lo sean. Asimismo, se propone ampliar a dos años el plazo de que disponen los particulares para solicitar la indemnización de daños o perjuicios con motivo de faltas administrativas cometidas.

En materia de registro patrimonial de los servidores públicos la presente Iniciativa incorpora a las nuevas autoridades competentes para aplicar la ley, estableciéndose los servidores públicos que estarían obligados a presentar las declaraciones correspondientes. Destaca en este aspecto la inclusión de aquellos servidores públicos que por el manejo de recursos económicos, valores o fondos federales, o por la naturaleza de las actividades que realizan, se hace necesario sujetarlos al régimen de declaraciones de situación patrimonial.

Se pretende introducir una modalidad en la presentación de las declaraciones iniciales de situación patrimonial, en razón del ingreso al servicio público, reingreso o cambio de dependencia o entidad, que permita a la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo dar mayor continuidad al seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos que se encuentren en tales supuestos.

Con la finalidad de aprovechar los avances de la tecnología y de llevar un seguimiento integral respecto de la evolución patrimonial del universo de servidores públicos obligados a presentar declaraciones, se plantea que cualesquiera de éstas puedan presentarse a través de medios magnéticos o de medios remotos de comunicación electrónica, en adición al tradicional formato impreso, pudiendo establecer la Contraloría la obligatoriedad de utilizar medios remotos de comunicación electrónica a los servidores públicos que ella determine.

Se propone, para garantizar el desempeño honesto y responsable de los servidores públicos y evitar actos de corrupción consistentes en que éstos obtengan los provechos o beneficios indebidos que se les hubieren prometido, una vez que se separen de sus encargos, que a la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo se le faculte para requerir a quienes reingresen al servicio público la información sobre su situación patrimonial, así como el origen de los recursos que obtuvieron durante el tiempo en que estuvieron fuera de éste.

A fin de salvaguardar la garantía de audiencia de los servidores públicos, se dispone en esta Iniciativa que para la imposición de sanciones por incumplimiento a la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como por faltar a la verdad en relación con lo que es obligatorio declarar, deberá substanciarse previamente el procedimiento administrativo de responsabilidades previsto en la ley.

Una eficiente supervisión de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos requiere que a la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo se le dote de facultades legales expresas para investigar o auditar en esta materia, y de que en el caso de que se presuma el incremento ilícito del patrimonio de un servidor público, inicie un procedimiento de investigación, lo cual recoge la presente Iniciativa.

La facultad que en tales términos se propone otorgar a esa Dependencia subsistiría hasta tres años después de que los servidores públicos se separen de sus empleos, cargos o comisiones, siendo pertinente hacer notar que en el procedimiento de investigación respectivo se respetaría el derecho de defensa del servidor público.

Para garantizar la legalidad de las notificaciones que la Contraloría practique para iniciar el procedimiento se otorgaría al servidor público, además, la posibilidad de que las impugne ante la Contraloría.

Con objeto de lograr una verificación integral del patrimonio de los servidores públicos, que posibilite a la autoridad competente detectar e investigar actos ilegales e imponer las sanciones legales procedentes, la presente iniciativa propone que la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo cuente, por disposición legal, con la información bancaria de aquéllos, lo cual vendría a constituir respecto del llamado “secreto bancario”, previsto en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, otra excepción a las ya existentes en diversos ordenamientos jurídicos. Esta propuesta se justificaría atendiendo precisamente al régimen específico de responsabilidades a que se encuentran sujetos constitucionalmente los servidores públicos, y permitiría a esa Dependencia cumplir cabalmente las atribuciones que la Ley le confiere para verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y llevar el seguimiento de la evolución del patrimonio de éstos.

Finalmente, se considera necesario establecer expresamente el ordenamiento legal que se aplicaría supletoriamente en los procedimientos administrativos regulados en esta iniciativa, para lo cual se ordenaría que en todo lo no previsto en éstos, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

...”

Como se aprecia, desde la propuesta inicial, la LFRASP buscó solventar las deficiencias, lagunas o yerros de la LFRSP que, con el paso de los años, habían quedado en evidencia. Asimismo, buscó incorporar normas novedosas que permitieran contar con un régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos federales adecuado, acorde a la realidad imperante y la exigencia internacional, evitando los ámbitos de impunidad que se habían advertido en el viejo esquema.

Ese mismo propósito quedó de relieve en el dictamen aprobado por la Cámara de origen el 25 de abril de 2001, elaborado por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que en su parte conducente señaló:

“...

IV. La Comisión dictaminadora consideró procedente, respecto al artículo 2, en el cual se enuncia quienes son los sujetos de la ley que, aparte de los mencionados en el artículo 108 constitucional, se indicaba que lo eran “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales” ahora se diga “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”, toda vez que la anterior redacción se limitaba sólo a las personas que aplican o manejan recursos económicos federales, y un servidor público no siempre maneja o aplica recursos económicos, sino que éstos pueden ser de diversa índole.

V. La comisión dictaminadora considera procedente modificar la parte inicial del artículo 3, con lo cual queda claro que las autoridades ahí mencionadas aplicarán la presente ley en el ámbito de su competencia.

También se incluyen en la propuesta, como autoridades competentes para aplicar la ley, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se actualiza el nombre de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, antes denominado Tribunal Fiscal de la Federación, se agregan los tribunales agrarios, el Instituto Federal Electoral y la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, en la iniciativa, se omite incluir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Banco de México, a pesar de ser éstos, órganos constitucionales autónomos y las personas que prestan sus servicios en ellos también son servidores públicos, por lo que los dictaminadores consideran pertinente agregar en el artículo 3 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México.

En congruencia con la adición anterior, los dictaminadores consideran necesario agregar dos fracciones más al artículo 36, a efecto de establecer la obligación de presentar declaración patrimonial por parte de los servidores públicos pertenecientes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México; agregando una fracción más respecto de la Contraloría de Seguridad Pública, estableciendo dicha obligación además para los miembros de la Policía Federal Preventiva.

Asimismo, los dictaminadores consideran conveniente elaborar un artículo específico para determinar las atribuciones que les corresponderán a los contralores internos y a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República, en congruencia por lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Lo anterior pretende evitar el frecuente cuestionamiento de la legalidad de la aplicación de las sanciones en ese ámbito, sin menoscabo alguno de las facultades que actualmente otorga la Ley a las autoridades ajenas a la administración pública federal para establecer los órganos competentes que sancionarían administrativamente a sus servidores públicos, conforme a sus leyes respectivas, y con ello dar eficacia real a las sanciones administrativas.

VI. Se considera acertada la definición de los conceptos contenidos en el artículo 5, tales como Contraloría, Contralorías Internas, contralores internos y titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades y entidades, sin embargo, los dictaminadores no encuentran razón para que prevalezca el último párrafo de dicho artículo, toda vez que lo ahí dispuesto es lo que en todo momento realiza la Contraloría, dicho de otra manera, es su obligación hacerlo ya que se trata de una facultad implícita para las autoridades el interpretar la ley.

VII. Esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública propone incluir en el artículo 7 los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; no obstante lo anterior, consideramos necesario eliminar la obligación que se establecía a los servidores públicos, en el artículo 7 de la iniciativa, referente al Código de conducta ética, en virtud de que el mismo, si bien establece valores que deben guiar el desarrollo profesional de los servidores públicos, su contenido no se traduce necesariamente en una obligación legal.

VIII. Con las obligaciones de responsabilidad que se proponen en esta ley, se busca desterrar conductas reprochables en el servicio público, consistentes en el aprovechamiento del poder de influencia que el servidor público pueda tener derivado del empleo, cargo o comisión que desempeña, o de la información en materia de inversiones u obras a que hubiere tenido acceso con motivo de la función pública que ejerza. A tal efecto, se proponen incorporar al catálogo de obligaciones de los servidores públicos las relativas a no aprovecharse de su posición para inducir a que otro servidor público realice, no realice o retrase algún acto de su competencia, con lo cual se beneficien u obtengan en general un provecho éstos, sus cónyuges, parientes, terceros o sociedades en los términos que establece la Ley, así como en no adquirir, para sí, o para las referidas personas, y hasta un año después de que se retiren de su encargo, bienes inmuebles cuyo valor o condiciones físicas se mejoren en virtud de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que hubieren autorizado o tenido conocimiento en ejercicio de sus funciones.

...

Asimismo, se consideró adecuado eliminar de la fracción I el término “máxima diligencia” para quedar solamente “Cumplir con el servicio”; lo mismo sucede con la fracción II, por lo que se sustituye el término “cumplir las leyes y otras normas” por “ cumplir las leyes y la normatividad”, por considerar que es lo correcto y agrupar en una sola fracción los supuestos normativos contenidos en las fracciones IV y V del artículo 7 de la Iniciativa. Lo anterior, toda vez que con la redacción propuesta por quienes suscribimos el presente dictamen se logra dar mayor fuerza y claridad a la obligación que deben tener los servidores públicos para rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones.

...

IX. Si bien es cierto que la Iniciativa de ley, en su ahora artículo 9, busca asegurar la imparcialidad con que deben conducirse los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y aún después de concluidos éstos, buscando clarificar la forma en que puede presentarse el conflicto de intereses en la función pública, durante el ejercicio de las funciones y una vez que concluyan éstas y hasta un año después, los integrantes de esta Comisión dictaminadora no están de acuerdo en que se establezca en la ley el contenido del inciso c) y d), así como el último párrafo del artículo propuesto, en razón de que ello puede resultar violatorio de la garantía constitucional consagrada en el artículo 5 de libertad de trabajo. Motivo por el cual se ha optado por su eliminación, prevaleciendo solamente las primeras dos hipótesis planteadas originalmente.

Asimismo, se plantea por los dictaminadores agregar que los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de dirección o como Consejeros del Instituto Federal Electoral, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección en la que participaron como organizadores o que hayan calificado.

...

XI. Para esta nueva ley en materia de sanciones administrativas se propone mantener aquéllas que se ha considerado cumplen con su finalidad disciplinaria, y eliminar las que en la práctica su efectividad ha resultado insuficiente. Así, se mantiene sin modificación la propuesta de la iniciativa de suprimir el apercibimiento privado o público, y preservar en la Ley la amonestación privada o pública; la suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año; la destitución del puesto; la sanción económica y, la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Con lo cual se subsana la laguna legal existente respecto de la procedencia de la sanción de inhabilitación cuando el servidor público infractor no cause daños o perjuicios, o no obtenga algún beneficio o lucro, y su conducta no sea grave, estimándose prudente establecer su imposición en este supuesto, con una temporalidad de seis meses a un año.

XII. Es significativo la intención que en los procedimientos administrativos en los que se impongan sanciones, se valore en forma adecuada la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones, por lo que se establece en la Ley el concepto de reincidente en materia de responsabilidades administrativas, reputándose como tal, al que hubiere sido declarado responsable del incumplimiento de alguna obligación en el servicio público e incurra de nueva cuenta en otra infracción administrativa.

XIII. Por otro lado, para esta Comisión, atendiendo a la necesidad jurídica de que la imposición de las sanciones económicas observe congruencia con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto a que éstas se establezcan de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados, pero no excediendo de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados, considera atinada la propuesta de eliminar el señalamiento de la ley vigente, relativo a que la aplicación de dichas sanciones debe ser de dos tantos del lucro, daños o perjuicios causados, apegándose al mandato constitucional de referencia, estableciendo, asimismo que, en ningún caso la imposición podrá ser menor o igual al monto de los beneficios, lucro, daños o perjuicios producidos.

...

XVI. Respecto al contenido del artículo 21, y toda vez que se trata de elementos que se establecen para iniciar el procedimiento administrativo es necesario que los mismos queden claramente definidos para evitar abusos en contra de los servidores públicos, e incluso para evitar que éstos, con posterioridad invoquen algún vicio en el procedimiento o con base a una laguna de la ley pretendan evitar su responsabilidad quedando la autoridad sin posibilidad de sancionarlos. Por lo cual, los dictaminadores consideran procedente modificar la posibilidad, contenida en la fracción I, la cual señalaba que cuando siendo notificado hiciera caso omiso de la misma, se le tendría por confeso de los hechos que se le imputaban. De mantener dicha redacción se estarían violando seriamente las garantías procesales del servidor público, siendo lo correcto que a dicha persona, se le tengan por ciertos los hechos imputados.

...

XVIII. Por lo que se refiere al artículo 26 del dictamen, se establece que el término para la interposición del recurso de revocación, comenzará a correr a partir de la notificación de la resolución impugnada, y no a la fecha en que ésta surta sus efectos, por considerar que de esa forma se da mayor claridad al recurrente.

De igual forma, en la fracción I de este artículo, relativo a las pruebas, los dictaminadores deciden sustituir el término “proposición” por el de “ofrecimiento”, por ser el término procesal adecuado.

XIX. En el ahora artículo 27, la Comisión que dictamina, sustituye en la fracción II, inciso b) el término “imposible” por el de “difícil”, en virtud de que, en caso de aprobarse la propuesta de redacción de la Iniciativa, se establecerían mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.

...

XXII. Se busca evitar que los infractores de la Ley puedan quedar impunes por el transcurso del tiempo, para lo cual, los iniciadores han creído necesario ampliar los plazos de prescripción de las facultades de las autoridades para imponer sanciones administrativas, siendo el de cinco años para las infracciones graves, y el de tres años para las infracciones que no lo sean. Asimismo, se propone ampliar a dos años el plazo de que disponen los particulares para solicitar la indemnización de daños o perjuicios con motivo de faltas administrativas cometidas, hipótesis que fue coincidente con la posición de los integrantes de la comisión.

XXIII. En materia de registro patrimonial de los servidores públicos, se propone incorporar a las nuevas autoridades competentes para aplicar la ley, estableciéndose los servidores públicos que estarían obligados a presentar las declaraciones correspondientes. Se incluye a aquellos servidores públicos que por el manejo de recursos económicos, valores o fondos federales, o por la naturaleza de las actividades que realizan, se hace necesario sujetarlos al régimen de declaraciones de situación patrimonial.

...

XXIV. Respecto a la redacción contenida en el ahora artículo 36, referente a la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, se acuerda sustituir en la fracción II: “En el Poder Ejecutivo federal” por “En la administración pública federal centralizada” ya que se considera que el Poder Ejecutivo federal recae en una persona que se denomina presidente de la República.

En el caso de la fracción IV, que contempla a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, los dictaminadores consideran, que debe eliminarse de esa obligación a los secretarios, toda vez que este cargo es muy confuso, pudiéndose obligar a personal sindicalizado, quienes se desempeñan como secretarios y mecanógrafos sin necesidad de colaborar como auxiliares del Ministerio Público, obligación que sí debe contemplarse para los peritos y los integrantes de la Policía Judicial Federal.

Siendo la Contraloría de Seguridad Pública de reciente creación, de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se consideró necesario contemplar a quienes en dicha Contraloría trabajan, enmarcándolos en una fracción distinta, en los mismos niveles que en las otras dependencias, así como a los miembros de la Policía Federal Preventiva.

...

...

XXVI. Con objeto de lograr una verificación integral del patrimonio de los servidores públicos, que posibilite a la autoridad competente detectar e investigar actos ilegales e imponer las sanciones legales procedentes, se propone que la Contraloría de Contraloría y Desarrollo Administrativo cuente, por disposición de la ley, con la información bancaria de aquéllos, lo cual vendría a constituir respecto del llamado “secreto bancario”, previsto en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, otra excepción a las ya existentes en diversos ordenamientos jurídicos. Esta propuesta se justifica atendiendo precisamente al régimen específico de responsabilidades a que se encuentran sujetos constitucionalmente los servidores públicos, y permitirá a esa Dependencia, cumplir cabalmente las atribuciones que la ley le confiere para verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y llevar el seguimiento de la evolución del patrimonio de éstos.

La comisión dictaminadora considera conveniente precisar en la ley los servidores públicos que estarán facultados para solicitar la información bancaria, mencionada en el párrafo anterior, a efecto de evitar excesos en el ejercicio de esta atribución.

...

XXIX. Para los dictaminadores es procedente la adopción de un Código de Ética que contenga reglas de conducta cuyo contenido tiene el fin común de aspirar al estricto cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servicio público y, en consecuencia, de las obligaciones que la Ley de la materia les impone. Aunado a que para la definición de esas reglas éticas, que redundarían en un mejor funcionamiento del aparato gubernamental, se estima de gran importancia la participación activa de los sectores social y privado, así como de los gobiernos estatales y municipales.

...”

En el dictamen aprobado por el Senado el 27 de noviembre de 2001, elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, quedó expuesto con mayor claridad el propósito de la nueva ley, a saber, contar con un ordenamiento claro, actual y que permitiera superar las deficiencias de la ley expedida en 1983, cuyas disposiciones han quedado obsoletas. Así se desprende de lo siguiente:

“...

La actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se diseñó en 1982 para procurar la “renovación moral de la sociedad”. Su objetivo principal consistió en marcar el fin de la corrupción generalizada como una demanda de la comunidad, apelando a la ética como el fundamento del moderno estado social y democrático de derecho.

Dicho ordenamiento en su momento representó un gran avance jurídico en la materia, sin embargo, a más de 18 años de su promulgación ya no responde de igual manera a la problemática que se vive actualmente. Será necesario entonces, impulsar la actualización de estas normas con la finalidad de ampliar su efectividad y así lograr la identificación y castigo de conductas indebidas que puedan surgir en el servicio público.

Con ese mismo afán de renovar el régimen de responsabilidades y con el objeto de perfeccionar los procedimientos para que se exija de manera eficaz el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin detrimento de la seguridad jurídica en los mismos, se impulsa ahora la creación de la Ley Federal de responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con este nuevo ordenamiento se propone llevar a la realidad las normas básicas de responsabilidades de los servidores públicos contenidas en el Título Cuarto de nuestra Constitución General y dotarlas de plena eficacia para cumplir con sus objetivos. De esa manera desarrolla las reglas de su artículo 113 el cual consigna la sujeción de los servidores públicos a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, a la vez de instaurar los procedimientos y sanciones aplicables en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

La legislación en mención como lo expresa su iniciativa, pretende ser “una amplia e innovadora propuesta contra la corrupción e impunidad”. Consideramos que efectivamente, el combate a la corrupción debe ser una de las prioridades de la Administración, con la participación activa de los demás órganos del Estado para lograr desterrar las prácticas nocivas que inciden en perjuicio de la sociedad mexicana.

Estas comisiones unidas, atendiendo las consideraciones de la colegisladora sobre el examen de la propuesta, estima de trascendencia la expedición de la nueva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos como una forma de modernizar y hacer eficiente la tarea de detectar conductas contra la buena administración y hacer factible la aplicación de sanciones en consecuencia.

En el cuerpo del proyecto se retomaron gran parte de las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos las cuales se ampliaron de manera sustantiva tanto en la iniciativa, como en el proceso legislativo llevado a cabo en la Cámara de Diputados.

En este tenor, respecto de las autoridades facultadas para aplicar la ley, se extendió esta prerrogativa a la Suprema Corte de Justicia y al Consejo de la Judicatura, a los Tribunales Agrarios, Instituto Federal Electoral, Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos así como al Banco de México, por considerarse la pertinencia de que bajo el principio de legalidad exista mayor certeza en los procesos administrativos y quede a salvo de cuestionamiento alguno la aplicación de sanciones en este ámbito.

...

En igual sentido, precisa la imposición de las sanciones económicas, para que éstas sean establecidas de acuerdo a los beneficios económicos obtenidos por el responsable, o a los daños y perjuicios patrimoniales causados, hasta por un límite de tres tantos de esta cuantificación, quedando de esta manera, acorde a lo dispuesto por el artículo 113 constitucional. Todo lo anterior, con la finalidad de disuadir la ejecución de hechos y actos indebidos en el servicio público y facilitar la actuación de las autoridades para hacerle frente a estas situaciones que resultan en perjuicio de la nación misma.

En este sentido, esta nueva ley será la vía expedita para prevenir y sancionar las faltas administrativas que, al no ser castigadas, conllevan a la ilegalidad, corrupción e impunidad o como lo mencionaba el legislador en 1982, a la “inmoralidad social”. Con la adopción de esta base legal se contribuirá a una política de rendición de cuentas y al combate a la corrupción dentro de la gestión pública encaminada al fin último de restablecer la confianza en los servidores públicos y el fortalecimiento de nuestras instituciones

Conclusiones

1. La creación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es necesaria ya que en ella se apelará a la especialización como vía adecuada para detectar y sancionar conductas irregulares dentro de la tarea de gobierno.

2. Esta nueva ley proporcionará mayor claridad y certeza sobre los preceptos de la materia, tanto en los sujetos, autoridades, procedimientos y sanciones, como para la exigibilidad de la responsabilidad administrativa de manera acorde con el estado de derecho.

...”

De esos documentos queda de relieve que la derogación de los Títulos Primero, Segundo y Tercero de la LFRSP (en lo relativo a esta materia) y la expedición de la LFRASP pretendió erradicar y castigar ejemplarmente la corrupción y la deficiencia en el servicio público, mediante el establecimiento de un nuevo régimen, pues se consideró que la ley expedida en 1983 ya no respondía a la problemática vigente. Entre los aspectos destacables de la nueva ley se encuentran:

• Se incluyeron en la ley como sujetos obligados a los servidores públicos de organismos que formalmente no pertenecen a la administración pública federal, como son los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Banco de México y el Instituto Federal Electoral;

• Se redefinió el catálogo de obligaciones a cargo de los servidores públicos, con el objeto de incluir aquellas conductas indebidas novedosas que al no estar contempladas en la LFRSP quedaban en la impunidad, como son el aprovechamiento del poder de influencia que el servidor público pueda tener derivado del empleo, cargo o comisión que desempeña, o de la información en materia de inversiones u obras a que hubiere tenido acceso con motivo de la función pública que ejerza;

• Se incorporan al catálogo las obligaciones relativas a no aprovecharse de su posición para inducir a que otro servidor público realice, no realice o retrase algún acto de su competencia, con lo cual se beneficien u obtengan en general un provecho éstos, sus cónyuges, parientes, terceros o sociedades en los términos que establece la ley, así como en no adquirir, para sí, o para las referidas personas, y hasta un año después de que se retiren de su encargo, bienes inmuebles cuyo valor o condiciones físicas se mejoren en virtud de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que hubieren autorizado o tenido conocimiento en ejercicio de sus funciones;

• Para asegurar la imparcialidad con que deben conducirse los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y aún después de concluidos éstos, se clarificó la forma en que puede presentarse el conflicto de intereses en la función pública, durante el ejercicio de las funciones y una vez que concluyan éstas y hasta un año después; a ese respecto;

• Se especificó que los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de dirección o como Consejeros del Instituto Federal Electoral, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección en la que participaron como organizadores o que hayan calificado;

• Se perfeccionaron los procedimientos para exigir de manera eficaz el cumplimiento de tales obligaciones, estableciendo paralelamente las garantías a favor de los servidores públicos en congruencia con el texto constitucional;

• Se superaron las lagunas advertidas en la aplicación –durante casi 20 años– de la ley expedida en 1983; y

• Se incorporaron normas no previstas, a efecto de modernizar y hacer eficiente la tarea de identificación de conductas contra la buena administración y hacer factible la aplicación de sanciones.

Luego, si bien la LFRASP se nutre de muchas de las disposiciones de la LFRSP, se estimó necesario expedir un nuevo ordenamiento que permitiera una auténtica transformación del sistema de responsabilidades administrativa de los servidores públicos federales.

No obstante estar en condiciones de sujetar a ese mismo esquema fortalecido a los servidores públicos del Distrito Federal, “extrañamente” se les mantuvo sujetos a las añejas disposiciones de la LFRSP.

Por tanto, desde 1983 y hasta la fecha, por virtud del artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 13 de marzo de 2002, los servidores públicos del Distrito Federal se encuentran regidos por un esquema de excepción, pues se rigen por una ley que el propio legislador federal ya juzgó de obsoleta, desactualizada, incompleta y –aún más grave– que no permite atacar correctamente la corrupción.

Las mismas razones o motivos que llevaron a la expedición de la LFRASP en 2002, contrario sensu, permiten afirmar que en el Distrito Federal, el régimen de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos es anacrónico, obsoleto y permite la impunidad; pues se integra por normas que adolecen de diversas lagunas, omisiones, yerros o imprecisiones que fueron solventados en la ley vigente en el ámbito federal.

El problema se torna mayor si se considera que el artículo Segundo Transitorio del Decreto referido, sólo sujetó al régimen de la vieja ley (LFRSP) a los “servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal”; lo que de suyo implicó la exclusión –tácita- de los servidores públicos de otros órganos que no pertenecen a aquéllos, verbigracia, los de carácter autónomo, tales como el Instituto y el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública, todos del Distrito Federal, quienes podrían esgrimir la ausencia de norma expresa para eludir la responsabilidad en que lleguen a incurrir.

Esto es así, ya que como lo consideró el pleno de la SCJN al resolver la controversia constitucional 31/2006 interpuesta por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en contra de actos del jefe de Gobierno, al evolucionar la teoría tradicional de la división de poderes, se dejó de concebir la organización del Estado en los tres Poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), considerándose actualmente como una distribución de funciones o competencias, lo que permite la existencia de los órganos constitucionales autónomos, mismos que tienen entre sus características esenciales las siguientes: a) Estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) Mantener relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado; c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y; d) Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser tomadas en cuenta eficazmente en beneficio de la sociedad.

Resultado de esa labor interpretativa, son entre otras, las tesis de jurisprudencia de rubros “Principio de división funcional de competencias. Sus características” y “Órganos constitucionales autónomos. Notas distintivas y características”. 7

En ese tenor, dado que el legislador federal al expedir la LFRASP dispuso expresamente que la LFRSP seguiría vigente para los servidores públicos de los órganos “ejecutivo, legislativo y judicial del Distrito Federal”, con ese enunciado quedaron fuera de regulación los servidores públicos de los órganos constitucionales autónomos locales, dado que éstos –conforme al criterio de la SCJN– no forman parte de alguno de esos tres órdenes de gobierno.

Todo lo anterior evidencia la necesidad de normar adecuadamente el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en esta ciudad capital (excepción hecha de los miembros del órgano judicial local), estimándose viable como “primer paso”, expedir una ley de la materia para el Distrito Federal, tomando como modelo el de la ley vigente en el ámbito federal, dado que este ordenamiento es resultado de un proceso legislativo que contó con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias y además, tuvo precisamente como finalidad contar con un ordenamiento actual, moderno, que respondiera a las exigencias sociales y a los compromisos internacionales, y que permitiera subsanar las deficiencias que presentaba la LFRSP, aún vigente en el Distrito Federal.

La propuesta entonces, parte del texto vigente de la LFRASP y se adecua al ámbito del Distrito Federal, particularmente, en cuanto a la denominación de las autoridades y ámbito de validez.

Ciertamente se considera que lo más recomendable es que los servidores públicos capitalinos se rijan por normas que dicten sus propias autoridades, en este caso, la ALDF; empero, dado que la limitación para que este órgano legisle en esa materia deriva del texto constitucional (artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso m), sería necesario procesar una reforma al Pacto Federal que le otorgara expresamente esa atribución.

Esa ruta legislativa, además de más lenta resulta compleja, habida cuenta que abordar lo relativo a las facultades de la ALDF implica entrar a la discusión de la denominada “Reforma del Estado”, que entre sus vertientes tiene la llamada “Reforma Política del Distrito Federal”; tema que aunque es reiterado en cada Legislatura, ha encontrado seria oposición fundada en diversos argumentos tendientes unos, en ampliar las facultades de los órganos de gobierno locales, con el fin de constituir un Estado más de la Federación, y otros, encaminados a limitar dichas atribuciones, dada su calidad de ciudad capital, sede de los poderes federales.

Luego, estimándose que la reforma constitucional representa una ruta más lenta y complicada, se estima más conveniente encaminar la propuesta al ámbito de la legislación secundaria, a fin de posibilitar que a la mayor brevedad los servidores públicos del Distrito Federal se rijan por un ordenamiento que erradique los ámbitos de impunidad que actualmente presenta la anterior ley federal en la materia, sin perjuicio de que en un futuro, pueda procesarse la reforma constitucional atinente.

Cabe señalar que además de proponer la expedición de la LFRASPDF que rija a los servidores públicos del Distrito Federal, excepción hecha de los miembros del órgano judicial local, se incluyen dos cambios adicionales; el primero, referente a un tema recogido por una iniciativa pendiente de dictamen en esta Cámara de Diputados; y el segundo, relativo a una modificación legal que ya fue aprobada por esta Cámara y que fue turnado hace pocas semanas a la instancia revisora, siendo los siguientes:

1. Establecimiento de la etapa de “Alegatos” dentro del procedimiento administrativo para la determinación e imposición de sanciones.

El artículo 21 de la LFRASP regula el procedimiento administrativo disciplinario de responsabilidades y establece las reglas a que se sujeta, comprendiendo las etapas de citación al presunto responsable a una audiencia de ley, haciéndole saber la oportunidad para consultar el expediente administrativo en las oficinas del órgano de control y las imputaciones cometidas en el ejercicio de su comisión.

De igual forma, se le hace saber la oportunidad que tiene para ofrecer pruebas tendientes a desvirtuar los hechos imputados, y además de la hora, fecha y lugar de celebración de la audiencia.

Emplazado a la audiencia de ley a que se refiere el citado artículo 21, el servidor público tiene que comparecer a defenderse e incluso, concluida la diligencia, el servidor puede ofrecer pruebas dentro del plazo de cinco días.

Si existen pruebas que perfeccionar, como periciales, testigos, se podrá diferir la audiencia para su continuación; en caso contrario, se debe desahogar en una sola audiencia.

Con posterioridad al desahogo de pruebas, se dicta la resolución o sentencia, la cual en términos de la fracción III artículo 21, debe emitirse en los cuarenta y cinco hábiles siguientes.

Como se aprecia, el esquema aludido presenta una deficiencia, a saber, que no respeta a cabalidad la garantía de audiencia y debido proceso, habida cuenta que no otorga al servidor presunto responsable la oportunidad de formular alegatos, esto es, la posibilidad de expresar los argumentos sobre el valor de las pruebas y el acreditamiento o no de los hechos imputados, siendo que conforme a la jurisprudencia P.J. 47/95 de la SCJN de rubro “Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo” , la oportunidad de alegar constituye una de las cuatro etapas de las denominadas “formalidades esenciales del procedimiento” que garantizan la adecuada defensa del gobernado en respeto a los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal.

Por ello, en el texto que se propone adoptar para el ámbito del Distrito Federal, se hace la inclusión de esta etapa para subsanar esta deficiencia procedimental. 8

2. Establecimiento de un parámetro para la imposición de la sanción de inhabilitación en caso de que un servidor público deje de presentar su declaración de conclusión del encargo.

El párrafo sexto del artículo 37 de la LFRASP establece que debe sancionarse -en automático- con la sanción de inhabilitación “por un año”, para el caso de que el servidor público omita presentar su declaración de conclusión del encargo en el plazo de ley.

Lo anterior, resulta contrario al artículo 113 constitucional, el cual dispone que las sanciones administrativas “consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados”.

De dicho precepto se desprende que al imponer la sanción respectiva, la autoridad está obligada a valorar las circunstancias particulares que existen en el caso y que le permiten graduar el quantum de la sanción, sin que sea válido por tanto, una norma como la del artículo 37, párrafo sexto que dispone “Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor por un año”, pues no permite a la autoridad graduar la gravedad de la responsabilidad en que ha incurrido el servidor y consecuentemente, el quantum de la sanción, sino que tiene que aplicar “en automático” la inhabilitación por un año.

Robustece lo anterior, el hecho de que el propio artículo 37, último párrafo de la LFRASP, establece un parámetro para la aplicación de la sanción de inhabilitación en el supuesto de que el servidor público faltare a la verdad al rendir su declaración patrimonial, al señalar: “El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la ley, previa sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 21, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la Contraloría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes”.

En términos semejantes, el artículo 13 de la LFRASP dispone que las sanciones por falta administrativa consistirán en, entre otras, “suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año”. Dicho precepto precisa que “cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación” y “cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos”.

Por ello, se considera que el artículo 37, párrafo sexto de la LFRASPDF –al igual que esos numerales– debe prever un rango o parámetro para la imposición de la sanción de inhabilitación cuando el servidor público omite presentar su declaración de conclusión del encargo. 9

Además de esos cambios, se hace el corrimiento numérico respectivo, dado que la LFRASP tiene un artículo 17 Bis al que se asigna el numeral 18 en la ley que se propone; y asimismo, se utiliza el espacio vacante que dejó el artículo 33 derogado en el ordenamiento federal.

IV. Fundamento legal

Lo constituyen los artículos 71, fracción II, y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concordantes con el diverso 6 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto

También fue precisado al inicio de este documento y lo es “proyecto de decreto que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal y deroga los Títulos Primero, Segundo y Tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exclusivamente en lo tocante a esa materia”.

VI. Ordenamientos a modificar

Como lo indica el título referido, se propone el decreto que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal y deroga los Títulos Primero, Segundo y Tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exclusivamente en lo tocante a esa materia.

VII. Texto normativo propuesto

En mérito de lo anterior, someto a consideración de ese honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Artículo Primero. Se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal, al tenor del siguiente articulado:

Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal

Título Primero

Capítulo Único

Disposiciones Generales

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de:

I. Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público;

II. Las obligaciones en el servicio público;

III. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público;

IV. Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y

V. El registro patrimonial de los servidores públicos.

Artículo 2. Son sujetos de esta ley, los servidores públicos de Distrito Federal mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos en el Distrito Federal, con excepción de los integrantes del órgano judicial local, en atención a lo previsto en los artículos 122 constitucional, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso m), así como 15 y 42, fracción VI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo 3. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente ley:

I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. La Contraloría General del Distrito Federal;

III. El Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal;

IV. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje;

V. El Instituto Electoral del Distrito Federal;

VI. El Tribunal Electoral del Distrito Federal;

VII. La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

VIII. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;

IX. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; y

X. Los demás órganos jurisdiccionales y organismos autónomos que determinen las leyes.

Artículo 4. Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente ley, serán autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias, entidades y jefaturas delegacionales de la administración pública del Distrito Federal y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Ley: A la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal.

Contraloría: A la Contraloría General del Distrito Federal.

Contralorías internas: A los órganos internos de control de las dependencias, entidades y jefaturas delegacionales de la administración pública del Distrito Federal, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Contralores internos y titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades: A los titulares de las contralorías internas y a los de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, de las dependencias, entidades y jefaturas delegacionales de la administración pública del Distrito Federal, así como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Dependencias: A las consideradas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, así como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Entidades: A las consideradas como entidades paraestatales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Jefaturas delegacionales: Los órganos político administrativos establecidos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal.

Artículo 6. Cuando los actos u omisiones de los servidores públicos, materia de las quejas o denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 constitucional, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo 3 turnar las quejas o denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Título Segundo

Responsabilidades Administrativas

Capítulo I

Principios que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público

Artículo 7. Será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública del Distrito Federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

V. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

VII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia, entidad, jefatura delegacional o institución en que preste sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la orden y al interesado;

VIII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida;

IX. Abstenerse de disponer o autorizar que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones;

X. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XI. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

XII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión.

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la ley.

En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de dirección de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley en esa materia;

XIII. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

XIV. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley;

XVI. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Contraloría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;

XVII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;

XVIII. Denunciar por escrito ante la Contraloría o la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables;

XIX. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;

XX. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XXI. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten;

XXII. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XI;

XXIII. Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y

XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan.

Artículo 9. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior;

b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, y

c) Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Distrito Federal, los Consejeros y Magistrados Electorales, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron.

Capítulo II

Quejas o denuncias, sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas

Artículo 10. En las entidades, dependencias y jefaturas delegacionales se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público.

La Contraloría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.

Artículo 11. Las autoridades a que se refieren las fracciones I y III a X del artículo 3, conforme a la legislación respectiva, y por lo que hace a su competencia, establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, así como para imponer las sanciones previstas en el presente capítulo.

Artículo 12. Los servidores públicos de la Contraloría que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, serán sancionados conforme al presente Capítulo por la contraloría interna de dicha dependencia. El titular de esta contraloría será designado por el jefe del Gobierno del Distrito Federal y sólo será responsable administrativamente ante él.

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. Amonestación privada o pública;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

III. Destitución del puesto;

IV. Sanción económica, e

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves de los servidores públicos.

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la ley.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia, entidad o jefatura delegacional a la que pretenda ingresar, dé aviso a la Contraloría, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la ley o las que se dicten con base en ella;

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.

Artículo 15. Procede la imposición de sanciones económicas cuando por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la ley, se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal del Distrito Federal, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

Para los efectos de la ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.

Artículo 16. Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el artículo 13 se observarán las siguientes reglas:

I. La amonestación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutada por el jefe inmediato;

II. La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades y ejecutadas por el titular de la dependencia, entidad o jegatura delegacional correspondiente;

III. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y

IV. Las sanciones económicas serán impuestas por la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y ejecutadas por la Tesorería del Distrito Federal.

Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio de la Contraloría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, se solicitará a la Tesorería del Distrito Federal, en cualquier fase del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 22 de la ley, proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos del tercer párrafo del artículo 31 de la ley.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería del Distrito Federal, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley.

Artículo 17. La Contraloría impondrá las sanciones correspondientes a los contralores internos y a los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades cuando se abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

Artículo 18. La Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 22 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:

Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron o se hayan resarcido.

Artículo 19. Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones la Contraloría estime que ella debe instruir el procedimiento disciplinario, requerirá al contralor interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes.

Artículo 20. Si la Contraloría o el contralor interno tuvieran conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante el Ministerio Público del Distrito Federal o, en su caso, instar al área jurídica de la dependencia, entidad o jefatura delegacional respectiva a que formule las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera.

Artículo 21. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Contraloría, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, llevarán a cabo investigaciones debidamente motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias, entidades o jefaturas delegacionales deberán proporcionar la información y documentación que les sean requeridas.

La Contraloría o el contralor interno podrán comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a través de operativos específicos de verificación, en los que participen en su caso los particulares que reúnan los requisitos que aquélla establezca.

Artículo 22. La Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:

I. Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables.

En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor.

Hecha la notificación, si el servidor público deja de comparecer sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan.

La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto responsable.

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;

II. Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen;

III. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, se otorgará al servidor público un plazo de cinco días para que formule sus alegatos por escrito. Concluido dicho plazo, se hayan rendido o no los alegatos, la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades resolverán dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia, entidad o jefatura delegacional, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

La Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades;

IV. Durante la sustanciación del procedimiento la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias, entidades o jefaturas delegacionales involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.

Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros servidores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias, y

V. Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la Contraloría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado.

La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

Se requerirá autorización del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al Titular del órgano Ejecutivo local. Igualmente, se requerirá autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en su caso de la Comisión de Gobierno, si dicho nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

En caso de que la Contraloría, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la propia Contraloría.

Artículo 23. En los lugares en los que no residan los contralores internos o los titulares de las áreas de quejas y de responsabilidades, los servidores públicos de las dependencias, entidades o jefaturas delegacionales que residan en dichos lugares, practicarán las notificaciones o citaciones que en su auxilio aquéllos les encomienden mediante comunicación escrita.

En dicha comunicación deberá señalarse expresamente la diligencia cuya práctica se solicita; los datos de identificación y localización del servidor público respectivo, y el plazo en el cual deberá efectuarse aquélla, así como acompañarse de la documentación correspondiente.

El incumplimiento de lo anterior por parte de los servidores públicos de las dependencias, entidades o jefaturas delegacionales a los que se les solicite el auxilio a que se refiere este artículo, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley.

Artículo 24. Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad.

Artículo 25. Las resoluciones y acuerdos de la Contraloría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades durante el procedimiento a que se refiere este capítulo constarán por escrito. Las sanciones impuestas se asentarán en el registro a que se refiere el artículo 40 de la ley.

Artículo 26. Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la ley, podrán optar entre interponer el recurso de revocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán también impugnables ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

Artículo 27. El recurso de revocación se interpondrá ante la propia autoridad que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes:

I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;

II. La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y

III. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

Artículo 28. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas:

I. En tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal del Distrito Federal, y

II. En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:

a) Que se admita el recurso;

b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil reparación en contra del recurrente, y

c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio público.

Artículo 29. En los juicios ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los que se impugnen las resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

Se exceptúan del párrafo anterior, los agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales del Distrito Federal; casos en los que la autoridad sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 constitucional.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

No procederá la suspensión de la ejecución de las resoluciones administrativas que se impugnen mediante la interposición del recurso o ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en tratándose de infracciones graves o casos de reincidencia.

Artículo 30. Las resoluciones que dicte el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal podrán ser impugnadas por la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, según corresponda.

Artículo 31. La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Contraloría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, y conforme se disponga en la resolución respectiva.

Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular de la dependencia, entidad o jefatura delegacional correspondiente, conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable.

Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del erario del Distrito Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables.

Artículo 32. Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al servidor público dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelve disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación.

Artículo 33. Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la ley, la Contraloría, el contralor interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, podrán emplear los siguientes medios de apremio:

I. Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y

II. Auxilio de la fuerza pública

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal.

Artículo 34. Las facultades de la Contraloría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades, para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado, si fueren de carácter continuo.

En tratándose de infracciones graves el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los términos del párrafo anterior.

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.

Título Tercero

Capítulo Único

Registro Patrimonial de los Servidores Públicos

Artículo 35. La Contraloría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias, entidades y jefaturas delegacionales, así como de las autoridades a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 3, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables.

Las atribuciones que este título otorga a la Contraloría se confieren a las autoridades a que aluden las fracciones I y III a X del artículo 3, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a la Ley y demás disposiciones aplicables.

Para los efectos del párrafo que antecede, las citadas autoridades conforme a su propia legislación, determinarán los órganos encargados de ejercer dichas atribuciones, así como los sistemas que se requieran para tal propósito.

Artículo 36. Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la ley señala:

I. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Diputados, secretarios generales, tesoreros y directores;

II. En la administración pública del Distrito Federal centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de jefe de Gobierno, y los previstos en las fracciones IV, VII y XIII de este artículo;

III. En la administración pública del Distrito Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o equivalente al de los servidores públicos obligados a declarar en la administración centralizada hasta el de Director General o equivalente;

IV. En la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Procurador General, incluyendo agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de la Policía Judicial;

V. En el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje: Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus equivalentes;

VI. En la Contraloría: Todos los servidores públicos de confianza;

VII. En el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Distrito Federal: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de consejero y magistrado presidente;

VIII. En la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Contador Mayor;

IX. En la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal: Todos los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de presidente de la comisión;

X. En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de los titulares de aquéllos;

XI. Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos del Distrito Federal; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos;

XII. En la Contraloría de la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el secretario de Seguridad Pública, incluyendo a todos los miembros de la policía, y

XIII. En el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de comisionado presidente;

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos de las dependencias, entidades y jefaturas delegacionales, de las autoridades a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 3 de la ley, que determine el titular de la Contraloría, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas.

Artículo 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

a) Ingreso al servicio público por primera vez;

b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

c) Cambio de dependencia, entidad o jefatura delegacional, en cuyo caso no se presentará la de conclusión.

II. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión, y

III. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año

La Contraloría podrá solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del impuesto sobre la renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a formularla o, en su caso, de la constancia de percepciones y descuentos que les hubieren emitido las dependencias, entidades o jefaturas delegacionales, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.

Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se suspenderá al infractor de su empleo, cargo o comisión por un período de quince días naturales.

En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido suspendido el servidor público, la Contraloría declarará que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de la dependencia, entidad o jefatura delegacional correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la fracción III.

El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte del titular de la dependencia, entidad o jefatura delegacional, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de ley.

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor de seis meses a un año. Si el infractor fuese reincidente, se impondrá una inhabilitación que no será menor a nueve meses sin que pueda llegar a exceder del plazo máximo de un año.

En la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento administrativo previsto en el artículo 22 de la ley.

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la ley, previa sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 22, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la Contraloría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes.

Artículo 38. Las declaraciones de situación patrimonial podrán ser presentadas a través de formatos impresos; de medios magnéticos con formato impreso o de medios remotos de comunicación electrónica, empleándose en este último caso medios de identificación electrónica.

La Contraloría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los servidores públicos, y llevará el control de dichos medios.

Asimismo, la Contraloría expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar. De igual modo, podrá determinar que la presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación electrónica, sea obligatoria para los servidores públicos o categorías que determine.

Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del presente título, son documentos públicos aquellos que emita la Contraloría para ser presentados como medios de prueba, en los cuales se contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos.

Artículo 39. En las declaraciones, inicial y de conclusión, del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

Tratándose de bienes muebles, la Contraloría determinará las características que deba tener la declaración.

Artículo 40. La Contraloría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público.

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.

La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.

La Contraloría expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, en todo caso la de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la situación específica de las personas que, en su caso, las requieran.

Las entidades, dependencias o jefaturas delegacionales invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos. Dichas constancias podrán obtenerse del sistema electrónico que establezca la Contraloría.

La información relativa a la situación patrimonial estará disponible hasta por un plazo de tres años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión.

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, tendrá valor probatorio cuando lo solicite a la Contraloría el Ministerio Público o la autoridad judicial, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el servidor público interesado o bien cuando la propia Contraloría lo requiera con motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos de responsabilidades.

Artículo 41. La Contraloría podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, la Contraloría, fundando y motivando su acuerdo, podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho convenga, en los términos del artículo siguiente.

Artículo 42. Se citará personalmente al servidor público y se le harán saber los hechos que motiven la investigación, señalándole las incongruencias detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio, para que dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del citatorio, formule a la Contraloría las aclaraciones pertinentes y ésta emita su resolución dentro de los quince días hábiles siguientes.

Cuando no fuere posible entregar el citatorio, o cuando el servidor público o la persona con quien se entienda la notificación se negaren a firmar de recibido, el notificador hará constar dicha circunstancia en un acta que levantará ante dos testigos, sin que ello afecte el valor probatorio que en su caso posea este documento.

Contra la práctica de la notificación respectiva, el servidor público podrá inconformarse ante la Contraloría, mediante escrito que deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización, y dispondrá de un plazo igual para ofrecer las pruebas que a su derecho convenga.

Una vez desahogadas las pruebas admitidas, si las hubiere, el servidor público contará con un plazo de cinco días hábiles para formular sus alegatos y una vez vencido ese plazo, se rindan o no los alegatos, la Contraloría contará con un plazo de diez días hábiles para emitir su resolución.

La facultad de la Contraloría para efectuar las investigaciones o auditorías a que se refiere el artículo anterior, subsistirá por todo el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y hasta tres años después de haberlo concluido.

Artículo 43. Las dependencias, entidades, jefaturas delegacionales e instituciones públicas estarán obligadas a proporcionar a la Contraloría, la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquéllos.

Sólo el titular de la Contraloría o los Subsecretarios de la misma, en términos del párrafo anterior, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información bancaria.

Artículo 44. Para los efectos de la Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.

Artículo 45. Cuando los servidores públicos reciban, de una misma persona, algún bien o donación en los términos de la fracción XII del artículo 8 de la Ley, cuyo valor acumulado durante un año exceda de diez veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de su recepción, deberán informarlo en un plazo no mayor a quince días hábiles a la autoridad que la Contraloría determine a fin de ponerlos a su disposición. La autoridad correspondiente llevará un registro de dichos bienes.

Artículo 46. La Contraloría hará declaratoria al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial de éste, representado por sus bienes, los de las personas a que se refiere el artículo 43 de la Ley, y aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo.

Para los efectos de esta disposición, se considerará a la Contraloría coadyuvante del Ministerio Público en el procedimiento penal respectivo.

Artículo 47. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos Segundo y Tercero de la ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Título Cuarto

Capítulo Único

De las acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público

Artículo 48. Para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones que la ley impone a los servidores públicos, será responsabilidad de las dependencias, entidades y jefaturas delegacionales, considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar éstos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dicho diagnóstico deberá actualizarse conforme a los resultados que arroje la evaluación a que se refiere el artículo 50 de la ley.

En el establecimiento de las acciones referidas las dependencias, entidades y jefaturas delegacionales deberán atender los lineamientos generales que emita la Contraloría.

Artículo 49. La Contraloría, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la Ley, emitirá un Código de Ética que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad.

El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos de la dependencia, entidad o jefatura delegacional de que se trate.

Artículo 50. Las dependencias, entidades o jefaturas delegacionales deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan establecido conforme a este Capítulo, y realizar, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Contraloría en los términos que ésta establezca.

Artículo 51. Las entidades, dependencias y jefaturas delegacionales deberán promover la participación de los sectores social y privado, así como en su caso, de los gobiernos estatales y municipales correspondientes, en la elaboración del diagnóstico a que se refiere el artículo 48 de la Ley, así como en la evaluación de las acciones que las mismas determinen, a efecto de garantizar la prevención de conductas indebidas de los servidores públicos.

Artículo Segundo. Se derogan los Títulos Primero, Segundo y Tercero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, exclusivamente en lo tocante a esa materia.

VIII. Artículos Transitorios

Sobre el particular, se proponen los siguientes:

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las autoridades a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, que no cuenten con los órganos y sistemas previstos en los artículos 11 y 35, dispondrán para su establecimiento de un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, para lo cual realizarán las adecuaciones procedentes a sus reglamentos interiores, manuales de organización o disposiciones equivalentes.

Artículo Tercero. Los servidores públicos que deban presentar declaraciones de situación patrimonial en los términos de este ordenamiento legal y que no hayan estado obligados a presentarlas conforme a la ley que se deroga, dispondrán por única vez de un plazo de sesenta días naturales para presentar la declaración a que se refiere la fracción I del artículo 37 de esta Ley, contados a partir del día siguiente a que concluya el plazo señalado en el transitorio que antecede.

Artículo Cuarto. Los procedimientos seguidos a servidores públicos del Distrito Federal que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como las resoluciones de fondo materia de los mismos, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron tales procedimientos.

Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigentes hasta la entrada en vigor de la presente Ley, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia.

Artículo Quinto. Con el fin de actualizar la información patrimonial de los servidores públicos con que cuenta la Contraloría, en la declaración de modificación patrimonial a presentarse en el mes de mayo de 2012, por única vez, los servidores públicos deberán proporcionar la información que se indique en el formato que al efecto emita dicha Dependencia, el cual deberá ser dado a conocer de manera oportuna.

Artículo Sexto. La Contraloría deberá emitir, en un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, el Código de Ética, en términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley.

Artículo Séptimo. Las menciones que en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas o administrativas del Distrito Federal se hagan de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o en particular de alguno de sus preceptos, se entenderán referidas a esta Ley o a los artículos de este ordenamiento legal cuyo contenido coincida con los de la Ley que se deroga, con la salvedad que se establece en el transitorio Cuarto de esta Ley.

Notas

1 Pérez López Miguel, “La distribución de la potestad legislativa local en el Distrito Federal (acción de inconstitucionalidad 5/99 contra el Código Electoral del Distrito Federal)”, en Cuestiones Constitucionales número 4, enero-junio 2001, páginas 4-5.

2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, páginas 545-566.

3 Delgadillo Gutiérrez Luis Humberto, El Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos , Porrúa, México 2005, página 56.

4 Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, Abril de 1996, Tesis: P. LX/96, Página 128.

5 Tesis IV.1o. A.T.16 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, página 799.

6 Consultable en http://www2.scjn.gob.mx/leyes/ProcsLegs.

7 Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Registro No. 172431, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, Página: 1649, Tesis: P./J. 22/2007 y Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Registro No. 172431, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, mayo de 2007, página: 1649, Tesis: P./J. 22/2007.

8 En la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados está en proceso de dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por la diputada Lariza Montiel Luis (PAN), con el objeto de otorgar a los servidores públicos sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa, el derecho a presentar alegatos dentro de los 5 días posteriores a que concluya el desahogo de pruebas.

9 En sesión de 8 de noviembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen en sentido positivo de la Comisión de la Función Pública respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), presentada por el Diputado Obdulio Ávila Mayo (PAN), turnando la minuta respectiva a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

Con la modificación de mérito, se incorpora en dicho precepto un rango o parámetro –mínimo y máximo- para la aplicación de la sanción de inhabilitación a aquel servidor público que incumpla con el deber de presentar su declaración patrimonial por conclusión de encargo: entre los 6 y 12 meses; precisando que en caso de reincidencia, la sanción no será menor a 9 meses sin que pueda exceder de un año; lo anterior a fin de no dejar en estado de indefensión al servidor público y permitir a la autoridad que gradúe el quantum de la sanción de acuerdo a las peculiaridades del caso.

IX, X y XI. Lugar, fecha, nombre y rúbrica del iniciador

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2012.

Diputado Marcos Pérez Esquer (rúbrica)