De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se promueven la creación y el fortalecimiento de instancias municipales de mujeres en Nayarit

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se promueve la creación y el fortalecimiento de instancias municipales de mujeres en Nayarit.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de octubre de 2011, la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se promueve la creación y el fortalecimiento de instancias municipales de mujeres en Nayarit.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados para análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

Para la proponente en los últimos años las políticas públicas para impulsar el adelanto de las mujeres y alcanzar el ejercicio pleno del principio de igualdad han ido avanzando en nuestro país. Asegura que este hecho se refleja en los procesos de institucionalización de este principio, a través de las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la creación del Instituto Nacional de las Mujeres.

De igual manera, afirma, ello se ha visto reflejado en las entidades federativas al aprobarse leyes estatales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de combate a la violencia de género, así como la creación de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres.

Para la proponente, la aprobación de esta normatividad y los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de defensa de los derechos humanos de las mujeres, ha logrado permear en la vida institucional de los gobiernos de los diferentes niveles; incluso ha permitido la armonización de la normatividad así como la asignación de recursos presupuestales para el cumplimiento de dichos compromisos de orden internacional y nacional.

En tanto, a nivel municipal se ha avanzado en la consolidación de políticas públicas que reconocen los derechos de las mujeres, generado las condiciones de oportunidades para su adelanto y desarrollo en las diferentes esferas. En este sentido, expone que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres, actualmente únicamente se han creado más de mil 200 instancias municipales de mujeres en el país. De manera particular, en Nayarit sólo tres municipios, de 20, cuentan con una instancia de esta naturaleza.

Asegura, que la importancia de dichas estas instancias de mujeres en la estructura de los gobiernos municipales radica en que son las encargadas de establecer programas, proyectos y acciones para la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos de las mujeres de manera permanente e integral en su ámbito.

Informa que en un primer momento, en 2005, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) estableció el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres. Luego, en 2008, al reformular la estrategia se dio prioridad al ámbito local con el fin de transformar las políticas públicas municipales encaminadas a alcanzar un desarrollo incluyente.

Asevera que como fruto de esa nueva estrategia se creó el Fondo para Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (Fodeimm). El objetivo del Fodeimm, dice, es favorecer el desarrollo de las instancias municipales de las mujeres (IMM) para aumentar su capacidad de incidencia en los procesos de formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas locales encaminadas a lograr la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo municipal a través del proceso de institucionalización y transversalidad del enfoque de género.

Afirma la proponente que Nayarit se encuentra entre las entidades federativas con índices de desigualdad de género más bajos, sin embargo, abundan, en un estudio realizado por Flérida Guzmán Gallangos, Hilda Eugenia Rodríguez Loredo y Priscila González Moreno se resaltan algunos problemas trascendentales como el embarazo adolescente que presenta índices en la entidad en proporciones más altas que en el resto del país, esto obviamente tienen consecuencias como que el cuidado de hijas (os) en edades tempranas restringe las oportunidades de las mujeres para avanzar en su formación profesional y laboral.

Señala que otras de las conclusiones particulares de las autoras, permiten enfatizar los avances de Nayarit en educación superior; que es notable la participación de las mujeres en el nivel posgrado el cual supera 50 por ciento de la matrícula, no obstante sólo falta garantizar que esa oportunidad se traduzca para las mujeres en mejores ocupaciones y lugares en la toma de decisiones de política para el desarrollo de la entidad. Puntualiza que si bien se observa que las mujeres han logrado alcanzar niveles educativos a la par que los hombres, esto no ha garantizado su incorporación favorable al mercado de trabajo, los espacios de decisión, ni una distribución equilibrada del trabajo doméstico.

Otro de los argumentos que las autoras exponen están referidos a la materia laboral, donde señalan que “las tasas de participación económica de las mujeres son más bajas; se puede corroborar la división tradicional del trabajo por sexo claramente pues la proporción de mujeres en la PEA disminuye notablemente en comparación con su presencia entre la población en edad de trabajar. Las mujeres ocupadas se concentran en los rangos de ingreso más bajos y en las jornadas de trabajo menores. Cuentan con prestaciones en un proporción un poco mayor que los hombres y son, en menor porcentaje que ellos, empleadoras”.

Tocante a la población indígena, Nayarit presenta amplios rezagos en la situación de las mujeres, esto es, si bien la entidad muestra un comportamiento similar al promedio nacional, se registran serios atrasos en cuanto a las condiciones de vida de las mujeres que ahondan la de por sí precaria situación de sus comunidades.

La proponente especifica que el documento citado explica que “la diferencia en los niveles del promedio de años de escolaridad y de la tasa de alfabetismo entre los hombres y mujeres indígenas plantean la necesidad de una intervención inmediata de las autoridades educativas para favorecer el incremento de los años promedio de escuela en términos equitativos que permitan dar acceso a las mujeres en las mismas condiciones que a los hombres”.

Por ello, propone la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las autoridades municipales del estado de Nayarit a crear y fortalecer las instancias municipales de mujeres con objeto de incorporar las políticas públicas con perspectiva de género.

Segundo . Se solicita respetuosamente al gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres que coadyuve en la creación y fortalecimiento de las instancias municipales de mujeres en Nayarit.

Consideraciones

Primera . Esta comisión dictaminadora comparte plenamente la preocupación de la proponente al considerar que tanto el marco normativo federal como el local disponen la incorporación de la perspectiva de género dentro de las políticas públicas, en las acciones y programas de carácter municipal, y, en general, en la cultura asociada a la administración pública municipal.

Por tanto, la creación de instancias municipales para el adelanto de las mujeres, así como su operación se corresponde plenamente con lo señalado en las normas vigentes.

Segunda. Al respecto, podemos señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1 establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el artículo cuarto del mismo ordenamiento establece la igualdad jurídica entre mujeres y hombres

Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

Señala el artículo segundo de la misma ley que corresponde a la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedir las normas legales y tomar las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en concordancia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Concretamente, en el artículo 35, se establece que la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Entre las obligaciones de la federación sobresale la de garantizar una adecuada coordinación con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres; ello, en el artículo 41 de la ley citada.

Asimismo, entre las atribuciones de los municipios se encuentran las de instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres; y, coadyuvar con la federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del sistema nacional.

Tercera. Sobre el asunto que analizamos, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone que a la federación le corresponde establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional, y que los municipios tengan a su cargo, entre otras tareas, la implementación de la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas nacional y locales correspondientes, así como fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.

A fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, la ley general respectiva prevé el establecimiento del sistema nacional como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la administración pública federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Más aún, en su artículo 29 establece que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres debe contemplar las necesidades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. En ese tenor la política nacional en la materia, inserta en el programa nacional y canalizada mediante el sistema respectivo, debe ceñirse a los principios rectores de igualdad, no discriminación, equidad y demás contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, la autoridad correspondiente deberá desarrollar acciones interrelacionadas en los ámbitos económico, político, social, civil, entre otros.

Cabe destacar que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, el 11 de octubre pasado, el dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a efecto de establecer que corresponde a las y los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal incorporar en los presupuestos de egresos locales la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad, y que tal inclusión refuerza las atribuciones estipuladas en el ordenamiento general, esto es en una norma cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos para alcanzar la igualdad. Con la enmienda se daría pie para que aquellos estados que todavía no han expedido la ley respectiva puedan armonizarla en este sentido.

Cuarta. En tanto, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en el artículo cuarto prevé que su objeto sea el de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo el criterio del federalismo, por lo que toca al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.

Entre los objetivos del Inmujeres, de acuerdo con el artículo sexto, están la ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres, y la representación del gobierno federal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales.

De igual manera, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012, dispone como objetivo estratégico la institucionalización de una política transversal con perspectiva de género en la administración pública federal, y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los Poderes de la Unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado. Con ello se busca erigir una administración pública que ofrezca condiciones de igualdad a mujeres y hombres en todos los ámbitos de la actividad de gobierno, a través de la adopción de una política de transversalidad que involucre tanto a la federación, como a los poderes Legislativo y Judicial y el sector privado.

Al respecto, es conveniente mencionar que al aprobarse la Plataforma de Acción de Beijing en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 1995, los gobiernos se comprometieron a incluir de manera efectiva una dimensión de género en todas sus instituciones, políticas, procesos de planificación y de adopción de decisiones.

Lo anterior dio paso a lo que hoy conocemos como el proceso de “transversalidad de la perspectiva de género”. El objetivo fundamental fue el de que todas las decisiones de política pública se diseñaran, se ejecutaran y se evaluaran a partir de un análisis de los efectos que tendrían sobre mujeres y hombres, con el fin de acortar las brechas de desigualdad entre los géneros.

En ese orden, es importante señalar que la estabilidad de los institutos de la mujer depende en gran medida de su origen, en este sentido, es menester que los institutos sean legitimados por una ley que garantice la perdurabilidad de su creación.

Es conveniente tener presente que la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas exige el examen integral de la sociedad y de la estructura básica de la desigualdad. En este sentido, es importante reiterar que las políticas orientadas a institucionalizar la perspectiva de género desempeñan un papel central de una agenda para incidir en las políticas públicas de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, debe considerarse que para el fortalecimiento y la creación de estas instancias municipales, los tres órdenes de gobierno deben coadyuvar en el marco de sus atribuciones y considerar los recursos materiales y profesionales suficientes que promuevan su legitimidad en la sociedad y en el gobierno.

Quinta. Presupuestalmente, de acuerdo con el documento denominado Avance en los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, anexo 10, PEF de 2011, periodo enero–septiembre, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se detalla que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) creó desde 2005 el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, mismo que en 2008 se constituyó en Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (Fodeimm), con el propósito de incentivar procesos de institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, programas y acciones de los gobiernos municipales apoyando la creación y fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres (IMM). En 2011 el Programa cuenta con Reglas de operación publicadas el 30 de diciembre de 2010.

De suyo, en la parte introductoria de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (Fodeimm), para el ejercicio fiscal 2011, se informa que hasta la emisión 2010 del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres, el gobierno federal, a través del Inmujeres, ha impulsado más de mil 300 proyectos, apoyando acciones dirigidas a disminuir las brechas de género y propiciar mejores condiciones para el ejercicio de derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito municipal. En el documento citado se informa que el Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres, fue un factor determinante para crear un poco más de novecientas instancias municipales de apoyo a las mujeres en más del cuarenta por ciento de los municipios del país.

Reportes recientes del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaría de Hacienda dan cuenta de la existencia de alrededor de mil 200 instancias para el adelanto de las mujeres, que cubren sólo 50 por ciento de los Municipios del territorio nacional.

Aunado a lo anterior, entre las situaciones que deben atenderse —de acuerdo con el anexo 2 del Avance de programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, relativo a la información cualitativa, al tercer trimestre de 2011, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—, figuran:

• De manera general, en los programas municipales no se contemplan presupuestos con perspectiva de género, por lo que se requiere trabajar con los tomadores de decisiones en este rubro para incluirlos en los subsecuentes programas operativos anuales con propuesta de indicadores y metas diferenciadas por sexo, en un ejercicio en donde se convoque la participación de todos los sectores de la población.

• Existen bandos de policía y gobierno, reglamentos sin tomar en cuenta el enfoque de género lo que ocasiona mayor desigualdad para las mujeres.

• No se cuenta con programas de cultura institucional municipales para transformar las relaciones de trabajo internas entre mujeres y hombres, y asegurar procesos de clima laboral adecuados para todas y todos los integrantes del gobierno municipal.

• Existe poca participación de proyectos estratégicos y de intervención, que involucren otras dependencias y organizaciones que den respuesta a necesidades e intereses de las mujeres, en sus diferentes espacios locales.

• Existen pocos ejercicios de planeación y ejecución de políticas públicas municipales que contengan herramientas serias para la disminución de las brechas de igualdad, así como la incorporación de planteamientos de este tipo (como el Programa Nacional para la Igualdad) en el quehacer municipal.

Sexta. El estado nayarita no escapa a esta lógica, pese a contar con diversos ordenamientos en la materia que respaldarían un efectivo trabajo en el ámbito municipal. En ese tenor, la misma proponente informa que de los veinte municipios acaso en tres se han creado instancias municipales para el adelanto de las mujeres. De acuerdo con los registros de Inmujeres sólo los municipios de Tepic y Jala han instituido una instancia de este tipo.

Así, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, expedida en 2008, establece en el artículo 2 que los municipios deberán expedir las normas legales correspondientes y tomar las medidas presupuestales y administrativas que permitan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Con objeto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres la Ley prevé el establecimiento de un Sistema Estatal como ente coordinador de los ámbitos de gobierno. A partir de septiembre de 2010, se cuenta ya con ese Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia del Estado de Nayarit, derivado de la norma.

Más aún, del sistema estatal se deriva un subsistema municipal, conformado por un representante de cada ayuntamiento, que tiene la responsabilidad de establecer líneas operativas en torno a las cuales deben articularse las políticas públicas en materia de la violencia de género.

Séptima. No obstante contar, desde abril de 2011, con una ley específica en materia de igualdad, falta todavía emitir el reglamento respectivo. Así, en su artículo 23 prevé que al Poder Ejecutivo estatal le corresponde crear y fortalecer las instancias administrativas que se ocupen del progreso de mujeres y hombres en el estado y los municipios. Es de subrayar que dicha Ley dispone la instalación del Consejo de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit, como un órgano normativo de planeación, sostenibilidad, seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas públicas, los mecanismos institucionales y de aceleramiento que incidan en las tareas y acciones en materia de igualdad sustantiva.

Una de las estrategias centrales de la política estatal para la igualdad es la de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas estatales y municipales; esto es, la implementación de acciones y programas orientados a alcanzar igualdad jurídica, el acceso a la justicia, a la seguridad pública; la igualdad económica, la igualdad política; la igualdad en materia de derechos sociales y culturales; así como la igualdad en el ámbito comunitario y familiar.

La misma ley prevé que corresponde a los municipios en esta materia, de conformidad con el artículo 27:

• Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con la política nacional y estatal respectiva, coadyuvando con dichos órdenes de gobierno.

• Establecer los programas municipales para la igualdad entre mujeres y hombres.

• Prever las necesidades presupuestarias para la ejecución de los programas de igualdad que se implementen y hacerlas del conocimiento a quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo del estado.

• Promover las buenas prácticas de igualdad entre mujeres y hombres en la administración pública municipal.

• Establecer la coordinación a que haya lugar con los otros órdenes de gobierno para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública municipal

• Desarrollar mecanismos especiales para impulsar la participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales.

Octava. Derivado de la revisión del marco jurídico nacional y estatal en la materia que nos ocupa son claros los mandatos que recaen en las autoridades nacionales, estatales y municipales para crear y fortalecer las instancias municipales encargadas de formular, en su ámbito, diversas directrices a favor de las mujeres.

Para esta Comisión dictaminadora resulta viable y oportuna la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa en virtud el rezago que registra el estado de Nayarit y dada la baja cifra de instancias municipales existentes.

Por demás, para las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género la misión y los objetivos de las Instancias Municipales de las Mujeres deben estar enfocados a la creación de políticas públicas con perspectiva de género en los ámbitos económico, político, social y civil, encaminadas a abatir las desigualdades y la discriminación en todas sus manifestaciones.

En razón de lo señalado, las diputadas y los diputados de la Comisión de Equidad y Género someten a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta respetuosamente a las autoridades municipales del estado de Nayarit a crear y fortalecer las instancias municipales de mujeres con objeto de incorporar las políticas públicas con perspectiva de género.

Segundo . Se solicita respetuosamente al gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres que coadyuve en la creación y fortalecimiento de las instancias municipales de mujeres en Nayarit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre 6 de 2011.

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), secretarias; Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Laura Arizmendi Campos, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Rosa Adriana Díaz Lizama, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Laura García Dávila (rúbrica), Luis García Silva, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Frida Celeste Rosas Peralta, Fidel Kuri Grajales, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).