- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banxico, a la Condusef y a la ABM a realizar estudios y unificar criterios sobre cobro de comisiones en cajeros automáticos, suscrita por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEA y al Crefal a suscribir convenios de colaboración con las dependencias de la administración pública federal para abatir el rezago educativo en ésta, suscrita por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a prohibir en las leyes correspondientes la publicación de anuncios de clínicas privadas no autorizadas por la Secretaría de Salud local sobre interrupción del embarazo; y al titular de ésta, a inspeccionar esos establecimientos y, en su caso, proceder legalmente, suscrita por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Sener a analizar mediante Pemex la posibilidad de recuperar el espacio de la vieja terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula, Chiapas, para construir un parque ecológico y temático, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven las comunidades indígenas, específicamente la rarámuri, en Chihuahua, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía cuáles recomendaciones le ha emitido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala y a explicar por qué no se ha concretado la delimitación de la frontera marítima con ese país, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP y del gobernador del Banxico a fin de que expliquen de manera conjunta las medidas económicas y financieras por adoptar contra el entorno global de recesión en 2012, suscrita por la senadora María Elena Orantes López
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suscriba el Convenio 149 de la OIT, “Sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería”, así como la recomendación 157 en la materia, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a analizar la pertinencia de incorporar en el plan de estudios de tercero de secundaria la materia de culturas nativas de México, lengua y cultura náhuatl, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CFE que rinda a esta soberanía un informe detallado de por qué cortó el suministro de electricidad al hospital Manuel Campos, en Campeche, donde fallecieron dos menores, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a establecer una estrategia de profesionalización y depuración de las policías estatal y municipales, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y a la SFP que informen sobre los trámites y la investigación de las denuncias de desvíos de recursos del Programa de Vivienda Rural de la Sedesol, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a fortalecer las recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos de mujeres y periodistas; y a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a reforzar las investigaciones contra funcionarios en el gobierno de Mario Marín Torres, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales a consultar con agrupaciones vecinales a fin de hallar otro espacio para el nuevo plantel de la UAEM y proteger la zona del Cerro de Moctezuma, en Naucalpan de Juárez, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Guadalajara a comunicar a esta soberanía el cumplimiento de los objetivos y de las metas en el ejercicio de los recursos obtenidos del Subsemun, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a analizar e informar si los gastos realizados por el gobierno de Colima en 2011 se ajustaron estrictamente a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina, suscrita por los senadores Martha Leticia Sosa Govea y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoque la resolución del IFE que permite a los precandidatos únicos realizar actos y acciones anticipados de campaña, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sener y al director general de Pemex a no suspender el suministro de gasolinas y de diesel a las estaciones de servicio, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías General de la República, del Distrito Federal, de Quintana Roo y de Nuevo León a agotar los recursos legales a su alcance e intensificar las acciones de localización y recuperación de los menores desaparecidos de los albergues Casitas del Sur, La Casita y Caifac, y capturar a los responsables, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatal y municipal de Puebla a resolver la huelga de hambre iniciada el 16 de enero de 2012 por los indígenas artesanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, despojados de su actividad económico-comercial en el mercado del Jardín de Analco, a cargo de Rigoberto Salgado Vázquez, en nombre de Ramón Jiménez López, diputados del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a rendir un informe por escrito del ejercicio de los recursos de 2011 asignados al Fidem y comparecer ante la Comisión de la Función Pública de esta soberanía, a cargo de Alejandro del Mazo Maza, en nombre de Pablo Escudero Morales, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer a los titulares de la SCT y de la CFE para que expliquen la situación de las redes eléctrica nacional y de fibra óptica ante la sustitución y los recientes robos de cableado de cobre, a cargo de Óscar González Yáñez, en nombre de Ifigenia Martha Martínez y Hernández, diputados del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a resolver la gran problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que informe del avance de las investigaciones sobre la deuda pública de Coahuila y resuelva con la mayor brevedad las denuncias presentadas al respecto, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, para felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emmanuel Lubezki por sus nominaciones a los premios Óscar por su trabajo en las películas Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente, suscrita por los senadores María de Lourdes Rojo Incháustegui y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a agilizar los trabajos de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, así como las presentadas en la Cámara de Diputados y turnadas a ese órgano legislativo, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, relativo a la colocación de un muro en el Palacio Legislativo de San Lázaro donde se exhiban fotografías de niñas, de niños y de mujeres desaparecidos por posible trata en las entidades federativas; a la difusión permanente por el Canal del Congreso de cápsulas con las imágenes de esas posibles víctimas; y al exhorto al fiscal general de Chihuahua a atender las denuncias de víctimas desaparecidas formuladas por familiares y organizaciones de la sociedad civil y a castigar a los responsables, suscrita por la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
Comentarios relativos al Día Mundial de la Educación Ambiental, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banxico, a la Condusef y a la ABM a realizar estudios y unificar criterios sobre cobro de comisiones en cajeros automáticos, suscrita por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado federal Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por los que se exhorta al Banco de México, la Condusef y la Asociación de Bancos de México a unificar criterios para el cobro de comisiones por el uso de cajeros automáticos al tenor de las siguientes
Consideraciones
Existen más de 36 mil cajeros automáticos del sistema bancario nacional en todo el país, lo cual es meritorio pues los mexicanos ven con mayor confianza el uso de la tecnología y las nuevas herramientas del sistema bancario. Sin lugar a dudas el uso generalizado de los cajeros automáticos representa un avance. De igual forma, la banca ha logrado utilidades por el cobre de este servicio por más de 600 millones de pesos.
Sobre asaltos y la coloquialmente denominada clonación, se han tomado medidas precautorias y de seguridad para ofrecer garantías a los usuarios.
Sobre la “clonación” se ha la implementado la inclusión de un “chip” tanto en tarjetas de crédito como debito y se ha logrado disminuir la frecuencia de delitos.
Existe una gran confianza de los usuarios de servicios bancarios, en especial en el uso de tarjetas de debito, y su uso debe extenderse hasta a los más pequeños comercios. Esa confianza debe ser reciproca y las instituciones Bancarias deben lograr un acuerdo para que exista una unificación sobre el cobro de comisiones en cajeros ajenos a la cuenta del usuario.
El banco de México explica el sentido de las comisiones interbancarias de la siguiente manera:
“Las cuotas de intercambio (CI), son comisiones que se cobran entre los bancos por operaciones de servicios de pago que realizan sus clientes a través de la infraestructura instalada por bancos distintos al que les lleva su cuenta bancaria (sucursales, procesos de compensación de documentos, domiciliación, operaciones en cajeros automáticos y terminales punto de venta...”
“El banco que emitió la tarjeta de débito o crédito que es utilizada para realizar operaciones en cajeros automáticos cuyo dueño y operador es un banco distinto al banco que le lleva la cuenta, paga una CI de 7.25 pesos al banco dueño del cajero.”
“Esta comisión en algunos casos es transmitida al tarjeta-habiente en la comisión que le cobra el banco que emitió la tarjeta por utilizar cajeros de otros bancos. La diferencia entre dicha comisión y la CI la conserva el banco emisor de la tarjeta y se conoce como comisión por uso de tarjeta en cajeros de otros bancos o Foreign Fee. 1
“Con el propósito de promover una mayor competencia y transparencia en el sector .financiero, así como propiciar el acceso de la población de menores recursos a los beneficios de este sector, el Congreso de la Unión ha reformado distintas leyes en los últimos años donde ha otorgado atribuciones al Banco de México para regular las comisiones bancarias. A raíz de esto, el Banco de México ha emitido varias regulaciones referentes a cajeros automáticos, dentro de las que destacan:
1) se estandarizó la información presentada a los usuarios al momento de realizar operaciones en cajeros automáticos de manera tal que los usuarios sepan la cantidad total que se les cobrará por la operación antes de realizarla.
2) Se reguló que sólo el banco operador del cajero puede cobrar una comisión a los clientes que no son de su banco
3) Se prohibió que los bancos cobren comisiones a sus propios clientes por retiro de efectivo y consulta de saldo en los cajeros del mismo banco. Dado que los bancos pudieron haber respondido a la prohibición subiendo otras comisiones cobradas, es importante modelar el comportamiento estratégico de los bancos para entender todas las consecuencias de la regulación y su efecto neto sobre el bienestar de los consumidores.
Los cajeros automáticos representan el principal medio de pago dentro del sistema de pagos de bajo valor en México con alrededor de 36 por ciento de todas las operaciones realizadas por este medio cuando se mide por número de operaciones.”
“Existen 25 bancos que operan cajeros automáticos pero los 5 bancos más grandes tienen 77 por ciento del total.”
“Las comisiones que cobran los bancos a no cuentahabientes por retiro de efectivo varían entre un mínimo de 8.6 pesos y un máximo de 36.4 pesos.3 El cajero promedio cobra una comisión de 23.2 pesos. Esto representa 1.7 por ciento del monto promedio por operación de no cuentahabientes.” 2
Uno de los temores manifestados por los trabajadores, en especial los de bajos ingresos, es en referencias a las comisiones que cobran los bancos, en dos aspectos fundamentales.
1. El cobro de comisiones por más de cinco operaciones en cajeros por uso de su propia tarjeta.
2. Las comisiones por uso de cajeros ajenos en donde el usuario tiene su cuenta.
Estos aspectos son fundamentales para entender una de las negativas de grupos de trabajadores para negarse a que sus pagos se realicen por medio del sistema bancario.
En aras del progreso, del avance y de la libre empresa es deseable que el Banco de México, La Condusef y la Asociación de Bancos de México, logren un acuerdo, en beneficio de los usuarios de servicios financieros, con el fin de unificar los criterios sobre el cobro de comisiones por uso de cajeros automáticos, tanto en cuentas propias como de bancos ajenos. El acuerdo será un estimulo importante para el mayor uso de las tarjetas de debito.
Uno de los propósitos de la Asociación de Bancos de México es:
“Satisfacer diversas necesidades comunes, tales como las de representación, información, estudios e investigación, contacto con autoridades, interacción internacional y mantenimiento de servicios de interés común, entre otros.”
De la Condusef:
“Nos dedicamos a dos tipos de acciones: Preventivas (orientar, informar, promover la educación financiera); y Correctivas (atender y resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios y productos financieros).”
Nuestro compromiso:
-Fomentar la educación financiera entre la población.
-Continuar con el desarrollo de productos y herramientas que apoyen, asesoren y orienten a los usuarios de servicios financieros.
-Buscar siempre una relación justa y equitativa entre los usuarios y las instituciones financieras.”
Del Banco de México:
“....Le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. y proveer un medio de intercambio seguro y confiable para que las personas puedan realizar sus transacciones económicas.”
La anterior información es según publicado en las páginas web de las instituciones anteriormente aludidas.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Banco de México, a la Condusef y Asociación de Bancos de México a realizar estudios y lograr la unificación de criterios sobre el cobro de comisiones en los cajeros automáticos, tanto de cuentas propias como de bancos ajenos a la cuenta del usuario.
Notas
1 http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/informacion-general/sistemas -de-pago-de-bajo-valor/cuotas-intercambio.html
2 http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y discursos/publicaciones/documentos-de investigacion/banxico/ por ciento7B46C84688-42C3-4C32-EDC6-192F87E68B0B por ciento7D.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.
Diputado Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEA y al Crefal a suscribir convenios de colaboración con las dependencias de la administración pública federal para abatir el rezago educativo en ésta, suscrita por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado federal Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación de adultos en Iberoamérica y específicamente en nuestra nación no es una iniciativa inédita. Encontramos ejemplos de ella en momentos prematuros de nuestra tradición, como es el caso de la enseñanza artesanal que practicaban los misioneros franciscanos y agustinos en Michoacán, bajo el signo de las utopías de Tomás Moro. También, se registran los primeros intentos de alfabetización masiva en el siglo pasado, tanto en iglesias como en cuarteles del ejército. Podemos decir que gracias a la educación para artesanos y oficios es que numerosas poblaciones lograron entrar de lleno a la civilización occidental.
La educación de adultos ha tenido altas y bajas a lo largo de nuestra historia, en algunas ocasiones se ha dejado por completo en manos de la sociedad civil y otras con guía gubernamental. Solamente la cooperación entre ambas, la sociedad civil y el Estado es que la educación destinada para los adultos será fructífera y de alta calidad.
En la presente década se han logrado grandes avances para abatir el rezago educativo en adultos, se han incentivado por todos los medios posibles el fomento a la lectura, la certificación de competencias laborales, se ha dado mayor capacidad operativa al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y al Centro Nacional de Evaluación, Ceneval.
Sin embargo existen sectores de adultos que deben ser atendidos en el menor tiempo posible.
En reciente fecha, el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz, reveló que en la administración federal hay 30 mil servidores públicos que no concluyeron la primaria o secundaria y que incluso no saben leer ni escribir.
“De las 226 dependencias federales, sólo 24 han reportado que la totalidad de sus trabajadores tienen su educación básica completa”.
“25 dependencias no han entregado sus reportes sobre el número de trabajadores en situación de rezago educativo”.
“Entre las instituciones que ocupan los primeros lugares con mayor número de servidores públicos federales en rezago podrían estar el IMSS, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
No existe un imperativo categórico que obligué a los trabajadores al servicio del estado a que estudien, pero con la suma de voluntades se puede abatir en el corto plazo.
A nivel nacional existen 33 millones de personas en rezago educativo, de las cuales 6 millones no saben leer o escribir, 10 millones no concluyeron la primaria y 17 millones dejaron inconclusa los estudios de secundaria.
Los niños y jóvenes son el futuro de México, pero los adultos son el presente y por tanto deben brindarse facilidades y estímulos para que este gran segmento de la población concluya en su caso la educación básica obligatoria.
Nuestro país cuenta con dos grandes instituciones para la educación de adultos el INEA y el Crefal, (Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, es un organismo internacional autónomo, creado en 1950 por la IV Conferencia de la UNESCO, con la participación de la Organización de Estados Americanos y del gobierno de México), el presente punto de acuerdo pretende potencializar a ambas instituciones para abatir en un corto plazo el rezago educativo en los adultos trabajadores.
Es un reto lograr que todas las dependencias oficiales que presentan rezago educativo, entre sus trabajadores, logren certificar los estudios de ellos. Se debe predicar con el ejemplo y es una norma de calidad en el servicio que la totalidad de los empleados federales cuenten con educación básica concluida.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y al Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe a suscribir convenios de colaboración con las distintas dependencias de la administración pública federal a fin de abatir el rezago educativo imperante en dicha administración pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.
Diputado Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a prohibir en las leyes correspondientes la publicación de anuncios de clínicas privadas no autorizadas por la Secretaría de Salud local sobre interrupción del embarazo; y al titular de ésta, a inspeccionar esos establecimientos y, en su caso, proceder legalmente, suscrita por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
Quienes suscriben, diputados federales Óscar Saúl Castillo Andrade y María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante la LXI legislatura se ha avanzado en el combate a la trata de personas, a la propaganda engañosa y otros aspectos que atentan contra la salud, integridad y dignidad humana.
Como resultado de estas acciones los principales medios de comunicación han firmado acuerdos de autorregulación en sus anuncios comerciales. Un ejemplo lo tenemos en el periódico El Universal, cuyo director anunció en el año 2011:
“El Universal suprime cualquier publicidad que oferte servicios que puedan ser aprovechados por tratantes de personas ,donará a organismos de la sociedad civil, espacios para que puedan impulsar sus programas de trabajo para enfrentar este flagelo...Cancelamos totalmente nuestra participación en ese mercado ,tanto en el Universal como en el Gráfico y en nuestros espacios de internet....el Director hizo un llamado a los medios de comunicación para sumarse a la certeza de que una medida de este tipo tiene la fuerza de una emancipación a favor de sectores especialmente débiles de la sociedad.”
También durante 2011 la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de Decreto que reforma el reglamento de la Ley Federal de Salud y que buscará poner fin a los llamados “productos milagro ” que engañan a la gente y juegan con su salud.
Obliga a que todo producto que se anuncian en los medios de comunicación obtenga un certificado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de lo contrario la autoridad sanitaria ordenará al medio de comunicación retirar el comercial en un plazo máximo de 24 horas.
Pues bien “la interrupción legal del embarazo” no es un asunto menor, es evidente que existen vacios legales respecto al papel que deberían jugar los medios de comunicación en temas de salud pública.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la cual en el artículo 38 establece que es necesario “...Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres. Por el contrario, se espera que los medios de comunicación favorezcan a la erradicación de todo tipo de violencia, y que fortalezcan el respeto por los derecho humanos y la igualdad de las mujeres.”
Los variados anuncios que aparecen en diarios de circulación nacional sobre “interrupción legal del embarazo” lo hacen de una manera que no señalan riesgos, no establecen direcciones físicas sino que solamente teléfonos, no establecen si cuentan con supervisión de la Secretaria de Salud del DF, ni otro tipo de certificaciones médicas.
La forma en que se encuentran redactados los anuncios aludidos no es ética pues manifiestan una promoción de las prácticas “de interrupción legal del embarazo”, ejemplo lo tenemos en anuncios que establecen “cobros por semana”, resultando que una operación de este tipo a las 3 semanas cuesta 3,400 pesos y una de 12 semanas (límite legal) 5,500.
Acción Nacional considera que la práctica del aborto no es compatible con la dignidad de la persona humana, sin embargo la Asamblea del DF aprobó que esta práctica sea legal en la Ciudad de México. Consideramos que deben existir garantías de salud y de normas que respeten la edad y dignidad de las mujeres. (Los anuncios aludidos son el inicio de clínicas destinadas exclusivamente al aborto y convertir esto en un negocio.
De manera independiente la Secretaria de Salud del Distrito Federal debe certificar la sanidad de las clínicas abortivas y la cédula profesional de los médicos que prestan sus servicios. Adicionalmente –y objeto del presente exhorto–los medios de comunicación deben auto regularse y evitar la promoción del tipo anuncios de las clínicas abortivas.
Es un hecho que la promoción de los genéricamente llamados “productos milagro” es actualmente prohibido por la ley, de igual manera debe procederse contra publicidad engañosa y que no presentan a las potenciales pacientes los riesgos y alternativas de dicha intervención quirúrgica.
Las siguientes cifras son ilustrativas sobre la situación del aborto en la Ciudad de México.
Los números están subestimados debido a la falta de presentación de informes por parte de las clínicas privadas.
En una nota del periódico El Universal, publicada el domingo 6 de febrero de 2011 y firmado por Natalia Gómez relata:
“Las autoridades no vigilan ”
“La condición jurídica del aborto en la ciudad de México ha hecho proliferar negocios sin una inspección estricta donde, con el objetivo de obtener mayores ganancias, se violan disposiciones legales, como la de practicar abortos sólo cuando la mujer lleva menos de 12 semanas de embarazo.”
“Una serie de llamadas telefónicas realizadas por EL UNIVERSAL a centros médicos revela que los costos que aplican las clínicas privadas de la capital van de los 2 mil hasta los 10 mil pesos. También se pudo constatar que en ocasiones se realizan abortos a menores de edad que van acompañadas de algún adulto, siendo que la ley establece acudir con el padre, la madre, el tutor o el representante legal.”
Una de estas llamadas para pedir informes hace constar la laxitud de las clínicas privadas.
— ¿Si la persona es menor de edad, cuáles son los requisitos para interrumpir el embarazo?
—La chica tiene que venir acompañada de una persona con credencial de elector.
— ¿Puede acudir simplemente con un amigo?
—Sí, claro, pero que se haga responsable de ella .
La Secretaría de Salud del Distrito Federal y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dice no tener responsabilidad de la vigilancia de los procedimientos que se llevan a cabo en esas clínicas privadas, que desde hace casi cuatro años trabajan sin supervisión oficial.
Lo cierto es que por ley no existe la obligación de las clínicas privadas de declarar que realizan abortos, ni tampoco el número de procedimientos de este tipo y menos aún las ganancias generadas por ello.
Otro aspecto que pone en riesgo la salud de las mujeres es que los abortos pueden ser realizados por médicos generales y no sólo por especialistas. La ley del Distrito Federal indica que de preferencia la interrupción del embarazo sea practicada por gineco-obstetras, pero deja abierta la posibilidad a que lo realice un cirujano general.
“Esto es un negociazo, porque las clínicas no reportan de forma adecuada la cantidad de procedimientos. Difícilmente alguien te pide un recibo de honorarios, por lo que la declaración que hacen de este tipo de eventos suele ser menor que la cifra real, y están teniendo ingresos mayúsculos”, dice Mauricio Osorio, médico ginecólogo del Hospital Ángeles.
Para la constitucionalista Ingrid Tapia, la ley aprobada en la ciudad de México no sacó de la clandestinidad la práctica del aborto, pues sólo parece haber legalizado métodos irregulares. “Lo que mata a las mujeres cuando se practican un legrado es la impericia médica de quienes lo practican, lo único que logró la despenalización durante las 12 primeras semanas es que todos esos médicos que practicaban legrados en la clandestinidad, que eran los causantes de las muertes por su impericia médica, hoy lo hagan impunemente”, dice la abogada.”..
Por lo expuesto se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que el ámbito de su competencia establezcan en las leyes correspondientes, la prohibición de publicitarse las clínicas privadas no autorizadas por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, ofreciendo de manera irresponsable la interrupción del embarazo o aborto, así mismo, cualquier medio de comunicación no podrá contratar publicidad de estas, sin que aparezca su registro correspondiente.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal a realizar inspecciones y aplicar la normatividad a las clínicas privadas que ofertan “la interrupción legal del embarazo o aborto” y, en su caso, proceder legalmente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.
Diputados: Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Sener a analizar mediante Pemex la posibilidad de recuperar el espacio de la vieja terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula, Chiapas, para construir un parque ecológico y temático, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para recuperar el espacio de la vieja terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en el municipio de Tapachula, Chiapas, para su utilización como zona recreativa y cultural en beneficio de toda los chiapanecos, mediante las construcción de un parque ecológico y temático de la región, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el mes de febrero del año pasado, el suscrito presentó en el Senado de la República un punto de acuerdo en el que se exhortó al director de Pemex a fin de que cumpliera con el compromiso hecho con el pueblo tapachulteco, relativo a la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en el municipio de Tapachula, Chiapas.
En dicha propuesta se argumento, que esa era una lucha sin colores partidistas, de la sociedad civil tapachulteca, y que tenía el único objetivo de lograr la reubicación de la planta hacia Puerto Chiapas. No era nada en contra de Pemex ni de sus trabajadores, sino el resultado de la falta de cumplimiento del director de la paraestatal, a quien incluso se responsabilizó de lo que pudiera ocurrir en Tapachula, dado que todos la consideraban una bomba de tiempo, ello en virtud de estar ubicada en la principal zona comercial de la ciudad, sitio en el cual se encuentran también diversos campus de la Universidad Autónoma de Chiapas, así como cuatro instituciones más de educación superior y otras escuelas de distintos niveles
A su vez, el gobierno del estado de Chiapas atinadamente había impulsado junto con Petróleos Mexicanos el establecimiento de un compromiso para reubicar la terminal en 34.7 hectáreas de terrenos del parque industrial Puerto Chiapas, superficie colindante con las instalaciones del puerto comercial, con lo que se facilitaría el abastecimiento de combustibles, aliviando también a la ciudad de Tapachula de un riesgo real, latente, y agilizando el tráfico vehicular de la zona.
Afortunadamente, el pasado 14 de enero, tras la colocación de la primera piedra de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos, realizada por el presidente Felipe Calderón y el gobernador Juan Sabines Guerrero, se respondió favorablemente a esta añeja solicitud, con lo que además se impulsa el desarrollo de esta importante región.
Es importante mencionar que ello no se hubiera logrado sin la capacidad de gestoría del gobernador Juan Sabines, para que a través del diálogo y la concertación, Pemex hubiera logrado destinar más de 700 millones de pesos para detonar esta gran obra, que almacenará más de 65 mil litros de gasolina y diesel.
Pero eso no es todo, sino que además, se calcula que con las distintas actividades productivas que resulten de dicha ubicación, se generarán más de 500 empleos directos y más de 1,500 fuentes laborales indirectas.
Para tal efecto, el titular de la paraestatal dio a conocer que la ubicación y la planeación logística de la nueva terminal, vendrá a solucionar un problema que se gestó como resultado del crecimiento y desarrollo de Tapachula durante los 45 años de operación de la antigua terminal.
A lo largo de ese casi medio siglo, el crecimiento de la mancha urbana acabó por dejar a la Terminal, construida en la entonces carretera entre Tapachula y Puerto Chiapas, dentro de la ciudad.
Se informó también que aunque la terminal que actualmente opera Pemex en Tapachula cumple estrictamente con las normatividad, y cuenta con el Certificado de Infraestructura Limpia y la Licencia Ambiental Única, además de no haber registrado ningún accidente industrial grave desde el inicio sus operaciones y, desde hace tres años, tampoco ha registrado incidentes viales de autotanques, resulta claro que la construcción de una nueva terminal resulta más que aconsejable, tanto desde el punto de vista social, como desde una perspectiva de eficiencia económica.
En lo social, la eliminación de un tráfico de pipas y el traslado de actividades a las nuevas instalaciones, tendrá un impacto directo en el bienestar y la seguridad de los vecinos de Tapachula. Y desde el punto de vista económico, la substitución de autotanques por carrotanques, y, eventualmente, por el abasto mediante buquetanques, reducirá los costos de transporte entre la Refinería de Salina Cruz y la ciudad de Tapachula. El ahorro estimado por este concepto, será del orden de cien millones de pesos anuales, según datos de la paraestatal.
Por otra parte, se coincidió en que la antigua terminal resulta insuficiente para hacer frente al crecimiento de la demanda de productos petrolíferos en la región, que se estima en un cuatro por ciento anual. Con las nuevas instalaciones se duplica la capacidad útil de almacenamiento de combustibles en Tapachula, y se podrá manejar de manera eficiente la demanda incremental durante los siguientes 20 años.
Finalmente, el funcionario afirmó que la construcción de esta nueva terminal forma parte del esfuerzo que viene realizando Pemex en materia de logística y distribución, para garantizar el abastecimiento seguro y eficiente de combustibles en todo el país.
No obstante todas estas bondades que hoy ve realizadas la sociedad de toda la región chiapaneca del Soconusco, ahora debemos pensar en utilizar de la mejor manera las instalaciones de la vieja Terminal de Pemex, por lo que además de congratularnos con esta buena noticia, hoy queremos hacer un llamado a las autoridades federales para que den un destino viable a toda aquella zona que desde hace más de 60 años albergó a las instalaciones petroleras.
En el Partido Verde Ecologista, consideramos sumamente viable, la posibilidad de construir en dicho espacio, un Parque Ecológico y temático que resalte las maravillas de nuestro bello estado y en especifico de esa región. Estamos ciertos que es posible crear un espacio, en el que los ciudadanos puedan interactuar de forma ordenada y respetuosa con el medio ambiente, fomentando una nueva cultura de vida.
Y es por lo anteriormente expuesto y fundado, que nos permitimos someter a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular de la Secretaria de Energía del Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus facultades y a través de Petróleos Mexicanos, analice la posibilidad de recuperar el espacio de la vieja terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en el municipio de Tapachula, Chiapas, para su utilización como zona recreativa y cultural en beneficio de toda los chiapanecos, mediante las construcción de un parque ecológico y temático de la región.
Senador Manuel Velasco Coello (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven las comunidades indígenas, específicamente la rarámuri, en Chihuahua, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la situación que se vive en las comunidades indígenas, en específico los rarámuris en Chihuahua , con base en las siguiente:
Exposición de Motivos
Para la auténtica justicia social se debe de observar el principio liberal de igualdad, reconocido en las Constituciones occidentales y en los diversos instrumentos internacionales. Bajo el principio aludido podemos afirmar que todas las personas somos iguales, si bien no fisonómicamente, sí frente al Derecho, lo cual asegura prerrogativas mínimas de dignidad.
En este sentido es prudente recordar que la Constitución de la República, asegura la equidad entre personas en dispositivos diversos y en instrumentos jurídicos, que develan en conjunto modernidad social y racionalidad de un sistema.
La igualdad está reconocida en múltiples instrumentos legales, como el artículo 1 de la Ley Suprema del país, el cual establece la universalidad de protección de los derechos humanos, de conformidad con los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad; lo cual conlleva la proscripción de la esclavitud y al repudio de la discriminación motivada por cualquier origen, pero preferentemente étnico o nacional entre otros supuestos.
Lamentablemente todo las protecciones aludidas parece que en México son quimeras. La justicia social parece irrealizable porque en muchas ocasiones los principales obligados a asegurar la igualdad y el medio para que se consiga aquella, están aletargados obviando lo que la sociedad civil sí percibe y se indigna.
Un ejemplo de lo anterior, es la actuación que está teniendo la Administración Pública Federal ante los sucesos de hambruna, presentados en diversas partes del país y desde luego, en las comunidades tarahumaras.
El pasado domingo 22 de enero arribaron a la Ciudad de México campesinos y productores agropecuarios provenientes de diversas entidades federativas del norte del país, a los cuales los acompañaban tractores, caballos y en el caso de la comitiva procedente del ejido de Meoqui, en Chihuahua, algunos cadáveres de las reses muertas a consecuencia de la sequía.
La comitiva se conformó también con personas de la etnia rarámuri, los tarahumaras, quienes atraviesan una severa crisis por los mismos motivos de hambre.
Al respecto, en el Partido Verde somos conscientes que la problemática ya fue abordada durante la sesión anterior de esta Comisión Permanente; sin embargo, no obstante de que los legisladores realizamos diversos llamados a la Administración que encabeza el Presidente de la República, el problema no mengua y por el contrario, parece crecer convirtiendo de este modo a la Administración Pública Federal en un testigo indiferente de los sucesos.
Para nadie es desconocido a estas alturas que la sierra localizada en el estado de Chihuahua, fue severamente afectada por una prolongada sequía el año pasado y para rematar el daño, con el invierno llegaron las heladas, imposibilitando de este modo que los indígenas sembraran maíz y frijol para su propio consumo, ante ello se corrieron rumores de suicidios de los rarámuris frente a la desesperanza.
Estos acontecimientos de hambruna no son nuevos, según la Cruz Roja, desde hace 15 años entregan despensas en la Sierra a los indígenas rarámuris, que tienen una población estimada de 220,000 personas según cálculos del gobierno local.
La sociedad civil, a través de empresarios y de la fundación chihuahuense (Fechac), advirtió sobre la actual crisis, desde el pasado 12 de diciembre, y lanzó la campaña Nakúropo, término rarámuri que significa: ayudemos.
Recientemente la Cruz Roja entregó 4,300 costales, uno por familia de rarámuris, conteniendo entre otras cosas harina de maíz, arroz, frijoles, leche en polvo, azúcar, aceite y ropa. Otros 1,500 indígenas obtuvieron ayuda alimentaria la noche del viernes 20 de enero en el pueblo de Samachique, mientras otros tuvieron atención médica en pueblos como Samachique y Guachochi de la Sierra.
Como vemos, la sociedad civil ha estado consciente del problema mucho antes de la intervención de la administración federal, a grado tal que apenas el día lunes 23 de enero el Presidente de la República se pronunció en Zacatecas diciendo que nadie fallecería por falta de agua o alimentos.
Los hechos referenciados nos develan una constante de este gobierno, esperar, pues al parecer las problemáticas deben de crecer y ser publicitadas en los medios masivos de comunicación para atenderlas, lo cual es una tristeza y una falta de respeto a los principios y valores constitucionales que protestó cumplir el Presidente de la República al asumir su encargo hace más de cinco años. Decimos lo anterior porque la propia Carta Magna, como ya se refirió previamente, debe procurar derechos comunes a todos en atención a la calidad de personas, pero existen también disposiciones constitucionales específicas con la finalidad de satisfacer la alimentación de las comunidades originales de México, concretamente podemos apreciar ello en el artículo 2, apartado B, fracción III y en el 4, en sus párrafos 3 y 7.
Ante todo lo expresado, consideramos oportuno y necesario obtener información precisa de la situación que aqueja a las comunidades indígenas y norteñas del país para que de ese modo, con datos concretos se puedan iniciar los trabajos tendientes a solucionar de tajo los problemas por ello hacemos los siguientes cuestionamientos:
1. ¿Acaso no existe una política de desarrollo social específicamente direccionada a los pueblos indígenas?
2. ¿No existe una política de desarrollo social específicamente direccionada a las comunidades tarahumaras y de ser el caso, cuáles son los resultados obtenidos?
3. ¿Cuál es la labor llevada a cabo por las Secretarías de Economía; Desarrollo Social y desde luego; la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para impulsar el crecimiento y solucionar los problemas de las comunidades afectadas el día de hoy.
4. ¿Cuál es la política pública que se deberá implementar para asegurar la producción alimentaria y su distribución a todos los lugares del país?
Por todo lo explicitado es que respetuosamente presentamos ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe a esta soberanía, a través de un escrito detallado, ¿cuál es la política de desarrollo social que está implementando en la actualidad y desde cuándo lo está haciendo? para favorecer el bienestar de las comunidades indígenas del país y en particular la de los rarámuris en Chihuahua. Todo lo anterior atendiendo el marco de sus competencias precisadas en las fracciones I, III, VI, X, XIII y XVI del artículo 32, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Economía para que informe a esta Soberanía, a través de un escrito detallado, sobre la política pública que esté llevando a cabo en términos de las fracciones IX, X, y XI, del artículo 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para favorecer al crecimiento desarrollo y la adecuada distribución de alimentación de consumo básico para los rarámuris.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta soberanía, a través de un escrito detallado, sobre la política pública que esté llevando a cabo para asegurar la alimentación de los rarámuris, en términos de la competencia asignada en la fracción II del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil doce.
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía cuáles recomendaciones le ha emitido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala y a explicar por qué no se ha concretado la delimitación de la frontera marítima con ese país, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Ericel Gómez Nucamendi, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que informe a esta soberanía, cuáles son las recomendaciones que le ha emitido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y que explique las razones por la que no se ha concretado la delimitación de la frontera marítima con dicho país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A casi doscientos años de que nuestro país consumó su independencia, aún no hemos terminado de trazar nuestras fronteras marítimas. Sin duda, es una situación que no debemos posponer.
Hace siete años teníamos ese pendiente con tres países: Honduras, Belice y Guatemala. Ha quedado resuelto con Honduras.
Don Manuel González, era el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en el año 1882 firmó con el gobierno de Guatemala un tratado sobre límites entre ambos países, sin embargo no quedaron resueltos los límites marinos.
En septiembre de 1959, después de varios años de conflicto por esta situación, ambos países reanudaron sus relaciones diplomáticas. Para el año de 1961, el gobierno de Guatemala, a través de su entonces ministro de Relaciones Exteriores, propuso al gobierno de México la formalización de una Comisión Internacional encargada del Estudio, Vigilancia y Atención de todas las cuestiones limítrofes terrestres y de aguas internacionales entre México y Guatemala. 1
Dicha comisión tenía la función de “asesorar y aconsejar a los gobiernos de los dos países en los problemas limítrofes, con facultades de investigación y estudio...” 2
Asimismo, en la II Reunión Binacional México-Guatemala, en el año 1989, se acordó “la conveniencia de fortalecer a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, como un importante mecanismo formal de cooperación fronteriza entre ambos países”.
Posteriormente se decide nombrar la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, para México; y Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Guatemala y México, para Guatemala que a la fecha, está vigente.
No obstante, a cincuenta años de su creación, y a once años de haber acordado ambos países su fortalecimiento, no se ha concretado ninguna negociación o acuerdo al respecto de los límites marítimos.
Esto se respalda, con la respuesta dada a una solicitud de información presentada por un ciudadano el 25 de agosto de 2010 por la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Infomex-Gobierno Federal, donde se confirmó que “... la frontera marítima con Guatemala en el océano Pacífico aún no ha sido trazada” 3 ; Asimismo, en el comunicado, la autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores mencionó que “el tratado de límites vigente entre México y Guatemala, suscrito el 27 de septiembre de 1882, no considera la frontera marítima y que actualmente se mantienen las negociaciones sobre el tema”. 4
Se han mantenido negociaciones entre autoridades mexicanas, de Guatemala y Belice analizando temas como el narcotráfico, tráfico de personas, seguridad nacional y la cooperación para afrontar estos retos, informaron en un comunicado conjunto las Secretarías de Marina, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. Destacan entre otras cosas la necesidad de estar preparados ante amenazas “como el crimen organizado” que representan “riesgos comunes y de responsabilidad compartida”.
Para México es importante tener definida la frontera marítima con Guatemala, para subsanar los problemas y situaciones que se nos presentaron en el pasado, por barcos que se encontraban en aguas mexicanas en 2006. También porque el territorio incluye miles de kilómetros cuadrados de mares potencialmente ricos en recursos naturales como gas y petróleo, así como también es importante para tratar de resolver sus diferencias y establecer una franja limítrofe final que permita a ambos países explotar sus recursos, entre los que se encuentran miles de especies económicamente atractivas, como el atún.
En agosto de 2011, la Secretaría de Relaciones Exteriores en su quinto informe de labores, en el apartado “Reporte de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala”, menciona de manera muy abstracta que “el gobierno mexicano ha encontrado un mecanismo técnico para la atención binacional en asuntos de límites y aguas con nuestros vecinos del sur.”, agrega que “los trabajos que tiene encomendados la Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y México y Belice, permiten brindar certeza jurídica del límite de la jurisdicción, así como preservar los intereses nacionales en los ríos internacionales”. 5 Sin embargo, no hay mención explícita alguna respecto a los límites con Guatemala en el océano Pacífico.
Es importante que contemos con una frontera marítima bien delimitada, como la terrestre, lo que nos permitirá explotar los vastos recursos naturales existentes, además de que podremos ejercer mayor control e implementar medidas de seguridad más eficientes en la frontera.
Paralelamente, nuestras exportaciones y el comercio de productos marítimos se incrementarían de manera considerable. Asimismo, las comunicaciones, la industria turística, y de diversión tendrían mayor auge, atrayendo capitales productivos que fomentaran el crecimiento de las regiones fronterizas.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que informe a esta soberanía cuáles son las recomendaciones que le ha emitido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y que explique las razones por las que no se ha concretado la delimitación de la frontera marítima con dicho país.
Notas
1. http://portal.sre.gob.mx/cilasur/pdf/tratado1882mexguat.pdf
2. http://portal.sre.gob.mx/cilasur/pdf/tratado1882mexguat.pdf
3. Respuesta del IFAI a la solicitud de información 0000500088210.
4. Respuesta del IFAI a la solicitud de información 0000500088210
5. Secretaría de Relaciones Exteriores. Quinto informe de labores, agosto
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.
Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP y del gobernador del Banxico a fin de que expliquen de manera conjunta las medidas económicas y financieras por adoptar contra el entorno global de recesión en 2012, suscrita por la senadora María Elena Orantes López
La que suscribe, María Elena Orantes López, senadora de la república por el estado de Chiapas en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo que se fundamenta con base en la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo a cifras económicas nuestro país crecerá sólo 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) este año, esto significa menos creación de riqueza y, por tanto, menos empleos para el 2012.
Desde 2010 México reportaba ya una desaceleración de la economía, al pasar del 5.5 por ciento de crecimiento al 3.8 por ciento en 2011.
Según las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (BM), se tenía proyectado un crecimiento en el año que transcurre de alrededor del 4 por ciento del PIB. Sin embargo, la crisis económica en Europa nos han llevado a una inminente recesión, un escenario parecido según los especialistas, al que en 2009 generó una caída de 6 por ciento en el PIB mexicano.
Por otro lado, nuestro país requiere urgentemente crear un millón de empleos por año, lo que nos obligaría a crecer al 7 por ciento anual, algo que México no ha logrado de manera sostenida desde hace décadas.
Ante este año electoral las autoridades financieras de nuestro país deben actuar sí con mesura, pero también despojados de todo cálculo partidista que obedezca solo a la lógica política y, dejar en cambio, una base sólida para el crecimiento interno de nuestra economía para el próximo sexenio.
Frente a este panorama, hace falta una respuesta inmediata que ayude a compensar la crisis externa con medidas que permitan de manera responsable fortalecer del mercado interno. Ésta será la única alternativa para equilibrar el entorno internacional.
La actuación del Estado mexicano es crucial en estos momentos para amortiguar los efectos de una recesión de un entorno global donde la inversión y el ahorro interno, son factores determinantes que permitirán sortear situaciones adversas como la que se avecina.
El nulo crecimiento de nuestro país debido a una economía amarrada, donde lo importante para el gobierno federal es cuidar la inflación y los indicadores macroeconómicos, están ahorcando la economía de la población y generando millones de desempleados y jóvenes que no encuentran futuro ni esperanza para mejorar su situación.
Es por ello que solicitamos a través de este punto de acuerdo la comparecencia inmediata del secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, y del gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens Carstens, para que expliquen de manera conjunta cuáles son las medidas económicas y financieras que adoptará nuestro país para hacer frente al entorno global de recesión en 2012.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia inmediata del secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, y del gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens Carstens, para que expliquen de manera conjunta cuáles son las medidas económicas y financieras que adoptará nuestro país para hacer frente al entorno global de recesión en 2012.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suscriba el Convenio 149 de la OIT, “Sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería”, así como la recomendación 157 en la materia, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que suscriba el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, así como la Recomendación 157 de esta materia.
Exposición de Motivos
En México se institucionalizó la profesión de la enfermería en 1907; subsiguientemente en 1945 se consolida de forma legítima como función de interés público al establecerse el control de las profesiones.
El 25 de enero de 2007 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo secretarial de la Comisión Interinstitucional de Enfermería, que tiene como propósito velar por la debida preparación y desarrollo profesional de esta carrera.
Pese a lo anterior, desafortunadamente en la actualidad la situación de las enfermeras y los enfermeros es alarmante. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el 52 por ciento de las enfermeras y los enfermeros técnicos o está desempleado o no trabaja en el área para la que estudió. Mientras que la crisis laboral entre las egresadas de la licenciatura en enfermería es de 38 por ciento.
Además la enfermería en México sigue jugando un papel secundario aunque esta labor ha profesionalizado su aportación.
Por otra parte, el sueldo mensual neto de enfermeros por categoría es el siguiente:
En consecuencia el salario que percibe este sector no es proporcional con su labor si tomamos en consideración que el 70 por ciento de las enfermeras o enfermeros en México son madres o padres solteros o divorciados.
Aunado a lo anterior, actualmente existe una escasez de enfermeros a nivel mundial, y México no es la excepción. Tan sólo por citar un ejemplo, hace 10 años, Estados Unidos operaba con 70 enfermeros por cada 10 mil habitantes, actualmente tiene 40, y el pronóstico es que cada vez tendrá menos.
Actualmente, nuestro país opera por debajo del mínimo que establece la Organización Panamericana para la Salud. Se recomienda de 50 a 60 enfermeros por cada 10 mil habitantes, el mínimo es 20, y México tiene menos de 19 enfermeros por cada 10 mil habitantes.
Además como ya se citó con antelación, México está formando enfermeros que no puede contratar; profesionistas de calidad que Estados Unidos busca reclutar.
Actualmente nuestro país cuenta con alrededor de 210 mil enfermeros, pero solo 12 por ciento con nivel licenciatura; el resto son auxiliares y de nivel técnico.
Por los argumentos anteriormente vertidos considero oportuno que nuestro país signe el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Recomendación 157 de esta materia; los cuales fueron suscritos en 1977 en Ginebra y tienen por objeto establecer las condiciones de trabajo del personal de enfermería.
Resulta menester señalar que este convenio se fundamentó en las siguientes consideraciones:
“Reconociendo el cometido esencial que, en colaboración con las demás categorías de personal de los servicios de salud, desempeña el personal de enfermería para la protección y mejoramiento de la salud y bienestar de la población;
Reconociendo que el sector público, como empleador de personal de enfermería, debería desempeñar un papel activo en el mejoramiento de las condiciones de empleo y de trabajo del personal de enfermería;
Observando que la situación actual del personal de enfermería en numerosos países del mundo, caracterizada por la escasez de personal calificado y una utilización a veces inadecuada del personal existente, constituye un obstáculo para el desarrollo de servicios de salud eficaces;
Recordando que el personal de enfermería está amparado por numerosos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo que fijan normas de alcance general en materia de empleo y condiciones de trabajo, tales como los instrumentos sobre la discriminación, sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, sobre la duración del trabajo, las vacaciones pagadas y la licencia pagada de estudios, sobre la seguridad social y los servicios sociales, y sobre la protección de la maternidad y la protección de la salud de los trabajadores;
Considerando que, habida cuenta de las condiciones particulares en que se desempeña esta profesión, conviene completar las normas generales arriba mencionadas con otras especialmente aplicables al personal de enfermería y destinadas a garantizarle una condición que corresponda a su función en el campo de la salud y que reciba su aceptación;
Haciendo constar que las normas que figuran a continuación han sido elaboradas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y que esta colaboración se proseguirá, a fin de promover y garantizar su aplicación;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, cuestión que constituye el sexto punto del orden del día de la reunión; y
... ”
A grandes rasgos, el convenio y la recomendación de referencia comprende las exigencias básicas en materia de instrucción y de formación de personal de enfermería, así como los derechos laborales de este sector los cuales deberán estar previstos en la legislación de todos aquellos países que suscriban este documento.
El fundamento jurídico de la presente proposición lo encontramos en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al titular del Poder Ejecutivo Federal para la celebración de tratados y convenios internacionales. A la letra dice:
“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:
...
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;”
Por su parte, en la doctrina jurídica existen tres principios que se refieren a la obligatoriedad de los Estados para cumplir con las disposiciones internacionales:
• Principio pacta sunt servanda. Prescribe la obligatoriedad de los acuerdos.
• Principio res inter alios acta. Contiene la posibilidad de alteración de las obligaciones cuando ocurra un cambio de circunstancias.
• Principio ex consensu advenit vinculum. Sostiene el consentimiento de las partes como elemento central de derecho de los tratados.
No debemos olvidar que una política exterior responsable debe radicar en los principios del derecho internacional que consagra la Constitución; en el desempeño coherente del titular del Poder Ejecutivo federal y en la firme actuación del Congreso de la Unión para fortalecer las posiciones nacionales y ampliar las prerrogativas del Estado mexicano para externar sus pretensiones en el ámbito internacional.
El pasado 6 de enero del año en curso el presidente Calderón citó, en el marco de la celebración de las enfermeras y los enfermeros: “Ustedes refuerzan el lado humano de la medicina y reivindican el servicio público al brindar cuidados, consejos compañía y atención además de servicios, como cuidar, vigilar y atender a la sociedad”. Por ello debemos de ser congruentes y dignificar con hechos la labor loable y humanitaria de las y los enfermeros de este país ya que son los pilares en las instituciones de salud.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que suscriba el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, así como la Recomendación 157 de esta materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a analizar la pertinencia de incorporar en el plan de estudios de tercero de secundaria la materia de culturas nativas de México, lengua y cultura náhuatl, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Oralia López Hernández, diputada de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estudio de las culturas nativas de México, lengua y cultura náhuatl en el área de ciencias sociales, a través de la incorporación de una materia en la currícula básica del tercer grado de estudios de la educación secundaria es una acción estratégica cuyo planteamiento se fundamenta en el más esencial derecho humano de acceder al desarrollo con identidad.
En nuestro México, de larga y rica historia pero también de desigualdades, luchas, injusticias, y crisis, han surgido de la palabra, de nuestras lenguas y culturas nativas, grandes creaciones no sólo materiales sino espirituales y literarias.
El reto es cómo acceder a ser mexicanos universales sin dejar de ser mexicanos. Podemos hablar otras lenguas y tener uno, dos o más idiomas, pero no podemos olvidar y no ejercer acciones permanentes en la tarea de conservación, conocimiento, comprensión, estudio y enseñanza básica de nuestra lengua y cultura materna.
El acuerdo por el que se establece la articulación de la educación básica explica y perfila condiciones del Sistema Educativo Nacional, define al mismo tiempo, la especialización del docente del siglo XXI y, pretende que la escuela ocupe el centro de la operación curricular.
Los adolescentes mexicanos recibirán, de acuerdo con estas disposiciones, en el horario extra de la escuela de tiempo completo, clases de inglés, computación, actividades artísticas, culturales, deportes, hábitos de nutrición, y formación cívica.
Hasta aquí, hago pausa para convocar a la reflexión: ¿seguiremos avanzando sin establecer límites a la moda y tendencia de convertirlo todo en mercancía y a valorar sólo aquello que tiene un valor comercial? ¿Expondremos el tránsito de mexicanos actuales y generaciones futuras a un desarrollo sin identidad que los ubique frágiles y mayormente vulnerables ante otras culturas?
Creo, como lo conciben estudiosos, investigadores de las ciencias sociales y líderes humanistas que es posible recrear una identidad que se proyecte al futuro, apoyada en una historia única y rica.
Concibiendo que la identidad cultural es un conjunto de palabras, normas y contenidos que generan así un lenguaje que ayuda a leer en claves comunes las diversas experiencias que por su propia naturaleza, un grupo de personas que comparten territorio, identificación, cultura y ciertos productos del lugar, los hace únicos e incomparables.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha clasificado la diversidad lingüística en 11 familias, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales.
El náhuatl es la lengua indígena con más hablantes en México, con un millón 376 mil 026 personas. El nombre de nuestra más representativa lengua materna proviene del verbo nuhuati, “hablar alto”. Náhuatl significa sonoro, audible, y también ha sido llamada nahua, nahoa, nahualli, mexihca (mexicano) y macehualli (campesino).
Por otro lado, es importante tener en cuenta que hay lenguas como el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco y el otomí, que son las más habladas, y que entre las cinco suman más de 5.5 millones de hablantes. En el otro extremo, están las lenguas con menor número de hablantes como el kiliwa, el cochimí y el aguacateco que cuentan con 21, 34, y 36 hablantes, respectivamente.
La cultura, la identidad, juegan un papel trascendental para la cohesión social. Existen el patrimonio histórico material e inmaterial, este último concepto en el que se enmarca nuestra cultura nativa y lengua representativa, no porque sea la única sino porque la minoría hablante habita el baluarte de los elementos que son el patrimonio intangible de nuestra esencia y porque en la cotidianidad, nuestras expresiones son ricas en vocablos y voces del idioma náhuatl.
La valoración y aprecio de las culturas y lenguas indígenas del país son un elemento fundamental para construir un diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discriminación hacia la población indígena.
Para lograr este cambio será vital el fortalecimiento de ese patrimonio material e inmaterial de las culturas indígenas y el papel que juegan los medios masivos de comunicación, y los centros educativos para difundir la diversidad cultural y lingüística del país y erradicar prácticas de discriminación hacia la población indígena.
Es por ello que a través de la presente proposición se pretende que la materia denominada Culturas Nativas de México, lengua y cultura náhuatl, se incorpore para su impartición en el área de Ciencias Sociales, como parte del plan de estudios del tercer grado de educación secundaria, con lo que lograría el conocimiento específico y la formación de hombres y mujeres con sentido crítico y conciencia del legado de su historia y su cultura.
En ese sentido, y en apego al artículo 12, fracción I, de la Ley General de Educación, el cual prevé que le corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal “Determinar, para toda la república, los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica...”, es que presento respetuosamente ante esta soberanía esta proporción con punto de acuerdo.
Compañeras y compañeros legisladores, México conserva una importante riqueza lingüística, en este sentido a lo largo de la historia han existido instituciones cuya labor ha sido fundamental para el estudio, preservación y desarrollo de las lenguas, coadyuvemos con esas importantes instituciones a preservar y mantener esa composición pluricultural de la nación mexicana.
Por lo antes expuesto y fundamentado, quien suscribe se permite proponer a esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se estudie la pertinencia de incorporar en el plan de estudios del tercer grado de educación secundaria, la materia denominada Culturas nativas de México, lengua y cultura náhuatl.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.
Diputada Oralia López Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CFE que rinda a esta soberanía un informe detallado de por qué cortó el suministro de electricidad al hospital Manuel Campos, en Campeche, donde fallecieron dos menores, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Paula Angélica Hernández Olmos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado jueves 19 de enero, la Comisión Federal de Electricidad efectuó el corte del servicio eléctrico al hospital Manuel Campos, en el estado de Campeche.
En dicho nosocomio se encontraban, incubados en terapia intensiva del área de perinatología, dos recién nacidos, un niño y una niña, los cuales tuvieron que ser trasladados al hospital Javier Buenfil, debido a que la paraestatal cortó el servicio eléctrico del hospital Manuel Campos, derivando en la muerte de ambos neonatos.
Por lo anterior, resulta indispensable que la Comisión Federal de Electricidad rinda un informe detallado sobre el suceso, en el cual se aclare la muerte de los recién nacidos, así como que se verifique si no se puso en riesgo la vida de los demás pacientes que se encontraban en dicho hospital.
De la misma forma, resulta de fundamental importancia que se revise si las acciones realizadas se llevaron a cabo con estricto apego a la legalidad, y en el cumplimiento de las responsabilidades al momento del corte del suministro eléctrico, así como que se verifique si se realizó conforme a la normatividad vigente.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que rinda un informe detallado ante esta soberanía sobre los motivos por los cuales cortó el suministro de energía eléctrica al hospital Manuel Campos, en el estado de Campeche, donde fallecieron dos menores de edad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.
Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a establecer una estrategia de profesionalización y depuración de las policías estatal y municipales, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer una estrategia de profesionalización y depuración de las policías estatal y municipales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Garantizar a plenitud la seguridad pública en México es un reto institucional de gran relevancia. En los últimos años, los esfuerzos emprendidos por el gobierno federal han fructificado: convirtieron la Policía Federal en una institución sólida y confiable, que se encuentra en un proceso continuo de fortalecimiento, capacitación y depuración.
Asegurar la honorabilidad de los agentes policiacos y dotarlos del entrenamiento y el equipamiento necesarios para el buen desempeño de sus funciones resulta crucial para todas las corporaciones policiacas. De ahí que el gobierno federal emprendiera también un esfuerzo sustancial a fin de aumentar el presupuesto de seguridad pública con que cuentan los estados y los municipios.
Desde su creación, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) suministra a los municipios y a las demarcaciones territoriales un recurso federal, con cierto nivel de coparticipación presupuestal de las entidades federativas, destinado a la profesionalización, al equipamiento y al mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones policiacas.
Ello parte por supuesto de un esfuerzo para actualizar los niveles salariales, los sistemas de evaluación y los instrumentos de capacitación del personal policiaco, así como la actualización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para el combate del crimen en los municipios y las demarcaciones elegibles para el programa, de acuerdo con criterios básicos de población e incidencia delictiva.
Desde luego, la dotación anual de esos recursos –que han tenido un aumento exponencial año tras año– a los municipios depende en gran medida y está condicionada precisamente a su buena utilización en el mejoramiento de la cobertura, la honorabilidad y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública.
Algunos municipios no han sido capaces de emprender un esfuerzo serio e institucional en la materia y, por ende, han dejado de ser beneficiarios del programa federal.
En el estado de México, ese problema es a todas luces uno de los más importantes en la agenda pública. Durante la segunda ministración del Subsemun, a mediados de noviembre de 2010, hubo problemas serios con 18 de los 25 municipios beneficiados, los cuales fueron suspendidos en su momento.
No obstante que la mayoría cumplió sus obligaciones y, por tanto, recibió esa dotación presupuestal, a tres se suspendió la tercera ministración en noviembre de 2011: Coacalco, Naucalpan y Nezahualcóyotl. Mientras los dos primeros no acreditaron el ejercicio de al menos 60 por ciento de los recursos, el tercero estaba muy rezagado en cuanto a adoptar un modelo policial más profesional, con homologación salarial y jerarquización terciaria.
Otros municipios solicitaron prórroga –el caso de Atizapán de Zaragoza, Coacalco y Toluca–, mientras que otros –como Chicoloapan, Cuautitlán y Tlalnepantla– recibieron exhaustivas revisiones.
De los 22 municipios mexiquenses que califican para recibir los recursos del Subsemun, sólo 16 cumplieron en tiempo y forma todas sus obligaciones.
Más allá de que algunos han conseguido solventar sus obligaciones con arreglo a la normativa y, por tanto, recuperar cuantiosos y muy valiosos recursos para esos rubros, los problemas persisten y en algunas demarcaciones incluso se agudizan.
La falta de instrumentos que garanticen la depuración y la profesionalización policiacas es un lastre que no debe pasar inadvertido en el estado de México, mucho menos en el contexto de la reciente creación de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad.
En el estado de México hay alrededor de 67 mil policías municipales, estatales y ministeriales, cuya mayoría aún no es examinada mediante las evaluaciones respectivas que, en principio, aplicaría el Centro Estatal de Control de Confianza.
A diciembre de 2011, según el propio director del centro, sólo 8 mil policías habían sido sometidos a esos exámenes y, por tanto, sujetos a procesos de depuración. Mientras, un número inconmensurable de oficiales, sin haber aprobado los controles de confianza ni –mucho menos– haber sorteado algún proceso de reclutamiento con estándares mínimos de evaluación, terminan trabajando para el hampa.
Un caso emblemático es sin duda el de Germán Reyes Munguía, ex director de Inteligencia de la Policía Municipal de Toluca, quien presuntamente estaría vinculado a una de las bandas más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en la localidad, según se informó durante su detención, hace algunos días.
Evidentemente, Reyes Munguía no sólo no había sido sometido a pruebas de control de confianza –desde su ingreso en la policía, en 2009, como subdirector de Policía Criminal– sino que había renunciado al encargo apenas en abril de 2011 sin que mediara investigación alguna al respecto. De hecho, su detención fue más bien fortuita y obedeció a una investigación que tenía el objetivo de detener a otro delincuente. De ahí que haya sido presentado, en un primer momento, erróneamente como Raymundo Mateo Cruz, alias El Mata.
Reyes Munguía, o M1 –como se le apodaba–, es el presunto responsable operativo de múltiples agresiones contra policías estatales; se le atribuyen 25 homicidios y 5 secuestros, así como la construcción de una fosa clandestina que fue hallada con 5 osamentas en un predio de Almoloya de Juárez. Peor aún, confesó que para cometer esos delitos, además de la distribución de droga en distintas localidades, recibía la protección de la policía municipal de Toluca, de Calimaya y de Zinacantepec.
Ese ejemplo es apenas un botón de muestra de que el sistema estatal de seguridad pública está muy lejos de servir a la sociedad y de cumplir el cometido principal: la protección de los ciudadanos.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer una estrategia de profesionalización y depuración de las policías estatal y municipales en la entidad que incluya la aplicación de exámenes de control de confianza a todos los agentes policiacos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a construir con la mayor brevedad al menos tres centros estatales de control de confianza que apliquen con regularidad las evaluaciones pertinentes a los integrantes de las corporaciones policiacas, estatales y municipales.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer con las autoridades municipales correspondientes nuevos criterios para el reclutamiento policiaco con base en los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.
Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y a la SFP que informen sobre los trámites y la investigación de las denuncias de desvíos de recursos del Programa de Vivienda Rural de la Sedesol, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que informen a esta soberanía los trámites realizados a efecto de investigar las denuncias del desvío de recursos documentados del Programa de Vivienda Rural de la Secretaría de Desarrollo Social, ocurridos en el 2005 y 2006, imputables a funcionarios públicos y legisladores.
Asimismo, que se dé cuenta a esta soberanía de los resultados que tuvieron estas investigaciones y de los informes que de ellos hubieran hecho.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 25 de enero de 2012.
Diputado David Hernández Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a fortalecer las recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos de mujeres y periodistas; y a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a reforzar las investigaciones contra funcionarios en el gobierno de Mario Marín Torres, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6o., y los artículos 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fortalecer las recomendaciones relacionadas con las violaciones de los derechos humanos contra mujeres y periodistas; y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a fortalecer las investigaciones contra ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los sucesos de más triste memoria en materia de derechos humanos en el pasado reciente del país, y el cual diversos intereses políticos y económicos han intentado enterrar en el olvido, es el que ocurrió a la periodista Lydia Cacho.
Este caso resulta paradigmático de lo que significa el abuso de poder. A las denuncias derivadas del trabajo de Cacho con el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún relacionadas con la trata de personas y la pederastia, lo que siguió fue no la persecución de los delincuentes sino el acoso a la señora Cacho desde los rincones oscuros de los poderes del dinero y el crimen.
El momento más trágico ocurrió cuando agentes policiales de Puebla, por órdenes del entonces gobernador, Mario Marín, viajaron hasta Cancún, y detuvieron de manera ilegal y secuestraron literalmente a la señora Cacho para llevarla hasta la ciudad de Puebla, para procesarla por una denuncia de difamación entablada por el empresario Kamel Nacif.
No olvidamos los vergonzosos momentos revelados el 14 de febrero de 2006 cuando la opinión pública conoció la grabación en que Kamel Nacif agradeció a Mario Marín el favor de pisotear la dignidad y los derechos de Lydia Cacho, empleando un lenguaje de delincuente, protegido del poder y beneficiario de éste, que le hizo ganar al halagado el triste mote de “Góber Precioso”.
Hoy, Kamel Nacif está en la cárcel; cumple una sentencia porque fueron ciertas las denuncias en su contra sobre las redes de pederastia y trata de personas, reveladas entre otras por Lydia Cacho. ¿Donde está Mario Marín? Lamentablemente, lo acabamos de ver en fotografías junto al precandidato único del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, donde trascendió que el ex gobernador estaba presto para formar parte de la lista de candidatos priistas al Senado de la República, lo cual no tendría otra intención que brindarle fuero en tanto prescriben las violaciones de los derechos humanos que cometió, entre otras personas, contra Lydia Cacho.
Parece que es de sabios cambiar de opinión, así que no podemos sino celebrar que Mario Marín, el Góber Precioso, haya sido descartado de las listas al Senado. Sin embargo, está lejos de pasar inadvertido el hecho de que se haya reunido con el precandidato único del PRI, Enrique Peña Nieto, lo cual sabemos no resulta nada fácil por estos días.
El nombre de Mario Marín está indisolublemente asociado a la corrupción, a la intimidación y a la pederastia, y su administración está indisolublemente vinculada al desvío de recursos, a las redes de protección y compadrazgo, a la política de los amigos que remite si acaso a pensar en un guión para película de mafias políticas que no estaría mal que rescatara algún día el cine mexicano.
Es por todos bien sabido que el gobierno de quien se reunió con Enrique Peña Nieto está marcado por haber triplicado la deuda estatal, por sepultar la competitividad y por condenar a la transparencia a dormir el sueño de los justos, incluso a punta de intimidación, secuestro y abuso de poder.
Hace apenas unos días el juzgado octavo de lo penal dictó formal prisión a Alfredo Arango García, ex secretario de Salud de Puebla de Zaragoza, por cierto compadre de Mario Marín, quien es acusado del delito de enriquecimiento inexplicable, y sabemos que varios de los que fueron funcionarios en el sexenio de Mario Marín Torres continúan siendo investigados.
Levanta suspicacias que el nombre de Javier López Zavala, ex secretario de Gobierno y mano derecha de Mario Marín, sí esté sonando todavía para el Senado de la República.
Los legisladores del Partido Acción Nacional nos manifestamos en contra de que las violaciones de los derechos humanos cometidas por servidores públicos queden en el olvido. En marzo de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones donde consideró que fueron violadas las garantías fundamentales de Lydia Cacho, cuya responsabilidad señaló en los gobernadores Mario Marín Torres de Puebla y Félix González Canto de Quintana Roo.
De la misma forma, nos manifestamos a favor de fortalecer la rendición de cuentas vinculada a los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres, durante cuya administración se triplicó la deuda estatal.
Por lo expuesto, en nombre de los legisladores del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión someto a consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a actualizar los supuestos de la recomendación 16/2009 porque el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres no reparó el daño causado a la señora Lydia Cacho ni tomó medidas destinadas a establecer programas para prevenir la tortura y promover el respeto de las garantías fundamentales y de la libertad de expresión.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a fortalecer las investigaciones contra los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres.
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 25 de enero de 2012.
Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales a consultar con agrupaciones vecinales a fin de hallar otro espacio para el nuevo plantel de la UAEM y proteger la zona del Cerro de Moctezuma, en Naucalpan de Juárez, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades municipales para que realicen las consultas necesarias a las agrupaciones vecinales a fin de ubicar un espacio alternativo para la construcción del nuevo plantel de la UAEM y proteger la zona del Cerro de Moctezuma ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuevamente, el Cerro de Moctezuma, un sitio que alberga un acervo importante de la riqueza histórica, ambiental y cultural de Naucalpan de Juárez y en general, del estado de México, está siendo afectado por la falta de reglas claras en torno al uso de suelo. Hemos observado que el gobierno municipal sigue autorizando la expedición de licencias y permisos de construcción en las áreas aledañas al cerro, que actualmente es considerado como área protegida y perteneciente al sistema de espacios abiertos del estado de México.
En días pasados nos enteramos, a través del periódico Reforma, que a sugerencia del ingeniero Carlos González Escamilla, director general de Urba Consult, se está planeando la construcción de un plantel de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en 56 mil metros cuadrados del Cerro de Moctezuma. Bajo el argumento de que se encuentra en un área totalmente urbanizada, con los servicios y accesibilidad para llevar a cabo dicho proyecto, se pretende construir un plantel con capacidad para 8 mil alumnos que ocuparán 7 edificios con auditorio, salones de usos múltiples, áreas de exposición, áreas deportivas, entre otros.
No obstante, es de especial preocupación la ausencia de estudios que muestren el impacto de dicho proyecto en el entorno del Cerro de Moctezuma ya que además de provocar la tala de árboles y otros daños al medio ambiente, no se tiene certeza del daño que se puede generar al patrimonio histórico y arqueológico que un proyecto de esta magnitud puede generar.
A pesar de que en agosto de 2010 presenté ante el pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo donde exhorté a diversas autoridades federales a que lleven a cabo las acciones necesarias para preservar el Cerro de Moctezuma y, particularmente, solicité al Instituto Nacional de Antropología e Historia que mantuviera un plan de conservación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico y antropológico del Cerro de Moctezuma, he podido constatar que muy poco se ha avanzado en la preservación de este sitio arqueológico.
Cabe recordar que uno de los compromisos de campaña de la actual alcaldesa fue conservar esa área verde y lo que actualmente estamos viendo es una total falta de preocupación por atender esta zona y menos aún de consultar a las asociaciones de vecinos preocupados por la protección del Cerro de Moctezuma.
De acuerdo con las declaraciones de Dora Pescador, delegada vecinal de La Concordia, “las autoridades estatales y municipales debieran hacer una consulta vecinal antes de tomar alguna determinación sobre predios”. Sin oponerse a la construcción de la universidad, señala que “debería hacerse un sondeo o plebiscito antes de que se tome una decisión sobre la ubicación de dicho plantel”.
En el mismo sentido, Rocío Rosete representante de la agrupación Voces Unidas ha dejado muy claro que el Cerro de Moctezuma es un área verde al cuidado de los vecinos con un claro valor social y ambiental. Por tal motivo, el representante del Consejo de la Nación Arcoíris y guardián del Cerro, Chuen Uac Zip, ha sostenido que los “vecinos mantendrán una total oposición a que se edifique una universidad ahí y exhortó a las autoridades del INAH a terminar las investigaciones para declarar el valor arqueológico de la zona”.
Precisamente, gran parte de los conflictos que se han generado en esta área se explican en gran medida por la incertidumbre jurídica que actualmente persiste en torno al uso de suelo en la zona del Cerro de Moctezuma ya que si bien el INAH tiene una zona de interés arqueológico en la cima del Cerro, hasta el día de hoy no existe declaratoria o expropiación alguna que limite dicha propiedad.
En ese contexto, las autoridades municipales no pueden ignorar este vacío jurídico que existe en la zona como tampoco pueden, de manera unilateral, poner en marcha proyectos de esta magnitud sin antes realizar una consulta con las distintas agrupaciones vecinales sobre la construcción de dicho plantel en esos predios ya que es altamente probable que se pueda llegar a un acuerdo en torno a la conveniencia de encontrar otra ubicación en alguna zona del municipio que beneficiará a los mexiquenses.
Por ello, aprovecho este espacio de la Comisión Permanente para hacer un exhorto a las autoridades municipales a que realicen las consultas necesarias con los naucalpenses a fin de ubicar un espacio alterno para la construcción de dicho plantel y lograr así proteger este importante patrimonio histórico y ambiental de los mexiquenses.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades municipales para que realicen las consultas necesarias a las agrupaciones vecinales a fin de ubicar un espacio alternativo para la construcción del nuevo plantel de la UAEM y proteger la zona del Cerro de Moctezuma ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al municipio de Naucalpan de Juárez a respetar el Cerro de Moctezuma como área verde protegida y a evitar la expedición de licencias y permisos de construcción en tanto no se resuelva la situación jurídica de dicho predio.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia para terminar las investigaciones a fin de declarar el valor arqueológico de la zona y la posible expropiación para la protección total de la zona.
Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.
Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Guadalajara a comunicar a esta soberanía el cumplimiento de los objetivos y de las metas en el ejercicio de los recursos obtenidos del Subsemun, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El que esto suscribe, diputado Gustavo González Hernández, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta exhorto con puntos de acuerdo con objeto de que el presidente municipal de Guadalajara, en cumplimiento con lo establecido en el inciso h) de la fracción III, así como en la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo que se establece en los artículos 2 y 7 de la Ley General del Sistema de Seguridad, tenga a bien comunicar a esta soberanía el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas en el ejercicio de los recursos obtenidos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun), de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
I. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función en que convergen la federación, los estados y los municipios.
En este tenor, el aludido precepto constitucional precisa que la seguridad pública comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución de los mismos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución reserva para cada uno de los órganos de gobierno.
II. El eje rector número 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Estado de Derecho y Seguridad, establece los objetivos y las estrategias para garantizar la plena vigencia del estado de derecho; para proteger cabalmente la integridad y los derechos de las personas, así como para propiciar un clima de orden y paz para el desarrollo integral de México.
En este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo se plantea como objetivo esencial, recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.
III. En el marco jurídico mexicano de la seguridad púbica, se tiene que la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, además de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en esta materia.
De esta manera, el artículo 2 de la mencionada ley establece que los fines de la seguridad pública consisten en salvaguardar la integridad y derechos de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz públicos; la prevención especial y general de los delitos; la investigación de éstos; la sanción de las infracciones administrativas; la investigación y la persecución de los delitos, entre otras. Para ello, se precisa la coordinación de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.
En este sentido, por lo que se refiere a la concurrencia de las facultades en la materia de seguridad pública, el citado ordenamiento establece que, entre otras cosas, corresponde a los estados y los municipios, coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que la letra señalan lo siguiente:
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. a II. ...
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) a g)...
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
i) ...
III. a VI. ...
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del estado. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
...
IX. a X ...
IV. Por su parte, el denominado Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun) surge en 2007 cuando el Congreso de la Unión destinó una partida presupuestal para formar un subsidio aplicable de manera directa a los municipios del país para ser destinado exclusivamente a cuestiones de seguridad pública. Así, a partir de 2008 se inicia con el reparto de recursos a 150 municipios en primer año.
El Subsemun se concibe como una aportación financiera del gobierno federal que se integra por una parte del gobierno federal y una más por parte del municipio, formalizada mediante convenios de adhesión celebrados con los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Los recursos del Subsemun están orientados a mejorar la seguridad pública en los municipios seleccionados e iniciar la implantación del nuevo modelo de policía a nivel nacional mediante acciones dirigidas a lograr mayor eficiencia y efectividad en la prestación del servicio de seguridad pública a cargo de las corporaciones policiales de estos órdenes de gobierno.
De esta manera, se advierte que los objetivos generales de mayor relevancia del Subsemun son los siguientes:
a) Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública ejerzan los municipios para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
b) Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios, mejorar la infraestructura de las corporaciones así como el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.
c) Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas.
De esta manera, los recursos del Subsemun están orientados a la profesionalización, equipamientos, infraestructura y prevención social del delito con participación ciudadana.
La asignación de recursos hacia los municipios se realiza a partir de los siguientes criterios:
a) Población en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal
b) La incidencia delictiva:
c) Tasa de homicidios dolosos en el periodo 2005-2009
d) La tasa de secuestros en el periodo 2005-2009
V. El presupuesto destinado para el Subsemun se encuentra establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, y es publicado en el Diario Oficial de la Federación.
De esta manera, iniciando en 2008, y hasta el correspondiente ejercicio fiscal de 2012, el presupuesto destinado al Subsemun así como el número de municipios beneficiados por éste, se presentan a continuación:
VI. Por lo que se refiere a los recursos que el marco del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del distrito Federal (Subsemun) ha otorgado de manera ininterrumpida a la ciudad de Guadalajara, Jalisco; se presenta a continuación:
VII. Con respecto al tema de la seguridad pública, particularmente en el ámbito municipal es de especial importancia destacar la existencia de diversos estudios que han sido realizados y publicados por académicos y expertos en la materia de la seguridad pública en el ámbito municipal, en los cuales destaca la elevada percepción ciudadana en temas referentes a la inseguridad, violencia, impunidad e ineficacia de la autoridad para atender este tipo de problemáticas sociales.
Un ejemplo de lo anterior consiste en la información que se desprende del Análisis Regional de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en la Región Centro Occidente, 5 publicado por el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro Occidente (Fiderco), en el cual se da cuenta del contexto que determina los problemas de seguridad pública en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), siendo éste uno de los temas prioritarios de la agenda política y de gobierno debido a que la incidencia delictiva y la violencia registran niveles de hasta un cincuenta por ciento superior a los registrados hace diez años. Aunado a ello, se registra una elevada percepción ciudadana de inseguridad, violencia, impunidad e ineficacia de las autoridad para enfrentar esta grave problemática social.
Esta situación representa un gran desafío para la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) debido a que ésta se coloca como la zona de mayor concentración urbana en la región centro occidente. Situación que se demuestra cuando es esta zona en la que se registran altos indicadores delictivos y de violencia.
Por otra parte, el estudio publicado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, denominado La inseguridad en 13 áreas urbanas de la República Mexicana 6 da cuenta de que de éstas, la ZMG ocupa el tercer lugar de percepción de inseguridad a nivel nacional, superada tan sólo por Ciudad Juárez y Monterrey, las cuales ocupan el primer y segundo lugar respectivamente.
De acuerdo con los datos obtenidos de dicho estudio, los ciudadanos de la ZMG que fueron encuestados manifestaron sentirse más inseguros en el transporte público; las calles; los mercados; centros comerciales; lugares de trabajo y la escuela. Aunado a ello, estos habitantes declararon haber percibido un incremento en los delitos de venta de drogas al menudeo, secuestro, narcotráfico, homicidio, delito sexual y lesiones.
VII. La Secretaría de Planeación de Jalisco, el pasado 18 de enero de 2012, publicó en el tablero de indicadores de desarrollo de Jalisco 7 información relevante en materia de seguridad pública, la cual da cuenta de la ZMG enfrenta indicadores delictivos de violencia elevados y alarmantes.
De esta información se desprende que la ciudad de Guadalajara es donde mayormente se concentra esta problemática, ya que es en esta ciudad capital donde el índice de victimización es 68 por ciento superior al del resto del estado; registrando además que uno de cada tres ilícitos se realiza con violencia, se registran 740 robos por cada 100 mil habitantes (sólo superados por el Distrito Federal, Tijuana, Cancún y Cuernavaca). Las lesiones intencionales han aumentado en más de 100 por ciento. El número de homicidios es superior a la media nacional y tres veces más el indicador del Distrito Federal.
Por lo que corresponde a la incidencia de delitos del fuero común, en el periodo 2006-2011 es particularmente en el municipio de Guadalajara el único municipio en donde se registra un crecimiento constante en cuanto al indicador para este tipo de delitos, lo cual se refleja en la siguiente tabla y su correspondiente gráfica:
Esta misma tendencia se refleja en cuanto robo de vehículos particulares, donde una vez más es la ciudad de Guadalajara en donde se registra un mayor incremento en el número de vehículos particulares que anualmente son robados, donde del 2009 al 2011 se registraron 1,057 unidades vehiculares adicionales robadas. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:
De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Planeación de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara por lo que se refiere al tema de secuestros, se refleja incremento considerable en cuanto al número de éstos registrados anualmente, donde en el período comprendido de 2009 a 20011, se paso de tres a diez secuestros en la referida etapa. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:
En este mismo sentido, el tema que mayor atención demanda en términos de la seguridad pública, es lo referente al robo a bancos, debido a que de acuerdo con la Secretaría de Planeación de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara se registraron un total de once asaltos a sucursales bancarias en 2010, pasando a una cifra de 78 robos en el pasado año 2011, una situación alarmante debido a que durante el período 2006 al 2008, esta cifra delictiva se mantuvo en tasas de cero. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:
En igualdad de circunstancias se encuentran los índices de robo a casa habitación, donde en el período comprendido de 2009 a 2011 el computo inicia con un total de 374 robos de este tipo pasando a una cifra record de un total de 1,186 casas habitación vulneradas en el año 2011.
De nueva cuenta, es la ciudad de Guadalajara es la que concentra el mayor número de delitos de este tipo, seguida de los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:
Por lo que se refiere al tema del índice de homicidios dolosos, la Secretaría de Planeación da cuenta de que en la ciudad de Guadalajara en el período comprendido de 2009 al 2011 se superó de nueva cuenta este tipo de delitos, los cuales su registro pasó de 101 a 190, una cifra record en lo que se refiere a esta conducta delictiva, la cual supera en demasía las registrados en el período inmediato anterior, comprendido de 2006 a 2008. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:
En este tenor, a continuación se presenta una tabla en la que se condensa la información relativa a la incidencia delictiva en materia de fuero común, robo a vehículos, secuestro, robo a bancos, a casa habitación y, finalmente, homicidios dolosos.
IX. En virtud del creciente índice de violencia vinculada particularmente con las altas cifras registradas en la comisión de delitos del fuero común, robo a vehículos, secuestro, robo a bancos, a casa habitación y, finalmente, homicidios dolosos, particularmente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; es que considero oportuno reconocer la imperiosa necesidad que existe de exhortar al titular del gobierno municipal de la referida ciudad para que en términos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecido por la Ley General del Sistema de Seguridad, dé cuenta a esta H. Soberanía de las acciones realizadas para cumplimentar lo establecido en el inciso h) de la fracción III, así como en la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo que se establece en los artículos 2 y 7 de la Ley General del Sistema de Seguridad.
X. Que a manera de antecedentes de un ejercicio de rendición de cuentas semejante con el que en esta ocasión se propone, se da cuenta de los siguientes exhortos que en materia de seguridad pública han sido presentados en esta honorable Cámara de Diputados:
LIX Legislatura
Exhortos
Fecha: 2005, enero 26
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversos municipios del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública a celebrar convenios para la implantación del sistema de planeación y control policial con la Policía Federal Preventiva.
Presentada por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, PAN.
Turnada a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Gaceta Parlamentaria, número 1678, miércoles 26 de enero de 2005. (1091)
LXI Legislatura
Exhortos
Fecha: 2010, noviembre 4
Con punto de acuerdo, relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, a municipios y al Distrito Federal.
Presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, PAN.
Turnada a la Comisión de Seguridad Pública.
Gaceta Parlamentaria, número 3131-VII, jueves 4 de noviembre de 2010. (2477)
Fecha: 2011, agosto 24
Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a hacer frente a la escalada de violencia y al desvío de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios en las entidades federativas.
Presentada por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN.
Turnada a la Comisión de Seguridad Pública.
Gaceta Parlamentaria, número 3336-I, lunes 29 de agosto de 2011. (3427)
XI. Es trascendental que a través del presente exhorto, tanto el gobierno municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como del resto de los municipios que integran la zona metropolitana sean sensibles a la importancia que adquiere el hecho de que en materia de seguridad pública corresponde a estos ámbitos de gobierno, la facultad que en términos de concurrencia comparten con el gobierno local y el federal en materia de seguridad pública.
Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente Municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para que en términos del artículo 21 y en cumplimiento con lo establecido en el inciso h) de la fracción III, así como en la fracción VII del artículo 115, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo que se establece en los artículos 2 y 7 de la Ley General del Sistema de Seguridad, tenga a bien comunicar a esta Soberanía el cumplimiento de las objetivos y metas alcanzadas en el ejercicio de los recursos obtenidos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun).
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a destinar y ejercer de manera oportuna los recursos obtenidos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) para el cumplimiento de los objetivos, metas y fines que persigue el referido subsidio.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para que tenga a considerar el establecimiento de políticas públicas concretas y eficaces en materia de seguridad que contribuyan en la reducción de los altos índices de violencia registrados en materia de delitos del fuero común, robo a vehículos, secuestro, robo a bancos, casa habitación y homicidios dolosos.
Notas
1 Disponible en http://www.cefp.gob.mx/notas/2008/notacefp0172008.pdf
2 Disponible en http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/001 _ordinarias/038_seguridad_publica/003_presupuesto_2010/035_subsemun
3 Disponible en http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/webfiles/pdf/INFORMACION -Subsemun-2010-PAGADOS-Y-TRANSITO-9-JUL.pdf
4 Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5196182&fecha=16/06/2 011
5 Disponible en http://www.centroccidente.org.mx/downloads/10%20Analisis-Seguridad-Ciud adana.pdf
6 Disponible en http://www.icesi.org.mx/documentos/publicaciones/gacetas/la_inseguridad _en_13_zonas_urbanas_mexicanas.pdf
7 Disponible en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/tablin/panelCiudadano/index
8 La información contenida en este documento se obtuvo del Tablero de Indicadores del Desarrollo de Jalisco http://seplan.app.jalisco.gob.mx/tablin/panelCiudadano/index
Fecha de consulta 18 de enero del 2012. Para efectos de este documento se considera sólo los municipios de guadalajara, Zapopán, Tlaquepaque y Tonalá
Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.
Diputado Gustavo González Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a analizar e informar si los gastos realizados por el gobierno de Colima en 2011 se ajustaron estrictamente a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina, suscrita por los senadores Martha Leticia Sosa Govea y Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, senadora Martha Leticia Sosa Govea y senador Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que en el ejercicio de sus facultades analice e informe a esta soberanía, si los gastos realizados por el gobierno del estado libre y soberano de Colima durante el ejercicio fiscal de 2011, fueron sujetos estrictamente a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
1. El Presupuesto de Egresos para 2011 del estado de Colima, en sus considerandos señala expresamente, que las repercusiones de la peor crisis financiera internacional de los últimos 80 años, registrada el año 2010, ejercieron una fuerte presión a las finanzas públicas nacionales y por ende, impactaron severamente las finanzas del gobierno del estado.
Lo anterior, menciona, obligó a instrumentar desde el comienzo de la actual administración, estrictas medidas de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio de los recursos públicos, a disminuir el gasto corriente y a priorizar cuidadosamente la orientación del gasto hacia el desarrollo social y económico de la entidad.
En congruencia con lo anterior, establece, la política presupuestaria para el ejercicio fiscal 2011 será prudente y moderada, fincada en una visión que posibilite, bajo un esquema de prioridades, continuar dando respuestas oportunas a las demandas más sentidas de los colimenses, plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
Por su parte, el citado documento señala en su presentación, que en la presente administración el Plan Estatal será el único eje articulador del proceso de programación-presupuestación, lo que quiere decir que no se aprobará gasto alguno que no esté contemplado en este documento, con lo que se garantizará la transparencia, la utilidad social y el manejo eficiente de los recursos públicos.
2. Sin embargo, en el manejo de las finanzas del pasado ejercicio fiscal, la administración del Estado del Colima se ha alejado bastante de los principios enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2011, pues en el análisis de los avances de compra expedidos por la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, se puede observar que se hicieron gastos alarmantes en rubros que sin lugar a dudas, no impactan en la mínima trascendencia para los colimenses.
De acuerdo al “Avance de Compras” publicado el 31 de agosto de 2011 por la citada secretaría, se establece la autorización, a través de los oficios de requisición 327/2011 y 328/2011 de 4 millones 150 mil pesos, en favor de Grupo Arce de Colima, SA de CV, 2 millones 100 mil pesos y de la Empresa Colima Exotic Flowers, SA de CV, 2 millones 50 mil pesos.
Dichas empresas, de acuerdo a los servicios que ofrecen por los diversos medios de comunicación, tales como Internet, Sección Amarilla y otras publicidades, se especializan en organizar fiestas o cualquier evento social.
Por ejemplo, la empresa Grupo Arce es una empresa especializada en la venta de licores y también se dedica al alquiler de sillas y de inmobiliario y enceres para eventos o fiestas, mientras que Colima Exotic Flowers se encarga de producir y comercializar arreglos florales, particularmente de flores exóticas.
Adicionalmente, justificado en el trabajo de fotografía, se le entregaron al ciudadano Carlos Romero Celis, quien se presume es hermano de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Mely Romero Celis, un total de 386 mil 723 pesos, del 13 de enero al 9 de septiembre del año 2011.
Finalmente, en relación con los presupuestos autorizados a las empresas, Grupo Arce y Colima Exotic Flowers, el “Avance de Compras” publicado el 13 de septiembre de 2011 por la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del gobierno de Colima, señala que a través de los citados oficios 327/2011 y 328/2011, se entregó la cantidad de 1 millón 500 mil pesos y 1 millón 450 mil pesos respectivamente, situación que en virtud de las cifras publicadas el 31 de agosto de 2011, dejan de manifiesto la duda sobre la veracidad de los recursos erogados, al reflejar cantidades distintas para los mismos oficios.
En total, presumiendo ciertas las últimas cifras señaladas, el gobierno de Colima gastó 3 millones 336 mil 723 pesos en la realización de “eventos sociales y revelado de fotografías”.
3. Sin duda alguna, dejando de manifiesto que el trabajo de los citados proveedores es totalmente conforme a derecho y responde al ejercicio pleno y libre de sus actividades, el destino que ha decidido darle la presente administración estatal de Colima a los recursos públicos de los colimenses deja mucho que desear, al ser dirigido a cuestiones superficiales que para nada responden a las necesidades de las instituciones que conforman la entidad y, por ende, mucho menos a los requerimientos de la sociedad, antes por el contrario, resulta alarmante la dinámica de gastos.
Para citar algunos ejemplos que aclaran el dicho anterior, dentro del Presupuesto Estatal de Egresos para 2012, el total del presupuesto otorgado a dependencias de gobierno, universidades y demás instancias que dependen financieramente del gobierno estatal, están por debajo del monto erogado en cuestiones intrascendentes y que en nada abonan a las reales necesidades colimenses y tampoco, aspecto que no sorprende, responden a los principios establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo ni en el Presupuesto de Egresos.
Así, el Instituto Colimense para la Discapacidad, recibirá para este ejercicio fiscal 2012, la cantidad de 1 millón 921 mil 204 pesos con 63 centavos, el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 504 mil pesos, el Instituto Colímense de las Mujeres 2 millones 482 mil 657 pesos con 63 centavos, Colegio de Educación Profesional del Estado de Colima (Conalep estatal) 2 millones 890 mil pesos, Instituto para la Competitividad del Estado de Colima 2 millones 422 mil 804 pesos con 54 centavos y la Comisión Estatal del Agua 2 millones 600 mil 26 pesos, y ni hablar de las “ayudas otorgadas por parte del estado de Colima”, en donde el monto más alto, dejando de lado solamente la delegación de Colima de la Cruz Roja, es el que se otorga al Centro de Integración Juvenil, que apenas es alrededor de la mitad de lo erogado para la realización de “eventos” por parte de la administración estatal.
Como se puede observar, lo señalado anteriormente es prueba inequívoca de que la actual administración no está respondiendo ni cubriendo los reales intereses de la ciudadanía y las necesidades que realmente tiene el estado, como lo son el reforzar los rubros de los órganos u organismos dedicados a la seguridad pública y a la política social, siendo este último el más castigado presupuestalmente, en comparación al monto destinado para la realización de innecesarios “eventos sociales” que supera por mucho el erogado para su funcionamiento y, en consecuencia, para su capacidad de respuesta ante los ciudadanos.
Aunado a ello, los análisis de los referidos “Avances de Compras” publicados por el gobierno de Colima, en cuanto a los oficios 327/2011 y 328/2011, muestran algunas disparidades entre las cantidades expuestas entre los documentos con fecha 31 de agosto y 13 de septiembre del año anterior, por lo que también resulta necesario que se aclare cuál fue el monto final destinado a los “insumos de eventos sociales” del ejercicio fiscal de 2011.
Por lo expuesto, sometemos a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que en el ejercicio de sus facultades analice e informe a esta soberanía, si los gastos realizados por el gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima durante el Ejercicio Fiscal de 2011, fueron sujetos estrictamente a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina.
Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 25 de enero de 2012.
Senadores: Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoque la resolución del IFE que permite a los precandidatos únicos realizar actos y acciones anticipados de campaña, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la república a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con moción de urgente resolución, por el que la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que revoque la resolución del Instituto Federal Electoral que permite a los precandidatos únicos realizar actos acciones anticipados de campaña.
Consideraciones
Como es de su conocimiento, mediante un acuerdo general del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), se respondió la consulta que fue formulada por Andrés Manuel López Obrador respecto a las actividades que como precandidato único puede realizar, en el marco de la ley electoral vigente.
En dicha resolución se permite a los precandidatos únicos a realizar, en la práctica, actos anticipados de campaña, pudiendo acudir a mítines y realizar actos públicos, propiamente de proselitismo.
En el PAN consideramos que la respuesta acordada por el Consejo General del IFE en el sentido de permitirle a los precandidatos únicos priista y perredista realizar actos anticipados de campaña es contraria a derecho y, por lo tanto, ese criterio debe ser revertido, pues en la práctica borra la distinción que la ley establece entre los periodos de precampaña y los de campaña.
Esto es así, porque permite a los precandidatos únicos utilizar los recursos públicos que reciben como prerrogativas para realizar prácticamente cualquier tipo de acto político público y abierto, anulando en la práctica la prohibición legal expresa de realizar actos anticipados de campaña.
Nos parece que el acuerdo del IFE viola con toda claridad la legislación electoral y con ella se afecta gravemente las condiciones de certeza y equidad, además que anula el sentido original de la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2007, que entre sus principales objetivos tuvo el de reducir la duración de las campañas electorales y favorecer la realización de procesos democráticos dentro de los partidos políticos para la postulación de sus candidatos.
Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a actuar con diligencia para impedir que, con base en ese acuerdo del IFE, se siga violando de manera sistemática y permanente la ley electoral.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva de manera expedita el recurso de apelación 03/2012 mediante el cual se le solicita revocar la resolución del Instituto Federal Electoral que permite a los precandidatos únicos realizar actos acciones anticipados de campaña.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.
Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sener y al director general de Pemex a no suspender el suministro de gasolinas y de diesel a las estaciones de servicio, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Energía (Sener) y al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) a no suspender el suministro de gasolinas y diesel a las estaciones de servicio del país el 31 de enero de 2012 hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita la resolución definitiva de la controversia constitucional 058/2011, con base en las siguientes
Consideraciones
El sano desarrollo económico y social del país se encuentra directamente vinculado a la existencia de una política energética eficaz y eficiente. No obstante, en la actualidad hay el riesgo de que, como anunciaron en septiembre de 2011, la Sener y Pemex procedan a suspender a partir del 31 de enero de 2012 el suministro de gasolinas Magna y Prémium, así como el diesel, a todas las estaciones de servicio que no firmen los contratos de venta de primera mano.
Ese modelo de contrato se desprende de las “Disposiciones para llevar a cabo la distribución y comercialización de petrolíferos”, emitidas por la Sener el 30 de marzo de 2011, y actualmente se discute su constitucionalidad ante la SCJN.
La Cámara de Diputados presentó la controversia constitucional 058/2011 ante la SCJN el 12 de mayo 2011 contra esas disposiciones, pues se considera que invaden la esfera de competencia del Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; vulneran el principio de no retroactividad dispuesto en el artículo 14 constitucional; y permiten a los particulares asumir el control y la operación directa de un segmento del área estratégica de los hidrocarburos, reservada a la nación en términos de los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.
De conformidad con lo anterior, la pretensión de la Sener y Pemex de cortar el suministro de gasolinas y diesel a las estaciones de servicio que no hayan firmado los contratos de venta de primera mano, no obstante que el asunto se encuentra sub judice, causaría daños irreparables al sector gasolinero, pero principalmente a los usuarios del servicio.
Se plantea un grave riesgo para el abasto de combustibles a escala nacional, con el efecto negativo que representa para el desarrollo de las actividades económicas de toda índole, y las consecuencias en las finanzas públicas del país, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales no recibirán los miles de millones de pesos diarios que representan el impuesto especial sobre producción y servicios, el IVA y la cuota IEPS de gasolina que se entrega a las entidades federativas, además de los cuantiosos derechos de hidrocarburos que Pemex aporta a la federación.
Las estaciones de servicio están en inminente peligro de que Pemex deje de suministrarles gasolinas Magna y Prémium, así como diesel, pese a que tienen suscritos contratos de franquicia y suministro con Pemex-Refinación. Tales obligaciones de orden mercantil se encuentran en vigencia, toda vez que su duración es de 15 años, plazo que a la fecha no ha concurrido.
La Sener y Pemex pretenden que los contratos de suministro vigentes se sustituyan por los de venta de primera mano, sin haber mediado procedimiento legal en que los titulares de las estaciones de servicio con contrato vigente hayan sido oídos y vencidos. Ello contraviene el artículo 14 constitucional.
Numerosos empresarios gasolineros se han negado a firmar el nuevo contrato VPM, pues se percibe como un instrumento privatizador de la cadena productiva del petróleo en el proceso de almacenamiento, transporte y distribución de gasolinas y diesel, contraviniendo el espíritu normativo del artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria en el ramo del petróleo. Los mismos argumentos ha sostenido la Cámara de Diputados en la controversia constitucional 058/2011.
De conformidad con lo anterior, no pueden ser obligados a firmar el nuevo contrato de venta de primera mano, pues la aplicación de las disposiciones de la Sener que le dan sustento son aún materia de estudio de constitucionalidad por la SCJN, y hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva en la controversia constitucional 058/2011 no habrán adquirido definitividad.
Por otra parte, es necesario considerar que diversas estaciones de servicio amenazadas con el corte de suministro de gasolinas y diesel han presentado juicios de amparo. Han obtenido suspensiones definitivas a efecto de que las autoridades correspondientes se abstengan de suspender o restringir a los quejosos el suministro de los combustibles, de conformidad con los contratos de franquicia y suministro.
La conducta que desarrollen la Sener y Pemex a partir del 31 de enero de 2012 suspendiendo el suministro de gasolinas y diesel afectaría no sólo a las estaciones de servicio sino a todos los mexicanos que requieren seguridad energética para realizar las actividades productivas del país.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos a suspender las medidas anunciadas de cortar el suministro de gasolinas y diesel el 31 de enero de 2012 a las estaciones de servicio, otorgando un nuevo plazo para la suscripción de contratos de venta de primera mano, hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la resolución definitiva de la controversia constitucional 058/2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Procuradurías General de la República, del Distrito Federal, de Quintana Roo y de Nuevo León a agotar los recursos legales a su alcance e intensificar las acciones de localización y recuperación de los menores desaparecidos de los albergues Casitas del Sur, La Casita y Caifac, y capturar a los responsables, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo primero, fracción I, 79, 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a las Procuradurías de Justicia del Distrito Federal, de Quintana Roo y de Nuevo León, para que agoten los recursos legales a su alcance e intensifiquen las acciones de localización y recuperación de todos los menores de edad desaparecidos de los albergues Casitas del Sur, La Casita y Centro de Adaptación e Integración Familiar, AC (CAIFAC), y se capture a todos los responsables, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como ustedes recordarán, a principios del mes de noviembre de 2008, la señora Ardelia Martínez Estrada dio a conocer en los medios de comunicación la desaparición de su nieta Ilse Michel Curiel Martínez, menor que se encontraba en una Casa Hogar denominada “Casitas del Sur”, quien fue trasladada sin justificación alguna a este lugar por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien en ese momento era la autoridad jurídicamente responsable del status de la menor.
Asimismo, obtuvimos información de otros casos de niñas y niños desaparecidos de este albergue como el de los hermanos Juárez Ojeda, así como información proporcionada por parte de organizaciones no gubernamentales de hechos similares en diversos albergues como fueron La Casita en Cancún y CAIFAC en Monterrey, entre otros, en las que por cierto tenían el mismo modus operandi y que se comprobó que eran administrados por la asociación civil llamada Reintegración Social, la cual tenía vínculos con la asociación religiosa Iglesia Cristiana Restaurada, misma que controlaba “Casitas del Sur”.
De lo anterior, hoy sabemos que el total de menores desaparecidos asciende aproximadamente a 22, y hasta la fecha no se ha hecho justicia, y nuevamente el común denominador es la ausencia de resultados concretos por parte de la autoridad, lo que se traduce en impunidad.
No es posible que siga pasando el tiempo y aún no se tenga claridad respecto al destino de estos menores de edad, si han sido víctimas de adopción ilegal, maltrato, explotación sexual o tráfico de órganos o quién está detrás de la secta que administraba estos albergues, que detenta un poder económico y operativo en diversos países como Tailandia, Ruanda, El Salvador, Guatemala o Colombia.
Si bien reconocemos que la Procuraduría General de la República desde que atrajo el caso en el año de 2009 ha llevado algunas acciones concretas, como son la extradición de Antonio Domingo Paniagua Escandón fundador de la Iglesia Cristiana Restaurada, la extinción de dominio decretada por un Juez sobre algunos bienes, la detención de diversos sujetos de dicha asociación, así como el ofrecimiento de recompensas a quienes dieran datos sobre el paradero de las niñas y niños desaparecidos de Casitas del Sur, La Casita de Cancún y CAIFAC de Monterrey, e incluso, es de destacar también la acción emprendida por la Secretaría de Gobernación quien canceló el registro como asociación religiosa a la Iglesia Cristiana Restaurada, lo cierto es que a pesar de todos estos esfuerzos los responsables hoy en día continúan libres y los menores no han sido recuperados.
Desafortunadamente, a la fecha se ha hecho caso omiso del dolor de los familiares de las victimas que hoy en día no encuentran a sus hijos, por lo cual se hace un enérgico llamado a la Procuraduría General de la República para que intensifique las investigaciones, consigne a los responsables y localice a las niñas y niños.
La Procuraduría General de la República no puede ni debe ser solamente discursiva en el combate a la trata de personas y tráfico de menores, debe dar pasos firmes contra estos flagelos que atentan contra la niñez del país, ya que de otra manera, solamente se genera una percepción de impunidad entre la ciudadanía y de ineficiencia en el aparato de procuración de justicia de la Nación.
Conscientes estamos de los múltiples expedientes que tiene bajo su investigación la PGR, pero apelamos a la sensibilidad de su titular para que de una vez por todas, se aceleren las averiguaciones y se tengan los resultados esperados.
Asimismo, reiteráramos nuestra exigencia para que las entidades de procuración de justicia del Distrito Federal, Quintana Roo y Nuevo León continúen coadyuvando en estas investigaciones, máxime que algunos de los menores desaparecidos se encontraban bajo su resguardo en un primer momento.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento para su aprobación el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, así como a las Procuradurías de Justicia del Distrito Federal, de Quintana Roo y de Nuevo León, para que agoten los recursos legales a su alcance e intensifiquen las acciones de localización y recuperación de todos los menores de edad desaparecidos de los albergues Casitas del Sur, La Casita y CAIFAC, y se capture a todos los responsables.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.
Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatal y municipal de Puebla a resolver la huelga de hambre iniciada el 16 de enero de 2012 por los indígenas artesanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, despojados de su actividad económico-comercial en el mercado del Jardín de Analco, a cargo de Rigoberto Salgado Vázquez, en nombre de Ramón Jiménez López, diputados del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Ramón Jiménez López, perteneciente a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos aplicables de la misma, así como en los artículos 58, fracciones I, II y III; y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Los ciudadanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, quienes a través de un documento entregado en esta representación y quienes se identifican como artesanos pertenecientes a una étnica indígena náhuatl y desde hace más de treinta años radican en el estado de Puebla, exhiben lo siguiente:
En la ciudad de Puebla se otorgaron espacios en lo que en aquel entonces se conoció y aún se conserva, como “Tianguis de Analco”, pero hoy por acuerdo de cabildo con fecha del 8 de septiembre de 2011, se denominó como “Mercado Temporal del Jardín de Analco”. Ese parque, espacio del Jardín de Analco, fue autorizado para ocuparse como tianguis de sábados y domingos, hace ya varios años, por el gobernador en turno Melquiades Morales Flores.
Ellos han estado allí aproximadamente veinte años, todos los ciudadanos y turistas dan cuenta de ello; pero durante 2009, los regidores, dentro de los que se encontraba el hoy secretario de gobierno de Puebla, Pablo Montiel Solana, aprobaron un dictamen para que desde el 14 de octubre de 2009 ese espacio fuera considerado como mercado temporal y todos y cada uno de los comerciantes que allí se instalan se les expedirían recibos oficiales por los espacios que ocupan. Tal dictamen nunca se llevó a cabo y los comerciantes denunciaron públicamente, desde ese dos mil nueve, que quien cobrara treinta y seis mil pesos por instalar los espacios comerciales era la persona que funciona como líder y que ilegalmente cobra uso de suelo, ya que no existe ningún comprobante de por medio; dicha situación se ha denunciado sin resultados ya que hasta el día de hoy se le permite seguir en Analco y seguir cobrando ilegalmente uso de suelo; dicha persona responde al nombre de Martha Aurelia Blanco García, y a su grupo de seudolíderes se unen Enrique Francisco Escalera Melgarejo, Salvador Arismendi Vélez y Flor Ivette Oropeza Olmedo.
A su vez, en la administración de la presidenta municipal Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz se hizo pública esta denuncia y se otorgaron recibos correspondientes únicamente al mes de febrero de dos mil once, y no hubieron más recibos oficiales durante esa administración, por ello es que los líderes siguieron cobrando, aún, cuando ante los medios de comunicación los servidores públicos vociferan que los pagos son individualizados, siendo que tal situación es mentira, un engaño y una farsa.
En el año dos mil nueve, los artesanos involucrados lograron depositar su derecho de uso suelo a los juzgados civiles del estado de Puebla y cumplir con sus compromisos fiscales, con la comuna y con el país; sin embargo y a pesar de que durante la administración que encabeza Eduardo Rivera Pérez, desde los primeros días en que inicio su administración, se solicito pagar el derecho de uso de suelo, no se ha permitido, y los oficios que les han sido enviados manifiestan que “estaban analizando” su solicitud y nunca más han vuelto a responder a dicha petición.
Inclusive, han solicitado licencia de funcionamiento oficial al presidente municipal de Puebla y al tesorero Ramón Arturo Botello Vargas, es así como el primero turnó la solicitud al secretario de gobierno municipal, Pablo Montiel Solana, y el segundo de la misma manera lo hizo, ya que según sus argumentos, “necesita que le de el visto bueno el Secretario de Gobierno Municipal”, y a los artesanos nunca los ha querido recibir el Tesorero y mucho menos el secretario de gobierno municipal.
Es así como durante el año dos mil once, se han visto en la necesidad de defender su derecho al trabajo, por contar con sus espacios y seguir trabajando en el mercado temporal del Jardín de Analco. A su vez, interpusieron las siguientes demandas de amparo, con los expedientes números 1040 y su acumulado 1041/2011 en el juzgado octavo de distrito en el estado de Puebla, el número 1019/2011 en el juzgado segundo de distrito y el 1799/2011 en el estado de Puebla, y los cuales, los trabajadores del ayuntamiento de Puebla, no respetaron. Las suspensiones provisionales que han otorgado esos juzgados no han surtido efecto alguno y a pesar de que en todo momento se han mostrado y de que han sido notificados, no se acatan y aún se continúan tramitando incidentes de violación a esas suspensiones. Los medios de comunicación a través del Internet dan cuenta de ello. Los funcionarios, en todo momento, reportaron a los jueces de distrito que no son ciertos los actos reclamados, declaración que no concuerda con versiones de los ciudadanos poblanos, ni mucho con la percepción e información al respecto.
En el presente año, a pesar de que se ingresaron solicitudes para pagar el derecho de uso de suelo directamente al ayuntamiento de Puebla, esto no fue posible, mientras que por otro lado, el honorable cabildo del ayuntamiento de Puebla, aprobó por unanimidad un nuevo
Acuerdo, con fecha del 8 de septiembre de 2011, en el que una vez más consideraban el mercado temporal de Analco como tal; pero desde el mes de junio del año dos mil once, la administración que encabeza Eduardo Rivera Pérez, inició con un “reordenamiento” en ese mercado temporal, y según los argumentos que se han declarado a los medios de comunicación “es para que todos y cada uno de los que ahí venden, cuenten con sus recibos oficiales de pago”.
Sin embargo, a los comerciantes como artesanos indígenas y que cuentan con dichos espacios desde hace veinte años, se les pretende excluir de toda forma y lo único que solicitan es el apoyo para seguir contando con un espacio para vender sus artesanías como lo han hecho durante tanto tiempo, pero en todo momento la administración que encabeza el ciudadano Eduardo Rivera Pérez, ha mostrado un hostigamiento hacia ellos, siendo que no se les atiende, no se les quiere escuchar, no los quieren ayudar y mucho menos sienten un respaldo como comunidad indígena, cabe mencionar que se les ha despojado de la mercancía siempre que se quieren instalar (aún cuando cuentan con las suspensiones provisionales a los amparos) y hasta el día de hoy, no se les devuelto dicha mercancía.
Por las razones anteriormente expuestas, es que se han visto en la necesidad, desde el pasado lunes dieciséis de enero de dos mil doce, de instalarse en el zócalo de la ciudad de Puebla en huelga de hambre, ya que desean ser escuchados y atendidos por el presidente municipal de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, exigiendo ser respetados en su integridad física y moral, solo desean trabajar para poder mantener dignamente a sus familias, solicitando pagar el derecho de uso de suelo, que se establece, directamente a la Tesorería de Puebla, por los espacios que ocupan en aquel mercado temporal.
Es así como estos dignos ciudadanos han decidido con su lucha pacífica, concientizar a las autoridades del municipio de Puebla y a la humanidad, que un gobierno dirigido por seres humanos, como lo son todos, debe dialogar, establecer vínculos de comunicación que permitan conocer y plantear soluciones a los problemas, pero sobre todo que permitan expresar lo que les está pasando, ya que llevan bastante tiempo pidiendo ser escuchados para poder solucionar dicho problema, pero al no encontrar respuesta se ven en la severa necesidad de tomar medidas de gran impacto, como lo es una huelga de hambre, de hambre de justicia, de ser escuchados, de trabajar, de mantener a sus familias, con dignidad como todos los mexicanos con alma e identidad.
Por lo expuesto someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte de manera inmediata al gobierno del estado de Puebla y al presidente municipal constitucional de la ciudad de Puebla a atender y dar solución a la huelga de hambre, iniciada el lunes 16 de enero de 2012, en la plaza del zócalo de Puebla, por los indígenas artesanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, despojados de su actividad económico-comercial en el mercado del Jardín de Analco en la ciudad de Puebla, Puebla.
Palácio Legislativo, a 25 de enero de 2012.
Diputado Ramón Jiménez López (rubrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a rendir un informe por escrito del ejercicio de los recursos de 2011 asignados al Fidem y comparecer ante la Comisión de la Función Pública de esta soberanía, a cargo de Alejandro del Mazo Maza, en nombre de Pablo Escudero Morales, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM
Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1 y 2, del artículo 79 y artículo 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a presentar la siguiente: proposición con punto de acuerdo –de urgente y obvia resolución– por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rinda, por escrito, un informe detallado del ejercicio de los recursos asignados para el ejercicio 2011 al Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios, Fidem, y ejercidos, ante el presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados y la comparecencia del subsecretario de Egresos de la SHCP para que explique los criterios de distribución de los recursos, la selección de los proyectos y se actualice de manera inmediata la información relativa al Fidem en la página electrónica de la dependencia, con base en los siguientes
Antecedentes
Con fecha 15 de mayo de 1991, el Poder Ejecutivo del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal (el fideicomitente), constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su calidad de Institución Fiduciaria (el fiduciario), un fideicomiso (el Fidem), cuyos fines fueron inicialmente, entre otros, garantizar mediante aval los créditos que otorgase Banobras a los gobiernos estatales y municipales, para la elaboración de estudios y proyectos de infraestructura básica, urbana y de servicios, que atiendan las necesidades prioritarias nacionales y estatales.
Mediante convenio celebrado por el fideicomitente y el fiduciario con fecha 15 de marzo de 2007, se modificó el Fideicomiso 1249 estableciéndose como nueva denominación “Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios” (Fidem) teniendo como objetivos, entre otros: a) otorgar apoyos no recuperables a las entidades federativas y municipios, para diversos programas y proyectos; b) Entregar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, (Banobras), las cantidades que éste no pudiese recuperar con motivo de los financiamientos otorgados a los municipios; y c) Entregar apoyos no recuperables a las entidades federativas y municipios, ya sea directamente o por conducto de Banobras, para cubrir los costos de estudios y proyectos que faciliten el proceso de financiamiento.
El fideicomiso se ha manejado con opacidad desde su constitución, por lo que no se cuenta con la información clara del uso y fin de sus recursos.
Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes:
Considerandos
En un trabajo de análisis del gasto publico del año 2011 encontramos con el Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios mejor conocido como “Fidem”, este fideicomiso es el medio por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigna recursos de manera discrecional a un fondo de naturaleza “No recuperable”, sin que se cuente con la información clara y precisa de hacia dónde van a parar esos recursos.
De una revisión detallada a la página de la SHCP, se puede observar que la información que corresponde a este fideicomiso no se encuentra actualizada, (su última actualización es al día lunes 9 de mayo de 2011) siendo que su actuar debería ser transparente y más aún en época electoral por lo que se advierte que se prende un foco rojo que amerita una revisión minuciosa.
A fin de esclarecer el destino de estos recursos federales, acudo ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que se apruebe el presente punto de acuerdo, para solicitar al titular del Ejecutivo federal rinda un informe detallado y por escrito del ejercicio de los recursos asignados al Fideicomiso denominado Fidem en el año 2011 y los que fueron ejercidos, señalando de forma precisa lo siguiente:
1. El nombre de los estados y municipios beneficiados por el Fidem y los montos de los recursos transferidos a estos.
2. Copia de las solicitudes de los recursos con cargo al patrimonio del Fidem que se presentaron a la consideración del comité técnico, por conducto del subcomité técnico de la SHCP para recibir recursos de la Subcuenta “A”, que invariablemente son firmadas por los servidores públicos de las entidades federativas y de los municipios, que cuenten con las facultades necesarias para el efecto, conforme a la normativa que les resulte aplicable, acompañando en cada caso la información y documentación que justifique la solicitud, en los términos de las Reglas de Operación.
3. Copia de la evaluación previa realizada por las entidades federativas y/o los municipios que presentaron para recibir los recursos.
4. Copia de las solicitudes que presento el subcomité técnico de la SHCP al Comité Técnico debidamente fundada y motivada, que incluya la justificación de la pertinencia de ejecutar el programa o proyecto.
5. Copia de los siguientes documentos:
a. Marco de referencia del proyecto.
b. Especificaciones del proyecto.
c. Monto del apoyo financiero que se solicita del Fidem, incluyendo calendario de ejecución.
d. Explicación de las etapas y componentes del programa o proyecto.
e. Identificación de otras fuentes de financiamiento, en su caso.
f. Explicación de los objetivos, estrategia y resultados esperados del programa o proyecto.
Esta información se requiere sea entregada en las oficinas de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados y dirigida al suscrito, en su calidad de diputado presidente, en un plazo que no deberá ser mayor de 72 horas, contadas a partir de que le sea notificado el presente punto de acuerdo a la Dependencia, lo anterior en razón de que dicha información debiera ser pública y estar actualizada en su portal electrónico, en cumplimiento a los artículos 9 y 11 tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 296 de su Reglamento, los cuales prevén la obligación por mandato de ley, de la “publicidad de los informes trimestrales que incluirán un reporte del cumplimiento de la misión, fines, y resultados alcanzados de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos”.
Por su parte y en caso de encontrar irregularidad en la información que sea entregada y de considerarlo necesario, el suscrito, en mi calidad de presidente de la Comisión de la Función Pública citaría a comparecer al licenciado Carlos Montaño Fernández, subsecretario de Egresos de la dependencia para que explique de forma clara cuales han sido los criterios de distribución de los recursos y la selección de los proyectos del Fidem y toda la información arriba descrita así como el por qué no se encuentra actualizada la información del el Fidem en el portal electrónico de la SHCP y las causas por las cuales no se puede consultar por el portal de transparencia federal.
Asimismo y en atención a todo lo antes señalado, exhorto al titular de la secretaría para que gire sus instrucciones a efecto de que se actualice en los portales electrónicos de Hacienda, la información relativa al Fidem, señalada en el presente punto de acuerdo.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a comisión.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que rinda por escrito un informe detallado del ejercicio de los recursos asignados para el ejercicio 2011 al Fidem y ejercidos, el cual deberá estar acompañado de la información y documentos descritos en el párrafo tercero del apartado de considerandos del presente y ser entregados en un plazo de setenta y dos horas contados a partir de la recepción del punto de acuerdo, ante el presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados.
Tercero. Una vez recibida la información en la oficina de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, el Presidente de esta determinará si es necesaria la comparecencia del Licenciado Carlos Montaño Fernández, Subsecretario de Egresos de la SHCP ante la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, para que explique los criterios de distribución de los recursos del FIDEM y la selección de los proyectos y procederá a citarlo a comparecer.
Cuarto. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que actualice de manera inmediata la información relativa al Fidem en la página electrónica de la dependencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer a los titulares de la SCT y de la CFE para que expliquen la situación de las redes eléctrica nacional y de fibra óptica ante la sustitución y los recientes robos de cableado de cobre, a cargo de Óscar González Yáñez, en nombre de Ifigenia Martha Martínez y Hernández, diputados del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo como asunto de urgente resolución, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
1. El pasado 16 de enero de 2012, el diario La Jornada publicó diversas noticias signadas por los periodistas Patricia Muñoz y Gustavo Castillo informando que “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó cambiar el cableado de cobre de la red eléctrica nacional por conductores de aluminio, decisión que debilita y restringe la infraestructura de la paraestatal y no le permitirá prestar el servicio de triple play (transmisión de la señal de televisión, telefonía e Internet) por lo que este negocio –que genera más de 8 mil millones de pesos al año– quedaría exclusivamente en manos de compañías privadas” 1 Así la red eléctrica saqueada durante más de dos años por el robo del cableado de cobre... ahora también se verá afectada por la decisión de la CFE.
Se acompañó a dicha información la concerniente a los continuos desmantelamientos del alambre de cobre por la propia entidad, así como el robo por empresas contratistas y particulares y ostensibles ladrones, con evidencias aportadas por trabajadores y vecinos en las delegaciones como Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc, así como en los estados de Chiapas, Tamaulipas, Morelos, México y Puebla.
Esa información actualiza asuntos de primordial importancia respecto a la forma de operación del Gobierno Federal y la paraestatal, así como los graves antecedentes que ocasiona la desaparición de facto de Luz y Fuerza del Centro, dejando sin trabajo a más de 40 mil trabajadores y sin sustento a sus familias.
Asimismo evidencia la continuación de una política económica de prestación de servicios públicos que significa el abandono de las responsabilidades del Estado y la entrega a la iniciativa privada de infraestructura pública y de prestación de servicios que podrían y deberían ser proporcionados por las propias empresas públicas a menores costos, con un mayor alcance y para beneficio de la población.
2. En efecto debe recordarse que, como lo denunció en su oportunidad el Sindicato Mexicano de Electricistas, detrás de los pretextos de altos costos en la empresa y baja productividad que escondieron la decisión de desaparecerla, la verdadera intención era despojarla de la concesión que había obtenido para prestar servicios, mediante la red de fibra óptica correspondiente a la zona centro, sobre la red eléctrica nacional. 2
Por otra parte, la CFE cuenta con una red de fibra óptica a nivel nacional, (puesta en operación el 19 de mayo de 2009) con la cual se pretendía la modernización de las telecomunicaciones, la expansión ordenada y el acceso a los servicios de fluido eléctrico y de transmisión de voz, imagen y servicio de Internet.
Esta red que cubre 34 mil 590 kilómetros cuenta con 30 hilos, de los cuales se usan 6 para los servicios de energía eléctrica y los 24 restantes se podrían destinar a proporcionar el servicio del llamado “triple play”.
De hecho, la CFE cuenta con la división CFE-Telecom que hasta la fecha, aunque en forma incipiente, proporciona servicios a un gran número de empresas de telecomunicaciones. 3 Sin embargo el gobierno federal ha optado, en vez de otorgar la prestación directa del servicio, concesionar mediante contraprestaciones mínimas el uso de esta red a las empresas privadas, por cierto en forma excluyente.
Para empezar este nuevo proceso de privatización la SCT y la CFE convocaron a la licitación de un par de hilos de fibra oscura en 21 mil 208 kilómetros, en 295 segmentos existentes con una longitud total de 19 mil 469 kilómetros y la posibilidad de desarrollar segmentos complementarios que permitirán aumentar la red en mil 739 kilómetros. Para ese propósito la licitación se dividió en tres rutas: Pacífico (8 mil 120 a 8 mil 270 kilómetros); Centro (de 5,789 a 6,304 km.) y Golfo (de 5 mil 560 a 6 mil 634 kilómetros.)
De acuerdo con las bases de la licitación, la disponibilidad de infraestructura tuvo como valores correspondientes, 358.1 millones de pesos, 255.3 millones de pesos y 254.2 millones de pesos respectivamente, o sea un total de 858.6 millones de pesos por la concesión durante 20 años. 4
El único proponente para todo el paquete licitado fue el consorcio conformado por Televisa, Telefónica y Megacable, el cual ofreció 883 millones de pesos por esa infraestructura (3 por ciento más del monto original) con lo cual obtuvo la concesión. 5
3. Las situaciones descritas configuran una problemática que es necesario atender de inmediato, por lo expuesto y porque implican la intención evidente de sustituir la red secundaria de cableado de cobre por la de aluminio, ya que la primera puede ser utilizada como conductor de energía y de servicios de triple play, aplicando la tecnología de Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz, imagen y servicio de internet a través de cualquier línea eléctrica doméstica de baja tensión basada en un modem conectado a cualquier enchufe, como en su oportunidad lo propuso el SME.
En forma concomitante, en cuanto a la red de fibra óptica de la zona centro de mil 100 kilómetros, cuya concesión obtuvo en principio el SME y después de hecho fue revocada, existe una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que ordena al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informar en manos de quien está y qué uso se está dando actualmente a la fibra óptica que debió operar la desaparecida empresa Luz y Fuerza y el SME. 6
Nos encontramos ante una situación insuficientemente explicada, tramitada en forma acelerada y eventualmente con irregularidades que han empezado a enajenar el uso de la moderna infraestructura de telecomunicaciones construida con recursos públicos, que debe ser operada por CFE, la empresa paraestatal constituida para esos fines.
Es decir que la red que permitiría a la CFE, o a cualquier otra empresa pública similar, proporcionar los servicios de transmisión de voz, imagen e internet, no deber abandonarse a los grandes consorcios privados nacionales e internacionales, lo cuales en vez de preocuparse por generalizar el servicio lo destinarán para obtener rápidas y elevadas ganancias.
Ante esas circunstancias en las redes principales de fibra óptica se añade, en las redes secundarias, la sustitución arbitraria, antieconómica y perjudicial para los consumidores que, a partir de la sustitución o el franco robo de los conductores de cobre se utilicen los de aluminio, menos eficientes y que no permiten el servicio múltiple, propiciando la instalación de la fibra óptica para las conexiones domiciliarias sólo en beneficio de las grandes empresas privadas en un mercado de naturaleza monopólica.
Por último, subsiste en el país la incertidumbre respecto al uso y destinatario de la red de fibra óptica de la zona centro y metropolitana de la Ciudad de México que había sido concesionada al SME y de la cual fue despojado y esa problemática parece haber sido el principal motivo para desaparecer Luz y Fuerza del Centro.
Por las consideraciones señaladas sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer en forma conjunta al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez-Jácome Friscione y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, maestro Antonio Vivanco Casamadrid, para que expliquen:
1. La situación de la red pública y de fibra óptica para la transmisión de energía eléctrica, voz, imagen y servicio de Internet, su forma de utilización actual y las perspectivas para la expansión de este servicio público fundamentado en la Constitución.
2. Las causas, alcances, costos y beneficios de la sustitución del cableado de la red nacional de energía eléctrica de conductores de cobre por aluminio y el destino del material sustituido.
3. La situación existente a ese respecto en la zona centro, anteriormente atendida por la empresa Luz y Fuerza del Centro; en particular los robos de los cables de cobre, la situación de los mil 100 kilómetros de red de fibra óptica existente en esta zona y las perspectivas del servicio de transmisión de energía eléctrica y de voz, imagen e Internet, o sea del denominado triple play.
Notas
1 En el fondo de esta trama están los negocios millonarios que han surgido por estos mercados ilegales de cobre y el hecho de que, según expertos financieros, la industria del triple play está valuada en 30 mil millones de dólares y genera más de 8 mil millones de pesos al año en México, al disputarse más de 4 millones estimados de usuarios de acuerdo con estimaciones de la SCT. (Idem)
2 El Sindicato Mexicano de Electricistas acusó que el verdadero motivo por el cual se decretó el 11 de octubre de 2009 la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue ceder la explotación comercial de empresas privadas de la red pública de fibra óptica. La Jornada, octubre 12 de 2009.
3 Por el usufructo de la red de fibra óptica, en 2010 la CFE obtuvo ingresos por 266 mil 984 millones de pesos, pero al descontar los gastos de operación, depreciación y amortización y otros, la utilidad neta se reduce a solamente 103 mil 401 millones de pesos. (Acrestapp, Abril 24 2011, Noticias Mexico vía La Jornada) .
4 SCT lanza licitación de fibra óptica de CFE, Notimex, El Universal, Ciudad de México, martes 26 de enero de 2010. México: Un paso por atrás en el acceso a Internet, publicado en Revista Universitaria Francisco Javier Montaño Contratiempo febrero 3, 2010.
5 Televisa gana licitación de fibra óptica, jueves 10 de junio de 2010 El Universal, Angelina Mejía.
6 Ciudad de México, jueves 7 de octubre de 2010, Francisco Reséndiz, El Universal.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 25 de enero de 2012.
Diputada Ifigenia Martínez y Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a resolver la gran problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
En el campo de nuestro país, México vive una de las etapas más dramáticas, desde que se inició la Revolución Mexicana de 1910. A pesar de los grandes avances para acabar con la desigualdad, la injusticia, la pobreza y la desnutrición sus rezagos fueron acompañadas de la desinversión y paradójicamente la reconversión productiva privilegió a la agricultura de exportación, dejando abandonadas a las regiones temporaleras y desérticas del país.
De los doscientos millones de hectáreas, ciento cinco corresponden a la propiedad social compuesta por ejidos y comunidades. Setenta corresponden a pequeños propietarios y en ambos domina un minifundismo con un promedio de 20 a 5 hectáreas y un alto porcentaje de 5 a una hectárea o menos.
Las políticas impuestas por los dictados de la globalización, han originado una profunda y peligrosa desigualdad social, los fenómenos de migración masiva, y de deterioro de las familias afectan ya su estructura. El narcotráfico penetra en el campo y se corre el peligro de que sus perversos actores involucrados en el crimen organizado sustituyan a las instituciones financieras y de crédito, ante la desesperación de los campesinos.
Los programas asistenciales propuestos por el Ejecutivo Federal son insuficientes, dispersos y fragmentados que no significan en la práctica más que un paliativo a la miseria, hambre y la desocupación. La economía rural dependiente de los recursos que provienen de las remesas de los campesinos en el exterior, ante el impacto de esta crisis pueden derrumbarse y a su vez configurar un panorama desesperanzador de nuestros connacionales que tendrán pronto que regresar a nuestro país.
La crisis mundial ha mostrado ya sus efectos en lo nacional. La población campesina no puede quedar desamparada ante los embates futuros de profundización de la pobreza y el deterioro dramático de su escasa capacidad de compra. El riesgo de hambrunas regionales está presente, por lo tanto debemos afrontar estos hechos con imaginación y solidaridad hacia nuestros campesinos.
Aunado a todo lo anterior, nos encontramos ante una delicada situación derivado de la gran problemática provocada por la sequía que afecta a más de la mitad del campo mexicano y que aflige a todo el país. Hemos manifestado en diferentes ocasiones, ante esta honorable tribuna, nuestra gran preocupación por la crisis agroalimentaria que hoy es un factor que impide nuestro crecimiento económico, por lo que consideramos impostergables se implementen políticas que impulsen al campo y aumenten el ingreso de nuestros campesinos.
Cabe mencionar, que más de mil 200 municipios en México, fueron afectados en 2011 por la sequía y a finales de ese año, la mitad del país sufrió daños por alguna condición de ese fenómeno climático, que en algunos estados llegó a significar la peor sequía desde 1941.
Ante la gran insensibilidad por parte del gobierno federal en el sector agropecuario y la omisión a las propuestas por parte de los legisladores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la mayoría de los gobernadores, con el objeto de crear un fondo para reparar los daños causados por el cambio climático, un grupo de organizaciones campesinas de diversos Estados del Norte del país, realiza una comisión denominada “Caravana del Hambre” integrada por de más de dos mil afectados, quienes exigen al gobierno federal lazar una declaratoria de emergencia por las sequías y protestan ante el incremento del 44 por ciento de los productos de la canasta básica y la insuficiencia de recursos para enfrentar los estragos de la misma.
Si bien, el gobierno federal ha implementado acciones en los últimos días, éstas no son suficientes para lograr atender el desabasto de alimentos y detener la hambruna en la que permanecen millones de mexicanos, lo que nos obliga a hacer un nuevo llamado a las autoridades para ampliar y establecer estrategias que permitan solventar la situación extrema que viven los campesinos afectados.
Por lo expuesto, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que de manera urgente de solución a la gran problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano en el país.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2012.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que informe del avance de las investigaciones sobre la deuda pública de Coahuila y resuelva con la mayor brevedad las denuncias presentadas al respecto, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la república de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con moción de urgente resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la alarmante deuda pública del estado de Coahuila y resuelva a la brevedad las denuncias presentadas sobre este respecto.
Consideraciones
1. El 18 de agosto de 2011, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza aprobó una iniciativa de decreto por medio del cual se reconoció la cantidad de 34, 665 millones de pesos como deuda pública estatal, autorizándose llevar a cabo operaciones de refinanciamiento para su posterior pago y dejando en claro, a través del Ejecutivo estatal, que el monto de deuda pública fue contraída durante la administración desde el año 2006 a 2010, destinándose a proyectos de inversión productiva y la construcción de infraestructura en beneficio de la población coahuilense, aunque nunca se precisa cuáles ni se justifica el crecimiento desorbitante de la deuda pública.
Así también, el citado decreto reconoce como deuda pública recursos obtenidos por préstamos a ser pagados en plazos 20 y 30 años, situación que incrementará la deuda entre 15 y 20 mil millones por el costo financiero del refinanciamiento, que fueron contraídos por el gobierno de Humberto Moreira Valdés sin la autorización del Congreso del estado, como lo marcaba la ley al momento de contratar el préstamo, situación que deja latente una violación a la normatividad de la entidad y más, cuando en su primer informe de gobierno, el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés señaló que había recibido la administración con una deuda de cero pesos.
Lo anterior, refleja una administración deficiente, opaca, y contraria en todo sentido a la rendición de cuentas que en todo Estado de derecho debe prevalecer y de un gobierno que hizo de su práctica el pedir prestado al margen de la legalidad, pues además de violentar su marco interno dejó de lado lo señalado en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que las entidades no pueden contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
Asimismo, en su segundo párrafo, expresa que solamente podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones productivas, conforme a las bases que al efecto establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en sus respectivos presupuestos.
Por su parte, la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, retoma los principios señalados en la Constitución federal y da competencia, en su artículo 67, fracciones XIV y XXXIII, al Poder Legislativo local para establecer mediante una ley, las bases conforme a las cuales el Estado podrá contraer obligaciones y empréstitos, estableciendo en el Presupuesto de Egresos las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores.
Asimismo, señala en su artículo 82 la posibilidad de que el Gobernador del Estado contrate obligaciones o empréstitos, asegurándose que estos estén destinados a inversiones públicas productivas y que los contratos correspondientes se celebren conforme a las bases legales, conceptos y montos que establezca el Congreso del estado.
En ese sentido, las respectivas Leyes de Ingresos del estado de Coahuila de Zaragoza, para los ejercicios fiscales de 2006 a 2011, señalaron que se autorizaba al Ejecutivo estatal a contraer diversos endeudamientos, conforme a lo siguiente:
Ejercicio Monto de endeudamiento autorizado
2006 250’000,000.00
2007 1,250’000,000.00
2008 1,000’000,000.00
2009 0.00
2010 1,753’000,000.00
Total 4,253’000,000.00
Aunado a lo anterior, mediante decretos números 153, 510, 440, 443 y 534, publicados en el Periódico Oficial del Estado, se autorizó al Ejecutivo Local un endeudamiento total por 9,753’000,000.00 millones de pesos que conforman la deuda pública pagadera a largo plazo.
Como se lee, los montos de deuda autorizados por el Congreso del Estado y por ende, apegados a derecho, fueron infinitamente inferiores al reporte que señala el monto de la deuda contraída por el señor Humberto Moreira Valdés, en una innegable violación a las normas constitucionales.
2. En el mes de junio de 2011, se hicieron públicos los actos de corrupción de quien fuera secretario de Operación y Administración del Gobierno de Coahuila y uno de los colaboradores más cercanos del entonces Gobernador Humberto Moreira Valdés, quien incrementó desproporcionalmente sus ganancias y aumentó inexplicablemente su patrimonio a partir del año de 2007, cuando de acuerdo a la información pública esta persona obtenía un salario de 30 mil pesos mensuales, presumiéndose que probablemente desvió recursos públicos que ahora son deuda pública estatal y que deben ser pagados por toda la población del estado.
Asimismo, la Fiscalía del estado investiga otra denuncia penal presentada en contra de quien fuera secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila y de quien resulte responsable, por haber tramitado dos créditos por un monto de 3 mil millones de pesos, sin autorización del Congreso del estado, empleando de forma fraudulenta dos falsos Decretos, como se demostró con los documentos identificados con los folios SATEC/265/2011, del 16 y 29 de marzo de marzo de 2011, en los que se hace referencia a una autorización legislativa para contratar dos créditos, uno por dos mil millones de pesos y otro por un mil millones de pesos.
Finalmente, como una muestra de la legitimidad de realizar una exahustiva investigación del tema, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha presentado tres denuncias penales ante la Procuraduría General de la República contra quienes resulten responsables de contratar créditos bancarios con irregularidades en el gobierno de Coahuila, al ser utilizados documentos alterados y falsificados, con monto aproximado de 5,400 millones de pesos.
3.- En lo concerniente a la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo Estatal, es de señalar que los informes de gobierno y las Cuentas Públicas rendidas al Congreso del Estado no dan cuenta real del excesivo y, por ende, ilegal endeudamiento adquirido por los dirigentes del Estado.
En virtud de ello y como medida que auxilie a contrarrestar el gran déficit fiscal y ocultar todos los actos violatorios de la Ley que han sido descritos, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza aprobó una nueva Ley estatal de Deuda Pública que permite la contratación de empréstitos de forma directa sin la autorización previa del Congreso local e incluso contiene disposiciones de aplicación retroactiva en relación con la contratación de empréstitos realizados por el Ejecutivo local sin la autorización del Congreso estatal.
Dicha ley, como se señala, contiene disposiciones violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente del Artículos 117 Fracción VIII y de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, como los artículos 67 fracciones XIV y XXXIII, 82 Fracción V y 158-P, pues en ellas se exige como requisito indispensable para la contratación de deuda y en materia de empréstitos, la previa autorización del Congreso local a fin de establecer un mecanismo de control entre los órganos del Estado.
4. Derivados de todos estos actos, el 30 de diciembre de 2011, Legisladores del Partido Acción Nacional interpusieron denuncias en la delegación de la Procuraduría General de la República del Estado de Coahuila y la Fiscalía General del Estado por delitos relacionados con la omisión, uso indebido de funciones contra varios funcionarios de la anterior administración estatal y los que resulten durante los seis años de gobierno.
Asimismo, el 11 de enero de 2012, Legisladores del mismo partido político presentaron una nueva denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, en contra de funcionarios priístas de Coahuila de la pasada administración, encabezada por Humberto Moreira Valdés, por los delitos de ejercicio indebido de servicio público, presunta coalición de servidores públicos, uso de atribuciones, facultades y falsificación de documentos en general.
En total desde que se dio a conocer el multicitado acto de ilegal endeudamiento estatal, se han presentado tres denuncias por parte de legisladores y cinco por la Procuraduría fiscal, por lo que es necesario solicitar respetuosamente que se agilícela investigación y se rinda un informe detallado al Congreso de la Unión sobre el resultado de las investigaciones.
Por todo ello, la urgencia de que los hechos descritos a lo largo del presente escrito sean esclarecidos, señalando culpables con nombre y apellido del innegable atropello que han sufrido los coahuilenses a través de la irreal deuda pública que la anterior administración estatal ha generado.
Es por lo anterior, que se estima conveniente exhortar a la Procuraduría General de la República para que rinda ante el Congreso de la Unión, un informe detallado sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la inexplicable deuda pública que presenta el Estado de Coahuila a partir de la pasada administración estatal y resuelva lo conducente.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que informe al Congreso de la Unión sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la alarmante deuda pública del estado de Coahuila generada en la pasada administración estatal, encabezada por Humberto Moreira Valdés; asimismo, se le exhorta a que resuelva a la brevedad las denuncias presentadas sobre este respecto.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.
Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emmanuel Lubezki por sus nominaciones a los premios Óscar por su trabajo en las películas Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente, suscrita por los senadores María de Lourdes Rojo Incháustegui y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
De las industrias culturales, la cinematografía mexicana es una de las que tiene mayor relevancia mundial; desde sus inicios, ido a la vanguardia en la industria fílmica e, incluso, como alguna vez dijo Gabriel García Márquez, el cine mexicano nos ha enseñado a soñar, ser y cantar, esto es, ha sido un modelo para los latinoamericanos, cineastas o no.
A pesar de sus naturales altibajos, el cine nacional ha sido generador de artistas y técnicos cuya calidad habla del muy alto talento artístico de los mexicanos, en especial en la cinematografía, lo cual se ha visto reflejado por los reconocimientos internacionales más importantes a nuestras producciones y a quienes las realizan, como ocurre ahora, cuando la Academia de Cine de Estados Unidos, ha nominado para el premio Oscar una vez más a destacados mexicanos, como ocurre con Demián Bichir y Emmanuel Lubezki, por Mejor Actor y Mejor Fotografía en relación con los filmes Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente.
En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de este honorable pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos resuelve felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emmanuel Lubezki, por su nominación al Oscar por Mejor Actor y Mejor Fotografía, en las películas Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente.
Dado en San Lázaro el 24 de enero de 2012.
Senadores: María de Lourdes Rojo e Incháustegui (rúbrica), José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a agilizar los trabajos de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, así como las presentadas en la Cámara de Diputados y turnadas a ese órgano legislativo, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo primero, fracción I, 79, 100 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para que en uso de sus facultades, agilice los trabajos de dictamen de la iniciativa presentada por el senador Alfonso Elías Serrano por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La discriminación es una forma de violencia pasiva que consiste en dar un trato desfavorable, humillante o de desprecio a determinada persona o grupo. El prejuicio a cierto tipo de comunidades hace que los individuos que pertenecen a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. Son generalizados y rechazados por la intolerancia, odio e ignorancia.
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son altamente negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a afectaciones psicológicas, deficiente desarrollo emocional, conductas antisociales, autoflagelación, descomposición del tejido social, desempleo, exclusión social, e incluso a sufrir actos de violencia física y moral, y en casos extremos, a perder la vida.
Por ello, en nuestro país, la no discriminación se ha constituido como un derecho fundamental, como una garantía individual que el Estado mexicano está obligado a hacer cumplir y a respetar en todas las instancias, en el que ha avanzado en la prevención y erradicación de esta problemática.
En este sentido, recientemente presenté ante esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, que tiene como objeto fortalecer al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, dotándolo de herramientas jurídicas para sancionar la comisión de actos discriminatorios a quienes en uso de sus atribuciones como servidores públicos discriminen a cualquier persona, a fin de alcanzar una sociedad más igualitaria y sin prejuicios.
De igual manera, legisladores de diversos grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, han presentado diversas iniciativas, que han tenido como objeto fortalecer el marco jurídico y regulatorio para prevenir y eliminar toda forma de discriminación.
Una de estas iniciativas fue la que presentó, en fecha 26 de octubre de 2010, el senador Alfonso Elías Serrano, en la que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para prevenir y erradicar la Discriminación, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, misma que incorpora grandes avances al marco normativo a lo no discriminación, y que se encuentra actualmente en proceso de dictamen en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Dicha iniciativa tiene como objeto sancionar las conductas discriminatorias hacia los grupos más desprotegidos de la sociedad, por lo que se incorpora a la legislación federal las figuras tales como: las sanciones de multa, clausura de establecimientos, suspensión o revocación de permisos, licencias, autorizaciones y concesiones a los particulares que cometan actos y omisiones discriminatorios; la responsabilidad administrativa en el caso de servidores públicos que incurran en estas conductas, y la indemnización que habrá de pagar la autoridad pública al afectado por las acciones discriminatorias de sus funcionarios.
No omito manifestar que en los trabajos del proceso de dictamen en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de dicha iniciativa, ha participado el Conapred a invitación de dicha comisión.
Es por ello que este tema no puede ni debe ser soslayado, ya que lo que está en juego es la protección de la persona humana para erradicar la discriminación en nuestro país.
Como vemos existe una preocupación compartida en ambas Cámaras del Congreso y por las distintas fuerzas políticas representadas, para que el Conapred esté dotado de instrumentos jurídicos que garanticen la igualdad y el respeto a la dignidad de todo ser humano, en concordancia con los cincuenta y cuatro tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, pero sobre todo, con la sensibilidad que amerita este tema en beneficio de los mexicanos.
Por lo anterior, se hace necesario que se agilicen los trabajos de análisis, discusión y dictamen de la iniciativa presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, para estar en posibilidad de que la Cámara revisora pueda aprobarla en esta legislatura, lo anterior, en aras de otorgar una mayor protección a los grupos vulnerables y a la población en general para erradicar todo tipo de discriminación, por ello sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta, respetuosamente, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para que en uso de sus facultades, agilice los trabajos de dictamen de la iniciativa presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, en fecha 26 de octubre de 2010, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, así como aquellas presentadas en la Cámara de Diputados y turnadas a ese órgano legislativo.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2012.
Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la colocación de un muro en el Palacio Legislativo de San Lázaro donde se exhiban fotografías de niñas, de niños y de mujeres desaparecidos por posible trata en las entidades federativas; a la difusión permanente por el Canal del Congreso de cápsulas con las imágenes de esas posibles víctimas; y al exhorto al fiscal general de Chihuahua a atender las denuncias de víctimas desaparecidas formuladas por familiares y organizaciones de la sociedad civil y a castigar a los responsables, suscrita por la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, 113 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Comisión Permanente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Un estudio realizado por Fabiola Vargas Valencia, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, refiere que cada semana, en la madrugada, por cinco rutas distintas, llegan a Tijuana, Baja California, autobuses y aviones con decenas de niñas y mujeres de entre 3 a 65 años de edad para ser forzadas a prostituirse.
La investigación identificó cinco rutas de tratantes de personas, una de ellas es trazada desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y Sonora, pasando por Nogales, Caborca y Agua Prieta. Testigos consultados por la citada investigadora, refieren que algunas de esas mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez.
2. Marisela Ortiz, María Luisa García Andrade y Norma Esther Andrade, fundan la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC). Y en compañía de otras organizaciones realizaron movilizaciones insistentes para ampliar los frentes de su denuncia y su fundamento: exigir justicia plena a autoridades locales y federales. A principios de 2003 fueron hallados una docena de cuerpos en la periferia de Ciudad Juárez, Chihuahua, incrementando la indignación y energía de esas demandas.
Esta misma organización, denunció en enero de 2011, ante medios de comunicación, la posibilidad de trata de personas en Ciudad Juárez; y que datos referidos en el antecedente 1 del presente punto de acuerdo, ubican a este municipio como parte de una de las rutas de tratantes de personas.
3. El gobierno federal elaboró el programa integral contra la violencia en Ciudad Juárez, cuyos resultados fueron mínimos, a juicio de organizaciones no gubernamentales de Chihuahua, en contraste con el despliegue de publicidad y propaganda cuando se difundió su contenido, el que se enfocó en la asistencia a la familia de las víctimas y vigilancia temporal de un contingente de la entonces Policía Federal Preventiva.
4. En 2003, se creó la Fiscalía Mixta, entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua y la Procuraduría General de la República, nombrándose comisionada especial a Guadalupe Morfín, ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a fin de restablecer el tejido social en Ciudad Juárez.
5. Por invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, viajó hacia finales de 2003 a Ciudad Juárez un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, para elaborar un diagnóstico sobre las acciones policiaco-judiciales de las autoridades mexicanas.
6. Al activismo social y divulgación de nueva información en la prensa sobre casos de feminicidio en Ciudad Juárez, se sumó el informe de Amnistía Internacional de agosto de 2003, registrando más de trescientos homicidios dolosos, un centenar de homicidios en serie, y cuatrocientas desaparecidas entre 1993 y 2003.
7. En 2004, la Procuraduría General de la República nombró a María López Urbina, como fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Ciudad Juárez, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad.
8. En marzo de 2004, se reportaron escasos avances, aunque se brindó asistencia a familias de víctimas e intentó atenuar la violencia en esa frontera norte, a ese mes y año ya había pendientes de resolución, un centenar de homicidios contra mujeres, de los más de trescientos, que según datos de organizaciones no gubernamentales ocurrieron entre 1993 y 2003.
9. El viernes 22 de julio de 2011, agentes de la Policía federal y de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua detuvieron en Ciudad Juárez a 500 hombres y 530 mujeres, es decir un total de mil treinta personas, por su presunta responsabilidad en los delitos de explotación sexual y trata de personas, y localizaron a veinte mujeres menores de edad, que eran explotadas sexualmente en bares y hoteles de la zona.
10. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para continuar las investigaciones, y hacer el cruce de información con Plataforma México, para conocer si cuentan con antecedentes penales y mandamientos ministeriales o judiciales.
El operativo se dio como parte de la Alerta Amber, un programa que inició en Estados Unidos de América y se ha ido extendiendo a varios países, entre ellos México, que involucra organizaciones sociales, ciudadanos y autoridades en la búsqueda de menores de edad que son reportados como robados o desaparecidos.
11. Al concluir el operativo referido en el antecedente 10 de la presente, padres de menores desaparecidas solicitaron ayuda a la Fiscalía General, con la esperanza de localizar a sus hijas. La activista María Luisa García Andrade, directora de la organización no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa, declaró que precisamente en ese mes de julio, desaparecieron cuatro adolescentes en el centro de Ciudad Juárez, todas con el mismo perfil. Que generalmente ocurren esas desapariciones en calles aledañas a la catedral, cuando acuden en busca de trabajo o a comprar algo; que se trata de personas de tez morena clara, delgadas, 1.65 metros de estatura y cabello ondulado.
Meses atrás, la organización referida, denunció que en la zona centro existe una red de trata de personas, que por eso es que ya tiene conocimiento la autoridad competente. En ella señalan nombres y domicilios de los involucrados en la mencionada red. Esa denuncia provocó que María Luisa García Andrade y Marisela Ortiz, recibieran amenazas de muerte.
12. También, el 2 de diciembre de 2011, la activista Norma Esther Andrade, de cincuenta y un años, madre de María Luisa García Andrade, fue baleada cuando abordaba su camioneta para trasladarse a su trabajo, en compañía de sus dos nietos menores. Un hombre le disparó en cinco ocasiones, causándole heridas en el torso, el hombro derecho y la mano derecha.
13. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, reporta que en los últimos dos años han sido asesinados en Chihuahua cinco activistas por el crimen organizado y otros doce han abandonado el país.
A pesar de que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función de la federación, Distrito Federal, estados y municipios, el gobierno del estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía General, no ha obtenido resultados significativos en la investigación y persecución de estos delitos.
14. Ante el grave problema de desapariciones e impunidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 14 de enero de 2012, familiares de mujeres desaparecidas se concentraron a las 9 de la mañana frente a la Fiscalía General zona norte, para develar el Mural de mujeres jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez, con 80 de esos rostros.
15. En ese mismo lugar, la suscrita, en mi carácter de presidenta de la Comisión Especial de Trata de personas, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, afirmó que en dicho municipio hay trata de personas. Que ella vio a menores de edad a las dos de la madrugada en la zona de tolerancia. Que no cree, que estén por voluntad propia y que es imposible que las autoridades estén ciegas y no se den cuenta.
La diputada asumió el público compromiso de dar seguimiento a los casos de desapariciones y exigir a las autoridades que investiguen.
16. El día señalado en el antecedente 14, familiares de ausentes y asesinadas, se dirigieron después del referido acto, hacia el puente internacional de Santa Fe, donde junto con el Comité de Madres y Familiares de hijas desaparecidas, protestaron por la falta de resultados en las investigaciones de las desapariciones y asesinatos. Se apostaron al lado izquierdo del puente, a lo ancho de dos casetas cerradas por Caminos y Puentes Federales, para reiterar la denuncia de falta de resultados y de investigación por la fiscalía, elevaron una oración para pedir por los ausentes y colocaron varios clavos más sobre la cruz rosa, instalada a medio puente, como símbolo de las más recientes desapariciones.
17. La trata de personas con fines sexuales, es el tercer negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial, después del tráfico de drogas y armas. Genera al año diez mil millones de dólares.
18. México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales relacionados con la protección de las víctimas de los delitos, entre los que se encuentra la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que establece que cada estado parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, mediante el suministro de alojamiento adecuado, asesoramiento e información, en particular en relación con sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; asistencia médica y psicológica; así como la posibilidad de adoptar medidas apropiadas que permitan a las víctimas de trata de personas permanecer en su territorio temporal o permanentemente, cuando proceda.
19. El 17 de febrero de 2009, se suscribió el Convenio Marco, cuyo objeto es establecer las bases de actuación coordinada e intercambio de información a fin de fortalecer y consolidar las redes de atención a las víctimas del delito a nivel nacional, en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En su suscripción participaron las siguientes dependencias federales: Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Procuraduría General de la República.
Considerandos
Primero. Que la indiferencia y falta de resultados de autoridades competentes en los casos de desapariciones y homicidios en Ciudad Juárez, estimula la creación de asociaciones civiles como la de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fundada por familiares y amistades de jóvenes desaparecidas o asesinadas en Chihuahua, para orientar a las familias afectadas, reclamar justicia jurídica y social para ellas, por medio de diferentes acciones, promover programas de rehabilitación ocupacional a fin de atender la salud física y afectiva de integrantes de dichas familias que lo soliciten.
Segundo. Que la impunidad que caracteriza a estos delitos en Ciudad Juárez, estimula a la delincuencia, para continuar cometiendo delitos de explotación sexual y trata de personas, así como de amenazas y atentados contra vidas humanas de familiares de esas víctimas que han desaparecido o se han hallado muertas. Esa victimización y re victimización en contra de mujeres que residen o trabajan en el municipio de Ciudad Juárez, produce descomposición del tejido social en los diversos ámbitos de convivencia.
Más grave aún, cuando ante la pasividad de autoridades encargadas de investigar, los gobernados han tenido que organizarse desde la sociedad civil, para investigar y denunciar, han recibido amenazas y atentados contra su integridad física y contra su vida.
Tercero. Que desde el seno del Congreso de la Unión, diputados y senadores, hemos sumado la pluralidad ideológica, para construir en el marco constitucional, los fundamentos para una legislación sólida, coordinada, articulada y homologada en la prevención y combate a la trata de personas, siempre teniendo presente, que la prioridad en la atención son las víctimas y sus familiares.
Cuarto. También, hemos condenado de forma reiterada y enérgica, la pasividad en las investigaciones de casos denunciados de homicidios y desaparecido, así como la falta de sensibilidad y atención oportuna a casos de activistas de la sociedad civil, que han sido víctimas de atentados, contra su integridad física y contra su vida, al denunciar casos y lugares donde operan tratantes de mujeres menores y mayores de edad.
Quinto. Aunque en general, la trata de personas es un delito que se comete sobre todo al amparo de la invisibilidad y de la impunidad, debido a que la gran mayoría de sus víctimas provienen de contextos en los que difícilmente pueden conocer plenamente sus derechos, y exigir su cumplimiento, a nivel global, la trata con fines de explotación sexual continúa siendo la modalidad más visible. De los casos identificados, 79 por ciento corresponden a explotación sexual y 18 por ciento, a explotación laboral.
Sexto. Ahora, es necesario avanzar en esas muestras de solidaridad con víctimas y familiares, haciendo visibles los rostros de quienes continúan desaparecidos, para que ni a legisladores ni a autoridades se nos olvide que estamos ante un delito y una forma de esclavitud que amerita multiplicar esfuerzos para su incansable búsqueda, ante la posibilidad de que estén siendo explotadas por tratantes o redes de ellos.
Séptimo. Que las herramientas con las que cuenta el Congreso de la Unión para difundir las tareas legislativas, como su canal televisivo, amplían el sentido y justificación de su creación y financiamiento con recursos públicos sí se difunden imágenes de esas víctimas desaparecidas como señal de solidario y efectivo auxilio para buscarlas.
Por ello, se propone que se multipliquen los espacios de difusión directa y permanente de las fotografías correspondientes, a través del Canal del Congreso, que reconforten y abran una valiosa puerta a la esperanza de localizarlas.
Octavo. Que a estas propuestas, sumamos la exigencia a las autoridades competentes de los tres niveles de Gobierno, para que en su ámbito de competencia investiguen para detener y castigar a tratantes y redes dedicadas a la trata de personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, acuerda la colocación de un muro en un espacio visible de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el que se exhiban fotografías de niñas, niños y mujeres desaparecidos por posible trata de personas, acontecidos en las entidades federativas del país, que hagan llegar familiares de ellos.
Segundo. Que el Canal del Congreso, difunda de manera permanente, cápsulas con las imágenes de esas posibles víctimas de trata de personas, así como los datos de las instancias competentes para formular denuncias.
Tercero. Se exhorta al licenciado Carlos Manuel Salas, fiscal general del estado de Chihuahua, para que atienda las denuncias acerca de víctimas desaparecidas, en particular, las que han formulado familiares de ellas y organizaciones de la sociedad civil, y agilice las investigaciones y coordinación de acciones con otras instancias competentes, para detectar victimarios y redes de trata de personas y aplicarles las penas correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero del 2012.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Comentarios relativos al Día Mundial de la Educación Ambiental, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Hoy venimos a esta tribuna con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental, exhortando a cada miembro del parlamento a actuar en la preservación y cuidado de nuestro medio ambiente, mismo que es indispensable para la subsistencia del ser humano.
Es por todos conocida la dañina relación que llevamos con el medio ambiente. El uso creciente y no moderado de los recursos naturales están provocando las consecuencias que predecíamos hace décadas.
Es evidente que la capacidad tecnológica para aprovechar tales recursos está mucho más desarrollada que la sensibilidad hacia tales usos, lo que crea un conflicto permanente entre lo que es posible hacer y lo que es más conveniente; es decir, entre el consumo del recurso y manejos conservadores que permitan un uso racional del mismo.
Es importante recordar que el mundo está viviendo una serie de problemas como la explosión demográfica, y degradación del medio ambiente por el exceso en el consumo de los recursos naturales.
Es por lo anterior que nos encontramos sumergidos en uno de los problemas más graves que mantienen en un nivel de preocupación elevado a diversas instituciones y organizaciones mundiales: la contaminación global y la pérdida de biodiversidad.
Es indispensable recordar que la pérdida de biodiversidad y la lenta pero continua destrucción de la capa de ozono, han provocado el cambio climático observado en las últimas décadas. Todos estos problemas tienen un impacto negativo que no es necesario remarcar, ya que diariamente observamos con plena obviedad los cambios que sufre nuestro planeta.
Sin embargo, el origen de todos estos inconvenientes es la falta de conciencia y consideración hacia nuestro medio ambiente; la falta de una educación ambiental que nos enseñe a interactuar correctamente con nuestro entorno natural, y que sobre todo, nos permita deshacernos de la errónea idea de considerar el medio ambiente al total y pleno servicio del hombre.
Nuestro grupo parlamentario está convencido de que la contaminación de los ecosistemas y la degradación de los elementos naturales, deben obligar a la sociedad, instituciones y organizaciones nacionales o mundiales a demandar enérgicamente acciones concretas que permitan garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, de tal forma que se protejan eficazmente los elementos naturales.
Es indiscutible que el derecho del ser humano a un medio ambiente equilibrado y sano constituye un derecho fundamental de la persona, reconocido constitucionalmente en la mayoría de los países, por ello, debe ser estrictamente respetado. El avance científico y la tecnología han hecho que este derecho esté siendo vulnerado, porque el hombre de estos tiempos con su vasto conocimiento, está en plena capacidad de destruir el medio ambiente si así lo quisiera.
Sin embargo, existen normas nacionales e internacionales que defienden y consolidan el derecho que tiene la persona humana a vivir en un medio ambiente sano. Es así que el derecho a un ambiente sano ha dejado de ser asunto de uno o dos estados, para pasar a ser un tema de interés mundial, un tema que por su importancia ha hecho posible que los estados del mundo fomenten programas conjuntos dirigidos a la defensa de un derecho fundamental que hace y hará digna la vida del hombre.
En el caso de México, la contaminación incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual, han implicado que un número muy importante de personas en México carezcan de un suministro suficiente de agua, y de servicios adecuados de saneamiento.
Es por lo anterior que nuestro grupo parlamentario ha venido impulsando reformas al artículo 4o. desde hace varios años, refrendando el compromiso del Partido Verde con la ciudadanía:
[...] “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” [...]
Sin embargo, aún hay mucho por hacer y la educación ambiental, es un ejemplo claro de acciones concretas que además de generar conciencia social y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénicas, es un mecanismo pedagógico que infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas.
Los procesos y factores físicos y químicos, así como biológicos, la reacción de los anteriores, la relación e intervención entre sí dentro del medio ambiente, son otros de los tópicos que difunde la Educación Ambiental (EA), todo esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos sus procesos productivos mediante técnicas limpias, el desarrollo sostenible.
El concepto ampliamente difundido que se tiene acerca del desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades de que las futuras generaciones satisfagan las propias. El desarrollo sostenible vinculado al presente proceso pedagógico ha de ser interpretado desde aquellos puntos fundamentales como es la promoción de la vida, que es todo lo que permita conservar, promover y fomentar la existencia en nuestro planeta.
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el objetivo principal es promover cierto equilibrio dinámico que consiste en crear una sabiduría integral de la naturaleza; la convergencia armónica con la tierra viva; la ética integral, la cual representa un cambio profundo de la mentalidad, los conceptos y los valores; el impulso de una racionalidad intuitiva que busca una conciencia para fundamentar comportamientos sociales como son: la colaboración, solidaridad, cooperación, coordinación, comunicación, compañerismo, colectividad y sentido de comunidad, finalmente la conciencia planetaria, donde se pretenda ser parte integrante del planeta y logrando una concientización del desarrollo sostenible (Wong,1999).
Sin embargo, la educación ambiental no ha demostrado ser totalmente eficaz, es imperativo garantizar que dicha participación y conciencia ciudadana, se dé en cada rincón de nuestro país.
Es fundamental establecer medidas para incrementar la eficiencia del consumo de los recursos naturales, la medición, el cobro de cada uno de ellos, el aprovechamiento de la lluvia, la recarga de mantos, la reutilización y el reciclaje, garantizando de esta forma un saneamiento de nuestro entorno natural a largo plazo.
En el Partido Verde Ecologista de México estamos plenamente convencidos de que podemos encaminar diversas acciones concretas como la educación ambiental y el impulso de políticas públicas que frenen el deterioro y el desabasto de nuestro medio ambiente, ya que debido a la situación ambiental en la que nos encontramos inmersos, para nosotros la disponibilidad, saneamiento y conservación del medio ambiente no sólo son un tema de orden público, sino también de seguridad nacional.
Por su atención, Muchas Gracias.
Recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)