Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3432-IV, miércoles 18 de enero de 2012


Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar la aplicación de programas y recursos contra la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que padecen los rarámuris de la sierra Tarahumara, así como a implantar políticas que contribuyan a abatir el rezago social en la región, suscrita por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción I y II, numeral 2, fracciones I, II y III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para instrumente –de manera inmediata– la aplicación de programas y recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que atraviesan los raramuris de la Sierra Tarahumara; e implemente políticas públicas eficientes y eficaces que contribuyan a abatir el rezago social en esa región, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En últimos días cientos de mexicanos se han solidarizado con los raramuris de la Sierra Tarahumara al conocer la severa hambruna que hay en esta sierra. Tanto la sociedad civil, el gobierno del estado de Chihuahua, gobiernos estatales y el gobierno federal han llevado a cabo convocatorias para recolectar víveres y mitigar el sufrimiento y la escasez de alimentos que se vive en dicha zona chihuahuense.

Según el informe de Desarrollo Humano de los pueblos indígenas de México la existencia de brechas en los niveles y ritmos de desarrollo humano colocan a todos los pueblos indígenas de México por debajo de los niveles promedio alcanzados por el resto de la población. El índice de desarrollo humano más bajo del país se ubica justamente en la Sierra Tarahumara, siendo de un 49.1 por ciento debajo del promedio de desarrollo a nivel nacional.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre las 10 localidades de más alto rezago social del país, tres están en los municipios de Batopilas, Guadalupe y Calvo y Chínipas, en la sierra Tarahumara. Todos los municipios de esta zona vieron empeorar su situación en cuanto a rezago social de 2008 al 2010.

Datos reportados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el estado de Chihuahua se encuentran 8 de los 20 municipios clasificados a nivel nacional con los menores índices de desarrollo humano y mayor grado de pobreza y marginalidad, es decir que el 40 por ciento de los municipios clasificados con esta categoría están ubicados en el estado de Chihuahua.

Como podemos observar, la situación que se vive en la Sierra Tarahumara resulta de extrema preocupación, ya que existe un problema de hambruna a causa de las extensas sequias, que hoy se esta abatiendo en la medida de lo posible por el gobierno estatal, contado con el apoyo de diversas entidades de nuestro país, así como de la sociedad civil para tratar de mermar los problemas secundarios, sin embargo estas acciones no contribuyen a la solución de raíz del problema, debido a su inmensidad, aunado a un han resultado insuficientes los apoyos federales.

Recordemos que en esta región, no se levantaron granos debido a la sequía que se presentó el año pasado y que duró 10 meses sin caer una sola gota de agua y en la zona de la sierra solamente se cosechó el uno por ciento de la producción de frijol y arroz quedándose sin el sustento comestible.

Esta sequía, ha traído no solo desesperanza, sino también precariedad a los raramuris indígenas que habitan la sierra tarahumara. Cada cosecha que ellos siembran en la sierra es lo que consumen durante un año, luego dejan un poco de esa cosecha para poder sembrar así para el siguiente año; aunque para el anterior todo se les arruinó.

En cuanto al abastecimiento de agua es muy poca la que se logra quedar para la sierra; ya que Chihuahua abastece del líquido vital a otros estados como lo son Sonora, Sinaloa y se paga la deuda de Estados Unidos. Aunado a esta situación, los indígenas tienden a buscar agua al no tener en sus reservas y la única agua que pueden encontrar, es la misma de la cual bebe el ganado.

El reconocimiento de los daños ocasionados por la sequía y heladas en diversas partes de la Sierra Tarahumara, por parte del gobierno federal y el señalamiento de que durante los últimos años se ha invertido en ayuda 945 millones de pesos, es preocupante. Como lo hemos señalado diversos legisladores federales y el ejecutivo estatal: los tarahumaras no necesitan ayuda, necesitan programas de apoyo permanente, necesitan recursos materiales y económicos para enfrentar los efectos del cambio climático, abatir el rezago social y la crisis alimentaria por la que atraviesan.

Las sequias que están afectando principalmente a los estados del norte, hacen necesario y urgente que el Ejecutivo Federal implementé mecanismos de colaboración y entendimiento con el Poder Legislativo, con el fin de resolver el diferendo derivado del veto del Ejecutivo al decreto que ordena al gobierno integrar un fondo especial destinado a atender los daños ocasionados por problemas climáticos en 20 estados.

La falta de alimentos y la escasez de agua está mermando no solo la vida de cientos de indígenas, sino de miles de mexicanos. ¿Qué más pruebas se necesitan para reforzar los apoyos al campo y a quienes viven de ello? ¿Vamos a permitir que mueran más mexicanos o vamos a actuar ya de una vez por todas?

Tan solo recordemos que los ocho estados golpeados por la sequía representan el 37 por ciento de la superficie agrícola del país, por lo que se han dejado de producir 3.5 millones de toneladas de maíz y de 350 mil toneladas de frijol y agregó que para los primeros seis meses de 2012 se prevé un impacto en la falta de cosechas y problemas de siembra debido a que las presas ni bordos no tienen agua.

Por lo expuesto me permito someter –con carácter de urgente resolución– la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal instrumenté de manera inmediata la aplicación de programas y recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que atraviesan los raramuris de la Sierra Tarahumara; e implemente políticas públicas eficientes y eficaces que contribuyan a abatir el rezago social en esa región.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal implementé mecanismos de colaboración y entendimiento con el Poder Legislativo, con el fin de resolver el diferendo derivado del veto del Ejecutivo al decreto que ordena al gobierno integrar un fondo especial destinado a atender los daños ocasionados por problemas climáticos en 20 estados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de enero de 2012.

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de un acuerdo nacional de urgencia entre el Poder Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión para resolver el problema de la sequía en México y enfrentar juntos tan grave contingencia, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Gerardo Sánchez García, Cruz López Aguilar, Patricio Chirinos Ángel, Manuel Humberto Cota Jiménez, Víctor Galicia Ávila, Guillermina Cacique Vences, Delia Guerrero Coronado, Francisco Saracho López, Guadalupe Pérez Domínguez; y senadores Rogelio Rueda Sánchez y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, en aras de mostrar voluntad política para encontrar soluciones al problema de los siniestros en el campo mexicano que ya amenacen en convertirse en un grave problema alimentario y de hambruna nacional, a construir un acuerdo nacional de emergencia para resolver el problema de la sequía en México entre el Poder Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión para enfrentar juntos esta grave contingencia, con base en las siguientes

Consideraciones

1) Ante la delicada situación que prevalece en más de la mitad del campo mexicano y la urgencia de resolver este problema y atender el desabasto de alimentos, el alza de precios y detener la amenaza de crisis alimentaria y hambruna que pone en peligro a millones de mexicanos, es necesario insistir en diálogo y entendimiento entre poderes, para sí enfrentarlo y avanzar en su solución.

2) Recodemos que existe un precedente para resolver este tipo de problemas; en febrero de 2011 se suscitaron heladas que acabaron con la producción de alimentos en el norte del país, derivado de ello se firmaron acuerdos que manifestaron la voluntad de autoridades federales, estatales, de organizaciones sociales y de productores, para emprender acciones conjuntas, encaminadas a brindar apoyo a las familias afectadas.

3) Hoyes fundamental asumir el gran compromiso de contar, mediante el diálogo y la concertación, con mecanismos que atiendan los efectos de las contingencias climatológicas, que han puesto en riesgo la nutrición, el patrimonio y la salud de decenas de miles de familias mexicanas y que de no atenderse se agudizarían; incluso podrían derivar en un problema de seguridad nacional, ya que la gente no sólo está inconforme y molesta, está desesperada y a punto de entrar en un proceso serio y preocupante de radicalización.

4) Al día de hoy se han perdido cosechas, ganado y lamentablemente vidas humanas (ya se habla de suicidios en la Tarahumara) y que cada día que estabilidad del país.

5) Este problema amenaza con desbordarse. Esta Comisión Permanente no es omisa. Lo ha demostrado. La conformación del grupo amplio de trabajo de seguimiento y evaluación del impacto de las contingencias climatológicas; y la comparecencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el pasado 12 de enero, así lo confirman. No queremos un diálogo de sordos. Tenemos en nuestras manos la solución, impulsemos este acuerdo nacional entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión y pongámonos a trabajar. Usemos la política como instrumento para encontrar acuerdos, no para limitarlos y fracturarnos.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente resolución

1) La Comisión Permanente del honorable congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, en aras de mostrar voluntad política para encontrar soluciones al problema de los siniestros en el campo mexicano que ya amenacen en convertirse en un grave problema alimentario y de hambruna, a construir un acuerdo nacional de emergencia para resolver el problema de la sequía en México entre el Poder Ejecutivo federal y el Poder Legislativo, que contemple, como punto de partida, lo siguiente:

– Las legisladoras y los legisladores que presentan el punto de acuerdo reconocen la urgente necesidad de atender el campo mexicano que se ha visto afectado durante 2011 por contingencias climatológicas: sequía, heladas, inundaciones, particularmente en los estados de Sonora, Baja california, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco, y Veracruz.

– Dado que cada uno de los estados señalados tiene afectaciones diferentes, habrán de realizarse reuniones de trabajo regionales, en los que participarán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los diputados federales integrantes del grupo amplio de trabajo de seguimiento y evaluación de las contingencias climatológicas; los gobernadores de los estados; los secretarios de Desarrollo Agropecuario de las entidades federativas; los delegados de las secretarías antes mencionadas; los productores agropecuarios y campesinos afectados directa o a través de sus organizaciones.

– En cada una de las reuniones regionales deberán de quedar plasmados los acuerdos que se tomen; los apoyos y montos por otorgarse; los mecanismos o procedimientos, mediante los cuales se otorgarán; y los plazos en que los recursos estarán en poder de las entidades federativas.

– En la ejecución de estos apoyos no habrá de requerirse, ni a las entidades federativas, ni a los productores afectados pari passu alguno; tampoco será exigible lo establecido en el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación.

– Ningún pequeño productor afectado, habrá de caer en cartera vencida, a consecuencia de siniestros climatológicos.

– Todos los estados siniestrados serán atendidos con la misma prioridad, en espacial aquellos donde los productores de autoconsumo, que se encuentran en pobreza extrema, sin recursos mínimos de subsistencia.

– Para la reactivación económica del sector agropecuario, cada entidad federativa deberá presentar una evaluación de los daños de manera clara y objetiva.

– El programa de reactivación económica deberá contemplar, entre otros programas: mantener las capacidades productivas; manejo adecuado del agua; uso sustentable de los recursos naturales; activación de los esquemas de aseguramiento, esquemas de financiamiento, apoyo al empleo en las zonas afectadas, y garantizar el apoyo alimentario en las zonas afectadas.

– El grupo de amplio de trabajo de seguimiento y evaluación del impacto de contingencias climatológicas –aprobado por esta Comisión Permanente– será el encargado de dar seguimiento al cumplimiento a los resolutivos que se deriven de los trabajos de este acuerdo nacional.

– El monto acordado para atender el siniestro nacional del campo mexicano en el 2011, serán los necesarios para superar estos siniestros.

Estas son algunas propuestas de agenda que se plantean como punto de partida para impulsar este acuerdo nacional de emergencia para resolver el rpoblema de la sequia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Cruz López Aguilar, senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Patricio Chirinos Ángel (rúbrica), diputado Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), diputado Víctor Galicia Ávila, diputada Guillermina Cacique Vences, diputado Francisco Saracho López, diputada Guadalupe Pérez Quiroz, senadora María del Socorro García Quiroz, (rúbrica), diputado Francisco Hernández (rúbrica), diputado Julián Nazar Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los derrames en instalaciones petroleras, suscrita por el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Terminando el mes de diciembre, ocurrió un derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos, traducido en mil 500 barriles de crudo, mismos que han ocasionado la afectación de 12 kilómetros del cauce, dañando a miles de especie marinas y aves, sin descontar las actividades agropecuarias del estado de Veracruz.

La causa de este nuevo incidente, fue la toma clandestina en el oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica, registrando una fuga de petróleo crudo en el municipio de Coatzacoalcos en la zona conocida como “El Polvorín”, en donde hubo daños en dos hectáreas de árboles y cultivos. Los derrames de crudo afectan a las personas, a la salud, al medio ambiente y a la economía.

Aunado a este derrame, la presencia del frente frío número 23 ocasionó que el hidrocarburo se esparciera y llegara a las aguas del Río Coatzacoalcos, no solo afectando a la flora y fauna, también a cerca de mil pescadores que capturan diversas especie para su alimentación y comercio. Este derrame no es un hecho aislado, también se han detectado otros como el derrame de combustóleo, ocurrido el año pasado, registrado en la estación de bombeo número 7 de San Martín Texmelucan, Puebla. En los últimos meses de 2011, ocurrieron al menos tres derrames graves de petróleo en Veracruz, dos de ellos contaminaron kilómetros del río Cazones y otro de ellos ocurrió el 7 de diciembre y alcanzó la zona urbana de Poza Rica.

Desde 1993, Greenpeace México ha documentado decenas de emergencias ambientales relacionadas con el petróleo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa, sin mayores especificaciones, que desde ese año y hasta 2007, en México ocurrieron 7 mil 279 percances (entre derrames, fugas y explosiones de Pemex y otras compañías con actividad química), es decir, 485 al año o 1.33 por día.

En el caso de Coatzacoalcos, la paraestatal entregó casi 330 millones de pesos para pagos e indemnizaciones a lesionados, fallecidos y por daños a bienes materiales.

No obstante, por otra parte, hay presunción de graves hechos. De que el derrame de petróleo detectado hace una semana sobre el río Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, pudo haber sido deliberado, lo que podría considerarse sabotaje, según afirmaciones del delegado de Profepa, ya que no fue robo del producto, sólo quisieron tirar el producto, asimismo no metieron vehículo alguno para conectar la manguera, solo quisieron contaminar. Pero así ha sido en otros derrames, vean la alta incidencia, lo que provoca que se contraten a empresas remediadoras particulares, lo que ha resultado ya un pingüe negocio, sospechoso y merecedor de investigarse a fondo.

Sin duda la paraestatal ha demostrado opacidad en los procesos de investigación, vaguedad en la entrega de resultados sobre las causas de los derrames, nula planeación sobre la atención de posibles derrames, así como el pago de indemnización a las personas afectadas. Estos derrames del crudo afectan a la salud, el medio ambiente y a la economía del país y puede ser una nueva forma encubierta de corrupción.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición, conforme a los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita que este cuerpo colegiado cite a comparecer al director general de Pemex, en torno a los derrames y accidentes en las instalaciones petroleras.

Segundo. Que dicha paraestatal informe cuantos derrames han ocurrido en el sur del estado de Veracruz y que está haciendo para la limpieza y remediación de los derrames.

Tercero. Que en dicha información, incorpore el número y nombre de las empresas que realizan los trabajos de limpieza, cuanto es el monto que se les está pagando y si son empresas legalmente constituidas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.

Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar a fondo por la SCT las normas de seguridad aeronáutica en el país y a investigar las fallas ocurridas en el vuelo 2053 de Aeroméxico Connect el 8 de enero de 2012; y a la Profeco, a apoyar a los pasajeros que estén dispuestos a presentar queja por presuntas deficiencias del servicio ofrecido, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de enero los pasajeros y la tripulación del vuelo 2053 de Aeroméxico Connect con destino a Monterrey vivieron un episodio de pánico debido a que el avión en el que viajaban desde la ciudad de Mexicali, Baja California, presentó fallas mecánicas que obligaron a un aterrizaje de emergencia en Torreón.

Algunos pasajeros han mencionado a los medios de comunicación que el avión partiría a las 14:30 horas de Mexicali, para hacer una breve escala en Hermosillo, Sonora, y completar su recorrido en Monterrey, pero es el caso que el despegue inicial tuvo un retraso de una hora y media debido a que se revisaron algunas fallas mecánicas que presentaba el avión, mismas que fueron reparadas hasta las cuatro de la tarde.

Tales versiones mencionan que debido al retraso, la escala en Hermosillo sería sumamente breve. Empero, 15 minutos después del aterrizaje se les pidió a los pasajeros que bajaran de la nave, ya que ésta presentaba las mismas fallas mecánicas que en Mexicali, habiéndose prolongado la espera una hora con 15 minutos.

Aproximadamente a las 6 de la tarde, los pasajeros volvieron a abordar la aeronave, y como a la hora y media de iniciado el vuelo ésta volvió a presentar fallas. La presencia de humo en los pasillos y la pérdida de luces al interior provocaron el pánico generalizado. A pesar de lo anterior, los pilotos lograron aterrizar en Torreón, ciudad en la que personal de tierra de la empresa ofreció a los pasajeros una noche de cortesía en un hotel, así como también una cena con valor de 140 pesos. El trayecto podría concluirse en un camión contratado por Aeroméxico o en un vuelo con escala en la Ciudad de México.

Por si no fuera suficiente la experiencia vivida, los pasajeros denunciaron que no se les otorgó atención médica a las personas que presentaron crisis nerviosa, muchos de ellos adultos mayores, mujeres y niños.

En atención a lo hasta aquí relatado, consideramos conveniente que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, fracción V, 7 fracción V, 17, 79 fracción II y 84 de la Ley de Aviación Civil, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, realice las investigaciones necesarias sobre las irregularidades que se han denunciado acerca del vuelo 2053 de Aeroméxico Connect, correspondiente al día 8 de enero del presente, ello, con el objetivo de fincar responsabilidades en caso de ser procedente.

Aunado a lo anterior, consideramos pertinente que las autoridades nacionales de aviación civil procedan a la revisión de los códigos de seguridad y efectúen las inspecciones técnicas, mecánicas y jurídicas necesarias en todo el sector de la aviación civil, a fin de prevenir que situaciones como la aquí señalada vuelvan a ocurrir.

Basta recordar, como un doloroso ejemplo, que a raíz de los lamentables acontecimientos acaecidos en Rusia el 7 de septiembre de 2011, cuando en un accidente aéreo perdió la vida todo el equipo de hockey Locomotiv de la ciudad de Yaroslavl, las normas aplicables a la industria aeronáutica de aquel país fueron modificadas por órdenes presidenciales, a fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros.

Por esta razón es que buscamos como legisladores que se revise a fondo la normatividad existente y que hechos como los del 8 de enero no vuelvan a ocurrir y, menos aún, nos enfrentemos a tragedias como la que mencionamos del país europeo.

Finalmente, y de acuerdo con las fracciones II y III del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, consideramos necesario exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que ofrezca su apoyo a los pasajeros que hayan abordado el multicitado vuelo, a efecto de que sean atendidas sus quejas por el servicio que les fuera otorgado en esa oportunidad.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se revisen a fondo las normas de seguridad aeronáutica en el país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se investiguen las denuncias formuladas ante los medios de comunicación por pasajeros del vuelo número 2053, de Aeroméxico, del 8 de enero de 2012, y se formule un informe detallado, acerca de cómo está operando dicha empresa.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de que apoye a los pasajeros que abordaron del vuelo número 2053, de Aeroméxico Connect, del 8 de enero de 2012, en caso de que estén dispuestos a presentar una queja como consecuencia de las presuntas deficiencias en el servicio que les fuera ofrecido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Senador Fernando Castro Trenti (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a mejorar los procesos de adquisición y sancionar a las personas que hubieren incurrido en corrupción, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión radica en ser el instrumento básico de la seguridad social en el país, como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores con derecho a ello y sus familias. Forma parte de un sistema de salud y seguridad social amplio e incluyente, que procura la conservación de derechos y las prestaciones adquiridas en razón de sus esquemas de aseguramiento.

A lo largo de su historia el IMSS ha contribuido al mejoramiento del bienestar de la población, otorgando en un día típico 455 mil 872 consultas en los tres niveles de atención a través de su sistema institucional. Para dimensionar la operación, se registraron 5,313 egresos hospitalarios, se practicaron 3,983 cirugías y se atendieron mil 249 partos, sustentados con 685 mil 664 análisis clínicos y 51 mil 44 estudios de imagen.

En la actualidad, el IMSS atiende a más de 52 millones i de derechohabientes, lo que la convierte en la más grande en su ramo de América Latina. Para lograr su importante cometido, esta institución ha registrado considerables aumentos en su presupuesto; tan sólo para el ejercicio fiscal del presente año, el PEF destina 394 mil 492.7 millones de pesos ii para su funcionamiento.

Lo anterior deja al Instituto con una gran responsabilidad: responder de manera adecuada a las expectativas de los usuarios, ofreciendo servicios dignos y de calidad, además de efectivos, seguros y eficientes.

El sector salud en el país opera con recursos limitados, por lo que se requiere de una correcta administración de éstos, desde los financieros hasta los humanos. Desafortunadamente, para el gobierno federal no está dentro de sus prioridades favorecer al Instituto, a pesar de lo que representa para los mexicanos y es por eso que se debe vigilar cabalmente el uso transparente y responsable del presupuesto, pues se trata de recursos públicos otorgados por los propios contribuyentes.

Un factor necesario para que la prestación de los servicios a todos los beneficiarios sea posible, es la contratación de recursos humanos y la adquisición de medicamentos. Tal actividad es fundamental para la eficacia y viabilidad del sector salud, pues representa implica la erogación de una gran cantidad de recursos, tanto administrativos como financieros.

En ese sentido, el IMSS ha avanzado en gran medida en materia de transparencia, haciendo de carácter público la información de los procesos de compras que éste realiza. Como ejemplo del avance logrado por las medidas adoptadas en materia de compras, tenemos las subastas en reversa, los precios máximos de referencia y la centralización de las compras, entre otros. Derivado de lo anterior se precisa que, de 2007 a 2011, se han ahorrado cerca de 46 mil millones de pesos, iii lo cual todavía no es suficiente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dio a conocer el trabajo Estudio sobre la contratación pública. Aumentar la eficiencia e integridad para una mejor asistencia médica: Instituto Mexicano del Seguro Social, iv en donde se reconocen los avances y, sobre todo, las deficiencias que el Instituto presenta.

En tal estudio, la OCDE reconoce que se podría ahorrar hasta un 36 por ciento del presupuesto que se tiene asignado para la adquisición de medicamentos si se eliminaran las prácticas de corrupción de los proveedores que, desafortunadamente, se llevan a cabo. Es decir, el dinero que se tiene destinado para la compra de medicamentos, se desaprovecha en actos de opacidad, ineficiencia y corrupción.

En el mismo orden que lo anterior, basta mencionar la reciente sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual ratificó la multa de 21.5 millones de pesos que la Comisión Federal de Competencia (CFC) impuso en febrero de 2010 a los laboratorios Cryopharma y Probiomed, los cuales, durante años, se pusieron de acuerdo para no competir efectivamente con sus rivales e irse turnando la titularidad de los contratos.

Otro caso es el de César Mora Eguiarte, ex coordinador de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS, quien estuvo involucrado en un acto de corrupción en la licitación del Instituto para beneficiar al laboratorio farmacéutico Novartis con un contrato de 80 millones de pesos.

Por tal motivo es necesario y urgente que se revisen los contratos hechos por el IMSS, a fin de detectar posibles irregularidades que existan entre los proveedores e iniciar los procesos administrativos y judiciales correspondientes para sancionar a quienes resulten responsables.

Para hacer óptimo el uso de los recursos financieros, es vital llevar a cabo estudios de mercado que permitan monitorear el número de oferentes y aprovechar la mejor oportunidad de compra.

Amén de lo anterior, es necesaria la creación de una base de datos que permita la recopilación sistemática de información sobre las contrataciones que la Institución realiza a sus diferentes proveedores, con el fin de que se dé lugar a una correcta y exacta evaluación de las mismas.

Al mismo tiempo, resulta menester fortalecer el marco regulatorio para elevar las sanciones a los distribuidores que incumplan los contratos, ya que esto incrementa en gran medida el costo y el riesgo de las compras necesarias.

Se tiene que brindar la capacitación necesaria periódicamente a los encargados de las áreas de adquisiciones, con el fin de que conozcan y ejerzan las mejores prácticas administrativas.

Si bien en cierto que los avances obtenidos hasta ahora son considerables, es necesario reconocer que, de igual forma, los desafíos a los que día con día se enfrenta la institución son mayores y en la medida en que estos sean superados, se contribuirá al fortalecimiento del sistema y se ofrecerá un servicio de mayor calidad a los derechohabientes.

Es en razón de lo anterior que presento ante está honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que sean implementadas las mejoras necesarias en las áreas de adquisiciones, con miras a reducir costos y maximizar los beneficios.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que sean revisados los contratos de adquisiciones que tiene celebrados la institución con sus proveedores, con el objeto a fin de detectar posibles casos de corrupción, y en su caso se inicien los procesos administrativos y judiciales correspondientes, para sancionar a quienes resulten responsables de haber incurrido en algún ilícito.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones que ha desarrollado la institución a efecto de mejorar los procesos de adquisiciones, así como también sobre los casos de corrupción que se han registrado en dicha materia, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2011.

Notas

i http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msoc01&s =est&c=22594

ii Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2012/temas/t omos/tomo_1/tomo_1_i09.pdf

iii “Abre IMSS sus compras al escrutinio internacional”. http://imss.gob.mx/comunicacion/Pages/nota.aspx

iv “Estudio sobre la contratación

Pública”. Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos, http://www.oecd.org/dataoecd/50/52/49383781.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.

Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a promover por la Secretaría de Economía una salvaguardia de transición respecto a la importación de textiles, vestido, calzado, juguetes y productos minero-metalúrgicos de origen chino, que afecta dichas ramas de la producción nacional, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD

Los suscritos, senadores Ramiro Hernández García y Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción III, 108 numeral 1, 175 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, se permiten someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es el tercer socio comercial de China en América Latina, por detrás de Brasil y Chile. De acuerdo con datos de ProMéxico, el intercambio comercial entre ambos países registra un incremento superior al mil por ciento en la última década.

Según la Secretaría de Economía, en 2010 las importaciones del país provenientes de China, sumaron 45 mil 607.6 millones de dólares, cifra 40.2 por ciento mayor a lo observado en 2009; mientras que, México exportó al país asiático 4 mil 197 millones de dólares.

En dicho intercambio, México importa principalmente computadoras y equipos de comunicación, ropa, televisores, radios, así como accesorios de equipos de procesamiento, mientras que China importa de nuestro país, productos electrónicos, circuitos integrados, y módulos microelectrónicos, entre otros.

Este intercambio desigual ha provocado descontento y preocupación en diversos sectores de la industria nacional, quienes han manifestado tener pruebas de prácticas desleales de comercio de empresas chinas que exportan a México, dañando el mercado nacional.

De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Acuerdo sobre Salvaguardias (Acuerdo SG) establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad con el artículo XIX del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) de 1994. Las medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador (artículo 2). Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones o aumentos de los derechos por encima de los tipos consolidados. Constituyen, pues, uno de los tres tipos de medidas especiales de protección del comercio (los otros dos son las medidas antidumping y las medidas compensatorias) a las que pueden recurrir los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Los principios rectores del acuerdo con respecto a las medidas de salvaguardia son los siguientes: deberán ser temporales; sólo podrán imponerse cuando se determine que las importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una rama de producción nacional competidora; se aplicarán (generalmente) de manera no selectiva; se liberalizarán progresivamente mientras estén en vigor; el miembro que las imponga deberá (en general) dar una compensación a los miembros cuyo comercio se vea afectado.

Por lo anterior, se puede concluir que un miembro de la OMC puede adoptar una medida de “salvaguardia” (es decir, restringir temporalmente las importaciones de un producto), de acuerdo a lo anteriormente señalado.

Recientemente, el gobierno brasileño anunció que solicitará autorización a la OMC para dictar una salvaguardia provisional para las importaciones chinas, que regirá por hasta diez años; de igual manera Argentina impulsará la misma medida.

Al respecto, y con base en información de la Secretaría de Economía, en el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) se estableció un mecanismo de salvaguardia de transición en aquellos casos en que mercancías de origen chino se estén importando en el territorio nacional en tal cantidad y en condiciones tales que causen o amenacen causar una desorganización del mercado para los productores nacionales de productos similares o directamente competidores.

De acuerdo a su facultades, compete a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía llevar a cabo el procedimiento de salvaguardia de transición, es el área “responsable de la determinación de salvaguardas cuando una industria del país se ve afectada por un incremento sustancial de las importaciones”; mismo que se encuentra regulado en el acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo de salvaguardia de transición contenido en el protocolo.

Adicionalmente, y de acuerdo con información de la Secretaría de Economía (Inicio de Investigación de Salvaguardia por Desorganización del Mercado - Secretaría de Economía), en la substanciación del procedimiento se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en los Capítulos I, cuyo objetivo es el de “regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población”, y corresponde al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Economía la aplicación e interpretación de estas disposiciones. Asimismo, a lo establecido en el capítulo IV del Título VII de la Ley de Comercio Exterior (LCE), procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda. De igual manera, las disposiciones referentes a infracciones, sanciones y recursos previstas en la citada ley, en todo lo que no contravenga dicho acuerdo.

De conformidad con el artículo 2 fracción II del Acuerdo referido, las medidas de salvaguardia de transición son aquellas que regulen o restrinjan las importaciones de mercancías originarias de China similares o directamente competidoras con mercancías de fabricación nacional, a efecto de prevenir o reparar una desorganización del mercado o una desviación importante del comercio.

El artículo 5 del acuerdo señala que para determinar si existe una desorganización del mercado, se considerarán factores objetivos, entre ellos:

i. El volumen de las importaciones de las mercancías objeto de investigación,

ii. El efecto de tales importaciones sobre los precios de las mercancías similares o directamente competidoras, y

iii. El efecto de tales importaciones sobre la rama de producción nacional que produce mercancías similares o directamente competidoras.

El artículo 20 del acuerdo señala que en circunstancias críticas en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable para la rama de producción nacional, el titular del Ejecutivo federal podrá imponer una medida de salvaguardia de transición provisional en virtud de una determinación preliminar de que las importaciones han causado o amenazan causar una desorganización del mercado. En su caso, el titular del Ejecutivo federal impondrá las medidas de salvaguardia de transición provisional mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación .

La duración de una medida de salvaguardia de transición provisional no excederá de 200 días naturales, los cuales se computarán como parte del periodo de vigencia de la medida definitiva, y su aplicación terminará 12 años después de la fecha de la adhesión; o sea que la vigencia del Acuerdo concluirá, al igual que las medidas de salvaguardia de transición adoptadas conforme al mismo que en esa fecha continúen aplicándose, el 11 de diciembre de 2013.

Es importante mencionar que en 2001, en el proceso de adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), México negoció el derecho a mantener durante seis años cuotas compensatorias en los términos que estaban vigentes sobre productos chinos en 21 sectores clasificados en mil 310 fracciones arancelarias.

El plazo de dichas cuotas se cumpliría en 2007; sin embargo, en 2008 se realizó una nueva negociación con China y junto con los productores se eligieron los bienes sensibles a proteger (204 fracciones, que incluían productos de calzado, vestido y juguetes, entre otros) con sobretasas a la importación (medidas de transición) durante cuatro años, que corrieron a partir del 2007 y concluyeron el pasado 12 de diciembre.

Debido a las consideraciones anteriores, la Secretaría de Economía (SE) informó hace algunos días que existe la preocupación, de diversos sectores productivos y distintas cámaras empresariales, por las diversas prácticas comerciales que contravienen los compromisos de China ante la Organización Mundial de Comercio y la necesidad de integrar la información que establece la regulación para estos casos con la finalidad de demostrar la distorsión y el daño que estás prácticas causan en el mercado nacional.

Es por lo anteriormente señalado que se requiere la intervención del gobierno federal, a fin de sostener una competencia justa con sus pares orientales e implementar estas medidas de Salvaguardia de Transición, tal y como lo están haciendo otros países; todo ello, en beneficio del desarrollo empresarial, la diversificación de mercados, la generación de empleo y de mejores opciones de compra para los consumidores mexicanos, atendiendo en todo momento las inquietudes y sensibilidades de los diversos sectores nacionales.

En razón de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Economía, promueva una salvaguardia de transición a la importación de productos textiles, vestido, calzado, juguetes y minero metalúrgicos de origen chino, que afectan a dichas ramas de la producción nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Senadores: Ramiro Hernández García (rúbrica), Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Legislativo de las 31 entidades federativas y a la ALDF a realizar reformas a fin de sancionar al servidor público del sistema de procuración o impartición de justicia que por culpa, negligencia o dolo incurra en actos que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria; y a prever instrumentos de indemnización para el afectado, suscrita por el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Liev Vladimir Ramos Cárdenas Diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El seis de diciembre de 2011 fue aprobado un dictamen de la Comisión de Justicia que adiciona el artículo 225 Bis del Código Penal Federal. Fue turnado para sus efectos constitucionales al Senado de la República en la misma fecha.

En síntesis, lo que propone la referida adición consiste en sancionar al servidor público del sistema de procuración e impartición de justicia que por culpa o negligencia ejecute actos o incurra en omisiones y que por ello se retenga a una o más personas o se instruya a un proceso penal que concluya en una sentencia definitiva que absuelva al procesado, con pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 2 mil a 4 mil días de salario, que serán entregados al sentenciado. Cuando la conducta sea dolosa, además de la sanción pecuniaria señalada, la prisión será de cuatro a diez años. En este delito, además de las penas de prisión y multa previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos; delito que será perseguido sólo por querella de la parte ofendida.

Consideramos esta adición como un avance en nuestra legislación porque se adentra en el tema de la responsabilidad estatal, entendiendo que cuanto más se regula en este espacio más se amplía la protección de los bienes jurídicamente tutelados de la ciudadanía.

La idea anterior encuentra su fundamento en un principio general del derecho que reza: Todo aquel que causa un daño está obligado a repararlo o en su defecto a indemnizar a quien ha sufrido la afectación. Mismo que ha producido el aforismo de que: nadie debe dañar a otro.

El Estado por su actuación cotidiana se enfrenta al escenario de traspasar las esferas de derechos patrimoniales de los ciudadanos, de vulnerar garantías y causar afectaciones de índole material pero también moral.

Quizá en este tema, y sin dejar de lado los respectivos pendientes que existen, la actuación del Estado en su faceta administrativa es la que más atención ha merecido por tratadistas y legisladores que se han abocado a su consolidación tanto en el marco secundario como en el constitucional, por ello el tema de la responsabilidad administrativa del Estado podría encontrarse más adelantado y la discusión sobre el mismo ocupa temas más reglamentarios.

Pero la actuación del Estado como juez ha pasado, en comparación con la función administrativa, un tanto desapercibida. En este aspecto la responsabilidad estatal admite varias modalidades entre las que destacan el error judicial y el anormal funcionamiento de la administración de justicia.

Estos aspectos, lamentablemente forman parte de la realidad de muchos justiciables hoy en día. Sobre todo en el ámbito penal donde un porcentaje que oscila entre el 70 por ciento y 80 por ciento de las personas que están en prisión, lo están pero no en razón de una investigación ministerial que proporcionara al juez los elementos necesarios para declarar una pena corporal sino que, fueron detenidos por cometer el delito en flagrancia, o al menos así se desprende de los expedientes. 1

Esto quiere decir prácticamente que si una persona no es detenida dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del ilícito tiene un 90 por ciento de probabilidades de entrar en impunidad. 2

Este sistema ha pervertido la función de los órganos procuradores de justicia, que ante la falta de una policía científica que sea la base de las investigaciones ministeriales, aprehende inexorablemente a los supuestos delincuentes en flagrancia lo que suple en gran medida la ausencia de pruebas periciales.

Un estudio de 2002 elaborado por el CIDE detectó que la inmensa mayoría de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en el proceso fueron testimoniales, muy pocas periciales y prácticamente no hubo documentales. 3

Ante la posible violación que signifique una actuación no apegada a derecho por parte del Ministerio Público o por parte del administrador de justicia, el legislador debe prever la manera en cómo resarcir los derechos conculcados.

Esta reparación tiene razón de ser en virtud de que la pérdida de la libertad indebida, por un delito que no se cometió o por una orden de aprehensión infundada o bien por una orden de detención mal ejecutada impacta sensiblemente no sólo en la esfera de derechos patrimoniales del indiciado o inculpado, según sea el caso, sino además tiene un impacto netamente moral ante el cual el legislador no puede ni debe ser omiso.

La reparación y la indemnización son los principales mecanismos jurídicos a través de los cuales la persona que ha sufrido la afectación puede ser restituida en sus derechos vulnerados. Pues a través de ellos se busca resarcir el daño material o moral a la víctima.

Por ello, es importante que se reformen los respectivos códigos del fuero común en las distintas entidades del país, que el Estado sea el que responda directamente por la afectación que su actuación, a través de sus jueces, cause a particulares.

La adición del artículo 225 Bis que fue aprobada en días pasados en la cámara de diputados, también contempla aquellos casos en que la actuación de los jueces o ministerios públicos sea considerada como dolosa, es decir, que haya existido la intencionalidad de causar un daño mediante la actuación indebida.

Es necesario manifestar que también consideramos esta fórmula como parte del exhorto que se hace a las legislaturas puesto que constituye un verdadero incentivo para que los administradores y procuradores de justicia se abstengan de violentar derechos fundamentales.

Creemos que las violaciones a las garantías terminarían cuando se exija mediante fórmulas legales y no simplemente con discursos políticos que las autoridades que violen derechos o restrinjan garantías deberán responder por la comisión de sus actos.

Ciertamente la existencia de procesos penales contra jueces en nuestro país es algo poco común y lo que se busca no necesariamente tiene que ser aumentar el número de juicios en su contra sino, por el contrario, aumentar la efectividad de su labor y consolidar el Estado de Derecho asegurando que su función sea apegada a derecho y que, en los casos en que los jueces o los procuradores no tengan todos los elementos necesarios e indispensables para emitir un acto que limite derechos se abstengan de hacerlo.

Se busca que las legislaturas locales ejerciendo su facultad de iniciativa, atiendan la reparación e indemnización así como la responsabilidad estatal que debe recaer sobre un error judicial que devenga de vicios, defectos o imperfecciones que no puedan ser atribuibles a persona alguna; sobre un error judicial atribuible a la conducta negligente de algún o algunos funcionarios; por el funcionamiento anormal de la justicia y que se considera como todo aquel funcionamiento contrario a lo dispuesto por la ley, y finalmente a la prisión preventiva derivada de cuestiones anteriores y que se exhibe cuando una persona es retenida a efecto de que se le instruya un proceso penal que concluya con una sentencia definitiva absolutoria.

El artículo 1o. constitucional dice en su primer párrafo que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, es decir, en materia de derechos humanos el país debiera homologar su protección mediante la ampliación que se haga de los mismos, para que sean éstos la base de cualquier sistema de procuración y administración de justicia en las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, presidente de la honorable Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Legislativo de cada una de las 31 entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal a realizar las reformas correspondientes para sancionar al servidor público del sistema de procuración o impartición de justicia que, por culpa, negligencia o de forma dolosa, incurra en actos que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria; de igual forma para que se prevean mecanismos de indemnización al afectado.

Notas

1 León Olea, Bernardo, “Reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal”, en Revista Mexicana de Justicia, 6, 9, julio 2005, páginas 33-57.

2 León Olea, Bernardo, obra citada.

3 Ídem.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.

Diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de impedir el establecimiento de cuota, derecho, contribución o gravamen para el internamiento en territorio estadounidense por el cruce fronterizo número 1 de San Luis Río Colorado, Sonora, suscrita por los diputados Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN

De conformidad con el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el suscrito, diputado federal Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, realiza proposición con punto de acuerdo para impedir el establecimiento del cobro de cualquier cuota, derecho, contribución o gravamen en cualquier modalidad de internamiento a territorio estadounidense a través del cruce fronterizo 1 de San Luis Rio Colorado, Sonora, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

I. Antecedentes

1. El estado de Sonora se ubica en la región noroeste del país; se divide en 72 municipios y con una superficie territorial de 184.934 kilómetros cuadrados, ocupa el segundo lugar nacional en extensión (después de Chihuahua) y representa el 9.2 por ciento del total del territorio mexicano. Su capital y ciudad más grande es Hermosillo.

Los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas participan de la frontera internacional norte con Estados Unidos de América.

2. San Luis Río Colorado, Sonora, es ciudad y cabecera del municipio del mismo nombre. Se localiza al este del Río Colorado y del municipio de Mexicali, Baja California, que hace frontera con Sonora.

Al norte colinda con el condado de Yuma, en el estado estadounidense de Arizona; al este con el gran desierto de Sonora, también conocido como desierto de Altar y con el municipio de Puerto Peñasco; al sur se encuentra el valle de San Luis, una zona desértica y la desembocadura del Río Colorado, en el Mar de Cortés.

El Condado de Yuma se encuentra a 35 minutos de distancia en vehículo y la ciudad de Mexicali, Baja California, a 45 minutos, en tanto que la ciudad capital, Hermosillo, a 8 horas en el mismo medio de transporte. 1

En San Luis Río Colorado existen dos cruces fronterizos, el último inaugurado recientemente por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, conocido como “Cruce Internacional y Puerto Fronterizo de San Luis Río Colorado II”. 2 En ambos casos, los puertos fronterizos operan como puntos de revisión peatonal, vehicular y carga.• Cruce fronterizo San Luis Río Colorado (punto de revisión peatonal, vehicular y/o carga)• Terminal de Autobuses Transportes del Pacífico• Terminal de Autobuses Estrella Blanca• Terminal de Autobuses Estrellas del Pacífico• Cruce fronterizo San Luis Río Colorado (punto de revisión peatonal, vehicular y/o carga)• Terminal de Autobuses Transportes del Pacífico• Terminal de Autobuses Estrella Blanca• Terminal de Autobuses Estrellas del Pacífico• Cruce fronterizo San Luis Río Colorado (punto de revisión peatonal, vehicular y/o carga)• Terminal de Autobuses Transportes del Pacífico• Terminal de Autobuses Estrella Blanca• Terminal de Autobuses Estrellas del Pacífico

II. Consideraciones

1. La libertad de tránsito consiste en la facultad de desplazarse o circular libremente por todo el territorio de un estado, así como de entrar o salir del mismo y de elegir libremente en él su lugar de residencia.

En la Constitución Federal está consagrada, en el artículo 11, que “todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella , viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración , inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

Como se aprecia, la libertad de tránsito no es un derecho absoluto porque puede ser limitada por diversas razones, entre otras, por sanidad, mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería de cada país. Asimismo, pueden exigirse determinados requisitos legales o administrativos para su ejercicio.

Empero, tanto las normas internacionales como los criterios interpretativos del Poder Judicial Federal han señalado que tales condicionantes o requisitos deben ser “razonables”, a fin de no desnaturalizar ese derecho fundamentar, y terminar violentándolo.

Así, se ha considerado “razonable” que las autoridades exijan la presentación del pasaporte respectivo a las personas que van a salir de un país, pero no lo es el cobro de una cifra exorbitante para la obtención de tal documento.

Conforme a los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, la protección de la libertad de tránsito presenta distintos alcances, dependiendo de quien ejerce el derecho, esto es, si tiene la condición de nacional o extranjero respecto del territorio al cual quiere ingresar, en el que desea permanecer o residir, o del que pretende salir. Por esta razón doctrinariamente se ha bifurcado en dos el estudio de este derecho.

Tratándose de los nacionales , tanto el Pacto Internacional (artículo 12.4) como la Convención Americana (artículo 22.5) sobre derechos políticos y civiles disponen que nadie puede ser privado del derecho de ingresar al territorio del Estado del cual es nacional.

Consecuentemente, constituye una violación a la libertad de tránsito negar a un nacional el ingreso a su país, pues este derecho sólo se le puede restringir a quien no se halla ligado jurídicamente al Estado por el vínculo de la nacionalidad o bien judicialmente. 3

Un hecho violatorio de la libertad de ingresar al territorio del cual una persona es nacional lo constituye el denominado “ingreso condicionado”, el cual se produce cuando un gobierno exige a los nacionales que pretenden ejercer el derecho de ingresar a su patria, el compromiso de respetar el régimen establecido y las leyes vigentes, siendo esta actitud incompatible, no solamente con el derecho de ingresar al país, sino con el de opinión y expresión. 4

El derecho a permanecer en el país del cual es nacional una persona se encuentra asimismo garantizado en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En este sentido, la Convención Americana (artículo 22.5) dispone que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional.

En cuanto al derecho de salir del territorio nacional, constituye una violación impedirlo a quienes cumplen con las condiciones para tal efecto, pues todas la personas tienen el derecho de emigrar o visitar otro país, siempre que no exista una causa razonable para impedirlo , como por ejemplo, en el caso de quienes se encuentren procesados por delitos comunes, supuesto en el cual la ley puede prohibirles salir del país, medida que habrá de ser decidida por la autoridad competente si razonablemente así lo amerita la situación de acuerdo a sus particulares circunstancias.

Respecto a este tema, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el pasaporte es el medio para salir libremente de cualquier país. 5 En principio, nadie puede ser privado del derecho de obtenerlo, o renovarlo, pues negarlo injustificadamente significa desposeer a la persona del documento en donde consta su nacionalidad, impedirle viajar fuera de su patria, obligarla a que, por fuerza de esta circunstancia, se mantenga dentro del país y sometido a las autoridades que lo constriñen a ello. 6

Sin embargo, debido a causas razonables se pueden establecer limitaciones a este derecho. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que un Estado, si así lo disponen sus leyes, puede negar el pasaporte a uno de sus ciudadanos, 7 lo cual puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los individuos que no han cumplido con realizar el servicio militar obligatorio de acuerdo a sus leyes nacionales, considerándose una restricción de este tipo válida y necesaria para la protección de la seguridad nacional y el orden público. 8

Respecto a los extranjeros, el ejercicio de la libertad de tránsito tampoco es absoluto, pues no entraña una facultad ilimitada para viajar de un país a otro ni para permanecer en ellos. De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, la libertad de tránsito no confiere a ninguna persona el derecho de entrar a un país distinto del propio, o residir en él, por cuanto corresponde a cada Estado decidir a quién ha de admitir o no, en su territorio. 9

Por lo general todo extranjero que desea ingresar a un país determinado debe cumplir una serie de condiciones que éste exija , como son, por ejemplo, contar con su pasaporte o documento de viaje análogo, vigente y expedido por la autoridad competente, con su correspondiente visado, así como la correspondiente revisión de tales documento (pasaporte y visa) e incluso, de su persona, vehículo o medio de transporte ; aspectos que también en el orden internacional se han considerado “razonables”, máxime en atención a las circunstancias actuales de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.

Una vez que el país permite a un extranjero entrar en su territorio, adquiere el derecho de circular, elegir libremente su residencia, y salir de él. Estos derechos no podrán ser limitados sino conforme a las excepciones previstas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como son el orden público, la seguridad nacional, etcétera.

Conviene enfatizar que los extranjeros obtienen tales derechos solamente si ingresan al país cumpliendo con los requisitos necesarios para tal efecto, por lo que no gozarán de ellos quienes ingresan o permanecen en él, sin haberse sometido a los controles de admisión reglamentarios , o que permanezcan en el territorio después de vencido el plazo de la autorización concedido a su ingreso.

En concordancia con lo dispuesto en el citado Pacto Internacional (artículo 13) y la Convención Americana (artículo 22.6), todo extranjero que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a ley.

De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, para determinar el carácter de esta protección debe tenerse en cuenta el derecho nacional relativo a las exigencias de entrada y estancia. Añade el Comité que, en particular, quienes hayan entrado ilícitamente o permanezcan más allá del tiempo autorizado en un país, no se encuentran amparados por esta protección; pero si la cuestión controvertida es precisamente la licitud de su entrada o permanencia, toda decisión que derive en una expulsión debe adoptarse con arreglo a las garantías previstas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Al igual que en el caso de los nacionales, todo extranjero tiene del derecho de salir del territorio del Estado en que se encuentra residiendo o circulando, ya sea para emigrar o simplemente para viajar a otro lugar.

2. En razón de lo anterior, tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos de América han establecido a lo largo de la frontera norte diversos puntos de cruce fronterizo que actúan como puestos de control para asegurar el cumplimiento de las normas nacionales sobre ingreso a México de los extranjeros y asimismo, al posibilitar la revisión de la documentación, persona y medios de transporte de los extranjeros que se internan a territorio nacional, así como a los connacionales que desean salir de México e ingresar a suelo norteamericano.

En el caso de la frontera norte, particularmente, el cruce fronterizo ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, tiene a la fecha implementadas dos modalidades de revisión de los connacionales por parte de la autoridad norteamericana para determinar y en su caso, autorizar su ingreso a territorio estadounidense, por un lado, el mecanismo tradicional, que implica la formación de una línea o fila en la que las personas y sus vehículos son objeto de revisión conforme la autoridad avance en ese proceso de examen.

Lógicamente, esa forma de internamiento se ha caracterizado por ser lenta, implicando en ocasiones un tiempo de espera de entre 2 y 3 horas en promedio, aunque en ciertas horas del día o fechas del año, el ingreso puede dilatar aún más.

En razón de lo anterior, la autoridad norteamericana previó un mecanismo más ágil que particularmente ha beneficiado a los nacionales mexicanos que habitual o periódicamente se internan en territorio norteamericano, sea por motivos de negocio, educación o trabajo.

El mecanismo en comento, conocido como SENTRI, 10 fue implementado por vez primera en 1995 por el Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) en el punto fronterizo de Otay Mesa, en California, y se ha extendido a diversos puntos fronterizos, entre ellos el de San Luis Río Colorado, Sonora.

La SENTRI es un popular programa en el que los solicitantes se someten voluntariamente a una entrevista personal e investigación de antecedentes penales, dan sus huellas dactilares y pagan una cuota de alrededor de 129 pesos para cubrir gastos administrativos.

Los miembros que reciben la aprobación tienen acceso a un carril especial para viajeros frecuentes que permite hacer el trámite de ingreso más rápido en los puntos de entrada donde haya carriles de la SENTRI, para lo cual se entrega al interesado una tarjeta y se coloca en el parabrisas un dispositivo de identificación que emite una frecuencia particular de radio que posibilita al acceso a territorio norteamericano.

A la fecha, el programa comprende 15 carriles en ocho localidades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Más de 100 mil viajeros de ambos lados de la frontera están inscritos actualmente en el programa de la SENTRI. 11

3. En algunos otros puntos de cruce fronterizo, el gobierno norteamericano ha implementado una tercera modalidad para acelerar el ingreso de los nacionales que desean internarse en su territorio, a saber, la conocida como Ready Lane.

Este mecanismo diseñado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos es resultado de una iniciativa tendente a favorecer un cruce de frontera más seguro y eficiente para los viajeros.

Mediante este sistema o programa se beneficia a las personas que ya cuentan con un documento de la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés) compatible con Identificación por Radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés); tecnología que permite a los oficiales del gobierno norteamericano obtener vía remota información de determinada persona y procesar su ingreso de los viajeros de una forma más rápida, precisa y confiable.

Ready Lane es una línea para vehículos habilitada para viajeros que crucen por tierra los puntos fronterizos de los Estados Unidos y ya se encuentra disponible en diversos puntos fronterizos, tales como El Paso, Texas.

Las tarjetas con RFID habilitado y compatibles con WHTI aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos son la tarjeta pasaporte de Estados Unidos, la licencia de conducir y tribal card mejoradas, las tarjetas para viajeros de confianza (NEXUS, SENTRI y FAST), la nueva tarjeta de residentes permanentes (PRC) o la nueva tarjeta de pase de frontera (BCC).

El procedimiento de ingreso a territorio americano a través de esta modalidad, consiste en que el conductor del vehículo se detiene al comienzo de la línea esperando su turno y una vez que se ha asegurado que todos los pasajeros del vehículo cuentan con su tarjeta con RFID, deben avanzar lentamente mientras todos los pasajeros sostienen en alto su tarjeta del lado del conductor.

Así, al mostrar su documentación a una base receptora instalada a pocos metros de la caseta migratoria, de manera automática e inmediata se registran en la base de datos los nombres de los ocupantes del vehículo. De esta manera, cuando el automóvil se aproxima con el oficial americano, éste ya tiene en la pantalla de la computadora toda la información de los viajeros y la revisión es más rápida y segura. 12

Por ello, el programa Ready Lane ha permitido acelerar el tráfico procedente de territorio nacional hacia Estados Unidos y evitar el congestionamiento vial previo a las garitas migratorias.

Cabe destacar que aquellos residentes que renovaron o solicitaron su documentación como pasaporte de Estados Unidos, tarjeta SENTRI, credencial de residentes permanentes de Estados Unidos o de pase fronterizo, durante el año pasado, incluyen el nuevo sistema de tecnología con chip de radio frecuencia. Asimismo, las tarjetas visa láser expedidas a mexicanos por autoridades consulares estadunidenses a partir de 2008, también ya incluyen esta nueva tecnología. 13

4. En días pasados, los medios de comunicación locales en San Luis Río Colorado, Sonora, informaron que existía la intención de instalar una caseta de cobro de una especie de “peaje” para acceder a la línea o carril SENTRI en el cruce internacional hacia Estados Unidos ubicado en el Puerto Fronterizo 1 del municipio. 14

En principio, funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señalaron que efectivamente, esa dependencia a través de la Concesionaria y Operadora del Puente Internacional Cucapá, SA de CV, tenía considerado realizar el cobro de 25 pesos a usuarios de la línea SENTRI con fines de regulación y modernización del puerto fronterizo.

Posterior a ello, se difundió entre la población otra versión, en el sentido que el proyecto de modernización de los carriles en el punto de cruce fronterizo ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, consiste en la inclusión de un nuevo carril “exprés” (Ready Lane) como una opción adicional para las personas que cuentan con la nueva visa laser con chip, previendo el cobro de 25 pesos a quien decida utilizarlo.

Lo cierto es que a la fecha, no se cuenta con información clara, objetiva y confiable sobre el posible cobro de alguna cuota, derecho, gravamen o tarifa por el internamiento a territorio norteamericano por cualquier modalidad.

Como es lógico, esta situación suscitó fuertes y justificados reclamos de los usuarios ante la posible imposición de un derecho o contribución sin razón alguna en cualquier modalidad de internamiento al país norteamericano, sea la forma tradicional, a través de la llamada línea SENTRI o de un eventual nuevo carril exprés (Ready Lane), sin el consenso de la población, de sus representantes o legítimos intermediarios, sin que se haya difundido información suficiente, clara, objetiva y veraz sobre el particular, específicamente sobre la existencia o no de alguna concesión otorgada en la puerta fronteriza número 1 de San Luis Río Colorado, Sonora, que autorice o posibilite el cobro de mérito.

5. Cualquiera que sea la modalidad de ingreso a Estados Unidos de América en la que se pretende el cobro de una cuota de peaje, contribución o derecho, resulta completa y evidentemente arbitraria, ilegal e injustificada, pues resulta violatoria del derecho al libre tránsito del que por mandato constitucional gozan todos los mexicanos, y que les faculta para salir libremente del país contando con el pasaporte de identidad y cumpliendo los requisitos de internamiento que, en su caso, exija la autoridad norteamericana.

En efecto, tal como lo han reconocido los organismos internacionales defensores de los derechos humanos con apoyo en las normas que consagran los derechos civiles y políticos, si bien es factible la imposición de restricciones o limitaciones a ese derecho, éstas deben ser razonables y encontrarse plenamente fundamentadas, lo que no ocurre en la especie, lo que explica los reclamos justificados de los sanluisinos.

Además, la imposición de ese gravamen, cuota o carga por el mero hecho de salir del país, también vulnera el principio de igualdad jurídica recogido en los numerales 1 y 4 de la carta fundamental, habida cuenta que en ningún puerto fronterizo la autoridad nacional cobra una contribución o derecho semejante.

Luego, al pretender exigir a los sanluisinos al pago de un gravamen de esa naturaleza como limitante para salir del país, se da un trato desigual a los iguales y con ello, se vulneran las garantías fundamentales de igualdad jurídica y libertad de tránsito reconocidas constitucionalmente.

Evidentemente, el cobro obedece a un ánimo de lucro de la empresa concesionaria en perjuicio de los derechos de la colectividad que, por su misma naturaleza, se encuentran por encima de los derechos individuales que pudieran derivar de su título concesión.

III. Proposición

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones que resulten necesarias y detenga el establecimiento del cobro de cualquier cuota, derecho, contribución o gravamen en cualquier modalidad de internamiento a territorio norteamericano (sea en forma tradicional, en la llamada línea SENTRI, de un nuevo carril exprés, Ready Lane, o bajo cualquier otra modalidad), a través del puerto fronterizo número 1 de San Luis Río Colorado, Sonora; problemática respecto de la cual a la fecha, ha dejado de difundir entre la población y sus representantes, la información suficiente, clara, objetiva y veraz atinente, específicamente sobre la existencia o no de alguna concesión otorgada en esa puerta fronteriza que autorice o posibilite el cobro de mérito.

Notas

1 Fuente: Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, http://sanluisrc.gob.mx/

2 “Calderón inaugura paso fronterizo y pide a EU frenar el tráfico de armas”, en CNN México, 4 de noviembre de 2010, consultable en http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/04/calderon-inaugura-paso-fronte rizo-y-pide-a-eu-frenar-el-trafico-de-armas

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile”. OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 17, 27 de septiembre de 1985, página 141.

4 Informe del grupo de trabajo Ad-Hoc para investigar violaciones de derechos humanos en Chile (1977). Citado por O’ Donell, Daniel, Protección Internacional de los Derechos Humanos. Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989, segunda edición, página 212.

5 Comunicación número 77/1980, Samuel Lichtensztejn c. Uruguay, párrafo 8.3. En selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al protocolo facultativo. Volumen 2, 17 al 32 período de sesiones (octubre 1982-abril 1988), CCPR/C/OP/2. Nueva York, Naciones Unidas, 1992, página 114.

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe anual 1982-1983 (Uruguay). Citado por O’ Donell, Daniel, Protección internacional de los derechos humanos, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989, segunda edición, página 215.

7 Comunicación número 77/1980, Samuel Lichtensztejn c. Uruguay, párrafo 8.3. En selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al protocolo facultativo, obra citada, página 14.

8 Comunicación número 492/1992, Lauri Peltonen c. Finlandia, párrafo 8.4. En Naciones Unidas, Informe del Comité de Derechos Humanos. Volumen II. Asamblea General, documentos oficiales, 49 periodo de sesiones, suplemento número 40 (A/49/40), página 251.

9 Observación general número 15. La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27 periodo de sesiones, 1986), párrafo 5. En Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos de derechos humanos creados en virtud de los tratados, Naciones Unidas HRI/GEN/1, 4 de setiembre de 1992, página 21.

10 Tal denominación atiende a las siglas –en inglés- de la Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection, SENTRI).

11 Información consultable en el sitio oficial de internet del Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection), www.cbp.gov.

12 Información consultable en los sitios http://www.getyouhome.gov/html/rfid/RFID_FAQ_esp.html y http://lineaexpress.blogspot.com/2011/02/ready-lane.html#!/2011/02/read y-lane.html

13 Información consultable en http://aduanaenmexico.wordpress.com/2011/03/22/ready-lane/

14 “Contra cobro en acceso SENTRI”, en La Tribuna de San Luis , 27 de noviembre de 2011, consultable en http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n2324514.htm;

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Diputados: Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California a instruir al procurador de Justicia a fin de que asista a una reunión con la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de ésta la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, a pesar de la legislación, no está vigente ni es respetado el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia. Los homicidios de mujeres por razones de género –los feminicidios– siguen siendo un problema grave e inadmisible. Y la violencia feminicida que se expresa en la elevada mortalidad femenina por causas prevenibles es la culminación de la discriminación que sufren las mujeres y una muestra más de la precariedad del estado de derecho que vivimos actualmente en el país.

La debilidad de los derechos de las mujeres se pone en evidencia a partir de códigos penales que atenúan de diverso modo las penalidades para quienes privan de la vida a las mujeres o las agreden física, sexual o económicamente. Es clara también en el altísimo grado de impunidad –resultado de la extendida ineficiencia y la tolerancia de las instituciones de procuración de justicia– que, según datos recabados por la Comisión Especial para el seguimiento de los feminicidios de la Cámara de Diputados, para 12 entidades de la República, llega a representar 99 por ciento de los casos de homicidios de mujeres entre 2000 y 2010.

De acuerdo con la estadística de mortalidad que genera la Secretaría de Salud y que sistematiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 1985 a 2009 hubo casi 33 mil feminicidios, y un crecimiento de 68 por ciento de 2005 a 2009. Aunque hay 9 entidades que han tenido un crecimiento entre 483.1 a 93 por ciento en los últimos tres años.

En contra del extendido prejuicio de que el feminicidio victimiza a las mujeres por llevar una vida poco moral, 17.2 por ciento de estas muertes ocurren en mujeres menores de edad; entre éstas destacan las niñas entre 0 y 5 años que representan el 9 por ciento de estos asesinatos. Las formas en que las mujeres son privadas de la vida da cuenta igualmente de la brutalidad y violencia que se ejerce en su contra, así, en el último año, 40 por ciento perdió la vida por la vía de una arma de fuego, 20 por ciento sufrió ahorcamiento, ahogamiento o sofocación. El 18 por ciento fue ultimada por el uso de armas punzo cortantes y el resto perdió la vida por el uso de sustancias, fuego, objetos romos y otros no especificados en los registros.

Las respuestas de los gobiernos de las entidades federativas ante este gravísimo problema han estado muy por debajo de la responsabilidad que tienen para hacer valer la seguridad y los derechos humanos de las mujeres. Lejos de ello, su primera reacción ha sido escamotear su responsabilidad de hacer justicia invisibilizando los hechos en el registro delictivo, evidenciando su falta de disposición para hacer justicia y, con ello, evitar la repetición crónica de estos crímenes.

Baja California es una de las entidades donde se ha observado un crecimiento constante de los feminicidios. Actualmente, la entidad ocupa el segundo lugar con una tasa de crecimiento de 424 por ciento, sólo por debajo de lo que ocurre en Chihuahua, que lamentablemente sigue a la cabeza de estos deplorables crímenes y el peso de las muertes violentas de mujeres por presuntos homicidios dolosos sobre el total de defunciones femeninas en 2009 se disparó más de tres veces respecto a la observada en 2008 (de 2.79 a 9.85 por cada 100 mil mujeres), quedando notablemente por encima del promedio nacional.

Cuatro de cada 10 homicidios de mujeres bajacalifornianas en 2009, ocurrieron en la vivienda y 3 de cada 10 por ahorcamiento. En tanto, el uso de arma de fuego se incrementó de 34.2 a 43.6 por ciento.

Atendiendo a las edades, el peso de las muertes de mujeres menores de 18 aumenta casi tres veces en la entidad: pasó de 5.3 a 14.1 por ciento, en 4 años, de 2005 a 2009. En el mismo lapso, la razón de la tasa masculina de defunciones con presunción de homicidio sobre la tasa femenina, muestra, en cambio, una disminución de 9.9 a 8.1. Ello significa que la tasa de homicidios masculinos se ha reducido frente a la tasa de feminicidios a razón de casi dos hombres por cada mujer.

De acuerdo con las Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2011 , publicadas por el Inegi, Baja California es el estado más peligroso para las mujeres. En cuanto a la violación sexual, en 2005 esta Entidad ocupaba el séptimo lugar nacional, con 35.8 mujeres violadas por cada 100 mil. Para 2009, la tasa de víctimas de este tipo de violencia se elevó a 43, llevando a Baja California al cuarto sitio. Solamente Tijuana concentra 70 por ciento de los feminicidios que se producen en la entidad.

La Comisión Especial para el seguimiento de los feminicidios, formada en 2010 por la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, adoptó el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero contra el Estado mexicano, emitida en noviembre de 2010, como uno de los ejes de su plan de trabajo. Con el ánimo de revisar la actuación de las instituciones de procuración de justicia ante los feminicidios, la comisión especial ha convocado a reuniones de trabajo a los procuradores generales de Justicia o fiscales generales de los estados para establecer acuerdos de colaboración, incorporar los estándares establecidos en los resolutivos de esta sentencia y avanzar en el combate de la impunidad en los casos de violencia de género en el país.

Así, de junio de 2010 a septiembre de 2011 se realizaron reuniones con doce titulares de las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales, suscribiendo acuerdos de colaboración que contemplan acciones para establecer un enlace con la comisión, además de revisar expedientes, actualizar páginas electrónicas con datos de mujeres desaparecidas o halladas asesinadas; banco de datos genéticos de mujeres y niñas, incorporar la perspectiva de género y los lineamientos internacionales en protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para investigar los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.

Se ha pugnado igualmente, por la implementación de mecanismos y protocolos para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas y por la asignación de recursos para la formación y capacitación permanente del personal involucrado en las investigaciones. Además de asegurar la difusión amplia de campañas de prevención en materia de derechos humanos de las mujeres. Finalmente hemos pugnado por la tipificación del feminicidio y por contar con una metodología común para el registro y la integración estadística de los homicidios de mujeres.

Este esfuerzo ha sido bien recibido por los titulares de las instancias de procuración de justicia de las entidades, convocadas por la Comisión Especial para el seguimiento de los feminicidios, vía oficios de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en dos ocasiones se ha solicitado al procurador general de Justicia de Baja California su asistencia, sin que a la fecha se haya recibido respuesta afirmativa.

En agosto del año pasado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó respetuosamente al Ejecutivo estatal, para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales realizara una serie de acciones contundentes para agilizar las investigaciones para el esclarecimiento de los crímenes de mujeres y la implementación de medidas preventivas y de seguridad efectiva para las mujeres y las niñas en ese estado, ya que el incremento desproporcionado de la violencia contra las mujeres que se ha dado en la entidad debe ser abordado para diseñar medidas efectivas y eficaces que permitan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para ello se requieren el compromiso y la colaboración de las autoridades.

Por lo expuesto, sometemos a su consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Baja California a instruir al procurador general de Justicia del Estado a fin de que asista a una reunión con la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México de la Cámara de Diputados, para informar sobre la situación de los homicidios y las desapariciones de niñas y de mujeres en la entidad y de las acciones realizadas desde la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto a estos hechos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRA y a la Conagua a resolver el problema del predio El Salado, o La Oreja, en Ecatepec de Morelos, México, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD

Lizbeth García Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de la Reforma Agraria, y a la Comisión Nacional del Agua a resolver el problema del predio conocido como El Salado o La Oreja, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Exposición de Motivos

El predio conocido como El Salado o La Oreja, situado en Ecatepec de Morelos, con una extensión original de 3 mil 900 hectáreas, pertenece a los comuneros del poblado de Santa María Tulpetlac, por disposición inscrita en la Cédula Real del año 1809, cuya legalidad fue reconocida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, en respuesta a la opinión emitida en 1975 por el director general del Instituto Nacional Indigenista, referente a que existían pruebas para reconocer y titular los bienes comunales a favor del poblado de Santa María Tulpetlac, toda vez que los estudios realizados mostraron la autenticidad de la Cédula Real en comento.

Después de haber obtenido la Cédula Real, los pobladores iniciaron la lucha por obtener el reconocimiento oficial de sus tierras, que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Sin embargo durante el reparto agrario, sólo se les reconocieron y titularon 235 hectáreas, dejando en el rezago 3.665, por lo que recurrieron al amparo 498/2003-1 ante el Juzgado del Cuarto Distrito en el estado de México; cabe señalar que el Juez Federal les concedió la suspensión provisional de plano.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua violentó dicha suspensión, utilizando a la Policía Federal Preventiva para desalojar el predio, ya que mantiene la posesión de mil 76 hectáreas de este terreno que colindan con el vaso del lago de Texcoco, con el argumento de que 1922 se declararon propiedad nacional los lagos y lagunas del valle de México; no obstante que en 1971 se fijaron nuevamente los límites del vaso del lago de Texcoco, y que en 1982 se enajenaron estos terrenos, a favor del gobierno del estado de México, para que se regularizara la tierra, y reubicaran en las mismas a quienes acreditaran derechos sobre los terrenos; cabe señalar que el lago se ha desecado y que no existe razón alguna para que la comisión pretenda mantener algún tipo propiedad sobre estos terrenos.

Los comuneros han gestionando todo este tiempo ante distintas instancias; por citar algunos ejemplos en 2003, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes se comprometieron a gestionar una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, el Director General de la Comisión Nacional del Agua, y el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria; en reuniones posteriores no obtuvieron avances significativos por ello en 2007 solicitaron apoyo al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para reanudar las negociaciones con la Comisión Nacional del Agua; y recibir asesoría y representación jurídica.

La secretaría particular de la Presidencia de la República, solicitó a la Procuraduría Agraria brindar la atención correspondiente, y turnó el asunto a la Comisión Nacional del Agua. En 2011 fueron recibidos por personal de dicha comisión quienes aceptaron realizar la revisión de la situación y el director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, solicitó a la Secretaría de Gobernación, intervenir como interlocutor institucional entre los grupos de Santa María Tulpetlac y la Secretaría de la Reforma Agraria, a quien señalaron como la dependencia que cuenta con los antecedentes del asunto.

Como se puede observar, los comuneros de Santa María Tulpetlac han acudido reiteradamente a distintas instancias buscando solución a este conflicto; dado que resultaría una ofensa continuar indefinidamente con esta situación, debe darse respuesta inmediatamente.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaria de la Reforma Agraria y a la Comisión Nacional del Agua a resolver inaplazablemente el problema del predio conocido como El Salado o la Oreja, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Dado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a implantar el programa Alerta Amber a fin de que se permita coordinar las acciones para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niños y de adolescentes desaparecidos ahí, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD

Lizbeth García Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar en la entidad el programa de Alerta Amber, con la finalidad de que se coordinen las acciones para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el estado de México.

Exposición de Motivos

Decenas de niños y niñas desaparecen cada año en el estado de México. Algunos, según reportes del Registro Nacional de Personas Extraviadas, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, incluso en sus propias casas, en descuidos de sus madres, o al salir de fiesta con los amigos.

Aunque hay diferencias entre secuestro, sustracción por un familiar, extravío o desaparición de un infante o de un menor, el problema para un padre de familia en todos los casos es el mismo: la tragedia de no tener acceso al menor, y en muchas veces, en forma permanente. Sí, en México este problema poco se discute o se reporta, y muchos de estos niños no sólo se los llevan para exigirles dinero a sus padres, sino para venderlos en adopciones ilegales, o para prostituirlos. Y como si el problema de los criminales que se dedican al robo de niños, además de la existencia de pederastas, no fuera suficiente, también están los mismos padres, que secuestran a sus hijos por problemas con sus parejas o por conflictos de divorcio 1 .

A julio de éste año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha iniciado la investigación de 42 desapariciones de niños en toda la entidad, pero sólo se ha logrado la localización de ocho menores.

Según los reportes de la procuraduría estatal, en el mes de enero se registró la menor incidencia de desaparición de niños, con dos casos, y marzo el que más casos, cuando se registraron nueve, incluidos el de dos recién nacidas, una de ellas ya fue recuperada en el municipio de Tenancingo, mientras que la otra pequeña fue arrebatada de los brazos de su madre en calles de la ciudad de Toluca, sin que hasta ahora se sepa algo de su paradero.

Por tanto se trata de un problema de suma importancia y sobre el cual se requieren implementar mecanismos eficientes como el de la Alerta Amber.

La Alerta Amber es un programa que se ha desarrollado en otros países y tiene gran experiencia en el tema, este programa ha concientizado a las autoridades, procuradores, policía y sociedad para poder hacer un trabajo conjunto, con el objetivo de recuperar a los menores de edad en peligro de sufrir daños por haber sido sustraídos, secuestrados, desparecidos sea en el país de origen o en el extranjero, facilitando así el intercambio de información y proporcionar las herramientas tecnológicas para dicha búsqueda y recuperación, ayudando a contrarrestar este fenómeno

Recientemente el gobierno del Distrito Federal presentó este programa, con la finalidad de coordinar las acciones para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes en la capital del país.

Cabe señalar que esta alerta consiste en la organización de la sociedad civil, medios de comunicación, autoridades y empresas para efectuarla localización de los menores desaparecidos. Para que una alerta sea emitida, los familiares del menor (desaparecido o secuestrado) deben dirigirse a la Procuración de justicia o a un organismo de la sociedad civil. Después, utilizando los tiempos oficiales en radio y televisión, se emitirá un corte informativo sobre la desaparición.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo exhorta al gobernador constitucional del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar en la entidad, el Programa de Alerta Amber, con la finalidad de que se permitan coordinar las acciones, para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el estado de México.

Nota

1 Salazar, Ana María, Menores robados y desaparecidos. En http://www.informador.com.mx /mexico/2010/205337/6/menores-robados-y-desaparecidos.htm.

Dado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de enero de 2012.

Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender acciones urgentes contra el alza de la canasta básica, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado federal Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emprender acciones emergentes que permitan combatir el crecimiento de precios de la canasta básica al tenor de las siguientes

Consideraciones

La canasta básica, según la Procuraduría Federal del Consumidor, es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una familia pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso; en otras palabras, una canasta básica es aquella que tiene todos los productos necesarios para poder tener una vida sana, tanto física como mentalmente.

A través del tiempo se han incluido una serie de factores a la canasta básica, ya que inicialmente se utilizaba esta medida para saber cuánto tiene que gastar una persona para poder satisfacer sus necesidades primarias y de esta manera, desarrollar su potencial.

Algunos productos que forman parte de la canasta son aceites, agua embotellada, arroz, atún, azúcar, carne, café soluble y tostado, cerveza, chocolate, electricidad, gas doméstico, servicios telefónicos, detergentes, jabones, medicamentos, pasta de dientes, refrescos, gasolinas, el transporte colectivo, computadoras, Internet, refrigeradores, televisores, el cine, cuadernos y lápices, entre otros.

En México utilizamos esta medición para calcular la inflación; el Banco de México (Banxico) agrupa a 80 productos de la canasta básica y los compara con el ingreso-gasto de las familias promedio del país.

Para facilitar su estudio, Banxico ubicó a todos los productos a estudiar en siete grupos los cuáles son alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; muebles, aparatos domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento y otros.

Las mediciones del índice nacional de precios al consumidor se publican los primeros martes y los días 24 de cada mes, a fin de saber cuánto aumentaron los precios en general y optar por medidas que logren mantener estable la inflación. Otra institución que mide y estudia los precios es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a fin de proveer al consumidor información sobre la variedad de precios y calidad de distintos productos, así como su disponibilidad y si éstos pueden ser adquiridos por la mayoría de los mexicanos.

El 4.2 por ciento de aumento general a los salarios mínimos en las tres áreas geográficas del país se verá opacado este 2012 con el alza de la canasta básica alimentaría, la cual tan sólo en los últimos cuatro meses de 2011 reportó un incremento del 30 por ciento. Los 59.08 pesos que aplicarán como salario mínimo mensual para 2012 en la zona rural del país de los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Morelos, Puebla, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, como lo establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pareciera ser una broma de mal gusto que sólo generará mayor inestabilidad social.

El incremento al salario mínimo no ayuda a contrarrestar la precaria situación económica en la que viven millones mexicanos, no sirve ni para pagar un huevo, menos para un cuarto de tortillas.

Para este 2012, el sector público federal contempla un incremento de entre el 10 y el 15 por ciento de los productos básicos. El precio de la tortilla aumentó 2.50 pesos, por lo que el kilogramo ya cuesta 12 pesos, pero son muchos los productos de la canasta básica y servicios los que ha sufrido un incremento.

Por lo pronto, ya hay productos de la canasta básica que han subido de precio hasta en un 44 por ciento a diez días de iniciado el año, tales como el agua embotellada, café, huevo, artículos de limpieza, galletas de granola, refresco de cola y el jamón de pavo, entre otros.

Recordemos que esto es sólo el principio, pues falta que entren en vigor los aumentos de precios en la energía eléctrica y agua, así como el gasolinazo de cada mes, que sin duda van a generar alzas sistematizadas en todos los productos, incluidos los considerados dentro de la canasta básica.

Por lo expuesto y fundado:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta Ejecutivo federal a emprender acciones emergentes que permitan combatir el crecimiento de precios de la canasta básica.

Dado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SCT para que explique las razones y condiciones de la compra de acciones del Tren Suburbano, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Rigoberto Salgado Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan al pleno de esta Comisión Permanente propuesta con punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez-Jácome Friscione, para que explique las razones y condiciones de la compra de acciones del Tren Suburbano.

Antecedentes

De manera casi subrepticia, a finales del mes de diciembre del año pasado, se supo que el gobierno federal informó su aceptación para rescatar a la empresa Ferrocarril Suburbano mediante la compra del 49 por ciento de las acciones de la concesionaria española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y extendiendo la vigencia de la concesión hasta el año 2050.

Por más que se diga que lo anterior es una reestructura financiera en el ámbito mercantil, en realidad es un rescate de una empresa privada extranjera con recursos públicos.

El Distrito Federal es la primera ciudad del país que cuenta ya con un tren suburbano en su primera etapa. En nuestra ciudad, este sistema denominado Red Ferroviaria de la Zona Metropolitana del Valle de México o Tren Suburbano, constituido por tres sistemas aunque únicamente opera el Sistema 1.

El Sistema 1 (al que hacemos referencia aquí) opera en el tramo Buenavista-Cuautitlán. Con una longitud de 27 kilómetros desde la antigua estación de ferrocarriles de Buenavista hasta la estación Cuautitlán, en el estado de México. Ha tenido un costo aproximado de 670 millones de dólares. Adicionalmente, se tiene proyectado extender este Sistema 1 con tres ramales más: Cuautitlán-Huehuetoca; Lechería-Jaltocán, y San Rafael-Tacuba, todos en el estado de México.

Problemas del Sistema 1. Desde la licitación a la quiebra

La licitación de la concesión fue poco clara desde un principio y ello hace sospechar que el proyecto pudo tener características más ventajosas tanto para las finanzas públicas federales como para los usuarios del tren. El 11 de diciembre de 2003 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la licitación para la construcción del Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano Buenavista-Cuautitlán. Varias empresas estuvieron interesadas y algunas de ellas formaron alianzas entre sí.

De estas alianzas surgieron los consorcios:

• Consorcio Alstom, integrado por Alstom Transporte, SA de CV. (1.5 por ciento), Alstom Transport, SA (Francia, 11 por ciento), ICA-COI, SA de CV. (México, 12.5 por ciento), Grupo Hermes, SA de CV. (México, 50 por ciento) e Inverse, SA de CV. (México, 25 por ciento).

• Operadores del sistema, RATP y/o Roggio.

• Consorcio CAF, integrado por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (España, 50 por ciento), Inversiones en Concesiones Ferroviarias, SA (España, 30 por ciento), y Estrella Blanca, SA de CV (México 20 por ciento) y

• Operador del sistema: ADIF y/o Renfe.

En mayo de 2005 las empresas Siemens, Ferromex, Bombardier, Inversiones de Autotransporte (IAMSA), Elecnor y Mitsubishi, desistieron de su participación, por lo que los consorcios CAF y Alstom resultaron los únicos finalistas.

El 28 de junio del mismo año, la SCT anunció la descalificación del consorcio CAF argumentando una serie de indefiniciones de carácter técnico en el proyecto presentado por el consorcio español, además de que la propuesta no había sido desarrollada con base a los requerimientos de la licitación. Como resultado, el consorcio Alstom se convirtió en el virtual ganador de la licitación.

No obstante, el representante de CAF impugnó la descalificación y el 4 de julio de 2005 la SCT decidió declarar desierta la licitación. Los argumentos para declarar desierta la licitación no fueron específicos. Únicamente se mencionó una falla técnica (sin dar detalles) en la propuesta de Alstom.

La SCT publicó el 12 de julio de 2005, en el Diario Oficial de la Federación, nuevas bases de licitación. Participando sólo los consorcios Alstom y CAF. En esta nueva puja el grupo Estrella Blanca decidió salir del consorcio español. El consorcio Alstom no sufrió cambios.

El 24 de agosto de 2005 el consorcio CAF ganó la concesión del Tren Suburbano por treinta años, a cargo de su empresa filial Ferrocarriles Suburbanos, SA de CV, la que contaría con 34 meses para construir el sistema.

En noviembre de 2007, el diario El Universal, reveló la supuesta injerencia del rey Juan Carlos de España y de José Luis Rodríguez Zapatero en favor del grupo constructor español. Pero nunca se ha emitido algún desmentido por las partes involucradas.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 2006 la Auditoría: “Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 Obras Públicas, Proyecto Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, en el Distrito Federal y en el estado de México”. Para ello, auditó una muestra de 305,135.3 miles de pesos en 14 contratos de obras y servicios de este proyecto.

La inversión total estimada para el desarrollo del proyecto asciende a 593 millones de dólares, más un fondo de contingencia de 115 millones de dólares, “para cubrir deficiencias para el pago de la deuda contratada por el concesionario”, lo que da un total de 708 millones de dólares.

De la auditoria llevada a cabo, la ASF encontró un impacto de las “observaciones” que hizo por un importe de 15, 335.0 miles de pesos. En consecuencia la ASF estima que habría “Recuperaciones Probables por esos 15, 302.6 miles de pesos”. “Se detectaron pagos en exceso por 15, 335.0 miles de pesos, con recuperaciones probables por 15, 302.6 miles de pesos”, debido a la “falta de documentación que avale el pago de algunos volúmenes de obra, diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados, incorrecta integración de precios unitarios e incumplimientos de los alcances contractuales de las empresas de supervisión externa y de los alcances de los precios unitarios”.

Considerandos

Ya desde agosto de 2010, el Tren Suburbano enfrentaba dificultades debido a que los aforos estaban en 50 por ciento por debajo de los proyectados por lo que algunos analistas preveían que la empresa podría ir a concurso mercantil o a la quiebra. Y como puede verse, desde la concesión ha habido problemas e irregularidades con el Tren Suburbano.

Ahora, en diciembre de 2011, con la compra de las acciones, el gobierno se convierte, de hecho, en el principal accionista de la empresa; sin embargo, no se conoce el monto de la operación y sólo se sabe que el Fonadin otorgaría al concesionario del Tren Suburbano “un nuevo apoyo recuperable mediante el aumento del fondo contingente para la deuda existente hasta la fecha, hasta por un monto de 2 mil 340 millones de pesos”.

Con esta información insuficiente y un lenguaje confuso y vago, el gobierno federal pretende esconder el rescate de la empresa española y sus ganancias con recursos de todos los mexicanos.

Esta medida es discriminatoria para otras empresas mexicanas que atraviesan situaciones semejantes y a las que se ha negado una “reestructura financiera en el ámbito mercantil”. Debemos conocer los pormenores del rescate.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez-Jácome Friscione, para que detalle y explique las razones y condiciones de la compra de acciones del Tren Suburbano por parte del gobierno federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre el fortalecimiento del estado de derecho en Puebla, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, proponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 12 de enero fue detenido José Alfredo Arango García, quien fuera secretario de Salud en el gobierno de Mario Marín Torres en el estado de Puebla, acusado de enriquecimiento ilícito por haber comprobado la acumulación de alrededor de 54 millones de pesos en sus cuentas, por quebrantar el Sistema de Pensiones del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) y por realizar licitaciones irregulares para la compra de medicamentos y equipo médico.

Se trata de una acción de gobierno que merece ser reconocida, sobre todo en una entidad donde la impunidad y la corrupción de la pasada administración ha sido evidente, por tanto nuestro grupo parlamentario considera que dichas acciones deben ir a fondo y agotarse para todos los ex funcionarios de la administración de Mario Marín Torres, incluyendo al propio ex gobernador.

De hecho, el propio procurador de Justicia de Puebla ha señalado que el ministerio público de esa entidad “continúa trabajando en averiguaciones abiertas en contra de más funcionarios del sexenio de Mario Marín”, las cuales se encuentran en etapa de investigación y que hasta contar con los elementos correspondientes se van a señalar.

Por tanto la propuesta que hoy ponemos a la consideración de este pleno, va encaminada a que las autoridades tanto ministeriales como administrativas de Puebla concluyan sus procedimientos y se esclarezca qué funcionarios son responsables de actos de corrupción y si se encuentra implicado o no el propio Mario Marín Torres.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, a concluir las investigaciones ministeriales y los procedimientos administrativos en contra de quienes resulten responsables por actos de corrupción de la pasada administración y se esclarezca si existe responsabilidad del ex gobernador Mario Plutarco Marín Torres.

Diputados: Armando Ríos Piter, Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNBV que aplique de manera diferenciada Basilea III en México, a cargo de Julio César Aguirre Méndez y suscrita por Rosalinda López Hernández, senadores del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos Rosalinda López Hernández y Julio César Aguirre Méndez, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición por el que la Comisión Permanente solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicar de manera diferenciada Basilea III en México, con base en los siguientes

Antecedentes

En diciembre de 1974, el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales del G-10, donde se publicó el primero de los acuerdos de Basilea, un conjunto de recomendaciones alrededor de una idea principal: Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba– El conjunto de requerimientos y lineamientos de capitalización bancaria se le conoce como Basilea I.

El acuerdo establecía una definición de “capital regulatorio” compuesto por elementos que se agrupan en 2 categorías (o tiers) si cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos.

Este acuerdo era una recomendación: cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba libre de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que considerase oportunas. Entró en vigor en más de cien países.

La principal limitación del acuerdo de Basilea I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una dimensión esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios. Es decir, consideraba que los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir.

Para superarla, el Comité de Basilea propuso en 2004 un nuevo conjunto de recomendaciones para constituir Basilea II, éstas se apoyan en los siguientes tres pilares .

Pilar I: El cálculo de los requisitos mínimos de capital

Constituye el núcleo del acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto al anterior: tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios (utilizando ratings externos o internos) y añade requisitos de capital por el riesgo operacional.

La norma de Basilea I, que exige fondos propios mayores a 8 por ciento de activos de riesgo, considerando: (riesgo de crédito + riesgo de negociación + riesgo de tipo de cambio ) mientras que ahora considera: (riesgo de crédito + riesgo de mercado+ riesgo de tipo de cambio + riesgo operacional).

El riesgo de crédito se calcula a través de tres componentes fundamentales:

• Probability of Default (PD): probabilidad de incumplimiento.

• Loss Given Default (LGD): pérdida en el momento de incumplimiento (severidad, indica la gravedad de la pérdida).

• Exposure at Default (EAD): exposición en el momento del incumplimiento.

Habida cuenta de la existencia de bancos con distintos niveles de sofisticación, el acuerdo propone distintos métodos para el cálculo del riesgo crediticio. En el método estándar, la PD y la LGD se calculan implícitamente a través de las calificaciones de riesgo crediticio publicadas por empresas especializadas (agencias de rating) utilizando una serie de baremos. En cambio, los bancos más sofisticados pueden, bajo cierto número de condiciones, optar por el método de ratings internos avanzado (AIRB), que les permite utilizar sus propios mecanismos de evaluación del riesgo y realizar sus propias estimaciones. Existe un método alternativo e intermedio (foundation IRB) en el que los bancos pueden estimar la PD, el parámetro de riesgo más básico, y utilizar en cambio valores precalculados por el regulador para la LGD.

Hasta la fecha, muchas entidades bancarias gestionaban su riesgo crediticio en función de la pérdida esperada, EL = PDxLGDxEAD , que determinaba su nivel de provisiones frente a incumplimientos. La nueva normativa establece una nueva medida, el RWA, que se fija no en la media sino en un cuantil elevado de la distribución de pérdida estimada a través de una aproximación basada en la distribución normal.

El riesgo de crédito se cuantifica entonces como la suma de los RWA correspondientes a cada una de las exposiciones que conforman el activo de la entidad.

Dentro del riesgo de crédito se otorga un tratamiento especial a las titulizaciones, para las cuales se debe analizar si existe una transferencia efectiva y significativa del riesgo, y si son operaciones originadas por la entidad o generados por otras.

El riesgo de negociación y el riesgo de tipo de cambio se siguen calculando conforme a Basilea I.

El riesgo operacional se calcula multiplicando los ingresos por un porcentaje que puede ir desde el 12 por ciento hasta 18 por ciento. Existen tres métodos alternativos para calcularlo dependiendo del grado de sofisticación de la entidad bancaria. Por último, la definición de capital regulatorio disponible permanece casi igual a la de Basilea I.

Hay que advertir una objeción en este cálculo del riesgo: que se ignora los efectos agravantes/mitigantes de la concrentración/diversificación de riesgos (estructura de correlación probabilística entre las diversas exposiciones). Esta es una de las principales diferencias entre Capital Regulatorio y Capital Económico.

Pilar II: El proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios

Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción. Además, deben validar tanto los métodos estadísticos empleados para calcular los parámetros exigidos en el primer pilar como la suficiencia de los niveles de fondos propios para hacer frente a una crisis económica, pudiendo obligar a las entidades a incrementarlos en función de los resultados.

Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos estarán obligados a almacenar datos de información crediticia durante periodos largos, de 5 a 7 años, a garantizar su adecuada auditoría y a superar pruebas de “stress testing ”.

Además se exige que la alta dirección del banco se involucre activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor bancario. Como el banco es libre para elegir la metodología para su autoevaluación, se pueden considerar otros riesgos que no se contemplan en el cálculo regulatorio, tales como el riesgo de concentración y/o diversificación, el riesgo de liquidez, el riesgo reputacional, el riesgo de pensiones, etcétera.

Para grupos financieros multinacionales se establecen Colegios Supervisores que, bajo la coordinación del supervisor de la entidad matriz, se encargan de la coordinación internacional de la supervisión del grupo financiero.

Pilar III: La disciplina de mercado

El acuerdo estableció normas de transparencia y exigió la publicación periódica de información acerca de su exposición a los diferentes riesgos y la suficiencia de sus fondos propios. El objetivo es:

1. La generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización internacional.

2. La reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y de la gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las entidades.

3. La transparencia financiera a través de la homogeneización de los informes de riesgo publicados por los bancos.

Inicialmente la información debe incluir:

• Descripción de la gestión de riesgos: objetivos, políticas, estructura, organización, alcance, políticas de cobertura y mitigación de riesgos.

• Aspectos técnicos del cálculo del capital: diferencias en la consolidación financiera y regulatoria.

• Descripción de la gestión de capital.

• Composición detallada de los elementos del capital regulatorio disponible.

• Requerimientos de capital por cada tipo de riesgo, indicando el método de cálculo utilizado.

El requisito inicial es que se publique al menos anualmente, aunque es previsible que la frecuencia será mayor (al menos resumida) y a sus contenidos mínimos se irá añadiendo la información que el mercado exija en cada momento.

A partir de la crisis subprime de 2008, el sistema financiero internacional identifico un nuevo y poderoso concepto: riesgo sistémico, conocido como el fenómeno económico que se presenta cuando una empresa se descapitaliza o degrada su grado de confianza hasta el punto que afecta al resto del sistema financiero, al Sistema de Pagos y finalmente al sector productivo.

El acuerdo de Basilea III es un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Estas medidas persiguen:

• Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo.

• Mejorar la gestión de riesgos y el bueno gobierno en los bancos.

• Reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos.

Las reformas se dirigen a:

• La regulación de los bancos a títulos individual (dimensión microprudencial), para aumentar la capacidad de reacción de cada institución en periodos de tensión

• Los riesgos sistémicos (dimensión macroprudencial) que puedan acumularse en el sector bancario en su conjunto, así como la amplificación procíclica de dichos riesgos a lo largo del tiempo.

Estas dos dimensiones son complementarias, ya que aumentando la resistencia de cada banco se reduce el riesgo de alteraciones en el conjunto del sistema.

Las principales novedades que incorpora Basilea III son Medidas para aumentar la calidad, consistencia y transparencia de los recursos propios; Medidas para el refuerzo de la liquidez o Ratio de cobertura de liquidez a corto plazo; Ratio de liquidez estructural; Ratio de apalancamiento; Colchones de capital; Medidas contra la prociclicidad; Requerimientos adicionales para el riesgo de contrapartida y el tratamiento de las entidades sistémicas.

A continuación desarrollamos sintéticamente los aspectos cruciales de Basilea III:

Primer pilar: Capital, coberturas, apalancamiento

a) Capital

• Calidad y cantidad del capital: Como eje central de Basilea III esta el énfasis en el capital ordinario de las instituciones financieras, el requerimiento mínimo se eleva a 4.5 por ciento de los activos ponderados por riesgo, tras las deducciones pertinentes.

• Capital con capacidad de absorber pérdidas en el punto de no viabilidad: Los términos contractuales de los instrumentos de capital incluirán una cláusula que permita —a discreción de la autoridad competente— la amortización o conversión en acciones ordinarias si el banco se considera inviable. Este principio incrementa la implicación del sector privado en la resolución de futuras crisis bancarias, reduciendo así el riesgo moral.

• Colchón de conservación del capital: Comprende el Capital ordinario por valor del 2.5 por ciento de activos ponderados por riesgo, con lo que el mínimo total de Capital ordinario asciende a 7 por ciento. Se limitarán las distribuciones discrecionales de fondos cuando los niveles de capital de la entidad se sitúen dentro de este rango.

• Colchón anticíclico: Impuesto en un rango de 0 por ciento - 2.5 por ciento y formado por Capital ordinario, se aplicará cuando las autoridades consideren que el crecimiento del crédito está ocasionando una acumulación inaceptable de riesgos sistémicos.

b) Cobertura del riesgo

• Titulizaciones: Se fortalece el tratamiento de capital para determinadas titulizaciones complejas. Se exige a los bancos realizar análisis más rigurosos de las posiciones de titulización con calificación crediticia externa.

• Cartera de negociación: Capital considerablemente superior para las actividades de negociación y con derivados, así como titulaciones complejas mantenidas en la cartera de negociación. Introducción de un marco de valor en riesgo en condiciones de tensión a fin de moderar la prociclicidad. Se incorpora un requerimiento de capital para riesgo incremental que estima los riesgos de impago y de migración de productos de crédito sin garantía teniendo en cuenta la liquidez.

• Riesgo de crédito de contraparte: Fortalecimiento sustancial del marco de riesgo de crédito de contraparte con requisitos más estrictos de capital para medir la exposición, incentivos de capital para que los bancos utilicen entidades de contrapartida central al negociar con derivados, y requerimientos de capital más elevados para las exposiciones dentro del sector financiero.

• Exposiciones bancarias a las entidades de contrapartida central (CCP): El Comité ha propuesto una ponderación por riesgo de 2 por ciento para las exposiciones comerciales frente a CCP admisibles, así como la capitalización de las exposiciones al fondo de garantía de liquidación frente a CCP admisibles conforme a un método basado en el riesgo que estima de forma consistente y sencilla el riesgo procedente de dicho fondo.

• Restricción del Apalancamiento: Se establece un coeficiente de apalancamiento no basado en el riesgo que incluye posiciones fuera de balance respalda el requerimiento de capital basado en el riesgo. Además, este coeficiente contribuye a contener la acumulación de apalancamiento en el conjunto del sistema.

Segundo pilar : Requerimientos complementarios

Normas en materia de buen gobierno y gestión del riesgo en el conjunto de la entidad, riesgo de las posiciones fuera de balance y actividades de titulización, gestión de las concentraciones de riesgos, incentivos a los bancos para gestionar mejor el riesgo y los rendimientos a largo plazo, prácticas adecuadas de remuneración, prácticas de valoración, pruebas de tensión, normas de contabilidad para instrumentos financieros, gobierno corporativo, colegios de supervisores.

Tercer pilar: Disciplina de mercado

• Requerimientos de divulgación: Los nuevos requisitos están relacionados con las posiciones de titulización y con el patrocinio de vehículos fuera de balance. Se exigirá una divulgación más detallada de los componentes del capital regulador y su conciliación con las cuentas declaradas, así como una explicación pormenorizada sobre cómo calcula el banco sus coeficientes de capital regulador.

Es importante mencionar, que además de cumplir los requerimientos de Basilea III, las instituciones financieras de importancia sistémica (SIFI) deben contar con una mayor capacidad de absorción de pérdidas, para reflejar así el mayor riesgo que comportan para el sistema financiero. El Comité ha elaborado una metodología de indicadores cuantitativos y elementos cualitativos que permite identificar a los bancos de importancia sistémica mundiales (SIB). La absorción de pérdidas suplementaria se basará en un requerimiento progresivo de Capital ordinario de Nivel 1 (CET1) de entre el 1 por ciento y el 2.5 por ciento, en función de la importancia sistémica del banco en cuestión. A los bancos que presenten el máximo recargo de SIB se les puede aplicar un 1 por ciento adicional de absorción de pérdidas para disuadirles de aumentar significativamente su importancia sistémica en el futuro. Se ha publicado un documento consultivo en cooperación con el Consejo de Estabilidad Financiera, encargado de coordinar el conjunto de medidas de reducción del riesgo moral planteado por las SIFI mundiales. Sobresale de las nuevas disposiciones en materia de liquidez el Coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) que exigirá a los bancos mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para resistir 30 días en un escenario de financiación bajo tensión especificado por los supervisores. Y el coeficiente de financiación estable neta (NSFR) es un indicador estructural a largo plazo diseñado para paliar desajustes de liquidez. Este coeficiente cubre la totalidad del balance y ofrece incentivos a los bancos para que recurran a fuentes de financiación estables.

Consideraciones

Las instituciones financieras globales consideradas de riesgo sistémico, como el español Santander, el inglés HSBC y el estadounidense Citigroup, que mantienen operaciones en México vía sus filiales, junto con 26 bancos más, tendrán que cumplir con un cargo adicional de capital de entre 1 y 2 por ciento en Basilea III.

Además, serán objeto de una supervisión más estricta y coordinada entre los reguladores en donde operen sus filiales. En declaración de Carlos Serrano, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, explicó que según lo acordado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, esos bancos también deberán tener esquemas de resolución listos. Si un banco se encuentra en problemas de liquidez, las autoridades ya deben de contar con un mecanismo para darle solución de forma rápida, dijo. Adicionalmente: “Los colegios de supervisión que se conformaron acordaron que deben operar de forma más intensiva para que todos los reguladores sepan la situación global del banco, por lo que estos bancos deberán ser objeto de una supervisión más coordinada y de mayores cargos de capital, dependiendo de su riesgo sistémico.”

Desde septiembre de 2011, los bancos nuevos, las instituciones financieras más capitalizadas del sistema y que no son subsidiarias de firmas en el extranjero, prevén que el cumplimiento de los nuevos requerimientos de capital por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los lleve a reducir su actividad crediticia. La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifim), que surgió hace 3 años por iniciativa de bancos nacionales que buscan crear un foro de discusión sobre su modelo de negocio y tamaño, indicó que ha analizado la fórmula que propone la CNBV para fortalecer su capital y que el resultado es que requerirán mayores recursos de sus inversionistas o reducir el crédito. Dicha asociación cuenta como miembros a las instituciones de Afirme, Actinver, Famsa, Azteca, Compartamos, Bajío, Inbursa, Interacciones, Invex, Multiva y Bancoppel, para quienes los requerimientos de Basilea III son un incentivo negativo para las instituciones.

La CNBV actualizará las reglas de capitalización del sistema bancario, con base a las sugerencias del acuerdo de Basilea III, donde se plantean las reglas que necesitan las firmas financieras en el mundo para evitar quiebras y asegurar que sus niveles de liquidez, apalancamiento y capital soporten una crisis. La UNIFIM, comentó que las reglas del regulador bancario diseña para la banca podrían reducir los niveles de crédito de los bancos mexicanos.

Es un tema de la mayor importancia dado que los bancos mexicanos de menor tamaño frente a los nuevos requerimientos pensados para grandes corporaciones internacionales que tienen efectos de riesgo sistémico, podrían enfrentar problemas de asfixia en su crecimiento de cartera crediticia debido a los nuevos requerimientos de Basilea III por lo que la medicina pudiera resultar contraproducente. A lo anterior, se agrega el hecho de que el poder de dominancia en México de cuatro bancos, evidentemente tendría efectos adversos para el desarrollo de un mercado más competitivo.

De acuerdo con especialistas así como a las instituciones financieras globales consideradas de riesgo sistémico se les pedirá capital adicional, en México Basilea III debería ser aplicada de forma diferenciada a los bancos de menor tamaño respecto a los bancos de mayor tamaño, la polarización y concentración del capital bancario hace que una medida de este tipo tenga efectos contraproducentes en el mercado y en el crédito.

Para José Antonio Quesada, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reconoció que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha distinguido por aplicar normas iguales para todos los bancos como sucedió con la modificación de las reglas para la constitución de mayores reservas preventivas en distintas carteras en el caso de Basilea III recomienda que no se aplique igual En Basilea III si se suben las reglas de capitalización como se plantea en las nuevas disposiciones, se corre el riesgo de asfixiar a bancos de menor tamaño nacionales frente a los bancos que son filiales internacionales.

Las nuevas disposiciones en materia de capitalización de la CNBV entrarán en vigor para el primer trimestre de 2012 podrían ocasionar que los bancos pequeños que nacieron previo a la crisis de 2008 y no han tenido el desarrollo esperado busquen consolidarse o se centren en nichos de mercado más específicos. En otras palabras, Basilea III no considera las condiciones del sistema financiero México, y ante la falta de una discusión sobre el diseño institucional nacional frente a los cambios regulatorios internacionales, las recomendaciones por si solas pueden favorecer las condiciones de dominancia de los grandes bancos versus los bancos emergentes, con sus consecuentes efectos sobre el ya reducido monto de crédito al sector productivo.

Con estos argumentos, consideramos suficientemente justificable solicitar a la CNBV una reconsideración de la aplicación de las nuevas normas de BASILEA III considerando la estructura y la concentración del activo del sistema bancario mexicano, tal como se aplica por la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes bajo el principio de reglamentación diferenciada anuncio nuevas reglas únicamente aplicables a instituciones financieras con activos mayores a 50 mil millones de dólares consonantes con los acuerdos de Basilea III, mientras que en México, las autoridades supervisoras mexicanas aplican hoy un criterio de igualdad a instituciones desiguales el cual obliga a establecer las mismas reservas de capitalización y liquidez a las instituciones de menor tamaño lo que provoca la disminución y el encarecimiento de la oferta de crédito de estas últimas

Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México evaluar un esquema alternativo de Basilea III bajo el principio de reglamentación diferenciada en función de los activos y el poder de dominancia de las instituciones del sector bancario en México.

Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, doctor Guillermo Babatz Torres, un informe de las nuevas disposiciones y fases para la aplicación de Basilea III y sus implicaciones para el desarrollo de la competencia en el sector bancario en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Senadores: Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que respete los compromisos para elaborar el Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y la sociedad civil, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Julio César Aguirre Méndez, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición por el que la honorable Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de Gobernación respetar los compromisos para la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y sociedad civil con base en los siguientes

Antecedentes

Antes del asesinato de 72 migrantes latinoamericanos en 2010, la credibilidad de México en la atención del fenómeno migratorio era seriamente cuestionada desde las voces del interior de nuestro país de intelectuales como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Jorge Durand, Jorge Santibañez; líderes religiosos como el padre Solalinde y diversas organizaciones de derechos humanos, así como organismos internacionales defensores de los derechos humanos, donde la ONU, a través de los relatores de derechos humanos como el maestro Jorge Bustamente, habían presionado al Poder Federal y Legislativo para impulsar reformas en materia de protección de derechos humanos de los inmigrantes, transmigrantes, con énfasis en la protección social y laboral de los mexicanos en el extranjero, que por su condición migratoria se encuentran altamente vulnerables ante autoridades locales y practica xenofóbicas.

La aprobación de la minuta de la Ley de Migración en un periodo de tiempo tan corto y con el consenso logrado en las dos cámaras fue el resultado de varios factores que es importante mencionar:

a) La presentación de propuestas legislativas que sirvieron de base para el dialogo con la Secretaría de Gobernación.

b) Una presión social y la participación de organizaciones civiles pro defensa de derechos humanos de los migrantes.

c) Las redacciones de una parte importante de la Ley de Migración ya se encontraba en disposiciones reglamentarias.

d) El dialogo y la política entre los legisladores para hacer valer el papel del Poder Legislativo en la materia, a fin de prevalecer los derechos humanos y la tarjeta de transito sobre los criterios de seguridad y criminalización de los migrantes.

Impulsar una Ley de Migración no fue una tarea sencilla, desde la redacción de iniciativas y el proceso de dictaminación, se requirió de un gran esfuerzo de dialogo, se sacrificaron temas como la atención de 13 millones de mexicanos en Estados Unidos de Aamérica, en el ánimo y el compromiso de la Secretaría de Gobernación de tomar el tema como un asunto prioritario en el segundo semestre de 2011, sin que a la fecha se tenga ni noticia ni la voluntad para tratar dicho tema. La razón más importante y comprensible, es que todos hicimos un compromiso de trabajar en el reglamento, como legisladores sabemos que los reglamentos actualmente son una legislación alterna que en lugar de aplicar la voluntad del Congreso, se convierten en verdaderos diques de la voluntad del pueblo.

A la publicación de la Ley de Migración en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 establecía en su artículo tercero transitorio lo siguiente: “Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Ejecutivo federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población.”

Sin embargo, los acontecimientos de secuestro y violaciones de derechos humanos por autoridades migratorias en el verano de 2010, obligaron nuevamente al Congreso el 13 de julio de 2010, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al secretario de Gobernación para que informará y explicará sobre las medidas que se han tomado para proteger a los migrantes y evitar su secuestro por las bandas del crimen organizado. En sesión presidida por el Senador Guadarrama en el marco de las actividades de la Primera Comisión, a pregunta expresa de la diputada Beatriz Paredes que para los efectos del presente documento es preciso citar textualmente:

Diputada Beatriz Paredes: “A mí me parece que esta comparecencia tiene varios componentes importantes. Cómo el diálogo entre Poderes puede ser un diálogo fluido, divergente, constructivo, enérgico y básicamente útil para la sociedad para precisar el estado del arte en una problemática tan seria como es la problemática migratoria.

Segundo, subrayar que el nuevo marco legislativo que va a regir a partir que la reglamentación se ponga en práctica, es un marco legislativo que surgió de un acuerdo entre Legisladores; de un acuerdo entre Legisladores que fue acompañado por la decisión política del Ejecutivo y que reflejó que en este país sí hay acuerdos, y vale la pena que pongamos énfasis también en ese hecho. A veces parecería que solo dirigimos la mirada a los puntos de confrontación y la polarización, es mi opinión personal, le ha hecho mucho daño a México.

En ese sentido saludamos la nueva legislación; insistimos en lo planteado por la Diputado Ruth Lugo, que es un acuerdo de la Comisión Especial de Migración y de otras Comisiones, de que nos importa cómo hacer la reglamentación antes de que se publique porque queremos tener la certidumbre de que se respete el espíritu del Legislador en la reglamentación.”

Al cuestionamiento realizado el secretario de Gobernación estableció el siguiente compromiso:

Secretario de Gobernación, Blake Mora: “Pues, entonces, entremos, digamos, alguna línea de corresponsabilidades entre los poderes, porque me parece de singular importancia, que quienes hoy hicieron un esfuerzo también de venir de lugares en donde por sus ocupaciones legislativas no se encontraban ahora en la ciudad, pues muestran precisamente el interés que se tiene, y no nos podríamos levantar de esta mesa si no concretamos algunos mecanismos para seguir trabajando, como ya aquí lo han manifestado los legisladores, las legisladoras.

Me parece fundamental e instruyo a los subsecretarios que me acompañan, particularmente al subsecretario Centeno Zamora, para que integremos estas mesas de trabajo de seguimiento, hacer una revisión.

...

También le pediría al subsecretario Rubén Fernández, que es el que trae la parte reglamentaria, y no aún y siendo, digamos, no vamos a regatear aquí las facultades que cada uno tenemos, porque, pues ahora sí trabajamos juntos en la construcción de la ley.

No quisiéramos romper el espíritu, tampoco, de lo que ha motivado en su exposición el impulso de la ley, con el reglamento, y entonces trabajar. Habrá puntos de vista, lo sé. Podremos tener opiniones diferentes y convergentes, también lo sé. Pero lo más importante es trabajar juntos, para sacar lo más consensuado posible esta legislación que es fundamental también en la ley que recientemente se ha publicado.”

Ante este compromiso y la falta de respuesta de la Secretaría de Gobernación el 10 de agosto de 2010, los senadores Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Adolfo Toledo Infanzón, Antelmo Alvarado García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Jesús Garibay García, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Humberto Andrade Quezada, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, sometieron a la consideración de la Comisión Permanente un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a considerar la participación y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración y se agilice su conclusión y promulgación.

Después del plazo límite de la publicación del reglamento de la Ley de Migración, en noviembre de 2010, un grupo de senadores del PRD enviaron un compendio de propuestas emanados de la sociedad civil para la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, a partir de un taller realizado por el Grupo Parlamentario del PRD en octubre. Sin que a la fecha se establezca un mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a fin de revisar en el reglamento que se exprese concretamente las principales disposiciones en materia de derechos humanos y de la tarjeta de transito que se pacto en las negociaciones. Citando al senador Rubén Velázquez, uno de los principales promotores de la Ley de Migración:

“Ese método de trabajo deja muy insatisfecho a todo mundo, porque no te da ninguna garantía de que tus puntos de vista van a ser tomados en cuenta, porque no tienes posibilidad de argumentarlos.”

En cambio el Poder Legislativo y organizaciones civiles que trabajan el tema, han mostrado su inconformidad por la falta de un mecanismo de participación que incluyera retroalimentación y debate para incluir sus propuestas en la elaboración del reglamento, ya que se les pidió que enviaran sus posicionamientos vía correo electrónico.

Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios sobre Migración, cuestionó el hermetismo que ha mostrado la SEGOB en este tema. Dijo que si bien enviaron sus propuestas por correo electrónico, nunca estuvieron de acuerdo con el mecanismo. Señaló que las únicas reuniones que han sostenido con Zenteno, han sido de tipo informal. Citando a Fabienne Venet: “Nos preocupa porque el Reglamento es absolutamente fundamental para cerrar el ciclo del compromiso de México en materia migratoria. La ley ha sido un esfuerzo para avanzar en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas que migran, algo que ha sido demandado por la sociedad civil y organismos internacionales y sin reglamento eso no adquiere ninguna practicidad”.

Como Poder Legislativo se nos remitió un proyecto de Reglamento de Migración la semana pasada, cuando sabemos que desde el 16 de diciembre existe el documento final, que fue turnado a las organizaciones civiles y algunos senadores desde el 2 de enero de 2012, hubiéramos preferido la mínima cortesía de consultar la redacción de dicho reglamento con el Poder Legislativo, ya que es un proyecto pensado para enviarse a la Cofemer.

En política las formas son fondo, el pasado Jueves 12 de enero, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), René Martín Zenteno, convoco a representantes de organizaciones sociales, privadas y académicos de diversas instituciones de investigación, con el fin de presentar el reglamento de migración antes de enviarlo a la Cofemer para su revisión con el resto de la administración pública. De acuerdo, con la Secretaria de Gobernación afirmó que desde la publicación de la Ley de Migración ha dialogado con grupos civiles para analizar sus propuestas relacionadas con dicho reglamento. En tanto, otros grupos sociales, directamente vinculados con la gestión de apoyo a indocumentados, consideran que no ha habido un acercamiento suficiente ni productivo, por lo que anunciaron que se retiran de esta mesa. En esa posición están los integrantes del grupo de trabajo sobre política migratoria, entre los que se encuentran Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California, Misión Pastoral para la Movilidad Humana, Fundar Centro de Análisis e Investigación, I(dh)eas, Litigio estratégico en derechos humanos y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Dicho grupo de trabajo no avala el proceso ni el contenido del anteproyecto del reglamento y exige “mecanismos reales de diálogo.

Y aunque la Secretaría de Gobernación justifique que tienen un dialogo con personas tan respetables como Cecilia Imaz, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración; Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, y Rafael Fernández de Castro, del ITAM, entre otros, consideramos que el proceso no es el adecuado y no contribuye al dialogo con las organizaciones civiles y el Poder Legislativo.

En esta secuencia de ideas me permito recuperar el posicionamiento de las organizaciones civiles de la mesa de política migratoria ante la Secretaría de Gobernación del jueves 12 de 2011.

Cita textual del posicionamiento:

“A pesar de que en reuniones con la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos y con la Unidad para el Desarrollo Político, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hizo el compromiso de abrir un mecanismo plural y transparente, sólo se abrió un correo electrónico para el envío de comentarios y se llevaron a cabo reuniones cerradas, que de ninguna manera son una forma de participación efectiva y democrática. No obstante estas condiciones y en virtud del compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos de la población migrante, el Grupo de Trabajo entregó un documento extenso de análisis técnico para su inclusión en el reglamento con el objetivo de que su texto cumpliera con las garantías de debido proceso, acceso a la justicia, mejora de la institucionalidad y protección a la población migrante, entre otros temas. Este documento fue elaborado antes de haber recibido el anteproyecto, lo cual no permitió el desarrollo de propuestas concretas.

Como focos rojos se expresó que el anteproyecto de reglamento sigue siendo muy general y no salvaguarda los derechos de las personas migrantes y que no se han incluido todos los puntos que las organizaciones hicieron llegar en tiempo y forma.

Además que no se han incluido diversos puntos –en perjuicio de la población– incluyendo aquellos relacionados con el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y la protección de la infancia, entre otros. También manifestaron que se sigue favoreciendo la violación a los derechos humanos de las personas migrantes, así como de sus defensores y defensoras. Ejemplo de ello es lo acontecido recientemente en Tenosique y que el reglamento establece un sistema migratorio no accesible para personas migrantes en mayores condiciones de vulnerabilidad y que hace que prevalezcan las condiciones actuales en las que se da la migración. Tras señalar que se incumple el espíritu de la ley y las propias declaraciones del titular del Ejecutivo de que se protegería a dicha población dijeron que su excesiva generalidad favorece la discrecionalidad de las autoridades migratorias al no prever protocolos y no establecer procedimientos claros para diversos temas como la segunda revisión, el tratamiento a los polizones, entre otros. Con ello, tampoco se aporta al fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración. Reiteraron que la participación ciudadana en la construcción de la política migratoria es muy limitada y no abre la posibilidad para el establecimiento de mecanismos amplios, plurales y transparentes y que con ello, se incumple la propia Ley de Migración. Finalmente consideraron que el anteproyecto no cumple con las características necesarias para darle aplicabilidad a la ley y certeza a las personas migrantes.

El texto, afirmaron, debe discutirse y modificarse antes de enviarlo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que efectivamente sea una norma útil. Y exigen que se abra una mesa de trabajo para la discusión del articulado con las características antes señaladas y se comprometan a la entrega oficial de la última versión existente del anteproyecto.”

Suscriben mesa de trabajo de política migratoria:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; PRODH Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California; DPMH Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana; Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Inedim Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Insyde Instituto para la Seguridad y la Democracia; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; Redim Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras , IAP; Manuel Ángel Castillo García, Grupo Guatemala – México; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; José Antonio Guevara, Consultor; Karina Arias, Consultora. Movimiento Migrante Mesoamericano M3.

El anteproyecto de reglamento de la Ley de Migración, elaborado en la Secretaría de Gobernación, no incluye mecanismos para facilitar el tránsito de quienes pretenden llegar a Estados Unidos, pero en cambio sí prevé diversos requisitos para obtener una visa de temporal de transito, mismos que el grueso de los migrantes no podría cumplir. Al igual que en España la visa de visitante con permiso de realizar actividades lucrativas , el migrante debe tener una oferta de empleo o comprobar actividades personales, previa la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes; además, documentos que acrediten las disposiciones legales aplicables, la capacidad profesional o técnica para realizar la actividad profesional, ocupación u oficio a que se refiere la oferta de empleo, así como la constancia de inscripción del empleador, emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Este tema es de la mayor importancia, y considero que el Poder Legislativo, debe llamar de manera urgente la atención a la Secretaría de Gobernación sobre las formas para tratar el tema más prioritario para el Congreso de la Unión, y para recuperar de manera inmediata los canales de diálogo y acuerdos con las organizaciones sociales y los legisladores que trabajaron la Ley de Migración y las iniciativas derivadas de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, y antes que se envíe el Reglamento de Migración a la Cofemer, consideró prioritario establecer una mesa de trabajo técnico entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y organizaciones sociales para tratar directamente redacciones y acuerdos alcanzados para evitar la discrecionalidad de las autoridades migratorias en la atención de los transmigrantes, en respeto de los acuerdos alcanzados el 21 de julio de 2011 con el finado licenciado Blake Mora, secretario de Gobernación.

Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración respetar los acuerdos establecidos el 21 de julio de 2011 para establecer una mesa de revisión y seguimiento de la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con el Poder Legislativo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a mejorar los mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los migrantes, a fin de privilegiar el dialogo y el consenso en las disposiciones reglamentarias de la Ley.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciocho de enero de 2012.

Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre la situación actual de la deuda pública de Nayarit, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , José Antonio Meade Kuribreña, a que en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, remita a esta soberanía un informe detallado, que explique sobre la situación actual que guarda la deuda pública del estado de Nayarit, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los retos que enfrenta México en materia de infraestructura son muy importantes. Por la calidad de su infraestructura, México se ubica en el lugar 71 de una muestra de 133 países y con relación a América Latina se ubica en el 9° después de Barbados (16), Chile (23), Puerto Rico (36) y El Salvador (40). 1

Es bien sabida la importancia de mantener y ampliar la infraestructura para permitir el desarrollo nacional y mejorar sus aspectos económicos a través de la reparación de caminos y telecomunicaciones, así como incrementar el acceso de la población a los servicios públicos sobre todo en las zonas de mayores carencias. Lo anterior supondría que invertir en infraestructura sería invertir en un México mejor, ya que el financiamiento que se contrate debiera ser destinado exclusivamente para cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos que tengan carácter de productivo. El problema con la contratación de la deuda de los Estados y Municipios, es que la mayoría de veces esta no se utiliza para generar mejores condiciones de crecimiento, lo cual solo conlleva a mayores compromisos financieros a futuras generaciones en lugar de mejoras significativas.

Desde el año 2003 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Nayarit, representado por la Secretaría de Obras Públicas, acordaron ampliar la carretera existente La Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita a cuatro carriles para atender las necesidades de conectividad, crecimiento y desarrollo de la región. El proyecto se ubica en el Municipio de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit. (Proyecto inicial: Mejoramiento del tramo de aproximadamente 17 kilómetros, que inicia en La Cruz de Huanacaxtle, en el kilómetro 2+400 y termina en Punta de Mita, en el kilómetro 19+130).

La SCT en Nayarit, realizó los planteamientos a sus oficinas centrales y el Gobierno del Estado por conducto del entonces Gobernador Constitucional, Antonio Echevarría Domínguez, hizo lo propio ante el Presidente de la República y los titulares de las dependencias federales involucradas, con el propósito de que se otorgaran apoyos específicos adicionales a fin de llevar a cabo el proyecto carretero, por considerarse prioritario para el Estado.

El 7 de enero de 2004, el gobierno federal asignó y transfirió al Gobierno del Estado de Nayarit, la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) para ser destinados a la modernización del tramo carretero comprendido entre la población de Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita (Km 2+400 – 19+130), en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con longitud de 17 kilómetros, el cual se inicia en el Boulevard Costero que forma parte de la carretera Tepic-Nuevo Vallarta-Puerto Vallarta. 2

El 21 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la licitación No. 47001002-041-04 para la modernización del tramo carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita Km 11+000 al 19+130 para iniciar el 08 de noviembre de 2004, a cargo del Gobierno del Estado de Nayarit. Recursos económicos que corresponden al Fideicomiso No. 100321330 irrevocable para la modernización del tramo carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita. 3 El nombre de la licitación omite curiosamente la frase “ampliación a cuatro carriles”. Lo anterior se realizó a través de la constitución del Fideicomiso OCC/1043, teniendo a Scotiabank, Inverlat, SA, por fiduciario.

En el mismo DOF se menciona que los recursos económicos para la ejecución de las obras en licitación, fueron aprobados 4 y emitidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit; así como del fideicomiso número 100321330, irrevocable para la modernización del tramo carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita.

El 5 de abril del 2011 el entonces titular del Poder Ejecutivo del Estado solicitó mediante Decreto al Congreso local la autorización para gestionar y contratar financiamiento que constituye deuda pública por la cantidad de 300 millones de pesos tratándose de la misma obra, pagaderos a 20 años. 250 millones de pesos serían para financiar el proyecto carretero y 50 millones de pesos más para pagar a los beneficiarios afectados.

Se tiene conocimiento de que los ejidatarios de La Cruz de Huanacaxtle no recibieron los 50 millones y que el gobierno estatal firmó con ellos un convenio por 28.5 millones, mismos que hasta hace poco no habían recibido, en razón de lo cual promovieron un amparo para impedir que la obra continúe. El proyecto se ubica en el Municipio de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit y es la construcción de un nuevo tramo carretero, que inicia en Cruz de Huanacaxtle, rumbo a Punta de Mita.

El 19 de mayo de ese mismo año, el Congreso local de Nayarit aprobó en dicho Decreto la contratación de la deuda. Lo hicieron prácticamente a ciegas ya que en la iniciativa de decreto presentada ni siquiera se menciona la longitud de la autopista de 4 carriles propuesta. La autorización para contraer deuda al Gobierno del estado de Nayarit tuvo un proceso muy rápido y sospechoso.

Un dato que seguramente olvidaron los funcionarios de entonces encargados de cabildear con el Poder Legislativo local, es que el propio Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Obras Públicas había registrado en 2010 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la manifestación de impacto ambiental (MIA) de esa autopista.

En el documento oficial y según las estimaciones se deja en claro que para la ejecución de los trabajos en sus diferentes etapas del proyecto la inversión requerida fue de aproximadamente $8´089, 199.96 (ocho millones ochenta y nueve mil ciento noventa y nueve pesos) por kilómetro, lo que da un gran total de $58’480, 143.08 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil ciento cuarenta y tres pesos 08/100 moneda nacional) por la longitud total de la carretera que es de 7.23 kilómetros de construcción. 5 Además, dicho documento menciona que el objetivo principal del proyecto sería mejorar, incrementar y modernizar la infraestructura carretera y de comunicaciones para fomentar las inversiones y le otorguen un mayor atractivo turístico a la zona.

Por otra parte, el documento de Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional carretera La Cruz de Huanacaxtle- Punta Mita presentado por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, describe un nuevo proyecto que consiste en la construcción de una carretera que unirá a las localidades de la Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita dentro de la entidad federativa de Nayarit, con mejores condiciones a la existente. El camino pretendido se forma del cadenamiento 0+000 al 7+229.41 (una longitud de 7,229.41 metros) y entronca en ambos extremos a la carretera que ya existe. Proyecto licitado: Nuevo tramo carretero de 4 carriles, desde la carretera federal 200 hasta el kilómetro 11+000.

Asimismo, en la iniciativa de decreto presentada por el ex gobernador en abril de 2011 plantea la consecución técnica del proyecto de un “Nuevo trazo carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita” bajo la modalidad de una autopista tipo A4S y A4 de acuerdo con el anteproyecto autorizado por la SCT con un costo aproximado de $ 250 millones de pesos, argumentando que este permitiría el desarrollo sustentable de la zona y potencializaría los beneficios del mismo en esa región.

En la iniciativa de decreto presentada en abril de 2011, el entonces gobernador Ney González, refiere que el Estado aportó los $100 millones de pesos convenidos, quedando pendiente la aportación federal hasta este momento, argumentando con ello que quedaba truncado este proyecto estratégico para el desarrollo de la Riviera Nayarit y justificando de esta manera la construcción del nuevo proyecto. 6

Ante lo anterior cabe preguntarse, si los proyectos carreteros y los convenios son para la ampliación de la carretera actual, ¿por qué se licita una nueva carretera como se señala en la iniciativa presentada por el ex gobernador? ¿En qué convenio oficial se decidió el cambio de proyecto? y, en todo caso, ¿Por qué se cambió el proyecto? ¿Por qué no se ha hecho pública toda esta información?

Sumado a lo anterior, el 1 de junio del 2011 presenté un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el que se solicita información detallada del estado que guarda la deuda en el Estado de Nayarit. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en junio del mismo año, en respuesta presentó datos que resultaron insuficientes, toda vez que la información presentada además de manera incompleta, esta no satisfizo lo solicitado en el Punto de Acuerdo presentado, ya que la dependencia presentó un informe con las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo y Emisiones con saldos a la fecha del 31 de marzo de 2011 y el decreto aprobado por el Congreso local de Nayarit se solicitó en abril y se aprobó en mayo de 2011.

Datos generados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2005 el Estado de Nayarit tenía una deuda de 363.4 millones de pesos, al cierre del 2010 dicha dependencia dio a conocer que la deuda había incrementado y ascendía a 3,150.9 millones de pesos; en marzo de 2011 la entidad alcanzó obligaciones financieras por 4,129.2 millones de pesos; en mayo de de 2011 se autorizaron los 300 millones de pesos para la construcción del trazo carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita y finalmente al mes de septiembre de 2011 la deuda pública alcanzó los 5,094.60 millones de pesos, por lo que se estima que elevar la deuda en nada beneficia el desarrollo de la entidad. 7

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat), realizó tres manifestaciones de impacto ambiental que dio la impresión que les urgía un fast track por la terminación del sexenio. En una de ellas (MIA) modalidad Regional carretera La Cruz de Huanacaxtle- Punta Mita referida a la construcción de la nueva carretera, el documento señala que se incorporarían los criterios ambientales adecuados para que en su implementación se minimizaran los impactos en su ecosistema. Sin embargo, el proyecto de origen no era ni siquiera la construcción de una nueva carretera, además ello no garantiza que no se generará una alteración a estos ecosistemas y a las playas de la región y en consecuencia la fragmentación del hábitat.

Por otra parte, en la resolución negativa elaborada por la Semarnat emitida mediante oficio: S.G.P.A./DGIRA.DEI.1482.05 de fecha 10 de junio de 2005 (con el proyecto de modernización), los impactos negativos para el proyecto, se esperan en el suelo, aire, efectos visuales y flora. 8 Los impactos negativos para el proyecto, se esperan básicamente en el suelo, aire, efectos visuales y en la flora.

Por lo anterior analizado, estimo que no se justifica el endeudamiento al que incurrió el Gobierno del Estado de Nayarit, y que además el proyecto de obra se considera innecesario y no prioritario.

Mejorar la infraestructura de los países en desarrollo es un aspecto que se considera cada vez más importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio; sin embargo, es preciso mejorar el entorno normativo e institucional a la hora de contratar deuda por infraestructura, además de que es necesario el fortalecimiento de los instrumentos de transparencia. La mayoría de las veces que se contraen obligaciones financieras generadoras de un interés, por medio de financiamiento público constitutivo de deuda, se pueden generar suspicacias, como es el presente caso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, a que en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, remita a esta Soberanía un informe detallado, que explique sobre la situación actual que guarda la deuda pública del estado de Nayarit.

Segundo. El Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo se haga pública la información que contenga la modificación del convenio oficial del proyecto de modernización de la carretera Cruz de Huanacaxtle–Punta Mita, y del nuevo proyecto carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita bajo la modalidad de autopista tipo A4S y A4. Lo anterior, debido a que se desconocen cuáles fueron los procesos de programación, presupuesto, ejecución y evaluación en las modificaciones de dichos proyectos.

Tercero. El Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes respecto al proyecto de infraestructura carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita, debido a presuntos actos de corrupción en la gestión de la modernización de dicha carretera y se haga pública la información derivada de dichas investigaciones. Lo anterior, para que de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su caso inicie procedimiento administrativo y sancione, a todos aquellos servidores públicos que resulten responsables de dichos actos.

Cuarto. El Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y con base en las investigaciones dadas a conocer, se realicen las gestiones necesarias con el objeto suspender de manera inmediata la construcción del trazo carretero de la Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita bajo la modalidad de autopista tipo A4S y A4, en tanto no se deslinde cualquier responsabilidad.

Notas

1 Foro Económico Mundial, Reporte (2009-2010). En: Instrumentos Financieros del Gobierno Federal para promover la inversión en infraestructura en México. Consultado en enero de 2012. Disponible en: http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/conferencias/ny/pdf/2 _banobras.pdf

2 Informe del Resultado de la Fiscalización 2005: Fideicomiso del Tramo Carretero Cruz de Huanacaxtle – Punta de Mita. H. Congreso del Estado de Nayarit. Órgano de Fiscalización Superior, p. 3. Disponible en: http://www.ofsnayarit.gob.mx/2005/cruz_huanacaxtle-punta_de_mita.pdf

3 Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Gobierno del Estado de Nayarit: Licitaciones Públicas Nacionales. (2004). Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=703533&fecha=21/09/20 04. Consultado el 16 de diciembre 2011.

4 Según oficios números COP-DP-R39-0152/2004, COP-DP-R39-0151/2004, COP-DP-R39-0135/2004, COP-DP-R39-0157/2004 y COP-DP-R39-0156/2004

5 http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/nay/estudios/2010/18N A2010V0004.pdf

6 Iniciativa de decreto que tiene por objeto obtener la autorización para gestionar y contratar financiamiento que constituye deuda pública hasta por la cantidad de trescientos millones de pesos. Disponible en: http://www.congresonay.gob.mx/files/1304648326.pdf

7 Información proporcionada por las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios establecido en el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y algunas otras Obligaciones reportadas por las Entidades Federativas. Incluye las obligaciones inscritas de sus organismos paraestatales y paramunicipales.

8 http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/nay/estudios/2005/18N A2005V0005.pdf

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 18 días del mes de enero de 2012.

Senador Guadalupe Francisco Javier Castellón

Fonseca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobernador de Chihuahua un informe sobre la hambruna que viven las comunidades rarámuris de la sierra Tarahumara, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al gobernador del estado de Chihuahua, un informe sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Los rarámuris, o tarahumaras son una etnia asentada en la parte suroeste del estado de Chihuahua, ocupando una cuarta parte (65 mil km2 aproximadamente) de una de las zonas más elevadas de la Sierra Madre Occidental, conocida también como Sierra Tarahumara.

Actualmente, la etnia de los rarámuris –también conocidos como “los de los pies ligeros”, haciendo alusión a su más antigua tradición: correr– está compuesta por alrededor de 50 mil habitantes; y el 90% de su población se concentra principalmente en los municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava, todos del estado de Chihuahua.

Segunda. El pasado 15 de enero, se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, un video en el que el Secretario del Ayuntamiento de Carichí, Chihuahua, Jesús Antonio Quiñónez Rodríguez, denunció que en la Sierra Tarahumara, cuando las mujeres y hombres indígenas llevan 4 o 5 días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes, motivo por el que, hasta el 10 de diciembre de 2011, 50 hombres y mujeres, se habían arrojado al barranco. Agregando que además se habían detectado casos de ahorcamiento en la región, por la misma causa.

Dicho video movilizó a la sociedad mexicana en varias partes del país, así como a los usuarios de las redes sociales, quienes el fin de semana pasado se organizaron para realizar colectas de ayuda a los indígenas rarámuris (tarahumaras).

Sin embargo, el video forma parte de una serie de notas y reportajes que se han publicado a nivel nacional sobre la hambruna que se vive en la Sierra Tarahumara a causa del frío y la sequía.

Tercera. El 26 de noviembre del año pasado, El Diario publicó una nota sobre la falta de alimentos en la Sierra Tarahumara, comenzando a generar problemas de salud importantes entre los rarámuris, ya que de septiembre a noviembre se habían presentado 40 casos de desnutrición, de los cuales 15 fueron severos y cinco de ellos graves.

En la misma nota se informó de la muerte de un niño por desnutrición en la Sierra Tarahumara. El sacerdote jesuita José Guadalupe Gasca Aguirre, director de la Clínica Santa Teresita de Creel, en Bocoyna, declaró que el niño llegó con una desnutrición tan avanzada que no fue posible aliviarlo; llamándole la atención que ese tipo de casos se presentaran en noviembre, ya que ordinariamente los enfermos se registraban en fechas anteriores y no cuando se supone que las familias levantaron sus cosechas y tienen un poco más de alimentación.

Desde entonces, el sacerdote advirtió que las comunidades indígenas vivían una situación de emergencia, pues los problemas de desnutrición iban creciendo, a pesar de los apoyos de las autoridades y de la sociedad.

Cuarta. Por otro lado, el 15 de enero de este año, el periódico La Jornada dio a conocer, que en poblados del municipio de Carichí, al menos seis personas habían muerto de hambre, de acuerdo con lo asentado en las actas de defunción, en las cuales el médico legista asentaba como causa de muerte la desnutrición, como una consecuencia de la sequía sufrida en la región por más de cuatro meses.

Las comunidades donde se presentaron los decesos por hambre son Napuchi, Wisarorare, Baquiachi y Pasigochi, donde el índice de mortalidad por la falta de alimentos es un factor que además ha provocado casos de lesiones y muertes en adultos mayores de 60 años de edad.

El diario de circulación nacional agregó que en 2011, en la Sierra Tarahumara se dejaron de producir 20 mil toneladas de maíz para autoconsumo, generando graves problemas de desnutrición entre la población. Aunada a esta situación, de las 150 mil toneladas de maíz que se producen en Chihuahua, este año sólo se produjeron 500 toneladas. De igual forma, el año pasado la producción de frijol, pasó de entre 80 mil y 120 mil toneladas, a sólo 20 mil; mientras que la producción de avena sufrió una pérdida superior al 80%.

Quinta. Por su parte, la revista Proceso en su número 1836, correspondiente al 8 de enero, informó también del problema de la hambruna sufrida en territorio tarahumara, comparándola con la situación gravísima de hambre que se vive en países de África como Somalia.

En el reportaje de Marcela Turati, se narra la desgarradora situación en la que se encuentran muchas niñas y niños rarámuris, pues hacia finales del año 2011, se incrementó el número de pequeños que ingresaron al hospital por problemas de desnutrición, con síntomas observados en países africanos como estómagos inflamados, huesos marcados en la piel, despellejamiento, palidez, diarreas asesinas, hinchazón general e inapetencia.

Sexta. La sequía es la principal explicación de la hambruna que están viviendo los rarámuris, ya que desde octubre de 2011 y hasta octubre de 2012 no tendrán comida, pues no habrá cosecha que recoger.

Conjuntamente con la sequía, la helada atípica (-20 grados) que se registró en esta parte de la Sierra Madre Occidental en febrero del año pasado, la que pulverizó la cubierta vegetal, aún sigue afectando a los campesinos tarahumaras, quienes perdieron sus cosechas de maíz y frijol. Incluso ambos fenómenos han sido la causa de la muerte de más de 200 mil animales utilizados para el ganado.

Séptima. A pesar de que la grave situación por la que atraviesan los pueblos y comunidades rarámuris se dio a conocer meses atrás, la situación tomó una mayor relevancia con la difusión del video en el que el Secretario del Ayuntamiento de Carichí denunció que alrededor de 50 hombres y mujeres de esta etnia se habían arrojado al barranco por la falta de alimentos. Debido a este video la sociedad mexicana se organizó para la creación de centros de acopio manejados por ciudadanos en por los menos 7 estados de la República y el Distrito Federal para recolectar víveres. De igual forma, se han abierto cuentas bancarias para destinar dinero y así apoyar a nuestros hermanos rarámuris ante la grave situación de hambruna por la que están atravesando.

También en las redes sociales los mexicanos se movilizaron. Ejemplo de lo anterior fue que en Facebook se creó el grupo Alimentemos la Sierra Tarahumara, mientras que en Twitter fue creado el hashtag #SierraTarahumara para conseguir distintos tipos de ayuda en diferentes lugares instalados como centros de acopio. Los twitteros solicitaron alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de aseo personal, chamarras, cobijas y suéteres para trasladarlos a la Sierra Tarahumara.

Octava. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que, independientemente de la veracidad o no de las versiones periodísticas sobre las pérdidas de vidas humanas a causa de suicidios motivados por el hambre, el Gobierno Federal reconoce la gravedad de la situación, por lo que ha invertido en ayuda 945 millones de pesos, y apoyado con alimentos, cobijas y agua para consumo humano a los habitantes de la Sierra Tarahumara afectados por la sequía y las heladas que enfrenta esa región. La dependencia agregó que para reforzar la ayuda se está enviando un paquete especial de 100 mil despensas con las que se auxiliará a las comunidades más pobres de la zona.

Asimismo, la Secretaría emitió un comunicado de prensa en el que informó que gracias al Programa de Empleo Temporal (PET) se ha apoyado a 8,139 familias que habitan en 17 municipios del estado de Chihuahua, en localidades con menos de 250 habitantes; y que desde el 7 de mayo de 2011 se han entregado más de 5 millones de litros de agua para consumo humano e instalado tanques para el almacenamiento del líquido, beneficiando a 52 mil personas de 23 municipios.

Novena. Por su parte, el lunes 16 de enero, el Gobierno del estado de Chihuahua emitió un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente el suicidio masivo de tarahumaras por motivo de la hambruna en la región. La administración estatal desmintió las aseveraciones hechas en diversos medios de comunicación y en redes sociales, aduciendo que el video difundido circuló sin fecha y sin especificar el lugar exacto donde se han registrado dichos suicidios.

El documento agrega: “sólo el que no conoce la idiosincrasia de la raza Tarahumara, podría creer semejante versión. Su formación en la dureza de la sierra, los hace hombres y mujeres con un temple a toda prueba. El gobierno de Chihuahua reprueba la injerencia de gente sin escrúpulos que miente y engaña a personas de buena fe con este tipo de falsa información”.

Por otra parte, el gobierno de Chihuahua justificó que los diversos programas de apoyo alimentario y de subsistencia destinados a la etnia tarahumara tienen 10 semanas, y han sido un alivio para miles de familias en condición precaria derivada de la sequía, explicando que se han entregado paquetes de alimentos que contienen maíz, frijol, embutidos, carne molida y cajas de leche a 25 mil 915 familias.

Décima. Lamentablemente, al problema de hambruna que sufren los pueblos y comunidades rarámuris, tenemos que sumar que en esta zona de la Sierra Madre Occidental aún existen tiendas de raya donde se explota a los indígenas, acrecentando la asfixiante atmósfera de indiferencia, racismo y discriminación hacia los indígenas.

De igual forma, las autoridades tanto federales como estatales se han caracterizado por la apatía e indiferencia hacia los rarámuris, ya que no han sido capaces de responder de manera eficiente el problema de la sequía, pues la falta de lluvias ha afectado gravemente sus cosechas. De igual forma, en este territorio de Chihuahua, ha crecido la presencia de grupos ligados al narcotráfico, quienes ofrecen a los campesinos la siembra de mariguana y amapola como una salida fácil a sus problemas económicos.

Undécima. Por todo lo anteriormente expuesto, considero oportuno solicitar al Gobierno Federal, así como al gobernador del estado de Chihuahua, un informe sobre la situación de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris. Dicho informe deberá contener también las acciones y programas que se ofrecen, con los resultados obtenidos, ante la preocupante situación que viven los integrantes de la etnia rarámuri o tarahumara.

De igual forma, es necesario solicitar a las mismas instancias gubernamentales un informe sobre la información dada a conocer en los medios de comunicación, así como en las redes sociales, referente al suicidio de 50 hombres y mujeres provocado por la desesperante situación de hambruna que sufren.

Duodécima. Estoy convencido que los legisladores debemos atender de manera prioritaria la situación de nuestros pueblos y comunidades originarias, pues tenemos hacia ellos una deuda que saldar, provocada por años, o quizá siglos de marginación, indiferencia y discriminación. Son ellos quienes nos necesitan en estos momentos difíciles por los que están atravesando, por lo que debemos de resolver de manera definitiva y eficiente sus problemas de hambruna, sequía, pobreza y marginación. Los mexicanos nos hemos caracterizado por nuestra unidad en tiempos difíciles; éste es uno de ellos, no dejemos pasar esta oportunidad.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, con carácter de urgente, al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al gobernador de Chihuahua, un informe detallado sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris. Dicho informe deberá contener las acciones y programas implementados, así como los resultados obtenidos, ante la preocupante situación que se viven los rarámuris en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, con carácter de urgente, al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al gobernador de Chihuahua, un informe detallado sobre la información dada a conocer en los medios de comunicación, así como en las redes sociales, el pasado 15 de enero, referente a que 50 hombres y mujeres se habían arrojado al barranco debido a la desesperación por no tener alimentos para ellos y sus familias.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil doce.

Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la posible aprobación por el Congreso estadounidense de la iniciativa H.R3261, o Stop Online Piracy Act, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación con la posible aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de América de la iniciativa H.R3261, también conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act), al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 26 de octubre del año pasado un grupo de 13 legisladores estadounidenses, encabezados por el congresista Lamar S. Smith, presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América el proyecto de ley H.R.3261, conocida también bajo el nombre de SOPA (Stop Online Piracy Act).

De acuerdo con sus impulsores, la legislación tiene como objetivo “Promover la prosperidad, la creatividad, el espíritu empresarial y la innovación mediante la lucha contra el robo de propiedad de EUA”, así como proteger el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos.

Segunda. En general la Ley SOPA propone ampliar las facultades del Departamento de Justicia de Estados Unidos a fin de que pueda tomar acciones legales contra los sitios de Internet que se considere puedan estar violando derechos de propiedad intelectual, facultándolo para solicitar a proveedores de servicios de Internet, empresas de motores de búsquedas y proveedores de servicios en línea a bloquear el acceso a dichos sitios, detener todo tipo de pagos y retirar todo tipo de publicidad, haciéndolos corresponsables ante su negativa. Por otra parte se establecen penas de hasta 5 años de prisión por el uso no autorizado de contenidos protegidos por el derecho autor.

De esta manera se estarían otorgando facultades para que las autoridades estadounidenses revisen, persigan y desconecten a cualquier persona, física o moral, que sea sospechosa de subir material protegido por las leyes de propiedad intelectual. También se penalizaría a los anunciantes que aparezcan en algunos de estos sitios. Con esta Ley se crearía una “lista negra” de sitios web vigilada por el gobierno estadounidense, tal y como sucede en países como Irán y China.

Tercera. Desde que el proyecto SOPA salió a la luz, en octubre del 2011, ha provocado diversas reacciones de rechazo por parte de los defensores de la libertad de Internet y compañías de Internet, como Google, Yahoo y Facebook, que afirman que esta norma podría frenar la innovación, suprimir la libertad de expresión y dañar seriamente la infraestructura y forma de operar del Internet. Por otra parte, la polémica iniciativa cuenta con el apoyo de la industria del entretenimiento de cine y televisión.

Esta iniciativa ha despertado la preocupación y alerta mundial de la comunidad tecnológica, la academia, así como la de distintas organizaciones e instituciones, como por ejemplo la Electronic Frontier Foundation, que han alertado sobre las distintas implicaciones negativas de SOPA, entre las que destacan las siguientes:

1. SOPA otorga a corporaciones e individuos un poder sin precedente para silenciar el discurso y la libertad de expresión en línea.

2. SOPA otorga al gobierno un poder que puede ser utilizado para censurar y coartar la libertad de expresión.

3. SOPA está redactada con un lenguaje ambiguo que podría tener como consecuencia que sea interpretada de forma abusiva y desproporcionada en detrimento de los usuarios.

4. SOPA no es capaz por sí misma de poder detener la llamada “piratería” en línea y se constituiría como una legislación redundante que pondría en riesgo el principio de certidumbre jurídica y presunción de inocencia de los usuarios de internet.

Cuarta. Por otra parte, si bien esta Iniciativa tiene como ámbito de aplicación territorial Estados Unidos de América, la realidad es que en ese país se encuentran alojados casi todos los portales de servicios, sitios y plataformas que se te utilizan alrededor del mundo incluido México, tal es el caso de Wikipedia, Youtube, Facebook, Google, Twitter, Wordpress, etcétera.

Aunado a lo anterior, SOPA contempla diversas hipótesis bajo las que un sitio extranjero podría ser llamado a juicio por una Corte Norteamericana, propiciando así la aplicación extraterritorial de dicha iniciativa. Por ejemplo, con el simple hecho de que un sitio sea visible en Estados Unidos de América, sería suficiente para poder aplicar la SOPA sobre sus administradores y usuarios. De esta manera usuarios mexicanos que comenten en sus sitios personales, blogs o que refieran enlaces que pudieran ser considerados “ilegales”, bajo esta legislación podrían ser bloqueados o censurados sin aviso o proceso previo y sus administradores llevados a juicio en Cortes estadounidenses. Otra preocupación importante es la relativa a que varios sitios de usuarios mexicanos se “hospedan” en servidores ubicados en Estados Unidos, lo que implicaría también ser afectados por esta ley.

Quinta. Como lo he afirmado en otras ocasiones, en México debe existir una discusión amplia, integral y transparente sobre el futuro de Internet pero sobre todo una reflexión real sobre la llamada “propiedad intelectual” y la protección de los “derechos de los creadores” y su relación con la del fomento y el acceso al conocimiento en nuestro país.

Iniciativas como la SOPA no pretenden solucionar un aparente problema con la “internet” sino que, en realidad, pretenden establecerse como medidas promovidas por los grandes consorcios beneficiados por los “derechos de propiedad intelectual” buscando adecuar este medio a sus intereses, sin importar que con ello puedan vulnerar las garantías individuales de los usuarios y sin considerar que los menos beneficiados por este tipo de iniciativas son justamente los autores.

Sexta. Es importante que legisladores y el gobierno federal hagamos lo posible por preservar la libertad que se ha alcanzado en Internet a fin de proteger el derecho de la gente a estar informada y comunicada. Iniciativas como la SOPA, de aparente aplicación en Estados Unidos, pueden tener consecuencias graves para los usuarios mexicanos ya que podrían estarse violando sus derechos a la privacidad, de libertad de expresión e inviolabilidad de las comunicaciones.

Debemos estar atentos y rechazar aquellas iniciativas impulsadas por otros países, especialmente en Estados Unidos, relacionadas con el funcionamiento y gestión de derechos en la internet ya que la mayoría de servicios y sitios usados por los usuarios mexicanos se encuentran regulados bajo el marco jurídico de ese país.

La libertad de expresión y acceso a Internet no se debe limitar, por el contrario, el Estado mexicano debe ampliar y velar por los derechos de los usuarios de esta red y fomentar el uso masivo de Internet, plataforma que hoy en día constituye un eficaz vehículo de información ciudadana que debe protegerse.

Como lo ha expresado el doctor Alejandro Pisanty es necesario impulsar la “creación de un marco de políticas públicas coherente, que además de impulsar la sociedad de la información y el conocimiento formule límites claros a las limitaciones que los ciudadanos pueden sufrir por órdenes del Estado en su acceso a Internet, en forma que se pueda cumplir y hacer cumplir”.

Sin duda la posible aprobación de la SOPA por parte del Congreso Norteamericano afectaría de manera importante la libertad de expresión y el flujo de información de los usuarios mexicanos en internet, dos características que desde su nacimiento ha tenido la red.

No olvidemos que Internet es una plataforma mundial de grandes repercusiones en el acceso a la información y el conocimiento, así como fuente de innovación, comercio y negocios para el mundo, su afectación por parte de un país como Estados Unidos, nos afecta a todos

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la posible aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de América de la iniciativa H.R3261 también conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act) por considerar que dicha legislación afectará los principios fundamentales de Internet, así como los derechos a la información, conocimiento, privacidad y libertad de expresión de los usuarios mexicanos.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil doce.

Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, atinente al derrame de hidrocarburos en el río Coatzacoalcos, suscrita por los senadores Rosalinda López Hernández y Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Rosalinda López Hernández y Arturo Herviz Reyes, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Si bien la actividad petrolera ha sido fuente importante de recursos económicos para financiar el desarrollo en nuestro país, de igual manera resulta innegable que ha causado grandes desastres ecológicos, al registrarse constantemente percances que dejan graves impactos ambientales que a su vez se transforman en problemas económicos y sociales para las comunidades afectadas.

Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde 1993 al 2007, en México ocurrieron 7 mil 279 percances, entre derrames, fugas y explosiones de Pemex y otras compañías con actividad química, lo cual, a decir, de la organización ambientalista Greenpeace, coloca a la paraestatal como la responsable de la mayor cantidad de desastres ambientales en México, al registrarse en la infraestructura petrolera 1.33 percances por día.

El pasado 31 de diciembre, nuevamente se registró un derrame de hidrocarburo en las instalaciones de Pemex, esta vez se trató de una fuga de mil 500 barriles de crudo del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica, en la estación de válvulas conocidas como El Polvorín en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, que afectó, según información proporcionada por la Profepa, cerca de 12 kilómetros del río Coatzacoalcos.

En esta ocasión, tanto Pemex como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa, han asegurado que el derrame de crudo fue producto de un “acto vandálico” que no tuvo como propósito el robo de combustible sino provocar un daño en las instalaciones de la paraestatal y afectar de manera intencionada el entorno ecológico, con lo cual aparentemente Pemex no tendría responsabilidad en los hechos descritos.

Adicionalmente, la delegación de la Semarnat en el estado de Veracruz, informó que un mes estarían listas las evaluaciones sobre la calidad del agua y de la tierra afectada, para decidir si se aplica alguna sanción a Pemex, pero sólo referente a la remediación, toda vez que para esa dependencia la fuga fue deliberada.

Además de la prontitud por deslindar a Pemex, sin que hayan concluido las investigaciones, resulta cuestionable, por un lado, la vulnerabilidad de las instalaciones petroleras ante posibles sabotajes o robo de combustible, acto delictivo que ha ido creciendo en forma alarmante en los últimos años; tan sólo en el 2011 Pemex reportó un incremento del 86 por ciento en tomas clandestinas con respecto al 2010, que habrían ocasionado pérdidas por más de 5 mil millones de pesos.

Por otro lado, se advierte que Pemex no está preparado para atender oportunamente y con el equipo especializado este tipo de contingencias. Según habitantes del lugar afectado, el derrame fue minimizado en un principio, ya que las autoridades acudieron a detenerlo cinco días después de haberse registrado.

En días pasados, algunos medios de comunicación dieron cuenta que el derrame de crudo había rebasado la capacidad de Pemex para contrarrestar los daños, y que las labores de saneamiento realizadas por la empresa contratada por la paraestatal (Caprimex) para realizar la limpieza del río eran deficientes, además de que el personal ocupado en esas tareas no contaba con el equipo de protección adecuado, lo que lo exponía a la contaminación por hidrocarburo.

En este mismo sentido se ha pronunciado la organización ecologista Greenpeace, quien señaló que el tratamiento de la fuga sobre el río Coatzacoalcos ha sido negligente por parte de Pemex, pues al no darle la importancia debida desde el inicio, el derrame había ocasionado un daño mayor.

Ante la falta de claridad respecto a las causas que originaron el derrame de crudo, así como la opacidad que persiste en los procesos de remediación y atención a los impactos posteriores, resulta obligado para esta soberanía solicitar respetuosamente a las autoridades involucradas los informes correspondientes, con el objeto de dar un mayor seguimiento a este tipo de eventos y exigir que se deslinden responsabilidades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a remitir a esta soberanía, conforme al dictamen técnico que emitan las áreas responsables especializadas, un informe detallado sobre las causas del derrame de hidrocarburo, ocurrido el pasado 31 de diciembre sobre el río Coatzacoalcos, los trabajos de remediación implementados en la zona afectada, así como las acciones que se prevén instrumentar para resarcir el daño causado al medio ambiente y, en su caso, a la población en su patrimonio y/o actividad económica.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a promover la programación de una revisión exhaustiva a las instalaciones de la paraestatal con el objeto de reparar y dar mantenimiento a sus ductos y oleoductos, así como incrementar las medidas de vigilancia y seguridad en los mismos, a fin de evitar hechos delictivos que pongan en peligro a la población y afecten los ecosistemas y la biodiversidad.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir a esta soberanía un informe sobre impacto ambiental ocasionado por el derrame de hidrocarburo sobre el río Coatzacoalcos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.

Senadores: Arturo Herviz Reyes, Rosalinda López Hernández (rúbrica).

Con punto de acuerdo, sobre las comunidades rarámuris de Chihuahua, a cargo de José Luis Máximo García Zalvidea y suscrita por Rubén Velázquez López y Julio César Aguirre Méndez, senadores del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López y Julio César Aguirre Méndez, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente, proposición con punto de acuerdo sobre las comunidades rarámuris en Chihuahua, de conformidad a las siguientes

Consideraciones

Primera. En los más diversos contextos geográficos existen múltiples factores que configuran un patrón que vincula de manera compleja a pueblos indígenas y pobreza. Las comunidades indígenas no tienen las mismas oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos, la protección de la salud, la cultura y la administración de justicia que otros grupos sociales. Este patrón se observa tanto en países desarrollados como no desarrollados –incluso cuando los pueblos indígenas son la mayoría de población nacional– y ha sido históricamente construido por factores políticos, económicos, sociales, militares y ambientales, que articularon experiencias cualitativas y cuantitativas de privación material, jurídica y simbólica, y de reproducción de relaciones de desventaja.

Cabe señalar que, las causas o condicionantes de pobreza en las comunidades indígenas están relacionadas con las condiciones histórico-políticas que desvincularon a los pueblos indígenas del control de sus territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los relegaron a los márgenes de la sociedad o directamente los excluyeron. Frente a esta situación, las reacciones políticas se traducen en reclamos de autonomía, autodeterminación o reformulación de las relaciones de los pueblos indígenas con el estado. La reivindicación de los derechos constituye una plataforma común de los movimientos indígenas a nivel internacional y es una respuesta directa a las situaciones de desventaja que estos padecen.

Segunda. El pasado 15 de enero circuló la noticia de que “al menos unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos”. 1 Lo anterior fue denunciado en el Canal 28 XHABC de Ciudad Juárez, Chihuahua, por Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

La nota periodística señalaba que: “las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco”. 2

Cabe señalar que la noticia tuvo un fuerte impacto en la sociedad civil, principalmente en las redes sociales, y cuyo resultado fue la constitución de varios centros de acopio de alimentos y víveres para enviarlos a las comunidades rarámuris.

Tercera. En tal sentido, a pocas horas de que hiciera la denuncia sobre los supuestos suicidios por hambre de rarámuris en la Sierra Tarahumara, y de que usuarios de las redes sociales organizaran colectas de alimentos, el gobierno de Chihuahua negó que haya suicidios masivos en la zona.

Así, “el gobierno del estado de Chihuahua, desmiente categóricamente el suicidio masivo de tarahumaras por motivo de la hambruna”, publicó el gobierno de Chihuahua. 3

Cuarta. Sin embargo, y ante la contradicción en la información, la propia Secretaría de Desarrollo Social ha tomado cartas en el asunto para enviar alimentos, cobijas y agua a los habitantes de la Sierra Tarahumara. Asimismo, el gobierno federal reconoce la gravedad de la situación y por ello ha invertido en ayuda 945 millones de pesos. 4 Detalla que envía 100 mil despensas a las comunidades con más pobreza en la zona.

Es preciso señalar por otra parte, que a principios de año, habitantes de comunidades indígenas de los municipios más marginados, principalmente de la Sierra Tarahumara, habían denunciado que los encargados de distribuir alimentos en la región venden los paquetes en 30 pesos. 5 Esto, fue denunciado, en medio de una evidente hambruna a causa de la sequía que se padece desde el año anterior.

Asimismo, al no haber lluvias en el verano, ni nieve en el invierno, muchos de los pozos se han secado y no se cuenta con agua para consumo humano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal , así como al gobernador del estado de Chihuahua , para que en el ámbito de su respectiva competencia y de manera coordinada, se:

a) Redoblen los esfuerzos para brindar ayuda y apoyo humanitario a las comunidades de la Sierra Tarahumara, en particular a las rarámuris, ante su evidente situación de pobreza, hambruna, marginación y condiciones extremas en la región;

b) Informe sobre el resultado de los programas, permanentes y específicos, para las comunidades rarámuris en la entidad, y

c) Investigue sobre la presunta venta de despensas que otorgan los gobiernos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas , remita a esta soberanía un informe pormenorizado, correspondiente al periodo 2006-2011, sobre el avance, estado y resultado que guardan las políticas públicas y programas gubernamentales dirigidos a los pueblos indígenas, con relación a los siguientes rubros:

a) Lucha contra la pobreza;

b) Infraestructura básica;

c) Atención a la salud;

d) Apoyos a la vivienda;

e) Estímulos a la producción;

f) Educación indígena y albergues escolares;

g) Fondos regionales de desarrollo;

h) Convenios en materia de justicia;

i) Desarrollo y preservación de la cultura;

j) Equidad de género, y

k) Lucha contra la discriminación.

Notas

1. http://mx.noticias.yahoo.com/blogs/blognoticias/denuncian-suicidios-por -hambre-en-sierra-tarahumara.html

2. Ibídem.

3. http://www.animalpolitico.com/2012/01/gobierno-de-chihuahua-desmiente-s uicidios-en-sierra-tarahumara/

4. http://sipse.com/noticias/140462-presunto-suicidio-colectivo-tarahumara s-moviliza-redes-sociales.html

5. http://www.jornada.unam.mx/2012/01/05/estados/027n1est

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Senadores: José Luis García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Julio César Aguirre Méndez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al procurador de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas a decretar la libertad incondicional e inmediata de José Francisco Chavira Martínez, suscrita por el senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del PRD

Senador Carlos Sotelo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Al término de una rueda de prensa efectuada por aspirantes al Senado de la República de Tamaulipas por el Partido de la Revolución Democrática, el pasado 5 de enero, elementos de la policía ministerial detuvieron en forma arbitraria a uno de los precandidatos: José Francisco Chavira Martínez.

Empresario de reconocida solvencia, fundador de diversas instituciones de educación privada en las ciudades de Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa y Altamira, José Francisco Chavira Martínez debe reputarse preso de conciencia en el estado de Tamaulipas.

Su detención ilegal pretende basarse en una falsa denuncia formulada por el señor Jorge Valdés desde el 20 de marzo de 2008, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, robo con violencia y lesiones.

En realidad, su detención intenta frustrar su aspiración política de ser electo senador de la república.

Sin existir elemento probatorio a alguno que acreditara la existencia de los delitos que se imputan a José Francisco Chavira Martínez, la averiguación previa 159/2008 se mandó al archivo de la respectiva agencia investigadora, desde el mismo año de 2008.

Sin embargo, ante su registro como precandidato del Partido de la Revolución Democrática y la posibilidad de que sea elegido senador de la república, en forma inmediata, por motivaciones absolutamente políticas se reactivo en forma inmediata la averiguación previa. Y sin que se hubiesen aportado nuevas pruebas para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad en la comisión de los ilícitos que se le imputan, se ejercitó acción penal en su contra.

Y en forma displicente, el juez segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, obsequio las correspondiente orden de aprehensión y, posteriormente, decretó auto de formal prisión.

Es patente que ni de las declaraciones de los denunciantes ni de los demás elementos que sirven de base al sumario penal, se desprende siquiera imputación alguna en contra de José Francisco Chavira Martínez.

José Francisco Chavira Martínez es inocente y su detención y enjuiciamiento tienen sólo una motivación política. La Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas tuvo más de tres años para integrar la averiguación y consignarla al juez penal, lo cual no hizo porque de la averiguación previa no se deriva elemento alguno que haga presumir si quiera su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Es evidente su detención y sujeción a proceso es una maniobra política del gobierno local para sacarlo de la contienda interna recién iniciada, y pretender influir en la vida interna del Partido de la Revolución Democrática para influir en el resultado de la elección interna, como una respuesta a las duras críticas que ha realizado por decisiones gubernamentales incorrectas.

Además, se da en un momento en que habrán de realizarse las consultas para definir a los candidatos y de la visita al estado del precandidato de la coalición de las izquierdas a la presidencia de la republica, además que le sirve como cortina de humo para desviar la atención de problemas graves que vive la entidad.

La acusación en su contra busca inhibir sus actividades como líder social y actor político importante de un partido de oposición. Por eso, su detención estuvo planeada y articulada con otras acciones en contra del Partido de la Revolución Democrática.

Indudablemente que el señor José Francisco Chavira Martínez debe considerarse preso de conciencia, porque además no existir prueba alguna para demostrar su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputan, su detención tiene como única motivación su actividad como líder social y actor social de un partido político de oposición en el estado de Tamauilipas.

Como legisladores no podemos permanecer indiferentes frente al injusto encarcelamiento de este líder político defensor de causas sociales legítimas.

Por el contrario, como representantes populares, nos corresponde exigir la libertad incondicional inmediata de quien con su lucha ha contribuido a que exista mayor justicia social en México.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano gobernador constitucional del estado de Tamaulipas y al ciudadano procurador de Justicia del estado de Tamaulipas a que acuerden y promuevan el desistimiento inmediato de la acción penal ejercida en contra de José Francisco Chavira Martínez dentro de la averiguación previa número 159/2008.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tamaulipas a vigilar que el ciudadano juez segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, decrete la libertad incondicional e inmediata de José Francisco Chavira Martínez.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil doce.

Senador Carlos Sotelo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al derrame de hidrocarburos en el río Coatzacoalcos, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Gerardo Flores Ramírez, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 31 de diciembre se registró una fuga de hidrocarburo en el oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica, en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz. Se sabe que el desastre fue ocasionado por una toma clandestina.

En su boletín del 10 de enero de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) afirma que ha realizado labores de limpieza, contando para ello con 140 trabajadores propios y de la compañía Caprimex, además de 25 lanchas, 2 unidades de presión, 1 retroexcavadora, compresores de aire, barreras marinas y cordones oleofílicos. 1

Hasta la fecha del boletín, Pemex reporta un avance de 35 por ciento, habiendo recuperado 200 mil litros de producto emulsionado, del cual 70 por ciento corresponde a crudo y 30 por ciento a agua. Asimismo, se han cortado 123 metros cúbicos de maleza, la cual ha sido confinada en una celda especial. Adicionalmente, se tomaron muestras del agua del río Coatzacoalcos, que serán analizadas por el Instituto Politécnico Nacional para confirmar el nivel de afectación.

En el mismo boletín, Pemex se deslinda de responsabilidad, afirmando que el derrame fue debido a un acto de vandalismo. Sin embargo, los habitantes afectados y las autoridades locales opinan lo contrario: que Pemex sí tiene responsabilidad por negligencia.

En este sentido, funcionarios del ayuntamiento de Xalapa y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) anunciaron la presentación de denuncias penales en contra Pemex, por no actuar de manera rápida para retirar el petróleo de la zona de pastizales donde originalmente hubo la fuga. Debido al frente frío número 23, el derrame se extendió al río y luego a la playa.

El problema también afectó a mil pescadores de la zona, quienes presentaron una queja ante Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) por los graves daños a las especies marinas.

Por su parte, el municipio de Coatzacoalcos afirmó que demandará a Pemex por negligencia, al no contener de manera correcta el derrame, que ya alcanzó las playas del municipio. Con esta demanda se exigirá el saneamiento, el resarcimiento del impacto ambiental y las pérdidas que se deriven de ella.

Asimismo, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte señaló que “ya son recurrentes los derrames que vienen dándose en diferentes puntos de la geografía estatal, afectando la vida de los veracruzanos, la salud de nuestro entorno, nuestra fauna y flora, así como a la agricultura”, y solicitó una revisión exhaustiva a las instalaciones que Pemex tiene en Veracruz para corregir, reparar y dar mantenimiento a sus ductos y plataformas.

Por último, Greenpeace México afirma en un comunicado del 11 de enero de 2012, que son lamentables las condiciones en las que se está realizando la limpieza del río Coatzacoalcos. Indica que la limpieza es realizada por parte de pescadores locales en su mayoría, bajo mínimas condiciones de seguridad, y que la recuperación de la emulsión se hizo con equipo y materiales inadecuados. 2

Greenpeace indica que los métodos de medición de hidrocarburos derramados también son inadecuados, por lo cual duda que se hayan recuperado 100 mil de los casi 238 mil litros derramados, como aseguran Pemex y Semarnat.

Si bien se reconoce el esfuerzo de Pemex para poner en marcha acciones para recuperar los hidrocarburos derramados, la evidencia recabada por Greenpeace es elocuente para señalar que es altamente probable que los protocolos de seguridad industrial y de seguridad ambiental de Pemex no estén a la altura de las exigencias que le representa el factor de riesgo ocasionado por la actividad ilícita de tomas clandestinas. En tal virtud, Pemex debe actualizar tales protocolos a efecto de estar en condiciones de responder en forma más oportuna y apegada a las mejores prácticas internacionales en la materia, ante derrames como el que ahora afecta al río Coatzacoalcos.

Como indica el gobernador Duarte, la recurrencia de los derrames demuestra la negligencia con la que actúa Pemex. Existe poca previsión ante este tipo de siniestros, ya sean provocados por vandalismo, errores humanos, fenómenos naturales o accidentes. También demuestra que existe desatención del estado de los ductos, además de una respuesta tardía e inadecuada para atender este tipo de contingencias.

Por las razones anteriores, el Partido Verde considera que se debe replantear la política energética de nuestro país, para impulsar las energías limpias y renovables, a fin de depender cada vez menos de los hidrocarburos, que han demostrado ser una fuente energética costosa, tanto en términos económicos como sociales y ambientales.

En el caso particular del actual derrame, proponemos que, independientemente del motivo del derrame, Pemex y Semarnat realicen acciones de caracterización, remediación y restauración de las zonas afectadas por el derrame; que resarzan los daños a los pescadores y población afectada, y que informen a detalle sobre los procedimientos de atención de la emergencia, así como las acciones de prevención que realizarán para evitar futuros desastres de este tipo.

En atención a lo anteriormente expuesto, el diputado que suscribe pone a consideración de esta Comisión Permanente el presente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a lo siguiente:

a) Realizar oportunamente acciones de caracterización, remediación y restauración del Río Coatzacoalcos y de las zonas afectadas por la fuga del oleoducto Nueva Teapa-Poza Rica.

b) Resarcir los daños a los pescadores y población afectada por la contaminación con hidrocarburos.

c) Informar a detalle a esta soberanía acerca de los procedimientos de atención de la emergencia, así como las acciones de prevención que realizarán para evitar futuros desastres de este tipo.

Notas

1 Pemex. Avanzan trabajos de recuperación de producto derramado por acto vandálico. Boletín número 2. 10 de enero de 2012. http://www.pemex.com/index.cfm?action=news&sectionid=8& catid=40&contentid=25919

2 Greenpeace México. Sacar petróleo de un río a cubetazos, ¿se vale? Enero 11, 2012 http://www. greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2012/Enero/Sacar-petroleo-de-un-rio-a -cubetazos-se-vale/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 días de enero de 2012.

Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Profeco a regular tarifas y sancionar cobros excesivos en estacionamientos de los aeropuertos, suscrita por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guillermo Cueva Sada, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular y sancionar el cobro excesivo de las tarifas de los estacionamientos en los aeropuertos del país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los mexicanos cada día nos quejamos más de los costos elevados de los servicios públicos. Estas prestaciones de servicios al público, que deben ser económicos, cada día se van incrementando; y cada vez se aleja del alcance de las posibilidades de los ciudadanos.

Uno de ellos son los estacionamientos que se encuentran en los aeropuertos del país. Estos estacionamientos que son muy recurrentes, debido a que los aeropuertos son un trasporte muy utilizado por mexicanos y por extranjeros.

La problemática radica en que los costos del servicio de estacionamiento en los aeropuertos del país son elevados.

Las concesiones aeroportuarias son otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, que tienen por objeto regular el modo de ejercer la regulación y ejecución de los aeropuertos del servicio público. Actualmente contamos con 43 aeropuertos en toda la república; éstos han sido otorgados para su explotación a

• Asur: Aeropuertos del Sureste;

• GAP: Grupo Aeroportuario del Pacífico;

• OMA: Grupo Aeroportuario Centro-Norte;

• GACM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México; y

• Otros.

Estos grupos de concesionarios tienen la finalidad de brindar diversos servicios públicos, entre ellos los estacionamientos, según el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos:

Artículo 30. Los aeródromos civiles deberán contar con la infraestructura e instalaciones necesarias, de acuerdo con su clasificación y categoría, las cuales reunirán los requisitos técnicos y operacionales que establezcan las normas básicas de seguridad y demás disposiciones aplicables, para garantizar la segura y eficiente operación de los mismos y de las aeronaves, tales como pistas, calles de rodaje, plataformas, edificios y hangares, ayudas visuales, radioayudas, sistemas de comunicación, caminos perimetral y de acceso, barda o cercado perimetral, iluminación general, vialidades, señalamientos, instalaciones para el almacenamiento de combustible, estacionamiento para automóviles y transporte terrestre de servicio al público, instalaciones destinadas a las autoridades adscritas al aeródromo, y los servicios a la navegación aérea, así como los señalamientos de áreas críticas para proteger el buen funcionamiento de las radioayudas, instalaciones destinadas al cuerpo de rescate y extinción de incendios, franjas de seguridad, plantas de emergencia eléctricas, drenajes y subestaciones de bombeo, plantas de tratamiento de aguas negras, equipos de incineración y equipos para manejo de basura, entre otros.

Asimismo, la fracción VII del artículo 55 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos establece que parte de los servicios aeroportuarios es el establecimiento de estacionamientos:

VII. Estacionamientos: para automóviles y para los vehículos de los servicios de transporte terrestre al público;

Como se observa, los concesionarios son los responsables directos de los costos elevados de los estacionamientos en los aeropuertos. Por ello es importante que la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, a través de sus facultades, busque que los costos de estos servicios sean unitarios y no tan elevados para los usuarios.

Por ello la relevancia de que la Procuraduría Federal del Consumidor proteja los derechos del consumidor, y prevenga y corrija prácticas abusivas de los cobros elevados en los estacionamientos de los aeropuertos.

Por ello, y sólo por dar un ejemplo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuenta con los siguientes costos de estacionamiento:

Como se aprecia en el ejemplo del estacionamiento de la Ciudad de México, los costos son caros, y si bien las instalaciones tienen que tener mantenimiento, miles de personas utilizan estos estacionamientos, lo que indica que se pueden bajar los costos. Sólo para hacer una referencia, si un ciudadano mexicano tiene que viajar de la Ciudad de México a otro estado, y por alguna circunstancia deja su vehículo en el estacionamiento por 3 días, el costo aproximado será de 864 pesos, lo cual sin duda es demasiado elevado. Por ello la importancia de que se observen estos servicios en los aeropuertos del país, a fin de que la tarifa sea más homogénea, económica y factible a los bolsillos de los mexicanos.

Por lo expuesto se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a regular el cobro excesivo de las tarifas de los estacionamientos en los aeropuertos, a fin de que sean más económicos y asequibles para el consumidor.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a analizar y aplicar dentro de sus facultades las sanciones correspondientes, previniendo y corrigiendo los cobros excesivos en los estacionamientos de los aeropuertos del país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.

Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la discrepancia de los ingresos por concepto de contribuciones pagadas a Pemex reportados por diversas autoridades hacendarias, suscrita por el senador Francisco Agúndiz Arias, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo referente a la discrepancia de los ingresos por concepto de contribuciones pagadas por Pemex, reportado por diversas autoridades hacendarias, con base en las siguientes

Consideraciones

Los ingresos petroleros que percibe nuestro país, son el sustento principal del gasto público. Por tal razón, la transparencia y la exacta determinación de los mismos, es fundamental para la conformación de una presupuestación eficiente y de un Estado honesto en la utilización de los recursos públicos.

Sin embargo, hasta ahora los ingresos percibidos por la tributación a Petróleos Mexicanos son inciertos, y es que las autoridades públicas reportan una diferencia de alrededor de 243 mil millones de pesos entre informes ofrecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México, en cuanto al monto de los recursos fiscales aportados por la paraestatal petrolera al erario entre enero y noviembre del año pasado.

Con ello, queda claro que el gobierno federal desconoce con precisión, el monto de los recursos fiscales aportados por Pemex al erario público.

El informe mensual de las finanzas públicas y deuda pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indica que los ingresos aportados por Pemex al gobierno federal ascendieron a 644 mil 809.2 millones de pesos hasta noviembre de 2011, lo que representó un crecimiento real de 14.8 por ciento respecto a los transferidos en el mismo lapso durante 2010. 1

Sin embargo, el balance primario y balance financiero de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, señala que los “impuestos, derechos y aprovechamientos pagados” de enero a noviembre de 2011, fueron de 888 mil 663 millones de pesos. Es decir, esto significaría que Pemex ha pagado 243 mil millones de pesos más de lo que reporta Hacienda.

Por otro lado, el Banco de México informa en su seguimiento de las finanzas públicas que Pemex transfirió 778 mil 404 millones de pesos al gobierno federal en forma de impuestos y derechos en 11 meses de 2011. Esto a su vez, significa que según Banxico, Pemex pagó a Hacienda 133 mil millones de pesos más por concepto de contribuciones, que lo que reporta esta última.

En el caso de que esta cifra sea la correcta, el incremento anual de 177 mil 300 millones de pesos en las aportaciones fiscales de Pemex, debió ser suficiente para cubrir 96 por ciento de las devoluciones a los contribuyentes del impuesto al valor agregado, cuyo monto en septiembre ascendía a 184 mil 312 millones de pesos, según informó la SHCP. 2

Con cualquiera de los tres datos la constante es que Pemex es el mayor contribuyente del país. Según la fuente que se tome como correcta, las aportaciones fiscales de Pemex representaron 55 por ciento de los ingresos tributarios, de acuerdo con la SHCP; 75.9 por ciento, si es cierta la cantidad asentada en el balance financiero de la petrolera, o 66.5 por ciento en función de el seguimiento del Banco de México. 3

Es por esto que nuestro grupo parlamentario presenta esta proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos y al Banco de México, aclarar la discrepancia que se presenta respecto a los ingresos que por concepto de contribuciones genera la paraestatal petrolera.

Compañeros legisladores, esto no resulta un asunto menor, pues por una parte es importante contar con información veraz y transparente, que pueda ser refrendada y cotejada por las distintas autoridades económicas del país. Asimismo, esto nos habla de la falta de coordinación y transversalidad en la información económica.

Frecuentemente, no enfrentamos ante la imposibilidad de hacer comparaciones entre los reportes generados por las distintas instancias gubernamentales, provocando que con ello no se tenga tampoco la posibilidad de refrendar la veracidad de la información emitida por cada institución.

Por lo que sometemos respetuosamente a su consideración la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y Petróleos Mexicanos a informar con la brevedad a esta soberanía respecto a la discrepancia que se presenta en los diversos reportes que cada dependencia ha generado para informar los ingresos provenientes del pago de contribuciones de Pemex.

Notas

1Juan Antonio Zúñiga y Víctor Cardoso. “Discrepan cifras de Hacienda y Banco de México sobre los recursos aportados por Pemex”. La Jornada. 5 de enero de 2012.

2 Ídem.

3 Ídem.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a dieciocho de enero de dos mil doce.

Senador Francisco Agundis Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la prevención y erradicación de la discriminación en México, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención y erradicación de la discriminación en México, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

«‘No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti’, es uno de los principios más fundamentales de la ética.

Pero es igualmente justificado afirmar: todo lo que hagas a otros te lo haces también a ti mismo.»

Erich Fromm, Ética y psicoanálisis

Durante el transcurso de la semana anterior, gracias a los medios de comunicación y a varios sitios electrónicos, muchísimos mexicanos fuimos testigos de una videograbación, en la cual se apreció a una persona, con una actitud iracunda agrediendo a golpes y puntapiés a otro sujeto, quien en ningún instante asume una respuesta a la violenta embestidas de la que era objeto.

El agresor es Miguel Moisés Sacal Smeke y el ofendido Enrique Vega Flores. El primero, es un empresario dedicado a la manufactura de vestuario, calzado y sombrerería; el segundo es un colaborador de una empresa de valet parking.

La razón por la cual el empresario Sacal Smeke agredió al valet parking, según las múltiples declaraciones vertidas en medios de difusión, fue porque éste no se prestó a proporcionarle un gato hidráulico de uso automotriz en virtud de no poder dejar la recepción del inmueble del lugar en donde se hallaban, se deduce que eso ocurre porque una obligación de su relación laboral es permanecer en donde se encontraba.

La agresión que le propinó Sacal Smeke a Enrique Vega Flores, es denigrante para toda la sociedad mexicana, los múltiples insultos de deshonra a la labor que realizaba el empleado, nos parecen discriminatorios y racistas.

En diversas entrevistas realizadas al agredido, esté expresó que no asumió una defensa física, ni hizo por ello, por consideraciones propias a preservar su empleo, 1 de este modo se configuró una triste realidad proveída, sin lugar a dudas, por factores como la impunidad, los clasismos y la necesidad de percibir un sueldo.

Todas las personas que habitan o transitan por este país, deben tener presente que México es una República, por lo cual, todos los hombres y mujeres, ante la ley, somos iguales.

Mientras está solo, Robinson se enfrenta a cuestiones técnicas, mecánicas, higiénicas, incluso científicas, si me apuras.

De lo que se trata es de salvar la vida en un medio hostil y desconocido.

Pero cuando encuentra la huella de Viernes en la arena de la playa, empiezan sus problemas éticos.

Ya no se trata solamente de sobrevivir, como una fiera o como una alcachofa, perdido en la naturaleza; ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, con otros o contra otros hombres, pero entre hombres.

Lo que hace «humana» a la vida es el transcurrir en compañía de humanos...

Fernando Savater Ética para Amador

Es conveniente traer a la reflexión, que esta Legislatura LXI aprobó, hace escasos meses, la modificación constitucional al Título Primero, de los Derechos Humanos, entonces, al ser Ley suprema las prerrogativas reconocidas en esos articulados, es evidente el deber competencial y moral de promover el irrestricto respeto de todo lo que esto implica, por ello, los senadores componentes de la Bancada del Partido Verde Ecologista de México, le solicitamos respetuosamente a todos los legisladores integrantes de esta Comisión Permanente apoyen este punto de acuerdo para que le requiramos al Ejecutivo Federal lo siguiente:

Que compela al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que informe a esta soberanía, si ha implementado, en términos del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, algún programa cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo

En este mismo orden de ideas, del ente descentralizado, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, le requerimos proporcioné a esta soberanía, los planes de coordinación realizados o bien que se están diseñando en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Por todo lo anterior, sometemos respetuosamente realizar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al Presidente de la República para que a través de de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe a esta soberanía, si ha implementado, en términos del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, algún programa cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación para informar si se está llevando a cabo los planes de coordinación para prevenir la discriminación en la Administración pública Federal.

Nota

http://www.youtube.com/watch?v=aeGSzL3t1fs&featu re=related

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil doce.

Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la repartición de agua potable en las sequías, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la repartición de agua potable durante las sequías con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 5 de enero la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), emitió un comunicado donde informó sobre los apoyos que ha brindado para enfrentar la sequía más severa en los últimos setenta años en el país. 1

Según el titular de dicha dependencia, Heriberto Félix Guerra, se benefició a 2.5 millones de habitantes de mil 585 comunidades de 139 municipios, en 19 estados del país, con más de 9 millones de litros de agua potable, a través del Programa Emergente de Abasto de Agua para Consumo Humano.

Los estados en los que intervino la Sedesol fueron: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, esto con el fin de prevenir deshidratación, enfermedades gastrointestinales y de la piel.

Expuso que de mil 585 comunidades beneficiadas, 787 son atendidas con pipas, 275 con tanques almacenadores de diez mil litros, y 523 con ambas.

Se prevé que ocurrirán más desastres naturales a consecuencia del cambio climático que afectarán a las comunidades más vulnerables del país, tales como la sequía, inundaciones, incendios o heladas, por lo que el titular de la dependencia dijo “tenemos que ayudar a la gente a mitigar los efectos del cambio climático y a enseñarle cómo adaptarse.” 2

Así también, la Sedesol instrumentó una estrategia integral con escenarios a corto, mediano y largo plazo, para atender el problema del abastecimiento de agua potable.

“La estrategia a corto plazo fue el abastecimiento de agua mediante el envío de pipas a esas comunidades, para que los habitantes tuvieran agua potable para beber e hidratarse y realizar las labores básicas del hogar.

A mediano plazo se contempla la construcción de infraestructura, como plantas potabilizadoras, para llevar agua entubada a los municipios y localidades que padecen los efectos de la sequía.

A largo plazo se analiza la posibilidad de levantar vedas en ríos y presas, para que los habitantes de las comunidades puedan acceder en forma controlada a sus aguas.” 3

Además de la sequía, se presentaron otros fenómenos naturales, como las lluvias atípicas, heladas, huracanes, sismos y deslaves, por lo que se implementó el Programa de Empleo Temporal Inmediato, con una inversión de más de 223 millones de pesos, para beneficiar a 204 mil 584 personas.

Los estados que más resintieron la sequía fueron: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Zacatecas.

En Chihuahua se benefició a más de 62 mil personas de 15 municipios, a quienes se llevaron más de 5 millones de litros de agua para consumo humano. Los municipios atendidos fueron: Guazapares, Janos, Manuel Benavides, Morelos, Moris, Ocampo, Ojinaga, Urique, Uruachi, Aldama, Balleza, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo.

En Durango, se entregó agua a 32 mil 691 personas en 36 municipios, mientras que en Zacatecas se atendió a 10 mil personas de los municipios de Fresnillo, Jerez, Guadalupe, Tlaltenango, Nochistlán, Atolinga, Villa de Cos, Genaro Codina, Teúl de González Ortega, entre otros.

En Guanajuato, se entregaron un millón 170 mil litros de agua potable a 18 mil habitantes de 133 comunidades.

En Tamaulipas se brindó agua potable a mil 100 habitantes de algunos ejidos, en el municipio de Casas. En Sonora, se repartieron 4 mil pipas de agua en 10 municipios.

El municipio de El Choix en Sinaloa, fue duramente afectado por la sequía y las heladas, por lo que la Sedesol repartió 89 pipas de agua potable a 27 mil 500 habitantes, así como también cobijas y ropa invernal.

Por último, la Sedesol está trabajando en un programa piloto para instalar 27 plantas potabilizadoras de agua en Tamaulipas, 23 eléctricas y 4 eólicas, con lo que en principio se estima se beneficiará a más de 30 mil habitantes de 16 municipios.

Dicho comunicado también hace mención a que Diconsa implementó un operativo para sus bodegas rurales, ampliando la capacidad de almacenaje de agua potable y procesamiento, filtración, purificación y potabilización de la misma, para la distribución en sus tiendas.

“Diconsa tiene capacidad instalada para distribuir 314 mil litros de agua purificada en todo el país, especialmente en las comunidades rurales y urbanas, lo que garantiza a los consumidores un producto de excelente calidad a un precio accesible las 24 horas del día, todos los días del año. El precio por garrafón de 20 litros es de siete pesos.” 4

En el Partido Verde Ecologista de México, estamos conscientes de la importante labor que llevó acabo la Secretaría de Desarrollo Social en beneficio de las comunidades damnificadas, que resultaron afectadas a consecuencia de los desastres naturales acontecidos en nuestro país durante el 2011.

Sin embargo, deseamos manifestar nuestra más amplia preocupación ante una situación tan catastrófica como esta, y consideramos que no obstante la ayuda brindada por dicha dependencia, creemos que no es suficiente para salvaguardar a todas las familias afectadas por los mencionados desastres naturales.

Sabemos que las necesidades de estas comunidades son mayores, y aunque se ha beneficiado a 2.5 millones de personas, la ayuda es todavía insuficiente, pues resulta indispensable la repartición del líquido vital a un mayor número de pobladores de las zonas afectadas.

Asimismo, nos preocupa muchísimo el tema de la educación sobre el cambio climático, creemos que es de radical importancia ilustrar a la población sobre este tema, y sobre todo el cómo adaptarse a él, sin embargo, consideramos que no es tan fácil instruir a la población en general sobre tan delicado tema, y menos a las comunidades que son más vulnerables a dicha afectación, cuando las prioridades de éstas son el agua potable y los alimentos.

Reconocemos la ardua labor de la Sedesol, y confiamos en que el plan a corto plazo haya resultado benéfico para la población afectada, no obstante, es necesario desarrollar y aplicar medidas a mediano y largo plazo a fin de mitigar los estragos causados por los desastres naturales, y se deben implementar programas educativos respectos de los efectos del cambio climático en estas zonas del país. Sólo así conseguiremos tener una sociedad mejor educada y preparada para los grandes desafíos que futuro nos tiene dispuestos.

Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a fin de que instruya a la autoridad competente para que se desarrollen planes y programas educativos en todo el territorio nacional a fin de que la población en general conozca los efectos del fenómeno denominado cambio climático y aprenda a adaptarse al mismo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que rinda un informe detallado sobre los objetivos estratégicos, tácticos y operativos, para el cumplimiento de las metas a mediano y largo plazo relativos al abastecimiento de agua potable en las zonas afectadas por las sequías generadas por el cambio climático.

Notas

1. http://www.presidencia.gob.mx/2012/01/llevo-sedesol-agua-a-19-estados-p or-la-sequia/

2. ídem.

3. ídem.

4. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Senador Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica)

Con punto de acuerdo, respecto a la modernización del sistema penitenciario, suscrita por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la modernización del sistema penitenciario en todo el país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Estudios en materia penitenciaria concluyen que la mayoría de los penales del país, incluidos los Centros de Readaptación Social (Ceresos), están saturados de reos no sentenciados, muchos de ellos por delitos federales a un costo promedio de 100 pesos diarios cada uno, y un estrecho presupuesto que impide establecer medidas de vigilancia y seguridad más eficientes.

El estudio “Los mitos de la prisión preventiva en México”, elaborado por la organización no gubernamental Open Society Justice Initiative, reveló que, de 1994 a 2004, la población carcelaria en el país se duplicó al pasar de 86 mil a 192 mil reclusos, y sigue creciendo sin que la inseguridad ni la delincuencia hayan disminuido.

Según el informe, en México están presas 82 mil personas que no han sido sentenciadas, y que tienen la garantía de presunción de inocencia, que sufren la privación de su libertad en las condiciones dantescas que prevalecen en las cárceles mexicanas, por lo que se considera que la prisión preventiva en el país, es una práctica inefectiva que ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente.

“El sistema penitenciario es un fracaso, pues en la mayoría de los Ceresos existe hacinamiento, autogobiernos y la falta de un programa homogéneo de vigilancia”.

Por ejemplo, en Yucatán, según la Comisión de Derechos Humanos en el estado (Codhey), al menos 70 de las 106 cárceles municipales, carecen de las condiciones mínimas de higiene y amplitud, y funcionan en condiciones lúgubres e insalubres.

La actual práctica penitenciaria empleada en México tiene graves consecuencias, entre ellas una saturación de 125 por ciento de su capacidad, aunque hay unas que llegan hasta 270 por ciento, además de que se provocan acciones de autogobierno de reclusos, que imponen las reglas y generan actos de violencia con tasas de homicidios hasta 10 veces superiores a las que enfrenta la población en libertad.

Para los directivos carcelarios, entre los principales problemas que enfrentan los penales mexicanos está el creciente ingreso de personas acusadas por delitos federales, muchas de las cuales esperan meses para ser procesados en cárceles municipales y estatales. Además, debido a que manejan más dinero que los presos por delitos comunes, son difíciles de controlar y propician el tráfico de drogas y otros delitos graves.

En los penales estatales de Ciudad Juárez y de la ciudad de Chihuahua, las autoridades han enfrentado casos graves de hacinamiento y tráfico de drogas, con violentos enfrentamientos entre reos o entre custodios e internos que controlan las crujías e imponen la ley del más fuerte. A ello se agrega la falta de presupuesto y de apoyo económico de la federación, que para cada interno por delitos federales aportaba sólo 18 pesos diarios y en promedio, a nivel nacional, se gastan poco más de 100 pesos cada día en la manutención de los reos, aunque hay situaciones extremas, ya que mientras en Guerrero el costo por cada preso es de 10 pesos, en San Luis Potosí llega a 175 pesos.

En ese mismo orden de ideas, la mayoría de los custodios de los Ceresos ganan al mes alrededor de 3 mil, no han recibido una capacitación especial para desempeñar adecuadamente su labor, lo que los lleva a realizar sus obligaciones como mejor les parece, y sus carencias son tantas que “cualquier intento de corrupción por parte de los internos para tener algún tipo de privilegio puede tener fácilmente resultados”.

En parecida situación estaban hasta hace poco las autoridades penitenciarias de Baja California, donde operan varios Ceresos que albergaban hasta el 2006 a 13 mil 963 presos, incluidas 637 mujeres, 47.36 por ciento más de los que pueden recibir sus instalaciones. Del total de internos, 6 mil 637 aún no eran procesados, entre ellos gran parte de los 4 mil 996 acusados por delitos federales.

Un caso similar enfrenta Michoacán, que tenía más de 8 mil reos en 16 centros Preventivos y ocho Ceresos diseñados inicialmente para recibir a 6 mil internos. Ahí, de los mil 755 reos del fuero federal, 404 esperaban su proceso, mientras que del fuero común 3 mil 929 estaban en proceso contra 2 mil 10 ya sentenciados.

En este contexto, hace unos días aconteció una riña en el centro penitenciario de Altamira, Tamaulipas, situación nada nueva, ya que esta se sumó al saldo de sangre y muerte de los penales de Tamaulipas. En uno de los casos más recientes, en octubre de 2011 una riña dejó 20 internos muertos y otros 12 heridos. Sin emitir mayores detalles, mediante un comunicado se indicó que la Procuraduría de Justicia del estado tomó conocimiento de los hechos, constituyéndose en el penal una agencia del Ministerio Público para dar fe de éstos y ordenar el traslado de los cuerpos de los reos fallecidos al Servicio Médico Forense, para que se les practicara la autopsia de ley.

Recuentos periodísticos indican que en julio durante un enfrentamiento hubo siete muertos en el penal número 2 de Nuevo Laredo, y 59 reos se dieron a la fuga.

Diversos medios de comunicación también han dado cuenta de otros tantos lamentables casos. El sábado 7 de agosto de 2010, en otro enfrentamiento murieron 14 internos en el penal de Matamoros. El 27 de abril, una pelea entre internos del Centro de Ejecuciones de Sanciones de Altamira dejó cuatro presidiarios muertos y dos heridos.

Otro de los episodios más sangrientos ocurrió en octubre de 2008, en el penal de Reynosa. Según las autoridades penitenciarias, en aquel entonces se registró una batalla campal que dejó como saldo 21 presidiarios muertos. En esa ocasión los cuerpos estaban calcinados.

Ahora, una riña entre internos del penal de Altamira, Tamaulipas, causó 31 muertos y 13 heridos. Según notas periodísticas, el conflicto tuvo origen supuestamente por la disputa del control de actividades ilícitas dentro de la prisión.

Armados con objetos punzocortantes, palos y tubos, los internos de los módulos 11 y 12 protagonizaron una lucha que se prolongó por varias horas, hasta que personal del Agrupamiento Especial de la Policía Estatal retomó el control de la cárcel que alberga a reos federales y del fuero común. La Secretaría de Seguridad Pública informó que 22 de los fallecidos eran del fuero común, y nueve del federal.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas inició las indagatorias correspondientes, por lo que se indicó que se llamará a declarar a custodios y personal directivo de esa cárcel. De momento, la seguridad en el exterior de la prisión estaba a cargo del Ejército Mexicano.

En este penal de Tamaulipas se encuentran detenidos miembros de grupos del crimen organizado entre los que hay rivalidad, como es el caso de Los Zetas y el cártel del Golfo, además de otras pandillas que funcionan como aliadas de ellos.

De la averiguación que se practica, se desprende que se incrementó de 13 a 20 el número de reos de los módulos 11 y 12 a quienes se les considera como partícipes y probables responsables, habiéndose puesto a disposición del Ministerio Público que conoce de dicha averiguación.

Además se destaca por parte de las autoridades del Estado, que los reos federales purgaban condenas por delitos contra la salud y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por lo que hace a los internos de fuero común, 3 habían recibido sentencia condenatoria y 8 enfrentaban los procesos instaurados en su contra. Las conductas delictivas que los habían llevado a prisión son el homicidio, robo con violencia, robo de vehículo, violación, posesión de vehículo robado y atentados a la seguridad de la comunidad.

Como se puede apreciar, prácticamente en todos los casos, el hacinamiento, la corrupción y la ausencia de clasificación entre los internos, ocasionan que el objetivo establecido en nuestra Carta Magna relativo a la readaptación social de los delincuentes, sea solamente un buen deseo.

Es urgente que se trabaje en la construcción de un sistema penitenciario, que verdaderamente pueda convertir en realidad la reinserción a la sociedad de los internos, y para ello no solo se necesitan recursos para infraestructura, sino sobre todo la creación de un andamiaje jurídico que siente las bases para que hechos tan lamentables como los ocurridos recientemente en el Penal de Altamira sean la excepción y no la regla.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, hace un llamado de atención al titular del Poder Ejecutivo federal para que convoque a la brevedad a su gabinete de seguridad con la intención de definir un conjunto de políticas públicas tendientes a modernizar el sistema penitenciario de todo el país, con la participación de las entidades federativas y ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de enero de 2012.

Senador Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los implantes franceses PIP, suscrita por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo relativo a los implantes franceses Poly Implant Prothese (PIP) con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Productos de la Salud (AFSSAPS) emitió una alerta internacional después de que varias mujeres presentaron un rompimiento de los implantes de seno de la marca francesa Poly Implant Prothese (PIP), y se descubrió que la silicona con que estaban hechos era industrial y no médica, es decir, contenían una mezcla de productos de química industrial que jamás fueron objeto de ensayos clínicos en cuanto a su eventual nocividad para el organismo humano.

Cuando dicha empresa francesa cayó en bancarrota, cambió el silicón y el 80 por ciento de la producción de estos implantes fue producido con un gel diferente al aprobado.

Por ello, el gobierno francés recomendó que se retiren las prótesis mamarias PIP de todas las mujeres que las porten, aunque no muestran signos de deterioro, ya que tan sólo en dicho país, se registraron 20 casos de cáncer entre portadoras de implantes de esta marca. Las autoridades recomendaron a las 30 mil mujeres que los portan en Francia que se los hagan retirar.

Los implantes PIP son defectuosos y se sospecha que ya causaron la muerte de al menos una mujer, además se consideran como una amenaza para todas sus usuarias, ya que este tipo de implantes tiene 11.1 por ciento más probabilidades de romperse. 1

Las mujeres a las que se les rompen estos implantes tiene consecuencias físicas inmediatas, pero la que porta el implante sin rotura tiene un riesgo permanente, ya que se desconoce el efecto del gel, cuya falta de cohesión hace que expanda al resto del cuerpo.

De lo anterior se deriva que los implantes PIP tienen dos riesgos fundamentales: el primero es la alta posibilidad de ruptura, y el segundo es que el silicón es de uso industrial y no de uso médico.

Se calcula que en el mundo entre 400 mil y 500 mil mujeres portan estos implantes, pues la empresa francesa producía 100 mil implantes al año, y exportaba casi el 84 por ciento de su producción, sobre todo a Sudamérica. Se estima que unos 150 mil de estos implantes llegaron a América del Sur tan sólo entre 2007 y 2009.

Estos implantes fueron utilizadas por de miles de mujeres en países como Venezuela, Colombia, México, Brasil y Argentina, que están entre los primeros 20 en donde se efectúan más operaciones de cirugía estética en el mundo.

En Argentina se estima que 14 mil mujeres recibieron estas prótesis, en Francia, 30 mil, y en Gran Bretaña, 40 mil.

En México se realizan entre 70 mil y 80 mil cirugías de implantes mamarios al año, según cifras de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER).

Según la AMCPER unos 4 mil 500 implantes de la marca francesa PIP fueron colocados en México a lo largo de 16 años y, hasta el momento, solamente 2 han registrado ruptura.

Dicho número de pacientes con implantes PIP es proporcionalmente menor a la totalidad de mujeres con implantes en el mundo, sin embargo, la AMCPER afirmó que la cifra es aún preliminar, y están en espera de más reportes de los médicos afiliados.

Las prótesis mamarias fueron comercializadas en México desde 1994 hasta febrero de 2010, cuando la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) revocó 2 registros sanitarios, luego de que las empresas incumplieran con los requisitos legales y científicos.

Los cirujanos reconocieron que la empresa francesa no sólo engañó a los cirujanos, sino también a la Cofepris. Estos implantes estaban muy bien hechos, tanto que fueron aceptados por la Cofepris, y los cirujanos que los usaron también certificaron el producto.

Para combatir este grave problema sanitario, países como Francia, España, Venezuela y Colombia, recomendaron a todas las portadoras de implantes PIP que acudieran al médico para su retiro inmediato, independientemente de presentar o no molestias. Además el gobierno de cada país absorberá el total de gastos generados por esta intervención. En México el panorama es muy diferente.

La Cofepris primero llamó a los médicos a ponerse en contacto con las pacientes para hacerles una revisión, situación que no se dio hasta que la noticia se dio a conocer a nivel mundial, y entonces el presidente de la AMCPER se pronuncio en torno al tema.

“De ser absolutamente necesario, se podrían retirar de forma gratuita. Pero habría que revisar cada caso para ver la posibilidad de una cuota de recuperación. Esto no es culpa del gobierno ni de los doctores”, dijo Alejandro Duarte Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. 2

El presidente de la asociación consideró que si los implantes están en buen estado, no será necesario retirarlos, a diferencia de los demás países que determinaron extraerlos sin importar el estado en que se encuentran.

Dijo que la existencia de implantes defectuosos no pone en peligro la vida de las mujeres que los tengan, ya que no todos los implantes de esa marca representan un riesgo para la salud. La única recomendación es que acudan a su médico para hacer una revisión periódica y descartar alguna ruptura.

La AMCPER negoció con la Secretaría de Salud para la utilización de su infraestructura hospitalaria para reducir los costos del retiro de implantes mamarios PIP a las mujeres que lo soliciten.

Para ello, los cirujanos plásticos y la Secretaría de Salud analizan cómo se compartirán los gastos de las cirugías. El problema, dijo Duarte, son los costos. Tan sólo por la cirugía la paciente tendría que pagar 15 mil pesos, a lo que hay que sumarle los honorarios del médico y los implantes nuevos que se colocarán, cuyo costo va de 650 a dos mil dólares.

Además, los cirujanos consideran que los implantes PIP colocados en México no son un problema y no hay motivo para causar pánico entre las pacientes. 3

La Secretaría de Salud les solicitó el costo por el retiro del implante, y se busca unificar los precios para los honorarios.

En nuestro país aún no se tiene un registro exacto de cuántas prótesis se han roto desde hace 16 años que inició su colocación.

A nivel mundial, los implantes Poly Implants Prothese serán removidos sin importar si están rotos o no. El gobierno francés creó un fideicomiso para operar a las 30 mil mujeres que los tienen, y también las que resultaron afectadas en otras naciones latinoamericanas, como Venezuela.

En el Partido Verde Ecologista de México nos encontramos sumamente preocupados por este gravísimo problema de salud, y consideramos que la actuación de las autoridades mexicanas ha sido lenta, que no deben esperar a tener una situación de alerta donde varias mujeres se vean afectadas por esta complicación, y se debe brindar todo apoyo por parte de las autoridades sanitarias correspondientes a las mexicanas que portan estos implantes, debe existir una estrategia clara para resolverlo.

Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a establecer un protocolo de atención integral (revisión y extracción de implantes), en apoyo de todas las mujeres que resulten afectadas por la portación de los implantes PIP, de manera gratuita.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cofepris a informar sobre la situación de las prótesis de la marca PIP implantadas en miles de mujeres mexicanas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cofepris a realizar una campaña informativa sobre la situación de las prótesis de la marca PIP implantadas en miles de mujeres mexicanas.

Notas

1 http://sdpnoticias.com/nota/276422/Se_colocaron_4_mil_500_implantes_mam arios_PIP_en_Mexico

2 http://vidayestilo.terra.com.mx/implantes-pip-solo-se-retiraran-gratis- por-urgencia-extrema,aba35e29b8fc4310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

3 http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/96970-hasta-41-mil-pesos-el-retiro -de-implantes-de-mama/

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a dieciocho de enero de dos mil doce.

Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la lluvia sólida, suscrita por el senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la lluvia sólida, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es un fenómeno que se da debido al aumento de la temperatura promedio del planeta, este incremento se genera por la concentración de los gases de efecto invernadero dentro de la atmósfera. Las consecuencias del acrecentamiento en la temperatura, es la afectación directa en la alteración de los ecosistemas globales, daños en la flora, extinción de animales, inundaciones, tormentas de mayor intensidad, pérdida de cultivos a causa de las heladas y del aumento de las sequías.

La sequía es uno de los fenómenos climáticos que más afectaciones causa en la vida del ser humano, y principalmente dentro de las actividades que se realizan en el área rural de cualquier región del mundo, de estas, las más afectadas son las económicas, debido a las pérdidas de los cultivos y de las cabezas de ganado; en nuestro país, a finales del mes de noviembre del 2011, se perdieron 989 mil hectáreas de superficie agrícola, y un millón 750 mil cabezas de ganado.

Para que este fenómeno atípico se dé, no sólo depende de que no llueva en un largo periodo de tiempo, sino de la falta de captación de agua para cubrir las necesidades básicas.

Actualmente, nuestro país está padeciendo una de las peores sequías de los últimos 70 años; el Sistema Meteorológico Nacional indica que 1213 municipios del país están siendo afectados por la falta de lluvias, es decir, que el 58.2 por ciento de la superficie de nuestro territorio se encuentra con daños causados por este mal tiempo, los estados que se han visto más afectados por la sequía de forma extrema son: Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

La Secretaria de Desarrollo Social informo que se estima que se han visto afectadas alrededor de 600 mil familias por esta situación. De igual forma, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informo que durante el 2011, se quemaron 56 mil 359 hectáreas forestales y que las sequías afectaron a los programas de Proárbol y de reforestación en todo el país.

Cuando se da un fenómeno natural de esta magnitud, lo más recomendable es el tomar acciones que ayuden a la conservación y al uso responsable del agua, su captación y almacenamiento debe de ser prioridad de cualquier grupo humano, se deben de tomar las medidas necesarias que permitan la conservación del agua, para que esta pueda ser distribuida y utilizada, tanto para el campo, como para el consumo humano.

Ante esta situación, el gobierno federal desde septiembre de 2011, ha implementado acciones las cuales se llevan a cabo en coordinación con diferentes secretarías del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales, las cuales están enfocadas en asegurar el alimento y la disponibilidad de agua en las zonas más vulnerables; una de las medidas implementadas por el gobierno federal es la de reconvertir miles de hectáreas de cultivo, a cultivos que requieran menos liquido para sobrevivir.

Una de las soluciones para el ahorro de agua en el riego de los cultivos en zonas áridas o que padecen alguna afectación por los males de la sequía, es la denominada “lluvia sólida”; en dicha tecnología se usan polímeros que se pegan a la raíz de las plantas, y en el momento que estas son regadas, el agua no se filtra en el subsuelo, esta se solidifica; con esta acción, la raíz de la planta se mantiene húmeda, y permite que esta consuma solamente lo necesario, por una largo periodo de tiempo, este invento fue desarrollado por el ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco del Instituto Politécnico Nacional.

El riego de la planta varía dependiendo de su tamaño, el tipo de tierra y el clima, por cada kilogramo de esta fórmula se solidifican 500 litros de agua, es decir, se puede obtener hasta media tonelada de “lluvia sólida”.

Dicho producto se utiliza desde el año de 2005 en algunos estados, En Jalisco se demostró su eficacia al ponerse a prueba en una zona donde con riego tradicional se producían 600 kilogramos por hectárea, al implementar el riego con lluvia sólida, se obtuvo un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, ya que cuando se tienen cultivos que requieren de un riego de 80 litros una vez cada semana, con la lluvia sólida solo es necesario 50 litros cada tres meses.

Otra de las ventajas que se obtiene con este producto, esta en su transportación, ya que no es necesario el uso de carros pipa, que muchas veces no pueden llegar a zonas de difícil acceso, debido a su tamaño, este producto se almacena en costales y pueden ser llevados de manera mucho más sencillas.

Este invento cuenta con el reconocimiento de diferentes instituciones, universidades y organizaciones internacionales y nacionales y a su vez, está siendo utilizada en diferentes partes del mundo tales como India y Bogotá, por su eficacia en la captación y en el ahorro del agua; lamentablemente diferentes órganos gubernamentales nacionales, no creen en los resultados de este invento, y en nuestro país su uso es limitado y poco difundido.

Ante la emergencia en la cual nos encontramos producto de la sequía y para modificar la situación actual del campo mexicano, estamos obligados a tomar medidas eficientes, que no solo nos beneficien momentáneamente o que permitan que libremos la situación, dichas medidas tienen que estar encaminadas para que en un futuro podamos combatir este tipo de males, y que nuestros ganaderos y agricultores no se resulten afectados tan severamente ante los desastres que traen consigo el fenómeno denominado cambio climático.

El gobierno federal no solo debe de reconocer este tipo de investigaciones con resultados favorables, sino que debe de implementarlos, por el bien del campo y de la vida de todas aquellas familias afectadas por esta situación, la cual no solo produce pérdidas económicas, sino que obliga a las familias a migrar en búsqueda de una vida mejor.

Consideramos fundamental, que se reconozcan las investigaciones de las diferentes universidades del país, a fin de que con los resultados de estas, los mexicanos nos veamos beneficiados con el ingenio de nuestros académicos, no debemos dejar de lado lo que nuestras universidades públicas y privadas producen, y a su vez no debemos dejar que productos como estos, pasen desapercibidos, y que mejor en otros países sean reconocidos y utilizados para beneficio de ellos.

En razón de lo aquí manifestado, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, externa su preocupación ante la actual situación en el campo mexicano producto de la sequías, y de la falta de interés del gobierno federal para la utilización de tecnologías nacionales, para la captación y ahorro del agua, que podrían beneficiar a miles de agricultores y ganaderos en nuestro país.

Por lo fundado y motivado, sometemos a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que rinda un informe detallado de la actual situación del campo mexicano y de las medidas que se realizan para contrarrestar el mal que dejo la sequía atípica en nuestro país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que dentro de las medidas que se están tomando para combatir la sequía en nuestro país, se pueda implementar el uso de la tecnología denominada “lluvia sólida”.

Tercero. Solicitamos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, manifieste su reconocimiento público al ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco, por su labor como investigador, del Instituto Politécnico Nacional, en beneficio de la humanidad y el medio ambiente.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de enero de 2012.

Senador René Arce Círigo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP a informar por qué ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los puntos de acceso del AICM, suscrita por el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Gerardo del Mazo Morales, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad en los aeropuertos del país es una medida que las autoridades competentes deben garantizar a los pasajeros con el propósito de reforzar los mecanismos de salvaguarda e integridad tanto de los usuarios, como de las personas que laboran o transitan por las terminales aéreas. Ahora bien, de nada sirve que se aumenten las medidas de seguridad en sus terminales; tales como la instalación adicional de módulos de información para una rápida atención a los viajeros, la incorporación de personal en las áreas operativas y administrativas, así como en las de seguridad y vigilancia, si dicho personal, concretamente la Policía Federal, no cumple con lo estipulado por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 152 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, mismo que estipula claramente que debe hacerse la revisión de “...los miembros de la tripulación de vuelo y demás personal que no sean pasajeros incluyendo a todas las autoridades que, en ejercicio de sus funciones, ingresen al área estéril o se introduzcan a la aeronave”.

Es decir, pese a que la normatividad en materia de aviación obliga a que toda persona y vehículos sean verificados al ingresar a áreas restringidas, la corporación goza de “ciertos privilegios” en los puntos de inspección. En otras palabras, los Policías Federales ingresan a bordo de sus automóviles sin que les sean revisados la cajuela ni los interiores.

De ser cierto, lo anterior sería gravísimo toda vez que el Aeropuerto capitalino se volvería un punto vulnerable en el momento mismo en que los procedimientos no son acatados como lo dice la ley. Por ejemplo: si un policía no es revisado como cualquier persona, representa la posibilidad de que ingrese cosas ilícitas a sus instalaciones.

La Ley ordena que en las zonas restringidas se deben revisar al cien por ciento, esto incluye a los agentes federales, pero si ellos aludiendo a la autoridad que tienen y a sus facultades los exentan, violan la legislación, entonces estamos ante un desacato que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros en general y en particular, de todas las personas que se encuentren en el aeropuerto.

Además se ha precisado por diversos medios de comunicación respecto a este tema, que al quedar frente a la pluma de la caseta, los tripulantes descienden del automóvil, un guardia les pasa el detector de metal manual por el cuerpo; enseguida el vigilante rodea con un espejo el chasis del vehículo en búsqueda de algún objeto o sustancia extraña. Lo anterior no pasa en el caso de los agentes federales, ya que a estos últimos les basta con detener sus vehículos para que los guardias les autoricen el acceso sin revisar siquiera la cajuela o los interiores.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, entendemos que la Secretaría de Seguridad Pública Federal tome medidas para fortalecer los protocolos de seguridad en distintos ámbitos, pero consideramos también, que deben ser los primeros en poner el ejemplo y sujetarse a la normatividad aplicable.

Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que informe cuál es el motivo por el que ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los puntos de acceso del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2011.

Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a iniciar por el Centro Nacional de Trasplantes y en el marco del sistema nacional de trasplantes una campaña permanente de comunicación e información que promueva la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la sociedad mexicana, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud (SSA) para que a través del Centro Nacional de Trasplantes y en el marco del Sistema Nacional de Trasplantes, inicie una campaña permanente de comunicación e información que promueva la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la sociedad mexicana, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los trasplantes de órganos y tejidos son una de las expresiones más significativas del progreso científico de la medicina actual, constituyen el avance terapéutico más importante en los últimos 50 años en el campo de las ciencias de la salud, asimismo, la donación de un órgano es una de las muestras de humanidad y amor más grandes que existen. Para que se produzca un trasplante es necesario contar con un donador y un receptor, en el caso del primero, influyen la cultura, los valores y el conocimiento sobre esta actividad, mientras que en el segundo convergen la necesidad, el deseo de vivir y mejorar su salud.

A nivel mundial la historia de los trasplantes de órganos data de la década de 1930, cuando en Rusia se realizó el primer trasplante renal a una mujer que se encontraba en coma, misma que se mantuvo con vida sólo los primeros dos días. Después de dos décadas de investigaciones e intentos fallidos, en1954 se realizó el primer trasplante renal con éxito total, el cual se realizó entre gemelos, convirtiéndose en el primero de muchos casos exitosos en este extraordinario rubro de la medicina universal.

En México, el primer trasplante exitoso se dio en el año de 1963, cuando a una mujer se le trasplantó un riñón en la Ciudad de México. Posteriormente, en los años setenta comenzaron los primeros programas de trasplantes, teniendo lugar en hospitales como el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital Central Militar y el Hospital 20 de Noviembre. Desde entonces, en nuestro país se han realizado 66,493 trasplantes de órganos y tejidos, de los cuales 1,870 han sido de cornea, 30,996 de riñón, 1,068 de hígado, 293 de corazón y 1 de páncreas. 1

Si bien en el año de 1963 se efectuó el primer trasplante de riñón, es hasta 1973 que se agrega al Código Sanitario mexicano un capítulo especializado acerca de la regulación y manejo de órganos y tejidos, con lo que inicia la apertura de trasplantes a un mayor número de hospitales e instituciones de salud.

Para 1984 el Código Sanitario se transformaría en la Ley General de Salud, contemplando un capítulo completo acerca de la donación de órganos, e implementando el Registro Nacional de Trasplantes, en ese entonces perteneciente a la hoy extinta Secretaría de Salubridad y Asistencia. Cabe mencionar que todas estas normas se sustentan en el derecho a la protección de la salud, como derecho autónomo, que fue elevado a rango constitucional mediante reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año de 1983.

En 1999 se crea el Centro Nacional de Trasplantes, dependiente de la Secretaría de Salud, mismo que en la actualidad es el organismo que coordina los procesos de donación y trasplante en México. Su objetivo principal es la emisión e implementación de políticas públicas en instituciones del sector salud, que organizadas en el Sistema Nacional de Trasplantes, buscan incrementar el acceso a esta terapéutica para la población mexicana, procurando la oportunidad, legalidad, y seguridad de los procesos de disposición de órganos, tejidos y células. El Sistema Nacional de Trasplantes busca ofrecer a los ciudadanos que lo requieran, la oportunidad efectiva de recibir un trasplante dentro de un marco jurídico eficiente y claro, con apego a los principios de equidad, altruismo y justicia. 2

Si bien en sus 12 años de existencia, el Centro Nacional de Trasplantes ha realizado una importante labor y significativos avances en el trasplante de órganos y donación de los mismos, uno de los principales problemas que enfrenta la institución es la falta de difusión de la cultura de donación de órganos y tejidos, lo que ha generado una preocupante carencia de donadores en nuestro país.

En México hay tan sólo 3 donantes por cada millón de habitantes, lo cual nos ubica muy por debajo de otros países, como España, que tiene el primer lugar mundial en donantes. A pesar de que en nuestro país cada año se realizan 5 mil trasplantes, existen 15,185 pacientes en espera de un órgano o tejido que les permita seguir viviendo o mejorar su salud, de todos ellos 7,426 son considerados pacientes terminales. 3

La fuerte carencia de donadores en México se debe en gran medida al prejuicio que se ha creado entre la población, a partir de información errónea que se difunde de persona en persona y se propaga con mucha rapidez. Esta actividad desinforma a la sociedad, provocando una especie de miedo o rechazo a la donación, ya sea en vida o después de esta.

En este sentido, persisten algunos mitos que contribuyen a agravar el problema, por ejemplo, existe la versión de que si una persona llena una tarjeta de donador, en caso de tener un accidente, se le dejará morir para salvar la vida de alguien más. Asimismo hay religiones que sostienen que no se debe regresar un cuerpo incompleto a la tierra. Estas dos aseveraciones son en realidad sofismos, que no sólo desinforman y confunden a la sociedad, sino que contribuyen a frenar la donación de órganos en nuestro país y el resto del mundo.

Ante estos factores que obstaculizan la donación existen diversas alternativas, una de ellas consiste en la publicación de información detallada sobre el proceso de donación, a través de campañas permanentes que acerquen esta actividad a toda la sociedad. De esta manera sería más viable la práctica del trasplante órganos o tejidos y como consecuencia el mejoramiento del nivel de vida de una persona.

Para lograr la promoción de la cultura de donación de órganos, el Centro Nacional de Trasplantes se vale de los Centros Estatales de Trasplantes y los Consejos Estatales de Trasplantes, además del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pemex, y el Hospital Central Militar, todos organizados dentro del marco del Sistema Nacional de Trasplantes. Por medio de estas instituciones de salud se organizan programas de trabajo, además de que cada año se implementa el Día Nacional de Donación y Trasplantes, celebrado el 26 de septiembre. El objetivo de los programas de trabajo y la campaña de septiembre es promover, conjuntamente y en toda la república, la cultura de la donación, con el propósito de que cada día más mexicanos se conviertan en donadores.

El mayor obstáculo de la campaña denominada Día Nacional de Donación y Trasplantes, es precisamente la duración de la misma, que se reduce a un programa básicamente de un día, en el que se realizan conferencias y ponencias relativas al tema, además de anuncios aislados y por breves periodos de tiempo en algunos medios de comunicación. Por su parte los programas de trabajo de las instituciones de salud se han abocado a intercambiar información entre las dependencias, dejando la promoción de la cultura de donación en un segundo plano.

Lamentablemente, las cifras del Centro Nacional de Trasplantes arrojan que de 2000 a 2011, los donadores de órganos pasaron de 2.8 a 3 por cada millón de personas. En otras palabras el avance y resultados del programa han sido mínimos, de escaso impacto. En los últimos diez años se ha logrado atraer únicamente a 0.2 donantes por cada millón de habitantes.

En la celebración más reciente del Día Nacional de Donación y Trasplantes, autoridades de la Secretaría de Salud ahondaron en la gravedad de la situación por la que atraviesa la donación de órganos y tejidos en México. No sólo en nuestro país, sino en otras latitudes como en la Organización Mundial de la Salud, diversos líderes han hecho hincapié en la importancia de la promoción de la cultura de donación de órganos alrededor del mundo. Es así que autoridades a nivel internacional coinciden en que concientizar a la sociedad en este rubro representa un punto crucial para avanzar en la procuración y mejoramiento de la vida y salud humana.

Las cifras y datos duros demuestran que el objetivo de promover la cultura de la donación de órganos en México, a pesar de ser parte fundamental de la labor de las instituciones y dependencias mencionadas, está lejos de ser una realidad. La base del problema es que las campañas para fomentar esta trascendente cultura no han sido lo suficientemente amplias como para captar la atención de la población y verdaderamente fomentar la práctica de la donación. Ante ello, es indudable la urgencia de una campaña permanente de comunicación que busque penetrar en la conciencia popular para atraer más donadores que estén convencidos de querer ayudar a preservar la vida de alguien más, ya sea donando un órgano en vida o después de esta.

Este rubro, que tiene que ver directamente con la vida y salud de los mexicanos, no sólo está sustentado como un derecho constitucional, sino que va más allá, siendo un derecho humano, inmutable e inalienable. Por ello resulta imperiosa la necesidad de trabajar para terminar con este problema de salud. En lo consecuente debemos sentar las bases necesarias para lograr que la promoción de la cultura de donación de órganos sea constante y permanente, que llegue a todos los mexicanos y que cada quien, por su libre criterio, decida donar o no un órgano o tejido para brindar expectativas de vida a alguno de los miles de pacientes mexicanos que lo necesitan.

En razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que a través del Centro Nacional de Trasplantes y en el marco del Sistema Nacional de Trasplantes, inicie una campaña permanente de comunicación e información que promueva la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la sociedad mexicana, con el propósito de concientizar a la población, aumentar el número de donadores y brindar expectativas de vida a los más de 15 mil mexicanos que están en espera de un trasplante.

Notas

1 Registro Nacional de Trasplantes. 2011.

2 Centro Nacional de Trasplantes. Misión y Visión. 2011.

3 Secretaría de Salud. Centro Nacional de Trasplantes. Julio de 2011.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.

Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a organizar por la SRE una reunión bilateral con el gobierno de Guatemala para impulsar una agenda de colaboración en temas como narcotráfico, intercambio comercial e inversión, desarrollo económico en la frontera, derechos humanos de los migrantes y seguridad fronteriza, suscrita por la senadora María Elena Orantes López

La que suscribe, María Elena Orantes López, senadora de la República por Chiapas en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El domingo 15 de enero del presente año, tomó protesta como nuevo presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, este suceso abre un escenario ideal para que el Ejecutivo federal a través de la cancillería mexicana retome los temas más relevantes en la agenda bilateral entre México y Guatemala como el narcotráfico, intercambio comercial e inversión, desarrollo económico en la frontera y problemas limítrofes, derechos humanos de los migrantes y seguridad fronteriza.

En este contexto, el nuevo presidente de Guatemala dijo que “el narcotráfico y la violencia de los cárteles impactan en los ámbitos político, económico y social, además de ser un campo de batalla complejo en el que no podemos ni queremos estar solos. Por ello pidió a los socios internacionales de Guatemala afrontar este flagelo como un desafío regional de seguridad cooperativa.”

Dijo que México, Guatemala, Colombia y, especialmente, Estados Unidos deben de librar esta lucha con un grado mayor de corresponsabilidad en la prevención y en el combate al narcotráfico.

Asimismo, mencionó que Guatemala se compromete a luchar con vehemencia para erradicar el tráfico humano y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Ante ello, no debemos olvidar que en ambos lados de la frontera entre México y Guatemala, todavía prevalece la violencia, el abuso, la inseguridad y la marginación, generados, entre otros factores, por los altos flujos migratorios provenientes de países centroamericanos, impulsados principalmente por la necesidad de las personas para alcanzar un bienestar económico para sus familias que no pueden encontrar en sus países de origen.

Si bien la agenda de la frontera norte ha sido un tema relevante para el gobierno federal, también lo es el hecho de que la agenda de la frontera sur ha sido olvidada, por lo que requiere de un nuevo impulso.

En este sentido, es necesario ampliar la cooperación conjunta entre ambos países para reforzar la seguridad en la frontera mediante el combate a las organizaciones criminales que actúan en ambos países, así como la mejora de las condiciones migratorias en la región.

Sobre este tema, hemos hecho hincapié desde el Senado de la República al exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, a promover una mayor coordinación regional respecto a la dinámica del tráfico de personas, especialmente, entre Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice y México, así como para que se firmen acuerdos bilaterales y multilaterales en áreas prioritarias de cooperación entre las agrupaciones policíacas y las autoridades migratorias de la región, con el objeto de mejorar el intercambio de información e inteligencia, en la integración de mecanismos de retorno seguro para las víctimas traficadas y procedimientos especiales de intervención, tratamiento y protección si se trata de víctimas menores de edad.

Hemos insistido también para que el Ejecutivo federal establezca los acuerdos de colaboración interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de grupos migrantes, así como la colaboración interfronteriza y regional entre diferentes instituciones, al tiempo de fortalecer la participación de las organizaciones sociales, gubernamentales y académicas.

Sin embargo, aún quedan pendientes en la agenda fronteriza, entre los que destacan: impulsar la modernización de infraestructura y la migración ordenada y respetuosa de los derechos humanos.

Asimismo, es prioritario concretar los acuerdos entre México y Guatemala para alcanzar una mayor integración económica, así como impulsar la movilidad de personas y mercancías.

En este sentido, fue muy importante que el Senado de la República aprobara en diciembre de 2011, el Tratado de Libre Comercio entre México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

A pesar de ello, y por la nueva coyuntura que se presenta con el vecino del sur, es importante promover en lo inmediato una reunión bilateral que permita el acercamiento y las coincidencias en los temas que compartimos en la frontera.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se organice en fecha próxima una reunión bilateral con el gobierno de la República de Guatemala, con el fin de impulsar una agenda de colaboración en temas como el narcotráfico, intercambio comercial e inversión, desarrollo económico en la frontera y problemas limítrofes, derechos humanos de los migrantes y seguridad fronteriza.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.

Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los comisionados de la Cofetel para que expliquen la práctica de asignaciones directas en ella; y se exhorta a la SFP y a la PGR a realizar las investigaciones correspondientes por la presunta actuación indebida de servidores públicos adscritos a dicho órgano en la asignación de contratos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y décimo primero del acuerdo de la Comisión Permanente por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor literal de las siguientes

Consideraciones

I. El ciudadano Mony de Swaan Addati, en su gestión como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha violado diversas disposiciones del orden federal en perjuicio del erario y del sano desarrollo democrático del país; a saber:

II. Con fecha 25 de noviembre de 2011, en el artículo “Los amigos de Mony y la transparencia en Cofetel”, publicado en Milenio Diario, el periodista nacional Hugo González denunció que a esa fecha en el sitio de transparencia de dicha institución, solamente se encontraba publicados los contratos celebrados desde 2006 hasta 2010, sin que estuvieran publicados los correspondientes a 2011.

III. Una copia del artículo del mérito se adjunta al presente punto de acuerdo marcado como anexo uno.

IV. Con la misma fecha, el propio funcionario público, manifestó públicamente mediante su cuenta de la red social Twitter que, en efecto no se encontraban publicados tales contratos debido literalmente a que “ni cuenta nos habíamos dado”, confirmando la falta de su publicación.

V. Una imagen de la pantalla que contiene la manifestación anterior se adjunta al presente punto de acuerdo marcada como anexo dos.

VI. Los hechos anteriores constituyen una flagrante contravención a lo previsto por la fracción XIII del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, cuyo tenor literal es el siguiente:

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del reglamento y los lineamientos que expida el instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61, entre otra, la información siguiente

...

XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato.

VII. Cabe destacar que el artículo 10 del Reglamento de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que las dependencias deberán actualizar la información señalada en el artículo 7 de la citada ley “al menos cada tres meses”, y que dicha información “deberá permanecer en el sitio de Internet, al menos durante el periodo de su vigencia”.

VIII. Ahora bien, el artículo 63, en el capítulo de responsabilidades y sanciones de la ley de transparencia, es del tenor literal siguiente.

Artículo 63. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley las siguientes:

...

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley.

IX. El mismo día de la denuncia del periodista y de la aceptación del funcionario, fueron publicados en el sitio de Internet los contratos celebrados por la institución durante 2011.

X. Con fecha 16 de diciembre de 2011, la agencia internacional de noticias Thomson Reuters –la más grande del mundo en su clase– publicó un artículo investigado y redactado por sus afiliados Patric Rucker y Elinor Comlay titulado Mexico telecom regulator signs contracts to friends (en español, El regulador de telecomunicaciones de México firma contratos con amigos).

XI. En la publicación fueron denunciados actos de favoritismo contractual con cuantiosos beneficios económicos incurridos por el mismo presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

XII. Al respecto, la parte conducente del artículo en comento, en su versión en español, es del tenor literal siguiente.

El presidente regulador mexicano de los sectores de telefonía y televisión aprobó dos contratos con un valor cercano de los 200 mil dólares a empresas dirigidas por dos amigos, incluyendo a uno que trabaja como cabildero para empresas de telecomunicaciones.

Los contratos fueron para relaciones públicas y trabajo legal para el regulador de las telecomunicaciones, la Cofetel, y fueron firmados por el presidente de éste, Mony de Swaan.

Uno de los contratos fue para el consejero externo Pablo Héctor Ojeda, quien recibió aproximadamente 90 mil dólares por cuatro semanas de trabajo. El otro fue para Total Strategy [Estrategia Total], una firma de relaciones públicas fundada por el abogado Peter Bauer, que recibió un pago de alrededor de 120 mil dólares por aproximadamente cuatro meses de trabajo.

Bauer y Ojeda son socios en otra firma legal, y De Swaan llama a ambos “amigos cercanos”.

De Swaan ha estado usando la casa de fin de semana de Bauer en la exclusiva localidad de Valle de Bravo, cerca de la Ciudad de México, desde mediados de septiembre, unas semanas después de que Total Strategy [Estrategia Total] obtuvo su contrato con la Cofetel, dijeron ambos.

Tres personas en la industria dijeron que de Swaan los ha presionado en los últimos 12 meses para que contraten a Bauer. De Swaan negó eso, diciendo que solo respondió a una solicitud de la compañía telefónica Alestra, que estaba buscando un asesor en materias relacionadas con la Suprema Corte de Justicia de México.

XIII. En efecto, la Cofetel publicó en su sitio de transparencia los registros de los contratos de presentación de servicios, otorgados por vía de adjudicación directa, de los cuales destacan los siguientes (se señala por el cambio del tamaño de letra):

• Contrato folio CFT/CGA/CGCS/AD/034/11 otorgados con fecha cuatro de agosto de 2011 a la sociedad Estrategia Total, SC, por concepto de “servicios especializados en materia de comunicación estratégica” con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2011, por un monto de 1 670 400.00 pesos.

• Contrato folio CFT/CGA/CGCJ/AD/037/11 otorgado con fecha 15 de agosto de 2011 al licenciado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, por concepto de “servicios de asesoría y consultoría especializada en materia jurídica, derecho administrativo y constitucional” con vigencia hasta el 15 de septiembre de 2011, por un monto de 1 229 600.00 pesos.

XIV. Una copia de lista completa de los contratos celebrados en 2011 se adjunta al presente punto de acuerdo marcada como anexo tres.

XV. Los cuestionamientos expuestos por Thomson Reuters y confirmados mediante la publicación de los contratos en el sitio de transparencias, hacen suponer que el presidente de la Cofetel favoreció a sus amistades mediante la indebida adjudicación directa de éstos.

XVI. Sin embargo, dichas amistades no representan personas o empresas con prestigio reconocido por las industrias de las telecomunicaciones en nuestro país. Es decir, su capacidad profesional carece de certidumbre o credibilidad en el sector.

XVII. ¿Cómo es posible que en un país con las problemáticas socioeconómicas como las del nuestro, una persona reciba como contraprestación por el trabajo de un mes la cantidad de 1 229 600.00 pesos, cuando el salario mínimo general mensual equivale aproximadamente a 1 260 pesos mensuales, sobre todo cuando dicho trabajo constituye una duplicación de las funciones del área institucional correspondiente?

XVIII. Adicionalmente a estas indebidas adjudicaciones contractuales, tales contrataciones replican funciones específicas de áreas internas de la propia Cofetel, lo que constituye una duplicación de funciones y, por ende, un dispendio ilegal de recursos.

XIX. Esto contraviene a su vez el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

XX. En aras de lo anterior invoco lo previsto en el artículo 257 del Código Penal Federal, cuyo tenor literal es el siguiente:

Articulo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades

I. El servidor público que indebidamente

...

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios , o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

...

Al que cometa el delito a que se refiere al presente artículo, se le impondrá de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días de multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

XXI. Conforme a lo anterior, es de confirmarse que, el ciudadano Mony de Swaan Addati, en su carácter de presidente de la Cofetel, realizó indebidamente enajenaciones de servicios, favoreciendo directamente a sus amistades cercanas con cuantiosos recursos públicos e incurriendo en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

XXII. En el país, que ha luchado por consolidar su vida democrática, y que ha ido aquilatando una cultura de transparencia en el ejercicio público, no puede tolerarse que prevalezcan este tipo de prácticas personalizadas que directamente favorecen a personas que mantienen lazos amistosos con altos funcionarios del gobierno federal. Este actuar es vergonzoso.

XXIII. Por otra parte, del mismo artículo publicado por la agencia Thomson Reuters se desprende otra presunta actuación indebida por parte del citado funcionario, consistente en “recomendar” a sus empresas reguladas que contraten los servicios del señor Peter Bauer, uno de los accionistas de Estrategia Total, SC, y beneficiarios de los contratos a que se refiere el mismo artículo periodístico. Adicionalmente, se expone que el funcionario de mérito recibe a cambio dádivas en especie, al utilizar la casa propiedad del mismo señor Bauer ubicada en Valle de Bravo, estado de México, para su esparcimiento durante los fines de semana.

XXIV. El solo hecho de que el representante de una empresa concesionaria, es decir, una empresa regulada por la Cofetel, reconozca a los reporteros autores del artículo de Thomson Reuters haber recibido la sugerencia del presidente de ese órgano desconcentrado para que contratara al señor Bauer constituye en sí misma una actuación que se aparta de la ética con que deben conducirse todos los servidores públicos y que podría ser violatoria de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que debe ser investigada por la Secretaría de la Función Pública.

Por lo expuesto y fundado, al pleno de esta soberanía legislativa solicito lo siguiente:

1. Citar a comparecer a los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, para proveer las explicaciones que corresponda por la práctica que se ha venido siguiendo en ese órgano administrativo desconcentrado por lo que hace a la contratación mediante adjudicación directa de servicios diversos durante 2011 y 2012, así como a la falta de transparencia oportuna respecto a dichas contrataciones.

Los esclarecimientos deberán destacar, entre otros, los siguientes puntos:

- Los motivos administrativos o coyunturales por los cuales se fincó la necesidad institucional para contratar directamente de las personas físicas o morales respectivas, la presentación de los servicios de mérito.

- Los fundamentos de ley, norma o costumbre conforme a los cuales se justificaron las contrataciones adjudicadas directamente por el órgano administrativo que preside.

- La cuantificación de los valores de mercado respecto de los servicios recibidos, mediante los cuales se llegó a la definición de las cantidades que fueron directamente adjudicadas.

- Los motivos por los cuales se violó la legislación de transparencia al omitir publicar, sino hasta el 25 de noviembre, los contratos celebrados entre la Cofetel y sus prestadores de servicio durante 2011.

- La política de la Cofetel relativa a la celebración de contratos mediante adjudicaciones directas y de recomendar a abogados externos a las empresas reguladas.

2. Exhortar a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una averiguación a efecto de fincar las responsabilidades y sanciones al funcionario de referencia que resulten procedentes por su actuar administrativo descrito en el presente punto de acuerdo, con arreglo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

3. Exhortar a la Procuraduría General de la República a iniciar de oficio una averiguación previa con la finalidad de determinar si las actuaciones del funcionario de referencia que se desprenden del presente punto de acuerdo constituyen la comisión del delito de uso indebido de las atribuciones y facultades establecido en el Código Penal Federal.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Reconociendo el principio de la separación de poderes, la Cámara de Diputados cita a comparecer ante la Comisión de la Función Pública a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los fines descritos en el cuerpo del presente ocurso.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconociendo el principio de la separación de poderes, exhorta a la Secretaría de la Función Pública a abrir un proceso de averiguación administrativa respecto a los hechos descritos en el cuerpo del presente ocurso.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconociendo el principio de la separación de poderes, exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las indagatorias relativas y dar inicio a una averiguación previa, por los hechos descritos en el cuerpo del presente ocurso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a destinar mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas con diabetes, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a destinar mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas que padecen diabetes en la entidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, México ocupa el segundo lugar en prevalencia mundial de obesidad, solo después de Estados Unidos de América. Esto tiene, evidentemente, toda clase de efectos negativos para la salud pública. A fines del 2010, se contabilizaban en nuestro país poco más de 15 millones de personas padeciendo diabetes mellitus, una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la glucosa en la sangre causado por hábitos de alimentación inadecuados, y que se presenta normalmente en personas mayores de 40 años. Desafortunadamente, se ha convertido actualmente en una de las principales causas de muerte en México con más de 72 mil casos; de los cuales, el 52 por ciento fueron mujeres.

En consecuencia, nuestro país se sitúa entre los 10 primeros en el mundo que realiza el mayor gasto en este rubro. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en el 2010 se destinaron 778.5 millones de dólares a la atención de la diabetes y sus complicaciones, las muertes prematuras y discapacidades por esta causa. Adicionalmente, representa para cada familia un gasto del 50 por ciento de sus recursos para el tratamiento y la atención de los efectos colaterales enfermedades cardiovasculares y del sistema nervioso, amputaciones, entre otros.

Evidentemente, la carga económica que estos costos representan para el sistema de salud pública y para el gasto de los hogares es poco sustentable. En ese sentido, este tipo de padecimientos merecen una amplia atención por parte de todos los sectores de la sociedad debido a sus nefastas consecuencias. Entre otras destacan la imposibilidad de gozar de mejores condiciones de vida, la disminución de la productividad laboral y la generación de gastos catastróficos en salud relacionados con enfermedades crónicas.

Desafortunadamente, la realidad nacional se replica en la misma magnitud en el resto de las entidades federativas. En ocasión del Día Mundial de la Diabetes, el Inegi dio a conocer que en las 32 entidades federativas se registró un aumento en las muertes asociadas a la diabetes en el periodo que va de de 2005 a 2009 hasta ubicarse como la primera causa de mortalidad en el caso del estado de México. En promedio, se han venido detectando 25 mil nuevos casos de diabetes mellitus al año en dicha entidad.

Efectivamente, el instituto de salud de la entidad sostiene que a partir de 2002 la diabetes se ha mantenido como la primera causa de mortalidad entre los mexiquenses. Tan sólo en 2010, la diabetes mellitus originó más de 10 mil 875 defunciones. De acuerdo con el secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, de continuar con ese ritmo, en 20 años no se contará con un fondo económico suficiente para atender esta enfermedad, ya que representa el 50 por ciento del presupuesto en salud del estado y que para el 2011 fue de 28 mil millones de pesos.

No obstante, resulta de gran preocupación que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006, cerca del 55 por ciento de los mexiquenses no cuentan con protección en salud, es decir, no son derechohabientes del IMSS, ni del ISSSTE y apenas cuentan, con excepciones notables, de la cobertura que otorga el Seguro Popular. Por ello, el costo para el tratamiento de dicha enfermedad tiende a elevarse debido a que cada persona tiene que acudir a comprar el medicamento y a realizarse los estudios correspondientes, resultando muchas veces en la automedicación o la compra de productos milagro que sólo minan la salud del paciente.

Actualmente la entidad cuenta con una clínica especializada para la atención del paciente diabético, inaugurada el pasado mes de agosto del 2010 en el municipio de Huehuetoca. No obstante, las alarmantes cifras y el ritmo en que este grave padecimiento está afectando a los mexiquenses ameritan que las autoridades realicen una mayor inversión en el desarrollo de más hospitales y clínicas especializadas que atiendan, con un enfoque preventivo en la atención médica, a la población mexiquense, especialmente la de más bajos recursos.

Asimismo, es preciso redoblar esfuerzos para que en el estado de México se ponga en práctica el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, promovido por el gobierno federal, a fin de trabajar en una estrategia conjunta entre la industria alimentaria y las escuelas que tenga como eje prioritario la prevención del sobrepeso y la obesidad desde la infancia.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México para que, a través de la Secretaría de Salud de dicha entidad, se instrumenten las acciones necesarias a fin de garantizar el acceso de las personas que sufren diabetes a la atención médica y a los medicamentos necesarios para su tratamiento.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México a destinar mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas que padecen diabetes en la entidad.

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.

Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del INM un informe sobre el desalojo de refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito Julio César Aguirre Méndez, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición por el que la Comisión Permanente solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe del desalojo de los refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, con base en los siguientes

Antecedentes

Desde 1999 las 68 familias guatemaltecas que ahora viven fuera de su país, en tierras tabasqueñas, habitaban en la zona selvática de El Petén, declarada reserva ecológica por autoridades de Guatemala. Ahí en la selva las familias sobrevivían de lo que obtenían por sus cultivos y del cuidado de sus aves de corral. La tierra para el cultivo, el cuidado de la selva de El Petén, como herencia para sus hijos, lo anterior en palabras de Maynord Morales, el líder de la comunidad, es la dualidad con la que buscan defender su propósito de “ser pueblo”, más allá de la nacionalidad guatemalteca. “En 1999 ocupamos el área por el abandono en la que se encontraba, pero en 2007, sobrevino el primer desalojo del Ejército. Nos quemaron nuestras casas, pero no acabaron nuestra visión de ser pueblo, que son nuestros hijos... [incluso] los soldados de nuestro país ingresaban hasta acá a intimidarnos, pero gracias a la presencia de organización de derechos humanos y de periodistas ha cesado ese hostigamiento”, relata el líder de los refugiados.

El 23 de agosto de 2011, la comunidad Nueva Esperanza fue obligada a abandonar sus tierras por miembros del ejército guatemalteco y la policía nacional. Durante el desalojo, las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad fueron incendiadas. A consecuencia, los 300 habitantes, entre los que se encuentran más de un centenar de niños y niñas y varias mujeres embarazadas, buscaron refugio al otro lado de la frontera con México, en la comunidad de Nuevo Progreso, estado de Tabasco. Esta comunidad guatamalteca tuvo que correr en varias direcciones hacia el monte, donde estuvieron una semana escondidos, y en declaración de ellos, se lanza una delicada acusación, cuando declaran que “los soldados de nuestro país ingresaban a territorio nacional para intimidarnos, pero gracias a la presencia de organización de derechos humanos y de periodistas ha cesado ese hostigamiento”, en palabras de Maynord Morales, el líder de la comunidad de refugiados.

El día 9 de enero a las 5 de la mañana, se realizó un operativo en la franja fronteriza aledaña al Ejido de Nuevo Progreso, en Tenosique, Tabasco, donde fueron desalojados de manera violenta y sorpresiva 36 familias guatemaltecas –alrededor de 260 personas, entre ellos 115 menores de edad– mismas que se refugiaban en dicha comunidad, donde se instalaron hace cuatro meses al ser desplazados por militares de su país.

En este operativo participaron unos 300 elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la federación y policías municipales; algunos vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración.

Según testimonios “las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia”. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones, los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos. El director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, Fray Tomás González, informó: “Los federales cerraron la carretera y cercaron el lugar donde la estrategia fue detener primero a los menores de edad para que los adultos no se dieran a la fuga, sin embargo, como 70 personas lograron huir”. Añadió que los agentes no permitían la salida de los habitantes del lugar, para evitar que dieran aviso a defensores de derechos humanos.

Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Cabe resaltar que, además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Ante el violento operativo, diversas organizaciones como el Centro Prodh y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acusaron que las autoridades mexicanas violaron las garantías de los desplazados, incurrieron en tratos crueles e inhumanos, por lo que demandaron de manera urgente evitar repatriaciones y operativos de este tipo, garantizar la seguridad y el trato digno de los desplazados y detenidos así como presentar a las personas cuyo paradero se desconoce.

Al menos cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos en Tabasco y Chiapas, exigieron la destitución del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, en Tabasco, a quien responsabilizan del violento desalojo de cerca de 250 desplazados guatemaltecos, ocurrido la madrugada del pasado lunes.

También demandaron no deportar a los 71 guatemaltecos que “fueron detenidos en el operativo que montó el gobierno mexicano, pues no hay garantías para ellos en su país”, afirmó Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

El activista afirmó que “el gobierno federal miente, pues el operativo policiaco no fue pacífico, los desplazados fueron desalojados con violencia, y sólo pudieron detener a 71 porque el resto logró huir a las montañas del lado guatemalteco”. Agregó que este martes aproximadamente 150 desplazados ya regresaron al lugar donde se encontraba el campamento en el ejido tabasqueño de Nuevo Progreso, “que fue desmantelado durante el operativo realizado por la Policía Federal y agentes de Migración, porque no pueden estar en su natal Guatemala, donde son perseguidos por militares y la policía del país centroamericano” al ser acusados de ocupar tierras de una reserva ecológica. Explicó que los guatemaltecos que lograron escapar “ya regresaron al campamento, donde son auxiliados por fray Tomás González –director del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta–, y otras organizaciones, quien anunció que, si es necesario, nos vamos a colocar como escudos humanos para impedir que sean de nuevo desalojados, pues los agentes de Migración y la Policía Federal amenazaron con regresar.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, Equipo Indignación Yucatán, Movimiento Migrante Mesoamericano, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y Centro de Derechos Humanos Usumacinta, demandan de las autoridades mexicanas, abstenerse de repatriar a las y los guatemaltecos que se hallaban en la franja fronteriza, pues refieren que se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pidieron “iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que ocurrió el operativo, pues actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias”.

A su vez, integrantes de la Caminata para la Defensa y Dignidad de los Migrantes, que concluyeron su recorrido en Arriaga, Chiapas, solicitaron a la Organización de Naciones Unidas su intervención para que detenga la repatriación de los guatemaltecos.

En palabras del dirigente de Movimiento Migrante Mesoamericano M3, José Jacques f: “A pesar de las reformas aprobadas en 2011 y 2010 en materia de derechos humanos, refugiados, trata y migración, las organizaciones sociales dedicadas a la protección de los migrantes continuamos trabajando en un ambiente de hostigamiento, acusaciones infundadas, amenazas, ya sea de organizaciones criminales o de parte de las autoridades gubernamentales. Hoy por hoy, en las consecuencias del fenómeno migratorio como seres humanos perdimos nuestra humanidad y capacidad de asombro frente a las condiciones de vida y de explotación de hombres, mujeres, niños sin importar si son nacionales o extranjeros, no siendo suficiente este negro escenario y la omisión de las autoridades contra el crimen organizado, el desalojo de Tenosique es una muestra del desfase entre el discurso de las instituciones mexicanas y la realidad migratoria.”

A partir de los hechos que se exponen en este punto de acuerdo, diferentes organizaciones gubernamentales tramitan un amparo en contra una orden de deportación que se pudiera girar contra personas que se quedaron en el lugar, dentro de las organizaciones se encuentran José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Leticia Gutiérrez, secretaria ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana; Fray Tomás González, del Centro de Derechos Humanos Usumacinta; y Diana Martínez, de Sin Fronteras.

Organizaciones de defensa de derechos humanos impulsaron un amparo que tiene dos propósitos, el primero evitar la deportación de guatemaltecos que aún continúan en territorio nacional, y la reunificación de quienes fueron expulsados, pero también sentar un precedente a fin de evitar estas prácticas por parte de las autoridades migratorias.

En conferencia fray Tomás González, del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, indicó que el amparo se turnó al juzgado tercero de distrito en Tapachula, Chiapas, bajo el expediente 22/2012. El documento fue contra una orden de deportación que se pudiera girar contra personas que se quedaron, así como para conocer e inconformarse con las supuestas irregularidades que se dieron en el procedimiento. Aún siguen en el lugar más de 140 personas, hombres, mujeres y niños, y “dos adolescentes sin papás, y la comunidad solidariamente los está apoyando”.

Según la abogada Diana Martínez, con base en testimonios de guatemaltecos que se habrían quedado en la comunidad que fue desalojada, las personas que fueron repatriadas abordaron mediante engaños los camiones que los llevaron a la estación migratoria, por lo que deducen violaciones a derechos humanos.

Aún cuando la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración han declarado que el desalojo fue un rescate humanitario, las declaraciones contradicen lo dado a conocer por el cónsul de Guatemala en Tapachula, Francisco Armando Moreno Cordón, quien ha declarado que la situación migratoria de los 70 chapines que se encontraban en la propiedad ejidal en Nuevo Progreso, municipio de Tenosique, Tabasco; contaban con documentos que les permitían su legal estancia en México. “Su calidad migratoria en algunos casos, era correcta, tenían su Formato de Refugiado Temporal FMRT, algunos estaban vigentes, no todos, algunos ya estaban vencidos”. En su declaración también menciona: “todo eso nos lo quitaron las autoridades de migración, estamos en espera de una nueva documentación, para que puedan entrar a recoger sus pertenencias, que dejaron como su cosecha de maíz, vaquitas, que es lo que ellos quieren, eso se logró, porque fue un documento que autorizaron sólo a los jefes de familia”.

Asimismo el diplomático centroamericano, dijo desconocer el número de sus connacionales que se encuentran aún en territorio mexicano, aunque lo que sabe es lo que ellos dicen, “que salieron corriendo, en una zona de la línea divisoria, pero ellos estaban situados a la par, mucha gente logró pasarse de lado de Guatemala”.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga el desalojo realizado contra refugiados guatemaltecos que permanecían en Tenosique, Tabasco, para verificar que sus derechos humanos hayan sido respetados durante el operativo . Desde que los centroamericanos llegaron al lugar, en agosto de 2011, el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva envió un equipo de visitadores adjuntos para ver cuál era la situación de las familias desplazadas. Aunque las autoridades federales y estatales aceptaron las medidas que el ombudsman solicitó para dar condiciones dignas de estancia a los refugiados, no le notificaron del operativo realizado en Tenosique, por lo que la CNDH no pudo acudir a dar fe de que no se vulneraran las garantías individuales de los afectados. Sin embargo, funcionarios de la institución lograron entrevistarse con líderes de organizaciones sociales, recabaron testimonios en el sitio donde se realizó el desalojo y acudieron a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, donde ya fueron trasladadas 72 personas.

Para el Congreso de la Unión el tema de la violación de los derechos humanos de los refugiados o transmigrantes latinoamericanos fue un tema de la mayor prioridad para la LXI Legislatura, la elaboración de una nueva Ley de Migración tiene por objetivo dotar de los instrumentos jurídicos y demás disposiciones a los órganos responsables del estado para atender dicho fenómeno internacional, sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos de nuestros hermanos latinoamericanos por su paso o estancia en territorio nacional, independientemente de su condición migratoria. Los constantes escándanlos y deficiencias del Instituto Nacional de Migración frente al fenómeno ha llevado a las organizaciones no gubernamentales, legisladores, lideres académicas, sin olvidar al padre Solalinde, a proponer la desaparición de dicho órgano de la Secretaría de Gobernación. A las constantes denuncias de abuso y de corrupción, hoy se suma esta denuncia por parte de esta comunidad de refugiados hermanos guatemaltecos que tuvieron que salir de su país, por un hostigamiento directo de las fuerzas armadas por su residencia en una “reserva ecológica”. Las denuncias de un desalojo con uso de la fuerza, la repatriación voluntaria no consentida de menores, la separación de familias, aún contando con alguna documentación que avalará su permanencia temporal en nuestro territorio, es un llamado de advertencia para el Congreso de la Unión a fin de tomar dicho asunto como un tema de la mayor importancia, dado que esta no fue la voluntad expresada al momento de aprobar nuevas disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia de derechos humanos, refugiados y migración.

A fin de hacer efectivo nuestro papel de representantes y de control legislativo sobre el Poder Ejecutivo, considero que de manera inmediata el titular del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe remitir a esta soberanía un informe en el marco de sus facultades sobre los hechos ocurridos el 9 de enero de 2012, donde existe la presunción de violación de derechos humanos de una comunidad de refugiados temporales guatemaltecos en Tenosique, Tabasco. Adicionalmente creo pertinente que la Comisión Permanente deba solicitar a la canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca por las vías diplomáticas necesarias, un puente de comunicación con la hermana República de Guatemala a fin de mediar por un acuerdo para gestionar el retorno seguro de dichos refugiados y la correspondiente investigación sobre la denuncia de la incursión de fuerzas militares guatemaltecas a territorio nacional.

Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe detallado del desalojo de refugiados guatemaltecos, realizado el pasado 9 de enero de 2012, en el ejido Tenosique, Tabasco, por el que existen denuncias de violación de derechos humanos y diversas disposiciones de la Ley de Migración.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional, investigar las denuncias de incursión de fuerzas armadas guatemaltecas u otra organización paramilitar a territorio nacional en la zona limítrofe con la República de Guatemala para cometer actos de hostigamiento contra los refugiados guatemaltecos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a fin de que gire de manera inmediata instrucciones a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciada Patricia Espinoza, a fin de establecer por la vía diplomática un acercamiento con el gobierno de la República de Guatemala que genere condiciones bilaterales para la atención de los refugiados, con pleno respeto a sus derechos humanos.

Cuarto. Se solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito de sus facultades y en pleno respeto de su autonomía, un informe del desalojo en Tenosique, Tabasco, a fin de determinar la existencia de violación de derechos humanos por funcionarios públicos del orden federal y/o estatal en dicho operativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una comisión bicamaral que investigue las constantes violaciones de derechos humanos por el Ejército, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, mediante el cual se solicita la creación de una comisión bicameral que investigue las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano para que se consignen a los responsables ante las instancias civiles pertinentes.

Consideraciones

La denuncia presentada por Miriam Isaura López Vargas ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas es contundente, pues documenta que los abusos sexuales por parte de militares, pudieran estar previstos en un manual de tortura del Ejército Mexicano.

Asimismo, se ha documentado la tendencia creciente y exponencial de las quejas que en ese sentido recibe cada año recibe la Comisión Nacional de Derechos Humanos como lo ha informado Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lo mismo sostiene la abogada Silvia Vázquez Camacho, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien incluso se lanza contra el gobierno federal porque, dice, su discurso sobre el respeto a los derechos humanos simplemente es falaz.

Por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal somete a consideración de la honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se conforme una comisión de carácter bicameral que investigue las constantes violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército Mexicano y se consigne a los responsables ante las instancias civiles pertinentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de enero de 2012.

Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender y solucionar por la SHCP asuntos relacionados con la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y su hospital universitario, la infraestructura carretera y otras obras, a cargo de Arturo Zamora Jiménez, en nombre de Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados por el estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La diputación por el estado de Nuevo León, en el ámbito de sus atribuciones legislativas y en sus funciones de gestión social, ha venido abordando diverso temas con las autoridades hacendarias federales, sin que hasta el momento se haya mostrado voluntad de las misma para resolverlas, a pesar de que en algunos casos estas autoridades son parte misma de la generación del problema, o bien se trata de recursos ya aprobados en instrumentos legales y no entregados, por lo que mediante oficios de fechas 28 de septiembre y 28 de octubre de 2011, se ha solicitado la atención del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin que a la fecha haya respuesta a dichas solicitudes de audiencia, para abordar los asuntos relacionados con el estado de Nuevo León como lo son: los relacionados con los defraudados por la Unión de Crédito Monterrey y recursos aprobados y no entregados a la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y al Hospital Universitario de Nuevo León, infraestructura carretera, entre otros:

• Asunto: Unión de Crédito Monterrey, S A de C V (UCREM)

Como sabemos las uniones de crédito están constituidas como sociedades anónimas de capital variable, con la correspondiente autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quien también se encarga de las labores de supervisión bajo las normas establecidas en la Ley de Uniones de Crédito, supervisión que no se ha llevado a cabo y ha derivado en innumerables acciones fraudulentas de estas uniones de crédito.

Un caso específico de esta situación es el que están viviendo un importante número de ciudadanos del estado de Nuevo León, que han sido afectados por las operaciones fraudulentas de una de las entidades financieras más importantes del país, en la modalidad de unión de crédito. Esta entidad financiera es la Unión de Crédito Monterrey, S A de C V, a quien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 27 de octubre de 2004 revocó la autorización para operar. Lo delicado del problema, desde la perspectiva financiera y del control institucional que deben tener estas organizaciones auxiliares de crédito, se agrava de manera sensible cuando los afectados constituyen un sector de la sociedad integrado por personas de la tercera edad, de pensionados y de pequeños ahorradores que depositaron en esa organización el fruto de largos años de esforzado trabajo.

En el caso específico de la citada Unión de Crédito Monterrey, S A de C V se tienen los siguientes antecedentes:

a) En fecha 27 de enero de 1994, la entonces Comisión Nacional Bancaria, (hoy Comisión Nacional Bancaria y de Valores), mediante oficio número 601-II-DA-b-5288 otorgó autorización para operar como unión de crédito a la sociedad Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.

b) En ejercicio de las facultades que la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito le confiere a la citada comisión, ésta realizó una inspección ordinaria a la referida Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, en febrero de 2003, encontrando irregularidades de especial trascendencia y gravedad en su forma de operación, entre otras las siguientes: (I) en el manejo de la cartera de crédito se detectaron operaciones que contravienen lo establecido en el artículo 48-C de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que establece que las organizaciones auxiliares del crédito en ningún caso podrán celebrar operaciones en las que se pacten condiciones que se aparten de las sanas prácticas financieras; (II) incumplió con la observancia de los criterios de contabilidad para uniones de crédito emitidos por la precitada Comisión Nacional Bancaria; (III) celebró operaciones de crédito a plazos que no son congruentes con los de las operaciones pasivas, infringiendo lo previsto en la fracción IV del artículo 45 de la precitada Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; (IV) celebró operaciones activas no autorizadas por el Comité de Crédito; (V) sus registros contables incumplían con los principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por el Instituto de Contadores Públicos, AC, entre otras.

c) Mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de julio de 2006, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización otorgada a la multicitada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, estableciendo su incapacidad para realizar operaciones y ordenando proceder a su disolución y liquidación.

Como consecuencia de las operaciones crediticias irregulares a que hemos hecho referencia, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, no pudo recuperar los recursos que fueron materia de las operaciones crediticias de referencia, y por tanto, no pudo cumplir con los compromisos asumidos con sus socios ahorradores, causándoles un grave daño a su patrimonio.

De esta manera la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV adeuda a cerca de mil ochocientos socios ahorradores una cantidad aproximada a los 380 millones de pesos, cuyo reintegro han venido reclamando los afectados ante diversas instancias, tanto por la vía judicial como por la administrativa, sin que a la fecha se haya llegado a una solución satisfactoria para estos.

Esto último plantea una situación socialmente muy delicada en la protección de los grupos vulnerables en Nuevo León, ya que 60 por ciento de los ahorradores afectados son personas de la tercera edad cuyos ahorros, producto de sus liquidaciones o jubilaciones, sustentaban una modesta forma de vida, de la cual han sido privados como efecto de las operaciones fraudulentas de la unión de crédito citada.

Como representantes populares estamos obligados a ser los promotores del bienestar de nuestros representados. En esta línea de razonamiento, este Congreso de la Unión expidió la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de fecha 29 de diciembre de 2000, para solucionar problemas que enfrentaron miles de ahorradores, que son en esencia similares a los que enfrentan hoy los ahorradores de la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV. Por lo que los diputados federales por Nuevo León del Partido Revolucionario Institucional presentamos una iniciativa de ley que propone reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a fin de que se apliquen los mismos principios de equidad y solidaridad que inspiraron la expedición de la ley en el año 2000, para auxiliar a los ahorradores de menos ingresos, para la protección de grupos vulnerables como jubilados y pensionados. Iniciativa de ley que no ha sido dictaminada a la fecha por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados.

Paralelamente, Los diputados por el estado de Nuevo León, realizamos diversas gestiones ante la SHCP para buscar alternativas de solución a esta problemática que está provocando graves problemas sociales en el estado de Nuevo León, que se insiste tiene origen en la falta de cumplimiento en las obligaciones de supervisión de estas mismas autoridades federales hacendarias. En este sentido se llevaron a cabo diversas reuniones, con estas autoridades planteándose diversas alternativas, a las cuales se mostraron receptivas, pero que sin embargo no han sido materializadas a pesar de haber pasado ya mucho tiempo de que fueron planteadas. Y hoy en día estas autoridades federales hacendarias ya ni siquiera han contestado a las solicitudes de audiencia para solucionar el problema.

• Asunto: Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y Hospital Universitario de Nuevo León.

La Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León es una institución educativa de nivel superior que tiene amplio reconocimiento nacional, ya que presta servicios de alta calidad a una amplia región del norte y el centro del país: atiende a jóvenes estudiantes de los estados de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, y el propio estado de Nuevo León. Lo anterior la hace una institución estratégica para el desarrollo educativo de la región.

Además de lo anterior esta Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, cuenta con el Hospital Universitario, en su facultad de medicina, que es una institución de salud de tercer nivel, en muy diversas especialidades y que atiende de igual manera a toda la región antes señalada del norte del país.

No obstante ser una institución estratégica en la región en materia educativa y de salud, no ha sido valorada en su justa dimensión, por lo que su salud financiera se ha venido degradando con el paso del tiempo, por lo que es urgente su atención inmediata, ante la creciente demanda tanto en materia educativa como en materia de salud. Al ser Nuevo León uno de los estados con mayores índices de migraciones del centro y sur del país, se necesario que se le aporten los recursos necesarios para su atención, sin embargo, por el contrario, las autoridades hacendarias federales incumplen con la entrega de los recursos que esta soberanía le ha aprobado.

En este sentido, en 2010 y 2011 se le dejaron de aportar a la Universidad Autónoma de Nuevo León los recursos financieros que se le venían aportando del Fondo para el Saneamiento Financiero por un monto de 251 millones de pesos. De igual forma al Hospital Universitario se le habían aprobado por esta soberanía para el ejercicio presupuestal de 2010, un monto 100 millones de pesos, y para el ejerció presupuestal de 2011 un monto de 70 millones de pesos, los cuales, en ambos casos, las autoridades hacendarias federales no han entregado.

Asunto: Infraestructura carretera y otras obras

Existen diversos asuntos relacionados con la infraestructura carretera del estado de Nuevo León, derivados de recursos aprobados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, incluso en el PEF 2010, para su ejercicio en el año fiscal del 2011. Estos recursos no significan sólo una carretera más, o sólo no han sido entregados por las autoridades hacendarias, causando con ello problemas graves al estado que ha contemplado, como debe de ser, en su planeación presupuestaria dichos recursos para su ejercicio, sin que estos le sean entregados. Con ello se ocasiona el retraso en el cumplimiento a las justas demandas de los ciudadanos: mejoras a un museo o desarrollo turístico; un hospital, una escuela etcétera. Estos recursos significan bienestar para las comunidades que requieren de estas obras, significan empleo, mejor calidad de vida de los ciudadanos: significa ejercer en ellos sus propios recursos, porque no son recursos de la federación o del estado, son recursos de los propios ciudadanos.

Es por ello imperante, que las recursos que ya han sido aprobados por esta soberanía sean entregados para su ejercicio en beneficio de la población y evitar que autoridades hacendarias menores, argumentando en algunos casos elementos de carácter burocrático, o bien la sola falta de voluntad, o que por ineficiencia detengan la aplicación de dichos recursos en beneficio del bienestar comunitario.

En razón de lo anterior, los diputados por el estado de Nuevo León, en apoyo a los ahorradores de UCREM, a la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital Universitario, que es su facultad de medicina, y a la comunidad en general, nos dimos a la tarea de hablar con las autoridades de la SHCP y con las autoridades del la Secretaría de Educación Pública, con las que nos entrevistamos en diversas ocasiones, sin que hayan dado respuesta satisfactoria. Y lo verdaderamente inaceptable es que ahora el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, no ha dado contestación a las solicitudes que le hemos formulado desde el 28 de septiembre de 2011, todos los diputados por Nuevo León de todos los partidos políticos, y el 28 de octubre de 2011 los diputados federales por el estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del PRI, para entrevistarnos y dar solución a estas problemáticas relacionadas con diversas obras aprobadas en los Presupuestos de Egresos de la Federación para el estado de Nuevo León, de ejercicios anteriores, que de no atenderse de inmediato tendrán repercusiones sociales de enorme magnitud.

Es inadmisible la insensibilidad de las autoridades hacendarias, que regatean recursos para ejercerlo en lo que verdaderamente es importante para el país, como lo es la educación y la salud, y prefieren dejar esos recursos sin ejercer, y sin saber qué destino final tienen, porque los recursos ahí están. Se insiste, son recursos que son muy significativos por sus montos para atender las demandas sociales den el estado de Nuevo León; dentro de los que señalamos a manera de ejemplo; aproximadamente 380 millones de pesos de los defraudados por la UCREM; 251 millones del Fondo para el Saneamiento Financiero con que se les venía apoyado; 100 millones de pesos aprobados en el PEF 2010 son 70 millones de pesos que han sido aprobados en el PEF 2011, y los destinados para infraestructura carretera y otras obras más que no han sido entregados. Esos recursos desconocemos dónde se van, y no se aplican en donde deben de aplicarse, conforme a lo aprobado por esta soberanía, poniendo en riesgo de problemas sociales al estado de Nuevo León y la viabilidad de dos instituciones paradigmáticas y de alta utilidad, en el norte del país, como lo son la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario de Nuevo León.

Por lo anterior los diputados por el estado de Nuevo León hacemos un llamado enérgico para que seamos recibidos de inmediato por el secretario de Hacienda y Crédito Público, para que con carácter de urgente les sean entregados los recursos financieros planteados en el párrafo anterior, por lo que acudimos a esta soberanía para presentar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reciba de inmediato a los diputados por el estado de Nuevo León, a fin de atender y solucionar la problemática financiera relacionada con la UCREM, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario de la misma, la infraestructura carretera, y otras obras, en el estado de Nuevo León, entregando los recursos señalados en el penúltimo párrafo de la exposición de motivos de la presente proposición con punto de acuerdo, así como los aprobados en los Presupuestos de Egresos de la Federación para diversas obras, que han sido aprobados por esta soberanía en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y resarcir los fondos que se habían venido entregando.

Segundo. Que la presente proposición con punto de acuerdo sea considerada de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San lázaro, a 18 de enero de 2012.

Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar área natural protegida de competencia federal Peña Colorada, Querétaro, a cargo del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la república de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal a declarar Peña Colorada, en Querétaro, como área natural protegida de competencia federal.

Consideraciones

Las diversas características topográficas, climáticas y geológicas que se presentan en el estado de Querétaro han permitido el desarrollo de una importante biodiversidad de ecosistemas que proporcionan muchos beneficios ambientales, económicos y sociales.

En el estado de Querétaro existen nueve áreas naturales protegidas (ANP), cuatro de las cuales son de protección federal, tres de protección estatal y dos de protección municipal. El área total protegida en la entidad es de 424 mil 443.9 hectáreas, de la cuales el 90 por ciento corresponde a la reserva de la biosfera Sierra Gorda, decretada por el gobierno federal en 1997. Dentro de la zona metropolitana de Querétaro existen alrededor de 17 mil hectáreas protegidas, representando tan sólo un 4 por ciento del total, de ellas 12 mil 458 corresponden al municipio de Querétaro.

En 2006 se publicó la versión actualizada del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Querétaro (SANPEQ), donde se contemplan nueve áreas para su incorporación al régimen de conservación, así como programas específicos para áreas que a pesar de ya ser declaradas, requieren de una mayor atención.

Una de estas áreas es Peña Colorada, la superficie verde más grande de la zona metropolitana de Querétaro, abarcando los municipios de El Marqués y Querétaro, con 2 mil 110 y 3 mil 500 hectáreas, respectivamente.

La meseta de Peña Colorada tiene una altitud de 2 mil a 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar y el cuerpo de agua más importante hacía el bordo El Salitre, además de 10 pequeños estanques que sirven de abrevadero y para el riego de algunos cultivos en las partes altas. Las superficies planas que rodean el sistema de cañadas tienen áreas de filtración importantes y por lo tanto de recarga del acuífero del municipio de Querétaro. Además de la infiltración de agua pluvial, provee de otros servicios ambientales que aseguran la calidad del aire, la regulación del clima, la regulación de las avenidas pluviales, la retención del suelo, disminuyendo los costos de mantenimiento de la infraestructura urbana y los riesgos a la población.

En Peña Colorada existe matorral xerófilo y bosque tropical caducifolio que se caracteriza por la presencia de arbustos espinosos que alcanzan una altura máxima de tres metros y otros arbustos entre uno y dos metros. De igual forma, hay 58 especies de aves, 25 de mamíferos y seis de reptiles y anfibios, característicos de la zona.

En los últimos años el desarrollo urbano en Querétaro ha sido significativo, prueba de ello son el crecimiento acelerado de la población y la profunda transformación del paisaje, pasando de un estado predominantemente agrícola y ganadero a un importante centro industrial y de servicios de todo tipo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, el crecimiento poblacional en la entidad (2.3 por ciento) duplica el índice nacional (1.3 por ciento), lo que explica el hecho de que sea el tercer estado del país con la mayor tasa de crecimiento de vivienda (4.2 por ciento).

Del millón 827mil 937 habitantes de Querétaro, el 70 por ciento reside en zonas urbanas y el 60 por ciento dentro de la Zona Metropolitana de Querétaro que abarca los municipios de Querétaro, El Marqués y Huimilpan y Corregidora, lo que la convierte en la décima zona metropolitana más grande del país.

Por desgracia, la expansión urbana ha carecido de la planeación y sustentabilidad necesarias, y la mancha urbana de la zona metropolitana de Querétaro se ha extendido 65 por ciento en 5 años; los desplazamientos masivos se registran hacia la periferia de la ciudad y se han detectado alrededor de 834 asentamientos irregulares desde 2004 a 2010.

Todo lo anterior ha provocado la pérdida de más del 80 por ciento de las zonas de protección ecológica en la zona metropolitana de Querétaro, especialmente en el municipio de Querétaro.

Lo anterior está comprometiendo la viabilidad de la zona conurbada de Querétaro y la seguridad de la población, esto se explica por que al destruirse la continuidad de los ecosistemas forestales e hidrológicos, se desmantelan los sistemas ambientales que regulan la contaminación atmosférica y el clima que permiten la infiltración del agua de lluvia para el reabastecimiento de los acuíferos y la protección ante desastres naturales.

En 2001, Peña Colorada fue decretada como área natural protegida (ANP) en la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, pero en 2006, un juez emitió un acuerdo de nulidad dejándola desprotegida, desde entonces la declaración de esta zona como ANP está pendiente. Aunado a lo anterior, el pasado 17 de junio el ayuntamiento de Querétaro otorgó un cambio de uso de suelo en el predio ex hacienda La Solana o La Quebradora por 32 hectáreas que se encuentran dentro de las 5 mil 600 hectáreas que contemplaba el proyecto original de decreto; recordemos que Peña Colorada se trata de un ecosistema forestal, que al ser fragmentado o reducido, es dañado directamente.

Si las reservas territoriales están amenazadas es por que el cambio de uso de suelo se da fácilmente sin importar su clasificación en los ordenamientos territoriales, ni los decretos como ANP locales, que fácilmente pueden ser revocados y olvidados, resulta imperativo fortalecer los decretos para asegurar su total protección. Es importante tomar en cuenta que un espacio natural al ser fragmentado y quedar inmerso en la mancha urbana, pierde continuidad, se degrada y pierde su valor ambiental.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), un ANP establecida por el Ejecutivo federal sólo puede ser modificada en su extensión y, en su caso, el uso de suelo, únicamente por el Ejecutivo federal, lo cual sin duda aseguraría su protección.

Por otra parte, la propia LGEEPA señala que las ANP de competencia federal deben ser establecidas mediante declaratoria expedida por el titular del Ejecutivo federal. Aunado a lo anterior, el Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar los estudios que justifiquen la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las ANP.

Debido a la importancia de esta zona para asegurar el bienestar de los habitantes de la zona metropolitana de Querétaro, someto a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios que justifiquen la expedición de la declaratoria de Peña Colorada como área natural protegida de competencia federal, en la categoría que considere conveniente.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ámbito de su competencia, promueva la participación de los habitantes, propietarios, gobiernos locales y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, a fin de establecer Peña Colorada como un área natural protegida de competencia federal.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, en caso de que los estudios que realice la Secretaría de Medio Ambiente para justificar la expedición de Peña Colorada como área natural protegida de competencia federal, realice su declaratoria.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.

Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Chihuahua a atender de inmediato las contingencias sociales y climáticas recién presentadas en la sierra Tarahumara, a cargo de Rigoberto Salgado Vázquez, en nombre de Nazario Norberto Sánchez, diputados del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para formular un atento exhorto al gobierno federal y al gobierno del estado de Chihuahua, para que atiendan de manera urgente e inmediata las contingencias sociales y climáticas presentadas recientemente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los tarahumaras ocupan una cuarta parte del territorio en el suroeste del estado de Chihuahua (65 mil kilómetros cuadrados) en una de las partes más altas de la Sierra Madre Occidental, conocida también como Sierra Tarahumara, la cual alcanza entre los 1,500 y 2,400 metros sobre el nivel del mar.

Dentro de los cuatro grupos de indígenas que están asentados en la sierra, los tarahumaras suman alrededor de 50,000. El 90% de la población rarámuri se concentra principalmente en los municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava.

El inhóspito medio donde habitan los tarahumaras impone la existencia de familias pequeñas –sus parcelas difícilmente pueden mantener a más de cuatro o cinco miembros de la familia, en la que el imberbe , a los 14 años de edad, es considerado ya un adulto por el resto del grupo–. Así, el hogar tarahumara –la unidad más persistente y definida en su vida–, responde a las modalidades originales de su psicología y, al asegurar las bases económicas del matrimonio, cumple con una vital función social, impidiendo uniones permanentes entre faltos de carácter o de sentido de responsabilidad.

Su principal medio de supervivencia es la agricultura y por tal motivo, ésta Soberanía, aprobó un decreto mediante el cual manda al Ejecutivo a integrar un fondo financiero por 10 mil millones de pesos para atender la emergencia en el sector rural de 20 estados, afectados por sequías, heladas e inundaciones ocurridas en 2011, sin embargo el pasado 4 de enero del presente año, la Comisión permanente abrió un proceso de análisis del veto presidencial a dicho decreto, pues el Ejecutivo Federal argumenta que para poder ordenar ese gasto, las dos cámaras del Congreso debieron haber emitido una ley específica, y que el Ejecutivo federal está impedido de gastar recursos que no se incluyen en el Presupuesto de Egresos.

Asegura en sus observaciones que los gobiernos locales tienen responsabilidad concurrente con la del Ejecutivo en la atención de las contingencias por causas meteorológicas, por lo que, subraya, “es necesario hacer un esfuerzo integral de planeación, recaudación y eficiencia en el ejercicio del gasto público federal y local”. La exposición de motivos del Ejecutivo antepone el sustento jurídico del veto, facultad que entiende como una “instancia revisora” que tiene como propósito principal, propiciar espacios para el diálogo con el Poder Legislativo.

Más es necesario recordar que el pasado 18 de agosto el Gobierno de México donó un millón de dólares para combatir la hambruna en el Este de África, especialmente en Somalia, cuatro meses después, el gobierno dice no tener dinero para combatir la sequía en el país y veta una partida especial aprobada por la Cámara de Diputados para evitar la hambruna en el Norte de México.

Es el mismo gobierno, que sí supo de dónde obtener más de mil millones de pesos para construir un monumento a la opacidad, como es la “Estela de Luz”, pero no sabe cómo paliar la miseria y la hambruna de cuatro millones de hogares golpeados por la sequía, las inundaciones, las heladas y los huracanes del año pasado, más la falta de alimentos en la comunidad rarámuri, que empezó a generar problemas de salud importantes, ya que de septiembre a noviembre se habían presentado 40 casos de desnutrición, de los cuales 15 son severos, cinco de ellos graves pues, en la sierra, este año que terminó, se dejaron de producir 20 mil toneladas de maíz de autoconsumo, lo que ha generado la desnutrición.

De las 150 mil toneladas de maíz que se producen en el estado de Chihuahua, sólo hubo 500 toneladas de maíz; de frijol, que se producen entre 80 mil y 120 mil toneladas, este año nada más hubo 20 mil y de avena existe una pérdida superior al 80%.

Al vetar la partida especial contra la sequía, el Ejecutivo Federal declaró que no puede sacarse de la manga 10 mil millones de pesos para paliar la emergencia provocada por las peores sequías y heladas de los últimos 100 años; pero sí hay una manga muy larga y ancha para autorizar un sobreprecio de 600 millones de pesos a la Estela de Luz; 6 mil 480 millones de pesos del presupuesto de Pemex para comprar acciones de Repsol; mil millones de pesos para pagar prestaciones de la alta burocracia en 2012; dos mil 500 millones de pesos en créditos educativos para becar a 23 mil jóvenes de 21 instituciones privadas; y un incremento de tres mil millones de pesos al presupuesto de seguridad pública para comprar armas, balas, chalecos, construir cárceles y fondear bonos de riesgo para algunos funcionarios de esta área.

Tan sólo estos cinco rubros representan más de los 10 mil millones de pesos que el gobierno no supo de dónde sacar para atenuar la situación de vulnerabilidad extrema de 16 millones de mexicanos. Por estas razones es que promovemos este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para atender de manera urgente y prioritaria la zona de la Sierra Tarahumara.

Por las consideraciones antes señaladas, someto a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la división y colaboración de poderes, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a que por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social, diseñe, establezca y opere una estrategia, plan o programa integral con visión social de lucha contra la pobreza en toda la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Asimismo informe a esta Soberanía sobre dicha estrategia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la división y colaboración de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación a que liberen de ser procedentes recursos necesarios e indispensables vía Fondo de Desastres Naturales, para la atención de la problemática y contingencia climática presentada en la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la división de poderes, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua, a que coadyuve en la consecución de los dos anteriores resolutivos en el marco de sus respectivas competencias.

Dado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de enero de 2012.

Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar por la Sener y la SRA, con el gobierno de Oaxaca, los términos de los contratos de arrendamiento firmados por empresas transnacionales y ejidatarios del istmo de Tehuantepec para explotar energía eólica, así como los efectos económicos y sociales negativos que éstos pudieran provocar en la región, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República y en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El crecimiento de la población, la industrialización, los procesos de urbanización y las crecientes necesidades de transporte de personas, de insumos y de mercancías, han determinado que las sociedades actuales requieran de mayores fuentes de energía.

De tal forma que, los energéticos se convierten en bienes muy preciados y parte de las relaciones internacionales está regida por su dominio, control y aprovechamiento, esencialmente porque numerosos países dependen de las importaciones de recursos fósiles como el petróleo y el gas.

Las nuevas circunstancias planteadas en los últimos años, por el encarecimiento y agotamiento de las fuentes fósiles de energía junto con el problema global del cambio climático han llevado a las naciones a reorientar sus políticas para incrementar su participación en las nuevas fuentes renovables de energía.

En este contexto, la posición geoestratégica de México lo convierte en uno de los países con un gran potencial para desarrollar energías limpias como la eólica, sobresaliendo algunas regiones rurales como el istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, considerada una de las mejores regiones a nivel mundial para la generación de energía eólica y en la cual, empresas transnacionales desarrollan centrales actualmente.

La generación de energía eólica también debe tomar en cuenta cuestiones de justicia social y de respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en esas regiones.

En este sentido, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiitdtt), ejidatarios, comuneros y propietarios de tierras en la región, así como organizaciones sociales se han manifestado en contra del proyecto del corredor eoloeléctrico del istmo por considerar que este proyecto representa el despojo de sus tierras y la violación de derechos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y ahora la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

El despojo de tierras ha sido el principal motivo para que estas organizaciones se opongan al corredor eólico aludiendo que los propietarios de las tierras firmaron contratos de arrendamiento “sin suficiente información, en castellano, sin un traductor ni un asesor de su elección, con presiones, y en todos los casos sin un proceso de consulta previa, libre e informada”. La firma de esos contratos otorga a las empresas derechos sobre la tierra por 30 años, con la posibilidad de renovarlos por otros 30 años más y de fijar pagos mínimos a las comunidades por la renta de su tierra. Algunos campesinos, denuncian, reciben apenas unos 100 o 150 pesos anuales de la renta por cada hectárea arrendada.

Por otro lado, si bien la producción de energía eólica reduce el impacto ambiental en relación con la energía producida por combustibles fósiles, la primera también genera daños al medio ambiente que han sido ignoradas.

Las comunidades indígenas han denunciado que una de las principales afectaciones es el daño a los terrenos donde se desarrollan actividades agrícolas, una de las principales fuentes de empleo de la población local. También han denunciado la afectación de caminos, corrientes de agua, pozos y árboles.

Por último, pero no por ello menos importante, los integrantes de la Apiitdtt han denunciado amenazas, agresiones y desalojos forzados y han manifestado que las empresas transnacionales han intentado cooptar, intimidar y reprimir la movilización social.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Energía y Reforma Agraria, y en coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca, revisen los términos de los contratos de arrendamiento firmados por las empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec para la explotación de la energía eólica, así como los impactos negativos económicos y sociales que éstos pudieran provocar en dicha región.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presente un informe sobre el impacto ambiental que genera la construcción del Corredor Eólico en la región del Istmo de Tehuantepec.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca a investigar las denuncias y amenazas de las que han sido objeto los defensores de derechos humanos de la región y a establecer medidas para garantizar sus derechos fundamentales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F., a 18 de enero del 2012.

Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoque la resolución del IFE que permite a los precandidatos únicos realizar actos anticipados de campaña, a cargo del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la república a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con moción de urgente resolución, por el que la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que revoque la resolución del Instituto Federal Electoral que permite a los precandidatos únicos realizar actos acciones anticipados de campaña.

Consideraciones

Como es de su conocimiento, mediante un acuerdo general del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), se respondió la consulta que fue formulada por Andrés Manuel López Obrador respecto a las actividades que como precandidato único puede realizar, en el marco de la ley electoral vigente.

En dicha resolución se permite a los precandidatos únicos a realizar, en la práctica, actos anticipados de campaña, pudiendo acudir a mítines y realizar actos públicos, propiamente de proselitismo.

En el PAN consideramos que la respuesta acordada por el Consejo General del IFE en el sentido de permitirle a los precandidatos únicos priista y perredista realizar actos anticipados de campaña es contraria a derecho y, por lo tanto, ese criterio debe ser revertido, pues en la práctica borra la distinción que la ley establece entre los periodos de precampaña y los de campaña.

Esto es así, porque permite a los precandidatos únicos utilizar los recursos públicos que reciben como prerrogativas para realizar prácticamente cualquier tipo de acto político público y abierto, anulando en la práctica la prohibición legal expresa de realizar actos anticipados de campaña.

Nos parece que el acuerdo del IFE viola con toda claridad la legislación electoral y con ella se afecta gravemente las condiciones de certeza y equidad, además que anula el sentido original de la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2007, que entre sus principales objetivos tuvo el de reducir la duración de las campañas electorales y favorecer la realización de procesos democráticos dentro de los partidos políticos para la postulación de sus candidatos.

Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a actuar con diligencia para impedir que, con base en ese acuerdo del IFE, se siga violando de manera sistemática y permanente la ley electoral.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva de manera expedita el recurso de apelación 03/2012 mediante el cual se le solicita revocar la resolución del Instituto Federal Electoral que permite a los precandidatos únicos realizar actos acciones anticipados de campaña.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.

Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la Sagarpa y la Sedesol a esta soberanía respecto a las acciones emprendidas para atender la hambruna en las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República y en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

En ocasiones anteriores, en esta tribuna, hemos advertido de las graves repercusiones económicas producidas por el cambio climático en nuestro país particularmente en la agricultura, ganadería, fruticultura, pesca y acuacultura. Hemos señalado que vivimos las consecuencias de heladas tardías o tempranas, inundaciones y una grave sequía, todo ello ha provocado que un alto porcentaje del campo se encuentre en quiebra.

La sequía y las heladas son un elemento más de la crisis agrícola, pues el abandono al campo y a las comunidades indígenas tiene décadas. Para nadie es un secreto que México es uno de los países más afectados por el cambio climático y que en el territorio nacional haya pérdidas por severas sequías, ausencia de alimentos y agua.

México ha registró en el último año una de las sequías más intensas de los últimos 20 años. Casi la mitad del territorio nacional reportó ausencia total de precipitaciones y altas temperaturas, con lo que se vieron afectadas alrededor del 80% de la producción agrícola. La sequía que viene padeciendo veinte estados de la República es un claro ejemplo. En el caso de Chihuahua, este estado enfrentó la peor sequía en cincuenta años, pues el promedio de lluvia en la región apenas llegó a 217 milímetros cúbicos, lo que ha mantenido postrada a la agricultura y ganadería. La cosecha de frijol se redujo en 80% y se calcula que se perdieron 20 mil toneladas de maíz destinado principalmente al autoconsumo.

En ocasiones anteriores advertimos que las sequías podrían provocar que un millón de mexicanos se sumen a los que viven en pobreza, llegándose al extremo de que varias poblaciones no cuenten con alimentos ni siquiera para el autoconsumo. Esta situación ya es una realidad y la viven hoy de forma dramática las comunidades de la Sierra Tarahumara.

Ante ello, la semana pasada durante la comparecencia de los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, propusimos la firma de un acuerdo nacional que permitiera atender la delicada situación del campo, el desabasto de alimentos, el alza de los precios y detener la hambruna, mismo que fue rechazado por las autoridades federales mostrando de manera clara la insensibilidad con que el gobierno federal atiende la problemática del campo mexicano.

Si bien la Sedesol informó que ha reforzado la ayuda a las comunidades tarahumaras, enviando alimentos, cobijas, agua para consumo, despensas mismas que consideramos indispensable y reconocemos la solidaridad que tanto autoridades como ciudadanos han mostrado con nuestros hermanos tarahumaras, esto no es suficiente.

La situación extrema que viven los indígenas tarahumaras nos obliga a hacer un nuevo llamado a las autoridades para impulsar políticas y acciones que fomenten la autonomía alimentaria del país, revertir el abandono al campo y a los campesinos, atender el desabasto de alimentos y detener la hambruna en la que permanecen millones de mexicanos.

Si no logramos contrarrestar la crisis alimentaria que vive nuestro país, no lograremos tampoco el crecimiento económico al que México aspira.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social, informe a esta soberanía las medidas y acciones emprendidas para atender la hambruna que sufren las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta soberanía las políticas y acciones que emprenderán para atender la crisis alimentaria en la Sierra Tarahumara, así como las medidas que implementarán para atender el desabasto de alimentos, el alza de precios y la hambruna en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, D.F., a 18 de enero del 2012.

Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE, a la Cofetel y a la PGR que informen cuáles son las implicaciones de ley SOPA y similares en México, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El senador Luis Alberto Villarreal García, de conformidad con lo previsto en los artículos 108, numeral I y II; 95 numeral II; y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la cancillería, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría General de la República un informe sobre las implicaciones de la Ley SOPA y similares en México.

Exposición de Motivos

La Ley SOPA, por su nombre en inglés (Stop Online Piracy Act), que impulsa el congresista estadounidense Lamar Smith, entró al Congreso de EUA en octubre de 2011. Tanto esta propuesta de ley presentada ante la Cámara de Representantes, como la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (Protect IP Act) estudiada por el Senado, buscan combatir el uso y distribución ilegales de música, películas y otros productos o contenidos estadounidenses que fueron víctima de la piratería en la red, obligando a las compañías de internet a bloquear el acceso a las páginas nacionales o extranjeras que ofrezcan material que viole las leyes de derechos de autor de EUA.

La normativa pretende bloquear el acceso a cualquier sitio web que infrinja derechos de autor y obligaría a los proveedores de acceso a internet y a los buscadores de la red como Google a monitorear los contenidos. En principio, con una simple denuncia de parte del dueño de los derechos de autor, el sitio podría quedar bloqueado.

La alianza de derechos de autor de EUA que apoya la legislación cita un informe de la Cámara Comercio Internacional en donde se dice que la piratería y la falsificación tienen un costo para los negocios de 775 mil millones de dólares al año y pone en riesgo 2.5 millones de empleos en todo el mundo.

Las corporaciones comerciales, fundaciones y asociaciones que critican el proyecto no rechazan la lucha contra la copia ilegal de obras intelectuales. Sin embargo, muchas entienden que el proyecto es retrógrado y nació jurídico-políticamente defectuoso.

En concreto, se critica que la Ley SOPA, que en su versión en el senado lleva las siglas PIPA, que iba a ser discutida en esa Cámara el 24 de enero, sería inconstitucional al no garantizar la defensa en juicio. Además, su efectividad sólo podría alcanzarse a través de un ubicuo control sobre internet por parte del Gobierno más allá incluso de sus fronteras nacionales. Finalmente, se teme que este tipo de legislación ponga en riesgo a sitios existentes y disuada a los inversionistas de arriesgar su dinero para iniciar sitios que podrían ser cerrados si se ejecuta la ley.

Los críticos en su mayoría están de acuerdo que se necesita hacer algo para combatir la piratería en línea; por lo que se han desarrollado otra propuesta más limitada, de Wyden y el representante republicano Darrell Issa, que se llama Open Act, con la que dicen combatirían la piratería digital sin dar licencia para cerrar sitios legítimos.

Algunas de las enmiendas propuestas en el Congreso asegurarían que se aplique el proyecto de ley sólo en sitios con sede en el extranjero. Pero con las múltiples versiones que circulan en el Capitolio, y una legislatura propensa a correcciones de último minuto, los críticos temen que el impacto pueda ser sumamente costoso.

El sábado 14 de enero, mediante un comunicado, se informó que “el gobierno de Barack Obama no aprobará la ley SOPA si es que esta fomenta la censura, socava la seguridad o altera la estructura de la web.” Acto seguido, el Congreso decidió congelar la ley hasta que se encuentre un consenso entre los actores implicados.

De acuerdo a la información proporcionada por el diario español “el país”, esta medida podría significar el colapso económico y social de EEUU; por lo tanto, estas implicaciones para México podrían ser sumamente costosas y ponen en peligro la libertad de expresión, así como la privacidad del pueblo mexicano.

Por lo expuesto, someto a la aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía cuáles son las implicaciones de la eventual aprobación de la Ley Sopa y similares, en el territorio mexicano, así como de posibles acciones de coordinación bilateral para combatir el crimen cibernético, reafirmando nuestra soberanía y asegurando la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 18 de enero de 2012.

Senador Alberto Villarreal García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que continúe e intensifique en el presente ejercicio la investigación y las labores de auditoría sobre el ejercicio de los recursos públicos y los privados concurrentes para organizar y desarrollar los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A menos de tres meses de su realización los XVI Juegos Panamericanos que se desarrollaron en la Ciudad de Guadalajara, comienzan a arrojar datos confusos que dan fin a la fiesta mediática que se montó y la celebración vacua y extradeportiva, para ubicarnos en una realidad no tan optimista.

De entrada se ha conocido que el costo de las obras y la organización de la justa rebasaron de manera considerable los planes de los organizadores, lo que obligó al gobierno del estado, al del municipio y al gobierno federal, a echar mano de los recursos para el gasto de la entidad y también para facilitar su estructura de organización.

De acuerdo con los gobiernos federal y de Jalisco, los XVI Juegos Panamericanos, tuvieron un costo de casi cuatro mil millones de pesos. Sin embargo, algunas voces del el Congreso del estado de Jalisco aseguran que los gastos ascienden a más de nueve mil millones de pesos, lo que hace preocupante, la forma en que se financiaron y administraron los recursos que, por decir lo menos, no son claros ni siquiera en su cálculo.

En la sección de Transparencia del Portal de los Juegos Panamericanos, la suma de todas las Cuentas Públicas de 2008 a 2011 asciende a mil 183 millones de pesos. Por otra parte, el gasto reportado para el desarrollo de infraestructura y equipamientos deportivos, con cargo al Fideicomiso FINDE, se establecen gastos por dos mil 651 millones de pesos, provenientes de recursos federales, de los cuales, 180 millones de pesos fueron erogados por Jalisco.

El Gobierno Federal, se sabe hoy, a través de una respuesta a una solicitud de información, que hizo a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), aportó a la organización de los Juegos Panamericanos, un total de dos mil 651 millones de pesos.

Por su parte, el Gobierno Estatal mantiene información pública en la que reporta un gasto adicional de mil 183 millones de pesos, a través de cada una de las cuentas públicas dadas a conocer de 2008 a 2011.

La suma global de estos reportes asciende a más de tres mil 800 millones de pesos.

Sin embargo la información no es del todo clara, cuando además se “estiman” cuantiosos recursos provenientes del Banco Mundial, de algunos de los importantes patrocinadores y de la venta de boletos de avión, entre algunos otros conceptos, de los que no se conoce a detalle ni con suficiente trasparencia la información correspondiente.

Además de estas imprecisiones y opacidad en la información, existen denuncias respecto de la forma en que se llevaron a cabo algunas licitaciones para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la organización de los juegos olímpicos, así como el manejo de la nómina del personal contratado y la multas por parte de la alcaldía de Zapopan, por la descarga de desechos líquidos que de manera irregular, se llevó a cabo en la Villa Panamericana.

En fin, que existen un número importante de irregularidades denunciadas, que tanto por su cuantía, como por su importancia vale la pena que sean clarificadas e investigadas, toda vez que implican el ejercicio de recursos públicos, de los cuales debe darse cabal cuenta y resultados a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación, que el ámbito de sus atribuciones, continúe e intensifique durante el presente ejercicio, con la investigación y labores de auditoría para evaluar el ejercicio de los recursos públicos y privados concurrentes para la organización y desarrollo de los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara y de ser el caso, se deslinden las posibles responsabilidades en el uso indebido de recursos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.

Diputado José Ramón Martel López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los altos cobros de electricidad en Baja California, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Fernando Castro Trenti, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la venta de la misma eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El artículo 31 del referido ordenamiento señala que dicha dependencia, con la participación de las Secretarías de Energía, y de Economía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Aunado a lo anterior, las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica son ordenamientos que rigen la aplicación de las tarifas del servicio público de energía eléctrica; y es el caso que la disposición complementaria número 7, “Cláusula de los ajustes por las variaciones en los precios de los combustibles y la inflación nacional”, ajusta mensualmente las tarifas de uso general en alta, media y baja tensiones, así como la tarifa de servicio doméstico de alto consumo.

Por su parte, la disposición complementaria número 10, “Metodología para el cálculo de los cargos fijos de las tarifas para servicio general con cargos fijos”, ajusta mensualmente los cargos de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica para servicio general en alta y media tensiones con cargos fijos, correspondientes al lapso de permanencia comprendido por los siguientes doce meses.

Con base en lo anterior, el pasado 28 de diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación el más reciente “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”.

Dicho acuerdo establece lo siguiente:

“Artículo Primero. Se autoriza al organismo descentralizado Comisión Federal de Electricidad, a quien en lo sucesivo se le denominará “el suministrador”, la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y la modificación de las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto en el presente instrumento.

Artículo Segundo. Se modifican temporalmente las tarifas horarias para servicio general en alta tensión en los siguientes términos:

...

5. Las reducciones a que se refieren los numerales 1 a 3 anteriores no podrán aplicarse a las facturas de los usuarios de las regiones Baja California y Baja California Sur.”

De la lectura del acuerdo se desprende que, una vez más, Baja California ha sido excluida de los beneficios pactados a nivel nacional, en esta ocasión determinados por la reducción temporal de las tarifas horarias, aún cuando, en palabras de la Secretaría de Energía, en este momento existe una reserva de recursos monetarios que permiten absorber los efectos de una reducción por un periodo de un año sin que se afecte el presupuesto.

Esta situación resulta violatoria de lo dispuesto en los artículos 4o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad no motiva ni fundamenta las razones por las que excluye a estas entidades federativas de tales beneficios, lo que deviene en un acto discriminatorio en contra de los consumidores de dichas entidades federativas.

La medida en cuestión tampoco resiste un análisis de convencionalidad, pues resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 7o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual dispone en su artículo 7o. que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

El acuerdo transgrede igualmente el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se establece que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

De igual manera, la medida emitida por el titular de la Comisión Federal de Electricidad resulta violatoria a lo estipulado en el artículo 2o., numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la resolución A/RES/2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, el cual señala que los Estados parte en dicho pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La realidad es que la reducción temporal de las tarifas no es una solución de fondo a la problemática de los altos costos energéticos para la industria y los bajacalifornianos en general, por el contrario, denotan una política ineficiente, que busca la obtención de recursos vía altos cobros de energía, en lugar de buscar fortalecer la economía a través de una industria nacional competitiva.

Sin duda ésta es una medida demasiado limitada e insuficiente en su alcance para ser considerada como una solución a esta problemática, en especial porque, en Baja California, el costo de vida es alto debido en gran medida al alto costo de las tarifas que se pagan por servicios indispensables como luz eléctrica.

Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, denominado Impacto del consumo eléctrico en la economía familiar en Mexicali, BC, reveló que familias con ingreso promedio de apenas un salario mínimo mensual, destinaron el 53 por ciento del mismo para pagar su consumo de luz en época de verano al consumir un promedio de 659 kilovatio hora. Por otra parte, las de dos salarios mínimos al mes destinaron 27 por ciento, al tener consumos promedio de 865 kilovatio hora. Este grupo representaba el 12 por ciento de la población.

En cambio, las familias con ingresos de 2 a 3.5 veces el salario mínimo mensual utilizaron el 15 por ciento del mismo al promediar consumos de 887 kilovatio hora. Y aquellas con ingresos de 3.5 a 5 salarios mínimos al mes destinaron el 13 por ciento al consumir en promedio 1,046 kilovatio hora; sin embargo, cabe mencionar que el grupo de 2 a 5 salarios mínimos representaron al 40 por ciento de la población, mientras que quienes obtuvieron de 5 a 10 salarios mínimos destinaron entre el 8 y 9 por ciento al tener consumos promedio de 1500 kilovatio hora, representando así el 20 por ciento de la población.

Los datos anteriores contrastan radicalmente con el promedio del ingreso que el resto de las familias mexicanas destinaban para este fin y que ronda el 2.7 por ciento mensual.

Además de la problemática social que los altos costos de luz eléctrica genera, para la industria en nuestro país, esto uno de los lastres más pesados con los que tiene que cargar, lo que se traduce en poca competitividad económica.

No nos cabe la menor duda de que esta política pública, centralista y con falta de sentido común del gobierno federal, le va a restar competitividad a los productos bajacalifornianos en el mercado interno, ya que tendrán que competir con industrias nacionales que con este acuerdo disfrutarán reducciones de hasta 50 por ciento en demanda incremental y de 15 por ciento sobre la energía consumida en horario punta.

No obstante lo anterior, lo que resulta increíble e indignante es que, explícitamente, se excluya del acuerdo a los estados de Baja California y Baja California Sur de los beneficios de las reducciones temporales.

Si bien Baja California no se encuentra dentro del sistema interconectado nacional, la problemática de las tarifas horarias afecta de igual forma a la industria de nuestro estado que a la del resto del país.

Por esto es que el día de hoy se propone a esta Comisión Permanente que se cite a comparecer al director general de la Comisión Federal de Electricidad para que explique las razones por las que se excluye a los estados de Baja California y Baja California Sur del “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”, publicado el 28 de diciembre de 2011 y para que, de manera inmediata, proponga a las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público la modificación del mencionado acuerdo a fin de que los estados de Baja California y Baja California Sur sean incluidos y puedan recibir los beneficios de la reducción de tarifas eléctricas.

Asimismo, es necesario elevar un enérgico exhorto, dirigido a las dependencias que participan en este acuerdo, para que no discriminen a los habitantes de los estados de Baja California y Baja California Sur al excluirlos de los beneficios que el “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica” otorga a todos los demás habitantes del país.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para que no discriminen a la población de los estados de Baja California y Baja California Sur, y modifiquen, de manera inmediata, el “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”, publicado el 28 de diciembre de 2011, a efecto de que se incluya a estas dos entidades federativas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al director general de la Comisión Federal de Electricidad para que explique las razones por las que se excluye a los estados de Baja California y Baja California Sur del “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”, publicado el 28 de diciembre de 2011, y para que, de manera inmediata, proponga a las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público la modificación del mencionado acuerdo a fin de que los estados de Baja California y Baja California Sur sean incluidos y puedan recibir los beneficios de la reducción de tarifas eléctricas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.

Senador Fernando Castro Trenti (rúbrica)