Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3432-III, miércoles 18 de enero de 2012


Dictámenes a discusión

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y a Petróleos Mexicanos que rindan un informe sobre robo de hidrocarburos

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, a la SCT y a Pemex información sobre las acciones implantadas contra el robo de hidrocarburos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:

Consideraciones

Las condiciones de inseguridad en el país y la corrupción que contribuye a hacerla posible afectan el flujo de inversiones y la marcha de nuestra economía, pero también y gravemente trastocan los activos económicos y energéticos propiedad de nuestra nación.

El robo de combustibles es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de los hidrocarburos, pero además que flagela la economía y la confianza en nuestros sistemas de seguridad y en algunas de nuestras autoridades que deben resguardar los bienes públicos de la nación.

El Congreso de la Unión ha tipificado el robo de hidrocarburos como un delito grave y como representación nacional ha solicitado y facultado a las autoridades federales para que puedan sancionar con mayores penas y con mayor ahínco estos delitos a la propiedad de la nación y a los recursos energéticos del país.

De esta manera, el pasado 3 de marzo de 2011 la Cámara de Diputados llevó a cabo las reformas a los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales, y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionar hasta con 18 años de cárcel el robo de hidrocarburos en México, contemplando incluso hasta 10 años de prisión a los propietarios de gasolineras que alteren las bombas para expender menos gasolina y diesel.

Cabe señalar que estas reformas en pro de castigar severamente el delito de robo de hidrocarburos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de octubre de 2011.

Sin embargo, según cifras de Pemex este delito ha ido en aumento, pues durante 2011 se detectaron mil doscientas cincuenta y cuatro tomas ilícitas en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento de 76 por ciento respecto a 2010, en el que se detectaron sólo 710.

Por lo anterior, es indispensable conocer a cabalidad las acciones realizadas, los operativos y las sanciones que las autoridades federales han llevado a cabo para detener estos ilícitos y para disuadir y prevenir que se incurra en ellos.

Por lo expuesto, nos permitimos presentar ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y a la Dirección General de Pemex que proporcionen de inmediato a esta soberanía un informe puntual y detallado sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la fecha.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente con los autores de la proposición que se dictamina, en razón de lo siguiente:

1. De acuerdo con los proponentes, las condiciones de inseguridad en el país, y la corrupción que contribuye a hacerla posible afectan el flujo de inversiones y la marcha de nuestra economía, pero también, y gravemente, trastocan los activos económicos y energéticos propiedad de nuestra nación.

2. El robo de combustibles es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de los hidrocarburos, pero además que flagela la economía y la confianza en nuestros sistemas de seguridad y en algunas de nuestras autoridades que deben resguardar los bienes públicos de la nación.

3. El Congreso de la Unión ha tipificado el robo de hidrocarburos como un delito grave y como representación nacional ha solicitado y facultado a las autoridades federales para que puedan sancionar con mayores penas y con mayor ahínco estos delitos a la propiedad de la nación y a los recursos energéticos del país.

4. Que el Congreso de la Unión llevó a cabo las reformas a los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales, y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionar hasta con 18 años de cárcel el robo de hidrocarburos en México, contemplando incluso hasta 10 años de prisión a los propietarios de gasolineras que alteren las bombas para expender menos gasolina y diesel, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial el pasado 24 de octubre de 2011.

5. Sin embargo, los proponentes señalan que, según cifras de Pemex, este delito ha ido en aumento pues durante 2011 se detectaron 1254 tomas ilícitas en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento de 76 por ciento respecto a 2010, en el que se detectaron sólo 710.

6. Por lo anterior, de acuerdo con los promoventes, es indispensable conocer a cabalidad las acciones realizadas, los operativos y las sanciones que las autoridades federales han llevado a cabo para detener estos ilícitos y para disuadir y prevenir que se incurra en ellos.

7. Realizado el análisis de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Primera Comisión coinciden plenamente con la preocupación expresada y consideran procedente realizar el exhorto planteado puesto que es necesario tener información suficiente sobre este tema a fin de estar en posibilidad de realizar los análisis necesarios y poder plantear alternativas de solución.

8. Dado lo expresado en el numeral anterior, esta comisión dictaminadora, considera procedente exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y a la Dirección General de Pemex, a que proporcionen de inmediato a esta Soberanía, un informe puntual y detallado sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la fecha.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos, rindan, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la fecha.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Presidente: Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica).

Secretarios: Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Integrantes: Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la protección de los defensores de derechos humanos

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a crear un instrumento de protección de los defensores de derechos humanos, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

En la Proposición con Punto de Acuerdo, se manifiesta lo siguiente:

Que es del conocimiento general que defensores de derechos humanos son víctimas de amenazas, hostigamientos, agresiones o desapariciones y hasta asesinados.

Señala que derivado de una petición de audiencia promovida por un grupo de organizaciones no gubernamentales, desde octubre de 2010, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno Federal aceptó y reconoció la necesidad de instrumentar medidas de diversa índole para proteger a los defensores de derechos humanos y que crearía un mecanismo ad hoc para alcanzar tal propósito.

Asimismo, afirma la proponente que en el quinto informe de labores de la SEGOB, se detalla que “con relación a la protección a defensoras y defensores de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación inició un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil a efecto de construir en conjunto un mecanismo efectivo que garantice la importante labor que realizan y proteja su integridad física. En dicho diálogo se están construyendo los lineamientos básicos de operación del mecanismo”.

En este sentido, señala que el compromiso del gobierno federal se reflejó en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de julio de 2011, del Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las dependencias y entidades de la administración pública federal y la Procuraduría General de la República”.

De ahí que solicita retomar los diálogos entre gobierno y organizaciones civiles con el objeto de arribar a acuerdos determinantes y establecer con prontitud el citado mecanismo de protección.

Con lo anterior, formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a reiniciar, con la brevedad, y a través de la Secretaría de Gobernación, los contactos con las organizaciones de la sociedad civil a fin de concertar y concretar de manera definitiva la creación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos; lo anterior para honrar el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, sobre todo, para garantizar la seguridad e integridad física de los y las defensoras de los derechos humanos.”

Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de impulsar un mecanismo de protección para las defensoras y defensores de derechos humanos entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección y fomento al respeto de los derechos humanos.

Al respecto, los integrantes de la comisión dictaminadora, toman en cuenta que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar lo expresado por la proponente, referente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del “Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República”, el cual establece lo siguiente:

“Artículo Primero. La Secretaría de Gobernación por conducto del Secretario, del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y, en su caso, del Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dictará las medidas administrativas necesarias para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, lleven a cabo las acciones que de cada una se requiera para salvaguardar de manera inmediata y efectiva su vida e integridad personal, así como la labor de defensa que despliegan a favor de tales derechos y libertades fundamentales.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que se realicen en el marco de las bases y convenios de coordinación y de colaboración que se celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con la Procuraduría General de la República, con los organismos de promoción y defensa de los derechos humanos y con los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo Segundo. Se entenderá por defensora o defensor de los derechos humanos a toda aquella persona que, de manera individual o en asociación con otros, realiza la promoción y defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Las defensoras o defensores de los derechos humanos serán objeto de las medidas administrativas y del mecanismo de protección a que se refiere el presente Acuerdo, siempre que se encuentren en una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad que les impida desplegar de manera ordinaria su labor de promoción y defensa de los derechos humanos, o que sean beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la autoridad competente o por algún organismo público de protección de los derechos humanos.

Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, se coordinarán y brindarán todos los apoyos necesarios a la Secretaría de Gobernación para el cumplimiento de las medidas administrativas que ésta determine para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos.

Artículo Cuarto. Para el debido cumplimiento del presente Acuerdo la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y con la Procuraduría General de la República, emitirá los acuerdos, lineamientos, protocolos y manuales necesarios para establecer un mecanismo de protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos.

En la implementación de las medidas administrativas y en el establecimiento del mecanismo de protección previsto en el presente acuerdo, la Secretaría de Gobernación buscará contar con la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de los derechos humanos, instituciones académicas y expertos en la materia. El tipo de medida administrativa a implementar se verificará según la evaluación de riesgo de cada caso.

Artículo Quinto. Sin perjuicio de lo previsto en el presente Acuerdo, la Secretaría de Gobernación podrá dictar las medidas administrativas necesarias para proteger los derechos humanos de otras personas e implementar las acciones previstas en otros mecanismos de protección de los derechos humanos. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, se coordinarán y brindarán los apoyos necesarios a la Secretaría de Gobernación en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a fin de dar cumplimiento a dichas medidas en los términos previstos en el artículo tercero de este Acuerdo.

Artículo Sexto. El secretario de Gobernación dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de las medidas administrativas establecidas conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al presente acuerdo, e informará de ello al Presidente de la República.

También, con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de agosto de 2008, el Gobierno Federal cuenta con un instrumento de política pública transversal, al que estarán sujetas todas las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), para la promoción y respeto de los derechos humanos. El Programa, tiene cuatro objetivos: 1) fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la APF; 2) fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos; 3) consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos; y 4) fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y promoverlos al interior del Poder Legislativo, Judicial y ante los órdenes de gobierno; y cuenta con más de 300 líneas de acción sobre diferentes temas en materia de derechos humanos, como son: derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes; difusión y educación en derechos humanos, así como armonización legislativa.

De tal manera que dichos deberes implican el establecimiento de las medidas necesarias para proteger las actividades que despliegan los defensores y las defensoras de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad.

Conforme a lo propuesto por la autora, relativo a exhortar al Ejecutivo Federal a “reiniciar los contactos” con las organizaciones de la sociedad civil a fin de concertar y concretar de manera definitiva la creación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Dictaminadora considera que no tiene elementos necesarios para afirmar que se ha detenido la marcha de dicho Acuerdo, como lo afirma la proponente.

En razón de lo anterior, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran que es procedente solicitar del titular de la Secretaría de Gobernación, un informe detallado, como lo señala el Acuerdo de referencia, “sobre las medidas administrativas necesarias para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, lleven a cabo las acciones que de cada una se requiera para salvaguardar de manera inmediata y efectiva su vida e integridad personal, así como la labor de defensa que despliegan a favor de tales derechos y libertades fundamentales”.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Gobernación, rinda en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las medidas administrativas y acciones implementadas para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo atinentes al desalojo de familias guatemaltecas en Tenosique, Tabasco

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y de la SSP a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 15 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en Nuevo Progreso, de Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.

2. Por el que se solicita la intervención del titular del Ejecutivo federal con la del presidente de Guatemala para determinar las acciones conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados desalojadas la madrugada del 9 de enero en Tenosique, Tabasco, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de las Proposiciones referidas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

Las Proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnadas para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En la primera proposición con punto de acuerdo se manifiesta lo siguiente:

Que históricamente México ha gozado de reconocimiento internacional por su generosa hospitalidad a favor de miles de desplazados de diversas nacionalidades, quienes buscan salvaguardar su vida huyendo de conflictos armados o de violencia en sus lugares de origen, principalmente.

Refiere que en la década de los 80 del siglo pasado, como consecuencia de la guerra civil en Guatemala, se estima que 400 mil personas se exiliaron en México, Belice, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos; de ellas, aproximadamente 200 mil personas se refugiaron en nuestro país.

Afirma el proponente que el pasado 23 de agosto de 2011, familias guatemaltecas fueron desplazadas por el Ejército guatemalteco de la comunidad “Nueva Esperanza”, del municipio La Libertad, departamento de Peten, Guatemala, bajo el argumento de que se encontraban establecidas ilegalmente dentro de la reserva de la biosfera maya, atribuyendo además responsabilidad por actividades ilícitas referentes al narcotráfico, las cuales se internaron en territorio mexicano.

Continua señalando que de acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y de distintos medios de comunicación, el pasado 9 de enero, mediante un operativo realizado sorpresivamente, fueron desalojados con violencia las familias guatemaltecas que mantenían un campamento desde el 23 de agosto de 2011.

Al respecto, señala el autor que “organizaciones no gubernamentales denuncian que alrededor de las seis horas del lunes 9 de enero, se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos”.

También refiere que las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con objeto de que sus padres se entregaran y, además, según los datos recabados 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.

Señala el proponente que autoridades mexicanas acudieron el 19 de diciembre de 2011 al campamento para convencer a las personas de que se retiraran a Guatemala y que recibirían el apoyo de las autoridades mexicanas, y que el 04 de enero de 2012, se comunicó a las autoridades mexicanas que las familias guatemaltecas no deseaban regresar por el momento a Guatemala y que esperarían al resultado de negociaciones con su gobierno para una posible reubicación, quedando las autoridades mexicanas a la espera de estos acuerdos.

Por lo que formula los siguientes

“Puntos de Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública federales, así como a los comisionados del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 115 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a abstenerse de repatriar a las familias guatemaltecos que se encontraban asentados en la franja fronteriza entre Guatemala y México, en territorio Tabasqueño, así como para que se salvaguarden y garanticen sus derechos humanos.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en ejercicio de sus facultades, se dé inicio a una investigación a fin de deslindar responsabilidades por la probable violación de derechos humanos en contra de las refugiadas y los refugiados guatemaltecos en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.”

II. En la segunda proposición con punto de acuerdo se manifiesta lo siguiente:

Que el pasado 9 de enero, 90 familias guatemaltecas refugiadas que fueron expulsadas de forma violenta de la comunidad Nueva Esperanza, en Guatemala, adonde supuestamente no podían volver porque sus vidas corrían peligro, también fueron violentamente desalojadas de un campamento en Tenosique, Tabasco, mismas que se encontraban asentadas en este municipio desde el 23 de agosto de 2011.

Que diversas organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos humanos, denunciaron presuntas violaciones a las garantías individuales de estos migrantes guatemaltecos durante el operativo encabezado por el Instituto Nacional de Migración (INM). Toda vez que estas familias de refugiados fueron arbitrariamente subidas a camiones y violentadas físicamente durante el operativo policiaco, donde se detuvo a niños que fueron separados de sus familias para obligar a los padres a regresar a Guatemala.

Que según los datos proporcionados por organizaciones pro derechos humanos, decenas de personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y conducidas a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.

Asimismo, señala la proponente que desde diciembre del año pasado y principios de este, existían negociaciones entre el Centro de Derechos Humanos Usumacinta y las autoridades mexicanas para concretar la reubicación de estas familias guatemaltecas.

También, señala la proponente que el pasado 19 de diciembre del año pasado, autoridades mexicanas intentaron convencer a los extranjeros de regresar a su país, pero ellos pidieron esperar las negociaciones con sus autoridades para una posible reubicación antes de tomar la decisión y para resguardar su integridad física.

Por lo que formula el siguiente

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, su intervención directa para determinar acciones conjuntamente con el presidente de Guatemala, conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados guatemaltecos que fueron arbitrariamente desalojados por personal del Instituto Nacional de Migración, policías federales y municipales, la madrugada del 9 de enero del presente año, en el municipio de Tenosique, Tabasco, poniendo en riesgo la salvaguarda de sus derechos humanos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a ejercer su facultad de investigación sobre violaciones graves de derechos humanos en el caso de las 90 familias guatemaltecas que fueron desalojadas en forma violenta de su refugio en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de diciembre del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que envie un informe pormenorizado a esta soberanía sobre los hechos ocurridos la madrugada del 9 de enero de 2011, durante el desalojo de 90 familias de refugiados guatemaltecos, encabezado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.”

III. La comisión dictaminadora considera que por la coincidencia de fondo en la materia, en cuanto a que las dos proposiciones tienen por objeto referirse al tema de la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes extranjeros que transitan o se encuentran en territorio mexicano, así como sobre los hechos ocurridos la madrugada del 9 de enero de 2011, durante el desalojo de familias de refugiados guatemaltecos, encabezado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales, por racionalidad práctica y economía procesal parlamentaria, es pertinente atenderlas en un mismo dictamen.

El cuerpo de asistencia técnica de esta Comisión Dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos de comunicación lo expresado por los proponentes:

El Universal, en su versión electrónica del 31 de agosto de 2011, señala que “Un grupo de campesinos guatemaltecos se refugió sobre la línea divisoria de México-Guatemala, luego de ser desalojados y quemadas sus viviendas en la aldea Nueva Esperanza, Petén, en Guatemala. Este pueblo, conformado por alrededor de 90 familias, que prácticamente fue expulsado de su país, huyó hacia este punto ubicado entre una zona serrana y selvática de la frontera de México y Guatemala.”

El Universal, en su versión electrónica del 10 de enero de 2012, señala: “Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que guatemaltecos fueron desalojados con lujo de violencia al amanecer del lunes 9 de enero de 2012 del campamento en Tenosique, Tabasco” “durante el operativo policiaco se detuvo a niños para obligar a los padres a proceder como querían los policías”. “Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia”.

Sin embargo, encontró mayores datos que los aportados por estos, entre los cuáles:

Reforma, en su versión electrónica del 23 de diciembre de 2011, señala: “El comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, entregó despensas, medicamentos, cobertores, agua embotellada, juguetes y piñatas, a 69 familias guatemaltecas desalojadas que permanecen en Tenosique, Tabasco, desde el 23 de agosto pasado.”

Asimismo, El Universal, en su versión online de fecha 10 de enero de 2012, señala: “El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán, desmintió que fuerzas federales desalojaran de manera violenta a 71 guatemaltecos asentados en una propiedad ejidal de Nuevo Progreso, municipio Tenosique, Tabasco, ya que en todo momento se preservaron sus derechos humanos.”

“Beltrán del Río dijo que el gobierno federal actúo por razones humanitarias en el rescate de las familias guatemaltecas ubicadas en el municipio tabasqueño desde el 23 de agosto, tras ser desalojadas por la Policía Nacional Civil de su país al estar asentadas en la zona natural protegida de la Sierra del Lacandón.”

“En entrevista con Notimex informó que el organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), prepara un informe detallado de la revisión migratoria que se hizo la víspera a los nacionales chapines, antes de ser trasladados a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, donde se encuentran.”

“Es falso (el desalojo), fue una revisión migratoria que se realizó para definir su estatus migratorio en nuestro país. Ya se les había invitado anteriormente, personalmente lo hice el 22 de diciembre y el pasado 3 de enero volví con el jefe de la Unidad de Gobierno de la Segob, a conminarlos a que regresen a Guatemala”, explicó.

Respecto al llamado de diversas organizaciones de derechos humanos sobre los acontecimientos, el comisionado agregó que “seguramente están mal informados, dado que las cosas no ocurrieron como ellos aseguran”.

La comisión dictaminadora coincide en la urgente necesidad que conforme a lo señalado en el artículo 1o. constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de otorgar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte y dar las garantías para su debida protección de toda persona que se encuentre en nuestro territorio, entre ellas a los migrantes extranjeros.

En este sentido, la comisión dictaminadora señala que el fundamento constitucional de la protección de los derechos humanos y garantías, especialmente de los migrantes extranjeros, se encuentra en los artículos 1o. y 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente textualmente señalan:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades , en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República , salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia , sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Por ello, esta comisión dictaminadora concuerda con los legisladores proponentes en el sentido de que es necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conozca de las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal y el comisionado del Instituto Nacional de Migración han emprendido para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías, y la debida protección y seguridad personal de los migrantes guatemaltecos que temporalmente se internaron en territorio mexicano; y para que, específicamente, este órgano legislativo actualice su información respecto a los avances que el Gobierno Federal, tenga en relación con el desalojo de las familias guatemaltecas del lunes 9 de enero de 2012 del campamento en Tenosique, Tabasco.

De la misma forma, para esta comisión dictaminadora resulta impostergable que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, realice un replanteamiento de sus políticas y programas en materia de seguridad pública, de tal forma que los derechos y garantías de igualdad, libertad, libre tránsito, debido proceso, de todo individuo que se encuentre físicamente en territorio nacional, sean plenamente respetadas; y que, de manera particular, la integridad personal de los extranjeros que por diversas circunstancias, con o sin documentos, transiten o residan en el país sea protegida. Esta Comisión considera que México, a través de sus autoridades competentes, debe otorgar a sus visitantes el mismo trato, de dignidad y decoro, que para sus nacionales demanda a otras naciones, con independencia de su estatus migratorio.

Se destaca que los proponentes, senadores Adolfo Toledo Infanzón y María Elena Orantes López, coinciden sustancialmente en las propuestas anteriores, al solicitar que se esclarezcan los hechos suscitados en la comunidad de Tenosique, Tabasco, así como que se respeten los derechos humanos de los migrantes guatemaltecos.

También, los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de los proponentes de fomentar el respeto a los derechos humanos y a los organismos de protección de los mismos, por lo que toman en consideración lo establecido en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la letra dice:

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano , los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas , no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

...

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

...

...

...

...

...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos , cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

En tal virtud, como lo solicitan ambos proponentes, esta comisión dictaminadora, considera procedente exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que ejerza su facultad de investigación sobre violaciones graves de derechos humanos en el caso de las familias guatemaltecas que fueron desalojadas en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de diciembre del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales, conforme a la competencia que le otorga la Constitución.

Por lo que respecta a la solicitud de pedirle al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, su intervención directa para determinar acciones conjuntamente con el presidente de Guatemala, conducentes a remediar la situación de las familias de los refugiados guatemaltecos, esta comisión dictaminadora considera procedente exhortar al titular del Ejecutivo federal, para que instruya a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender las negociaciones y diligencias entre la comunidad y el gobierno guatemalteco, a fin de definir las acciones que correspondan para solucionar la problemática de esas familias guatemaltecas.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender las negociaciones y diligencias con el gobierno guatemalteco, a fin de definir las acciones que correspondan para solucionar la problemática de las familias guatemaltecas que se encontraban en el municipio de Tenosique, Tabasco.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Gobernación y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, rindan en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las medidas administrativas y acciones implementadas que han emprendido para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías, y la debida protección y seguridad personal de los migrantes guatemaltecos que temporalmente se internaron en territorio mexicano; y respecto a su desalojo del lunes 9 de enero de 2012 del campamento en Tenosique, Tabasco.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ejercer su facultad de investigación sobre las posibles violaciones graves de derechos humanos en el caso de las familias guatemaltecas que fueron desalojadas de su refugio en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de enero del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo a fin de modificar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a modificar en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas las reglas de operación o definir lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a fin de operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, cita una serie de datos estadísticos para mostrar que en la población y en las regiones indígenas se concentran los indicadores más desfavorables de nivel de vida y desarrollo humano, en relación con el resto de la sociedad mexicana, para concluir que lo anterior denota que los recursos que ha ejercido la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) en el Programa de Estructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, fueron insuficientes para atender a más del 10 por ciento de la población nacional que es la indígena y evidencia que los mecanismos de operación para la ejecución de los proyectos originarios, “son anacrónicos y son necesarios nuevos modelos acordes a la necesidad de los pueblos indígenas”.

Que a la CNDPI corresponde ejecutar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) en 62 pueblos originarios del país; que actualmente el acuerdo de coordinación con las entidades federativas establece en su cláusula IV, tercer párrafo, que los gobiernos de los estados manejarán los recursos del PIBAI a través de una cuenta bancaria específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos del Programa, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen, y concluye que los recursos autorizados para el ejercicio fiscal de 2011 no fueron ejercidos con oportunidad dada la falta de operatividad de los gobiernos de los estados (provocando con ello un claro subejercicio), y que no se cuenta con mecanismos de control y de verificación de los procesos de licitación, adjudicación y contratación de las obras.

Afirma la proponente que en este año electoral se hace necesaria la reglamentación de mecanismos ágiles para que los recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas cumplan el propósito para el que fueron autorizados y que la ley de la CNDPI en su artículo 9, fracción III, faculta a la junta de gobierno para que pueda: “Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado”, y que, por su parte, el Estatuto Orgánico de la CNDPI, en su artículo 25, fracción VIII, faculta a las delegaciones estatales a proponer convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas y, en su fracción IX, a apoyar los procesos para la licitación de obra pública, adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios que requiera la comisión en su ámbito territorial.

Por ello, formula el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a efecto de que en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), se modifiquen las reglas de operación o, en su caso, se definan lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente con el planteamiento y la propuesta de la autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, en virtud de que se encuentra debidamente sustentada en los hechos y fundamentada en derecho, según a quedado expresado en la consideración anterior, y sólo proponen algunas modificaciones menores de corrección y estilo.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, al titular del Ejecutivo federal, se sirva instruir a la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que se modifiquen las reglas de operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) y, en su caso, se definan lineamientos y criterios sobre la operación de los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica p.a.), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la tipificación del delito de feminicidio en las entidades federativas

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los congresos estatales a tipificar el delito de feminicidio, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

En la proposición con punto de acuerdo, se manifiesta lo siguiente:

Que la Cámara de Diputados aprobó y remitió a la colegisladora diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal y a las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal y Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el objeto de tipificar el delito de feminicidio.

Señala que al considerar que al tipificar al feminicidio como un nuevo tipo penal en el Código Penal Federal, dicha reforma puede marcar la pauta para aquellas entidades federativas que aún no lo han previsto en su marco jurídico local.

Afirma la proponente que el feminicidio ha sido tipificado, en nueve entidades federativas: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Por ello, resulta imperativo que el resto de las entidades asuman la existencia del feminicidio como un problema social, a efecto de que lo tipifiquen, toda vez que las muertes violentas de mujeres continúan en aumento; y que es responsabilidad de cada una de las entidades tomar todas las medidas necesarias, en ejercicio de su deber, para evitar que la violencia contra las mujeres continúe siendo un hecho que ocurra impunemente en el país.

En este sentido, señala que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país de enero de 2009 a junio de 2010. Y en los años 2007 y 2008, documentó el asesinato de mil 221 mujeres en 13 estados de la república: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.

Ante esta situación, la proponente considera que al discutir y en su caso aprobar reformas a los códigos penales de los estados representará la responsabilidad estatal en la prevención, combate y erradicación de los crímenes contra las mujeres, y en el abatimiento de la impunidad que los rodea.

Por ello, afirma la proponente que exhortar a las entidades federativas para avanzar en los cambios legales necesarios en el ámbito local obedece a que el fenómeno y los asesinatos de mujeres no cede, y merece respuestas legislativas.

Con lo anterior, formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, con apego al pacto federal, a tipificar en sus respectivos códigos penales el delito de feminicidio. Lo anterior, a fin de armonizar los marcos jurídicos locales con el nacional.”

La comisión dictaminadora toma en cuenta que la propuesta materia del presente dictamen, resulta congruente con la reforma realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 11 de junio de 2011, para incorporar en su Título Primero a los derechos humanos y las garantías, reconociendo que los primeros se encuentran consagrados en dicha Constitución y en los Tratados Internacionales que México ha suscrito y ratificado en la materia.

También, toma en cuenta que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, al igual que de la Organización de Estados Americanos, entre otros organismos internacionales, y a través de la firma y ratificación de diversos tratados internacionales, se ha comprometido a reconocer y garantizar los derechos humanos ante la comunidad internacional.

Teniendo como base esos principios y objetivos, la comunidad internacional ha venido construyendo un marco legal internacional protector de los derechos humanos y sus garantías que todas las personas en cualquier parte del mundo podamos disfrutar; desde el consenso logrado en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se ha registrado un avance significativo en la construcción de tratados internacionales para hacer visibles los derechos humanos, pero sobre todo para garantizar su respeto. Este esfuerzo nos permite contar hoy en día, con un conjunto de normas de protección para las personas, con el propósito de acompañar su desarrollo en igualdad de condiciones y en libertad.

Es por ello que México al sumarse a este esfuerzo internacional en la construcción del llamado marco internacional de los derechos humanos, también se suma al reconocimiento de valores universales, que debe abanderar, respaldar, pero sobre todo asegurar a las personas el pleno ejercicio de sus derechos humanos, es así que al signar y ratificar instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el país asume compromisos que tiene la obligación de garantizar a sus connacionales y por supuesto siendo valores universales, a las personas que se encuentren en su territorio.

En este sentido, por lo específico que entrañan las violaciones a la dignidad humana que sufren las mujeres –a partir de los roles y estereotipos atribuidos socialmente– es que se ha hecho necesario conferir un carácter particular al reconocimiento de sus derechos humanos y sobre todo, a la protección de los mismos. De tal manera que, como lo afirma la proponente, el pasado 13 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados, aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual tipifica el feminicidio como delito grave, y sancionarlo con penas que van de los 40 a los 60 años de prisión.

Si bien es cierto que dicha reforma se encuentra en estudio por la colegisladora, por lo que el proceso legislativo no ha concluido, esta comisión dictaminadora considera que se dio un paso importante para acabar con la impunidad en el homicidio y otros agravios contra las mujeres y con ello el Estado mexicano podrá dar cumplimiento a convenios internacionales.

Por ello, la comisión dictaminadora coincide en que el Estado mexicano debe respetar y difundir los Derechos Humanos mediante mecanismos institucionales y con pleno apego a las leyes nacionales, y documentos internacionales que sean ratificados y aprobados por las instituciones del poder público que corresponden.

De ahí que la comisión dictaminadora considera los artículos constitucionales que son fundamento para ratificar y aprobar instrumentos internacionales, como los siguientes:

Artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;”

Artículo 133 constitucional, que a la letra dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

El artículo 76 Constitucional, fracción primera, párrafo segundo, que señala:

I....

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;”

De tal forma que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la república, con aprobación del Senado, son la Ley Suprema de toda la Unión.

Los integrantes de la comisión dictaminadora toman en cuenta como lo afirma la proponente que “el feminicidio ha sido tipificado, en nueve entidades federativas: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz”, y hacen suyos los planteamientos de la proponente al señalar que “resulta imperativo que el resto de las entidades asuman la existencia del feminicidio como un problema social, a efecto de que lo tipifiquen como un nuevo tipo penal, toda vez que las muertes violentas de mujeres continúan en aumento, por lo que es responsabilidad de cada una de las entidades tomar todas las medidas necesarias, en ejercicio de su deber para evitar que la violencia contra las mujeres continúe siendo un hecho que ocurre impunemente en el país.”

El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Sin embargo, en razón de la materia que se trata, esta comisión dictaminadora, considera que el Estado mexicano debe de poner particular atención a la eliminación de la discriminación y la violencia que sufren las mujeres; lo que explica que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos las identifiquen y las condenen, al mismo tiempo que se solicita a los Estados lleven a cabo una política pública y legislación para erradicarlas.

De tal manera que los integrantes de la comisión dictaminadora consideran procedente exhortar a las entidades de la República en las que no se haya tipificado el delito de feminicidio a tomar todas las medidas necesarias, en ejercicio de su deber para evitar que la violencia contra las mujeres continúe siendo un hecho que ocurre impunemente en el país.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas en las que no se haya tipificado el delito de feminicidio a tomar todas las medidas necesarias, en el ámbito de su jurisdicción y competencia, para tipificar en sus respectivos códigos penales el delito de feminicidio, promoviendo, en su caso, la armonización de la legislación en la materia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la publicidad de la administración local donde se promueven la imagen y el nombre del gobernador de Colima

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a retirar la publicidad de la administración local donde se promueven la imagen y el nombre del gobernador, a cargo de los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. Los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, en su capítulo de consideraciones, señalan la trascendencia de la reforma electoral aprobada en el año 2007, entre cuyos temas destacan delimitar los tiempos, espacios y canales de comunicación empleados por los partidos políticos para difundir sus campañas y propaganda, así como la fiscalización de los recursos empleados; se refieren en forma general a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para luego referirse a la normatividad que corresponde al informe anual de labores o gestión de los servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional y el artículo 228, apartado 5, del Cofipe. Acto seguido invocan lo dispuesto en el artículo 182 del Código Electoral del Estado de Colima, que regula específicamente el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, que establece los mecanismos y las reglas para la publicidad de dicho informe.

A continuación, presentan una narración de hechos, que se transcribe a continuación:

“1. El 18 de diciembre de 2011, el gobernador de Colima presentó su segundo informe anual de actividades; promovió dicho acto a través de la contratación de un conjunto de espectaculares colocados en las principales vías de comunicación. Destacan los situados en el bulevar Miguel de la Madrid, en Manzanillo, en la avenida Insurgentes, en Tecomán; en Villa de Álvarez por las avenidas del tercer anillo del periférico, Sevilla del Río, San Fernando, así como avenidas Juárez y San Pablo Silva y en la capital del estado, los cuales a más de 20 días de haber acontecido el acto no han sido retirados, incumpliendo con ello lo establecido en el Código Electoral del Estado de Colima, violando a todas luces uno de los principios fundamentales que un cabeza de gobierno debe respetar, “principio de legalidad”, denotando con ello una vez más la poca seriedad y el abuso de autoridad que ejerce el funcionario citados para evadir el cumplimiento estricto de la ley.

2. Como se lee, los actos mencionados representan hechos violatorios de los artículos 182 del Código Electoral del Estado de Colima y 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto al ámbito de la temporalidad permitida para difundir el informe de actividades de cualquier servidor público.

Lo anterior, en virtud de que en lo señalado, en este caso se prevé la publicidad del informe anual de labores o gestión de los servidores públicos deberá realizarse sólo una vez al año sin exceder de los “siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que fue rendido el informe” , por lo cual la exposición por más de 20 días de los espectaculares que promueven la imagen del servidor público difundiendo el informe viola lo dispuesto en la ley suprema de la federación y en los códigos electorales, tanto federal como local, demostrando cabalmente con estos hechos desinterés en que la ley sea cumplida y, sobre todo, el abuso en el ejercicio del poder que ha propiciado que estos actos sigan impunes y que la democracia de los colimenses no sea respetada.

3. Debido a que se han sobrepasado los tiempos fijados en la ley, dichos espectaculares pasan a interpretarse como una forma de propaganda política que transgrede de manera directa el artículo 134 de la Constitución federal, dado que por el tiempo que llevan expuestos han dejado de tener un fin únicamente informativo para constituirse en un medio de difusión personalizada de la figura de este servidor y, por ende, del partido político de que es militante.

Es tal la urgencia del presente asunto que estamos en un punto en el cual de no retirarse la propaganda, podría seguir difundiéndose durante los tiempos electorales próximos, cuestión que hoy parece inevitable pues no hay voluntad de este funcionario beneficiado de tal violación normativa de retirar sus promocionales y, alarmantemente, tampoco de la autoridad respectiva de hacer cumplir la ley electoral y menos pensar en aplicar la sanción correspondiente.

4. Sin duda, la ley es clara en cuanto a los tiempos de presentación y difusión del informe de actividades de un servidor público, por lo cual para asegurar la equidad en la competencia electoral, ésta debe ser imparcial y no considerar terceras causas que excluyan la responsabilidad de dichos actos, como que la empresa contratada para difundir los señalados informes no haya retirado los espectaculares que promueven su informe de actividades y su imagen.

En este sentido, la preocupación resultaría doble, pues el funcionario no sólo estaría violando la ley electoral sino que, además, estaría permitiendo que una empresa no cumpla un contrato que debió realizarse tomando en cuenta los plazos señalados en materia electoral, demostrando además de lo referido en los hechos anteriores una incapacidad para exigir el cumplimiento de la ley.

En virtud de lo señalado en los numerales anteriores, se considera necesario exhortar al Instituto Electoral del Estado de Colima a realizar las acciones correspondientes para el retiro de toda publicidad del gobernador que con el pretexto de difundir su respectivo informe ha violentado la ley electoral estatal, así como a establecer las sanciones correspondientes en virtud de dichos actos.

Asimismo, resulta vital para garantizar el respeto de los principios de equidad y transparencia en la publicidad y los recursos destinados a dicho rubro, de acuerdo con el mencionado artículo 134 de la Carta Magna, solicitar al gobierno de Colima que rinda un informe detallado sobre los recursos y los instrumentos empleados en materia de publicidad en la presente gestión.”

Los proponentes formulan el siguiente proyecto de:

“Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a verificar y realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones conducentes a retirar publicidad del gobierno de Colima donde se promueven la imagen y el nombre del licenciado Mario Anguiano Moreno, con motivo de su segundo informe de actividades, y a tomar las acciones legales a que haya lugar por el evidente incumplimiento de la ley electoral.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Colima a rendir ante esta soberanía un informe detallado sobre los instrumentos y el uso de recursos en el rubro de publicidad durante su gestión.”

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

El artículo 41 de la CPEUM establece que:

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal

Por su parte, el artículo 116 de la misma Constitución Federal establece, en su párrafo segundo:

Artículo 116. ...

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

...”

En el caso, como reconocen expresamente los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se trata de asuntos que son materia de la Constitución y del Código Electoral del estado de Colima, que determinan la jurisdicción y competencia de las autoridades de esta entidad, excluyente de las autoridades federales.

Existe coincidencia en las disposiciones comentadas de ambos órdenes de gobierno, pero eso no justificaría la injerencia del Congreso de la Unión en materias de la jurisdicción y competencia de los órganos autónomos del estado de Colima, por lo que no se considera apropiado que se apruebe el exhorto en los términos propuestos, sino que simplemente se remita el expediente al Instituto Electoral del estado de Colima, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Tampoco se estima procedente que se exhorte al gobernador de Colima a rendir a esta soberanía un informe sobre los instrumentos y el uso de recursos en el rubro de publicidad durante su gestión, porque tal proposición no se encuentra debidamente sustentada y porque exclusivamente se inserta en el ámbito de lo electoral que, como se ha señalado, corresponde a la jurisdicción y competencia de las autoridades estatales.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Remítase el asunto al Instituto Electoral del Estado de Colima, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica p.a.), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Congreso de Coahuila a respetar el principio de igualdad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso de Coahuila a respetar el principio de equidad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina cita como un hecho vergonzoso para las mujeres y su lucha permanente por revocar las cuotas de género en materia de representación política y alcanzar la igualdad en ellas un acuerdo específico adoptado en Coahuila, conforme a los siguientes hechos:

Previamente a los trabajos de instalación de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal, la diputada local electa Norma Alicia Delgado Ortiz solicitó licencia indefinida para dar paso a Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien asumió el cargo de diputado.

Entre los argumentos vertidos a la prensa figuran los de preservar los acuerdos de la alianza formada por tres partidos políticos –Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Unión Democrática de Coahuila– para que todos tuviesen representación en la legislatura estatal.

Con la aprobación de la licencia indefinida se mostró con toda claridad que las cuotas de género previstas en las normas electorales son burladas sistemáticamente y que están sujetas a negociaciones entre partidos, lo que da pie a simulaciones descaradas que no pueden ser justificadas con la prevalencia de acuerdos entre aliancistas.

Esta falta de ética política de los dirigentes de los partidos choca frontalmente con la preocupación que este tipo de prácticas ha propiciado en el Congreso General. Asimismo, resulta deleznable la colaboración de la diputada Delgado Ortiz, quien se prestó a la consumación de esta maniobra.

Cabe destacar que el Código Electoral de Coahuila de Zaragoza señala en el artículo 17 que los partidos políticos impulsarán la paridad de género, por lo que los candidatos propietarios a diputados por ambos principios de cada partido político deberán ser de 50 por ciento de un mismo género. Asimismo, que tratándose de las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, deberán integrarse por segmentos de dos candidatos, uno de cada género. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto, de manera alternada.

Por añadidura, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó recientemente que es obligación de los partidos políticos cumplir cabalmente las cuotas de género establecidas en la legislación, y a la autoridad electoral corresponde exigir su cumplimiento.

En ese tenor, resolvió que los partidos deben ser observantes de la cuota de género vigente, por lo que deben postular al menos 40 por ciento de candidaturas de un mismo sexo por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

Con dicha sentencia, las candidaturas a las Cámaras de Diputados y de Senadores, tanto en las fórmulas de mayoría relativa como las de representación proporcional, serán integradas por personas del mismo sexo; ello, para evitar que se registren casos como el de las llamadas “Juanitas”.

Como apunte final, tenemos presente que el pasado 15 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente reformas diversas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de establecer que las fórmulas a cargos de representación popular por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional estén formadas por personas del mismo género; es decir , que si la posición del propietario corresponde a una candidata, la suplencia será también mujer...

La autora de la proposición con punto de acuerdo formula el siguiente proyecto de

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso de Coahuila de Zaragoza a respetar el principio de igualdad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal; lo anterior, a fin de preservar los avances que en materia de representación política han alcanzado las mujeres coahuilenses.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Coahuila a subsanar esta falta de sujeción a las normas en materia de representación política reintegrando en su curul a la diputada Norma Alicia Delgado Ortiz.

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y de las normas que rigen el federalismo que impera en el sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

El artículo 41 de la CPEUM establece:

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Por su parte, el artículo 116 de la misma Constitución federal establece en el párrafo segundo:

Artículo 116. ...

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. ...

II. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de 9, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

Los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;

...

En el caso, como reconoce expresamente la autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se trata de asuntos que son materia de la Constitución y del Código Electoral de Coahuila, que determinan la jurisdicción y competencia de las autoridades de esta entidad, excluyente de las autoridades federales.

Hay coincidencia en la intención de las disposiciones comentadas de ambos órdenes de gobierno y los integrantes de la comisión dictaminadora expresaron su convicción de promover el más estricto respeto a las normas relativas a la equidad de género en materia electoral, pero eso no justificaría la injerencia del Congreso de la Unión en materias de la jurisdicción y competencia de los órganos autónomos del estado de Coahuila, por lo que no se considera apropiado que se apruebe el exhorto en los términos propuestos, sino que simplemente se remita el expediente al Instituto Electoral del Estado de Coahuila, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Remítase el asunto al Instituto Electoral del Estado de Coahuila, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente

Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, en la fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, en el párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Metodología

La Segunda Comisión elabora el presente dictamen con punto de acuerdo, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. El capítulo Antecedentes expone el trámite del proyecto de mérito desde el inicio del proceso legislativo, presentación y turno para dictamen y los trabajos de la comisión al efecto.

II. El capítulo Contenido de la proposición reproduce los resolutivos a efecto de conocer con precisión la propuesta.

III. El capítulo Consideraciones contiene los argumentos y valoración de los integrantes de esta Segunda Comisión al punto de acuerdo, que motivan el presente dictamen.

IV. El capítulo Modificaciones de la dictaminadora establece las adecuaciones a los resolutivos propuestos que esta Comisión ha considerado pertinentes.

Antecedentes

I. Con fecha 4 de enero de 2012, la senadora Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América.

II. En sesión celebrada en la misma fechar la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a esta Segunda Comisión para estudio y dictamen.

III. Recibido el proyecto de mérito, los integrantes de esta comisión procedimos a su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

El proyecto en estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones y cinco puntos resolutivos que a letra apuntan:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR34D1, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por sus contenidos extraterritoriales, intervencionistas y lesivos de la soberanía nacional, así como de los principios de responsabilidad compartida, respeto a la ley y confianza mutua en los que se basa nuestra cooperación bilateral.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Mesa Directiva comunicar el contenido íntegro de esta proposición a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso estadounidense.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores ya la Embajada de México en Estados Unidos a redoblar los esfuerzos encaminados a informar a los congresistas estadounidenses sobre el daño que iniciativas como ésta infringen a nuestra relación bilateral.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar con la brevedad posible a los integrantes de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, así como a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, del Senado de la República y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional un informe detallado sobre la cooperación bilateral en materia de lavado de dinero que contenga, hasta donde lo permita la ley y sin menoscabo de consideraciones de seguridad nacional, una evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la fecha así como una estimación sobre los beneficios esperados a mediano plazo.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República a establecer un grupo de trabajo multidisciplinario, que incluya a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, encargado de proponer cambios y elaborar un proyecto de actualización de los contenidos de los denominados Acuerdos de 1992, con la finalidad de establecer atribuciones y límites claros a la actuación de agentes de corporaciones de inteligencia de Estados Unidos, así como incorporar nuevos mecanismos de cooperación acordes con la magnitud de los desafíos actuales en materia de combate al crimen organizado transnacional.”

Consideraciones

Luego de proceder al estudio de los postulados de la proposición de mérito, para los legisladores de esta comisión dictaminadora, su contenido y los resolutivos propuestos resultan tan viables como oportunos, al haberse identificado disposiciones extraterritoriales que de convertirse en ley vulnerarían la soberanía mexicana.

El proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada, “HR 3401 Enhanced Border Security Act”, cuyo texto íntegro puede encontrarse en el portal oficial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, plasma la sección 2, “el propósito de esta iniciativa es proteger a los ciudadanos de Estados Unidos de amenazas externas mediante el establecimiento y aplicación de tácticas apropiadas de contrainsurgencia bajo una estrategia coordinada y focalizada para combatir la insurgencia terrorista en México sostenida por organizaciones terroristas trasnacionales mediante la utilización de capacidades institucionales para (1) asegurar la frontera entre Estados Unidos y México; (2) acotar la habilidad de dichas organizaciones para financiar sus operaciones con fondos de Estados Unidos en el extranjero; (3) incrementar la habilidad del gobierno de México para: (a) reducir la violencia; (b) disminuir la corrupción; (e) optimizar la cooperación entre organizaciones militares y policiales (d) estabilizar comunidades; y (e) fortalecer las instituciones gubernamentales funcionales”. Las secciones siguientes contienen los mecanismos pretendidos para el cumplimiento de estos objetivos, algunas de las cuales se abordarán más adelante.

Como es evidente, el proyecto de ley impulsado por el representante de Florida, Connie Mack, y apoyado por seis legisladores más de distintos estados de la Unión Americana, asume jurisdicción supranacional, específicamente en México. Así entonces, la iniciativa pretende el establecimiento de medidas unilaterales que en la más benévola interpretación, son parte de la agenda bilateral, pero en todo momento corresponden a cuestiones soberanas de nuestro país.

Incluso, la iniciativa desestima y califica como fallido el mecanismo que, más allá de las consideraciones que desde el amplio abanico de posiciones ideológicas en México, resulta efectivamente bilateral, es decir, la Iniciativa Mérida. El séptimo numeral de la sección tercera de la iniciativa en comento, señala que la Iniciativa Mérida ha sufrido retrasos programáticos asociados con la ausencia de puntos de referencia exitosos.

Ahora bien, la sección 5, numeral 7, apartado C, de la multicitada iniciativa establece una serie de disposiciones que obligan a las autoridades americanas y pretenden obligar a las mexicanas, para establecer mecanismos de coordinación y, lo que es inaceptable, implementar políticas públicas dictadas desde Estados Unidos. Evidentemente, en materia de seguridad es deseable una cooperación multilateral, pero ésta debe ser negociada y acordada entre Estados, como pares.

En este sentido, es motivo del extrañamiento del Congreso de la Unión, el que se intente establecer una estrategia de contrainsurgencia que asuma a Estados Unidos como ente capaz de evaluar las capacidades de las autoridades militares y policiales mexicanas en el combate al narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, la extorsión y el robo de gasolina. Más inverosímil resulta aun el se pretenda dar fundamento legal a las acciones de agencias federales estadounidenses para “aislar” y “neutralizar” a organizaciones delictivas (o calificadas como delictivas por una potencia extranjera, más no necesariamente por México) al interior de nuestro país. Evidentemente no puede más que motivas un enérgico rechazo el que se pretenda establecer un plan de acción que se expresaría en políticas públicas impuestas a México. Por supuesto, ello no ocurrirá.

Con lo anteriormente apuntado, resulta preocupante la ley propuesta en el país vecino, fundamentalmente porque de entrar en vigor, al pretender aplicar sus disposiciones es muy probable que se condiciones aspectos que dañen la relación bilateral. Al respecto, hacemos nuestras las consideraciones de la promovente al señalar lo siguiente:

“Otras preocupaciones igualmente válidas sobre el contenido de esta iniciativa tienen que ver, por ejemplo, con la manera en que esto podría dar pie a un nuevo proceso de certificación antidrogas como el que se abandonó a partir de 2001, con la ausencia de consideraciones sobre la importancia de respetar las normas del debido proceso y los derechos humanos así como sobre el tratamiento de información critica para nuestra seguridad nacional.”

Asimismo, coincidimos con la senadora Adriana González Carrillo cuando refiere que “es evidente en toda la iniciativa, se intenta poner fin a la cooperación bilateral enmarcada en programas como el de la Iniciativa Mérida, para dar paso a una estrategia distinta sin respeto a la jurisdicción y a las leyes de nuestro país, sin la participación activa del gobierno mexicano y haciendo a un lado todo lo construido en materia de responsabilidad compartida y confianza mutua”. Aun persiste inexplicado el alcance de la fallida operación Rápido y Furioso, en el que organizaciones criminales en México fueron fortalecidas con recursos económicos y armas desde el gobierno estadunidense. En este sentido, hemos de ser especialmente enfáticos, México no consiente actitudes intervencionistas de nación alguna y si bien, considera sanas las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, ve también con preocupación el que se dé trámite legislativo a una propuesta a todas luces contraria a la legalidad, tanto en Estados Unidos, como en México.

Ahora, si bien no es objeto de este dictamen calificar la estrategia del combate al narcotráfico en México, pues desde el país, existen diversas concepciones sobre el tema, todas, condenando la execrable actividad de los grupos delictivos (principalmente de narcotráfico) y algunas criticando en mayor o menor medida la estrategia adoptada por el Ejecutivo federal; también es necesario señalar que el diagnóstico que se haga desde Estados Unidos, será respetable siempre y cuando no pretenda consecuencias fuera de sus fronteras; por esto, no se aborda en el presente dictamen las consideraciones de la promovente respecto de la tipificación de los narcotraficantes como terroristas o insurgentes ni de lo adecuado o inadecuado de la estrategia federal en la materia, pues al no cumplirse en la condición antes expresada, lo acertado o errado del diagnóstico pasa a segundo término, siendo el elemento principal nuestro rechazo a pretensiones intervencionistas.

Modificaciones de la dictaminadora

Esta comisión dictaminadora señala su acuerdo total en el fondo de la propuesta, proponiendo breves modificaciones en lo que toca a la parte resolutiva, mismas que a continuación se enlistan:

a) El resolutivo primero, de naturaleza declarativa, permanece en sus términos;

b) El resolutivo segundo, por el que la Comisión Permanente solicita a su Mesa Directiva comunicar el contenido íntegro de esta proposición a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso estadounidense, pasa a ser cuarto, por considerar que los resolutivos restantes se refieren a declaraciones, solicitudes y exhortos, mientras que éste únicamente instruye que sea comunicado, así mismo se cambia la redacción para instruir la remisión de una copia íntegra del presente decreto, al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con un respetuoso exhorto para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de comunicar al titular del Poder Ejecutivo de Estados Unidos de América, así como a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de dicho Estado, sobre el contenido del presente decreto.

e) El resolutivo tercero que contiene un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Estados Unidos, pasa a ser segundo pero permanece en los términos propuestos;

d) El cuarto resolutivo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar un informe detallado sobre la estrategia de cooperación bilateral en materia de lavado de dinero, pasa a ser tercero, además, se cambia el término exhorto por el de solicitud, pues por disposición constitucional y legal, el Congreso de la Unión tiene la prerrogativa de solicitar información, sin requerir que ello se haga mediante un exhorto; asimismo se agrega el término estrategia, al referirse a la cooperación bilateral, y se especifica que el informe no contendrá información reservada o confidencial, a efecto de poner en términos más concisos la leyenda “hasta donde lo permita la ley y sin menoscabo de consideraciones de seguridad nacional”, originalmente contemplada; y

e) El quinto resolutivo se suprime.

Así las cosas, de los cinco puntos resolutivos contenidos en la proposición, los integrantes de esta Segunda Comisión manifestamos nuestro acuerdo con cuatro de los puntos de propuesta en comento, por lo que avalamos con las modificaciones propuestas la parte resolutiva.

Por lo expuesto, esta Segunda Comisión de la Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por sus contenidos extraterritoriales, intervencionistas y lesivos de la soberanía nacional, así como de los principios de responsabilidad compartida, respeto a la ley y confianza mutua en los que se basa nuestra cooperación bilateral.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Estados Unidos a redoblar los esfuerzos encaminados a informar a los congresistas estadounidenses sobre el daño que iniciativas como ésta infringen a nuestra relación bilateral.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República presentar con la brevedad posible a los integrantes de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, así como a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, del Senado de la República, y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional un informe detallado sobre la estrategia de cooperación bilateral en materia de lavado de dinero que sin incluir aquella información calificada como reservada o confidencial, contenga, una evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la fecha así como una estimación sobre los beneficios esperados a mediano plazo.

Cuarto. Remítase copia íntegra del presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con un respetuoso exhorto para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de comunicar al titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América, así como a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de dicho Estado, sobre el contenido del presente decreto.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente

Senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica), senador Carlos Jiménez Macías, secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputada Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), diputado Jorge Rojo García de Alba.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama respecto al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama respecto al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos de América.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, en la fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, en el párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Metodología

La Segunda Comisión elabora el presente dictamen con punto de acuerdo, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. El capítulo Antecedentes expone el trámite del proyecto de mérito desde el inicio del proceso legislativo, presentación y turno para dictamen y los trabajos de la comisión al efecto.

II. El capítulo Contenido de la proposición reproduce los resolutivos a efecto de conocer con precisión la propuesta.

III. El capítulo Consideraciones contiene los argumentos y valoración de los integrantes de esta Segunda Comisión al punto de acuerdo, que motivan el presente dictamen.

Antecedentes

I. Con fecha 11 de enero de 2012, el senador Luis Alberto Villareal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos.

II. En sesión celebrada en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a esta Segunda Comisión para su estudio y dictamen.

III. Recibido el proyecto de mérito, los integrantes de esta comisión procedimos a su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

El proyecto en estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones y dos puntos resolutivos que a letra apuntan:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda las modificaciones propuestas por el presidente Obama al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos y hace votos por la pronta publicación de la regla final del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a fin de que entre en vigor con la brevedad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que exhorte respetuosamente a la administración del presidente Obama a que el “perdón” pro unificación familiar pueda ser aplicable no sólo a familiares de ciudadanos estadounidenses, sino que se haga extensivo también a los familiares de residentes permanentes.”

Consideraciones

Luego de proceder al estudio de la proposición de mérito, tanto en su parte expositiva, como en la resolutiva, para los legisladores de esta comisión dictaminadora su contenido resulta viable y adecuado. En este sentido, cabe señalar que la proposición tiene por objeto expresar el apoyo del Congreso de la Unión a las modificaciones administrativas presentadas por el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos estadounidenses, haciendo votos por su pronta entrada en vigor. Asimismo, contiene un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que proponga a la administración de la Unión Americana que la novedosa figura de “perdón pro unificación familiar” beneficie también a los familiares de residentes permanentes y no sólo a los de los ciudadanos estadounidenses.

En este contexto, cabe señalar que, ciertamente, la medida en comento representa un avance no legislativo muy importante, pues reduciría de manera notable el tiempo de separación que tienen que soportar las familias binacionales, del escenario actual, donde siguiendo estrictamente el proceso, la reunificación puede demorar entre seis meses y una década –en los casos en que por detección de una estancia irregular, se impone como castigo la prohibición de ingresar a territorio estadunidense y el perdón no es otorgado– al escenario proyectado, donde se reducen los requisitos para obtener la indulgencia y en cuestión de semanas, una familia puede estar reunificada.

Cabe señalar que la propuesta planteada, y próxima a adquirir vigor, constituye una visión más comprensiva del fenómeno migratorio que contrasta con las diversas iniciativas que principalmente en el ámbito local, se han estado impulsando para endurecer la ley en materia de migración. Ello se puede interpretar como un limitado pero notorio reconocimiento al papel que juega la comunidad de origen migrante en la sociedad estadounidense.

En tal sentido, los integrantes de esta comisión dictaminadora hacemos nuestra la ilustrativa explicación con la que el proponente motiva su petición, al inferir que los solicitantes de un permiso de residencia permanente que promuevan un perdón pro-unificación familiar, tiene ahora un mecanismo para superar vicios de origen en el procedimiento de regularización que los orillaban a salir de Estados Unidos para poder permanecer ahí.

Si bien es cierto que por ministerio de ley, el procedimiento de reunificación familiar exige la tramitación desde fuera de Estados Unidos y que la misma ley prevé un castigo para aquellos que han violado las normas migratorias, ya sea por haber ingresado a ese país de manera irregular o porque habiendo entrado como turistas han permanecido en aquel por más de seis meses; no menos cierto es que la misma norma contempla una figura de perdón en aquellos casos en los que el ciudadano estadounidense demuestre que la ausencia de su hijo o cónyuge le acarrearía un “perjuicio extremo”, sea económico, de salud o humanitario, como bien apunta el proponente.

Así pues, es en el marco estricto de sus facultades, que el titular del poder ejecutivo en la unión americana ha propuesto simplificar el trámite de indulgencia, para que éste pueda ser resuelto en unos cuantos días o semanas.

Aquí, cabe retomar la lúcida explicación que hace el proponente al señalar que:

“El trámite del ‘perdón’ puede tardar desde seis meses, hasta más de un año. Se espera que la nueva regla pueda reducir el proceso a días o semanas y que estas personas puedan solicitar el ‘perdón’ desde Estados Unidos, antes de regresar a su país. El USCIS examinará su caso y, si lo encuentra válido, concederá una excepción provisional.

Una vez en su país, el familiar en situación irregular se someterá a una entrevista consular. Si no se detectan problemas, el permiso se hará firme y la persona podría regresar a Estados Unidos en cuestión de semanas.”

Asimismo, coincidimos con el proponente en el sentido de que sería deseable que la nueva medida beneficiara también a los familiares de residentes permanentes, tal como ocurre en nuestra legislación, pues cabe acotar que la nueva Ley de Migración promueve la reunificación de mexicanos naturalizados, residentes permanentes e incluso residentes temporales, tales como trabajadores y estudiantes.

En este sentido, parece adecuado que además de saludar los cambios propuestos por el Ejecutivo estadounidense, se le solicite también incluir cuando menos a residentes permanentes, pues las mismas condiciones de daño extremo se pueden presentar con estas personas, a consecuencia de la separación del núcleo familiar.

Así las cosas, esta comisión dictaminadora señala su acuerdo total con la propuesta, por lo que avalamos la parte resolutiva, en los términos aquí presentados.

Por lo expuesto, esta Segunda Comisión de la Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda las modificaciones propuestas por el presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos en dicho país y hace votos por la pronta publicación de la regla final del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a fin de que entre en vigor con la brevedad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que exhorte respetuosamente a la administración del presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, a que el perdón pro unificación familiar pueda ser aplicable no sólo a familiares de ciudadanos estadounidenses, sino que se haga extensivo también a los familiares de residentes permanentes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente

Senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi, senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Gerardo Lozano Arredondo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente del país ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el presidente de la República hace a favor del ciudadano Gerardo Lozano Arredondo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional.

Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, nació en la ciudad de México, DF, el 23 de febrero de 1956, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

De su currículum vitae se desprende que realizó la licenciatura en economía por la Facultad de Estudios Profesionales de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en planeación de la seguridad nacional, por el Centro de Estudios Superiores Navales.

Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el 1 de julio de 1981. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó el cargo de jefe de Departamento de Organismos Regionales y Procesos de Integración en la Dirección de Negociaciones Económicas Multilaterales (1981-1982), fue director de Negociaciones Económicas Internacionales en la misma dirección general (1992-1994), y también se desempeñó como coordinador de asesores del subsecretario de Asuntos Económicos y Cooperación (2002).

En el exterior ha desempeñado el cargo de segundo secretario en la representación de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo, Uruguay (1985-1988); consejero en la Delegación Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza (1988-1992); ministro en la Delegación Permanente de México ante las Naciones Unidas, Nueva York (1994-1998); representante alterno ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, Francia (1998-2001); y ministro para Asuntos Económicos en la Embajada de México en Francia (2001-2002).

Desde octubre de 2007 ocupa el cargo de embajador de México en Santa Lucía, concurrente en Antigua y Barbuda, la Comunidad de Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas.

La Segunda Comisión, que suscribe, citó al ciudadano Gerardo Lozano Arredondo a una reunión donde se analizó su programa de trabajo, los problemas de la política exterior de nuestro país y especialmente de la importancia de la circunscripción de la Embajada en Jamaica y la Mancomunidad de las Bahamas.

La mencionada reunión tuvo lugar el 17 de enero de 2012 y en ella, los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora pudimos comprobar la preparación y el grado de experiencia que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

El programa de trabajo presentado busca responder a las prioridades e intereses de México, teniendo en cuenta el potencial de Jamaica y las Bahamas, a fin de incrementar y fortalecer la presencia de nuestro país.

El plan de trabajo establece las siguientes líneas de acción:

• Profundizar en el conocimiento de la realidad política de los países de adscripción, con el fin de identificar áreas y temas de interés mutuo y apuntalar el entendimiento, el intercambio comercial y la cooperación.

- Realizar reuniones con los principales actores políticos, económicos y culturales, así como medios de comunicación jamaiquinos, y efectuar visitas de trabajo periódicas a la Mancomunidad de las Bahamas, con el mismo fin.

- Dar seguimiento a la actuación de los principales actores políticos de los dos países, y en especial los poderes y centros de decisión, los medios de comunicación y los organismos no gubernamentales.

- Dar seguimiento al desarrollo de la política interna de Jamaica, así como de las Bahamas, con especial atención a los posicionamientos de los partidos políticos.

- Informar periódicamente sobre el estado de la situación política, social y económica de estos países, así como de los principales temas de política exterior, e identificar temas de interés particular para México en los que se pudieran intercambiar puntos de vista o promover acciones conjuntas.

• Fortalecer y ampliar los espacios de comunicación con y entre los principales actores políticos de los países de adscripción en temas de interés común.

- Evaluar periódicamente el estado de las relaciones entre México y los países de la adscripción. Promover la realización y dar seguimiento a los eventuales acuerdos de la VIII Reunión de la Comisión Binacional México-Jamaica, así como a los compromisos de la V Reunión de la Comisión Mixta México-Caricom y la I Cumbre México-Caricom.

- Promover visitas recíprocas de alto nivel que incluyan a jefes de Estado, ministros y otros miembros del gabinete y a los gobernadores de algunos Estados; ello favorecería, no sólo un mejor conocimiento mutuo, sino la identificación de posibles oportunidades de cooperación y de intercambios.

- Promover las relaciones interparlamentarias.

- Analizar posibilidades de acercamiento y cooperación con organizaciones no gubernamentales de los países de adscripción.

- Promover la participación de México en las reuniones regionales e internacionales que se realicen en Jamaica y las Bahamas, así como de estos países en las que se celebren en México.

- Como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, buscaré establecer una relación estrecha con la Secretaría General de la Autoridad de los Fondos Marinos, cuya sede se encuentra en Kingston, con el fin de promover los intereses de México en la materia.

- Propiciar el diálogo con los países latinoamericanos en Kingston, en temas de interés para América Latina y el Caribe con Jamaica.

- Promover, cuando así corresponda, las candidaturas mexicanas ante organismos internacionales en Jamaica y las Bahamas.

• Profundizar en el conocimiento sobre el papel que juegan Jamaica y las Bahamas en las organizaciones regionales y subregionales.

- Dar seguimiento a la participación de Jamaica y las Bahamas en las organizaciones e instituciones regionales y subregionales, así como a las posiciones, propuestas e iniciativas de estos países en temas de interés para México.

- Dar seguimiento a las relaciones políticas de Jamaica y las Bahamas con sus vecinos, principales socios comerciales y aliados.

- Dar seguimiento a los acuerdos emanados de las reuniones a nivel cumbre de la Caricom, AEC y OEA.

• Impulsar la colaboración en foros multilaterales sobre temas de la agenda global de interés para México y de los países de adscripción.

- Promover la colaboración en temas prioritarios para México y Jamaica y las Bahamas en los que se tiene un alto grado de coincidencia, entre otros: el sistema de seguridad colectivo; salud, en especial prevención y control del VIH/sida; protección del ambiente, incluido el cambio climático; seguridad alimentaria; prevención de desastres naturales; derechos humanos y democracia; y combate al tráfico ilícito de drogas.

- Promover y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo de candidaturas mexicanas y de los países de adscripción, a los organismos del sistema de la ONU y otras organizaciones regionales e internacionales; y

- Dar seguimiento a los programas de cooperación que mantienen terceros países y organismos internacionales con Jamaica y las Bahamas, a fin de crear sinergias y evitar duplicaciones.

• Coadyuvar a crear las condiciones necesarias para que las empresas mexicanas tengan acceso al mercado de Jamaica y las Bahamas.

- Dar adecuado seguimiento al desempeño macro y microeconómico de los países de la adscripción, así como a las relaciones que mantienen con otros socios comerciales.

- Dar seguimiento a las relaciones de los países de la adscripción con aquellos países con los que México mantiene acuerdos de libre comercio, en especial Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón y Chile.

- Analizar los principales sectores y empresas importadoras en Jamaica y las Bahamas para identificar otros nichos donde pudiera haber oportunidades para los exportadores mexicanos.

- Propiciar una mayor comunicación con las instituciones gubernamentales y privadas de los países de la adscripción, a fin de apuntalar los esfuerzos de promoción y facilitación comercial que realiza México.

- Organizar eventos que permitan promover un mayor conocimiento de las ventajas que ofrece México en términos de inversiones y comercio.

- Promover visitas de delegaciones empresariales con posibilidades de explotar nichos o segmentos específicos de mercado.

- Estimular la participación mutua en ferias, exposiciones y otros mecanismos de promoción económica y sectorial.

- Atender las solicitudes de información de empresarios mexicanos, jamaiquinos y bahameses.

- Difundir entre el empresariado mexicano oportunidades de comercio, turismo, e inversión, así como información sobre el funcionamiento operativo de las reglas de licitación, a fin de que aumentar su participación en los proyectos financiados por autoridades locales u organismos internacionales.

- Promover los flujos de turistas de los países de la adscripción a México.

- Difundir los destinos turísticos mexicanos.

- Fomentar coinversiones en el sector.

- Apoyar las labores que realiza el Consejo de Promoción Turística.

- Promover entre las operadoras de tours de los países de la adscripción su asistencia a las principales ferias y tianguis turísticos que se realizan en México.

• Propiciar un diálogo con las autoridades de Jamaica y Bahamas, sobre los temas económicos, comerciales y financieros que se discuten en los foros internacionales y regionales.

- Llevar el seguimiento de las posiciones e iniciativas de los países de la adscripción para dar cumplimiento a los acuerdos y recomendaciones de las cumbres mundiales en materia económica, en especial en materia de financiación para el desarrollo; la nueva arquitectura económica mundial; el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio y los resultados y acuerdos de la Ronda de Doha;

- Dar seguimiento a las posiciones de los países de la adscripción en las principales instituciones económicas, financieras y comerciales internacionales (OMC, FMI y BM) y regionales (BID y Banco de Desarrollo del Caribe).

• Consolidar la cooperación educativo-cultural y técnico-científica como un instrumento de diálogo entre nuestro país y Jamaica y las Bahamas.

- Promover la diversificación y flexibilización de la oferta de educación y capacitación que ofrece nuestro país.

- Dar continuidad al programa de becas para estudiantes del Caribe anglófono.

- Crear un registro de estudiantes caribeños que hayan realizado estudios en México, a fin de cosechar los frutos de esta colaboración.

- Fortalecer el esquema de cooperación regional con los países de la Caricom, con particular énfasis en la enseñanza del español como segunda lengua; la capacitación especializada en prevención y control del VIH/sida; la prevención y mitigación de los desastres naturales; protección del ambiente; y turismo.

- Promover la cooperación entre centros mexicanos de formación para el trabajo y de los países de la adscripción.

- Propiciar la participación de académicos jamaiquinos y bahameses en publicaciones especializadas de centros de enseñanza superior e investigación de nuestro país, de tal manera que en México se fortalezca el conocimiento del Caribe con la óptica de la región.

- Identificar y presentar a consideración nuevos proyectos de cooperación de interés común, así como mecanismos financieros innovadores para mantener y fortalecer la cooperación con los países de la adscripción.

- Evaluar la posibilidad de llevar a cabo proyectos de cooperación conjunta con otros países que también se encuentran colaborando en la región.

• Difundir la riqueza y diversidad de la cultura mexicana y fomentar una imagen positiva de México.

- Propiciar en los países de la circunscripción un mayor conocimiento de la cultura y estilos de vida existentes en las diferentes regiones de México, así como de la cultura caribeña en nuestro país;

- Promover la presencia mexicana en eventos culturales de los países de la adscripción.

- Propiciar la presencia de artistas de Jamaica y las Bahamas en los festivales del Caribe que ya se realizan en nuestro país (Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

- Organizar encuentros culturales (exposiciones, conciertos, muestras gastronómicas y cinematográficas, etcétera) y académicos en Jamaica y las Bahamas, con la participación de artistas y creadores mexicanos, a fin de promover un mayor conocimiento del país.

- Promover la imagen de un México democrático, incluyente, plural y multicultural, así como de las aspiraciones mexicanas para conformar un sistema internacional que promueva la estabilidad y la cooperación, sobre la base del derecho internacional.

- Intensificar la difusión de información sobre México, en las instancias de gobierno, medios, instituciones académicas y de investigación, así como del sector privado y organizaciones no gubernamentales.

- Fomentar el acercamiento con periodistas a fin de mantenerlos informados sobre el desarrollo de temas de interés generados en nuestro país y promover la publicación de información sobre temas relevantes del México actual.

- Aumentar la participación de la embajada y de especialistas mexicanos en las actividades, seminarios y mesas redondas que organicen universidades y centros de investigación.

• Brindar atención adecuada a los mexicanos residentes en los países que forman la jurisdicción o aquellos en tránsito que tengan necesidad de apoyo consular.

- Brindar servicios de documentación y asistencia consular a los nacionales que lo requieran dentro de la circunscripción.

- Ofrecer servicios consulares eficientes a la población caribeña interesada en viajar a México.

- Elaborar un registro de mexicanos residentes en los países de la adscripción, a fin de estar en capacidad de brindarles la adecuada atención.

Ahora bien, considerando que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 18 de marzo de 1966, los vínculos entre México y Jamaica se han caracterizado por ser cordiales y fructíferos, y que el gobierno de Jamaica es el único país del Caribe de habla inglesa que tiene representación diplomática residente en México; es necesario mantener un perfil de cordialidad y estrecha colaboración en diversos temas fundamentales para la agenda bilateral, tales como

Cooperación en materia de seguridad. Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en la materia, actualmente se realizan negociaciones para la firma de un convenio de asistencia jurídica mutua en materia penal y un acuerdo de cooperación para el intercambio de información en materia de combate al narcotráfico y delitos conexos. Asimismo, hay interés en iniciar la negociación de sendos acuerdos de cooperación para evitar la doble tributación y en materia de seguridad e inteligencia.

Comercio. En 2010, el comercio bilateral se ubicó en 51.9 md, con un superávit a favor de México por 47.3 md. Los principales productos exportados por nuestro país son aceites crudos de petróleo (25.5 por ciento) y aparatos emisores móviles (20.0 por ciento). Las principales importaciones son: extractos para la elaboración de bebidas que contengan alcohol (61.8 por ciento) y ron (31.6 por ciento).

Inversiones. La inversión de México en Jamaica se estima en 500 md, por las inversiones de Cemex y América Móvil en ese país. Sin embargo, en marzo de 2011, América Móvil, que opera bajo la marca Claro en la isla, anunció la venta de sus acciones a la compañía Digicel. La transacción ha sido autorizada por el gobierno de Jamaica, por lo que se anticipa que, como resultado de la operación, la inversión mexicana en la isla sufra una disminución considerable. En cuanto a la inversión de Jamaica en México, la Secretaría de Economía ha indicado que es poco significativa (no se registra el monto) y está colocada en 7 empresas.

Asimismo, los legisladores que suscribimos, consideramos espacios de oportunidad con Jamaica que deben ser mejor aprovechados los siguientes:

Cooperación técnico-científica. Si bien hay un convenio básico en la materia, suscrito el 11 de octubre de 1996, en el marco del cual se negoció un programa de cooperación técnica y científica, conformado por 15 proyectos de colaboración, y México ha otorgado asesoría y capacitación a Jamaica en sectores y áreas prioritarias como desarrollo administrativo, desarrollo agropecuario, ciencias, energía y minería; es de observarse que el programa de cooperación tiene un avance de 63 por ciento.

Cooperación educativo-cultural. En esta materia también se cuenta con un convenio de cooperación cultural, el cual fue suscrito el 30 de julio de 1990, mismo que podría ser revisado y actualizado.

Por lo que toca a la mancomunidad de las Bahamas, observamos que la relación con el archipiélago se ha incentivado principalmente en los foros multilaterales: Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), y en la Organización de Estados Americanos (OEA). La cooperación se ha fortalecido en el ámbito de la Comisión Mixta México-Caricom.

En este sentido, es de destacarse el aspecto comercial de la relación, dado que las Bahamas es el sexagésimo tercer socio comercial de México en el mundo (sexagésimo cuarto comprador y quincuagésimo octavo abastecedor), y el decimoctavo en América Latina y el Caribe. Por su parte, México es el duodécimo socio comercial de las Bahamas (octavo comprador y duodécimo abastecedor), siendo los principales socios de este país Estados Unidos, Venezuela y Antillas Holandesas. En los últimos 10 años, el comercio bilateral aumentó en 314.8 por ciento (15.3 por ciento promedio anual), al pasar de 45.5 a 188.9 md. Las exportaciones mexicanas al mercado de las Bahamas crecieron 196 por ciento (11.5 por ciento promedio anual), de 21.3 md a 63.0 md. Por su parte, las importaciones procedentes del archipiélago aumentaron 419.2 por ciento (17.9 por ciento promedio anual), de 24.2 md a 125.9 md.

Por lo que toca a inversión, Bahamas ocupa el octavo puesto entre los países de América Latina y el Caribe en México. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, entre enero de 1999 y septiembre de 2010 la inversión de este país ascendía a 265.6 millones de dólares, la cual se destinó a la industria (61.3 por ciento) y servicios (38.7 por ciento). Hay 58 empresas con inversión proveniente de Bahamas que se encuentran principalmente en el Distrito Federal, Baja California, Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco y Chiapas.

Visto lo anterior y habiéndose oído al ciudadano propuesto como embajador, los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en que el programa de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión y que el ciudadano Gerardo Lozano Arredondo reúne en su persona las cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a consideración del pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Gerardo Lozano Arredondo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente

Senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi, senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Polonia

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el presidente de la República hace a favor del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Polonia, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional.

Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, nació en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, el 7 de abril de 1950, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

De su currículum vitae se desprende que realizó la licenciatura en administración por la Universidad Autónoma de Puebla, y que es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1975, habiendo ascendido al rango de embajador en 1992.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha ocupado los cargos de subdirector general para Europa Occidental (1983), subdirector general de Protocolo (1985), y director general del Servicio Exterior (1989).

En el exterior estuvo adscrito a las embajadas de México en Egipto (1975); la Unión Soviética (1978); Arabia Saudita (1981) y a la Delegación Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988. Asimismo, ha sido embajador en Finlandia (1990-1991); Arabia Saudita (1991-1995); Malasia (1995-2001); Perú (2001-2004), Chile (2004-2007), Trinidad y Tobago (2007-2010) y representante permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe (2007-2010), con sede en Puerto España.

Como miembro de distintas delegaciones mexicanas ha participado en diversas conferencias, negociaciones y eventos internacionales, destacando las relacionadas con los órganos del sistema interamericano (Organización de Estados Americanos, OEA), la Unesco, la Organización de la Cumbre Iberoamericana, la Asociación de Estados del Caribe y el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (Apec).

Es de destacarse además que ha sido condecorado por los gobiernos de Brasil, Chile, Grecia, Perú y Venezuela.

La Segunda Comisión, que suscribe, citó al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal a una reunión donde se analizó su programa de trabajo, los problemas de la política exterior de nuestro país y especialmente de la importancia de la circunscripción de la Embajada en la República de Polonia.

La mencionada reunión tuvo lugar el lunes 17 de enero de 2012 y en la misma, los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora pudimos comprobar la preparación y el grado de experiencia que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

El programa de trabajo presentado busca responder a las prioridades e intereses de México, consolidando y fortaleciendo las relaciones amistosas, culturales y comerciales de México con la República de Polonia. En el mismo, señala el ciudadano compareciente que Polonia constituye un espacio político cada vez más importante, en la medida en que su voz es escuchada en el seno de la Unión Europea, subrayando que tal situación deber ser mejor aprovechada por México, en la medida en que se intensifiquen los contactos con la Unión Europea (UE) y se definan con mayor nitidez nuestros objetivos en relación con la alianza estratégica que hemos fundado con la Unión Europea (UE).

En este contexto, se señala que y en virtud del sólido desarrollo económico y social que ha experimentado en los últimos 20 años; del considerable tamaño de su economía y de su ubicación geopolítica estratégica, Polonia constituye uno de los países de la Unión Europea que ofrecen un mayor potencial para México, dentro de una estrategia de diversificación de nuestras relaciones económicas y comerciales.

En este sentido, cabe destacar que Polonia fue el único país de la UE que registró un crecimiento positivo en 2009, de 1.5 por ciento. Polonia es un país líder en la región en virtud de la alta demanda interna existente y por los continuos fondos recibidos por parte de la UE. Es considerada un lugar atractivo para invertir. No obstante, y al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, durante 2011, ha resentido el impacto de las turbulencias financieras internacionales.

En este contexto, son los objetivos generales a alcanzar por el compareciente durante su gestión:

• Fortalecer las relaciones políticas con Polonia.

• Profundizar el diálogo y la cooperación bilateral en organismos, foros y mecanismos regionales y multilaterales.

• Reforzar y diversificar las relaciones económicas y comerciales.

• Intensificar los vínculos culturales, educativos y académicos.

• Desarrollar la cooperación técnica, científica y tecnológica entre ambos países.

• Actualizar y enriquecer el marco jurídico bilateral.

• Dar un nuevo impulso a la relación con la comunidad mexicana residente en Polonia.

• Fortalecer y mejorar la imagen de México en Polonia.

En virtud de lo anterior, el plan de trabajo establece sendas líneas de acción, de entre las que destaca:

Reevaluar la importancia de Polonia en la política exterior de México. En virtud del protagonismo creciente de Polonia ante instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se ha de vislumbrar a tal república como un socio estratégico potencial en distinto temas y que puede ayudar a nuestro país debido al excelente estado del que gozan las relaciones bilaterales.

Realización de visitas de alto nivel a Polonia , proponiéndose una visita oficial del titular del Poder Ejecutivo federal o la canciller mexicana, señalándose que tales visitas contribuirían significativamente a dar un nuevo impulso a las relaciones entre ambos países en todos los ámbitos.

Apertura de Consulados Honorarios de México en otras provincias de Polonia. Permitiría reforzar la presencia de nuestro país en otras regiones importantes y fomentar un mayor intercambio político, económico y cultural entre ambos países, sin tener ninguna implicación financiera sustantiva para el gobierno de México.

Promover una mayor cooperación con Polonia en materia policial y de seguridad. Contribuiría a profundizar y diversificar la cooperación bilateral en materia de seguridad y de combate del narcotráfico y del crimen organizado transnacional. Asimismo, se daría continuidad a la participación de Polonia en los procesos de capacitación policial que desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública en México.

Diseñar una estrategia que permita la consolidación de los vínculos económicos y comerciales entre Polonia y México. Para tal fin, se requiere de una acción decidida por parte de ProMéxico que, hasta el momento, ha estado prácticamente ausente de esta sede.

Realizar un seminario de Pyme y organizar una misión empresarial mexicana a Polonia. Permitiría explorar e identificar las oportunidades de comercio e inversión existentes en el mercado polaco. Estas actividades se organizarían en estrecha coordinación con ProMéxico.

Consolidar la presencia cultural de México en Polonia. Contribuiría no sólo a mejorar el conocimiento de nuestro país en Polonia, sino también a estimular el interés en establecer y/o diversificar los intercambios culturales, académicos y educativos entre ambos países.

Desarrollar la cooperación técnica, científica y tecnológica entre ambos países. Aprovechar el interés de Polonia en dinamizar la relación bilateral en este ámbito a través de la celebración de una reunión de la comisión mixta prevista en el Convenio sobre Cooperación Científica y Tecnológica, firmado el 30 de noviembre de 1998. Dicho encuentro facilitaría la identificación de áreas de complementariedad y de nuevos temas de cooperación entre ambos países.

Profundizar el diálogo y la cooperación bilateral con Polonia en organismos, foros y mecanismos regionales y multilaterales. Permitirá estrechar las relaciones entre ambos países y promover temas e iniciativas de interés prioritario para México en los foros internacionales, así como lograr acuerdos de apoyo recíproco para candidaturas mexicanas a puestos en organismos internacionales.

• En los últimos años, el diálogo y la cooperación bilateral en la esfera multilateral se han concentrado principalmente en los siguientes temas, todos ellos altamente prioritarios para nuestro país: la lucha contra el cambio climático; la reforma de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de ese organismo; y la Comunidad de Democracias.

Fortalecer los vínculos interparlamentarios entre ambos países, aprovechando la existencia de los grupos de amistad parlamentarios México-Polonia. Contribuiría a estimular y consolidar el diálogo político bilateral en diversos temas de interés mutuo.

En virtud de lo anterior y considerando que Polonia:

• Fue el único país de la UE que registró un crecimiento positivo en 2009, de 1.5 por ciento;

• Es un país líder en la región en virtud de la alta demanda interna existente y por los continuos fondos recibidos por parte de la UE;

• Es considerada un lugar atractivo para invertir aún cuando como el resto de los países de la Unión Europea, durante 2011, resintió el impacto de las turbulencias financieras internacionales, y ha representado una oportunidad para continuar expandiendo la presencia de México en la unión Europea.

Es necesario continuar el impulso en la fructífera relación comercial con esa república, pues a partir del ingreso de Polonia a la UE en 2004, el intercambio comercial entre México y ese país aumentó 362.4 por ciento (24.5 por ciento promedio anual, el quinto mejor en desempeño dentro de la UE), al pasar de 93.1 millones de dólares en 2003 a 430.5 millones de dólares en 2010, y aunque las exportaciones mexicanas crecieron 535.7 por ciento (30.2 por ciento promedio anual), al pasar de 14.5 millones de dólares en 2003 a 92.5 millones de dólares en 2010, nuestro comercio sigue siendo consistentemente deficitario. Por su parte, las importaciones de productos polacos al mercado mexicano crecieron 330.4 por ciento (23.2 por ciento promedio anual), al pasar de 78.6 millones de dólares en 2003 a 338.1 millones de dólares en 2010.

Los principales productos que México exporta a Polonia son: partes de cristal líquido, motores émbolo (pistón) y partes de sistema de dirección (10.7 por ciento). Los principales productos importados desde el país europeo son: equipos de perforación (andenes caminantes), ensambles de pantalla plana, para aparatos de televisión, video proyectores y partes de turbinas de vapor.

Ahora bien, Polonia es la 15a. fuente de inversión extranjera directa para México entre los países de la UE y la 46 a nivel mundial, con una inversión acumulada a junio de 2011 de 16.7 millones de dólares; el 69.5 por ciento de esa inversión se registró en 2009. De 1999 al segundo trimestre de 2011, 34 empresas polacas han invertido en nuestro país. En 2010, solamente invirtieron 3 empresas y en el primer semestre de este año no existen flujos de inversión polaca en nuestro país.

De 1999 al primer semestre del 2011, la inversión acumulada de Polonia se ha distribuido de la siguiente forma: 75.5 por ciento en servicios profesionales, científicos y técnicos; 22.6 por ciento en servicios inmobiliarios y de alquiler y 1.9 por ciento para el resto de los sectores.

Las principales entidades receptoras de la inversión polaca son: Distrito Federal (76.0 por ciento), Baja California Sur (21.5 por ciento) y resto del país (2.5 por ciento).

Por su parte, la cooperación educativa-cultural entre México y Polonia está regulada por el convenio suscrito en 1997. En los últimos años, ambos países han dado prioridad a la colaboración en las áreas de educación superior, artes visuales y música, como se dio cuenta en la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural, en la Cancillería mexicana (26 y 27abril de 2010).

La cooperación científico-técnica está regulada por el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito en 1998. Cabe subrayar que no se ha logrado programar la celebración de la comisión mixta en la materia.

En virtud de lo anterior y con base en los datos proporcionados en el expediente y la entrevista con el interesado, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que el ciudadano Ricardo Villanueva Hallal reúne en su persona las cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Polonia.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Polonia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública

Senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi, senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso y las Repúblicas de Benín, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia, y Sierra Leona

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el C. Presidente de la República hace a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso, la República de Benín, La República de Camerún, La República de Ghana, la República de Guinea, la República de Liberia y la República de Sierra Leona, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional.

Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Marco Antonio García Blanco, nació en la ciudad de México, DF, el 20 de octubre de 1960, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

De su currículum vitae se desprende que es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de México.

Ingresó a laborar a la Secretaría de Relaciones Exteriores hace 29 años, donde ha desempeñado el cargo de asesor del Secretario de Relaciones Exteriores, ha formado parte de diversas delegaciones de México y ha sido asesor del Embajador en Misión Especial para Asuntos del Caribe.

Además, en el exterior ha sido Cónsul Titular de México en Tucson, Arizona, Estados Unidos, y Jefe de Cancillería con rango de Ministro en las Embajadas de México en Bolivia, Argentina, Uruguay y Venezuela. Desde julio de 2006 se desempeña como Cónsul Titular de México en San Pedro Sula, Honduras.

El nombramiento en comento, puesto a consideración de la Comisión Permanente, cuya dictaminación es responsabilidad de esta Segunda Comisión, resulta de gran importancia, pues sobre el ciudadano Marco Antonio García Blanco, recaería la responsabilidad de conducir las relaciones entre México y ocho Estados del continente africano, por lo que consideramos de la mayor importancia describir brevemente los aspectos fundamentales de las relaciones con estos países, en los siguientes términos:

Nigeria

El 14 de abril de 1976 México y Nigeria formalizaron relaciones diplomáticas. Tres meses más tarde México abrió su Embajada en Lagos, la cual se cerró en 1979 debido a restricciones presupuestales. En 2008 la Embajada se reabrió en Abuja, la nueva capital política de Nigeria. Por su parte, Nigeria mantuvo una misión diplomática en México entre 1981 y 1983. Ésta fue reabierta en febrero de 2000.

Nigeria es el 55° socio comercial de México a nivel global (77° comprador y 47° abastecedor), y el 2° en África (6° comprador y 2° abastecedor).

En los últimos diez años el comercio entre México y Nigeria aumentó 1,273.2% (29.9% de promedio anual), al pasar de 26.6 millones de dólares (mdd) en 2000, a 365 mdd en 2010. Las exportaciones mexicanas crecieron 1,185.1% (29.1% de promedio anual), de 2.4 mdd a 30.9 mdd.

Por su parte, las importaciones procedentes de Nigeria aumentaron 1,282% (30% de promedio anual), de 24.2 mdd a 334.1 mdd. Durante dicho período la balanza comercial ha sido deficitaria para México. En 2010 Nigeria se colocó como el segundo socio comercial de México en África, después de Sudáfrica. El comercio bilateral alcanzó los 365 mdd, cifra 3.1% mayor a la del año anterior.

Las exportaciones mexicanas (30.9 mdd) crecieron 8.4%, mientras que las importaciones (334.1 mdd) aumentaron 2.7%. La balanza comercial registró un déficit para México de 303.3 mdd. Al mes de junio de 2011, los intercambios comerciales sumaron 183.4 mdd, cifra 14.6% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas disminuyeron 18.2%, mientras que las importaciones registraron un descenso de 7.9%.

Los principales productos que México exporta a Nigeria son tubos y perfiles de acero (63.3%), vehículos con motor (6.2%) y automóviles para transporte de mercancías (4.7%), mientras que los principales productos que nuestro país importa son gas natural (88.8%), gasolina (5.6%) y plantas, semillas y frutos (3.5%).

Nigeria es el 9° inversionista en México entre los países de África; ocupa el lugar 97 del total de los países con inversión en México. Al primer trimestre de 2011, la inversión nigeriana en México fue de 0.1 mdd. Nigeria tiene siete empresas establecidas en nuestro país.

Desde la Embajada de Nigeria se atenderán concurrentemente a otros siete países: Benin, Burkina Faso, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona; y se participará como Observador ante la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS), principal organismo de cooperación e integración económica de la subregión.

Benín

Las relaciones diplomáticas entre México y Benín datan desde el 30 de octubre de 1975. El gobierno beninés ha mostrado interés en fortalecer los vínculos políticos, económicos y de cooperación con México. En 2007 designó a su Embajador en Estados Unidos, Cyrille S. Oguin, de manera concurrente ante México.

Benín es el 185° socio comercial de México a nivel global (159° comprador y 189° abastecedor) y el 38° en África (30° comprador y 40° abastecedor).

En los últimos diez años, de 2000 a 2010, el comercio entre México y Benín aumentó 22% (2% promedio anual), al pasar de 0.2 millones de dólares (mdd) a 0.3 mdd. Las exportaciones mexicanas crecieron 85.5% (6.4 promedio anual), de 0.1 mdd a 0.2 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Benín disminuyeron 37.6% (4.6% promedio anual), de 0.11 mdd a 0.073 mdd. Durante el período, se registró un déficit para México en la balanza comercial.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 0.3 mdd, cifra mayor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas registraron 0.2 mdd, mientras que las importaciones sumaron 0.1 mdd. La balanza comercial registró un superávit para México de 0.1 mdd.

Los principales productos que México exporta a Benín son neumáticos para autobuses y automóviles (76.3%), juguetes inflables (16.9%) y cintas magnéticas para grabación (6%). Los principales productos que México importa son circuitos impresos (43.1%), circuitos multicapas (37.7%) y reptiles vivos (12.3%).

Burkina Faso

Se establecieron relaciones diplomáticas el 30 de junio de 1976. En el año 2000 Burkina Faso acreditó a un Embajador concurrente ante el gobierno de México. El segundo representante diplomático, el Embajador Paramanga Ernest Yonli, presentó sus Cartas Credenciales al Presidente Felipe Calderón Hinojosa el 20 de enero de 2011 y concluyó su misión el pasado 30 de agosto.

Burkina Faso es el 170° socio comercial de México a nivel global (152° comprador y 172° abastecedor), y el 32° en África (25° comprador y 35° abastecedor).

En los últimos diez años (2000-2010), los intercambios comerciales disminuyeron 57.7% (8.2% promedio anual), al pasar de 1.3 millones de dólares (mdd) a 0.5 mdd. Las exportaciones mexicanas crecieron 29.3% de promedio anual, al pasar de 0.02 mdd a 0.4 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Burkina Faso disminuyeron 85.7% (17.7% promedio anual), al reducirse de 1.3 mdd a 0.2 mdd.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 0.5 mdd, cifra 33.9% mayor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas (0.4 mdd) aumentaron 734.1%, mientras que las importaciones (0.2 mdd) disminuyeron 50.3%. La balanza comercial registró un superávit para México de 0.2 mdd.

Al mes de junio de 2011, el comercio bilateral fue de 0.2 mdd, cifra 24.4% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas disminuyeron hasta cero, mientras que las importaciones aumentaron 8.6%, para sumar 0.16 mdd.

Los principales productos que México ha exportado a Burkina Faso son instrumentos y aparatos médicos quirúrgicos y aparatos para refrigeración; mientras que México importa plantas utilizadas en perfumería, centrifugadoras, paja y forraje.

Camerún

Los vínculos se han desarrollado principalmente en el marco de foros multilaterales a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas el 22 de diciembre de 1975. México acreditó en 2008 a su Embajador en Nigeria concurrente ante Camerún. El Embajador designado por Camerún ante nuestro país reside en Washington.

Camerún es el 127° socio comercial de México a nivel global (103° comprador y 139° abastecedor) y el 19° en África (11° comprador y 26° abastecedor).

Los últimos diez años (2000-2010) el comercio entre México y Camerún disminuyó 35.6% (4.3% promedio anual), al pasar de 8.8 mdd a 5.7 millones de dólares (mdd). Las exportaciones mexicanas crecieron (47.4% promedio anual) de 0.1 mdd a 4.4 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Camerún descendieron 85.3% (17.4% promedio anual), de 8.7 mdd a 1.3 mdd.

En 2010 las exportaciones mexicanas (4.4 mdd) aumentaron 21.8%, mientras que las importaciones (1.3 mdd) disminuyeron 37.2%. La balanza comercial registró un superávit para México de 3.1 mdd.

Al mes de junio de 2011, el comercio bilateral fue de 2.3 mdd, cifra 7.1% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas decrecieron 36.7%, mientras que las importaciones aumentaron 253.7%.

Los principales productos que México exporta a Camerún son levaduras vivas (58.4%), tubos y perfiles de acero (22.6%) y medicamentos (4.1%); mientras que México importa partes y accesorios de instrumentos musicales (27%), hojas para chapado de madera (22.9%) y maderas cepilladas (20.2%).

Camerún es el 8° inversionista de África en México. De enero de 1999 al primer trimestre de 2011, el monto acumulado de la inversión fue de 0.1 mdd.

Ghana

La apertura de Embajadas residentes en México y en Ghana, poco después del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1961. No obstante, el gobierno de Accra cerró su Misión Diplomática en 1972, en tanto que México lo hizo en 1980, debido a restricciones presupuestales.

Desde agosto de 2008 el titular de la Embajada de México en Nigeria es Embajador concurrente ante Ghana. El gobierno de México mantiene un Consulado Honorario en Accra. El Embajador Daniel Ohene Agyekum, es el representante de Ghana en México, concurrente desde Estados Unidos.

Ghana es el 122° socio comercial de México a nivel global (120° comprador y 110° abastecedor) y el 16° en África (16° comprador y 16° abastecedor).

En los últimos diez años (2000-2010) el comercio entre México y Ghana aumentó 147.7% (9.5% promedio anual), al pasar de 2.9 millones de dólares (mdd) a 7.1 mdd. Las exportaciones mexicanas decrecieron 25% (2.8% promedio anual), al pasar de 2.3 mdd a 1.7 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Ghana crecieron 865.1% (25.4% promedio anual), de 0.6 mdd a 5.4 mdd. Durante todo el período, se registró un déficit para México en la balanza comercial.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 7.1 mdd, cifra 123.5% mayor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas (1.7 mdd) disminuyeron 5.1%, mientras que las importaciones (5.4 mdd) aumentaron 297.6%. La balanza comercial registró un déficit para México de 3.7 mdd.

Al mes de junio de 2011, el comercio bilateral alcanzó los 9.5 mdd, cifra 264.3% mayor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas crecieron 1,084%, mientras que las importaciones aumentaron 59.9%.

Los principales productos que México exporta a Ghana son aspersores (23%), tapones utilizados en transportes (20.3%) y aparatos médicos (16.6%); mientras que nuestro país importa pescado (73.6%), cauchos (12.6%) y maderas tropicales (4.4%).

Guinea

Se establecieron relaciones diplomáticas el 25 de enero de 1962. Los vínculos bilaterales se han desarrollado primordialmente en el marco de la Organización de Naciones Unidas. El gobierno de México designó, por primera vez en 2008 a un representante diplomático ante ese país con residencia en Nigeria. Por su parte, Guinea mantiene acreditada ante México a su Embajadora en La Habana, Cuba.

Guinea es el 181° socio comercial de México a nivel global (156° comprador y 181° abastecedor) y el 37° en África (27° comprador y 38° abastecedor).

En los últimos diez años (2000-210) el comercio entre México y Guinea aumentó 357.3% (16.4% promedio anual), al pasar de 0.1 millones de dólares (mdd) a 0.4 mdd. Las exportaciones mexicanas crecieron 400% (17.5% promedio anual), de 0.1 mdd a 0.3 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Guinea crecieron 279.3% (14.3% promedio anual), de 0 mdd a 0.1 mdd.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 0.4 mdd, cifra 95.3% menor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas (0.3 mdd) disminuyeron 87.3%, mientras que las importaciones (0.1 mdd) disminuyeron 98.2%. La balanza comercial registró un superávit para México de 0.2 mdd. Hasta junio de 2011, los intercambios fueron de 0.3 mdd, cifra 16.7% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas decrecieron 17.9%, mientras que las importaciones disminuyeron 12.7%.

Los principales productos que México exporta a Guinea son juguetes inflables (66.8%), resinas de petróleo (13.4%) y artículos de grifería (12.7%); mientras que nuestro país importa madera chapada (48.5%), hojas para chapado (40.4%) e instrumentos musicales de percusión (6.7%).

Liberia

En 1976 se establecieron relaciones con Liberia. En 2008, México acreditó por primera vez un Embajador concurrente con residencia en Abuja, Nigeria. Desde 2005, Liberia se ha interesado por la relación bilateral con México, la cual se realiza primordialmente en foros multilaterales.

En el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, México se pronunció a favor de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se involucrara constructivamente en Liberia para trabajar de manera coordinada en el restablecimiento de la paz, mediante la consolidación de las autoridades judiciales, la institucionalización de la seguridad y el pleno respeto a los derechos humanos.

Liberia es el 166° socio comercial de México a nivel global (146° comprador y 157° abastecedor) y el 30° en África (23° comprador y 32° abastecedor). En los últimos diez años (2000-2010) el comercio entre México y Liberia disminuyó 75.4% (13.1% promedio anual), al pasar de 3.8 millones de dólares (mdd) a 0.9 mdd. Las exportaciones mexicanas decrecieron 85.7% (17.7% promedio anual), de 3.8 mdd a 0.5 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Liberia pasaron de cero en 2000 a 0.4 mdd en 2010.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 0.9 mdd, cifra 61.9 % menor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas (0.5 mdd) disminuyeron 74.0%, mientras que las importaciones (0.4 mdd) aumentaron 7.1%. La balanza comercial registró un superávit para México de 0.2 mdd.

Al mes de mayo de 2011, el comercio bilateral fue de 1.4 mdd, cifra 269.3% mayor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas crecieron 918.8%, mientras que las importaciones aumentaron 40.1%.

Los principales productos que México exporta a Liberia son huevo fresco (85%), aceites lubricantes (8.8%) y pinturas sintéticas (3.8%); mientras que nuestro país importa cauchos (62%), látex (22.1%) y procesadores (12.3%).

Sierra Leona

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, los vínculos entre México y Sierra Leona se han desarrollado principalmente en el marco de foros internacionales, sobre todo en Naciones Unidas. Ambos países coinciden en la importancia de fortalecer los vínculos políticos, económicos y de cooperación.

En 2008 México designó por primera ocasión a un Embajador ante Sierra Leona, residente en Nigeria. Por su parte, Sierra Leona no ha designado un Embajador ante el gobierno de México.

Sierra Leona es el 174° socio comercial de México (173° comprador y 156° abastecedor) y el 35° en África (32° comprador y 31° abastecedor).

En los últimos diez años el comercio aumentó a 0.5 mdd en 2010. Las exportaciones pasaron de 0 mdd en 2000 a 0.1 mdd en 2010 y las importaciones de 0 mdd a 0.4 mdd en el mismo periodo.

Al mes de mayo de 2011 el comercio bilateral fue de 0.2 mdd, cifra 0.5% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas crecieron 8.5%, mientras que las importaciones decrecieron 4.3%.

Los principales productos que México exporta son: cacao (71.8%) y cerveza (20.3%); mientras que nuestro país importa componentes para generadores eléctricos (53.1%), minerales de titanio (18.1%) y sales de ácidos oxometálicos (12.9%).

Ambos países han coincidido en la necesidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de combate al narcotráfico. Asimismo, se ha identificado la construcción de infraestructura (casas de interés social, carreteras y escuelas) como un área para la cooperación bilateral.

Comunidad Económica de Estados de África Occidental

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental fue fundada el 28 de mayo de 1975 con la firma del Tratado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS por sus siglas en inglés) en Lagos, Nigeria. Los 15 países signatarios del Tratado fueron: Benín, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. En 1976 Cabo Verde se adhirió como el decimosexto miembro, pero en el 2000 volvieron a ser 15 miembros con el retiro de Mauritania de la organización.

La creación de la CEDEAO tuvo como propósito promover la cooperación y el desarrollo en los campos económico, social y cultural, con el objetivo de elevar el nivel de vida de la población, aumentar y mantener la estabilidad económica, establecer relaciones más estrechas entre los miembros y contribuir al progreso y desarrollo del continente africano.

En 1993 se suscribió una versión revisada del Tratado de la CEDEAO, que orientaba el objetivo económico a alcanzar un mercado común y una sola moneda, en tanto que proveía la base política para la creación del Parlamento de África Occidental, un Consejo Económico y Social, y una Corte de Justicia. La CEDEAO tiene tres lenguas oficiales: inglés, francés y portugués.

La Segunda Comisión, que suscribe, citó al ciudadano Marco Antonio García Blanco a una reunión celebrada el día 17 de enero de 2012 donde se analizó su programa de trabajo, los problemas de la política exterior de nuestro país y especialmente de la importancia de la circunscripción de la Embajada de la República Federal de Nigeria.

Es así que los legisladores que integramos esta Comisión dictaminadora pudimos comprobar la preparación y el grado de experiencia que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

Teniéndose presente lo anterior, se procede al análisis del programa de trabajo que comprende las siguientes líneas de acción:

• Política. Representar digna y eficazmente a México en los países de la jurisdicción, a través de una interlocución ágil, seria y eficiente que coadyuve a la consecución de los objetivos de la política exterior de México y en beneficio de la relación bilateral, así como de las metas acordadas en el ámbito multilateral.

- Impulsar la suscripción de Memoranda de Entendimiento para el establecimiento de Mecanismos de Consulta en Materia de Interés Común, señaladamente con Nigeria dado su peso específico en la región, que permitan llevar adelante un diálogo político ágil y mutuamente benéfico, además de acreditar el genuino interés de México por cultivar una relación de largo aliento con los países de la jurisdicción.

- Fomentar el diálogo y la cooperación parlamentaria, tanto a nivel bilateral como en el marco de otras instancias legislativas.

• Comercio y Economía. Coadyuvar al fomento de la relación comercial de México con los países de la jurisdicción, identificando y dando a conocer las oportunidades de negocios, inversiones, coinversiones y alianzas estratégicas, así como la realización de misiones comerciales y la participación en ambos sentidos en los principales eventos de carácter comercial.

- Se buscará establecer Comités Empresariales México-Países de la Adscripción al amparo de las organizaciones empresariales cúpula de dichas naciones, a fin de lograr un intercambio de información continuo y útil para un mayor conocimiento de las oportunidades de negocios y promover el comercio bilateral con cada uno de ellos.

- Se promoverá la suscripción de Convenios de Cooperación entre el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y las entidades homólogas en los países de la adscripción.

- Se promoverá a México como destino turístico a través de una estrecha relación de la Embajada con las principales agencias de viajes y líneas aéreas y marítimas en la circunscripción.

• Cooperación educativa y cultural. La Embajada buscará reactivar el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural México-Nigeria del 8 de diciembre de 1999, así como difundir las múltiples convocatorias que en materia educativa y cultural realizan diversas entidades y organizaciones mexicanas.

- Se alentará la suscripción y ejecución de Convenios de Cooperación entre Instituciones de Educación Superior de México y de los países de la jurisdicción, así como entre el Instituto Matías Romero y las respectivas Academias Diplomáticas.

• Cooperación Técnica y Científica. Se realizarán las consultas orientadas a determinar la viabilidad de suscribir Acuerdos Básicos de Cooperación Técnica y Científica con los países de la jurisdicción. En particular, se impulsará la concreción del Convenio con Nigeria.

• Asuntos consulares. Otorgar los servicios consulares con agilidad y cumpliendo los requisitos que la normatividad establece.

- Atender con diligencia los casos de protección que se presenten en la circunscripción, tanto de personas físicas o morales e independientemente de las acciones de protección preventiva que tradicionalmente se instrumentan.

- Se mantendrá el contacto permanente con la comunidad mexicana que reside en la jurisdicción y con aquellos que se encuentren recluidos y/o cumpliendo sentencias judiciales. Se integrará una plantilla de Abogados Consultores y se mantendrá una estrecha relación con las autoridades migratorias, policiales, judiciales, médicas y para atender contingencias por desastres naturales y/o calamidades sociales.

• Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS). Dar puntual seguimiento a los trabajos del para identificar oportunidades de diálogo y cooperación específicas con México.

Con base en los datos proporcionados en el expediente y la entrevista con el interesado, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que el ciudadano Marco Antonio García Blanco reúne en su persona las cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso, la República de Benín, La República de Camerún, La República de Ghana, la República de Guinea, la República de Liberia y la República de Sierra Leona.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso, la República de Benín, La República de Camerún, La República de Ghana, la República de Guinea, la República de Liberia y la República de Sierra Leona.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero del año 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública

Senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi, senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al estado y al funcionamiento de las vías asignadas a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante el Pleno de la Comisión Permanente, para que explique la situación que guarda la asignación otorgada por la dependencia a su cargo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, el estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas, el servicio que se presta actualmente y cuáles son las medidas que tiene considerado tomar al respecto, suscrita por el senados Rogelio Rueda Sánchez del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 04 de Enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. Los diputados promoventes señalan que, el ferrocarril es un medio de transporte terrestre que ha resultado de crucial importancia para el México moderno, al ser uno de los de menor costo. El traslado de mercancías desde el océano Pacífico hacia el Atlántico ha implicado el aprovechamiento idóneo de la posición geográfica de nuestro país, permitiendo que se tenga un enlace interoceánico interno. Esto se ha realizado a lo largo de varios años por medio del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Exponen que Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV es una empresa de participación estatal mayoritaria. El trayecto de las vías que tiene asignadas va entre Medias Aguas, en Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, pasando por Matías Romero, Lagunas e Ixtepec, los tres puntos también en Oaxaca. Dicho sistema tiene una longitud de 207 kilómetros, que aunque pareciera corto, es muy importante en el comercio y economía de nuestro país, ya que conecta nuestras dos costas.

Asimismo mencionan que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) mediante el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999 destina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los inmuebles de la vía general de comunicación ferroviaria del Istmo de Tehuantepec, y que poco antes, el 3 de marzo de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV (FIT). El FIT se constituyó como sociedad anónima de capital variable el 19 de octubre de 1999, con el objeto de operar la vía general de comunicación ferroviaria de Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, y el de construir, operar y explotar el tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, Veracruz.

Argumentan los proponentes que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999, destinó al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los inmuebles que constituyen la vía general de comunicación ferroviaria del Istmo de Tehuantepec, así como los inmuebles donde se encuentran las instalaciones para la prestación de servicios auxiliares, según se define y especifica a éstos en la propia Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con objeto de que esta dependencia otorgue sobre dichos inmuebles las asignaciones y permisos respectivos en términos de lo dispuesto por la citada Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Señalan que las condiciones en que hoy se encuentran las vías y talleres de mantenimiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec son preocupantes, debido a la falta de atención y al tipo de servicio que se presta a las empresas que transitan por esta ruta, lo que se traduce en una inmediata necesidad de atender la problemática generada. En atención a ello, además, algunos medios de comunicación han publicado que existe una inminente modificación del régimen jurídico por el que se encuentran asignadas estas vías, de una ruta que resulta crucial para el transporte de mercancías en nuestro país.

Por último argumentan que resulta preocupante que se considere la posibilidad de privatizar esta empresa, con el marco jurídico vigente y frente a los magros resultados de la privatización de las otras empresas ferroviarias, que se han convertido en monopolios que limitan el pleno desarrollo del transporte ferroviario en nuestro país e impiden el crecimiento de estos servicios, no sólo desafiando a la autoridad que debiera regularlos, sino lastimando los intereses nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, proponen el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que explique la situación que guarda la asignación otorgada por la dependencia a su cargo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, el estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas, el servicio que se presta actualmente y cuáles son las medidas que tiene considerado tomar al respecto.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por el autor de la Proposición que se dictamina.

No obstante, la Comisión Dictaminadora no estima oportuno solicitar la comparecencia del titular de la SCT, en virtud de que, de acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006, estableció como objetivos específicos para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria: ampliar su cobertura y accesibilidad; garantizar la seguridad en zonas urbanas; promover su modernización; facilitar la interconexión de la infraestructura con otros modos de transporte y mejorar la operación de la red.

Esta Comisión estima oportuno precisar que en la actualidad, debido a que los ferrocarriles mexicanos en su mayoría están concesionados en su operación al sector privado, el desarrollo y modernización de la infraestructura ferroviaria descansa principalmente en las empresas concesionarias y en las asignatarias, dentro de las cuales se encuentra la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) . La SCT como autoridad en la materia, vigila el cumplimiento a los compromisos de inversión establecidos en los títulos de concesión o asignación.

Ahora bien, el Gobierno Federal mantuvo el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como empresa paraestatal, por considerar esta ruta como estratégica, atendiendo así la recomendación emitida en su momento por el H. Congreso de la Unión, con la responsabilidad de conservar y rehabilitar la infraestructura a su cargo y atender el despacho de trenes y las telecomunicaciones, en tanto que el Ferrocarril del Sureste (FERROSUR) y el Ferrocarril Chiapas - Mayab, como concesionarios de otras vías troncales en el sureste, proporcionan las tripulaciones y operan los trenes.

Hay que mencionar que durante 2003, el FIT realizó inversiones por 23.5 millones de pesos para la conservación y mantenimiento de los 207 kilómetros de vía y puentes entre Medias Aguas, Ver. y Salina Cruz, Oax., en tanto que los trabajos de rehabilitación de vía con riel nuevo, se ejecutaron en tres kilómetros. Asimismo, se ampliaron dos laderos en la zona de curvatura y pendiente crítica para mejorar la capacidad de encuentros, convirtiéndose esta línea férrea en una de las más confiables, al incrementarse la capacidad de carga de la vía y la velocidad de operación de los trenes.

Por otra parte es de destacar, la inversión generada en 2003 en el subsector ferroviario como resultado del Programa de Convivencia Urbano- Ferroviaria, que busca incrementar la seguridad en el paso del ferrocarril por los centros de población mediante la realización de obras de mejoramiento de la infraestructura, con la cooperación de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de los concesionarios. En este rubro, se canalizó una inversión pública por 157 millones de pesos, lo que permitió la edificación de diversas obras, destacando la construcción de pasos a desnivel en avenidas e intersecciones de vías principales en las ciudades de Aguascalientes y de Torreón, Ramos Arizpe y Saltillo en el estado de Coahuila.

En ese sentido, se considera oportuno en una primera etapa, solicitar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe por escrito a esta Soberanía, la situación que guarda la asignación otorgada por la dependencia a su cargo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, el estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas, el servicio que se presta actualmente y cuáles son las medidas que tiene considerado tomar al respecto; y que derivado del análisis del informe que remita el titular de la SCT a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y, de existir dudas que plantear al servidor público que rinda el Informe en cita, entonces, la Tercera Comisión de Trabajo determine la conveniencia de citar a una reunión de trabajo al funcionario, en donde se puedan aclarar las dudas que los legisladores presenten.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que informe por escrito a esta Soberanía, en un plazo no mayor de una semana contada a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, de la situación que guarda la asignación otorgada por la dependencia a su cargo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, el estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas, el servicio que se presta actualmente y cuáles son las medidas que tiene considerado tomar al respecto.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Bancomext y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre las negativas predicciones para la economía mexicana en 2012

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Bancomext y a la SHCP información sobre las negativas predicciones para la economía mexicana en 2012, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de Enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones los proponentes señalan, que en fechas muy recientes y en diferentes foros como la XXIII Reunión de Embajadores y Cónsules de México, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha manifestado que el crecimiento económico previsto para el país para este 2012, no será suficiente respecto de las necesidades básicas en materia de generación de empleos.

Se ha manifestado por parte del Banco de México, así como por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ante la incertidumbre económica que vivirán naciones europeas, los próximos cinco años, nuestro país tiene que generar un dinamismo interno por medio de cambios estructurales para atraer más inversiones.

El gobernador del Banco de México ha manifestado que la actual es una de las crisis más severas de los últimos 120 años.

Asimismo, se ha manifestado que la morosidad crediticia en nuestro país comienza a incrementarse en niveles mayores y que ello implica riesgos e indicaciones claras y contundentes de desaceleración económica.

En términos anuales, el monto de los préstamos a empresas y personas que cayeron en cartera vencida, pasó de 51 mil 824.2 millones de pesos en noviembre de 2010 a 62 mil 886.9 millones en el mismo mes de 2011, variación que representó un aumento de 22.3 por ciento, la tasa de crecimiento de la cartera vencida, de 22.3 por ciento, superó la dinámica que mostró la asignación de nuevos préstamos, dado que, en el mismo periodo, la cartera de crédito vigente de la banca comercial aumentó 15 por ciento.

Por ello, formulan la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Banco de México informe a esta soberanía, de manera pormenorizada, las proyecciones que elaboró para estimar la tasa de crecimiento de la economía mexicana para el año 2012, y los detalles de los indicadores que permiten revisar el incremento de la morosidad crediticia en nuestro país.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe y actualice a esta Comisión Permanente del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan ya nuestro país.

II. Esta Comisión Dictaminadora comparte la inquietud de los proponentes en virtud de que, en efecto,

Cabe destacar que, México se destaca por haber mejorado sus fundamentos económicos y fortalecido el marco para la conducción de la política macroeconómica.

La política monetaria implementada por el Banco de México, ha sido enfocada principalmente en procurar la estabilidad de precios mediante una política fiscal prudente, una regulación adecuada del sistema financiero y régimen de tipo de cambio flexible.

Dichos elementos han contribuido a mejorar la confianza en la economía nacional y han permitido atenuar el impacto negativo de choques externos.

Ahora bien, tal y como lo señalan los proponentes, la morosidad crediticia ha ido en aumento en los últimos años, y hay que agregar que la desaceleración de la actividad económica comenzó a elevar los niveles de morosidad en el pago de créditos bancarios de las empresas del sector industrial, los usuarios de préstamos hipotecarios y al consumo. Desde que la economía mexicana cayó en recesión, en 2008, la cartera vencida en préstamos concedidos por la banca comercial a empresas industriales se multiplicó por cuatro, y en el caso del otorgado para financiar la compra de vivienda prácticamente se duplicó, indican datos del Banco de México.

Dicho lo anterior, la que dictamina considera prudente que se le solicite al Banco de México que remita un informe a esta soberanía que contenga los detalles de los indicadores que permitan revisar el incremento de la morosidad crediticia en nuestro país.

Por otro lado esta Comisión considera acertado que se le solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Banco de México remita a esta soberanía, en un plazo que no exceda de una semana contada a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, un informe que contenga las proyecciones que elaboró para estimar la tasa de crecimiento de la economía mexicana para el año 2012, así como los detalles de los indicadores que permiten revisar el incremento de la morosidad crediticia en nuestro país.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión En el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que remita un informe a esta Soberanía en un plazo que no exceda de una semana contada a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan a nuestro país.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de Enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Consar que explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Consar que explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores, suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de Enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, refieren que durante 2011 las administradoras de fondos para el retiro (Afores) acreditaron la obtención de un rendimiento anual de 5.4 por ciento, el más bajo desde la minusvalía de 2008 (que situó los rendimientos en un alarmante -1.0 por ciento) y el más lejano a 26.9 por ciento, que fue la tasa más alta otorgada en el año 1999.

Asimismo señalan, que 2011 fue un año marcado por la volatilidad en los mercados afectados por la crisis de deuda en Europa que impactó negativamente los rendimientos de casi todos los esquemas financieros y de ahorro.

En atención de lo anterior, establecen que es preocupante no conocer de qué manera afectan las bajas de rendimientos los ahorros de millones de trabajadores, y los esquemas de seguridad social para quienes están inscritos en los mencionados mecanismos de inversión.

Por ello, formulan la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informe a esta soberanía de manera pormenorizada las causas que han provocado la disminución de los rendimientos que obtienen las administradoras de fondos para el retiro (Afores), respecto de los ahorros e inversiones del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que informe qué medidas regulatorias ha implementado en el ámbito de su competencia, para garantizar que los trabajadores en nuestro país obtengan los esquemas de inversión más competitivos y de mayores beneficios para su retiro.

Tercero. Que la Consar informe cuál es el impacto en el ahorro para el retiro de los trabajadores de esta dramática disminución de rendimientos, y si ello también afecta el esquema de seguridad social en el corto y mediano plazos.

II. Esta Comisión Dictaminadora comparte la idea de los proponentes de que es necesario conocer con detalle las causas de la baja de rendimientos de las Afores y, su impacto en la inversión de los trabajadores, así como en la economía mexicana en su conjunto.

Lo anterior, con la intención de dar cumplimiento al objeto para el cual es creada la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que consiste en proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores, desarrollando un entorno de competencia que permita el ejercicio informado de sus derechos, para que obtengan pensiones dignas y de este modo hacer posible la visión de la institución de un México donde los jubilados cuenten con un sistema de previsión social integral de cobertura amplia que les brinde los elementos necesarios para vivir dignamente, con un regulador confiable, eficaz e independiente que garantice una adecuada administración del ahorro para el retiro y contribuya al desarrollo de los mercados financieros y a incrementar la cultura previsional, en un entorno económico y social estable.

Lo anterior, en el sentido de acatar los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentado en los artículos 25 y 26 constitucionales que disponen:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

De tal modo que se puedan tener elementos suficientes que detallen las razones de la baja, en materia de rendimientos de los sistemas de ahorro para el retiro y sobre todo, su impacto en la inversión de los trabajadores, así como en la economía nacional en su conjunto, para estar en facultades de propiciar un sistema de ahorro, transparente y sostenible para el pueblo mexicano.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informe a esta soberanía de manera pormenorizada en un plazo que no exceda de una semana a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por la Comisión Permanente, de las causas que han provocado la disminución de los rendimientos que obtienen las administradoras de fondos para el retiro (Afores), respecto de los ahorros e inversiones del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, solicita respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que remita a esta Soberanía en un plazo no mayor de una semana a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por la Comisión Permanente, un informe en donde especifique qué medidas regulatorias ha implementado en el ámbito de su competencia, para garantizar que los trabajadores en nuestro país obtengan los esquemas de inversión más competitivos y de mayores beneficios para su retiro, así como cuál es el impacto en el ahorro para el retiro de los trabajadores, en relación a la disminución de rendimientos, y sus consecuencias en materia de seguridad social en el corto y mediano plazos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de Enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización prendaria

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización prendaria, a cargo de los senadores Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de Enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones los proponentes señalan, que la situación que guarda el sector de casas de empeño es el resultado de la disfuncionalidad de un sistema bancario que presta poco, con altas tasas de interés y elevados requisitos. Las casas de empeño cubren la demanda de los consumidores y usuarios que no puede atender el sistema financiero con la diferencia de que las tasas de interés son hasta cuatro veces más altas que las que cobran los bancos, aun cuando existe una garantía prendaria y una subvaluación incluso de 80 por ciento del valor de prenda.

Manifiestan que en la actualidad a la par de las instituciones dedicadas a la realización de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria con fines de beneficencia, ha emergido un mercado de casas de empeño de giro mercantil con fines de lucro, que aunque realizan el mismo acto pignorante, su objetivo es de lucro y sin ningún beneficio para la sociedad. Hoy, la denominación de casa de empeño funge un papel muy distinto al de la beneficencia, la falta de un marco normativo en relación a su actividad prendaria del orden comercial, ha significado para los usuarios un alud de quejas contra las casas de empeño, como:

a) Elevadas y desproporcionadas tasas de interés prendario.

b) Usura y agiotismo.

c) Abuso en los criterios de avalúo de las prendas.

d) Condiciones desventajosas de los contratos de adhesión.

e) Preeminencia por parte de la casa de empeño para no generar condiciones de pago del préstamo prendario.

d) Crecimiento de la informalidad en el sector.

Continúan argumentando los proponentes que estas instituciones privadas que se encuentran al margen del marco que regula a las instituciones financieras están aprovechando la necesidad de un importante sector de la sociedad para usufructuar con su patrimonio en las peores condiciones en que se puede establecer un contrato civil, empeñar hoy en las casas de empeño mercantil técnicamente significa estar en condiciones similares o peores que la banca comercial, que provoca a los pignorantes la pérdida de sus prendas o un sobreesfuerzo familiar para lograr el desempeño de la prenda en garantía. Este sector de empresas no se encuentra reguladas por las últimas reformas al sector bancario en materia de regulación de comisiones y tasas de interés, que bien vale la pena denunciar desde esta tribuna, esas reformas no han servido para generar competencia ni para bajar las excesivas tasas de interés crediticio.

Refieren que de acuerdo al presidente de la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace), Adolfo Vélez Muñoz, dijo que de las 6 mil 500 casas de empeño que se tienen localizadas, entre 20 y 25 por ciento se estima operan fuera de la ley, es decir, entre mil 300 y mil 650 entidades informales. Estas seudocasas de empeño, que en su mayor parte iniciaron como agiotistas y luego fuera de la ley emigraron a ser casas de empeño, cobran una tasa mensual de entre 20 y 25 por ciento cuando una entidad regulada aplica rédito de 10 por ciento en promedio, dependiendo de la región. Antes de la existencia de las casas de empeño privadas se ubican en una gran parte de las localidades del país, ahora se encuentran concentradas en las zonas más apartadas y se enfocan en los sectores de la población de menores recursos y cobrando tasas de interés que se traducen hasta en 300 por ciento anual.

Señalan que hoy en México, la verificación a casas de empeño responde a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007. Según información oficial, en México de cada 100 personas que recurren a empeñar un bien para obtener un préstamo, 66 lo hacen en alguna de las instituciones de asistencia privada no lucrativas, y el resto, 34, son clientes de negocios prendarios privados. Para la gran mayoría, 84.2 por ciento, es una alhaja de oro el artículo que se empeña.

Argumentan que los datos anteriores son resultado de un estudio de opinión realizado en diciembre de 2008 y enero de 2009 por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer el comportamiento de los mexicanos que, sobre todo después de los periodos vacacionales de fin de año y de Semana Santa suelen visitar los sitios de préstamo prendario para aliviar los apuros familiares luego de haber gastado más allá de lo que sus economías les permite.

Exponen que de acuerdo a la nota del periódico Reforma del pasado 4 de enero de 2011, sobresalen los siguientes datos en el contexto de la cuesta de enero de este año: a) el costo anual total (CAT) en las casas de empeño va desde 60 hasta 260 por ciento, que son niveles muy altos respecto a las tasas de interés anuales de las tarjetas de crédito, y que actualmente se registran hasta tasas de 1099 por ciento anual en el préstamo de casas de empeño, estas tasas de interés que se justifican incluyen el refrendo que es un concepto que incluye los costos por custodia, gastos de operación, seguro e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Manifiestan que los plazos para pagar en las casas de empeño son de entre tres y cinco meses, lo cual se determina en el contrato y otro aspecto para tomar en cuenta es que en algunas casas, la fecha de pago es a los 30 días de que se recibió el préstamo. En cambio, en otras casas, las fechas límite de pago con los días 20, 30 y 31. Al no pagar a tiempo, las personas que empeñan pueden hacerse acreedoras a intereses moratorios que fluctúan entre 0.26 y uno por ciento. Para darnos cuenta la magnitud de los abusos de las casas de empeño, tomando de referencia el costo anual total (CAT), que es instrumento de medición del sistema financiero aplicado para este tipo de instituciones comerciales, crédito hipotecario 14.24 por ciento; tarjeta de crédito clásica 42.8 por ciento; crédito a pagos fijos comercios 114.8 por ciento; empeño en instituciones de asistencia privada 120 por ciento y en los actos de empeño en casas comerciales 257 por ciento.

Con relación al tema de la supervisión y regulación tanto del sector bancario y de las casas de empeño no es menor, debido a la difícil situación por la que atraviesan miles de familias mexicanas y a la falta de empleo que se vislumbra en el país en este año, los empeños crecerán entre 10 y 13 por ciento con relación al año pasado y se dispondrá de 18 mil millones de pesos destinados para este tipo de préstamos prendarios.

En materia de regulación de las casas de empeño, argumentan que existen varios proyectos de ley en el Senado de la República que tienen el propósito de establecer una reglamentación a nivel federal que tenga por objeto regular las excesivas tasas de interés prendario, combatir la informalidad y ampliar los derechos del consumidor, presentados en su momento por los senadores Tomas Torres Mercado, Rubén Velásquez, Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Dante Alfonso Delgado, Minerva Hernández y René Arce, quienes han propuesto diversos proyectos en la materia, considero indispensable abrir el debate en las comisiones respectivas del Senado a fin de establecer una legislación para regular los abusos, los robos, el agiotismo, la usura, que usufructúan con la necesidad de los más pobres.

Refieren que la Cámara de Diputados hizo su parte al enviar una minuta a la Cámara de Senadores, por la que se reforma los artículos 65 Bis y 128 y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de aclarar la definición de casa de empeño, de forma que abarque todas las instituciones que conforman el sector prendario. Además de fortalecer las facultades de supervisión y control de la Profeco mediante la creación de un registro público de casas de empeño, garantizar al consumidor que la casa de empeño no desaparecerá sin cumplir sus obligaciones mediante constitución de fianzas o garantías; y otras disposiciones en materia de transparencia. La Mesa Directiva del Senado de la República recibió dicha minuta el 20 de octubre de 2011 y la turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su estudio y dictaminación.

En este sentido, consideran necesario y de manera urgente que la Profeco, en el uso de las atribuciones legales que actualmente cuenta, implemente un programa de verificación y supervisión a las entidades mercantiles que realizan actos de empeño a fin de proteger los derechos de los consumidores que tienen la necesidad de recurrir frente a la necesidad de sus gastos ante la cuesta de enero. Asimismo, consideramos que la Comisión Permanente debe hacer un exhorto en el pleno respeto de los plazos establecidos por las disposiciones reglamentarias, a los presidentes de las Comisiones de Fomento Industrial, y Estudios Legislativos, Segunda, que tienen en su poder.

Asimismo los proponentes consideran indispensable, que el Banco de México de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley para el Ordenamiento y Transparencia de los Servicios Financieros emita disposiciones para regular las excesivas tasas de interés relacionadas con el préstamo crediticio y mejorar las tasas de interés por mantener nuestros ahorros, que en muchos casos, dichas tasas son menores que la inflación.

Por ello, formulan la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Bernando Altamirano Rodríguez, ampliar la supervisión y sanciones sobre las empresas mercantiles dedicadas a contratos de mutuo con interés y garantía prendaria denominadas “casas de empeño”, que cometen abusos contra la población de menos recursos a través de elevadas tasas de interés prendario y subvaluación de las prendas, a fin de garantizar los derechos de los consumidores.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de dictaminar aquellos proyectos de iniciativa de ley que tienen por objeto la regulación de las empresas mercantiles dedicadas a los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, que actualmente radican en sus comisiones.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Banco de México para fortalecer las acciones regulatorias de las excesivas tasas de interés en el sector crediticio a fin de mejorar el acceso y las condiciones de préstamo a los usuarios del sector financiero.

II. Esta Comisión Dictaminadora considera prudente señalar la actividad de las casas de empeño se encuentra cubierta por el marco jurídico vigente a nivel nacional.

Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que su actividad se encuentra protegida por la garantía individual establecida en el Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege la libertad de ejercer el comercio e industria, al disponer que:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

De conformidad con la disposición aplicada, cobra valor el principio del derecho privado de que los particulares pueden realizar cualquier actividad que no se encuentre expresamente prohibida (a diferencia de los principios que aplican al derecho público), por lo que las actividades que realizan las casas de empeño son legítimas y no violan ninguna disposición legal vigente.

Además, el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor, de manera expresa regulan la actividad de éstos establecimientos y de sus operaciones en su calidad de actos de comercio, siendo aplicable la legislación civil de manera supletoria. Derivado de lo anterior el artículo 75 fracción X del Código de Comercio dispone que:

Artículo 75. La ley reputa actos de comercio:

X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda;

Y por tanto son aplicables, el artículo 1º y 2º del Código de Comercio, que manifiestan que:

los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicable” y que “a falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal”.

Dicho lo anterior, resulta evidente que la actividad de éstos establecimientos y de sus operaciones son actos de comercio, mismos que se encuentran sujetos a manifestación de la voluntad de las partes, por lo que la Procuraduría del Consumidor podrá en su caso ejercer las facultades que la Ley le confiere solamente si alguna de las partes incumple con lo pactado en el contrato de que se trate, por lo que, desde el punto de vista de la que dictamina, la Procuraduría Federal del Consumidor no tiene facultad alguna para ampliar la supervisión y sanciones sobre dichas empresas mercantiles.

Por otro lado cabe señalar que las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria que realizan las casas de empeño, no pueden ser considerados como servicios financieros o actividades auxiliares de crédito, en atención a que tienen un carácter eminentemente privado y mercantil, por lo que, Banco no México no se encuentra facultado para fortalecer las acciones regulatorias a fin de mejorar el acceso y las condiciones de préstamo a los usuarios de este sector, que no es del orden financiero.

Por último, esta Comisión Dictaminadora considera prudente que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a los presidentes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de dictaminar aquellos proyectos de iniciativa de ley que tienen relación con la materia.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Segunda, para que dictaminen aquellos proyectos de iniciativa de ley que tienen por objeto la regulación de las empresas mercantiles dedicadas a los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, que actualmente radican en sus comisiones.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de Enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a implantar un programa urgente para los productores de frijol de Nayarit

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a implantar un programa urgente para los productores de frijol de Nayarit, suscrita por el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de Enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD, refiere que los estados del norte del país, productores de frijol de temporal, fueron afectados por fenómenos climáticos; sequía y heladas que repercutieron significativamente en la disminución de los volúmenes de producción de esta leguminosa, situación que impactó de manera significativa en los inventarios, por lo que no es arriesgado pensar en un desabasto de frijol en el país.

Asimismo, señala que las organizaciones nayaritas perdieron dinero entre el precio de compra y el precio de venta del frijol, además de los gastos de operación, por el desplome producido por la política de Aserca, la que impactó el precio del frijol en los mercados de mayoreo, aunque el precio al menudeo nunca bajó para los consumidores.

Así, establece que por las operaciones del ciclo anterior, las organizaciones quedaron en cartera vencida, ya no pudieron dar crédito a los productores y solamente se les proporcionaron algunos insumos, como pequeños préstamos, semillas, fertilizantes y en algunas ocasiones apoyos para el trabajo de preparación de tierras.

En virtud de lo anterior, al entrar en cartera vencida, las organizaciones ya no pudieron cumplir con el papel que habían venido desempeñando por más de 10 años, gracias a una política equivocada implementada por Aserca.

Por ello, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, a implementar un programa emergente para el apoyo de los productores de frijol del estado de Nayarit, con el objeto de resarcir las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol de ese estado, en la cosecha 2009-2010 de frijol negro jamapa.

II. Esta Comisión Dictaminadora comparte la idea del proponente, en cuanto a que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), debe intervenir en la problemática causada por las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol en el estado de Nayarit, en la cosecha 2009-2010 de frijol negro jamapa, por el daño sufrido por las equivocadas políticas de Aserca.

Lo anterior, en atención a que Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), constituye un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y que desde el punto de vista de esta dictaminadora, incumplió con el propósito para el cual fue creado y que consiste en ser un instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados; y no lo contrario, como es el caso, perjudicar la actividad agropecuaria de toda una región.

Bajo el mismo contexto, el objeto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa emergente para el apoyo de los productores de frijol del estado de Nayarit, con el objeto de resarcir las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol de ese estado, en la cosecha 2009-2010 de frijol negro jamapa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de Enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al cierre del relleno sanitario Bordo Poniente

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al cierre del relleno sanitario Bordo Poniente, suscrita por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. El senador promovente refiere cuáles son las actividades esenciales y formales del Estado; y hace mención que los servicios públicos son actividades técnicas enmarcadas en el derecho público que son brindadas por el Estado, no obstante de que pueden ser proporcionados por particulares.

Que dentro de los servicios públicos se encuentra la recolección de objetos sólidos y desechos orgánicos, que es una actividad encomendada a alguna representación estatal, de conformidad con la fracción III del artículo 115 Constitucional, para el caso de los municipios, y los artículos del 69 al 75 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para la Ciudad de México.

Menciona el promovente que la recolección de objetos sólidos y los desechos orgánicos se encuentra relacionado con la salubridad pública, y ésta a su vez con el orden público; por lo que es importante no descuidar dicha actividad porque generaría un problema mayúsculo para la sociedad.

El senador refiere que en días pasados, derivado del cierre del Bordo Poniente se ha generado una serie de problemas en la recolección de basura en la Ciudad de México. Que fue cerrado el pasado 20 de diciembre de 2011, no obstante que debió cerrar el 15 de enero de 2009, pero que por acuerdo de la Semarnat y el Gobierno del Distrito Federal, se consideró pertinente ampliar el plazo para suspender la recepción de desechos (http://impreso.milenio.com/node/9082239).

Que debido al cierre del Bordo, los habitantes de la Ciudad han recurrido a confinar sus desechos en diversos puntos de la vía pública, lo que conlleva un problema de salubridad y podría exigir la intervención del Consejo de Salubridad General, establecida en el artículo 73, fracción XVI Constitucional.

Señala que existe un problema respecto a la negativa de los gobiernos vecinos de la ciudad, por no recibir los desechos generados en la misma. Por lo anterior, menciona que existe la preocupación por la situación que se vive ante el cierre del relleno sanitario, y que resulta preciso tomar acciones que permitan mantener limpia la ciudad y aprovechar los desechos generados para generar composta, energía eléctrica, entre otros.

Razón por la cual considera oportuno solicitar del Ejecutivo federal información al respecto, y propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a informar la razón del cierre del Bordo Poniente sin antes contar con un plan de solución para la captación de los desechos generados en la ciudad;

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a informar si se cuenta con estudios o si concibe la posibilidad de aprovechar los desechos de la ciudad, no sólo a través del biogás, sino también a través de la generación de composta o alimento para ganado a partir del tratamiento de éstos.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por el autor de la proposición que se dictamina.

La comisión dictaminadora coincide con el promovente en la importancia de atender la problemática que se ha generado con la basura en la Ciudad de México. Que es un hecho notorio en los últimos días, que derivado del cierre del relleno sanitario Bordo Poniente, en diversas zonas de la Ciudad de México han proliferado los tiraderos clandestinos, la acumulación de basura y demás desperdicios, propiciado también por la dificultad que representa en estos momentos la descarga de desechos en otros sitios, lo que pone en riesgo la salud de las personas que habitan la Ciudad y el orden público.

Que en efecto, tal como lo señala el senador promovente, el Distrito Federal en coordinación con la federación, estados y municipios, y de conformidad con los acuerdos suscritos entre las entidades, deben prestar el servicio público de recolecta de objetos sólidos y desechos orgánicos que se generen, tal como se establece en el artículo 69 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que a la letra dice:

Artículo 69. El Distrito Federal participará, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, Estados y Municipios en las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, en materias de asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública.

Asimismo, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, se aprobó un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Semarnat y a la Profepa para que inspeccionen y evalúen la observación de las normas ambientales durante la operación de depósito de basura del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México, e informen sus conclusiones, y que establece en sus resolutivos lo siguiente:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al jefe de gobierno del Distrito Federal a establecer a la brevedad posible un fondo para el financiamiento de nuevos rellenos sanitarios a fin de hacer frente a la emergencia metropolitana por la clausura del denominado Bordo Poniente.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y al jefe de gobierno del Distrito Federal a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al jefe de gobierno del Distrito Federal a presentar a esta soberanía, en el curso del primer trimestre de este año, un informe detallado que contenga las conclusiones principales derivadas de esta inspección.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al jefe de gobierno del Distrito Federal a observar escrupulosamente la Norma Oficial Mexicana NOM-083 de la Semarnat en la operación de los rellenos sanitarios en el territorio estatal, así como durante el proceso de diseño y construcción de nuevos rellenos sanitarios.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al jefe de gobierno del Distrito Federal a establecer un programa de compensación a las comunidades afectadas, de fortalecimiento de los servicios de salud y de obra pública e infraestructura complementaria –de acuerdo con lo establecido en la NOM-083 para los sitios de disposición final– en los municipios de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.”

Como puede apreciarse, es interés del Poder Legislativo el tema en estudio, por lo que en el marco de respeto a la soberanía estatal, la Comisión Dictaminadora considera prudente, realizar el exhorto materia del presente Punto de Acuerdo, a efecto de dar continuidad y seguimiento a la problemática que vive el Valle de México, así como ampliar el exhorto a los Gobernadores de los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los Gobernadores de los Estados de Morelos, Puebla y el Estado de México, a informar la razón del cierre del Bordo Poniente, así como el plan de solución para la captación de los desechos generados en la ciudad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a los Gobernadores de los Estados de Morelos, Puebla y el Estado de México, a informar si se cuenta con estudios o si concibe la posibilidad de aprovechar los desechos de la ciudad, no sólo a través del biogás, sino también a través de la generación de composta o alimento para ganado a partir del tratamiento de éstos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica en contra), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia, suscrita por el Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. El senador promovente hace referencia a una publicación del diario Excélsior, en el cual se menciona la muerte de al menos 5 personas, a consecuencia del tráfico de medicamentos de contrabando o pirata.

Que de acuerdo con el director de Operación Sanitaria de la Cofepris, se trata de un problema inmenso, toda vez que los productos se están vendiendo en lugares establecidos, además de que involucra de manera directa la salud de las personas.

Refiere el promovente que la Procuraduría General de la República (PGR), ha establecido que existen bandas criminales perfectamente organizadas, para el contrabando y venta de medicamentos en el territorio nacional; que las sustancias las traen de Asia, Europa, Estados Unidos; y que las medicinas las fabrican con sustancias de dudosa procedencia, o se comercializan medicinas caducas.

Que en lo que va del sexenio se han decomisado 175 toneladas de medicinas de contrabando, caducas y apócrifas en operativos que ha realizado la PGR, junto con la SHCP y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Asimismo, menciona que la PGR ha registrado que en varias entidades de la República Mexicana existe la problemática de venta de medicamentos falsificados, caducos o de contrabando.

El Senador concluye manifestando la preocupación por la grave situación, y propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que envíe un informe con las medidas que se están tomando para poner un freno a la venta de los medicamentos falsificados, caducos o de dudosa procedencia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud organizar intensas campañas donde se advierta a la población sobre las consecuencias y riesgos por la compra de medicamentos en mercados sobre ruedas, caducos o de dudosa procedencia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal que remita un informe sobre las medidas que se están implementando para detectar los cargamentos de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por el autor de la Proposición que se dictamina.

Que corresponde a la Secretaría de Salud ejercer las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En ese sentido, el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud dispone cuáles son las atribuciones de la Cofepris, y que por guardar relación con el punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente referir, entre las que se encuentran, las siguientes:

Artículo 17 Bis. ...

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;

VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud;

VII. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos;

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia, y

De conformidad con las atribuciones de la Cofepris mencionadas, se deduce que esa Comisión está encargada de hacer el control y vigilancia sanitaria de los medicamentos que se venden en el territorio mexicano, del control de la importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos; por lo que la Comisión Dictaminadora coincide con el Senador promovente en solicitar a ese órgano desconcentrado que informe a esta Soberanía sobre las medidas que ha tomado y pretende tomar para poner un freno a la venta de medicamentos falsificados.

Asimismo, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Salud, organizar los servicios sanitarios en el país, así como crear congresos sanitarios, que a la letra establece:

Artículo 39. A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

IX. Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República;

XIX. Organizar congresos sanitarios y asistenciales;

En ese sentido y toda vez que dichas atribuciones guardan relación estrecha con el resolutivo segundo del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de realizar un exhorto a la Secretaría de Salud, a efecto de que en el ámbito de su competencia organice campañas para advertir e informar a la población sobre las consecuencias que produce la compra de medicamentos caducos o de dudosa procedencia.

La Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de establecer mecanismos que vayan enfocados a garantizar el empaque y la autenticidad de los medicamentos, a efecto de combatir la falsificación de los productos que puedan generar problemas de salud a los ciudadanos, razón por la cual se coincide con la propuesta del Senador, para que el Ejecutivo federal pueda hacer llegar a esta Soberanía información sobre las medidas que se están tomando para detectar los cargamentos de medicamentos apócrifos, o de dudosa procedencia.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, solicita respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que envíe un informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a una semana, contada a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, sobre las medidas que se están tomando para poner un freno a la venta de los medicamentos falsificados, caducos o de dudosa procedencia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría de Salud, a organizar campañas de información para advertir a la población sobre las consecuencias y riesgos que produce la compra de medicamentos en mercados sobre ruedas, caducos o de dudosa procedencia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, que remita un informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a una semana, contada a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, sobre las medidas que se están implementando y se pretenden implementar, para detectar los cargamentos de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover la cadena productiva café Veracruz y apoyarla económicamente

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a promover y otorgar apoyos económicos para la Cadena Productiva Café Veracruz, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. El senador promovente refiere que el Estado de Veracruz es productor nacional de café en el país, con café arábiga de alta calidad y que compite con los mejores del mundo.

Menciona que más de 86 empresas forman parte del Consejo Regulador del Café Veracruz con denominación de origen. Que dicho Consejo es un organismo apartidista, promotor y garante del café que produce Veracruz.

Continúa el promovente refiriendo que el pasado 08 de noviembre de 2011, representantes del Consejo Regulador sostuvieron una reunión con Senadores de la República, quienes dirigieron un oficio al Secretario de Economía para informar que las empresas que forman parte del Consejo Regulador realizan diversas estrategias para posicionarel producto a nivel estatal y nacional para fomentar su consumo y refrendar el reconocimiento ganado en diversas partes del mundo; que se requiere el apoyo del Gobierno Federal, a través del Programa Fondo Pyme.

Señala que después del envío del oficio a la Secretaría de Economía, se tuvieron encuentros con el subsecretario para la Pequeña y Mediana Industria, quien aseguró que el punto estaba aprobado; no obstante, no se les ha apoyado con el resolutivo. Que en ese sentido, los empresarios miembros del Consejo Regulador han solicitado nuevamente el apoyo de los legisladores federales, para que sean atendidas sus demandas y problemática.

Por lo anterior, propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del la Secretaría de Economía, licenciado Bruno Francisco Ferrari García de Alba, a que de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 34 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenga a bien atender los siguientes puntos:

1) Se apruebe, a través del Programa del Fondo PyME, la campaña de Promoción del Café Veracruz con denominación de origen, registrada en la Secretaría de Economía, con el folio FP2011-1340.

2) Se otorgue al Consejo Regulador del Café Veracruz, con denominación de origen, el apoyo económico que requiere para alcanzar el posicionamiento de calidad que tiene el café veracruzano.

3) Que se brinde apoyo y asesoría técnica a los productores de Café en el estado de Veracruz.”

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora comparten la propuesta realizada por el senador promovente , al tenor de lo siguiente:

Que de acuerdo con datos vertidos por la Secretaría de Economía, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) representan más del 95% del total de las empresas y en ellas laboran, aproximadamente, el 90% de los trabajadores; que en ese sentido, la Secretaría de Economía, a través del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa otorga apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomentan la viabilidad de las empresas que se están gestando o aquellas que comienzan a emprender; el desarrollo sustentable y productivo de las empresas activas, así como la consolidación y la competitividad de este sector.

Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las atribuciones de la Secretaría de Economía, entre las que se encuentran las siguientes:

Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

III. Establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes;

IX. Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;

X Bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales;

Que las políticas de apoyo y fomento para la competitividad de la PyMES se debe hacer a través de la concurrencia de la Federación, los Estados y los sectores; y que ese apoyo atenderá a las necesidades y la vocación de cada región; tal como se establece en el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que establece:

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender los siguientes criterios:

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, así como de los Sectores;

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales;

Esta Comisión reconoce que el estado de Veracruz cuenta con una enorme tradición en el cultivo de café, con alta experiencia y conocimiento, que ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional por la calidad en el producto. Asimismo distingue que el Consejo Regulador del Café Veracruz, es un ente encargado de verificar que el café cumpla con los requisitos de calidad exigidos, las especificaciones físicas y sensoriales como son el color, humedad, forma, tamaño, aroma, cuerpo y la aceptabilidad general del sabor, razón por la cual concuerda en la necesidad de promover y otorgar apoyos económicos para la cadena productiva cuya denominación de origen es Café Veracruz.

En ese sentido, la Comisión Dictaminadora coincide con el Senador promovente, en realizar un exhorto a la Secretaría de Economía para que considere la viabilidad de aprobar, a través del Fondo PyME, la campaña de promoción del Café Veracruz; además de considerar el apoyo necesario para que el Consejo regulador del Café Veracruz pueda posicionarse y que se brinde la asesoría técnica y jurídica a los productores de la entidad.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Economía, a analizar la viabilidad de aprobar, a través del Programa del Fondo PyME, la Campaña de Promoción del Café Veracruz con denominación de origen, registrada en esa dependencia con el folio FP2011-1340.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Economía, a considerar la promoción y otorgar apoyo económico al Consejo Regulador del Café Veracruz, con denominación de origen, para alcanzar el posicionamiento de calidad del café veracruzano; así como, para que se brinde el apoyo y asesoría técnica a los productores de Café en el estado de Veracruz.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. La legisladora promovente refiere que el acceso a los servicios de salud es, como se menciona en el artículo 4o. constitucional, un derecho humano establecido a favor de todos los mexicanos, y que la referida disposición constitucional fue proyectada en la legislación secundaria, a través de la adición al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, el cual establece que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud.

Así, señala la proponente, esta forma debe concebirse a la protección social en salud como “un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.”

Inserto dentro de dicha estrategia gubernamental, el Seguro Popular busca otorgar cobertura de servicios de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario, para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social.

De esta forma, se busca que los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud a través del Seguro Popular tengan acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud.

Refiere que a efecto de operar la referida política pública, la Cámara de Diputados aprobó para este ejercicio fiscal un presupuesto cercano a los 66 mil millones de pesos, lo que obliga a la responsabilidad que conlleva el ejercicio de tales recursos es de suma importancia, ya que el Estado debe procurar ser eficaz y transparente en el ejercicio del gasto, así como en garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en materia de salud, permitiendo en todo momento la participación y vigilancia de los ciudadanos mexicanos.

Argumenta que en el mensaje dado por el titular del Ejecutivo federal, con motivo de su quinto año de gobierno, el día 4 de Diciembre de 2011, se remarca que durante su gestión se ha logrado que toda mexicana y todo mexicano tengan acceso a consulta médica, medicamento, tratamiento y hospitalización cuando así lo requieran. Lo anterior, se presume, gracias al número de beneficiarios afiliados al programa Seguro Popular.

En este sentido, subraya la promovente que Baja California Sur, Chiapas, San Luis Potosí, México, Tlaxcala, Sonora, Tabasco y Colima, entre otras, han sido reconocidas como entidades con Cobertura Universal de Salud. Sin embargo, es importante destacar que la afiliación por sí misma no es garantía para acceder a los servicios de salud, pues esto depende en gran medida de la disponibilidad de recursos económicos, humanos y de infraestructura.

Lo anterior lo ejemplifica con los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de los dos mil 456 municipios del país, 420 fueron reportados con más del 50 por ciento de su población sin acceso a los servicios de salud.

Cita que para dicho organismo, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud, cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.

Continúa argumentando que la difícil situación por la que atraviesa el Sector Salud no se resuelve con la mayor cobertura, y eso se demuestra cuando la OMS señala que México se encuentra por debajo del estándar que sugiere que el gasto en salud para el año 2015 debe ser del 7.6 por ciento como proporción del producto interno bruto, ya que el gasto actual es de un 6.6 por ciento aproximadamente 2 .

Aunado a lo anterior, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía “Perspectiva Estadística de México”, de Diciembre de 2011, en el apartado “Indicadores de los Servicios Médicos de las Instituciones Públicas de Salud, 2009” 3 revela que en nuestro país existen en promedio 0.5 médicos familiares o generales y 0.7 médicos especialistas por cada mil habitantes, lo que muestra un déficit en materia de recursos humanos.

Señala, que los resultados obtenidos hasta el momento pueden ser mejorados. Los responsables de la política de salud del país deben garantizar, entre otras cuestiones: la viabilidad financiera del sistema nacional de salud; la efectiva cobertura universal de acceso a los servicios de salud; modernizar la infraestructura médica; fortalecer la capacitación de los recursos humanos; evolucionar de lo curativo a lo preventivo; y, homogeneizar la calidad de la atención, por lo que se deben encaminar las acciones a fin de crear las condiciones necesarias para que todos los mexicanos sean capaces de ejercer plenamente a su derecho de acceso a los servicios de salud.

Propone que se debe evaluar el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes); establecer indicadores que señalen la mejora de la salud de los beneficiarias, y finalmente, determinar el impacto económico del programa en los mismos.

Por lo expuesto, se propone a través del presente exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía el grado de avance en la Cobertura Universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011; sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, y sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en éstos.

Por lo anterior, propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011; sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, y sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en los mismos.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por la autora de la Proposición que se dictamina.

En efecto, el Seguro Popular forma parte del Sistema de Protección Social en Salud, el cual busca otorgar cobertura de servicios de salud a través de un aseguramiento público y voluntario para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social, por lo que la que dictamina considera prudente que esta Soberanía tenga información suficiente para poder medir la eficiencia del Seguro Popular y así, en colaboración con el Ejecutivo Federal, tomar las medidas necesarias para hacer llegar los servicios para lo cual fue creado dicho programa a todos los mexicanos que lo necesiten.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, hace suyo el presente Punto de Acuerdo y somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía, en un plazo no mayor de una semana, contada a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, un informe que contenga:

a. El grado de avance en la cobertura universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011;

b. Sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud;

c. Sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en los mismos.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente

Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).