De la Secretaría de Gobernación, siete con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados

México, DF, a 9 de enero de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-1960, signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 0005/12, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al estado que guardan las negociaciones para celebrar los tratados internacionales sobre comercio ilícito de armas ya sea multilateral, o bilateral con el gobierno de Estados Unidos de América.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 6 de enero de 2012.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Hago referencia a la comunicación número DEP2171/11, del 12 de diciembre de 2011, por la que se hizo llegar a esa Unidad de Enlace Legislativo la respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en la sesión del 23 de noviembre de 2011, el cual remitió para nuestra atención con oficio número SEL/UEL/311/4133/11, y que a continuación se describe:

“Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta soberanía sobre el estado que guardan las negociaciones para celebrar tratados internacionales sobre comercio ilícito de armas ya sea multilateral; o bilateral con el gobierno de Estados Unidos de América, y con ello evitar el tráfico y venta de armas a territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la titular de la Procuraduría General de la República que informe a esta soberanía sobre estadísticas de procesados y sentenciados por el delito de introducción ilegal de armas a territorio nacional.”

Al efecto, y con el propósito de ahondar más sobre el citado tema, me permito hacer llegar los elementos de información complementarios con el atento ruego de ser el amable conducto para transmitir la respuesta que se anexa al vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputado Jesús María Rodríguez Hernández.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica)

Directora General de Coordinación Política

Información complementaria al punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, relativo al estado que guardan las negociaciones para celebrar tratados internacionales sobre comercio ilícito de armas ya sea multilateral o bilateral con EUA

En 2006, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 61/89 en la que reconoce que la ausencia de normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales contribuía a los conflictos, al desplazamiento de personas, al delito y al terrorismo y, por ende, socavaba la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Con base en esa resolución, el secretario general de la ONU recabó las opiniones de los Estados miembros sobre la viabilidad de un proyecto de instrumento y estableció un grupo de expertos gubernamentales integrado por especialistas de 28 países, que celebró tres periodos de sesión en 2008. En dichas sesiones participaron dos funcionarios mexicanos.

Posteriormente, con base en la resolución 63/240, la Asamblea General decidió establecer un grupo de trabajo de composición abierta que concluyó sobre la necesidad de hacer frente a los problemas relacionados con el comercio no regulado de armas convencionales y su desviación al mercado ilícito.

La Asamblea General convocó, mediante su resolución 64/48, a una conferencia relativa a la negociación de un tratado sobre el comercio de armas, para elaborar un instrumento sobre las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la transferencia de armas convencionales, así como convocar cuatro periodos de sesiones de un comité preparatorio de la conferencia.

El Comité Preparatorio, en el que México ostenta una Vicepresidencia, ha celebrado tres periodos de sesiones (julio de 2010, febrero-marzo de 2011 y julio de 2011) y se reunirá del 13 al 17 de febrero de 2012. El Comité Preparatorio ha discutido, entre otros aspectos, el alcance, criterios y parámetros para regular las transferencias de armas que podrían incluirse en el futuro tratado.

Se espera llevar a cabo una conferencia diplomática negociadora del 2 al 27 de julio de 2012.

Durante todo el proceso relativo al TCA, México ha apoyado decididamente las negociaciones para adoptar un instrumento jurídicamente vinculante e integral, observando los siguientes aspectos:

• El tratado debe basarse en la corresponsabilidad de fabricantes y consumidores, así como de todos los actores involucrados en las diferentes etapas del proceso de transferencia, el cual prevea criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes para el comercio de armas.

• La importancia de que el TCA contribuya a evitar el comercio irresponsable de armamento convencional, o su desviación al mercado ilegal, cuando exista el riesgo de que las armas sean utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, y por el riesgo que implica a la paz y la seguridad internacionales .

• El instrumento debe superar el enfoque de las listas de armas y establecer una definición que cubra todas las armas convencionales –incluidas las armas deportivas y de caza–, sus partes y componentes, municiones de alto y bajo calibre, y tecnología relacionada con la producción, desarrollo o mantenimiento de las armas o municiones.

Es importante señalar que el proceso para la concertación de un instrumento jurídicamente vinculante, negociado sobre una base no discriminatoria, transparente y multilateral, que establezca las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales, cuenta con apoyo de una mayoría de países, si bien algunos como Rusia, Egipto y Pakistán han cuestionado la necesidad de establecer dicho tratado.

Destaco a su atención que el tratado no ha sido negociado formalmente, sino que se ha trabajado en el marco de comités preparatorios del mismo proceso.

(Se remite a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública)

México, DF, a 10 de enero de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL-61-II-2-1965, signado por el diputado Uriel López Paredes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1 00.2011.DGE.982, suscrito por Rodriga Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la investigación antidumping a las importaciones de pierna y muslo de pollo, originarias de los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 27 de diciembre de 2011.

Licenciado Adrián Flores Ledesma

Director General Adjunto de Proceso Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

En atención al oficio número SEL/UEL/311/4325/11, del 9 de diciembre del año en curso, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 8 de diciembre, mismo que se transcribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a que por conducto del secretario de Economía, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, nos explique los motivos que llevaron a esta Secretaría aceptar la investigación antidumping (prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios) a las importaciones de pierna y muslo de pollo, originarias de Estados Unidos de América (EUA), independientemente del país de procedencia; solicitadas por las empresas Bachoco, SA de CV (Bachoco), Productos Pecuario, SA de CV (Buenaventura), antes de emitir una resolución.”

Al respecto, la Subsecretaría de Industria y Comercio informa que el 2 de julio de 2010, Bachoco, Productos Agropecuarios de Tehuacán y Buenaventura Grupo Pecuario, todas SA de CV, solicitaron el inicio de una investigación antidumping en contra de las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de EUA. Éste es un derecho que la Ley de Comercio Exterior confiere a los productores mexicanos.

Los solicitantes argumentaron que los exportadores estadounidenses venden la pierna y muslo de pollo a México por debajo de su costo de producción (es decir, en condiciones de dumping).

La Secretaría analizó la solicitud y determinó que existen elementos suficientes para presumir que tales importaciones entran a México en presuntas condiciones de prácticas desleales. En consecuencia, el 8 de febrero de este año esta dependencia inició una investigación que le permita establecer si, en efecto, existe dumping, y si éste ha ocasionado un daño o amenaza causar daño a la rama de la producción nacional, en cuyo caso puede imponer cuotas compensatorias para contrarrestarlo, o no, en cuyo caso dará por concluida la investigación sin imponerlas. Las razones que motivaron la decisión de la Secretaría de admitir la solicitud están explícitas en la resolución referida, entre las que destacan:

a. La Secretaría encontró indicios para presumir que, durante el periodo de investigación, las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de EUA se realizaron con margen de discriminación de precios.

b. Las solicitantes acreditaron la similitud entre la mercancía investigada y nacional porque tienen semejanzas en características físicas, procesos de producción y en los usos de productos, la coincidencia entre clientes e importadores y la posible sustitución en sus adquisiciones, que permiten inferir que ambos productos cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercambiables.

c. La Secretaría evaluó el comportamiento de las importaciones y concluyó que las originarias de EUA representan el 99.25 del total importado. También se identificó que aquellas aumentaron en términos absolutos como en relación con el consumo interno, las ventas internas y la producción.

d. Las importaciones de EUA se ofrecieron a precios significativamente inferiores a los de la rama de producción nacional, y también por debajo de los de las importaciones de otros países.

e. Los indicadores económicos relevantes de la rama de producción nacional registraron una tendencia negativa durante el periodo analizado: los precios internos, la producción total, y la orientada al mercado interno, el volumen de ingresos por ventas al mercado interno, la participación del mercado interno, el rendimiento de las inversiones, la utilización de la capacidad instalada, los beneficios, los inventarios, el empleo y la masa salarial.

f. No hay consentimiento de cambios en la estructura de consumo, prácticas comerciales restrictivas o algún factor distinto que pudiera perjudicar los indicadores de la rama de producción nacional.

La existencia o no del dumping y, en su caso, la imposición de cuotas compensatorias se determinará con base en la información que haya aportado todas las partes interesadas en la intervención y de las que se allegue la Secretaría (al procedimiento comparecieron todas las empresas que así lo consideraron conveniente en defensa de sus intereses) con estricto apego al marco legal aplicable.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica p.a.)

Director General de Enlace

(Se remite a la Comisión de Economía)

México, DF, a 9 de enero de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-2352 signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 001/2012, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la organización e implementación de los programas de capacitación, certificación y equipamiento para y en el empleo, a fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, 5 de enero de 2012.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves

Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4289/11, mediante el cual se remitió punto de acuerdo transmitido por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el cual fue aprobado en sesión celebrada el 6 del actual por el pleno de ese órgano legislativo, en el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen la perspectiva de género en el diseño, organización e implementación de los programas de capacitación, certificación y equipamiento para y en el empleo, a fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:

El Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 establece la creación de la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, la cual integra la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas públicas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a fin de lograr la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. Dicho programa sectorial establece como meta, la certificación del 10% de las empresas medianas y grandes registradas ante la Secretaría de Economía y 100% de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).

Asimismo, la creación de la norma obedece a diversos ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales 1 específica mente a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo artículo 34 dispone que las autoridades deberán establecer certificados de igualdad para las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia.

La norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, única en su género a nivel mundial, es un instrumento que certifica a las organizaciones públicas, privadas y sociales que tengan prácticas en materia de:

1 Igualdad y no discriminación en los principios y documentos rectores de la organización, en los procesos de reclutamiento y selección de personal, en las oportunidades de ascenso, en los salarios, incentivos y compensaciones por trabajos de igual valor, así como en la permanencia en el trabajo. Algunos indicadores o reactivos son:

• Anuncios de vacantes u ofertas de trabajo expresados con lenguaje no sexista y libres de cualquier tipo de expresión discriminatoria.

• Existencia de un catálogo o perfil de puestos, libre de juicios de valor, de sesgos sexistas y discriminatorios.

• Existencia de procedimientos para el reclutamiento del personal, libres de juicios de valor y de sesgos sexistas, con mecanismos de selección de personal objetivos, basados en entrevistas estructuradas y no abiertas, con apego estricto al catálogo o perfil de puestos.

• Prohibición explícita de exámenes de no gravidez y de VIH/sida como requisito de contratación.

• Indicadores de la norma en materia de salarios, incentivos y compensaciones iguales por trabajos de igual valor, y libres de toda discriminación, en concordancia con los compromisos adquiridos por las ratificaciones del Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de 1951 y Convenio III sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958.

• Capacitación: incluye indicadores sobre existencia y difusión de ofertas de formación que favorezcan la movilidad a un cargo de mayor complejidad para mujeres como para hombres; de existencia, difusión de capacitación y sensibilización en género y no discriminación; de instrumentos de capacitación para el área de recursos humanos sobre políticas o acciones afirmativas orientadas a cerrar la brecha entre mujeres y hombres en el acceso a las vacantes existentes; de existencia y difusión de programas de formación para la prevención en temas de salud de la mujer y el hombre, entre otros.

• Valor comparable. 2 La norma incluye indicadores que garantizan el principio de “igual salario por un trabajo de valor comparable”. La idea es que las mujeres que tienen ocupaciones femeninas deberían ganar lo mismo que los varones que tienen ocupaciones masculinas, si las cualificaciones, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo son comparables.

2 Previsión social y acceso a la capacitación y actividades de formación con igualdad de oportunidades, así como prácticas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Algunos reactivos son:

• Cobertura universal y plena, tanto para mujeres como para hombres, de: seguridad social; vacaciones; prima vacacional; aguinaldo; reparto de utilidades (para empresas privadas); Infonavit o Fovissste (apoyo para la vivienda).

• Cobertura universal y plena de las prestaciones por maternidad.

• Existencia y difusión de capacitación y sensibilización en género y no discriminación a todo el personal, así como al personal de recursos humanos.

• Contar con esquemas y políticas flexibles de armado de horarios, tanto para mujeres como para hombres, que permitan conciliar la vida laboral y familiar, como: cumplir con las horas de trabajo semanales en el menor número de días; adelantar o atrasar las horas de entrada y de salida; combinar las jornadas u horas de trabajo en la organización y en el hogar, sin afectar el salario ni las prestaciones; permitir el teletrabajo; facilitar el cambio de adscripción a filiales de la organización más cercanas al hogar de la o el trabajador; no citar a reuniones fuera del horario de trabajo.

• Existencia de esquemas y/o mecanismos de atención o de horas/permiso para las y los trabajadores con deberes de maternidad o paternidad, o de cuidados familiares a familiares adultos mayores, con discapacidad o con alguna enfermedad.

• Facilitación de servicios de guardería para descendientes de trabajadoras y de trabajadores.

• Contar con el esquema de licencia de paternidad.

• Existencia y difusión de programas deportivos, culturales y sociales para la conciliación trabajo-familia, en la organización.

3. Fomento de un clima laboral adecuado, libre de discriminación y de violencia laboral. Algunos indicadores y reactivos:

• Existencia y difusión amplia de políticas, programas y mecanismos de prevención, atención y sanción de las prácticas de violencia laboral.

• Contar con mecanismos de denuncia, seguros y confidenciales, de casos de violencia laboral, mismos que deben asegurar la transparencia en el seguimiento de los casos denunciados.

• Aplicación del instrumento de medición de satisfacción de las y los empleados en el espacio laboral, el cual mide la percepción del personal, con relación a la igualdad y no discriminación, la previsión social, el clima laboral, accesibilidad y ergonomía y libertad sindical.

4. Accesibilidad y mobiliario ergonómico para personas con discapacidad y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

5 . Libertad sindical.

Como parte de las herramientas para la instrumentación de la norma, la STPS desarrolló dos recursos electrónicos:

a) Curso e-learning Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. Esquema de capacitación a distancia, a través de un modelo pedagógico sustentado en el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Su objetivo es sensibilizar y brindar elementos de apoyo para la aplicación de la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres NMX-R-025-SCFI-2009. El curso tiene una duración de 10 horas que pueden ser distribuidas en cuatro semanas, y se encuentra disponible en el Aula Virtual de la Secretaría, en el área de Capacidades Directivas: http://procadist.stps.gob.mx

b) Asistente de autodiagnóstico en línea. Es un recurso electrónico de apoyo, opcional para las organizaciones interesadas en obtener la certificación en la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, ya que les permite realizar un autodiagnóstico sobre el grado de cumplimiento de los indicadores de la norma en su centro laboral, y estar preparadas al momento de iniciar el proceso de certificación con un organismo de certificación acreditado para tal fin.

Asimismo, el asistente brinda información sobre los antecedentes de la norma, su marco normativo, el proceso de certificación, los organismos de certificación acreditados para realizar la evaluación y certificación en la norma, así como diversos documentos adicionales en materia de igualdad y no discriminación. También permite contestar la encuesta de clima laboral que contenida en la norma, y saber el resultado personal en la misma:

http://igualdadlaboral.stps.gob.mx/igualdadlaboral/logi n/loginCT.aspx

En cuanto al proceso de certificación, lo realizan a solicitud de la organización interesada a organismos de certificación independientes acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, lo cual da transparencia y certeza al proceso de evaluación y certificación de la norma.

Al mes de diciembre de 2011, siete organismos de certificación se encuentran acreditados para realizar la evaluación de la conformidad de la norma.

La instrumentación de la norma fomenta que la organización certificada refuerce el compromiso con el desarrollo profesional y personal de sus trabajadoras y trabajadores, en igualdad de oportunidades.

El 8 de marzo, en el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la república, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, instruyó la certificación de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

De la entrada en vigor de la norma al mes de diciembre de 2011, 253 unidades responsables de 60 dependencias y entidades, así como 12 empresas, han obtenido la certificación con la norma.

Con la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres se busca impactar positivamente las relaciones laborales, especialmente la formación y capacitación de los recursos humanos, para fomentar al interior de las organizaciones la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, en general, climas laborales armónicos e incluyentes.

En otro tenor, durante la actual administración federal, la STPS ha promovido políticas de mercado de trabajo que fortalezcan la inclusión social y laboral, dirigidas a la atención de grupos en situación de desventaja, destacando el Programa de Apoyo al Empleo, el cual tiene como objetivo promover la colocación en un empleo o actividad productiva a personas desempleadas o subempleadas, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados.

Anualmente el gobierno federal destina alrededor de 1,200 mdp a través de los cuales se realizan más de 400 mil atenciones y alrededor de 260 mil acciones de colocación en un empleo de personas con mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral mexicano.

El PAE especifica en sus Reglas de Operación que cualquier persona mayor de 16 años que se encuentre desempleada o en búsqueda de empleo, puede ser beneficiaria del Programa, sin embargo, sus resultados revelan que la demanda principal proviene de aquella población en situación de desventaja como: jornaleros agrícolas, personas repatriadas de los Estados Unidos, personas con discapacidad, mujeres, madres solteras, jóvenes, adultos mayores, entre otros.

El PAE está conformado por los siguientes subprogramas:

• El Subprograma de Becas de Capacitación para el Trabajo (Bécate): el cual, tiene como objetivo apoyar a personas que requieren capacitarse para adquirir o reconvertir su calificación o habilidades laborales con el fin de facilitar su colocación en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. La tasa de colocación promedio del Subprograma es superior al 65%, es decir, por lo menos 6 de cada 10 personas capacitadas, logran encontrar un empleo. En lo que va de esta administración, enero 2007 a noviembre de 2011, se han colocado en un empleo a 695,561 personas; de las cuales casi el 67% (465,823) han sido mujeres.

• El Subprograma de Fomento al Autoempleo, el cual busca apoyar principalmente a personas de difícil colocación como son madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros, para emprender una iniciativa por cuenta propia a través del otorgamiento de maquinaria y equipo. Cuenta con un presupuesto anual aproximado de 100 mdp que permiten brindar una atención a más de 10 mil personas. En lo que va de 2011, a través de este Subprograma, han sido colocadas 5,623 mujeres, de un total de 9,747 colocaciones, lo que representa casi el 58%, de acuerdo a los datos registrados al mes de noviembre.

• El Subprograma de Movilidad Laboral en el sector agrícola, el cual otorga apoyos a jornaleros agrícolas que necesitan moverse de su lugar de origen para colocarse en un empleo. Anualmente cuenta con un presupuesto aproximado de 130 mdp que permiten otorgar alrededor de 150 mil apoyos. En esta administración, de enero de 2007 a noviembre de 2011, a través de este Subprograma se ha logrado colocar a 286,972 personas, de las cuales 88,464 han sido mujeres, es decir, casi el 31% de las colocaciones totales.

• El Subprograma de Repatriados Trabajando, el cual, otorga apoyo a los connacionales repatriados para vincularse con las oportunidades de empleo disponibles en la frontera norte del país o en su lugar de origen o residencia. Anualmente, cuenta con un presupuesto aproximado de 40 mdp que permiten brindar más de 25 mil atenciones.

Adicionalmente, el Servicio Nacional de Empleo opera mecanismos de vinculación laboral, a través de los cuales, se realizan más de 3 millones de atenciones y alrededor de 650 mil acciones de colocación, como son:

• El Portal del Empleo, el cual es un instrumento de política laboral que la STPS pone a disposición de la ciudadanía a través de la página de Internet: www.empleo.gob.mx. El Portal concentra la oferta y demanda laboral y trata de vincular a las personas que buscan un empleo con las vacantes que generan las empresas y los tres órdenes de gobierno.

• Anualmente registra más de 1.5 millones de solicitantes de empleo, de los cuales más de 300 mil logra colocarse en un empleo. En lo que va de esta administración, se tiene un registro de 2,745,223 mujeres solicitantes.

• Bolsa de Trabajo del SNE, la cual es un mecanismo que permite vincular a buscadores de empleo con vacantes acordes con su perfil laboral disponibles en la región. Cuenta con más de 800 mil registros anuales. A través de este mecanismo, de enero de 2007 a noviembre de 2011, se ha logrado colocar a 1,339,490 personas, de las cuales más del 40% (549,020) han sido mujeres.

• Las ferias de empleo (FE), las cuales, son un mecanismo directo, ágil y oportuno para propiciar el encuentro entre oferentes y demandantes. Los que han participado disminuyen significativamente el costo y tiempo invertido en los procesos de reclutamiento, selección de personal y de búsqueda de empleo. Si bien las FE están dirigidas al público en general, se busca vincular prioritariamente con el sector productivo a jóvenes, profesionistas, técnicos, mujeres, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. Anualmente, se realizan más de 300 ferias en la República Mexicana donde se ofertan más de 200 mil vacantes. Tan sólo en lo que va de 2011, hasta el mes de noviembre, se ha logrado la colocación de 91,474 solicitantes; más del 40% han sido mujeres (37,310).

• La estrategia Abriendo Espacios, la cual atiende a través de las diversas opciones de capacitación, entrega de apoyos económicos y vinculación laboral a personas con discapacidad y adultos mayores. Anualmente, más de 70 mil personas son atendidas y alrededor de 30 mil de ellas encuentran un empleo.

El Servicio Nacional de Empleo opera de manera federalizada en las 32 entidades de la República. Cuenta con 165 oficinas: 33 Centrales y 132 regionales. Adicionalmente existen 51 módulos de información. Además de una línea de atención las 24 horas del día, 01 800 841 2020, y el Portal del Empleo en la página www.empleo.gob.mx.

De esta manera, la STPS abona a su compromiso con la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito laboral, con la que mujeres y hombres puedan verse beneficiados en la búsqueda y estancia en el empleo y sean garantizados sus derechos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1, 4 y 123); Convenio 100 sobre igualdad de remuneración (OIT); Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación –OIT); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén do Pará –OEA); Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU); Ley Federal del Trabajo (artículos 3, 133, entre otros); Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículos 2, 4 y 9); Ley General de las Personas con Discapacidad (artículo 9); Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículos 12 y 34); Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículos 10 y 11); Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (artículo 19).

2 Información obtenida de apuntes de la Maestra Jennifer Ann Cooper Tory, coordinadora de la especialidad El Género en la Economía, Facultad de Economía, UNAM.

Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica)

Subsecretario del Trabajo

(Se remite a la Comisión de Equidad y Género)

México, DF., a 10 de enero de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-4446, signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000124, suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la construcción de la obra Acueducto Independencia, en el estado de Sonora.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 10 de enero de 2012.

Licenciado Carlos Angulo Parra

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en respuesta a su oficio número SEL/UEL/311/4283/11, mediante el cual hizo del conocimiento de esta dependencia del Ejecutivo federal el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 6 de diciembre del 2011, relativo a la construcción de la obra Acueducto Independencia, me permito remitirle copia del oficio número BOO.00.R03.02.-002/0001, suscrito por el licenciado Rubén Ramírez Ponce, encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado en el punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza

(rúbrica)

Directora General Adjunta

Hermosillo, Sonora, a 3 de enero de 2012.

Licenciado Wllehaldo Cruz Bressant

Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de Semarnat

México, DF

En atención al oficio número 112/00006462, de fecha 13 de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual la directora general adjunta de Legislación y Consulta de esa unidad a su digno cargo, remite el punto de acuerdos segundo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión del 6 de diciembre de 2011, en el cual exhorta, en la parte que compete, a mantenerse al margen a la Comisión Nacional del Agua del litigio entre el estado de Sonora e integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, por la construcción de la obra Acueducto Independencia.

Al respecto, me permito informarle que en efecto la Comisión Nacional del Agua, en particular este Organismo de Cuenca Noroeste, se mantiene al margen de la controversia legal en cita, lo cual se sustenta en los siguientes hechos:

• Se tienen diversos juicios de amparo distintas asociaciones de usuarios (conocidos como módulos de riego) en contra de este Organismo de Cuenca Noroeste y otras autoridades, por la emisión y otorgamiento de dos títulos de asignación a favor del gobierno del estado de Sonora, para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo. Estos juicios llevan su proceso de gestión ordinaria ante la autoridad judicial respectiva.

• Existe un diverso juicio de amparo (865/2011), promovido por la Asociación de Usuarios de la Sección de Riego 4-P4 del Canal Principal Bajo del Distrito de Riego 041-Rio Yaqui, AC, en contra del proceso de licitación del Acueducto Independencia, impulsado por el gobierno del estado dentro del Programa Sonora SI. Este Organismo de Cuenca Noroeste no está señalado como autoridad responsable ni ordenadora ni ejecutora.

• Se encuentra señalado como “ejecutor” el jefe de Distrito de Riego 041 Río Yaqui, por lo cual se negaron los actos reclamados, ya que tal autoridad no tiene ninguna injerencia en ellos.

• En dicho juicio, la juez octava de distrito ordenó la suspensión provisional y definitiva para efectos de que el gobierno del estado de Sonora continuara con el proceso de licitación pero sin emitir el fallo.

• El gobierno del estado, en octubre de 2010, emitió el fallo de la licitación en pugna y asignó el contrato de la obra, por lo que los demandantes presentaron incidente de desacato a la suspensión otorgada.

• En fecha 24 de mayo de 2011, la juez octava de distrito, con sede en Ciudad Obregón, emitió un acuerdo en el que confirma el desacato por parte de gobierno del estado a la suspensión de la construcción del Acueducto Independencia, ordenando al Fideicomiso, del Sonora SI gire instrucciones a quien corresponda a fin de cumplir de inmediato con dicha orden judicial misma que debe ser acreditada y enviada a la juez con la constancia correspondiente, en el entendido que puede utilizarse la fuerza pública si insistían en el citado desacato.

• El 3 de octubre de 2011, la mencionada juez octava emite acuerdo donde ordena girar exhorto al juez de distrito en turno de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que haga cumplir la medida de suspensión ordenada, facultándolo para que con el uso de la fuerza pública (federal o militar) retire maquinaria y material de construcción del sitio de la obra en pugna. De igual forma, requiere al Fideicomiso del Sonora SI para que cumpla con lo ordenado en la suspensión provisional.

• El 13 de octubre de 2011, la juez dictó resolución en el incidente de suspensión de uno de los juicios de amparo, concediendo la suspensión definitiva al módulo quejoso en los mismos términos en los que fue concedida la provisional, aduciendo que no se causa ningún perjuicio al interés social con la paralización de la obra del acueducto y sin tomar en cuenta o valorar ninguna de las pruebas desahogadas.

Como puede apreciarse de la anterior re1atoria, este Organismo de Cuenca no tiene intervención en el litigio en el que se encuentra inmerso el proceso de licitación de la obra Acueducto Independencia, por tanto se mantiene al margen de ello. Esto, sin que pase inadvertido de que ningún litigio promueve el denominado Movimiento Ciudadano por el Agua.

Atentamente

Licenciado Rubén Ramírez Ponce (rúbrica)

Encargado de la Dirección General

de Asuntos Jurídicos

(Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos)

México, DF, a 10 de enero de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente

Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-1761 signado por el diputado Jesús María Rodríguez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2011.DGE.973 suscrito por Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a mejorar las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad

México, DF, a 27 de diciembre de 2011.

Licenciado Adrián Flores Ledesma

Director General Adjunto de Proceso Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

En atención al oficio SEL/UEL/311/3932/11, del 9 de noviembre del año en curso, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 8 de noviembre, mismo que se transcribe a continuación:

“Primero . Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos. En específico, procuren la coordinación, coherencia y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.

Segundo . Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a efecto de informar acerca de los convenios considerados en el artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que haya celebrado con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la consecución de los objetivos de la mencionada ley.”

Al respecto, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa coincide en la necesidad de mejorar las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y el proceso productivo de las Mipyme.

Se cuenta ya con una herramienta tecnológica a través de la cual se gestionan los trámites de su competencia derivados de las Reglas de Operación del Fondo Pyme. Es el Sistema de Transparencia Pyme (www.fondopyme.gob.mx), que es de gran utilidad para los interesados en obtener los apoyos de dicho fondo ya que a través de éste llenan su solicitud (en línea) presentan informes y reciben notificaciones.

En el Sistema de Transparencia Pyme (www.fondopyme.gob.mx) se registra todo el proceso de otorgamiento de los apoyos del Fondo Pyme previsto en las reglas de operación integrándose la información correspondiente de cada una de sus etapas (ocho en total) y su resultado.

Con relación al segundo resolutivo, la Spyme informa que cada año se suscribe el Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, con las 32 entidades federativas, en atención a la normatividad aplicable (entre la que se encuentra la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa).

Dicho convenio tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación y cooperación, entre la Secretaría de Economía y el gobierno del estado, para promover el desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y las iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que permitan generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas y más y mejores emprendedores y, en general, las iniciativas que en materia económica se presenten para impulsar el desarrollo integral del estado correspondiente.

En este contexto, se prevén diversas actividades y compromisos para el cumplimiento de su objeto y, especialmente, la aportación conjunta de recursos entre las partes para el apoyo a los proyectos, elegibles conforme a las Reglas de Operación del Fondo Pyme, que vayan a ejecutarse en el estado.

Se han suscrito convenios con algunos municipios y entidades federativas como instrumentos de colaboración para que participen, en el ámbito de su respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de planeación nacional y para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a emprendedores y Mipyme.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica p.a.)

Director General de Enlace

(Se remite a la Comisión de Economía)

México, DF, a 16 de enero de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-4405, signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número Ref II-211-C-180068, suscrito por el licenciado Carlos Alberto Ayala Rostro, director general de Concertación Agraria y secretario técnico de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las acciones necesarias para conciliar y resolver el conflicto agrario existente entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 12 de enero de 2012.

Licenciado Adrián Flores Ledesma

Director General Adjunto de Proceso Legislativo

Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Con fecha 20 de diciembre de 2011 se recibió en esta dirección general el oficio número Ref II. 200. 114966, de la licenciada Joselyne Castrejón Castrejón, coordinadora de asesores del subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, anexando el oficio número Ref I.110/ 15276/ 2011, de fecha 16 del referido mes y año, de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, así como su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4277/ 11, del 7 de diciembre de 2011, por el que el director general adjunto de Proceso Legislativo de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación dio a conocer a la Secretaría de la Reforma Agraria el punto de acuerdo, aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 6 de diciembre de 2011, que a la letra señala:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de las Secretarías de Gobernación, de la Reforma Agraria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, a realizar coordinadamente todas las acciones que sean necesarias para conciliar y resolver con la mayor brevedad el conflicto agrario y de límites existente entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a revisar exhaustivamente los permisos, las concesiones y las autorizaciones de explotación forestal que pudieran haberse expedido a favor de ejidos, comunidades o particulares en la zona en conflicto entre los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas, y –en su caso– para que las revoque o suspenda, en tanto es posible resolver el conflicto agrario y de límites que en ésta se presenta. Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de Chiapas y Oaxaca a realizar todas las acciones a su alcance para evitar el clima de violencia en la zona y ayudar a la solución definitiva del conflicto entre los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.

Al respecto me permito informar a usted sobre la atención que se ha brindado a los Chimalapas, Oaxaca, vs. núcleos agrarios del oriente de Cintalapa, Chiapas:

Poblado: Santa Maria Chimalapa.

Municipio: Santa María Chimalapa.

Estado: Oaxaca.

Superficie: 460 000-00-00 hectáreas.

Antecedentes

Este conflicto social agrario se origina a partir de la ejecución de acciones agrarias de dotación y ampliación sobre territorio comprendido en el reconocimiento y titulación de bienes comunales de la comunidad Santa María Chimalapa, toda vez que su resolución presidencial se ejecutó el 31 de marzo de 1993, mientras que las ejecuciones de los ejidos del noroeste de Cintalapa, Chiapas, se realizaron entre 1958 y 1992.

Derivado de lo anterior se ha suscitado desde esas épocas una problemática que ha generado confrontaciones no sólo en el ámbito jurídico sino, también, en el social, ya que las comunidades Chimalapas han manifestado en repetidas ocasiones que sólo reconocerán las resoluciones cuya fecha de publicación sea anterior al 10 de marzo de 1967 (fecha de publicación de su RTBC).

Situación actual

La problemática que enfrenta la comunidad Santa María Chimalapa con los núcleos chiapanecos ha sido atendida a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, logrando que la comunidad acepte incorporarse y someterse al programa. Derivado de lo anterior, se han obtenido las anuencias a fin de realizar trabajos técnicos y mediciones para determinar la superficie real en conflicto y, de esa forma, sentar las bases para iniciar con el procedimiento de negociación. Entre los poblados que ya cuentan con anuencia y en los que se han realizado mediciones están Benito Juárez I, Benito Juárez II, Canaán, Guadalupe Victoria, Ignacio Zaragoza, Luis Echeverría, Pilar Espinoza de León y Rafael Cal y Mayor.

Con fecha 11 de febrero de 2011, a través del subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural se hizo la propuesta a la comunidad Santa María Chimalapa, en la que se advirtió que la superficie en conflicto era de 41 418 15 40.87 hectáreas, en la que se localizan los núcleos agrarios, ofertando una contraprestación por 70 millones de pesos por el reconocimiento que haga la comunidad a los núcleos agrarios, excluyendo en consecuencia dicha superficie de su plano definitivo.

No obstante lo anterior, la comunidad de Santa María Chimalapa realizó un planteamiento distinto, en el sentido de que a pesar de estar de acuerdo en continuar la participación en el programa, la contraprestación debe otorgarse atendiendo a la cuantificación de la pérdida de los recursos forestales que no han aprovechado. Asimismo, manifiestan que no permitirán la modificación de su plano definitivo, por lo que señalan como alternativa el reconocimiento como comuneros de los núcleos agrarios chiapanecos. Tales núcleos manifestaron su enérgico rechazo a la alternativa de ser aceptados como comuneros por la comunidad Santa María Chimalapa el 10 de octubre de 2011, presentando dicha negativa por conducto del secretario general de Gobierno de Chiapas en instrumento notarial número uno, pasado ante la fe del licenciado Octavio Esponda López, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que hasta el momento no existe coincidencia en la alternativa de solución.

En dicha reunión se acordó que se establecerían por conducto de los gobiernos de los estados las condiciones para instaurar un diálogo directo; sin embargo, se conoce que los ejidos chiapanecos no están de acuerdo y han reiterado su negativa de manera extraoficial.

Poblado: San Miguel Chimalapa.

Municipio: San Miguel Chimalapa.

Estado: Oaxaca.

Superficie: 134 000-00-00 hectáreas.

Antecedentes

Este conflicto social agrario se origina a partir de la ejecución de acciones agrarias de dotación y ampliación sobre territorio comprendido en el reconocimiento y titulación de bienes comunales de la comunidad San Miguel Chimalapa, toda vez que su resolución presidencial se ejecutó el 26 de octubre de 1992, mientras que las ejecuciones de los ejidos del noroeste de Cintalapa, Chiapas, se realizaron entre 1958 y 1992.

Derivado de lo anterior se ha suscitado desde esas épocas una problemática que ha generado confrontaciones no sólo en el ámbito jurídico sino, también, social, ya que las comunidades Chimalapas han manifestado en repetidas ocasiones que sólo reconocerán las resoluciones cuya fecha de publicación sea anterior al 10 de marzo de 1967 (fecha de publicación de su RTBC).

Situación actual

Esta problemática se ha identificado en cuatro núcleos agrarios: Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Rodulfo Figueroa, Ramón E. Balboa y La Flor de Chiapas, los cuales no han querido dar su anuencia para la realización de trabajos técnicos. Lo anterior atiende primordialmente a que la solución de la comunidad San Miguel Chimalapa es reubicar los núcleos fuera de los terrenos que les fueron reconocidos y titulados.

La superficie en conflicto es de 7 383-47-84.730 hectáreas, por las cuales la Secretaría de la Reforma Agraria ofertó 20 millones de pesos como contraprestación. Cabe destacar que la comunidad San Miguel Chimalapa ha manifestado en diversas ocasiones su descontento por la autorización de permisos forestales otorgados por la Semarnat a los núcleos agrarios, en especial al poblado Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, es importante señalar que legalmente la superficie pertenece al núcleo, por lo que el otorgamiento de los permisos se ha hecho conforme a derecho, circunstancia de la que han informado las autoridades ambientales a dicho núcleo agrario.

Con fecha 26 de octubre de 2011 se convocó a la comunidad a asistir a reunión de trabajo en San Pedro Tapanatepec para plantear opciones de solución del conflicto de mérito. Sin embargo, la comunidad no asistió a la reunión. Posteriormente, la comunidad manifestó que prefiere mantener un diálogo directo con los campesinos de los núcleos agrarios, ofreciéndoles aceptarlos como comuneros una vez que acepten que están enclavados en terrenos comunales.

Dado el clima de tensión y la creciente confrontación entre esta comunidad y los núcleos agrarios chiapanecos, con fecha 22 de diciembre de 2011 se celebró reunión entre éstos y los gobernadores, así como el secretario de Gobernación y el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de esta secretaría, en la que se acordó que se garantizaría el libre tránsito de los pobladores de la región, abriéndose los caminos para tal efecto, con el compromiso de esta dependencia de llamar al diálogo directo entre los campesinos para avanzar de esa forma en el proceso de conciliación y solución del conflicto.

En este sentido, ya se ha instruido a las delegaciones estatales de la secretaría en Oaxaca y Chiapas para que convoquen a los presidentes de los comisariados de bienes comunales y ejidales correspondientes a fin de iniciar el diálogo de forma directa, como se acordó en la reunión.

Cabe señalar que la comunidad San Miguel Chimalapa ha planteado como solución del conflicto reconocer como comuneros a los núcleos agrarios chiapanecos en la que se les otorgue una compensación por los supuestos daños generados al ecosistema y a los terrenos que consideran propios.

Se tiene conocimiento de que el gobierno de Oaxaca interpondrá una controversia constitucional para que se resuelva en definitiva el conflicto por límites entre éste y Chiapas, situación que también ha influido al recrudecimiento de la problemática en la zona Chimalapa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Carlos Alberto Ayala Rostro (rúbrica)

Director General de Concertación Agraria

y Secretario Técnico

(Se remite a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Reforma Agraria)

México, DF, a 16 de enero de 2012.

Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-4475 signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2012.DGE.022 suscrito por Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la suspensión de la aplicación de las normas técnicas NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-047-SEMARNAT-1999, para efectos de la importación de vehículos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

México, DF, a 5 de enero de 2012.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo

Secretaría de Gobernación

Presente

En atención al oficio SEL/UEL/311/4322/11, del 9 de diciembre de 2011, mediante el cual se comunicó el Punto de Acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 8 de diciembre, que se transcribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados solícita al gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca que, de manera urgente, instrumenten las medidas necesarias y jurídicamente viables para suspender la aplicación de las normas técnicas NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-047­SEMARNAT-1999, hasta el 12 de enero próximo, para efectos de la importación definitiva de vehículos de los paisanos, en virtud de que las citadas normas están afectando gravemente el ingreso a territorio nacional de los ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos que regresan a nuestro país con motivo del fin de año.”

Al respecto la Subsecretaría de Industria y Comercio informa lo siguiente:

Demostrar el cumplimiento de la norma ambiental en la importación definitiva de vehículos usados, dispuesto en el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, tiene por objeto contribuir a generar un ambiente sano para la salud de las personas ya mantener el equilibrio ecológico en nuestro país.

Es conveniente subrayar que la regulación ambiental se impone sólo a quienes pretenden dejar en México el automóvil en que se transportaron, permitiendo la presentación de certificados de cumplimiento de las normas aplicables en Estados Unidos, lo cual evita el incremento de costos de la importación y da certidumbre a quienes conservan el vehículo de que será una unidad que podrá circular sin ningún problema en territorio nacional.

La importancia del tema para la sociedad mexicana la ilustra el desplegado publicado en el periódico Reforma el día 16 de diciembre por importantes organizaciones ecologistas tales como el Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, AC, el Centro de Estudios Jurídico Ambientales, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Unión de Grupos Ambientalistas, así como a la postura en este sentido del presidente del Partido Verde Ecologista de México, Juan José Guerra Abud, quienes manifestaron estar a favor de mantener la medida por su efecto positivo en el medio ambiente, la salud pública y la seguridad.

Estudios realizados, como el del Centro Mario Molina, “Medición de Emisiones Vehiculares en Ciudad Juárez, Chihuahua 2006”, reflejan que los autos usados importados en promedio contaminan hasta el doble que el auto promedio en la Ciudad de México, debido a que la mayoría de ellos son modelos tecnológicamente atrasados y a la falta de cumplimiento de requisitos ambientales, que favorecían la introducción a nuestro país de unidades en malas condiciones.

Los legisladores promoventes del punto de acuerdo únicamente solicitaban el retraso de la entrada en vigor para una mayor difusión, ante lo cual se han venido desarrollando acciones por parte de los diferentes organismos y dependencias involucradas en su aplicación, destacando los siguientes:

• Boletín de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, informando a la comunidad de comercio exterior y aduanal los aspectos relevantes de la publicación del acuerdo de equivalencias en la importación de vehículos usados.

• Boletín electrónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados de nuestro país en Estados Unidos de América, sobre la aplicación del acuerdo de equivalencias, proporcionando información a los con nacionales que viajan a México sobre los requisitos para importar vehículos en forma definitiva, así como los lugares y formas de obtener los certificados ambientales que se reconocen como equivalentes para acreditar el cumplimiento de la NOM-041-SEMARNAT-2006.

• Inclusión en la página de internet del Programa Paisano de la Secretaría de Gobernación, de información relativa a la obligación de cumplir con la NOM-041-SEMARNAT-2006 en la importación definitiva de vehículos usados a México, proporcionando números telefónicos de contacto tanto en México como en Estados Unidos, para obtener información detallada, en concordancia con el objetivo del programa de asegurar un trato digno y sujeto a la ley, para los mexicanos que ingresan, transitan o salen de nuestro país.

• Apertura de una cuenta de correo electrónico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que servirá como ventanilla de atención a las dudas que tengan los con nacionales y público en general, relacionadas con la regulación ambiental en la importación definitiva de vehículos (dudas.autosusados@semarnat.gob.mx).

El gobierno federal comparte la preocupación de los diputados del honorable Congreso de la Unión sobre la necesidad de atender, de manera oportuna y eficiente cualquier problemática que se presente en las aduanas de nuestro país por la aplicación de la regulación ambiental, especialmente en la temporada de gran afluencia de nuestros connacionales, en atención a ello y para facilitar las operaciones de importación definitiva de vehículos usados, el 16 de diciembre de 2011, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicaron en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo, mediante el cual se reconocen como válidos para efectos de acreditar el cumplimiento de la NOM-041 en los puntos de ingreso al país, los certificados que las autoridades de los estados de Estados Unidos expidan por sí o por conducto de terceros, autorizados para tales efectos.

Adicionalmente, para agilizar la operación aduanera se han adoptado las siguientes acciones:

• Uniformar criterios de aplicación en aduanas para agilizar la operación, sin relajar el cumplimiento de la norma.

• Eliminar restricciones que puedan limitar el número de importaciones de vehículos que cumplan con la normatividad.

• Comunicación directa y continua con los legisladores para atender oportunamente la problemática.

Los problemas operativos señalados han sido resueltos, y tomando en cuenta su importancia para el medio ambiente, la salud pública y la seguridad, no se considera conveniente suspender la exigencia de demostrar el cumplimiento de la regulación ambiental en el punto de entrada al país, para los vehículos usados que se importan de manera definitiva.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica)

Director General de Enlace

(Se remite a la Comisión de Economía)