Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El acceso a los servicios de salud es, como se menciona en el artículo 4o. constitucional, un derecho humano establecido a favor de todos los mexicanos.
La referida disposición constitucional fue proyectada en la legislación secundaria, a través de la adición al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, el cual establece que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud.
De esta forma, debe concebirse a la protección social en salud como “un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.”
Inserto dentro de dicha estrategia gubernamental, el Seguro Popular busca otorgar cobertura de servicios de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario, para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social.
De esta forma, se busca que los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud a través del Seguro Popular tengan acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud.
A efecto de operar la referida política pública, la Cámara de Diputados aprobó para este ejercicio fiscal un presupuesto cercano a los 66 mil millones de pesos.
La responsabilidad que conlleva el ejercicio de tales recursos es de suma importancia, ya que el Estado debe procurar ser eficaz y transparente en el ejercicio del gasto, así como en garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en materia de salud, permitiendo en todo momento la participación y vigilancia de los ciudadanos mexicanos.
En el mensaje dado por el titular del Ejecutivo federal, con motivo de su quinto año de gobierno, el día 4 de Diciembre de 2011, se remarca que durante su gestión se ha logrado que toda mexicana y todo mexicano tengan acceso a consulta médica, medicamento, tratamiento y hospitalización cuando así lo requieran. Lo anterior, se presume, gracias al número de beneficiarios afiliados al programa Seguro Popular.
En este sentido, Baja California Sur, Chiapas, San Luis Potosí, México, Tlaxcala, Sonora, Tabasco y Colima, entre otras, han sido reconocidas como entidades con Cobertura Universal de Salud. Sin embargo, es importante destacar que la afiliación por sí misma no es garantía para acceder a los servicios de salud, pues esto depende en gran medida de la disponibilidad de recursos económicos, humanos y de infraestructura.
Lo anterior se ejemplifica con los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de los dos mil 456 municipios del país, 420 fueron reportados con más del 50 por ciento de su población sin acceso a los servicios de salud 1 .
No está de más que para dicho organismo, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud, cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.
La difícil situación por la que atraviesa el Sector Salud no se resuelve con la mayor cobertura, y eso se demuestra cuando la OMS señala que México se encuentra por debajo del estándar que sugiere que el gasto en salud para el año 2015 debe ser del 7.6 por ciento como proporción del producto interno bruto, ya que el gasto actual es de un 6.6 por ciento aproximadamente 2 .
Aunado a lo anterior, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía “Perspectiva Estadística de México”, de Diciembre de 2011, en el apartado “Indicadores de los Servicios Médicos de las Instituciones Públicas de Salud, 2009” 3 revela que en nuestro país existen en promedio 0.5 médicos familiares o generales y 0.7 médicos especialistas por cada mil habitantes, lo que muestra un déficit en materia de recursos humanos.
No cabe duda de que los resultados obtenidos hasta el momento pueden ser mejorados. Los responsables de la política de salud del país deben garantizar, entre otras cuestiones: la viabilidad financiera del sistema nacional de salud; la efectiva cobertura universal de acceso a los servicios de salud; modernizar la infraestructura médica; fortalecer la capacitación de los recursos humanos; evolucionar de lo curativo a lo preventivo; y, homogeneizar la calidad de la atención.
Se deben encaminar nuestras acciones a fin de crear las condiciones necesarias para que todos los mexicanos sean capaces de ejercer plenamente a su derecho de acceso a los servicios de salud.
También se debe evaluar el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes); establecer indicadores que señalen la mejora de la salud de los beneficiarias, y finalmente, determinar el impacto económico del programa en los mismos.
Por lo expuesto, se propone a través del presente exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía el grado de avance en la Cobertura Universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011; sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, y sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en éstos.
Es en razón de lo anterior presento ante está honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011; sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, y sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en los mismos.
Notas
1 http://web.coneval.gob.mx/Informes/COMUNICADOS_DE_PRENSA/ Comunicado_de_prensa _015_Medicion_pobreza_municipal.pdf
2 http://www.conapo.gob.mx/prensa/2007/prensa082007.pdf
3 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/pe rspectiva-mex.pdf
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar por la SHCP los asuntos relacionados con la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario, infraestructura carretera y otras obras, suscrita por el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados federales por Nuevo León, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La diputación federal por Nuevo León, en el ámbito de sus atribuciones legislativas y en sus funciones de gestión social, ha venido abordando diverso temas con las autoridades hacendarias federales, sin que hasta el momento se haya mostrado voluntad de las misma para resolverlas, a pesar de que en algunos casos estas autoridades son parte misma de la generación del problema, o bien se trata de recursos ya aprobados en instrumentos legales y no entregados, por lo que mediante oficios de fechas 28 de septiembre y 28 de octubre de 2011, se ha solicitado la atención del secretario de Hacienda y Crédito Pública, sin que a la fecha haya respuesta a dichas solicitudes de audiencia, para abordar los asuntos relacionados con Nuevo León, como los relacionados con los defraudados por la Unión de Crédito Monterrey y recursos aprobados y no entregados a la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y al Hospital Universitario de Nuevo León, infraestructura carretera, entre otros:
Asunto: Unión de Crédito Monterrey, SA de CV (Ucrem)
Como sabemos las Uniones de Crédito, están constituidas como sociedades anónimas de capital variable, con la correspondiente autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quien también se encarga de las labores de supervisión bajo las normas establecidas en la Ley de Uniones de Crédito: supervisión que no se ha llevado a cabo y ha derivado en innumerables acciones fraudulentas de estas uniones de crédito.
Un caso específico de esta situación es el que están viviendo un importante número de ciudadanos de Nuevo León, que han sido afectados por las operaciones fraudulentas de una de las entidades financieras más importantes del país, en la modalidad de unión de crédito. Esta entidad financiera es la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, a quien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 27 de octubre de 2004 revocó la autorización para operar. Lo delicado del problema, desde la perspectiva financiera y del control institucional que deben tener estas organizaciones auxiliares de crédito, se agrava de manera sensible cuando los afectados constituyen un sector de la sociedad integrado por personas de la tercera edad, de pensionados y de pequeños ahorradores que depositaron en esa organización el fruto de largos años de esforzado trabajo.
En el caso específico de la citada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, se tienen los siguientes antecedentes:
a) En fecha 27 de enero de 1994, la entonces Comisión Nacional Bancaria (hoy Comisión Nacional Bancaria y de Valores), mediante el oficio número 601-II-DA-b-5288 otorgó autorización para operar como unión de crédito a la sociedad Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.
b) En ejercicio de las facultades que la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito le confiere a la citada Comisión, ésta realizó una inspección ordinaria a la referida Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, en febrero de 2003, encontrando irregularidades de especial trascendencia y gravedad en su forma de operación, entre otras las siguientes: (I) en el manejo de la cartera de crédito se detectaron operaciones que contravienen lo establecido en el artículo 48-C de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que establece que las organizaciones auxiliares del crédito en ningún caso podrán celebrar operaciones en las que se pacten condiciones que se aparten de las sanas prácticas financieras; (II) incumplió con la observancia de los Criterios de Contabilidad para uniones de crédito emitidos por la precitada Comisión Nacional Bancaria; (III) celebró operaciones de crédito a plazos que no son congruentes con los de las operaciones pasivas, infringiendo lo previsto en la fracción IV del artículo 45 de la precitada Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; (IV) celebró operaciones activas no autorizadas por el Comité de Crédito; (V) sus registros contables incumplían con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitidos por el Instituto de Contadores Públicos, AC, entre otras.
c) Mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de julio de 2006, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización otorgada a la multicitada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, estableciendo su incapacidad para realizar operaciones y ordenando proceder a su disolución y liquidación.
Como consecuencia de las operaciones crediticias irregulares a que hemos hecho referencia, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, no pudo recuperar los recursos que fueron materia de las operaciones crediticias de referencia, y por tanto, no pudo cumplir con los compromisos asumidos con sus socios ahorradores, causándoles un grave daño a su patrimonio.
De esta manera, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, adeuda a cerca de mil 800 socios ahorradores una cantidad aproximada a 380 millones de pesos, cuyo reintegro han venido reclamando los afectados ante diversas instancias, tanto por la vía judicial como por la administrativa, sin que a la fecha se haya llegado a una solución satisfactoria para estos.
Esto último plantea una situación socialmente muy delicada en la protección de los grupos vulnerables en Nuevo León, ya que 60 por ciento de los ahorradores afectados son personas de la tercera edad cuyos ahorros, producto de sus liquidaciones o jubilaciones, sustentaban una modesta forma de vida, de la cual han sido privados como efecto de las operaciones fraudulentas de la unión de crédito citada.
Como representantes populares estamos obligados a ser los promotores del bienestar de nuestros representados. En esta línea de razonamiento, el Congreso de la Unión expidió la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de fecha 29 de diciembre de 2000, para solucionar problemas que enfrentaron miles de ahorradores, que son en esencia similares a los que enfrentan hoy los ahorradores de la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV. Por ello, los diputados federales por Nuevo León del PRI presentamos una iniciativa que propone reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores a fin de que se apliquen los mismos principios de equidad y solidaridad que inspiraron la expedición de la ley en 2000, para auxiliar a los ahorradores de menos ingresos, para la protección de grupos vulnerables como jubilados y pensionados. La iniciativa no ha sido dictaminada a la fecha por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Paralelamente, los diputados federales por Nuevo León realizamos diversas gestiones ante la Secretaría de Hacienda para buscar alternativas de solución a esta problemática que está provocando graves problemas sociales en Nuevo León, que se insiste tiene origen en la falta de cumplimiento en las obligaciones de supervisión de estas mismas autoridades federales hacendarias. En este sentido se llevaron a cabo diversas reuniones, con estas autoridades planteándose diversas alternativas, a las cuales se mostraron receptivas, pero que sin embargo no han sido materializadas a pesar de haber pasado ya mucho tiempo de que fueron planteadas. Y hoy estas autoridades federales hacendarias ya ni siquiera han contestado a las solicitudes de audiencia para solucionar el problema.
Asunto: Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y Hospital Universitario de Nuevo León
La Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León es una institución educativa de nivel superior que tiene amplio reconocimiento nacional, ya que presta servicios de alta calidad a una amplia región del norte y el centro del país: atiende a jóvenes estudiantes de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, y el propio Nuevo León. Lo anterior la hace una institución estratégica para el desarrollo educativo de la región.
Además de lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León cuenta con el Hospital Universitario, en la Facultad de Medicina, que es una institución de salud de tercer nivel, en muy diversas especialidades y que atiende de igual manera a toda la región señalada del norte del país.
No obstante que es una institución estratégica en la región en materia educativa y de salud, no ha sido valorada en su justa dimensión, por lo que su salud financiera se ha venido degradando con el paso del tiempo, por lo que es urgente su atención inmediata, ante la creciente demanda tanto en materia educativa como en materia de salud. Al ser Nuevo León uno de los estados con mayores índices de migraciones del centro y sur del país, es necesario que se le aporten los recursos necesarios para su atención, sin embargo, por el contrario, las autoridades hacendarias federales incumplen con la entrega de los recursos que esta soberanía le ha aprobado.
En 2010 y 2011 se dejaron de aportar a la Universidad Autónoma de Nuevo León los recursos financieros que se le venían aportando del Fondo para el Saneamiento Financiero por un monto de 251 millones de pesos. De igual forma, al Hospital Universitarios se habían aprobado por esta soberanía para el ejercicio presupuestal de 2010 en el PEF 100 millones de pesos y para el ejercicio presupuestal de 2011 un monto de 70 millones de pesos, los cuales, en ambos casos, las autoridades hacendarias federales no han entregado.
Asunto: Infraestructura carretera y otras obras
Existen diversos asuntos relacionados con la infraestructura carretera de Nuevo León, derivados de recursos aprobados por esta soberanía en el PEF de 2011, incluso en el de 2010, para su ejercicio en 2011, que por diversos motivos neoloneses. Estos recursos no significan solo una carretera más, o solo no han sido entregados por las autoridades hacendarias, causando con ello problemas graves al estado que ha contemplado, como debe de ser, en sus planeación presupuestaria dichos recursos para su ejercicio, sin que estos le sean entregados. Con ello se ocasiona el retraso en el cumplimiento a las justas demandas de los ciudadanos mejoras a un museo o desarrollo turístico, un hospital, una escuela etc. Estos recursos significan bienestar para las comunidades que requieren estas obras, significan empleo, mejor calidad de vida de los ciudadanos: significa ejercer en ellos sus propios recursos, porque no son recursos de la federación o del estado, son recursos de los ciudadanos.
Por ello es imperativo que las recursos que ya han sido aprobados por esta soberanía sean entregados para su ejercicio en lo en beneficio de la población y evitar que autoridades menores hacendaria, argumentando en algunos casos elementos de carácter burocrático, o bien la sola falta de voluntad, o que por ineficiencia detengan la aplicación de dichos recursos en beneficio del bienestar comunitario.
En razón de lo anterior, los diputados federales por Nuevo León, en apoyo de los ahorradores de Ucrem, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Universitario, que es su facultad de medicina, y a la comunidad en general, nos dimos a la tarea de hablar con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y con las autoridades de la Secretaria de Educación Pública, con las que nos entrevistamos en diversas ocasiones, sin que hayan dado respuesta satisfactoria. Y lo verdaderamente inaceptable es que ahora el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, no ha dado contestación a las solicitudes que le hemos formulado desde el 28 de septiembre de 2011 todos los diputados por Nuevo León de todos los partidos políticos, y el 28 de octubre de 2011 los diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del PRI, para entrevistarnos y dar solución a estas problemáticas relacionada con diversas obras aprobadas en los Presupuestos de Egresos de la Federación para Nuevo León, de ejercicios anteriores, que de no atenderse de inmediato tendrán repercusiones sociales de enorme magnitud.
Es inadmisible la insensibilidad de las autoridades Hacendarias, que regatean recursos para ejercerlo en lo que verdaderamente es importante para el país, como lo es la educación y la salud, y prefieren dejar esos recursos sin ejercer, y sin saber que destino final tienen, por que los recursos ahí están. Se insiste, son recursos que son muy significativos por sus montos para atender las demandas sociales den el Estado de Nuevo León; dentro de los que señalamos a manera de ejemplo; aproximadamente 380 millones de pesos de los defraudados por la Ucrem; 251 millones del Fondo para el Saneamiento Financiero con que se les venía apoyado; 100 millones de pesos aprobados en el PEFF de 2010 son 70 millones de pesos que han sido aprobados en el PEF de 2011, y los destinados para infraestructura carretera y otras obras más que no han sido entregados. Esos recursos desconocemos dónde se van, y no se aplica en donde deben de aplicarse, conforme a lo aprobado por esta soberanía, poniendo en riesgo de problemas sociales a Nuevo León y la viabilidad de dos instituciones paradigmáticas y de alta utilidad, en el norte del país, como lo son la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario de Nuevo León.
Por lo anterior, los diputados federales por Nuevo León hacemos un llamado enérgico para que seamos recibidos de inmediato por el secretario de Hacienda y Crédito Público, para que con carácter de urgente les sean entregados los recursos financieros planteados en el párrafo anterior, por lo que acudimos a esta soberanía para presentar la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a recibir de inmediato por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los diputados por Nuevo León a fin de atender y solucionar la problemática financiera relacionada con la Ucrem, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario de ésta, la infraestructura carretera, y otras obras, en el estado, entregando los recursos señalados en el penúltimo párrafo de la exposición de motivos de la presente proposición con puntos de acuerdo, así como los aprobados en los Presupuestos de Egresos de la Federación, para diversas obras, que han sido aprobados por esta soberanía en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y resarcir los fondos que se habían venido entregando.
Segundo. Que la presente proposición con puntos de acuerdo sea considerada de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Consar que explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante 2011 las administradoras de fondos para el retiro (Afores) acreditaron la obtención de un rendimiento anual de 5.4 por ciento, el más bajo desde la minusvalía de 2008 (que situó los rendimientos en un alarmante -1.0 por ciento) y el más lejano a 26.9 por ciento, que fue la tasa más alta otorgada en el año 1999.
Si bien es cierto existen numerosos factores que explican dicho comportamiento, entre ellos la turbulencia que presentaron los mercados financieros en la última parte del año, las Afores habían parecido superar el obstáculo de la crisis financiera de 2008 y en 2009 habían regresado al otorgamiento de rendimientos superiores al 11.2 por ciento, para luego en 2010 incrementarlo ligeramente a 11.8 por ciento anual.
2011 fue un año marcado por la volatilidad en los mercados afectados por la crisis de deuda en Europa que impactó negativamente los rendimientos de casi todos los esquemas financieros y de ahorro.
Sin embargo, y dados los datos de incertidumbre en el desarrollo de la economía mundial, es preocupante no conocer de qué manera afectan las bajas de rendimientos los ahorros de millones de trabajadores, y los esquemas de seguridad social para quienes están inscritos en los mencionados mecanismos de inversión.
Por lo tanto es imprescindible conocer con detalle las causas de la baja de rendimientos de las Afores y sobre todo, su impacto en la inversión de los trabajadores, así como en la economía mexicana en su conjunto.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informe a esta soberanía de manera pormenorizada las causas que han provocado la disminución de los rendimientos que obtienen las administradoras de fondos para el retiro (Afores), respecto de los ahorros e inversiones del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que informe qué medidas regulatorias ha implementado en el ámbito de su competencia, para garantizar que los trabajadores en nuestro país obtengan los esquemas de inversión más competitivos y de mayores beneficios para su retiro.
Tercero. Que la Consar informe cuál es el impacto en el ahorro para el retiro de los trabajadores de esta dramática disminución de rendimientos, y si ello también afecta el esquema de seguridad social en el corto y mediano plazos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2012 Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, suscrita por la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre de los integrantes de la Comisión Especial para conmemorar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete respetuosamente a consideración de los integrantes de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar 2012 como el Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, con base en las siguientes
Consideraciones
Hoy, el país vive circunstancias muy difíciles que nos llevan a reflexionar y buscar soluciones donde estemos todos comprometidos por nuestra identidad, la soberanía y la independencia, pilares que hemos heredado y adquirido con esfuerzo y lucha permanentes.
Tenemos presente que en 2010 celebramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, acontecimientos que sin duda formaron esta gran nación. En 2012 de igual manera conmemoraremos otro de los acontecimientos que nos dieron identidad y unidad como país independiente: el 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862, en Puebla.
La importancia de conmemorar esta fecha histórica es reconocer la valentía y el heroísmo de mexicanos que, en condiciones de inferioridad de número y armamento, vencieron al ejército más poderoso de aquella época: el francés.
La nación mantenía una deuda y una crisis económica; con valor patriótico y con un espíritu republicano, el presidente Benito Juárez García declaró una suspensión de pagos de la deuda externa. Esta acción de moratoria fue el pretexto para que España, Gran Bretaña y Francia declararan hostilidades a México.
Ante las vicisitudes que hoy enfrenta la república, ante los vaivenes de una crisis económica mundial, vale la pena asirse de las grandes páginas de nuestra historia, generar un gran movimiento de valores que trasciendan en la formación de ciudadanos libres y forjadores de una nación con futuro.
En aras de contribuir al engrandecimiento de las luchas y enseñanzas históricas, será muy importante nuestra participación en la conmemoración del 150 aniversario de la gloriosa batalla del 5 de mayo de 1862, en la hoy llamada con mucho orgullo y justicia Puebla de Zaragoza.
Motivados en los antecedentes y razonamientos expuestos, los que suscribimos nos congratulamos en llevar hasta el Congreso de la Unión la urgente exigencia de honrar a los patricios que escribieron con su sangre y con su ejemplo una de las páginas más brillantes de nuestra tradición histórica.
Con fundamento en los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente, por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar 2012, con base en las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a dar realce y proyección al aniversario del bicentenario que se declara, y en la documentación oficial de los poderes de la federación, de los estados, sus organismos y ayuntamientos que sea utilizada durante 2012 se imprima la leyenda “2012, Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla”, y se acompañe de la efigie de don Ignacio Zaragoza.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2011.
Diputada María Isabel Merlo Talavera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar los instrumentos necesarios para privilegiar la compra de algodón nacional, suscrita por la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en nombre de los diputados federales del estado de Coahuila de Zaragoza, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En los cinco años de gestión del presidente Calderón, y los seis años de Vicente Fox, se evidenció la falta de compromiso de estos gobiernos panistas para con los productores del campo de nuestro país.
Como muestra de lo anterior basta recordar que en marzo de 2001 el ex presidente Vicente Fox vetó la Ley de Desarrollo Rural, aprobada en ambas Cámaras, con un amplio esfuerzo por dotar al campo de un marco jurídico que regulara las actividades de este importante sector así como establecer los apoyos que el Estado implementaría para mejorar sus deterioradas condiciones.
Las razones esgrimidas en su momento por Fox eran insostenibles y reflejaban un afán de revancha política, al no alcanzar sus legisladores, los votos necesarios para bloquear esta Ley desde el Congreso.
Lo anterior contradecía lo que el presidente Fox sostuvo alguna vez de forma por demás demagógica “que el presidente propone y el Congreso dispone”.
Más recientemente, el presidente Calderón vetó las reformas aprobadas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable aprobadas por el Congreso. Las reformas proponían garantizar que el presupuesto asignado al campo mínimamente permaneciera constante y que en la medida de las posibilidades económicas previstas en los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.
Con dicha reforma se evitaba la incertidumbre de la permanencia de los diversos programas de apoyo al campo y por lo tanto la estabilidad social del campo entre otras cosas, sin embargo, el presidente Calderón consideró que comprometerse con los productores del campo como se proponía vulneraba el proceso de de planeación, programación y presupuesto.
Lo anterior hubiera permitido un significativo avance en materia presupuestal para el campo, ya que evitaría un estéril desgaste para lograr los consensos necesarios en este sector.
Todos los diputados sabemos, que es en esta Cámara de Diputados donde se hace una distribución más justa del presupuesto de nuestro país, y hemos sido los diputados, particularmente los de oposición, los que hemos logrado corregir las marcadas deficiencias en la distribución que envía el Ejecutivo en su proyecto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal.
En este mismo tenor, recordamos que de forma reiterada en esta Soberanía, diversos diputados en congruencia con el compromiso que tenemos con nuestros representados y en defensa de sus derechos hemos denunciado y exigido al Ejecutivo federal que entregue en tiempo y forma los recursos de los programas que para el apoyo de nuestros productores hemos aprobado.
Lamentablemente los gobiernos panistas han demostrado enormes deficiencias y, sobre todo, ninguna disposición, ni voluntad para atender y solucionar los graves problemas que enfrentan nuestros productores del campo; problemas que, aunque no lo reconozcan son ocasionados por esa falta de capacidad y desconocimiento propio de cada una de las áreas del Ejecutivo federal y por la falta de compromiso para con nuestros productores; como podemos observar, son innumerables los ejemplos que se pueden mencionar al respecto; cada una de las ramas de producción del sector agropecuario han sido afectadas por la falta de una real política de apoyo al campo.
Adicionalmente a las cuestiones de carácter productivo, nuestros productores enfrentan una intensa desgravación arancelaria que el Ejecutivo mantiene de forma permanente, argumentando la necesidad del intercambio comercial con el resto del mundo
Definitivamente no estamos en contra de un sano intercambio comercial, ya que en estos tiempos de globalización ningún país es autosuficiente ni puede permanecer aislado. Sin embargo, creemos que se les olvida a aquéllos que defienden la apertura de manera indiscriminada, que las compras en el exterior debe ser para complementar la producción nacional, para garantizar el abasto de los consumidores finales y de las industrias que utilizan materia prima del exterior.
Estamos convencidos de las bondades del intercambio comercial, pero creemos que se debe privilegiar la colocación de los productos nacionales y posteriormente los del exterior para evitar que derrumben los precios de los productos nacionales evitando con ello las afectaciones de nuestros productores.
Coincidimos con el Ejecutivo federal en el cumplimiento de los diversos instrumentos comerciales suscritos por nuestro país, sin embargo, creemos que debe prevalecer ante todo el compromiso con nuestros productores nacionales y con toda nuestra planta productiva nacional.
En este sentido, recordemos que el año pasado los productores de algodón de la comarca lagunera sufrieron graves afectaciones por la viruela del algodón, provocadas por un exceso de humedad dejado por el huracán “Alex”, por lo que mediante punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, se solicitó al Ejecutivo federal y aprobó por unanimidad en este pleno un fondo de emergencia con apoyos directos por 315 millones de pesos para apoyar en forma urgente a los productores de algodón afectados por la viruela del algodonero de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.
Como siempre, y en congruencia con la acostumbrada falta de compromiso del Ejecutivo federal para con nuestros productores del campo, solo recibimos un comunicado en el que se nos informaba que en virtud de la situación presupuestal que se tenía en ese momento no era posible atender nuestra solicitud.
Adicionalmente a estas afectaciones meteorológicas y a la falta de atención e incapacidad de nuestros funcionarios, los productores de algodón de nuestro país enfrentan una nueva amenaza: la indiscriminada entrada a nuestro país de diversos productos, como algodón y mezclilla y la marcada permisibilidad de las autoridades federales. Lo anterior ha provocado que miles de pacas de algodón se encuentren en las bodegas de los productores y al mismo tiempo tengan créditos por vencerse.
Es por ello que diversos representantes de productores de algodón, tanto del sector privado como del sector social de la región lagunera de Coahuila de Zaragoza han acudido a esta soberanía para solicitar el apoyo del Congreso en la defensa de esta importante rama productiva y evitar con ello la competencia desleal y la correspondiente afectación en todo el sistema producto algodón. Particularmente en esta región en la que algunos municipios dependen predominantemente de este cultivo.
Es de destacar que a raíz de esta problemática se ha desplomado dramáticamente la superficie dedicada a este cultivo, se han cerrado fábricas textiles en Parras de la Fuente y últimamente se han perdido más de 7 mil empleos.
Es por ello que los diputados federales del estado de Coahuila de Zaragoza, conscientes de las graves afectaciones que se ha provocado a nuestros productores del campo con la indiscriminada desgravación arancelaria emprendida por el Ejecutivo federal, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldemos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que con base en sus facultades y a través de las áreas correspondientes, implemente los instrumentos necesarios para privilegiar la compra de algodón nacional y que las importaciones de este producto sean para complementar y garantizar el abasto nacional y no para competir de forma desleal con nuestros productores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Diputados: Josefina Rodarte Ayala, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Fernández Aguirre, Hugo Héctor Martínez González (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del director general de Pemex para que explique los motivos del fracaso de la negociación con la asociación española Repsol, suscrita por el diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del PRI
Diputado federal José Luis Velasco Lino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acude ante el pleno de esta Comisión Permanente para presentar una propuesta con punto de acuerdo para citar a comparecer al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, para que explique los motivos del fracaso de la asociación de la paraestatal con la empresa española Repsol y el posible quebranto que sufrió la empresa mexicana con esa operación fallida.
Antecedentes
El 29 de agosto del año pasado, Petróleos Mexicanos y la empresa constructora Sacyr Vallehermoso anunciaron una alianza para votar de manera sindicada dentro del consejo de administración de la petrolera española Repsol, en cuyas acciones Pemex tenía ya cierta participación.
Como parte de esta operación, el pasado 2 de septiembre, Pemex compró otro paquete de acciones de Repsol, las cuales pasaron de 4.8 por ciento a 9.8 por ciento, lo que implicaba que Pemex y Sacyr tenían conjuntamente el 20 por ciento de las acciones de Repsol.
Sacyr se encontraba al borde de la quiebra y con la soga al cuello por la presión de las entidades financieras a las que debe más de diez millones de euros.
En esta operación, Pemex tuvo que desembolsar más de mil 150 millones de euros a través de la adquisición de deuda y de pago en efectivo de sus reservas.
Ante la operación, Repsol inició una ofensiva mediática en la cual manipuló las posibilidades reales del acuerdo y asumió una defensoría en torno a los accionistas minoritarios.
Todo formó parte de una intriga que tenía por objeto destituir dentro del consejo de administración a Luis del Rivero quien, por conveniencia, había operado con el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, la alianza con Pemex.
Rivero quería tener de su lado a Pemex porque su plan de negocios es de los más agresivos de las empresas petroleras a nivel mundial y Sacyr tiene problemas financieros graves, con vencimientos de corto plazo.
Sin embargo, el pasado 21 de diciembre Pemex fue informado de que su alianza con Sacyr Vallehermoso quedó sin efecto, toda vez que los españoles vendieron la mitad de sus acciones a Repsol y la petrolera española ofreció un acuerdo a cambio de que no venderle a Pemex el paquete accionario.
Los directivos de Sacyr y de Pemex, que se habían puesto de acuerdo para supuestamente controlar a Repsol, quedaron muy mal parados: Luis del Rivero fue destituido y quedó marginado y Juan José Suárez Coppel es objeto de severos cuestionamientos en México.
Considerandos
Considerando que
De acuerdo con el artículo 27 constitucional, la energía es una actividad estratégica y exclusiva del Estado.
Pemex es una empresa pública encargada de producir y comercializar a nivel nacional e internacional el petróleo que se extrae del subsuelo mexicano.
El petróleo representa uno de los soportes más importantes de la economía mexicana.
La transparencia es una de las premisas para consolidar nuestra democracia.
Es necesario que el órgano representativo de las dos Cámaras del Congreso de la Unión conozcan de viva voz los pormenores de la operación de Pemex para adquirir acciones de la constructora Sacyr y los motivos que llevaron a que la aventura financiera terminara, con resultados negativos para Pemex, en menos de cuatro meses.
Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, para que explique los motivos del fracaso de la asociación de la paraestatal con la empresa española Repsol y el posible quebranto que sufrió la empresa mexicana con esa operación fallida.
Recinto de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.
Diputado José Luis Velasco Lino (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Bancomext y a la SHCP información sobre las negativas predicciones para la economía mexicana en 2012, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En fechas muy recientes y en diferentes foros como la XXIII Reunión de Embajadores y Cónsules de México, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha manifestado que el crecimiento económico previsto para el país para este 2012, no será suficiente respecto de las necesidades básicas en materia de generación de empleos.
Se ha manifestado por parte del Banco de México, así como por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ante la incertidumbre económica que vivirán naciones europeas, los próximos cinco años, nuestro país tiene que generar un dinamismo interno por medio de cambios estructurales para atraer más inversiones.
El gobernador del Banco de México ha manifestado que la actual es una de las crisis más severas de los últimos 120 años.
Asimismo, se ha manifestado que la morosidad crediticia en nuestro país comienza a incrementarse en niveles mayores y que ello implica riesgos e indicaciones claras y contundentes de desaceleración económica.
En términos anuales, el monto de los préstamos a empresas y personas que cayeron en cartera vencida, pasó de 51 mil 824.2 millones de pesos en noviembre de 2010 a 62 mil 886.9 millones en el mismo mes de 2011, variación que representó un aumento de 22.3 por ciento, la tasa de crecimiento de la cartera vencida, de 22.3 por ciento, superó la dinámica que mostró la asignación de nuevos préstamos, dado que, en el mismo periodo, la cartera de crédito vigente de la banca comercial aumentó 15 por ciento.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Banco de México informe a esta soberanía, de manera pormenorizada, las proyecciones que elaboró para estimar la tasa de crecimiento de la economía mexicana para el año 2012, y los detalles de los indicadores que permiten revisar el incremento de la morosidad crediticia en nuestro país.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe y actualice a esta Comisión Permanente del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan ya nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que asegure la permanencia y cobertura de los apoyos en materia de abasto de alimentos a bajo precio, en particular el maíz y la leche, suscrita por el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Carlos Flores Rico, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el año 2010, 58.5 millones de personas en nuestro país no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, lo que significa se encuentran debajo de la línea de bienestar. En ese periodo, 28 millones de mexicanos tenían carencia de acceso a la alimentación, y 21.8 millones no podían adquirir la canasta alimentaria.
Desde entonces, la insuficiente generación de empleos de calidad y los bajos ingresos han provocado que la pobreza continúe al alza. Según la última medición del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al tercer trimestre de 2010, el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo creció casi 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, de lo que nos llama la atención el relevante incremento en algunas entidades federativas, cómo por ejemplo en Tamaulipas que en el mismo periodo creció 18 por ciento.
En el año 2011 el maíz, uno de los principales componentes de la canasta alimentaria, había aumentado su precio en un 70 por ciento, al tiempo en que la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la empresa paraestatal Diconsa, SA de CV, se ha comprometido a mantener el precio de venta del kilogramo de maíz en cuatro pesos. Por otra parte, otra empresa de participación estatal mayoritaria encargada del abasto social de leche en México, Liconsa, SA de CV, se comprometió a mantener el precio de venta del lácteo que produce en cuatro pesos por litro, acordando además elevar el precio de compra del mismo de 4.70 a 5.30 pesos, lo que obligó a utilizar 113 millones de pesos más a los autorizados originalmente para poder hacer frente el aumento que se registró en este alimento en 2011.
Para este 2012 los pronósticos no suenan nada mejor, al preverse que los precios de los alimentos sigan sustancialmente al alza, al menos las bolsas de futuro señalan que los precios del maíz se mantendrán altos en el primer semestre de este año, aunado a que en este año veremos los estragos que arrojará la más severa sequía de los último años y que en 2011 afectó a 19 de las 32 entidades federativas del país, que impactó sobremanera la producción de granos básicos como el maíz y frijol, lo que representará carestía y, consecuentemente, aumento en su precio.
La severa situación por la que atraviesa el campo mexicano por virtud de la sequía, obligó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a integrar un Fondo Especial para atender contingencias climáticas por un monto de diez mil millones de pesos, a fin de apoyar a los productores y habitantes de las zonas afectadas.
El Fondo Especial tendría por objeto atender los daños causados por la sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato; por las heladas registradas en los estados de Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo y Veracruz, así como por las inundaciones ocurridas en el estado de Tabasco.
En su decreto, la Cámara de Diputados consideró integrar el Fondo, entre otros, por los excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011; con los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, así como con las economías que el Ejecutivo Federal hubiera obtenido en el ejercicio del gasto 2011.
Por si esto fuera poco, el aumento en el salario mínimo es francamente insuficiente. El 4.2 por ciento de aumento nominal es apenas una mejora del 0.7 por ciento en términos reales; son tan solo dos pesos con cincuenta centavos más para la zona A, con lo que se establece en 62.33 pesos diarios; dos pesos con cuarenta y cuatro centavos más para la zona B, y dos pesos con veintiún centavos para la zona C.
Al tiempo que conocimos el aumento al salario mínimo, nos enteramos también que la inflación anualizada de la canasta alimentaria fue de 5.17 por ciento en noviembre de 2011 respecto a la del año anterior. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que la inflación anualizada a diciembre de 2011, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, fue de 3.82 por ciento, pero en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco la inflación fue de 6.02 por ciento. Si bien la inflación es menor a la de 2010, resultó mayor a la observada en 2009.
Así, mientras que los alimentos son el rubro que más sube de precio, su importancia es mayor para los más pobres. La Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares muestra que el 10 por ciento de los hogares con menos ingresos dedican el 49.9 por ciento de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el decil de más altos ingresos, solo dedica el 22.9 por ciento
De acuerdo con el Coneval, el valor de la canasta básica definida por la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, aumentó de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 un 30 por ciento. En el mismo periodo, el salario mínimo se modificó apenas 18 por ciento; es decir, la canasta básica se mueve al alza más rápido que los salarios mínimos.
En diciembre de 2011, el frijol negro importado costaba 19.50 pesos por kilo, 45 por ciento más que el año anterior; el kilogramo de tortilla 11.26 pesos; y el de maíz bajó un poco su precio en diciembre a 6.30 pesos por kilo, pero se mantiene aún 61.54 por ciento por arriba de la segunda quincena del mismo mes del año pasado. Así, en el mejor de los casos, el aumento del salario mínimo equivale a poco más de 100 gramos de frijoles o a 220 gramos de tortillas.
Para este 2012, la Secretaría de Economía reporta un aumento de 2 por ciento en las tortillas en autoservicios, tan solo en siete días, o casi 3 por ciento respecto a principios del mes pasado.
No obstante ello, el presupuesto de los programas federales encargados de apoyar el consumo de alimentos básicos como lo son el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, enfrenta una reducción de un 13 por ciento en su presupuesto respecto al autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011; y los programas de Adquisición de Leche Nacional y de Abasto Social de Leche, se contrajeron ambos arriba del 14 por ciento, con lo que es claro que a menos de que bajen los precios de los alimentos o se generen ahorros en otras fuentes, no sería posible mantener la cobertura observada en 2011, lo que generaría un aumento aún mayor en la población con carencia alimentaria.
A todo lo anterior, no resulta ocioso observar que hay también otros factores que redundarán sin duda en el aumento en los precios de los alimentos, como lo es el aumento gradual en el precio de las gasolinas, el gas y la electricidad, hasta la depreciación del valor de nuestra moneda que obligará a pagar precios más elevados en el exterior de productos alimentarios que tenemos que importar por no ser México autosuficiente, como en frijol, arroz, carne y leche.
Y ante todo ello, ¿qué es lo que está haciendo el titular del Ejecutivo Federal? Pues no solo propuso para los programas de abasto social de alimentos un presupuesto menor para el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2012, sino que nada menos vetar el decreto mediante el cual se integra un Fondo Especial de diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas, argumentando que el mismo invade las competencia del Ejecutivo y porque supuestamente el decreto pretende autorizar una erogación de recursos no prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación sin especificar una fuente cierta de ingresos para cubrirla, lo cual resulta por demás erróneo.
Esta falta de sensibilidad del titular del Ejecutivo Federal de dar respuesta oportuna a las comunidades rurales para abatir los efectos de las contingencias climatológicas, pone de cuenta nueva a los actores políticos del país a una confrontación estéril que no merece el pueblo de México.
La medida de vetar un decreto de la Cámara de Diputados que pretende hacer llegar los recursos para atender los problemas que enfrenta la población a causa de fenómenos naturales, y que ocasionan más desolación y pobreza, en nada ayudará tampoco a que los 28 millones de mexicanos que tienen carencia alimentaria en nuestro país puedan tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que como es sabido es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, lo que obliga a que el Ejecutivo Federal realice las acciones conducentes para asegurar que no se reduzca el volumen de abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la canasta básica para las personas en situación de pobreza en 2012, ya sea se obtengan estos recursos a través de modificaciones presupuestales, reasignaciones, ampliaciones o transferencias de otras fuentes de ingreso.
Es precisamente en ese contexto, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realice las acciones necesarias para asegurar que Diconsa, SA de CV, y Liconsa, SA de CV, no reduzcan en 2012 el volumen de abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la canasta básica para las personas en situación de pobreza; ya sean modificaciones presupuestales, reasignaciones, ampliaciones o transferencias de otras fuentes de ingresos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Diputado Carlos Flores Rico (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a modificar en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas las reglas de operación o definir lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a fin de operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el PEF de 2012, suscrita por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Sofía Castro Ríos, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6; fracción I, 79; numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I a VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Consideraciones
I. En la población y las regiones indígenas se concentran los indicadores más desfavorables de nivel de vida y desarrollo humano, en relación al resto de la sociedad mexicana. Esta es una realidad cotidiana en las ciudades y el campo, reconocida a través de los diversos instrumentos para identificar y medir la marginación y pobreza:
• 55.6 por ciento de las viviendas indígenas cuentan con drenaje, mientras que el promedio nacional es de 86.3.
• 21.6 por ciento de la población indígena de entre 15 y 64 años, es analfabeta en el idioma español, mientras que a nivel nacional lo es 6.3 por ciento de ese mismo rango poblacional. Además es 100 por ciento analfabeta en su propio idioma.
• En las comunidades indígenas mueren 28 niños y en las ciudades sólo 19, antes de cumplir su primer año de vida.
• 80 por ciento de los niños indígenas presentan desnutrición y 44 por ciento son de una estatura baja, y 58 por ciento de un peso inferior al que deberían tener.
• 76.84 por ciento de la población indígena ocupada percibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos, cantidad considerada como mínima indispensable para atender los requerimientos de una familia.
• Las estimaciones realizadas en 2011 reconocen que 58 millones de mexicanos son pobres que no tienen el ingreso para satisfacer sus necesidades básicas de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público. En México es de conocimiento general que entre esta población pobre, los más desprotegidos son los habitantes de las comunidades indígenas del país.
• Entre 2006 y 2011 aumentó la incidencia de la pobreza de patrimonio –el porcentaje de personas pobres–, la cual pasó de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento; a su vez, la incidencia de la pobreza alimentaria aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento.
A todas luces lo anterior denota que los recursos que ha ejercido la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, fueron insuficientes para atender a más de 10 por ciento de la población nacional que es la indígena, sobre todo si consideramos que por los indicadores presentados arriba, ésta se caracteriza por su pobreza y falta de oportunidades, y es evidente que los mecanismos de operación para la ejecución de los proyectos en los pueblos originarios, son anacrónicos y son necesarios nuevos modelos acordes a la necesidad de la población indígena.
II. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene la encomienda de ejecutar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), en 62 pueblos originarios del país, y actualmente el acuerdo de coordinación con las entidades federativas establece en su clausula IV, tercer párrafo, que los gobiernos de los estados manejarán los recursos del PIBAI a través de una cuenta bancaria específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos del programa, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
III. Los recursos autorizados para el Ejercicio Fiscal de 2011 no fueron ejercidos con oportunidad dada la falta de operatividad de los gobiernos de los estados, (provocando con ello un claro subejercicio), los cuales no cuentan con mecanismos de control y de verificación de los procesos de licitación, adjudicación y contratación de las obras, generando la desilusión y el desencanto en los pueblos originarios.
IV. En este año electoral, se hace necesaria la implementación de mecanismos ágiles para que los recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas cumplan el propósito para el que fueron autorizados, en el entendido que las delegaciones estatales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y sus centros coordinadores poseen la capacidad técnica y administrativa para asegurar y garantizar un correcto proceso para la aplicación de los recursos desde la licitación, adjudicación y contratación de las obras y adquisiciones necesarias para el aterrizaje de los proyectos.
V. La Ley de la CDI, en el artículo 9, fracción III, faculta a la junta de gobierno para que pueda “Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado”.
El Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el artículo 25, en su fracción VIII, faculta a las delegaciones estatales a “ Proponer y celebrar convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación, con las dependencias y entidades de la administración pública federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado, respectivamente, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas”;
Y en su fracción IX. “Apoyar los procesos para la licitación de obra pública, adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios que requiera la comisión en su ámbito territorial, así como realizar toda clase de actos inherentes a esta facultad, incluso suscribir en representación de la comisión todos los convenios y contratos que se deriven, así como los demás documentos que impliquen actos de administración”.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a efecto de que en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), se modifiquen las reglas de operación o, en su caso, se definan lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a dejar sin efecto la resolución del anteproyecto y, en su caso, proyecto “Declaratoria por la que se regula el uso de la marca Agave en tequila, mezcal y bacanora”, suscrita por los diputados Alfredo Villegas Arreola y Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Alfredo Villegas Arreola y Miguel Ángel García Granados, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Productores sinaloenses dedicados al cultivo e industrialización del agave, comprometidos con la elaboración de productos de la mejor calidad, expresan su preocupación frente a la intención del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de expedir declaratoria por la que se regule el uso de la marca agave en Tequila, Mezcal y Bacanora.
El propósito de la medida en referencia, busca otorgar el uso exclusivo de la marca agave, únicamente para el uso de las bebidas alcohólicas con protección de denominación de origen al mezcal, tequila y bacanora, excluyendo ilegalmente a cualquier otro producto a base de agave a usar dicha palabra, sean bebidas alcohólicas o no.
Es el caso, ejemplifican, del pulque, los destilados, el jarabe de agave, el sotol, la inulina de agave, la miel de agave y los licores, entre otros.
Estiman que la eventual declaratoria de uso exclusivo del agave reduciría la entrada de competidores nuevos al mercado, en virtud de que podría generar ventajas exclusivas en favor de sólo unos cuantos productores de bebidas con denominación de origen, en detrimento de la conservación y generación de empleos.
A través de una amplia exposición de motivos que ha sido enviada al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), instancia responsable de resolver la declaratoria correspondiente, los productores que demandan la intervención y respaldo de la y los diputados federales por Sinaloa, afirman que la eventual aprobación del decreto que promueve el IMPI, estaría sentando un grave precedente para la competitividad, ya que daría motivo al establecimiento de marcas a palabras comunes o descriptivas de productos de uso general entre toda la población. Todo ello en perjuicio de la productividad.
Califican de ridícula la pretensión del IMPI, ya que indican que el término agave refiere al género de las agaváceas, que es susceptible precisamente de obtener el destilado. Entonces, por lógica simple, toda aquella bebida que tenga al agave corno materia prima base de elaboración, será consecuentemente un producto de agave.
Abundan al respecto que no hay razón para restringir el uso del género científico a determinados productos, como lo es la pretensión de la autoridad regulatoria por determinar la marca agave de forma exclusiva para el mezcal, bacanora y tequila, dado que no puede cambiarse por simple decreto la naturaleza de lo que es y lo que no es, conforme la pretende el IMPI.
Sustentan que al género agave lo componen plantas suculentas que pertenecen a una extensa familia botánica denominada Agavaceae , también conocidas con los nombres de maguey, fique, pita, mezcal, cabuya y agave, aparte de que se reconocen más de 200 especies que pertenecen al mismo género.
Los empresarios promotores de la inquietud que ocupa la presente proposición, anotan que la Ley de la Propiedad Industrial establece con toda claridad lo que se entiende por marca y lo que constituye una marca, al entenderse por ello todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, como son las diferentes plantas pertenecientes al género de las agaváceas.
Citan además un par de tesis jurisprudenciales aplicables a la materia. Una primera, la 1.4o.A.658 A, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, en noviembre de 2008, bajo el registro 168439, que en lo sustantivo determina que la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y obedece este precepto a la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.
En tanto que la segunda tesis, la VI-TASR-EPI-116, emitida en octubre de 2009, bajo el registro 51836, ratifica al respecto que si la marca a proteger es indicativa de uno de los ingredientes del producto, esto es, que indican la composición del mismo, es procedente negar su registro, pues esa palabra que se pretende como marca, será de apropiación exclusiva de la solicitante, lo cual no es permisible en nuestro sistema marcario ya que se trata de mantener la palabra libremente disponible para que pueda ser usada por todos los productores que operen en el sector que se trate.
En consecuencia, los empresarios que han manifestado su oposición a la pretensión de declarar la marca agave de forma exclusiva para el mezcal, tequila y bacanora, argumentan que el IMPI no tiene facultades legales para este propósito.
No obstante, destacan que no se oponen a la regulación de eventual regulación de los destilados del agave, siempre que los beneficios de la eventual regulación se orienten a proteger el interés de los consumidores y se aliente la producción de esta planta para impulsar así el desarrollo nacional.
Los productores subrayan que existe el compromiso de elaborar productos de la mejor calidad en cumplimiento estricto a lo que la normatividad establece, para con ello contribuir a la creación de empleos, así como al desarrollo de la industria y generar así beneficios para las regiones del país.
Sobre todo en aquellas que tienen vocación limitada para el cultivo y que si son aptas para la siembra de agave, como ya ocurre en Sinaloa, en cuya geografía se encuentran sembradas miles de hectáreas de esta planta.
Por lo expuesto, elevamos a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se convoca a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, a que exhorte a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que deje sin efecto la resolución del anteproyecto y, en su caso, proyecto denominado “Declaratoria por la que se regula el uso de la marca agave en tequila, mezcal y bacanora” en virtud del perjuicio que tal resolución generaría al conjunto de productores nacionales que se dedican al cultivo e industrialización del agave.
México, DF, a 11 de enero de 2012.
Diputados: Alfredo Villegas Arreola, Miguel Ángel García Granados (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y de la SSP a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 15 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en Nuevo Progreso, de Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Históricamente, México ha gozado de reconocimiento internacional por su generosa hospitalidad a favor de miles de desplazados de diversas nacionalidades, quienes buscan salvaguardar su vida huyendo de conflictos armados o de violencia en sus lugares de origen, principalmente.
Basta recordar los eventos masivos de desplazados guatemaltecos en la década de los 80 del siglo pasado, como consecuencia de la guerra civil que azolaba a ese país. Se estima que durante el conflicto armado en Guatemala, 400 mil personas se exiliaron en México, Belice, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos; de ellas, aproximadamente 200 mil personas se refugiaron en nuestro país.
Afortunadamente los conflictos armados en Centroamérica son cosa del pasado, sin embargo, ha surgido una nueva amenaza: las bandas internacionales del crimen organizado y las fuerzas policiacas o militares que hacen víctimas inocentes a los ciudadanos comunes.
Esta situación de desplazamiento se está presentando en dos formas: interna, consistente en el desplazamiento de ciudadanos mexicanos que cambian su lugar de origen o residencia ante la violencia generalizada; y, en menor medida, externa, es decir, de extranjeros que huyen de sus países ante las amenazas de las fuerzas institucionales o de facto.
Tal es el caso de las familias guatemaltecas desplazadas por el Ejército guatemalteco de la comunidad “Nueva Esperanza”, del municipio La Libertad, departamento de Peten, Guatemala, el 23 de agosto de 2011, bajo el argumento de que se encontraban establecidas ilegalmente dentro de la reserva de la biosfera maya, atribuyendo además responsabilidad por actividades ilícitas referentes al narcotráfico.
Cabe señalar que dichas familias, al cruzar la frontera de manera desordenada, debieron afrontar la fragmentación de sus comunidades y la destrucción de su tejido social, amén del constante y permanente acoso e intimidación de las autoridades migratorias y policiacas mexicanas.
Lamentablemente, estas amenazas se hicieron realidad el pasado 9 de enero, cuando, de acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y de distintos medios de comunicación, mediante un operativo realizado sorpresivamente, fueron desalojados con violencia las familias guatemaltecas que mantenían un campamento desde el 23 de agosto de 2011.
Las ONG denuncian que tuvieron conocimiento que alrededor de las seis horas del lunes 9 de enero, se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
También refieren que las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos y violación de derechos humanos por parte de los funcionarios que participaron en el operativo. Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Los testimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos. Además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Igualmente denuncian que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco. Como antecedente a este hecho, el 19 de diciembre de 2011 otros funcionarios federales acudieron al campamento para convencer a las personas de que se retiraran a Guatemala y que recibirían el apoyo de las autoridades mexicanas.
Resaltan las ONG que Fray Tomás González Castillo, director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, así como las diversas organizaciones denunciantes, sostuvieron reuniones con René Zenteno, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Salvador Beltrán del Río, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, y funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a fin de que se respetaran los derechos humanos de las familias guatemaltecas ahí desplazadas. En la más reciente reunión, apenas el pasado 4 de enero, se comunicó a las autoridades mexicanas que las familias guatemaltecas no deseaban regresar por el momento a Guatemala y que esperarían al resultado de negociaciones con su gobierno para una posible reubicación, quedando las autoridades mexicanas a la espera de estos acuerdos.
Ante la situación en la cual miembros de la Policía Federal y de Migración desalojaron a los desplazados, con miras a una posible repatriación, manifiestan su preocupación ante el riesgo de que puedan sufrir nuevas violaciones a sus derechos humanos; además, reiteran que estos actos se dan en un contexto en el que había acercamiento y compromiso de las autoridades mexicanas para apoyar a las familias desplazadas, con lo que se engaña y sorprende abusivamente a una población en extremo vulnerable. Asimismo, deploran la inobservancia de los acuerdos que se habían tenido con las autoridades, el operativo violento y sorpresivo que lesiona severamente a las familias, que ya de por si vivían una situación crítica y entre los cuales hay 115 niñas y niños.
Finalmente, este desalojo se da también en un contexto en donde la comunidad efectúa negociaciones con el gobierno guatemalteco para un eventual retorno a tierras dicho Estado. Sin lugar a dudas, el operativo efectuado por autoridades mexicanas afecta gravemente las condiciones de esa comunidad para negociar y representa un obstáculo para un retorno en condiciones mínimamente dignas, amén de la probable violación de derechos humanos de los que fueron objeto.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar con carácter de urgente resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se cita a comparecer ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública federales, así como a los comisionados del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 115 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a abstenerse de repatriar a las familias guatemaltecos que se encontraban asentados en la franja fronteriza entre Guatemala y México, en territorio Tabasqueño, así como para que se salvaguarden y garanticen sus derechos humanos.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en ejercicio de sus facultades, se dé inicio a una investigación a fin de deslindar responsabilidades por la probable violación de derechos humanos en contra de las refugiadas y los refugiados guatemaltecos en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención del titular del Ejecutivo federal con la del presidente de Guatemala para determinar las acciones conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados desalojadas la madrugada del 9 de enero en Tenosique, Tabasco, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María Elena Orantes López, senadora de la república por el estado de Chiapas en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo que se fundamentan con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 9 de enero, 90 familias guatemaltecas refugiadas fueron violentamente desalojadas de un campamento en Tenosique, Tabasco, mismas que se encontraban asentadas en este municipio desde el 23 de agosto de 2011.
En esa fecha, los guatemaltecos fueron expulsados de forma violenta de la comunidad Nueva Esperanza, en Guatemala, adonde supuestamente no podían volver porque sus vidas corrían peligro.
Diversas organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos humanos, denunciaron presuntas violaciones a las garantías individuales de estos migrantes guatemaltecos durante el operativo encabezado por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Estas familias de refugiados fueron arbitrariamente subidas a camiones y violentadas físicamente durante el operativo policiaco, donde se detuvo a niños que fueron separados de sus familias para obligar a los padres a regresar a Guatemala.
Según los datos proporcionados por organizaciones pro derechos humanos, decenas de personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y conducidas a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.
Cabe mencionar que desde diciembre del año pasado y principios de este, existían negociaciones entre el Centro de Derechos Humanos Usumacinta y las autoridades mexicanas para concretar la reubicación de estas familias guatemaltecas, compuestas principalmente por campesinos que fueron expulsadas por el ejército guatemalteco.
El 19 de diciembre del año pasado, autoridades mexicanas intentaron convencer a los extranjeros de regresar a su país, pero ellos pidieron esperar las negociaciones con sus autoridades para una posible reubicación antes de tomar la decisión y para resguardar su integridad física.
La acción policíaca que no tuvo otro objetivo que la deportación burda, contraviene los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, por lo que, desde el Congreso de la Unión, hacemos un llamado urgente para respetar los derechos humanos de los desplazados y buscar el acercamiento y compromiso de las autoridades guatemaltecas para apoyar a las familias que se encontraban refugiadas en nuestro país.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, su intervención directa para determinar acciones conjuntamente con el presidente de Guatemala, conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados guatemaltecos que fueron arbitrariamente desalojados por personal del Instituto Nacional de Migración, policías federales y municipales, la madrugada del 9 de enero del presente año, en el municipio de Tenosique, Tabasco, poniendo en riesgo la salvaguarda de sus derechos humanos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a ejercer su facultad de investigación sobre violaciones graves de derechos humanos en el caso de las 90 familias guatemaltecas que fueron desalojadas en forma violenta de su refugio en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de diciembre del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que envie un informe pormenorizado a esta soberanía sobre los hechos ocurridos la madrugada del 9 de enero de 2011, durante el desalojo de 90 familias de refugiados guatemaltecos, encabezado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares, garantizando la participación de padres de familia, suscrita por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a efecto de que actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente, garantizando la participación de padres de familia y la prohibición de la venta de alimentos sin aporte nutrimental o que favorezca la obesidad , al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 2 de junio de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se adicionan una fracción XIII al artículo 7, y una fracción XI, pasando la actual, a ser fracción XII, al artículo 14 de la Ley General de Educación, cuyo artículo segundo transitorio a la letra dice:
“Segundo. El Ejecutivo federal deberá actualizar y modernizar el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente desde 1982, utilizando para tal fin el esquema de participación sectorial que más convenga a la dependencia, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación del presente decreto.”
No obstante lo dispuesto en el citado artículo transitorio, y de haber transcurrido más de cinco años desde su publicación, el Reglamento de Cooperativas Escolares no ha sido actualizado ni modernizado.
A fin de responder a las nuevas necesidades y situaciones que se requiere regular, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido una serie de disposiciones a través de instrumentos como circulares o lineamientos, que no constituyen sino paliativos que poco abonan a la generación de reglas claras en la materia.
En la actualidad, de acuerdo al reglamento vigente, pueden formar parte de las cooperativas los maestros, los empleados de las escuelas y los alumnos. Sin embargo, debemos tener presente la existencia de una relación de supra a subordinación entre maestros y alumnos, relación que genera, en algunos casos, abusos por parte de los docentes en la operación de estas sociedades y un evidente conflicto de intereses.
En este sentido, consideramos que a fin de contribuir a la eliminación de este tipo de abusos, la modernización y actualización del reglamento en cita debe tener en cuenta un nuevo aspecto: la incorporación de la participación de padres de familia en las cooperativas, cuyo papel, además de fortalecer el cooperativismo, será estar al tanto de los intereses y derechos de los alumnos, de sus hijos.
Otro aspecto que pensamos fundamental incluir en el reglamento es el relacionado con la calidad y valor nutrimental de los alimentos que expenden las cooperativas al interior de los planteles escolares. No debemos olvidar que México tiene el primer lugar en obesidad infantil, enfermedad que ya causa en nuestras niñas y niños problemas de salud importantes como la diabetes e hipertensión arterial.
Sabemos que la Secretaría de Educación Pública ha emitido lineamientos sobre este particular, no obstante, consideramos que incorporar en el reglamento la prohibición de la venta de alimentos de nulo aporte nutrimental, así como la restricción de ingredientes y procesos que dañen la salud y favorezcan la obesidad, lo dotaría de mayor fuerza legal y permitiría a la citada dependencia un mejor control.
Las cooperativas escolares tienen la particularidad de que en ellas participan menores de edad, razón por la que nosotros como legisladores, el Ejecutivo federal, el de los estados y el del Distrito Federal debemos prestar especial atención en la salvaguarda de sus derechos. Esta situación nos lleva a dictar las normas e implantar las políticas, que en atención al principio de interés superior de la infancia contenido en tanto en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, como en el artículo 4o. constitucional, garanticen el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en general y el que su calidad de socios les otorgue en lo particular.
Por lo expuesto, es que someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a efecto de que actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente, garantizando la participación de padres de familia y la prohibición de la venta de alimentos sin aporte nutrimental o que favorezca la obesidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a supervisar el actuar de la CFE en los cobros de luz por la temporada de invierno, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a supervisar el actuar de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los cobros de luz por la temporada de invierno, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La CFE es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para cerca de 34.2 millones de clientes, lo que representa más de 100 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de 1 millón de clientes nuevos.
El sector eléctrico en México se considera estratégico para la soberanía nacional. Según establece la Constitución, el sector eléctrico es un área reservada a la federación, y la CFE controla todo el sector, siendo ésta la que ha reconocido la necesidad de implementar tarifas diferenciadas atendiendo a la temperatura promedio de cada región, pues es evidente que existe una relación directa entre este factor climático y el consumo de energía eléctrica.
Uno de los principales gastos que se tienen en una casa de familia es el pago de la energía eléctrica, un servicio básico de uso diario, por lo cual se hace necesaria una estrategia encaminada a abordar y capturar el efecto del cobro irregular debido a desperfectos o fallas que presentan ciertos medidores.
La situación económica actual, en la que las tasas de desempleo e inflación se han incrementado notablemente en los últimos años y que el pago de energía eléctrica representa aproximadamente 12 por ciento del gasto corriente monetario de los hogares mexicanos más pobres, según la Encuesta Ingreso-Gasto de 2006, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En 1996, los hogares más pobres del país gastaban en energéticos el equivalente a 10.6 por ciento del ingreso, en tanto que los ricos destinaban 2.8.
Según los datos recabados por la Procuraduría Federal del Consumidor, ascienden a 66 mil las quejas de las cuales 92 por ciento es por cobros excesivos e injustificados a los consumidores. Al hacerse las investigaciones debidas, Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) arrojó que las cifras no cuadran en el número de denuncias y mucho menos en los requerimientos de pago.
A partir de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el nuevo proveedor energético, se hizo merecedor de multas por la Profeco de hasta 2 millones 372 mil pesos, su grado de incompetencia a llegado a tal grado, que tan solo en los 3 primeros meses del año pasado se iniciaron 183 procesos de multas por infracciones de la ley.
Los ciudadanos en general son víctimas de esta serie de abusos e injusticias, que perturban la paz social. Las tarifas eléctricas trascienden de forma directa en el comportamiento general de los precios de los bienes y de los servicios. Repercuten asimismo en la vida social y en la actividad económica.
La energía eléctrica se ha convertido en elemento imprescindible para el desarrollo del ser humano en sociedad y, en consecuencia, para la mayoría de las actividades que generan progreso y desarrollo, pues representa un insumo básico para incrementar la calidad de vida de la población. Durante 2011, las tarifas industriales acumularon un incremento de 36.9 por ciento. De acuerdo con información de la CFE, la tarifa industrial en horario base aumentó en diciembre a 0.9832 centavos por kilowatt-hora; esto es, 4.6 por ciento respecto a noviembre de este año y prácticamente 37 por ciento en comparación con diciembre de 2010.
Por su parte, los usuarios domésticos de alto consumo pagarán, al cierre de 2011, 2.5 por ciento más respecto a noviembre y 17.7 por ciento más que en diciembre del año pasado, lo que significa 3.722 pesos por kilowatt-hora. La tarifa industrial en horario punta –entre las 19:00 y las 22:00 horas– acumuló un aumento de 23.4 por ciento en el año.
Los factores de la energía eléctrica como la calidad y el precio inciden directamente en el bienestar y el ingreso de las familias, debido al consumo de uso doméstico, y en la generación de empleos por su efecto en las decisiones de inversión. Así lo demuestran los indicadores del Inegi relacionados con la manera en que se distribuyen los gastos.
Desde hace unos años hemos visto cómo en México el consumo de energía eléctrica se ha convertido en un lujo. Entendiéndose que es una necesidad básica para las familias, éste servicio a pesar de ser suministrado por una empresa propiedad del gobierno federal, cuenta con tarifas costosas, tomando en cuenta que México es un país en donde más de 60 por ciento de la población cuenta con algún tipo de nivel de pobreza.
De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2006 sobre las tarifas eléctricas en América. En México se pagan tarifas más altas de luz que en países desarrollados. Aquí el comparativo: un usuario residencial de clase media de la Ciudad de México que consume 420 kW/h en un bimestre, que incluye vivir en una casa de dos recámaras, con sala y comedor, refrigerador, televisión, lavadora, plancha y ocho focos de 75 vatios, paga aproximadamente 66 dólares (700 pesos). Esto, sin considerar que en la época decembrina se gasta más luz en las casas, lo que provoca un incremento del consumo de energía eléctrica y, evidentemente, mayor pago, que muchas veces está mal calculado, provocando abusos a la hora de cobrar por la CFE.
No obstante las tarifas son únicas a nivel nacional, lo que varían son los subsidios, y ésos se establecen con base en las temperaturas de la región: donde hace más calor el subsidio es mayor. Los subsidios se determinan con la información anual que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o la Comisión Nacional del Agua sobre las temperaturas de una entidad y la CFE en base a esos datos pide autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cualquier cambio o aumento de dichas tarifas. Por ello es indispensable la participación del gobierno federal por la Secretaria de Energía para establecer una estrategia preventiva y revisar que no existan abusos en los cobros de luz a las familias mexicanas.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Energía a tomar las medidas preventivas necesarias y, en el uso de sus facultades, evitar que la Comisión Federal de Electricidad realice cobros excesivos e injustificados a los habitantes del Distrito Federal por el consumo de energía eléctrica de la pasada temporada de invierno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a replantear el Programa de Financiamiento de Educación Superior, suscrita por el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado federal Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El lunes 9 de enero, Felipe Calderón Hinojosa anunció el Programa de Financiamiento de Educación Superior, por medio del cual estudiantes de este nivel pueden adquirir créditos de hasta 215 mil pesos a nivel licenciatura y de 280 mil pesos a nivel posgrado. Una vez terminados los estudios se darían seis meses para que los egresados puedan conseguir empleo y tendrían 10 años para liquidar el préstamo con tasas fijas del 10 por cierto.
Calderón informó que el plan contempla canalizar en su primera etapa más de 2 mil 500 millones de pesos, accesibles para estudiantes de licenciatura, posgrado y educación técnica superior siempre y cuando accedan a alguna de las 21 universidades privadas en el país suscritas. 1 Se estima que en este año podrán acceder a los recursos 23 mil jóvenes mexicanos que podrán recibir cada uno hasta 280 mil pesos, sin aportar una garantía hipotecaria. 2
A pesar de tocar uno de los temas fundamentales para el desarrollo del país, el acceso a la educación superior, el presente programa plantea varias dudas respecto a su viabilidad, eficiencia y responsabilidad social.
En primer lugar, resulta muy cuestionable la visión de Estado que se está proponiendo debido al bajísimo nivel de responsabilidad social que este programa tiene para saldar deudas históricas con la población, en este caso en términos de educación. En este sentido, resulta muy discutible que la respuesta sea endeudar a los jóvenes menos favorecidos que deseen seguir estudiando cuando la educación es un derecho que el Estado debería garantizar a su población, sobre todo a aquélla donde a la que no ha podido garantizar un piso mínimo de igualdad de oportunidades. Es decir, no sólo se le debe oportunidades a este sector sino que para pagarles el gobierno federal ahora recurre a endeudarlos financieramente.
Es más cuestionable aun, cuando en nuestro país un crédito con tasa de 10 por ciento de interés resulta difícil de empezar a cubrir con regularidad 6 meses después de haber terminado los estudios si consideramos que, los jóvenes graduados padecen las peores condiciones laborales y de salarios. Además es el sector de la población que mayor dificultad tiene para entrar al mercado laboral. De los actuales casi 2.8 millones de desempleados que el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) reporta en el país, aproximadamente la mitad son jóvenes, es decir, 1.4 millones, de entre ellos los más perjudicados son los de mayores niveles de preparación. 3 En este sentido no sólo es una irresponsabilidad social endeudar a los jóvenes menos favorecidos sino que además dadas las adversas condiciones laborales del país, principalmente para los jóvenes, es un programa que puede resultar poco sustentable.
Cabe también mencionar que este programa incluye hasta el momento sólo 21 universidades privadas sin que si especificaran los parámetros de selección y control en términos de calidad educativa. De no establecerse criterios claros gran parte de los recursos beneficiará a las universidades “patito”, que ofrecerán una formación “patito”, es decir, un desarrollo “patito” financiado con recursos públicos. 4 El costo de oportunidad es grande pues con estos recursos se podrían ampliar de manera importante la cobertura en las universidades públicas así como mejorar su capacidad de investigación, para competir por las becas y para mejorar su calidad educativa.
El programa también presenta cuestionamientos en términos de eficiencia puesto que se trata de créditos que concentran una cantidad importante de recursos en pocos estudiantes sin resultados evaluados. Calderón ha señalado que se contempla canalizar en la primera etapa 2 mil 500 millones de pesos y sólo se llegaría a 23 mil jóvenes el primer año. Con esta misma cantidad se podría becar a 500 mil estudiantes anuales de niveles bachillerato y universidad bajo el esquema Programa Prepa SI que ha probado tener éxito tan los índices de deserción y aprovechamiento en los estudiantes de la Ciudad de México. En otras palabras, habría 2 mil por ciento más de beneficiarios en un programa con resultados probados.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, titular del Poder Ejecutivo de la república, a replantear el Programa de Financiamiento de Educación Superior, con la finalidad de que cumpla con mayores parámetros de responsabilidad social, eficacia, eficiencia, calidad educativa, impulso a la educación pública y sustentabilidad.
Notas
1 Proceso, “Lanza Calderón programa de becas para estudiantes de nivel superior”, 9 de enero de 2012
http://www.proceso.com.mx/?p=294302
2 http://conexiontotal.mx/2012/01/09/presenta-fch-plan-de-becas-a-univers itarios/
3 Cálculos propios con base en la información presentada por el Informe del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), La Jornada, “Explosivo aumento del desempleo juvenil; los mejor instruidos, entre los más perjudicados”, 25 de julio de 2011
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/25/politica/002n1pol.
4 Alguno de los planteles son el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Panamericana, Tecnológica, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara.
Universidades del Claustro de Sor Juana, Justo Sierra, Latina, Intercontinental, del Valle de Atemajac, Tangamanga y Contemporánea, además del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys Universidad).
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/5ef5a29b88a5 b226fc38e7cde1bb02ec
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de enero de 2012.
Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex para que informe sobre la situación y relación con la petrolera española Repsol y la empresa Sacyr-Vallehermoso, suscrita por el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado, Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según información de diversos medios, el pasado 2 de septiembre, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó de la adquisición de 56 millones 377 mil 90 acciones de Repsol YPF, representativas del 4.62 por ciento del capital de la petrolera española, de la que pasó a poseer el 9.43 por ciento. La compra de estas acciones formaba parte del acuerdo alcanzado con la empresa Sacyr-Vallehermoso para controlar conjuntamente el 29.8 por ciento de Repsol. 1
Desde que fue anunciada esta operación generó diversas interrogantes debido a la opacidad que la ha acompañado. Por ejemplo, nunca se presentó por parte de Pemex un análisis serio del beneficio nacional esperado o justificación financiera para que comprara 5 por ciento más de las acciones de la petrolera española Repsol. Esto resulta difícil de evaluar pues por la falta de transparencia no se conocieron en su momento las condiciones de la inversión.
A tal grado llegó el encubrimiento que ni los consejeros profesionales del Consejo de Administración de Pemex sabían con certeza en qué consistía: en entrevista con el periódico El Universal, el 5 de septiembre, es decir, 3 días después del anuncio de la compra, el consejero profesional de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcón señaló “Sabemos lo que sabe todo mundo, lo que no quiere Pemex; pero qué ganará, no”. 2
Adicionalmente, la publicación del periódico La Jornada del lunes 5 de septiembre, afirmaba tener una copia de un contrato firmado el 29 de agosto del 2011 por medio del cual Pemex capitaliza con mil 700 millones de dólares a la petrolera ibérica Repsol YPF. Según esta fuente, el consejo de administración de Pemex acababa de ser informado del proceso de compra. Por si fuera poco, en el acuerdo que tendría una vigencia de 10 años, Pemex aceptó someterse a las leyes españolas y a los tribunales de Madrid pues el contrato define que “cualquier controversia que pueda surgir” en relación con el acuerdo “se regirá por el derecho común de España”. 3
La falta de transparencia y opacidad acaba de dar pésimos resultados para el país. Como hemos visto en diversos medios de comunicación, a mediados de diciembre la constructora Sacyr rompió el acuerdo que se había alcanzado en septiembre con Pemex al vender de manera unilateral el 10 por ciento de su participación en la petrolera Repsol. 4 En otras palabras, con esta decisión, se rompió el pacto de sindicación entre Sacyr-Vallehermoso y Pemex por medio de cual alcanzaban conjuntamente el 29.8 por ciento de Repsol y les permitiría influir de manera importante en la gestión de la compañía y asumir una mayor representación en la toma de decisiones.
Aunque Pemex analizó la posibilidad de proceder legalmente por incumplimiento de contrato contra Sacyr, el director general de Pemex, Suárez Coppel señaló el pasado 8 de enero que se continuaría con el proceso de normalización con Repsol y los demás accionistas para alcanzar un convenio que les permitiera participar más en el Consejo. En este sentido, se podría incrementar la participación de Pemex a un 12.5 por ciento de las acciones, lo que ocasionaría que se cuente con otro consejero más. No obstante, también existe la posibilidad de que la participación se reduzca a sólo 6 por ciento de la acciones. Respecto al convenio con Sacyr, Suárez Coopel mencionó que no se daría penalización en un juzgado puesto que no se rompió el acuerdo previamente pactado, esto se debe a que “lo que hizo Sacyr es que los bancos que tenían en prenda de las acciones que le habían dado en 2006 para tener el 20 por ciento de Repsol, le aplicaron el pacto de ejecución, por lo que los bancos le vendieron a Repsol; es decir, Sacyr no vendió". 5
En resumen, este proceso que ha estado marcado por la opacidad, con miles de millones de pesos de inversión de por medio, en un sector estratégico para el desarrollo del país como es el petróleo ha fracasado y Pemex como si no pasará nada. Es decir el pacto internacional con Sacyr que justificaba según la paraestatal la mayor inversión en Repsol pues le permitía permitir más activamente en las decisiones de la petrolera española se rompió y Pemex dice que no hay nada que hacer. Esto nos demuestra que en los malos principios hay malos fines, que el acuerdo se negoció mal. Sin embargo en una democracia hay rendir cuentas, no se vale decir “ni modo” o “ya que”, sobre todo cuando se juega con el patrimonio de millones de connacionales.
Para evitar que esto se vuelva a repetir, es también urgente que Pemex informe con precisión cuál es el curso de acción que pretende seguir y en caso de que se piense ampliar la participación al 12.5 por ciento de las acciones de Repsol, cuáles serán las fuentes de financiamiento para garantizar la viabilidad financiera del uso de los recursos públicos. Según el propio Director General, Pemex tendría que comprar un 3 por ciento más de las acciones de Repsol, lo que supondría una inversión adicional de entre 650 a 700 millones de euros. 6
Por lo que hemos señalado hasta aquí, es urgente que se aclare lo que ha venido sucediendo en el caso Pemex-Repsol, que se asuman responsabilidades y se conozca sin opacidad el plan de acción a seguir y sus implicaciones en términos del erario público y patrimonio de millones de mexicanos. Está en el mejor interés para nuestro país que Pemex tenga un proceso de internacionalización responsable, no basta con comprar acciones es necesario tener una buena alianza y una estrategia alcanzable.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al ciudadano Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, para que comparezca en esta soberanía a efecto de que pueda informar sobre la situación de la relación con la petrolera española Repsol y la empresa Sacyr-Vallehermoso, en especial respecto a su fundamento legal; los costos de la actual ruptura del acuerdo con Sacyr-Vallehermoso; su futuro plan de acción, sobre todo respecto a su financiamiento con recursos públicos; y las implicaciones de la resolución de controversias con un marco legal extranjero.
Notas
1 Ver por ejemplo, “Accionistas de Repsol piden aclarar compra de Pemex”, El Universal, 6 de septiembre de 2011 http://www.eluniversal.com.mx/notas/791345.html
2 “Desconocen interés real de Pemex por Repsol”, El Universal, 5 de septiembre de 2011 http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/89191.html
3 Pemex se somete a leyes españolas en negocio con Repsol, 6 de septiembre de 2011
4 Luis Carriles, “Pemex tomará acciones contra la española Sacyr” El Universal, 5 de septiembre de 2011,
http://www.eluniversal.com.mx/notas/820535.html
5 Grupo Fórmula, “Normalizan relaciones Pemex y Repsol: Suárez Coppel. En Fórmula Financiera, 9 de enero de 2012, http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=218520
6 “Pemex quiere llevar al 12.5 por ciento su cuota en Repsol” 9 de enero de 2012, http://www.mdzol.com/mdz/nota/354418-pemex-quiere-llevar-al-12-5-su-cuo ta-en-repsol/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 11 de enero de 2012.
Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a implantar un programa urgente para los productores de frijol de Nayarit, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, s enador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a implementar un programa emergente para el apoyo de los productores de frijol del estado de Nayarit, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Los estados del norte del país, productores de frijol de temporal, fueron afectados por fenómenos climáticos; sequía y heladas que repercutieron significativamente en la disminución de los volúmenes de producción de esta leguminosa, situación que impactó de manera significativa en los inventarios, por lo que no es arriesgado pensar en un desabasto de frijol en el país.
El estado de Nayarit, uno de los principales productores de frijol en el país, es considerado, para el ciclo agrícola otoño-invierno 2011-2012, como estratégico para incrementar la producción de frijol, debido a las características agroecológicas y a las ventajas comparativas que tiene con otros estados, ya que cuenta con suelos de humedad residual que permiten establecer el cultivo y agua suficiente para los riesgos.
Segunda. Los productores de frijol de Nayarit cuentan con cinco sociedades de producción rural de responsabilidad limitada, integradas por más de 500 asociados en los municipios de Compostela, San Blas, Santiago Ixcuintla y Tuxpan. Dichas sociedades están inscritas en el Sistema Producto Frijol Nacional y Estatal. Estas organizaciones produjeron en los ciclos otoño-invierno 2009-2010, y 2010-2011, un total de 8 mil 353 toneladas de frijol, cubriendo las etapas de producción, acopio y comercialización.
Sin embargo, las organizaciones de productores han solicitado a los integrantes y participantes del Sistema Producto Frijol Nacional y Estatal, así como a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), entreguen a la brevedad los apoyos pendientes al acopio y a la comercialización de frijol de los ciclos agrícolas otoño-invierno 2009-2010, y 2010-2011 para recuperar garantías líquidas.
La producción de frijol en el estado de Nayarit entró en crisis hace dos ciclos debido a las lluvias e inundaciones que repercutieron en la maduración del grano y en el proceso de cosecha, obteniendo aproximadamente 20 por ciento de la cosecha con exceso de humedad.
Tercera. Meses antes de la cosecha, Aserca le pidió a las organizaciones de productores que pagaran el frijol a más de 12 mil pesos por tonelada, para así tener derecho a los apoyos. Las organizaciones lo pagaron a 13 mil pesos por tonelada, porque en los dos ciclos anteriores el mercado había pagado el frijol de origen a más de 15 mil pesos por tonelada.
Pero cuatro meses después de la cosecha, Aserca publicó sus lineamientos, estableciendo un precio de 10 mil 500 pesos por tonelada para los productores, lo que se convirtió en el precio máximo que pagaron los compradores que Aserca había enviado a Nayarit como agentes técnicos para hacerse cargo de la comercialización del frijol.
Como Aserca bajó los precios, en los mercados de abasto los productores tuvieron grandes problemas por lo elevado del precio de la tonelada de frijol –lo que habían hecho debido a las primeras instrucciones de Aserca. Por tal motivo, los productores y las organizaciones que acopiaron el frijol a 13 mil pesos por tonelada, tuvieron que vender, 18 meses después, a 7 mil quinientos y 8 mil quinientos la tonelada de frijol, ya que los apoyos Aserca los había entregado a los agentes técnicos y a los comercializadores nacionales, dejando fuera a las organizaciones de productores en Nayarit, lo que les causó pérdidas cuantiosas, quedando en cartera vencida e inscritas en el buró de crédito.
Cuarta. Las organizaciones nayaritas perdieron dinero entre el precio de compra y el precio de venta del frijol, además de los gastos de operación, por el desplome producido por esta política de Aserca, la que impactó el precio del frijol en los mercados de mayoreo, aunque el precio al menudeo nunca bajó para los consumidores.
Las organizaciones que acopiaron y comercializaron reclamaron los apoyos, comenzando un largo esfuerzo para cumplir con una complicada documentación que, a 21 meses aún no han pagado a todas las organizaciones.
Quinta. Por las operaciones del ciclo anterior, las organizaciones quedaron en cartera vencida, ya no pudieron dar crédito a los productores y solamente se les proporcionaron algunos insumos, como pequeños préstamos, semillas, fertilizantes y en algunas ocasiones apoyos para el trabajo de preparación de tierras, como se había venido haciendo en todos los ciclos, porque son las organizaciones de productores las que apoyaban con el crédito y los insumos, esparciendo los recursos que les prestaba la banca y Financiera Rural, para cobrar en cosecha.
Sin embargo, al entrar en cartera vencida, las organizaciones ya no pudieron cumplir con el papel que habían venido desempeñando por más de 10 años, gracias a una política equivocada implementada por Aserca.
Aunado a lo anterior, los grandes compradores enviados por Aserca no regresaron al siguiente ciclo, por lo que los productores quedaron sin apoyos.
Sexta. En este ciclo 2010-2011, los productores solicitaron a los socios que depositaran a consignación en las bodegas que tienen en propiedad o rentadas, porque no tenían créditos para pagar su frijol, para así venderlo en común y gestionar los apoyos para pagarles un mejor precio que les conviniera a los productores y a las organizaciones.
Sin embargo, el frijol que acopiaron en febrero y marzo todavía no han podido colocarlo para terminar con la gestión de los apoyos.
Aserca le pidió a los productores de frijol de Nayarit que firmaran una carta donde aceptaban reducir de 927 mil 459 toneladas que acopiaron, a 772 mil 883 toneladas, cantidad mucho menor a la real. Además, le dijeron que aceptaban esa proposición o la dejaban, ya que ellos no iban a pagar más de un porcentaje, explicándoles que algunos compradores –seguramente en complicidad con algunos productores y organizaciones–, aceptaron asociarse con los comercializadores de frijol que no produjeron y no acopiaron.
Pero a esos productores que no produjeron y no acopiaron les dieron dinero de más. Por lo que ahora quieren que regresen el dinero porque dicen que se lo llevaron. La realidad es que ese dinero fue entregado por funcionarios corruptos y ahora no encuentran cómo pagar el frijol que debe apoyarse.
Séptima. Actualmente, las autoridades encargadas no cuentan con el dinero para pagar la operación y tampoco para pagarles un remanente a los productores, por lo cual hay una crisis en muchas organizaciones de frijoleros, como las que se encuentra en el estado de Nayarit, ya que éstas no se prestaron a ser cómplices ni se supeditaron a la corrupción.
Adicionalmente, estas organizaciones de productores no cuentan con créditos, ingresos, ni con insumos, por lo que se les dificulta continuar funcionando.
Octava. Por todo lo anteriormente expuesto, considero pertinente que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), debe resarcir las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol en el estado de Nayarit, en la cosecha 2009-2010 de fríjol negro jamapa, con una quita de dinero equivalente al daño sufrido por las equivocadas políticas de Aserca, la cual se constituiría por las pérdidas debidas al diferencial de precios que instruyó Aserca, por los gastos de operación de la cosecha y por los gastos de habilitación y financiamiento con excesivos intereses normales y moratorios, incluyendo los pagos hechos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por impuestos a cargo de terceros que pagaron las organizaciones.
Además, será necesario que para los siguientes ciclos de producción, acopio y comercialización de frijol, se establezcan programas diferentes con recursos aprobados por la Cámara de Diputados, pero que sean supervisados por las instancias legislativas, para tener la certeza en el manejo de los recursos destinados para dichos apoyos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, a implementar un programa emergente para el apoyo de los productores de frijol del estado de Nayarit, con el objeto de resarcir las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol de ese estado, en la cosecha 2009-2010 de fríjol negro jamapa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a diversos gobernadores a cumplir el pacto de Huaxa Manaka para la preservación y el desarrollo de la cultura wixárika; y a la Secretaría de Economía, a informar sobre las concesiones a empresas mineras en ese territorio, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los gobernadores de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, a cumplir con el Pacto de Huaxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, así como solicitarle a la Secretaría de Economía un informe sobre la adquisición por parte de la empresa minera canadiense Revolution Resourses Corp. del 100 por ciento de las concesiones mineras de la empresa Lake Shore Gold y, en especial, de la que se encuentra en el territorio sagrado de Wirikuta, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En México habitan alrededor de 25 mil wixaritari o huicholes, residentes al sur de la Sierra Madre Occidental, en 11 municipios de los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas, ocupando una zona de aproximadamente 700 mil hectáreas.
Los wixaritari tienen su propia concepción sobre el origen de la vida, del universo, de los dioses y de la Madre Tierra. Una de las características principales de sus creencias religiosas es la asociación que se da entre el maíz, el venado y el peyote. El maíz y el venado representan su sustento vital, en tanto que el peyote es el medio más importante para trascender el mundo profano y la manifestación material más obvia de lo sagrado; por lo que su mitología, sus rituales, fiestas, organización material y temporal de vida, giran alrededor de ellos.
Las ceremonias más importantes para los wixaritari están estrechamente relacionadas con el ciclo agrícola (maíz y peyote). La fiesta de las primeras mazorcas, también conocida como del tambor o del elote tierno, tienen una gran importancia para su preservación cultural, pues en ellas se relata la peregrinación a la tierra de Wirikuta (tierra del peyote y lugar sagrado donde moran los dioses), la cual realizan para rencontrarse con los dioses y buscar a través de ellos el paso hacia una nueva vida.
Segunda. Los wixaritari rezan en Wirikuta para que la vida continúe para todos los seres vivientes de este planeta y para que su cultura se mantenga y no desaparezca. Toda una cosmovisión.
Wirikuta es un extenso territorio que se encuentra al norte del estado de San Luis Potosí, en el altiplano potosino, y que abarca la Sierra de Catorce y una gran planicie al oeste de dicha sierra. Todos los años, los wixaritari realizan su peregrinación a Wirikuta, partiendo de distintas comunidades en la Sierra Madre Occidental. Para ello recorren rutas ancestrales y visitan docenas de sitios sagrados naturales, donde residen sus deidades y llevan a cabo rituales sofisticados y depositan ofrendas. Al llegar a Wirikuta, visitan la cima del Cerro Quemado o Leunar (en wixárika), donde se venera el nacimiento del sol.
Tercera. El 28 de abril de 2008, con la presencia del titular del Poder Ejecutivo federal, los gobernadores de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas firmaron el Pacto de Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, en el que se comprometieron, en el marco de las atribuciones establecidas en sus respectivas constituciones políticas y leyes orgánicas estatales, a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar la continuidad histórica de los lugares sagrados y rutas de peregrinación del pueblo wixárika, de manera especial la que se emprende para ir a Wirikuta.
Dichas acciones consistían, principalmente, en realizar un análisis sistemático a la respectiva normatividad estatal en materia indígena, para proteger y salvaguardar los lugares sagrados como sitios de patrimonio histórico cultural del pueblo wixárika; promover y difundir el significado e importancia de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo wixárika, como medio para garantizar las expresiones y manifestaciones de actos y prácticas de interculturalidad de la nación mexicana, de manera especial en los estados donde viven y transitan los wixaritari; fomentar espacios para el análisis y la concertación de los grupos sociales, con la participación de las instancias gubernamentales, para que los representantes del pueblo wixárika estén en condiciones de definir y poner en marcha las acciones que permitan dar continuidad a sus tradiciones y costumbres; que las dependencias y entidades de la administración pública realicen acciones para la protección y salvaguarda de los sitios sagrados del pueblo wixárika; y facilitar el libre tránsito de los peregrinos wixaritari con los elementos propios de su cultura por las rutas de peregrinación y actividades propias de su tradición cultural.
Cuarta. Sin embargo, a más de tres años de haberse firmado el Pacto de Hauxa Manaka, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los cinco estados firmantes, poco han hecho para cumplirlo. Por el contrario, han permitido que la ruta por la que cruza la peregrinación wixárika, así como su territorio sagrado de Wirikuta, estén en grave peligro.
Ejemplo de ello es el otorgamiento, por parte de la Secretaría de Economía, de 22 concesiones mineras, en el estado de San Luis Potosí, a la empresa trasnacional de origen canadiense First Majestic Silver Corp., en una extensión de terreno de 6 mil 326.58 hectáreas, que incluyen el área de la reserva del territorio sagrado de Wirikuta. Dichas concesiones fueron otorgadas en septiembre de 2009 y tuvieron un costo de 3 millones de dólares.
Quinta. Desde que se hicieron públicas las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano, los wixaritari han exigido su cancelación, pues una obra de tal magnitud afectaría gravemente su ruta sagrada y a los 16 centros de población que se encuentran alrededor de Wirikuta, ya que se contaminaría y desecaría el agua que beben, incrementándose las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, debido al uso de los químicos usados en la minería, además de destrozar sus tierras y sus paisajes.
Además, las autoridades wixaritari han asegurado que el proyecto de la empresa canadiense viola los derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes –ratificado por México en 1990-, el cual estipula la obligatoriedad de los Estados a consultar a los pueblos indígenas y originarios sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus territorios. Dicha consulta jamás ocurrió.
Sexta. Derivado de lo anterior, presenté diversas proposiciones con punto de acuerdo –las cuales ya fueron aprobadas–, para solicitar a la Secretaría de Economía un informe detallado sobre las 22 concesiones otorgadas a la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., a través de las empresas Minera Real Bonanza, SA de CV, y Minera Real de Catorce, SA de CV, para la explotación minera en la zona que comprende el territorio sagrado huichol de Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí.
Asimismo, solicité a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe detallado en el que se explicaran los estudios de impacto ambiental realizados en la zona de Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, para autorizar la explotación minera en dicho lugar.
La Secretaría de Economía nos informó que sólo las empresas constituidas bajo las leyes mexicanas podían ser titulares de concesiones mineras, y que la empresa Minera Real Bonanza, SA de CV, contaba con 35 concesiones en la zona, mientras que la empresa Minera Real de Catorce, SA de CV, tenía 12 concesiones también en la zona. A su informe agregó que las concesiones se habían expedido una vez que las empresas cumplieron con todos los requisitos establecidos por la normatividad aplicable.
Sin embargo, diferentes medios de comunicación han dado a conocer que la empresa minera de origen canadiense First Majestic Silver Corp. ha estado realizando trabajos de exploración en la Sierra de Catorce, en San Luis Potosí. Aunado a lo anterior, la propia empresa canadiense ha expresado públicamente la forma en cómo llevará a cabo su proyecto minero en la zona.
Por su parte, la Semarnat nos informó que no tenían conocimiento de algún proyecto minero en la región de Wirikuta, y que sólo conocían del caso gracias a diversos comunicados enviados a la Presidencia de la República, al secretario del ramo y al subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Además que, previo al desarrollo de cualquier proyecto, se requería someterlo a un procedimiento de evaluación en materia de impacto y riesgo ambiental, procedimiento que contempla mecanismos de participación ciudadana como la consulta pública, en la que cualquier interesado podía proponer medidas de prevención y mitigación, así como realizar las observaciones que considerara pertinentes.
Séptima. De la misma forma, en noviembre del año pasado presenté otro punto de acuerdo para que el Senado de la República exhortara al titular del Poder Ejecutivo federal a llevar a cabo el procedimiento legal respectivo con objeto de que la ruta de la peregrinación que realiza el pueblo wixárika a Wirikuta, así como los sitios sagrados por los que dicha peregrinación cruza, sean decretados patrimonio cultural de la nación.
Dicha solicitud se encuadra dentro de las atribuciones que tiene el titular del Poder Ejecutivo federal, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de que se proteja y preserve un patrimonio intangible y prioritario no sólo para los wixaritari, sino para todos los mexicanos; pues tanto la peregrinación hacia Wirikuta, como el propio lugar sagrado, tienen una importancia invaluable para el pueblo wixárika.
Lo anterior, debido a que la cultura wixárika y Wirikuta cuentan con diversos decretos y reconocimientos desde hace casi dos décadas, debido a su gran riqueza cultural y medioambiental.
Esta proposición con punto de acuerdo se encuentra actualmente en esta de estudio y dictaminación en la Comisión de Cultura del Senado de la República.
Octava. En fecha reciente se dio a conocer que la empresa canadiense Revolution Resourses Corp. emitió un comunicado de prensa por la adquisición del 100 por ciento de las cuatro concesiones mineras que poseía la empresa Lake Shore Gold en México, una de las cuales se encuentra en Wirikuta.
En ese territorio sagrado, la empresa canadiense desarrolla el proyecto Universo, el cual ya comenzó con un programa de perforación de 7 mil metros con tres equipos de perforación, y cuyos primeros resultados se darán a conocer en este mismo mes de enero.
En el comunicado de prensa, la minera canadiense informó que la intención de hacer la perforación es realizar un sondeo del área de producción histórica en la zona Navarro, ubicada en la Mina Cinco Estrellas, así como trabajar en las minas Esquivel y La Perdida, entre otras zonas con gran concentración de minerales, principalmente oro y plata. El Proyecto Universo abarca un total de 350 mil hectáreas, de las más de 400 mil que son objeto de explotación de Revolution Resourses Corp. Además, se notificó que la empresa minera ya había iniciado negociaciones con los pobladores locales y ejidatarios para completar los requisitos de acceso legal a las tierras.
Novena. La lucha de los wixaritari ha sido ejemplar, tenaz y persistente, pues el año pasado, las autoridades tradicionales del Pueblo Wixárika dirigieron una carta al presidente de la República pidiéndole que cumpliera con su palabra empeñada en el Pacto de Hauxa Manaka y cancelara las concesiones mineras otorgadas en el área natural protegida de Wirikuta; frenara los megaproyectos de empresas agroindustriales en el área donde crece la planta sagrada Hícuri; pusiera en marcha un proyecto alternativo que genere trabajo a los pobladores locales; que los sitios sagrados de Xapawiyemeta (Chapala, Jalisco), Hauxa Manaka (Durango), y Tatei Haramara (San Blas, Nayarit) tengan derechos federales que garanticen su preservación y regeneración ecológica, blindándolos contra posibles privatizaciones.
Es decir, las autoridades wixaritari pidieron al Presidente de la República cumplir su palabra, ya que sus lugares sagrados son tesoros de vida para todo el mundo, siendo obligación del Presidente protegerlos.
Décima. Por lo expuesto anteriormente, considero oportuno exhortar de nueva cuenta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los gobernadores de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, cumplir con el Pacto de Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, firmado el 28 de abril de 2008, con la finalidad de proteger, preservar y favorecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y rutas de la peregrinación del pueblo huichol, de manera especial la que se emprende para ir a Wirikuta.
Además, es necesario conocer de parte del Ejecutivo federal, la información dada a conocer por parte de la empresa canadiense Revolution Resourses Corp. sobre la adquisición del 100 por ciento de las cuatro concesiones mineras que poseía la empresa Lake Shore Gold en México y, en especial, la que se encuentra en Wirikuta, donde desarrolla el proyecto Universo, el cual ya comenzó con un programa de perforación de 7 mil metros con tres equipos de perforación.
Undécima. Considero que los legisladores no debemos cejar en nuestros esfuerzos por proteger y preservar un patrimonio intangible y prioritario no sólo para los wixaritari, sino para todos los mexicanos; pues tanto la peregrinación hacia Wirikuta, como el propio lugar sagrado, tienen una importancia invaluable para el pueblo wixárika desde tiempos inmemorables, pues es una forma de recrear la larga ruta que recorrieron sus antepasados. Los lugares sagrados son un patrimonio sin precio y de un valor incuantificable para los wixaritari, sus antepasados y sus descendientes.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los gobernadores de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, a cumplir con el Pacto de Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, firmado el 28 de abril de 2008, con la finalidad de proteger, preservar y favorecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y rutas de la peregrinación del pueblo huichol, de manera especial la que se emprende para ir a Wirikuta.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Economía un informe detallado de la adquisición por parte de la empresa minera canadiense Revolution Resourses Corp. del 100 por ciento de las cuatro concesiones mineras que poseía la empresa Lake Shore Gold en México y, en especial, la que se encuentra en el territorio sagrado de Wirikuta.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a once de enero de dos mil doce.
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al conflicto entre Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Julio César Aguirre Méndez, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición, relativa al conflicto entre el gobierno de Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con base en los siguientes
Antecedentes
La educación es la puerta de los más pobres para superar su condición social, por esta razón los gobiernos emanados de la Revolución dieron una fuerte prioridad a la creación de un sistema nacional de educación que entre otras cosas, construyera y fortaleciera los valores de la Revolución y del Estado laico. En esta fase de la historia nacional, dos elementos fueron cruciales para el fortalecimiento de las nacientes instituciones, la primera, educación pública y laica, de carácter universal sin distinción de su origen ni clase social, que permitió por primera vez en nuestra historia como nación mexicana ofrecer al pueblo por vía de la educación, la posibilidad de que los hombres y mujeres pudieran ser formados y crecer en su bienestar social no por el color de su piel ni por la limitante que representa la pobreza, sino por sus capacidades. Los fundadores de este nuevo sistema fueron los maestros normalistas, que en muchos casos, fueron víctimas o cayeron en el cumplimiento del trabajo más noble que es educar en los pueblos más marginados del desarrollo. El segundo elemento que permitió fraguar las ideas de la revolución fue la construcción de instituciones y el respeto a las leyes, en otras palabras el estado de derecho fue una condición sine qua non para la construcción de un régimen de impartición de justicia basado en procedimientos y plazos, y no en la discrecionalidad de los caciques locales como lo fue durante el régimen del porfiriato.
Educación y estado de derecho es un poderoso binomio que otorga a los ciudadanos crecimiento y respeto de sus garantías, y a las instituciones gubernamentales estabilidad.
Los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011 y del 2 de enero de 2012 en Chilpancingo, Guerrero, entre autoridades y estudiantes normalistas de Ayotzinapa son un hecho lamentable por las muertes en la primera fecha de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; y en la segunda fecha del ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien falleció a consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando trató de apagar el fuego de una bomba de la estación de servicio durante los acontecimientos.
Estos hechos son la consecuencia del deterioro, abandono y burocratización del sistema educativo, esté ha estado en el centro de la crítica y el debate público por un evidente deterioro en su calidad a nivel básico, falta de cobertura a nivel superior, pero sobre todo, porque ha perdido su sentido social al no ser una opción para que los más pobres puedan escalar en la sociedad.
Como maestro egresado de una escuela pública y representante de las demandas de miles de madres; el pasado 29 de noviembre de 2011 presentamos una iniciativa para establecer un mecanismo de trabajo que impulse una reforma integral del Sistema Educativo; en la exposición de motivos dejé claro que el Congreso de la Unión debía advertir un escenario internacional marcado por la falta de empleo para los jóvenes, pero sobre todo, como legisladores estamos obligados a escuchar y prevenir un estallido social como lo que está sucediendo en Chile, una generación que exige al Gobierno Chileno asumir su responsabilidad por mantener un modelo educativo que no cumple su compromiso social. El movimiento estudiantil de Chile es un grito del sur del continente latinoamericano que ha hecho sentir su fuerza en todo el mundo, y en México.
La población guerrerense padece de enormes rezagos en materia educativa y económica, nuestro estado estuvo lejos de los beneficios del desarrollo estabilizador y presa por muchos años de regímenes autoritarios, no es extraño el surgimiento de la guerrilla y la gran deuda en materia de derechos humanos durante la guerra sucia. Ese es nuestro pasado, pero en el presente aspiramos a la construcción de un gobierno basado en leyes y contrapesos institucionales, frente a los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011, el actual gobernador Ángel Aguirre Rivero ha realizado diferentes acciones en coherencia con la magnitud y la gravedad de los hechos:
a) Cambio de los responsables del gabinete de seguridad estatal, a fin de facilitar las investigaciones.
b) Arraigo de 20 policías implicados en los hechos.
c) Comparecencia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
d) El compromiso absoluto de su gobierno para facilitar las investigaciones y presentar a los asesinos.
e) La creación de una Comisión de la Verdad integrada por notables como Javier Sicilia, a fin de esclarecer los hechos ocurridos y un puente de comunicación.
A pesar de lo anterior y otras acciones, fuerzas distintas al movimiento estudiantil han apostado a generar condiciones políticas que van más allá de las demandas de fortalecimiento de la normal de Ayotzinapa, y tienen por objetivo la desestabilización de la actual administración estatal con la destitución del gobernador el Estado.
Como legislador considero que los medios de comunicación frente a este hecho han dado una importante cobertura de los hechos, se ha dado voz a las partes en conflicto e incluso a terceros afectados, el acceso a la información es vital para el fortalecimiento del espacio público, también como representante popular no se puede tolerar la represión ni el uso de la fuerza pública contra la libre manifestación y demandas de la población, en este caso de los estudiantes, pero tampoco se puede permitir los excesos que caen en vandalismo y afectación de terceros, como el secuestro de autobuses o la obstrucción de vías de comunicación estratégicas.
El gobierno del estado reconoce en los acontecimientos del 12 de diciembre, la falta de preparación de las fuerzas públicas estatales y federales, así como el uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes, pero que en ningún momento se giraron instrucciones para el uso de armas de fuego ni represión a tal magnitud, este último punto tendrá que ser parte de lo que resuelvan las investigaciones a fin de deslindar plenamente las responsabilidades.
El tema central que debe ser atendido por el Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública en colaboración con los gobiernos estatales, es como rescatar el sistema educativo abandonado por el Estado desde hace más de 40 años y deliberadamente busca la clausura de las escuelas subsistentes, las normales pese a la precariedad de sus condiciones de estudio tienen el respaldo y el reconocimiento social de los sectores más pobres de la población. Sus demandas no son distintas al resto de los maestros del sistema educativo en materia de ingreso, condiciones de trabajo, seguridad social, pero sobre todo plazas. Este último punto es crucial, ya que si bien es cierto que el Estado tiene instituciones públicas para formar profesores de primaria, las plazas son asignadas por cuotas referenciadas a cuotas políticas, y no a un criterio académico.
Por ésas y otras razones es fundamental que el Congreso de la Unión establezca con la mayor brevedad una ley para organizar los trabajos para refundar el sistema educativo, con énfasis en su papel social y las necesidades del mercado de trabajo nacional y mundial, el Senado tiene hoy la fuerza y la capacidad de convocar desde el Congreso a todos los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sectores público y privado, a fin de alcanzar una reforma que siente las bases de la educación pública para las necesidades del siglo XXI. Este es el tema central que se tiene que discutir en materia educativa y en relación a las demandas de los estudiantes de la normal de Guerrero, Zacatecas, y otras entidades que se han sumado al movimiento.
A manera de reflexión final, ante los lamentables acontecimientos registrados el 12 de diciembre y los consecuentes actos en la región, la Comisión Permanente debe exhortar a los actores a respetar los tiempos y plazos que establece la ley con el objeto de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer las responsabilidades y responsables. Es fundamental preservar por los cauces legales a las instituciones estatales a fin de esclarecer los hechos, restablecer el dialogo y atender las demandas para mejorar las condiciones de trabajo de las normales pero también de todo el sistema de educación estatal. En este último punto es fundamental que el Congreso de la Unión asuma como un tema prioritario de su agenda establecer como un asunto de interés nacional la revisión y modernización del sistema educativo a fin de atender las demandas sociales en la materia.
Por lo expresado, presento ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los actores políticos y a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa del Estado de Guerrero a conducirse conforme a los procedimientos y plazos que establecen las leyes para el esclarecimiento de los hechos del 12 de diciembre de 2012, que ocasionaron la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús y Gonzalo Miguel Rivas Cámara.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Guerrero y a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a establecer de manera inmediata una mesa de diálogo, donde se garantice la libertad de expresión, la tolerancia y respeto en el marco de los derechos que establecen las leyes en México.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente.- Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al de Coahuila a respetar el principio de equidad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Un hecho vergonzoso para las mujeres y su lucha permanente por revocar las cuotas de género en materia de representación política y alcanzar la igualdad en las mismas, como corresponde de acuerdo con el peso especifico de nosotras en la población total del país, ocurrió en Coahuila.
Previo a los trabajos de instalación de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal, la diputada local electa Norma Alicia Delgado Ortiz solicitó licencia indefinida para dar paso a Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien asumió el cargo de diputado.
Entre los argumentos vertidos a la prensa figuran los de preservar los acuerdos de la alianza conformada por tres partidos políticos –Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Unión Democrática de Coahuila–, para que todos tuviesen representación en la legislatura estatal.
Con la aprobación de la licencia indefinida se mostró con toda claridad que las cuotas de género previstas en las normas electorales son burladas sistemáticamente y que están sujetas a negociaciones entre partidos, lo que da pie a simulaciones descaradas que no pueden ser justificadas con la prevalencia de acuerdos entre aliancistas.
Esta falta de ética política de los dirigentes de los partidos choca frontalmente con la preocupación que este tipo de prácticas ha propiciado al seno del Congreso General. Asimismo, resulta deleznable la colaboración de la diputada Delgado Ortiz quien se prestó a la consumación de esta maniobra.
Cabe destacar que el Código Electoral de Coahuila de Zaragoza en el artículo 17 señala que los partidos políticos impulsarán la paridad de género, por lo que los candidatos propietarios a diputados por ambos principios de cada partido político deberán ser de 50 por ciento de un mismo género. Asimismo que, tratándose de las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, deberán integrarse por segmentos de dos candidatos, uno de cada género. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto, de manera alternada.
Por añaduría, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó recientemente que es obligación de los partidos políticos cumplir cabalmente con las cuotas de género establecidas en la legislación y a la autoridad electoral le corresponde exigir su cumplimiento.
En ese tenor, resolvió que los partidos deben ser observantes de la cuota de género vigente por lo que deben postular al menos 40 por ciento de candidaturas de un mismo sexo por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
Con dicha sentencia las candidaturas a las Cámaras de Diputados y de Senadores, tanto en las fórmulas de mayoría relativa como las de representación proporcional, serán integradas por personas del mismo sexo; ello, para evitar que se registren casos como el de las llamadas “Juanitas”.
Como apunte final tenemos presente que el pasado 15 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente reformas diversas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el propósito de establecer que las fórmulas a cargos de representación popular por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional estén conformadas por personas del mismo género; es decir , que si la posición del propietario corresponde a una candidata, la suplencia será también será mujer.
En razón de lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a respetar el principio de igualdad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal; lo anterior, a fin de preservar los avances que en materia de representación política han alcanzado las mujeres coahuilenses.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Coahuila a subsanar esta falta de sujeción a las normas en materia de representación política reintegrando en su curul a la diputada Norma Alicia Delgado Ortiz.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero 11 de 2012.
Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a crear un instrumento de protección de los defensores de derechos humanos, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Es del conocimiento general que los defensores de derechos humanos en el territorio nacional son víctimas de amenazas, hostigamientos, agresiones o desapariciones; en otros casos, son obligados a pedir protección en otros países y, en el peor de ellos, son asesinados.
2. Frente a estos hechos, la labor de la autoridad resulta, cuando se atienden los casos, insatisfactoria, dilatoria, omisa o de plano nula. Lo que crea, al igual que los numerosos casos de feminicidios, un ambiente de impunidad que retroalimenta los ataques contra los defensores de los derechos humanos, en toda la geografía nacional.
3. Luego de documentar todo tipo de agresiones y derivado de una petición de audiencia promovida por un grupo de organizaciones no gubernamentales, desde octubre de 2010, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal aceptó y reconoció la necesidad de instrumentar medidas de diversa índole para proteger a los defensores de derechos humanos. En esa reunión se adelantó la creación de un mecanismo ad hoc para alcanzar tal propósito.
4. En el quinto informe de labores de la Segob, de septiembre de 2011, se detalla que “con relación a la protección a defensoras y defensores de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación inició un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil a efecto de construir en conjunto un mecanismo efectivo que garantice la importante labor que realizan y proteja su integridad física. En dicho diálogo se están construyendo los lineamientos básicos de operación del mecanismo. El compromiso del gobierno federal se ha reflejado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de julio de 2011, del acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las dependencias y entidades de la administración pública federal y la Procuraduría General de la República”.
5. A la fecha, el mecanismo citado sigue en calidad de proyecto, sujeto al escrutinio público, de acuerdo con la página web de la Unidad para Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
6. Estamos convencidas y convencidos que urge su definición y puesta en marcha. A estas alturas, la situación no reclama más consultas o realización de foros, sino acciones tangibles que den pie a la protección integral de los defensores de los derechos humanos.
7. En este sentido, el asesinato de Nepomuceno Moreno Nuñez, el atentado contra la activista Norma Andrade, el asesinato del comunero Trinidad de la Cruz Crisóstomo y el secuestro de los activistas guerrerenses Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón constituyen nuevos llamados de atención.
8. De ahí surge el presente exhorto a retomar los diálogos entre gobierno y organizaciones civiles con el objeto de arribar a acuerdos determinantes y establecer con prontitud el citado mecanismo de protección.
Por último, deseo manifestar que las legisladoras y los legisladores del Congreso de la Unión no entendemos la dilación para implementarlo, dados los ataques permanentes contra ciudadanos inermes que reclaman de la autoridad cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a reiniciar, con la brevedad, y a través de la Secretaría de Gobernación, los contactos con las organizaciones de la sociedad civil a fin de concertar y concretar de manera definitiva la creación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos; lo anterior para honrar el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, sobre todo, para garantizar la seguridad e integridad física de los y las defensoras de los derechos humanos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.
Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los estatales a tipificar el delito de feminicidio, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el pleno de la Cámara de Diputados hemos aprobado, y remitido a la colegisladora, diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal y a las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal y Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Al considerar que los feminicidios constituyen una afrenta para las mujeres y la sociedad entera, las diputadas y los diputados decidimos tipificarlo como un nuevo tipo penal en el Código Penal Federal, en el entendido que una reforma de esta naturaleza puede marcar la pauta para que aquellas entidades federativas que aún no lo han previsto en su marco jurídico local.
Al respecto, de acuerdo con el documento Feminicidio en México, aproximaciones, tendencias y cambios 1985-2009 –publicado a fines de noviembre último por ONU-Mujeres, Inmujeres, El Colegio de México y la comisión especial encargada del tema en la LXI Legislatura–, el feminicidio ha sido tipificado, a la fecha de esta publicación, en nueve entidades federativas: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, aunque las reformas muestran heterogeneidad en la delimitación legal establecida en los códigos penales de las entidades federativas.
Por ello, resulta imperativo que el resto de las entidades asuman la existencia del feminicidio como un problema social, a efecto de que lo tipifiquen como un nuevo tipo penal, toda vez que las muertes violentas de mujeres continúan en aumento, por lo que es responsabilidad de cada una de las entidades tomar todas las medidas necesarias, en ejercicio de su deber para evitar que la violencia contra las mujeres continúe siendo un hecho que ocurre impunemente en el país.
En este contexto, el llamado que hace este cuerpo colegiado para avanzar en los cambios legales necesarios en el ámbito local obedece a que el fenómeno, los asesinatos de mujeres no cede, se ha convertido en una cuestión crónica, sistémica, que merece respuestas legislativas.
Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país.
Según encuestas realizadas, la inseguridad es el problema que más preocupa a las mexicanas y mexicanos.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) revelan que en 2006 la violencia afectó a 67 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 o más años, lo que significa que más de 30 millones vivieron alguna forma de violencia. Tal situación genera un clima que posibilita formas extremas de maltrato como el feminicidio, agravado por la debilidad de las acciones del Estado para prevenir, proteger e impartir justicia. 1
En 2007, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) inició la investigación sobre la violencia feminicida en el país, con el propósito de visibilizar este grave problema y contribuir a la creación de mecanismos eficientes para su prevención, sanción y erradicación. Entre 2007 y 2008 documentó el asesinato de mil 221 mujeres en 13 estados de la república: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán. 2
Ante esta situación, creemos que discutir y en su caso aprobar reformas a los códigos penales de los estados representará una verdadera prueba de pluralismo democrático, así como representará la responsabilidad estatal en la prevención, combate y erradicación de los crímenes contra las mujeres, y en el abatimiento de la impunidad que los rodea.
Asimismo, consideramos que alcanzar la tipificación del feminicidio a nivel federal como local implica no sólo atender un reclamo social, sino la observancia de una de las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, relativa a la tipificación del feminicidio.
Por tanto, no creemos equivocarnos, compañeras y compañeros, que la creación de un nuevo tipo penal será un avance firme para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.
En razón de lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, con apego al pacto federal, a tipificar en sus respectivos códigos penales el delito de feminicidio. Lo anterior, a fin de armonizar los marcos jurídicos locales con el nacional.
Notas
1 Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 2009, “campaña regional México-Centroamérica: Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y feminicidio”, propuesta presentada a la Fundación Ford para el periodo 2009-2011.
2 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 2008. “Una mirada al feminicidio en México, 2007-2008”, informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Diputada Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización prendaria, a cargo de los senadores Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición relativa a los abusos de las casas de empeño en materia de tasas de interés y cotización prendaria, con base en los siguientes
Antecedentes
Hoy el significado “empeñar” es muy distinto para una familia mexicana conforme crecen sin regulación las casas de empeño informales y desplazan del mercado a instituciones de asistencia privada de reconocida tradición y que cumplen con los actuales requisitos de la ley en la materia. Empeñar en tiempos de crisis en establecimientos sin regulación se ha vuelto una necesidad para las familias de escasos recursos que requieren de un financiamiento rápido frente a los gastos de navidad y año nuevo, pero que fundamentalmente son dos periodos donde se tienen que empeñar los artículos más preciados del familia: la cuesta de enero y el regreso a clases en septiembre.
La situación que guarda el sector de casas de empeño es el resultado de la disfuncionalidad de un sistema bancario que presta poco, altas tasas de interés y elevados requisitos. Las casas de empeño cubren la demanda de los consumidores y usuarios que no puede atender el sistema financiero con la diferencia de que las tasas de interés son hasta cuatro veces más altas que las que cobran los bancos, aun cuando existe una garantía prendaria y una subvaluación incluso de 80 por ciento del valor de prenda.
En la actualidad a la par de las instituciones dedicadas a la realización de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria con fines de beneficencia, ha emergido un mercado de casas de empeño de giro mercantil con fines de lucro, que aunque realizan el mismo acto pignorante, su objetivo es de lucro y sin ningún beneficio para la sociedad. Hoy, la denominación de casa de empeño funge un papel muy distinto al de la beneficencia, la falta de un marco normativo en relación a su actividad prendaria del orden comercial, ha significado para los usuarios un alud de quejas contra las casas de empeño, como:
a) Elevadas y desproporcionadas tasas de interés prendario.
b) Usura y agiotismo.
c) Abuso en los criterios de avalúo de las prendas.
d) Condiciones desventajosas de los contratos de adhesión.
e) Preeminencia por parte de la casa de empeño para no generar condiciones de pago del préstamo prendario.
d) Crecimiento de la informalidad en el sector.
Estas instituciones privadas que se encuentran al margen del marco que regula a las instituciones financieras están aprovechando la necesidad de un importante sector de la sociedad para usufructuar con su patrimonio en las peores condiciones en que se puede establecer un contrato civil, empeñar hoy en las casas de empeño mercantil técnicamente significa estar en condiciones similares o peores que la banca comercial, que provoca a los pignorantes la pérdida de sus prendas o un sobreesfuerzo familiar para lograr el desempeño de la prenda en garantía. Este sector de empresas no se encuentra reguladas por las últimas reformas al sector bancario en materia de regulación de comisiones y tasas de interés, que bien vale la pena denunciar desde esta tribuna, esas reformas no han servido para generar competencia ni para bajar las excesivas tasas de interés crediticio.
La proliferación de los establecimientos mercantiles con fines de lucro, como se ha dicho, es necesario legislar a efecto de contar con una ley que establezca los criterios y controles que regirán su apertura y funcionamiento, procurando de esta manera dar certeza de que las actividades que realicen las casas de empeño no vulneren el derecho de los más desprotegidos, logrando así la debida tutela de su patrimonio.
De acuerdo al presidente de la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace), Adolfo Vélez Muñoz, dijo que de las 6 mil 500 casas de empeño que se tienen localizadas, entre 20 y 25 por ciento se estima operan fuera de la ley, es decir, entre mil 300 y mil 650 entidades informales. Estas seudocasas de empeño, que en su mayor parte iniciaron como agiotistas y luego fuera de la ley emigraron a ser casas de empeño, cobran una tasa mensual de entre 20 y 25 por ciento cuando una entidad regulada aplica rédito de 10 por ciento en promedio, dependiendo de la región. Antes de la existencia de las casas de empeño privadas se ubican en una gran parte de las localidades del país, ahora se encuentran concentradas en las zonas más apartadas y se enfocan en los sectores de la población de menores recursos y cobrando tasas de interés que se traducen hasta en 300 por ciento anual.
Sobresale de la información que tenemos, que de los 6 mil 500 establecimientos de préstamo prendario en México, la cuarta parte opera sin cumplir las normas; la tasa de interés que cobran las instituciones pirata alcanzan hasta 300 por ciento anual.
Hoy en México, la verificación a casas de empeño responde a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007. Según información oficial, en México de cada 100 personas que recurren a empeñar un bien para obtener un préstamo, 66 lo hacen en alguna de las instituciones de asistencia privada no lucrativas, y el resto, 34, son clientes de negocios prendarios privados. Para la gran mayoría, 84.2 por ciento, es una alhaja de oro el artículo que se empeña.
Los datos anteriores son resultado de un estudio de opinión realizado en diciembre de 2008 y enero de 2009 por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer el comportamiento de los mexicanos que, sobre todo después de los periodos vacacionales de fin de año y de Semana Santa suelen visitar los sitios de préstamo prendario para aliviar los apuros familiares luego de haber gastado más allá de lo que sus economías les permite.
Este estudio, llamado sondeo sobre casas de empeño e instituciones de asistencia privada, elaborado por la Profeco durante los meses de diciembre 2008 y enero 2009, 65.7 por ciento de los participantes acudieron a las instituciones de asistencia privada (IAP) y el restante 34.3 por ciento, a una casa de empeño privada; 84.2 por ciento de ellos empeña alhajas de oro.
De los clientes de casas de empeño, 48.2 por ciento opinó que el dinero que les entregaron en préstamo fue poco para sus expectativas, y 37.6 por ciento de las personas destinaría el dinero del empeño para comprar alimentos.
En el estudio de esta iniciativa, se consultó a expertos en la materia, propietarios de casa de empeño, usuarios, y autoridades federales conocedoras de la materia. Asimismo un sondeo realizado por diversas casas de empeño, permitió fijar el parámetro de los límites de la tasa de interés y un comparativo a nivel nacional que la mayoría de los casos son excesivos y ponen en total desventaja a los usuarios de dichos servicios.
De acuerdo a la nota del periódico Reforma del pasado 4 de enero de 2011, sobresalen los siguientes datos en el contexto de la cuesta de enero de este año: a) el costo anual total (CAT) en las casas de empeño va desde 60 hasta 260 por ciento, que son niveles muy altos respecto a las tasas de interés anuales de las tarjetas de crédito.
Actualmente se registran hasta tasas de 1099 por ciento anual en el préstamo de casas de empeño, estas tasas de interés que se justifican incluyen el refrendo que es un concepto que incluye los costos por custodia, gastos de operación, seguro e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los plazos para pagar en las casas de empeño son de entre tres y cinco meses, lo cual se determina en el contrato y otro aspecto para tomar en cuenta es que en algunas casas, la fecha de pago es a los 30 días de que se recibió el préstamo. En cambio, en otras casas, las fechas límite de pago con los días 20, 30 y 31. Al no pagar a tiempo, las personas que empeñan pueden hacerse acreedoras a intereses moratorios que fluctúan entre 0.26 y uno por ciento. Para darnos cuenta la magnitud de los abusos de las casas de empeño, tomando de referencia el costo anual total (CAT), que es instrumento de medición del sistema financiero aplicado para este tipo de instituciones comerciales, crédito hipotecario 14.24 por ciento; tarjeta de crédito clásica 42.8 por ciento; crédito a pagos fijos comercios 114.8 por ciento; empeño en instituciones de asistencia privada 120 por ciento y en los actos de empeño en casas comerciales 257 por ciento.
El tema de la supervisión y regulación tanto del sector bancario y de las casas de empeño no es menor, debido a la difícil situación por la que atraviesan miles de familias mexicanas y a la falta de empleo que se vislumbra en el país en este año, los empeños crecerán entre 10 y 13 por ciento con relación al año pasado y se dispondrá de 18 mil millones de pesos destinados para este tipo de préstamos prendarios.
En materia de regulación de las casas de empeño, existen varios proyectos de ley en el Senado de la República que tienen el propósito de establecer una reglamentación a nivel federal que tenga por objeto regular las excesivas tasas de interés prendario, combatir la informalidad y ampliar los derechos del consumidor, presentados en su momento por los senadores Tomas Torres Mercado, Rubén Velásquez, Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Dante Alfonso Delgado, Minerva Hernández y René Arce, quienes han propuesto diversos proyectos en la materia, considero indispensable abrir el debate en las comisiones respectivas del Senado a fin de establecer una legislación para regular los abusos, los robos, el agiotismo, la usura, que usufructúan con la necesidad de los más pobres.
La Cámara de Diputados también hizo su parte al enviar una minuta a la Cámara de Senadores, por la que se reforma los artículos 65 Bis y 128 y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de aclarar la definición de casa de empeño, de forma que abarque todas las instituciones que conforman el sector prendario. Además de fortalecer las facultades de supervisión y control de la Profeco mediante la creación de un registro público de casas de empeño, garantizar al consumidor que la casa de empeño no desaparecerá sin cumplir sus obligaciones mediante constitución de fianzas o garantías; y otras disposiciones en materia de transparencia. La Mesa Directiva del Senado de la República recibió dicha minuta el 20 de octubre de 2011 y la turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su estudio y dictaminación.
En este sentido, consideramos necesario y de manera urgente que la Profeco, en el uso de las atribuciones legales que actualmente cuenta, implemente un programa de verificación y supervisión a las entidades mercantiles que realizan actos de empeño a fin de proteger los derechos de los consumidores que tienen la necesidad de recurrir frente a la necesidad de sus gastos ante la cuesta de enero. Asimismo, consideramos que la Comisión Permanente debe hacer un exhorto en el pleno respeto de los plazos establecidos por las disposiciones reglamentarias, a los presidentes de las Comisiones de Fomento Industrial, y Estudios Legislativos, Segunda, que tienen en su poder.
Finalmente, consideramos indispensable, que el Banco de México de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley para el Ordenamiento y Transparencia de los Servicios Financieros emita disposiciones para regular las excesivas tasas de interés relacionadas con el préstamo crediticio y mejorar las tasas de interés por mantener nuestros ahorros, que en muchos casos, dichas tasas son menores que la inflación.
Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Bernando Altamirano Rodríguez, ampliar la supervisión y sanciones sobre las empresas mercantiles dedicadas a contratos de mutuo con interés y garantía prendaria denominadas “casas de empeño”, que cometen abusos contra la población de menos recursos a través de elevadas tasas de interés prendario y subvaluación de las prendas, a fin de garantizar los derechos de los consumidores.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de dictaminar aquellos proyectos de iniciativa de ley que tienen por objeto la regulación de las empresas mercantiles dedicadas a los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, que actualmente radican en sus comisiones.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Banco de México para fortalecer las acciones regulatorias de las excesivas tasas de interés en el sector crediticio a fin de mejorar el acceso y las condiciones de préstamo a los usuarios del sector financiero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Senadores: Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar una política de urgencia para la creación masiva de empleos dignos y poner en marcha a escala nacional un seguro de desempleo, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, se ha borrado toda duda sobre de que los derechos laborales son plenos derechos humanos, por lo que el Estado con su actuación está obligado a tutelarlos para hacerlos efectivos, con objeto de respetar la dignidad del ser humano, permitiéndole su pleno desarrollo. Por lo que ya no se puede seguir argumentando que los derechos laborales quedan al libre juego de fuerzas en el marco de la relación de trabajo. Y bien uno de los derechos humanos laborales centrales, incluso el más significativo, sobre todo en las actuales circunstancias, es el relativo al derecho al trabajo, a un empleo.
El artículo 123 constitucional, en el apartado A, mandata que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; por lo cual, el Estado promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
Este párrafo tiene enorme trascendencia histórica, jurídica y humana, que no se ha valorado en toda su profundidad, ni menos se ha cumplido en bien de las personas que viven de su trabajo.
Si toda persona que tuviera necesidad, las condiciones de salud y la edad requerida, accedieran a un trabajo digno, cambiaría la faz de nuestro país, hacia el crecimiento, la cultura, en la paz y el respeto.
México ha signado diversos tratados internacionales que consagran el derecho que todas las personas tienen a un trabajo digno. Tal es el cado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23; y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por citar tan solo algunos de ellos.
No obstante lo anterior, los últimos datos que entrega el Inegi en materia de empleo, correspondientes al tercer trimestre de 2011, son demoledores, al señalar que la población desocupada ha crecido a un total de 2 millones 761 mil 703; y que el sector informal abarca un total de 13 millones 438 mil 600. Es decir, la informalidad generó 3 de cada 4 empleos; los desempleados que ya no buscan ocupación designados eufemísticamente “disponibles” escaló a 6 millones 181 mil 737, en tanto que los trabajadores no remunerados ya son 3 millones 86 mil 526. Éstos son algunos de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Adicionalmente, a estos terribles datos, debemos tomar en cuenta el papel activisimo que ha tomado el gobierno federal para destruir empleos: la errática y mezquina conducción económica del país; la “guerra contra la delincuencia”, que más parece una guerra contra la economía nacional, el despido masivo de trabajadores, generado por acción u omisión, como en los emblemáticos conflictos de Mexicana y de los trabajadores del SME.
En tal virtud, una de las grandes deudas del presente gobierno federal son los insuficientes empleos generados, pero sobre todo el déficit de empleos dignos. No es difícil imaginar lo que esto representa en materia de bienestar para las familias mexicanas, lo que esto implica para la alimentación, la salud, la educación, la vivienda de la mayoría de los mexicanos y, para el desarrollo de los jóvenes, lo que acaba impactando a la seguridad pública, cuyos sangrientos resultados están a la vista.
Esto exige tres medidas urgentes a cargo del Estado: 1) las necesarias para mantener los empleos formales ya existentes y que la actual crisis amenaza permanentemente; 2) impulsar la generación masiva de nuevos empleos dignos; y 3) la creación ya indeclinable del seguro de desempleo.
En cuanto al seguro de desempleo, el mismo artículo 123, en el apartado A constitucional, prevé la necesidad de su instrumentación, por lo que el gobierno federal tiene en este rubro otra enorme deuda histórica ante su injustificado retardo:
“XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores , campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
En fin, que a la fecha los programas federales para la creación de empleo y el apoyo contra el paro, han sido absolutamente insuficientes e impotentes para resolver el más grave problema social que azota a México.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de inmediato y, en coordinación con los otros niveles de gobierno y sectores sociales, impulse una política de emergencia para la creación masiva de empleos dignos, conforme a lo mandatado por la Constitución y por los instrumentos internacionales de los cuales México es parte.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal para que en cumplimiento de lo previsto por el artículo 123 constitucional e instrumentos internacionales signados por nuestro país, cree un verdadero seguro de desempleo de carácter nacional, como tutela económica y humana mínima a favor de los desempleados.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta al Inegi para que revalore sus criterios para determinar la población desocupada e incluya en la misma a la población “disponible” y a los trabajadores no remunerados, de manera que las cifras concuerden más con la problemática real y se enfrente de mejor manera su solución.
Cuarto. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo federal para que ya sin mayor dilación resuelva los conflictos de Mexicana de Aviación y de los trabajadores del SME que no han sido liquidados, devolviéndoles sus empleos y en general respetándoles sus derechos humanos. Esto conforme a procesos en que impere el diálogo y la tutela a los derechos humanos laborales.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.
Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con puntos de acuerdo relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia con base en la siguientes
Exposición de Motivos
El pasado 5 de enero del año en curso, el diario Excélsior anunció que se han producido la muerte de al menos 5 personas a causa del tráfico de medicamentos contrabandeados o pirata.
Para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se trata de un problema inmenso ya que los productos se están vendiendo en lugares establecidos, e involucra de manera directa la salud de las personas, según lo comenta el director de Operación Sanitaria de la comisión.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha establecido que existen bandas criminales perfectamente organizadas, relacionadas con grupos de delincuentes mexicanos para el contrabando y venta de medicamentos en territorio nacional. Las sustancias las traen de Asia, Europa y Estados Unidos, estas medicinas las fabrican con sustancias de dudosa procedencia o comercializan medicinas caducas y falsifican su fecha de caducidad.
En lo que va del sexenio, se han decomisada 175 toneladas de medicina de contrabando, caducas y apócrifas en operativos que ha realizado la PGR, junto con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Asimismo, se han detectado medicinas envasadas en China, Indonesia, Francia, España, Portugal y de varias entidades estadounidenses.
Las medicinas que llegan de manera ilegal a nuestro país se utilizan para dolores de cabeza, infecciones virales y bacterianas, para hipertensión y migraña, entre otros. Los envases contienen leyendas del país de origen, provocando en muchos casos que se desconozca la sustancia activa.
Existen otros fármacos que son falsificados y elaborados en México, muchos de ellos sólo son conocidos como “placebos”, donde los grupos criminales obtienen enormes ganancias.
Según la PGR, la ruta de ingreso de medicamentos de contrabando, y que prometen la cura de enfermedades como el cáncer, es en su mayoría, a través de la frontera norte mexicana o por vía marítima.
La Procuraduría registró que la mayor problemática se concentra en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Nayarit y Jalisco forman parte de este corredor donde se venden los medicamentos de contrabando, apócrifos y caducos.
También se ha detectado que los medicamentos apócrifos provienen de Brasil, Belice y Guatemala, para ingresar al territorio mexicano por Chiapas y algunos otros por Yucatán y Quintana Roo.
El Distrito Federal y el estado de México, así como Morelos, Guanajuato y Jalisco son las entidades donde se venden en los mercados sobre ruedas los fármacos falsificados, caducos o de contrabando.
En el Partido Verde nos preocupa esta grave situación, por lo que mediante la presente propuesta, pretendemos exhortar a las autoridades encargadas de regular y controlar el tráfico de fármacos a remitir un informe detallado a esta soberanía, a fin de conocer las medidas que se están aplicando para combatir la venta de estos productos, que ponen en un alto riesgo la salud de todos los mexicanos.
Es por lo anterior que someto a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que envíe un informe con las medidas que se están tomando para poner un freno a la venta de los medicamentos falsificados, caducos o de dudosa procedencia.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud organizar intensas campañas donde se advierta a la población sobre las consecuencias y riesgos por la compra de medicamentos en mercados sobre ruedas, caducos o de dudosa procedencia.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal que remita un informe sobre las medidas que se están implementando para detectar los cargamentos de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a once de enero de dos mil doce.
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre el cierre del relleno sanitario Bordo Poniente, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con puntos de acuerdo relativo al cierre del relleno sanitario Bordo Poniente con base en la siguientes
Exposición de Motivos
Las actividades del Estado se dividen en funciones, obras y servicios públicos. La primera de éstas es esencial para la existencia del propio Estado y, por ello, su naturaleza precisa indubitablemente la necesidad de brindarlas directamente; es decir, el Estado las proveerá. Un ejemplo de estas funciones es la labor ejecutiva, legislativa, judicial o bien el ejército, pues no pueden existir intermediarios para desarrollarlas.
Respecto de la obra pública, se puede decir que ésta es un objeto inanimado, su finalidad es colaborar en el adecuado funcionamiento de todo el marco estadual (parques, jardines, puentes entre otros).
Por último, los servicios públicos son actividades técnicas revestidas de un régimen exorbitante del derecho público. Si bien, en muchas ocasiones este tipo de servicios son proveídos de modo directo por el Estado, también es cierto que pueden proporcionarlo sujetos particulares.
Dentro de los servicios públicos se encuentra la recolección de objetos sólidos y desechos orgánicos. Esta actividad desde siempre ha sido encomendada a alguna representación estatal, tal como ahora lo podemos apreciar en la fracción III del artículo 115 constitucional para el caso de los municipios, y del 69 al 75 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para la Ciudad de México.
La recolección de los objetos sólidos y los desechos orgánicos es fundamental para la conducción de la nación, pues está relacionado de modo sustancial con la salubridad pública y ésta a su vez con el orden público. En este sentido, se aprecia de modo evidente como una cuestión originalmente de servicio público, si se descuida, se transforma en un problema mayúsculo para la sociedad.
En este contexto, en días pasados, hemos apreciado como el cierre del Bordo Poniente ha generado una serie de problemas en la recolección de basura en toda la ciudad.
El Bordo Poniente fue cerrado por el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el pasado 20 de diciembre; sin embargo, debió cerrar desde el 15 de enero de 2009, pero en aquella ocasión, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno del Distrito Federal acordaron la ampliación del plazo para que se suspendiera la recepción de desechos, de manera definitiva, en 2010, pues la administración del Distrito Federal no contaba en aquel entonces con un programa para el manejo de residuos, por ello, se volvió a estipular una nueva fecha para finalizar funciones, siendo ésta el 31 de diciembre de 2011 (http://impreso.milenio.com/node/9082239).
Los habitantes de esta gran urbe, desesperados por la situación, han recurrido a confinar sus deshechos en ciertos puntos de la vía pública, creando una serie de basureros urbanos. Esta circunstancia, además de evidenciar un mal aspecto para la ciudad, conlleva un grave problema de salubridad y podría exigir la intervención del Consejo de Salubridad General, reconocida en el artículo 73 constitucional, fracción XVI.
Aunado al problema del cierre del bordo, esta el de la negativa por parte de los gobiernos vecinos a la ciudad a no seguir recibiendo los deshechos de ésta. Un claro ejemplo es lo declarado por el alcalde de Tlalnepantla, Arturo Ugalde Meneses, cuando afirmó que no aceptará que el gobierno del Distrito Federal deposite su basura en el relleno sanitario situado en San Pedro Barrientos, ya que éste actualmente cuenta con capacidad para recibir 800 toneladas diarias, y no las 2 mil 500 que se generan en el DF, lo que lo saturaría en muy poco tiempo.
Además, se ha informado de la existencia de un basurero ilegal abierto por el propio gobierno del Distrito Federal, en un terreno aledaño a la planta de separación del propio Bordo Poniente. El secretario de Obras de la ciudad, Fernando Aboitiz, expresó que ello es meramente temporal, pero es evidente cada vez más la improvisación para la solución del conflicto.
En el Partido Verde nos encontramos sumamente preocupados por la grave situación que se vive ante el cierre de este relleno sanitario y, en este sentido, consideramos que es necesario llevar a cabo acciones que nos permitan mantener limpia la ciudad y aprovechar los desechos generados para generar composta, energía eléctrica, alimento de ganado, etcétera.
Debemos despertar en todos nosotros la conciencia crítica de que el interés social y el orden público están primero, y son independientes de los intereses que cada grupo o persona pueda tener.
Con base en estos argumentos, creemos oportuno acudir a la razón de esta Comisión Permanente, a fin de que se extienda un atento exhorto a la jefatura de gobierno del Distrito Federal a ejecutar acciones prontas respecto a este grave problema, y se logre la regularización de la recolección de objetos sólidos y desechos orgánicos, se utilicen los respectivos esquilmos en factores de la producción y se cuente con el lote adecuado para ser determinado como el relleno sanitario de la Ciudad de México.
Como se aprecia de los anteriores párrafos, el conflicto de la basura no está solucionado, para ello solicitamos al jefe de gobierno de la Ciudad de México nos dilucide, entre otras circunstancias, lo siguiente:
1. La razón del cierre del Bordo Poniente sin contar con un plan de solución de captación de los desechos generados en la ciudad;
2. ¿Cuáles son los planes para que de ahora en adelante, en el tiempo que le resta de su administración, la basura se pueda incorporar a un ciclo productivo?; y no hablamos solamente de la clasificación de los objetos sólidos clásicos, como el metal, el aluminio y el vidrio, sino también lo que implica la clasificación de los anteriores y la generación de fertilizantes para mejorar la producción agrícola o la producción de energía, o bien generar los llamados brickets para crear energía eléctrica.
Por todo lo anterior, creemos que es el momento idóneo para solicitar la información al respecto, con la finalidad de contribuir en la implementación de los planes que deben de tener y que hasta el momento no se han llevado a cabo o, en su defecto, exhortar que se conciba la correspondiente planeación para el mejoramiento, no sólo de la ciudad, sino también del país.
Por todo lo anterior, sometemos respetuosamente realizar la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a informar la razón del cierre del Bordo Poniente sin antes contar con un plan de solución para la captación de los desechos generados en la ciudad;
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a informar si se cuenta con estudios o si concibe la posibilidad de aprovechar los desechos de la ciudad, no sólo a través del biogas, sino también a través de la generación de composta o alimento para ganado a partir del tratamiento de éstos.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a once de enero de dos mil doce.
Senador Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la información clasificada y reservada por el Ejecutivo federal y la PGR sobre la cifra de muertos relacionados con el combate del narcotráfico en 2011, suscrita por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto relativo a la información clasificada y reservada por el Ejecutivo federal y la Procuraduría General de la República, vinculada a la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante el año 2011, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En días pasados diversas notas periodísticas hicieron referencia a la cifra oficial del número de muertos en México, relacionados con el combate al narcotráfico en 2011 o “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.
Dicha cifra fue solicitada tanto a presidencia como a la Procuraduría General de la República (PGR), y ambas instancias no proporcionaron debidamente la información.
Mediante una solicitud de acceso a la información, un ciudadano requirió a la PGR datos sobre el número de homicidios relacionados con el crimen organizado, pero dicha dependencia contestó que esta cifra era inexistente.
Sin embargo, luego de interponer un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), se ordenó a la PGR hacer una búsqueda exhaustiva, pues se consideró que no rastrearon adecuadamente los datos del Centro Nacional de Planeación y Análisis e Información para el Combate a las Drogas (Cenapi). 1
La PGR modificó su respuesta y decidió clasificar los datos como “confidenciales” por lo que no podían ser revelados, asimismo, subrayó que los miembros del Cenapi firmaron por escrito una “promesa de confidencialidad” sobre los datos oficiales, cuando se trata de fuentes relacionadas con operaciones de inteligencia, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional.
El Cenapi sólo integra la información enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y los gobiernos estatales por lo que está obligada a no revelar esos datos.
Al clasificar la PGR como “confidencial” la base de datos correspondiente al año 2011, no hubo necesidad de establecer plazo alguno para abrir ese archivo, y además cualquier funcionario público que diera a conocer esta cifra, podría ser sancionado como lo estipula el artículo 53 de la Ley de Seguridad Nacional.
“Artículo 53. Los servidores públicos que laboren en las instancias que integren el Consejo o en el Centro, así como cualquier otro servidor público o cualquier persona que se le conceda acceso a la información relacionada con la seguridad nacional, deberán otorgar por escrito una promesa de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso.”
Asimismo, se presentó otra solicitud de acceso a la información en la que también se le requirió a la Presidencia de la República, la cifra de personas muertas por el combate al narcotráfico hasta diciembre de 2011.
La respuesta por parte de la presidencia, consistió en datos preliminares de nueve estados (Guerrero, Morelos, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) actualizados hasta mayo de 2011.
Ante esta respuesta parcial, el recurrente interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, por lo que presidencia replicó que no contaba con los datos precisos sobre el tema.
Posteriormente, la Presidencia de la República catalogó la información como “reservada”.
El IFAI respaldó la postura de presidencia en el sentido de que esta información, sobre la cifra de muertos durante el año 2011, permanecerá “bajo reserva”, ya que divulgar los datos sin ser verificados por las autoridades causaría un detrimento en lugar de informar con veracidad.
Sin embargo, no precisaron cuánto tiempo llevaría a la presidencia “verificar esos datos”, ni tampoco se estableció un plazo máximo para abrir dicha información. Es decir, se trata de una información “reservada” pero sin tiempo específico para darse a conocer.
Cabe resaltar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala en el artículo 15 que dicha información podrá permanecer con ese carácter hasta por 12 años.
De todo lo anterior se desprende que la Procuraduría General de la República y la Presidencia de la República, incurrieron en contradicciones ya que dicha cifra fue catalogada como reservada y, al mismo tiempo, como confidencial.
Para la PGR la cifra de muertos era confidencial por razones de seguridad nacional, por lo que ni siquiera podría darse a conocer, sin embargo, por definición, los datos estadísticos no pueden ser clasificados por seguridad nacional.
En tanto, para la presidencia se trata de información reservada toda vez que los datos preliminares aún no han sido verificados; sin embargo, no se estableció un plazo para que se arroje la cifra solicitada.
Todo este ocultamiento de datos representa un viraje en la política de transparencia de los últimos años, sin justificación alguna.
Por otra parte, dicha información ya ha sido reportada públicamente en varias ocasiones, ¿por qué ahora se decide no revelarla más?
Además, el último informe que realizó el gobierno federal sobre el tema con fecha 13 de enero de 2011, por el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, reportó que de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 hubo 34 mil 612 homicidios vinculados crimen organizado 2 .
Tras darse a conocer los citados hechos, en un comunicado de prensa con fecha 5 de enero del año en curso, la PGR informó que sí daría a conocer el número de muertos en la lucha contra el narcotráfico, y aseguró que el número de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial durante 2011 se encuentran “desclasificados”, pero se darán a conocer conforme las autoridades estatales los validen y los hagan del conocimiento de esa dependencia.
Según la PGR, la base de datos se alimenta conforme las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas del país, hacen del conocimiento de la PGR los casos que recaen en su competencia 3 .
Por su parte, el IFAI exigió que se entregue de inmediato la cifra de muertos por el combate al narcotráfico correspondiente al año 2011 a la PGR, y advirtió a la Presidencia de la República que, “a la brevedad”, liberen por completo las bases de datos que tienen en su poder.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, afirmó que la base de datos para determinar una cifra de asesinados en 2011 “está en construcción” 4 .
No obstante, para la secretaria de Acceso a la Información del mismo IFAI, Cecilia Azuara, la PGR mostró un comportamiento irregular a lo largo de este procedimiento ya que, primero dijo que la información no existía, y una vez que se le ordenó buscarla en todas sus dependencias, resultó que sí existía, pero que estaba clasificada por seguridad nacional 5 .
En el Partido Verde Ecologista de México, preocupados por esta situación, solicitamos que tanto la Presidencia de la República como la Procuraduría General esclarezcan estos hechos.
Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República para que remitan un informe en el cual manifiesten detalladamente por qué se ocultó esta información con criterios diferentes, aún cuando se trata del mismo tema.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República para que remitan un informe en el cual manifiesten detalladamente por qué decidieron dejar de informar sobre el tema a pesar de haber informado en años anteriores la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico en el año 2011 o “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que remita un informe en el cual manifieste detalladamente por qué “desclasificó” los datos que anteriormente había dicho se encontraban “clasificados”.
Notas
1. http://impreso.milenio.com/node/9089687
2. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/183027.html
3. http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol12/Ene/b00512.shtm
4. http://www.proceso.com.mx/?p=293906
5. http://www.animalpolitico.com/2012/01/ifai-le-advierte-a-la-pgr-informe n-ya-el-numero-de-muertos/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Senador Arturo Escobar y Vega (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover y otorgar apoyos económicos para la cadena productiva Café Veracruz, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover y otorgar apoyos económicos para la Cadena Productiva Café Veracruz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1) Veracruz es productor nacional de café del país, con café arábiga de alta calidad, que compite con los mejores del mundo.
2) Que más de 86 empresas forman parte del Consejo Regulador del Café Veracruz (CRCV) con denominación de origen.
3) Que el Consejo Regulador del Café Veracruz es un organismo apartidista, promotor y garante del café de mejor calidad que produce el estado de Veracruz.
4) Que el pasado 8 de noviembre del 2011 el Consejo Regulador del Café Veracruz se reunió con los senadores Yeidckol Polevnsky, Luis Walton, Sebastián Calderón Centeno, Jesús Arenas, Alberto Cárdenas, Eugenio Govea, Juan Bueno, Dante Delgado y el que suscribe.
5) Después de conocer el trabajo del Consejo Regulador del Café Veracruz, con denominación de origen, los senadores mencionados firmaron un oficio dirigido al secretario de Economía del gobierno federal, Bruno Ferrari García, en los que destacan los siguientes puntos: a) Las empresas que forman parte del Consejo Regulador del Café Veracruz, realizan diversas estrategias para posicionar el producto a nivel estatal y nacional para fomentar su consumo, y refrendar el reconocimiento ganado en diversas partes del mundo; b) Estos reconocimientos certifican la calidad y bondades que tiene el café Veracruz, así como los beneficios que conlleva a la cadena productiva desde la finca hasta la taza, lo cual beneficia a mil 300 familias de igual número de productores que integran el Consejo Regulador; e) Se requiere el apoyo del gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, por lo cual la Canacintra, Delegación Xalapa, lo ha solicitado ante la dependencia, a través del Programa Fondo Pyme y recibido con fecha 3 de noviembre de 2011, denominada cédula de proyecto con nombre Campaña de Promoción del Café Veracruz, con denominación de origen, y registrada con el número de folio FP2011-1340.
6) Mencionamos que después del ocurso dirigido al Secretario Ferrari se tuvo encuentros con el subsecretario para la Pequeña y Mediana Industria, Miguel Marón Manzur, quien aseguró que el punto estaba aprobado, sin embargo no se les ha apoyado con el resolutivo.
Debido a ello, los empresarios miembros del Consejo Regulador del Café Veracruz han solicitado nuevamente el apoyo de los legisladores federales, a fin de que sean atendidas sus demandas y problemática.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del la Secretaría de Economía, licenciado Bruno Francisco Ferrari García de Alba, a que de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 34 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenga a bien atender los siguientes puntos:
1) Se apruebe, a través del Programa del Fondo PyME, la campaña de Promoción del Café Veracruz con denominación de origen, registrada en la Secretaría de Economía, con el folio FP2011-1340.
2) Se otorgue al Consejo Regulador del Café Veracruz, con denominación de origen, el apoyo económico que requiere para alcanzar el posicionamiento de calidad que tiene el café veracruzano.
3) Que se brinde apoyo y asesoría técnica a los productores de Café en el estado de Veracruz.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SEP a fin de realizar una revisión amplia e integral de los programas centrados en educación indígena infantil para mejorar la calidad y la infraestructura en las escuelas hasta lograr una educación intercultural efectiva, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Educación Pública para que se realice una revisión amplia e integral de todos aquellos programas enfocados a la educación indígena infantil, a fin de que se mejore la calidad, la infraestructura en las escuelas hasta lograr una educación intercultural efectiva, lo anterior con base en las siguientes
Consideraciones
México es uno de los países con más indígenas de América. De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Población, hasta 2010, la población indígena en nuestro país era de 14 millones, de los cuales 6.7 son hombres y 6.9 son mujeres, pertenecientes a 62 diferentes grupos étnicos. Las agrupaciones mayores son los náhuatl y los mayas.
Los estados con mayor número de indígenas son los del sur y sureste del país, es decir, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, con un total de 7.3 millones. Esta diversidad se reconoce en el artículo 2o. de la Constitución Política Mexicana, donde se estipula que “la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”.
El 76.1 por ciento de la población de habla indígena vive en pobreza. Este sector de la población es el que menos accede a la educación. Información del segundo Conteo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y que es hablante de lengua indígena representa 8.3 por ciento de la población ubicada en este rango de edad, mientras que el porcentaje correspondiente a quienes no hablan lengua indígena es de 4.9 por ciento. Es decir, por cada niño no indígena que no asiste a la escuela hay dos niños indígenas.
La mayoría de las casi 25 mil comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas. Según datos del Consejo Nacional de Población, hasta 2010, en México había cerca de 2 millones 231 mil niñas indígenas y 2 millones 240 mil niños (entre 0 y 15 años). Se estima que la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas es cuatro veces más alta (más de 26 por ciento de la población de 15 años y más) que el promedio nacional (7.4 por ciento). En 2005, apenas el 13 por ciento de los estudiantes del 6° grado de primaria en las escuelas indígenas se encontraba en el grupo más alto en términos de comprensión lectora, comparado con el 33 por ciento de promedio nacional. El 51 por ciento se encuentra en el nivel más bajo (el promedio nacional es de 25 por ciento). 1 Es así que el incumplimiento de los derechos básicos de los niños indígenas también se refleja en su bajo nivel de logros educativos.
De acuerdo a cálculos realizados a partir de la base de datos de fin de ciclo escolar en 2007, por parte de la Secretaría de Educación Pública en 2007, los niños indígenas también son los que más desertan, es decir abandonan la escuela. Respecto al índice compuesto de retención y aprobación, refiriéndose a aquellos alumnos que cumplieron satisfactoriamente con los requisitos académicos de evaluación establecidos para todas y cada una de sus asignaturas, las escuelas indígenas reportaron en dicho índice 89 por ciento, mientras que en las primarias generales el índice correspondiente fue de 95 por ciento.
Como ejemplo de la lamentable situación escolar por la que atraviesa la población indígena basta con ver el segundo Conteo del Inegi de 2010, el cual indica que el porcentaje de la población que se encontraba entre la edad de 15 y 19 años, que no es hablante de lengua indígena y que no asiste a la escuela es de 46.9 por ciento, mientras que este porcentaje entre la población hablante de lengua indígena es de 73.7 por ciento.
La causa primera y más importante de esta realidad evidentemente es la pobreza en la que vive una proporción significativa de la población indígena. De acuerdo con datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2008), el 79.9 por ciento de esta población percibe un ingreso menor a dos salarios mínimos.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha documentado en sus estudios que quienes asisten a escuelas indígenas se encuentran en una posición de franca desventaja. Los indígenas mueren más que los no indígenas, y la mayoría de las veces por enfermedades prevenibles o curables. Los niños indígenas tienen índices superiores de desnutrición. Las condiciones de su vivienda son mucho más precarias. 2 Es evidente que todo ello afecta el acceso, la permanencia y el aprendizaje en la escuela. La tercera causa es la falta de pertinencia cultural y lingüística de la educación que México ofrece a esta población. 3
De acuerdo a evaluaciones hechas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación durante 2009, en la mayor parte de las escuelas indígenas del país predomina la castellanización directa (sólo el 63 por ciento de los maestros hablan una lengua indígena), hay una desubicación lingüística (maestros que hablan una lengua indígena pero que trabajan en una comunidad que habla otra) cercana al 20 por ciento, o bien prevalece el uso instrumental de la lengua indígena (se maneja sólo mientras los alumnos adquieren suficiente español como para proseguir las clases en esta lengua). El bilingüismo, que en teoría es el propósito del subsistema de preescolar y primaria indígena, no ha sido asumido como tal por los docentes indígenas. En el caso de los alumnos que han tenido poco contacto con el español, la enseñanza se vuelve ininteligible, y el aprendizaje se obstaculiza, para no hablar del efecto del desplazamiento lingüístico (pérdida de la diversidad lingüística) que estas prácticas suponen.
Desafortunadamente la cultura indígena no está presente en las aulas. La experiencia escolar resulta ajena a los niños indígenas. Tampoco se toman en cuenta sus estilos de aprendizaje, que se basan más en la observación, la imitación, la exploración y la experimentación que en la transmisión verbal de conocimientos. La escuela enfatiza lo escrito incluso en el aprendizaje de una segunda lengua, cuando la cultura indígena es oral. La relación de la escuela con la comunidad no busca propósitos educativos: es más bien puntual e instrumental.
La escuela indígena no representa el mejor lugar para aprender. Los alumnos, al no entender la escuela, al no sentir que aprenden, prefieren no ir. Los padres, que con el tiempo los van ocupando más y más para el trabajo, acceden finalmente a interrumpir su carrera escolar.
Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática sobre el trabajo infantil, 36 por ciento de los niños indígenas entre 6 y 14 años de edad trabajan, el doble que el promedio nacional calculado en 15.7 por ciento. 4 Hoy día, una gran cantidad niños y niñas indígenas dejan de ir a la escuela porque tienen que comenzar a trabajar a una edad muy joven.
Dichas escuelas están poco dotadas de infraestructura y materiales didácticos. En un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación titulado La educación para poblaciones en contextos vulnerables, se muestra que son los docentes y directores de escuelas indígenas los que de forma más crítica juzgan la infraestructura, el acceso a recursos educativos, las condiciones y recursos del aula.
En el estudio mencionado también se señala que se ha creado y dejado desarrollar un subsistema de educación preescolar y primaria de calidad inferior. Los maestros no están adecuadamente preparados, los supervisores no tienen recursos para visitarlos y apoyarlos, y la infraestructura es deficiente, entre otras fallas. Los sistemas educativos en las entidades federativas, responsables de operar la educación indígena, tienen arrinconados a los departamentos de educación indígena (aunque hay pocas excepciones): no se les considera para la toma de decisiones, les otorgan un nivel jerárquico muy bajo dentro de la estructura educativa, o no los dotan de recursos para operar más allá de los que se consideran necesarios.
En los niveles posteriores de educación, los alumnos indígenas cargan con las siguientes desventajas: no lograron dominar el español porque no se partió de un buen dominio de la lengua propia; tuvieron una educación deficiente y por lo mismo no dominan muchas de las habilidades necesarias para seguir estudiando; si continúan a la secundaria, tienen serias dificultades para aprender; al llegar al nivel medio superior, o incluso al superior, se enfrentan con exámenes de admisión que los indígenas aprueban mucho menos que los no indígenas. De esta manera, se castiga a los indígenas por ser víctimas de un sistema educativo desigual en calidad y poco pertinente cultural y lingüísticamente hablando.
Ante esta lamentable problemática que nuestro país ha venido arrastrado por décadas, el gobierno mexicano a través de sus distintas administraciones ha implementado acciones, de las que resulta la creación de la Dirección General de Educación Indígena y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública son las principales instituciones públicas responsables de la educación que reciben los indígenas mexicanos.
La Dirección General de Educación Indígena fue creada en 1978, tiene como objetivo general: ofrecer de manera corresponsable con las entidades federativas, educación básica de calidad y equidad para la población indígena, en el marco de la diversidad, que considere su lengua y su cultura como componentes del currículo, y le permita desarrollar competencias para participar con éxito en los ámbitos escolar, laboral y ciudadano que demanda la sociedad del conocimiento. 5
A este esfuerzo de proporcionar educación a la población indígena, se suma el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con un programa de albergues escolares que apoya a los infantes de menos recursos para que puedan acceder a la escuela. Dicha institución señala que en los 1245 albergues distribuidos en las distintas regiones indígenas del país atiende a 60 mil niñas y niños, así como a 9 mil 449 jóvenes, proporcionándoles alimentación y hospedaje por cinco días a la semana durante todo el ciclo escolar.
Respecto a la educación superior, a partir de 2003 se crearon en el país las llamadas universidades interculturales, impulsadas por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, con la misión de promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de los pueblos indígenas y revalorar los conocimientos de dichos pueblos para propiciar un proceso de síntesis con los avances del conocimiento científico. Actualmente existen nueve de estas universidades en México. Por otro lado, desde 2006 algunas escuelas normales ofrecen una licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe.
En cuanto a la educación para adultos indígenas, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, dentro de su modelo educación para la vida y el trabajo, maneja un programa para indígenas que ofrece dos rutas educativas: una para población monolingüe y otra para personas bilingües.
Sin embargo, y pesar de que se han creado diversas instancias para atender el tema de la educación indígena, los esfuerzos y acciones emprendidas han dado resultados insuficientes. Debemos de trabajar en conjunto para que todos los niños, sean indígenas o no se respeten y sean considerados por igual, buscando una educación equitativa, una educación de calidad donde no quepa la discriminación, rescatando los valores que nos identifican como nación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Educación Pública para que se realice una revisión amplia e integral de todos aquellos programas enfocados a la educación indígena infantil, a fin de que se mejore la calidad, la infraestructura en las escuelas hasta lograr una educación intercultural efectiva.
Notas
1 Cifras obtenidas en la página http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6904.htm
2 Información encontrada en la página web
http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Pano rama_educativol2009
3 Schmelkes, S., G. Aguila, R. Magaña, J. Rodríguez, y V. Ojeda (2007). Estudio cualitativo del impacto del programa Oportunidades sobre la educación de la población indígena. México: mimeo.
4 El trabajo infantil en México 1995-2002, Inegi, páginas 76-77.
5 Información obtenida en la página web http://basica.sep.gob.mx/dgei/start.php?act=objetivos
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Senador Ericiel Gómez Nucamendi (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe sobre la aplicación de recursos obtenidos por exportaciones petroleras este sexenio, en particular en el ejercicio fiscal recién concluido, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 3 de enero, diversos medios de información nacionales dieron a conocer que las elevadas cotizaciones del petróleo crudo de exportación permitieron al actual gobierno federal obtener los mayores ingresos por ese concepto en lo que va del sexenio.
De acuerdo con reportes de la paraestatal citados por diversos diarios de circulación nacional, hasta el undécimo mes de 2011, el gobierno federal obtuvo mediante Petróleos Mexicanos 45 mil 159 millones de dólares, monto superior en 17 mil 29 millones (37.34 por ciento) al presupuestado.
Sólo en el último mes de 2011 el gobierno federal obtuvo unos 4 mil millones de dólares más por la exportación de petróleo, con lo que se llegaría a una cifra cercana a 50 mil millones de dólares a lo largo de todo el año.
A este dato, se suma otro que es muy revelador: inicialmente, el precio de la mezcla mexicana de exportación presupuestado en la Ley de Ingresos de 2011 fue de 73.3 dólares por barril; sin embargo, el crudo cerró el periodo enero-noviembre con un costo promedio de 100.62 dólares, es decir, 27.37 dólares arriba de lo programado, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Datos preliminares destacan que sólo en el periodo enero-noviembre de 2011 se alcanzó la cifra más alta por exportaciones petroleras en lo que va de la gestión de Felipe Calderón.
Las cifras señalan que por exportaciones de crudo en 2006 se obtuvieron 34 mil 707 millones de dólares; en 2007, 37 mil 937; en 2008, 43 mil 342; en 2009, 25 mil 605, y en 2010, 35 mil 919.
De esta manera, en lo que va del sexenio el gobierno federal ha contado con recursos procedentes de la venta de crudo, principalmente destinado al mercado estadunidense, por 222 mil 669 millones de dólares, monto que casi duplica el saldo total de la deuda externa del sector público federal, que al mes de noviembre de 2011 alcanzó 113 mil 600 millones.
Aún con esta ingente cantidad de recursos públicos, los pendientes del desarrollo social se agolpan ante el Gobierno Federal.
Los recursos que el gobierno de Felipe Calderón ha destinado al campo y otros sectores sociales de la economía han disminuido notablemente en sus iniciativas de presupuestos presentadas ante el Congreso.
Aun con todo ello y de manera por demás lamentable, el gobierno federal aduce falta de recursos para poder integrar un fondo de 10 mil millones de pesos para atender una situación de gravedad extrema, de auténtica emergencia, en el campo mexicano.
Peor aún, anunciadas apenas hace dos días un nivel de reservas internacionales de casi 145 mil millones dólares, bastaría que el gobierno federal instrumentara las acciones necesarias para disponer sólo de de un 0.68 por ciento de esas reservas, para que hubiera recursos hasta por el doble de los solicitados por la Cámara de Diputados para atender los efectos de las graves contingencias climatológicas que afectan a México poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y estabilidad social.
Por lo expuesto, los diputados federales del grupo parlamentario del PRI proponemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de urgente, remita a esta soberanía, información puntual sobre el monto total de ingresos petroleros obtenidos durante la actual administración gubernamental, y el destino detallado de estos recursos en el gasto federal ejercido desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2011.
Segundo. Respecto a los recursos adicionales obtenidos por concepto de exportaciones petroleras en el ejercicio fiscal 2011, se requiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aclare el monto total de estos recursos que hayan sido destinados a programas, fondos, fideicomisos y acciones relacionadas con el apoyo al sector agropecuario nacional para la atención de las contingencias climatológicas ocurridas a lo largo de dicho año.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Diputado José Ramón Martel López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama respecto al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos de América, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
El senador Luis Alberto Villarreal García, de conformidad con lo previsto en los artículos 108, numerales I y II; 95, numeral II; y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos.
Exposición de Motivos
La administración del presidente Barack Obama propuso cambios a los procesos de solicitud de residencia permanente, a través de los cuales se podría reducir la duración de la separación entre ciudadanos estadounidenses y sus esposos o hijos indocumentados mientras regularizan su situación migratoria; ya que, a través del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USICS), ha presentado ajustes limitados, pero sensatos, al trámite migratorio que permitirá a miles de solicitantes de un permiso de residencia permanente pedir un perdón pro-unificación familiar.
En el proceso actual, que sigue vigente hasta que USCIS no presente una norma definitiva, los esposos o hijos extranjeros de ciudadanos estadounidenses deben regresar a su país de origen para una entrevista en un consulado o en la Embajada de Estados Unidos para tramitar un permiso de residencia. Dicha salida del país puede dar paso a un castigo de 3 a 10 años, en los que la persona no puede reingresar a Estados Unidos, para aquellos que han violado las leyes migratorias, ya sea porque son indocumentados o porque han vivido en el país por más de seis meses.
No obstante, la ley contempla una excepción en aquellos casos en los que el ciudadano estadounidense demuestre que la ausencia de su hijo o cónyuge le acarrearía un “perjuicio extremo”, sea económico, de salud o humanitario. En estos casos, el familiar del ciudadano estadounidense puede requerir, una vez que se encuentra de regreso en su país de origen, un “perdón” también llamado waiver para que se le permita volver a Estados Unidos sin cumplir la prohibición.
Sin embargo, el trámite del “perdón” puede tardar desde seis meses, hasta más de un año. Se espera que la nueva regla pueda reducir el proceso a días o semanas y que estas personas puedan solicitar el “perdón” desde Estados Unidos, antes de regresar a su país. El USCIS examinará su caso y, si lo encuentra válido, concederá una excepción provisional.
Una vez en su país, el familiar en situación irregular se someterá a una entrevista consular. Si no se detectan problemas, el permiso se hará firme y la persona podría regresar a Estados Unidos en cuestión de semanas. La nueva medida sólo se aplicará a los familiares de ciudadanos, no a los de residentes permanentes.
La ciudadanía de Estados Unidos normalmente es adquirida al nacer cuando el niño es nacido dentro del territorio de los Estados Unidos, de acuerdo a la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Un residente permanente tiene derecho a vivir y trabajar legal y permanentemente en cualquier parte de los Estados Unidos, a través de la expedición de la tarjeta de residente permanente válida, también llamada Green Card , y puede solicitar la ciudadanía una vez que haya cumplido con determinados requisitos.
Los cambios beneficiarían a miles de inmigrantes que no tienen antecedentes penales y solamente han violado las leyes de inmigración, y a quienes, para efectos de obtener el “perdón”, demuestren que su ausencia de la familia podría causar “dificultades o daño extremo” para el cónyuge o padre ciudadano.
Otros requisitos de elegibilidad son:
• Verificación de que la relación familiar existe legalmente;
• No haber cometido ningún fraude en materia de inmigración;
• Presentar una carta de sostenimiento, a fin de indicar que la persona para quien se solicita el perdón no va a ser una carga pública y que merece el perdón; y
• Que no haya cometido delitos.
En 2011, el gobierno estadounidense recibió 485 mil peticiones de ciudadanos estadounidenses en favor de sus familiares inmediatos, ese mismo año se recibieron 23 mil solicitudes de “perdón”. Más del 70 por ciento fueron aprobadas, es decir, 16 mil, aunque otras 7 mil fueron rechazadas.
La propuesta de la administración Obama y el proceso de cambios propuestos serán delineados en el Aviso de Propuestas de Reglamentación (Notice of Proposed Rulemaking ), tentativamente a ser publicados en la primavera de 2012 y estará abierta a comentarios del público, antes de la publicación de una norma definitiva.
La medida representa un esfuerzo más de la administración del Presidente Obama por flexibilizar la política migratoria sin necesidad de consultar al Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos se oponen fuertemente a estas medidas por considerarlas impopulares a los estadounidenses.
Por lo expuesto, someto a aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda las modificaciones propuestas por el presidente Obama al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos y hace votos por la pronta publicación de la regla final del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a fin de que entre en vigor con la brevedad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que exhorte respetuosamente a la administración del presidente Obama a que el “perdón” pro unificación familiar pueda ser aplicable no sólo a familiares de ciudadanos estadounidenses, sino que se haga extensivo también a los familiares de residentes permanentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 11 de diciembre de 2012.
Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la reestructuración de Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, suscrita por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter, Francisco Hernández Juárez, Mario di Costanzo Armenta y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT
Los suscritos, diputados federales integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, el presidente de la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política en esta LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que Mexicana de Aviación es una aerolínea emblemática de México que ha prestado el servicio concesionado de transporte aéreo por más de 90 años, siendo un pilar de la conectividad de nuestro país con el resto del mundo
2. Que en diciembre de 2005 se concretó la venta del Grupo Mexicana desincorporándola de Cintra por un precio de 165.5 millones de dólares, cuando el IPAB la valuó en 1,456 millones de dólares; cantidad que se redujo con 997 millones de dólares por arrendamiento de aviones; una deuda neta de 29 millones de dólares y pasivos laborales por 265 millones de dólares; que adicionalmente en 2006, la nueva administración obtuvo una devolución de 15 millones de dólares, por créditos fiscales, por lo que el precio final de venta fue de 150.5 millones de dólares.
3. Que debido a la deficiente administración de Grupo Mexicana, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, esta empresa suspendió operaciones desde el mes de agosto de 2010, estando imposibilitada para cumplir con el servicio público de transporte aéreo objeto de la concesión y que se encuentra en riesgo de quiebra, lo que significaría la cancelación de 8 mil 687 empleos directos, y a nivel nacional entre 80 mil y 100 mil empleos indirectos perdidos (85 proveedores de Nuevo Grupo Aeronáutico, transportación terrestre, equipajeros, hoteles, restaurantes, locales comerciales, agencias de viajes, arrendadoras de autos, etcétera).
4. Que para garantizar la reestructura de la empresa y su puesta en funcionamiento, se requiere de una inversión de 300 millones de dólares.
5. Que el artículo 25 de la Carta Magna justifica con mucho que el gobierno realice una inversión de tal magnitud, no sólo para preservar las fuentes de empleo, sino también para recuperar, reactivar y reiniciar las actividades en dicha aerolínea.
6. Que ya en otras circunstancias de emergencia se ha aprobado medidas de apoyo también emergentes, pudiéndose mencionar, entre otras y sólo a título de ejemplo, las proporcionadas a raíz de la crisis ocasionada por la pandemia de la influenza A (H1N1), en la cual el 5 de mayo del 2009, el gobierno federal otorgó medidas fiscales de carácter general y apoyos específicos –fiscales y financieros– a los sectores más perjudicados, y dónde las medidas sumaron un total de alrededor de 17 mil 400 millones de pesos, con las cuáles se buscó garantizar condiciones favorables para apuntalar la actividad económica e inducir una rápida recuperación en los sectores más afectados.
7. Que con base en las leyes orgánicas de la Banca de Desarrollo se propicie el otorgamiento de una carta de crédito a favor de la compañía aérea de acuerdo con lo siguiente:
Artículo 6. ...
VIII Bis. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia para las personas, empresas y organizaciones productivas y de comercialización, en pueblos y comunidades indígenas, en materia de comercio exterior con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado;
8. Es importante señalar que con el argumento anterior, el propio gobierno federal ha invertido en forma directa a través de la Secretaría de Comunicaciones Transportes 17 mil 323 millones de pesos en la modernización y equipamiento de aeropuertos, como el de Huatulco, Mérida y Oaxaca; se otorgó por parte de la Banca de Desarrollo 2 millones 730 mil 830 pesos a los sectores empresarial, Infraestructura, vivienda y rural. De igual forma se apoyó al Proyecto Fiat 500 de la Chrysler con 400 millones de dólares, y se otorgó una garantía hasta por 300 millones de dólares a la Planta de Etileno XXI, ambas a través de Nacional Financiera y Bancomext. Otro de los que recibieron financiamiento fue la hipotecaria Su Casita por 2 mil 750 millones de dólares.
9. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el ejecutivo señaló en el rubro de Transporte Estrategia 14.7 y 14.8 la ampliación de la cobertura de los trasportes en todas sus modalidades, bajando costos, aumentando la seguridad y calidad, modernizando y proporcionando servicios confiables y de calidad para toda la población.
10. Para mejorar el impulso de los servicios aéreos se requiere fortalecer y mantener líneas aéreas sanas y competitivas. Bajo esa premisa, los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos de América han otorgado financiamientos a diversas líneas aéreas, tanto de créditos como subsidios, que han sido restituidos gracias a un mayor ingreso de divisas y de turistas extranjeros. Si realmente se quiere fortalecer el servicio de transporte aéreo en México, el gobierno federal debería otorgar este aval a través de la emisión de la carta de crédito solicitada.
11. Que para finales del 2010:
• Fueron afectados 3.4 millones de pasajeros en rutas domésticas, equivalente al 28.5 por ciento del total del mercado doméstico.
• Se afectaron a 2.1 millones de pasajeros en rutas internacionales, equivalente al 64.3 por ciento de los pasajeros internacionales transportados por las aerolíneas mexicanas, y al 18.5 por ciento del mercado total internacional incluyendo a las aerolíneas extranjeras.
• Se dejaron de realizar 74 mil operaciones domésticas, lo que equivale al 30 por ciento de las operaciones totales domésticas con el respectivo impacto en aeropuertos y economías locales.
• Se dejaron de realizar 23 mil 400 operaciones internacionales, equivalente al 60.5 por ciento de las operaciones totales internacionales de aerolíneas mexicanas con su respectivo impacto en aeropuertos y economías locales.
• Se dejaron de atender con oferta nacional 35 mercados internacionales, ahora a disposición de aerolíneas extranjeras.
• Las tarifas en rutas domésticas muestran aumentos de entre el 10 al 60 por ciento.
• Las tarifas en rutas internacionales muestran aumentos de entre el 70 al 280 por ciento.
Se está en riesgo de perder el 34 por ciento de las fuentes de trabajo de la industria del transporte aéreo nacional, en su mayoría de personal altamente calificado.
• Los 8 mil 687 empleos directos en riesgo de perderse representan alrededor del 3 por ciento de los empleos formales creados entre enero del 2009 y el cierre de Mexicana en agosto de 2010 reportados al IMSS.
12. Que al primer trimestre del 2011:
• El déficit en la oferta de asientos en rutas nacionales es de 31 por ciento.
• El déficit en la oferta de asientos en rutas internacionales es de 35 por ciento.
• El nivel de conectividad nacional e internacional se mantiene debilitado.
• El 86 por ciento del mercado internacional es atendido por aerolíneas extranjeras, cuando hace un año era 72 por ciento.
13. Que la quiebra del Nuevo Grupo Aeronáutica significa:
• Pérdida inmediata al erario por 3 mil 506 millones de pesos.
• Pérdida de 8 mil 687 empleos directos altamente calificados.
• Afectación a más de 200 mil empleos indirectos.
• Pérdida de soberanía al ser ocupado el espacio aéreo mexicano por aerolíneas extranjeras.
• Impacto negativo al consumidor por tarifas altas y menos opciones de conectividad.
• Pierde más la Nación tanto económica como socialmente al quebrar la aerolínea, que al reestructurarla para reiniciar operaciones.
Por lo expuesto y fundado, se pone a consideración de este cuerpo colegiado, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo la emisión de un carta de crédito por 300 millones de dólares que se otorgará en calidad de capital trabajo por parte de la banca de desarrollo para posibilitar la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa de servicio público en México.
Segundo. Asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo federal para que el gobierno participe en la capitalización de los pasivos respectivos en el proceso de reestructura de la unidad de negocios y negocie los términos de la reestructura de la deuda a favor del gobierno federal.
Tercero. Finalmente, cite a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Trabajo y Previsión Social a una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a fin de informar su participación en el asunto materia del presente acuerdo, de acuerdo a sus atribuciones.
Se solicita que esta proposición se tramite como de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Diputados: Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Rios Píter (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Mario di Costanzo Armenta (rúbrica), Gerardo Fernández Noroña.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a publicar los instrumentos de distribución de los recursos del programa Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación, a cargo de los diputados Rodrigo Pérez Alonso González y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Los diputados, Rodrigo Pérez-Alonso González y Juan Gerardo Flores Ramírez, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de diciembre de 2011, y de conformidad con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, se encuentra el Programa de Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación, programa promovido por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y aprobado por los distintos partidos políticos.
De esta forma, la Estrategia Programática del propio PEF 2012 menciona el incremento a este programa señalando como objetivo el de “contribuir a que los alumnos permanezcan y concluyan sus estudios, a fin de disminuir la deserción e incrementar la eficiencia terminal en estos niveles educativos.”
En el anexo del decreto del PEF (DPEF), correspondiente a Programas Presupuestarios en Clasificación Económica, se identifica dicho Programa con el nombre de “Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación”, correspondiente a un subsidio, por un monto de 5 mil millones de pesos.
Asimismo, en el Anexo 22 “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes” se distribuyen los 5 mil millones de pesos de la siguiente forma:
Para la educación media superior:
3 mil millones de pesos
Para la educación superior:
2 mil millones de pesos
De igual manera, en el Anexo 24 denominado “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, se identifican los mismos 3 mil millones de pesos.
Cabe señalar además que en el Anexo 32 del DPEF, correspondiente a “Ampliaciones a Educación”, en el rubro de Educación Media Superior, se identifica este programa y mediante la nota 7 se explica que: “Se utilizarán los 5 mil millones de pesos del Programa U069 “Becas Universitarias y del Nivel Medio Superior” para crear un nuevo Programa denominado Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación”, al que también hacen referencia los Anexos 22 y 24.
Por otra parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LFPRH, menciona los mecanismos para el ejercicio de los recursos de subsidios y otros programas a través de reglas de operación y lineamientos específicos. De esta forma, en el artículo 75 de la LFPRH se establecen los criterios a los que deberán sujetarse los subsidios, y se tiene que:
Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán:
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio;
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos;
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros;
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación;
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento;
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, y
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos.
...
Asimismo, en el artículo 77 se establecen los criterios para las reglas de operación de los programas, a saber:
Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública.
La secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que se refiere el párrafo anterior. La secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto presupuestario, y
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los siguientes criterios:
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga;
b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente:
i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos;
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección;
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la acción a realizar;
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite;
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite;
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad;
vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno.
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el ejercicio fiscal, se sujetarán al procedimiento establecido en el presente artículo.
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, SEP, el Anexo 18 detalla los Programas Sujetos a Reglas de Operación en tanto que en los Anexos 22, “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”; 24, “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” y 32, “Ampliaciones a Educación” ya mencionados anteriormente, se detallan los principales programas en materia de educación así como los programas de becas existentes adicionales a este Programa, tales como el Programa Nacional de Becas y Financiamiento (Pronabes), Programa de Becas, Becas Universitarias y de Nivel Superior, Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres en Escuelas Normales Públicas. Programa de Becas para Posgrado, Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, entre otros.
Para el caso de los ejercicios fiscales anteriores, se tienen publicadas reglas de operación para los Programas de Becas, mismos que detallan las modalidades contenidas, tales como:
• Modalidad de Apoyo:
• Modalidad de Retención:
• Modalidad de Excelencia:
• Modalidad de pasantía o prácticas profesionales y emprendedores:
• Modalidad de hijas e hijos de Militares en Activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Asimismo, para el caso del ejercicio fiscal 2011, se publican los Lineamientos Específicos para la Operación de los Programas de Becas de Educación Media Superior 2011, en las modalidades de:
• Becas apoyo-retención-excelencia.
• Becas discapacidad.
• Becas hijos de militares.
• Becas prepárate.
Igualmente, a partir de la publicación del PEF 2012, en el mes de diciembre, ya se han emitido en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de diversos programas de la SEP, entre los que se encuentran aquellos de becas para el ejercicio 2012.
Por lo anterior, resulta importante publicar los mecanismos de distribución de los recursos del Programa “Becas para la Educación Superior y la expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación”, a través de las reglas de operación respectivas que deberán promover los objetivos descritos en la Estrategia Programática en el sentido de “contribuir a que los alumnos permanezcan y concluyan sus estudios, a fin de disminuir la deserción e incrementar la eficiencia terminal en estos niveles educativos“ de forma oportuna y eficiente.
La propia SEP menciona que “las Reglas de Operación establecen disposiciones a las que deben sujetarse determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos, las cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y ...
...Que en el marco de lo anterior la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone en su artículo 77 que con el objeto de que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos señalará los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación, así como los criterios generales aplicables a las mismas.”
Por tanto, dichas Reglas de Operación y Lineamientos deberán promover una entrega no corporativa, con equidad, transparencia, universalidad, equidad de género, distribución geográfica equitativa y de recursos focalizados y sin discriminación de estudiantes, fomentando la participación social.
Asimismo, deberá incluir los objetivos, general y específico; los lineamientos generales, la cobertura, la población objetivo; las características, tipo y monto de los apoyos así como los gastos de operación los mecanismos de entrega, requisitos y procedimientos en materia de ingreso y permanencia; los mecanismos de evaluación, la articulación con otros programas y focalización adecuada.
Deberá garantizar un registro adecuado de los beneficiarios, los criterios de selección al igual que sus derechos y obligaciones.
Igualmente, y en este sentido, deberá incluir disposiciones en materia de registro y transparencia del padrón de beneficiarios del Programa, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 fracción XI y en el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el artículo 8 de su Reglamento, en el cual, el padrón de beneficiarios del Programa se publicará en la página electrónica; padrón que en principio, estará conformado por todos aquellos alumnos que acreditaron las etapas de registro, verificación de criterios de selección, confronta, validación y de verificación presupuestal.
Uno de los rubros principales será el de difusión promoción, ejecución y de .Contraloría Social (participación social).
Todo ello deberá propiciar un ejercicio del recurso aprobado de forma eficiente y oportuna que garantice el cumplimiento de los objetivos planteados de acuerdo al espíritu del legislador.
En atención a lo expuesto, los diputados que suscriben ponen a consideración de la Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a publicar oportunamente los mecanismos de distribución de los recursos del Programa “Becas para la Educación Superior y la expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación”, a través de las Reglas de Operación y lineamientos correspondientes.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover el ejercicio eficiente, oportuno, universal, honesto, no corporativo y con criterios de legalidad, equidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género, distribución geográfica equitativa y de recursos focalizados y sin discriminación de estudiantes, fomentando la participación social en el ejercicio de los recursos del Programa referido, que deberá promover la permanencia de los jóvenes en la educación, la minimización de la deserción escolar y el incremento de la eficiencia terminal en los niveles medio superior y superior.
Asimismo, deberá incluir los objetivos, general y específico; los lineamientos generales, la cobertura, la población objetivo; las características, tipo y monto de los apoyos, así como los gastos de operación los mecanismos de entrega, requisitos y procedimientos en materia de ingreso y permanencia; los mecanismos de evaluación, la articulación con otros programas y focalización adecuada.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que el programa y las Reglas referidas incluyan disposiciones que deberán garantizar un registro adecuado de los beneficiarios, especificando claramente los criterios de selección al igual que sus derechos y obligaciones, así como disposiciones en materia de registro y transparencia del padrón de beneficiarios.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de enero de 2012.
Diputados: Rodrigo Pérez-Alonso González, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a respetar la facultad de todo ciudadano para denunciar actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a la legalidad, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la justicia es un derecho humano y es uno de los principios universalmente aplicables reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que legalmente vincula a los Estados como parte del derecho internacional consuetudinario.
En 1948 este derecho se consolido con tratados legalmente vinculantes, internacionales y regionales adoptados por la Organización de las Naciones Unidas y por organismos intergubernamentales regionales como es el caso de la Corte Penal Internacional, la cual es un órgano jurisdiccional reconocido plenamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con absoluta vigencia en nuestro país, así como en los Estados parte.
El artículo 120 del estatuto de la Corte Penal Internacional señala que esta será complementaria de las jurisdiccionales penales nacionales y no se podrá admitir ningún tipo de reservas a esta jurisdicción.
El 25 de noviembre de 2011, un grupo de más de 23 mil mexicanos haciendo uso de sus garantías constitucionales y del derecho al libre acceso a la justicia consagradas en diversos instrumentos de derecho internacional acudieron a la Corte Intencional (CPI), para solicitar a su Fiscal, se analice la “Situación de violencia que prevalece en México” y se pueda iniciar una investigación en la que se pueda determinar si existe violación generalizada de derechos humanos y si se cometieron crímenes de lesa humanidad.
El derecho de acceso a la justicia, aun cuando se considere que los denunciantes tengan o no razón, es el ejercicio de un derecho que debe ser defendido por autoridades e instituciones del Estado mexicano y en ningún caso constituye un acto criminal ni una acción que calumnie.
Sin embargo luego de ser presentada esta solicitud, el 27 de noviembre la Presidencia de la Republica difundió un documento, en el que acusa a quienes presentaron la denuncia ante la Corte Penal Internacional de hacer “imputaciones falsas y calumniosas” en contra del gobierno federal el cual termina diciendo lo siguiente:
Las imputaciones (...) constituyen en si mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan solamente a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el nombre de México, por lo cual el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”
Después de dar a conocer el comunicado en el que claramente amenaza a los 23 mil ciudadanos, funcionarios federales empezaron a realizar una campaña mediática de desprestigio y amenazas en contra de los ciudadanos firmantes de la denuncia ante la Corte. Así mismo diversas instituciones internacionales difundieron informes sobre la grave situación que prevalece en nuestro país, sin que se les haya acusado o amenazado.
Acciones que además de acotar el derecho a la justicia, vulneran lo establecido en el artículo 6o. constitucional que a la letra dice:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”
La libertad de expresión además comprende recibir y difundir información así como investigar sobre la misma.
Este honorable Congreso de la Unión debe salvaguardar el derecho a la denuncia y a la búsqueda de la justicia en organismos internacionales así como rechazar y condenar contundentemente que el gobierno federal amenace con utilizar la fuerza del Estado para perseguir y castigar a quienes lo denuncien, lo cual es característico de Estados autoritarios y alejados de un Estado democrático.
Debemos reconocer y salvaguardar el derecho de las y los mexicanos a recurrir a instancias legales y constitucionales con el propósito de hacerse escuchar y manifestar su descontento con las acciones de la administración federal, ante instancias jurisdiccionales internacionales, a las que nuestra nación se ha adherido voluntaria y soberanamente.
De esta manera se considera procedente y legítimo el actuar de los más de 23 mil mexicanos, ya que es indispensable para la consolidación de un Estado democrático el disenso y el debate respecto de la actuación de los servidores públicos, incluido el presidente de la República, pues la participación de los asuntos públicos es un derecho humano y forma de los principios democráticos de una nación.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el derecho inalienable de todo ciudadano a denunciar ante las instituciones competentes, todo tipo de actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y contra la legalidad constitucional.
Segundo. Esta Comisión Permanente, rechaza cualquier tipo de manifestación proveniente de cualquier servicio público que signifique una amenaza contra la seguridad la integridad y la libertad de los ciudadanos de las República que ejerzan el derecho a la denuncia.
Tercera. La honorable Comisión Permanente, exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a asumir un compromiso digno de su investidura de jefe de Estado y detenga cualquier acción del gobierno federal en contra de los 23 mil ciudadanos denunciantes ante la Corte Penal Internacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP, a la SEP y a la PGR información sobre el estado de las investigaciones relativas a los presuntos actos de corrupción de la obra Estela de Luz, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía sobre el estatus actual que guardan las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada Estela de Luz.
Exposición de Motivos
El artículo 6o. Constitucional consagra el derecho de acceso a la información como una garantía fundamental, al menos por dos razones: porque protege un bien jurídico valioso en sí mismo (que los ciudadanos puedan saber y acceder a información relevante para sus vidas) y porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque cumple una función vital para la república, que los ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante el voto 1 .
En este tenor, los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental reiteran el argumento anterior e indican que la información gubernamental es pública.
Por su parte, el capítulo IV. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos aseveran que el servicio público debe resguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Aunado a lo anterior, el pasado 7 de enero del año en curso, tras 15 meses de retraso en su entrega, fue inaugurada la Estela de Luz, en la Ciudad de México, a cargo del titular del Poder Ejecutivo federal. Cabe señalar que a este retraso se sumaron presuntas irregularidades en la contratación.
Esta obra compuesta por dos columnas y que personifican los siglos del Bicentenario del inicio de la revolución de independencia, inicialmente costaría 200 millones de pesos; pero finalmente representó una inversión total de mil 35 millones de pesos. La edificación de la misma estuvo a cargo de la constructora Gutsa, filial de la paraestatal Petróleos Mexicanos, III-Servicios.
Lo anterior, me parece, indignamente, ya que en nuestro país existen necesidades básicas pendientes de subsanar, por citar tan sólo un ejemplo, la semana pasada en este recinto legislativo discutíamos las repercusiones que trae consigo el veto del Ejecutivo federal al Fondo de Contingencias Climatológicas aprobado por este órgano legislativo el pasado 15 de diciembre de 2011. Es decir, la Estela de Luz representa un gasto inútil.
Como es de conocimiento público esta obra desde su inicio estuvo plagada de irregularidades, ya que aunque las bases de la convocatoria inicial señalaban la construcción de un arco, el proyecto ganador fue el de una Estela, la cual sería recubierta de cuarzo sobre una plaza de mármol y terminó siendo de granito gris; irregularidad denunciada ante la opinión pública por el propio autor del proyecto, el arquitecto César Pérez Becerril.
Asimismo debemos recordar que el arquitecto Pérez Becerril presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión documentos en los que, según él, se comprueban ciertas irregularidades. Afirmó que Lujambio (Alonso Lujambio Irazábal, secretario de Educación Pública) entregó a Gutsa el contrato con una licitación amañada y que se inflaron los costos de la Estela de Luz, cuya inauguración estaba planteada para el 16 de septiembre de 2010. Por su parte, al día siguiente el secretario de Educación Pública citó a conferencia de prensa, para desmentir al arquitecto Pérez Becerril y lo retó a que presentara pruebas de los supuestos actos de corrupción en la obra.
Los documentos que entregó el arquitecto al Congreso de la Unión muestran que Gutsa concursó por el contrato de la Estela de Luz y se lo adjudicó con un monto original de 398.9 millones de pesos más impuesto al valor agregado.
Pero, según la denuncia del arquitecto, la empresa estaba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.
El contrato IIIS-EST-COP-005-10 del proyecto debió ser entregado el 21 de agosto de 2010. Sin embargo, las autoridades federales firmaron a Gutsa un convenio de modificación y concedieron una ampliación de 414.6 millones de pesos para incrementar el costo total de la obra hasta 813.6 millones más impuesto al valor agregado. Gutsa obtuvo una suspensión judicial contra su inhabilitación pero la Secretaría de la Función Pública impugnó. Aún así la empresa fue invitada al concurso de la obra Estela de Luz.
Subsiguientemente el secretario de Educación Pública, licenciado Alonso Lujambio Irazábal, ante una serie de denuncias e irregularidades cometidas en el proceso de construcción de la Estela de Luz, solicitó a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), entre los meses de septiembre y noviembre de 2010, fueran despedidos 27 funcionarios de la empresa III, Servicios, SA de CV, de entre los cuales destacan el director general, Agustín Castro Benítez y el contralor interno, quienes fueron inhabilitados para ocupar cualquier cargo público. En el caso del ex director la sanción fue de 12 años y del resto de los funcionarios 1 año.
Del mismo modo existen diversas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República contra funcionarios de la paraestatal, así como de un particular que se ostentaba como servidor público.
En este tenor el presidente de la Comisión de la Función Pública de esta Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, en un ejercicio de transparencia ha intervenido en este asunto desde un inicio y requirió un estudio al Colegio de Arquitectos para demostrar las irregularidades de esta obra y el costo real de la misma, para que en su defecto la administración pública federal nos explique el destino del capital excedente.
En el marco de la inauguración de la obra, el Ejecutivo federal señaló que la Estela de Luz simboliza la unidad de la nación, por encima de diferencias particulares o de grupo, además dijo esperar que la Estela de Luz sea emblema de una nación más segura, justa y próspera, que ilumine la existencia de las futuras generaciones de mexicanos; pero los hechos denotan que esta obra desafortunadamente es un claro ejemplo de la opacidad, corrupción e impunidad que impera en este sexenio.
En consecuencia considero oportuno conocer el estatus actual de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción relacionados con esta obra. Por ello requerimos información de la Secretaría de Educación Pública, en términos del artículo 38, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por ser la secretaría encargada de orientar las actividades culturales del sector público federal y coordinar los festejos del Bicentenario.
“Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
XXVIII. Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal;
...”
A la Secretaria de la Función Pública por ser la secretaría encargada de promover la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. Lo anterior en términos del artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
“Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;
..”
Y finalmente a la Procuraduría General de la República por ser el órgano del Poder Ejecutivo federal que se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal.
No debemos olvidar que el estado de derecho de un país radica en la cultura de la legalidad y el respeto a la ley es un valor que se debe fomentar en la conciencia de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía sobre el estatus actual que guardan la investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada Estela de Luz.
Notas
1. Carbonell, Miguel. El derecho de acceso a la información como derecho fundamental , en López Ayllón (coordinador), Democracia, Transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario, IFAI-IIJ UNAM, México, 2006. pp. 3-18)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a retirar la publicidad de la administración local donde se promueven la imagen y el nombre del gobernador, a cargo de los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Martha Leticia Sosa Govea y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a verificar y realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones conducentes a retirar la publicidad del gobierno local donde se promueven la imagen y el nombre del licenciado Mario Anguiano Moreno, con motivo de su segundo informe de labores, y a tomar las acciones legales a que haya lugar, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la reforma electoral aprobada en 2007 se dio un paso trascendental a la vida democrática que México tuvo durante más de 30 años, al promover la equidad y transparencia en los procesos electorales.
Esta reforma vino a precisar diversos aspectos, entre los cuales destacan delimitar los tiempos, espacios y canales de comunicación empleados por los partidos políticos para difundir sus campañas y propaganda, así como la fiscalización de los recursos empleados, para lo cual se implantaron reglas de civilidad para el contenido de los mensajes emitidos, generando una cultura de equidad y transparencia.
Así, las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión modificaron el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, radicalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a materia electoral. Se estableció en el título cuarto que todos los representantes de elección popular son considerados servidores públicos, por lo cual adquieren una serie de obligaciones y responsabilidades específicas inherentes al encargo, debiendo aplicar con imparcialidad y transparencia los recursos que están bajo su responsabilidad, como parte de la equidad que debe haber entre los partidos políticos.
Otra de las reformas constitucionales en materia electoral señala que toda propaganda difundida por cualquier instancia de los tres órdenes de gobierno debe ser únicamente con fines informativos, educativos o de orientación social; no se permite la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, prohibiendo con ello que la propaganda institucional sea empleada con fines proselitistas.
Por lo que corresponde al informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el artículo 228, apartado 5, que los mensajes para dar a conocer dichos informes que sean difundidos en los medios de comunicación social sólo podrán publicitarse una vez por año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, sin exceder de los “siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”, dejando en claro que en ningún caso la difusión de los informes tendrá fines electorales ni deberá realizarse en el periodo de campaña electoral.
En esta tesitura y con el objetivo de fomentar la equidad y transparencia en los procesos electorales locales, el actual Código Electoral del Estado de Colima, publicado el 30 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial de la Entidad; es decir, en la actual administración gubernamental, retomó exactamente lo establecido en el citado artículo del Código Federal en el artículo 182:
Artículo 182. El informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura estatal correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.
Hechos
1. El 18 de diciembre de 2011, el gobernador de Colima presentó su segundo informe anual de actividades; promovió dicho acto a través de la contratación de un conjunto de espectaculares colocados en las principales vías de comunicación. Destacan los situados en el bulevar Miguel de la Madrid, en Manzanillo, en la avenida Insurgentes, en Tecomán, en Villa de Álvarez por las avenidas del tercer anillo del periférico, Sevilla del Río, San Fernando, así como avenidas Juárez y San Pablo Silva y en la capital del estado, los cuales a más de “20 días” de haber acontecido el acto no han sido retirados, incumpliendo con ello lo establecido en el Código Electoral del Estado de Colima, violando a todas luces uno de los principios fundamentales que un cabeza de gobierno debe respetar, “principio de legalidad”, denotando con ello una vez más la poca seriedad y el abuso de autoridad que ejerce el funcionario citados para evadir el cumplimiento estricto de la ley.
2. Como se lee, los actos mencionados representan hechos violatorios de los artículos 182 del Código Electoral del Estado de Colima y 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto al ámbito de la temporalidad permitida para difundir el informe de actividades de cualquier servidor público.
Lo anterior, en virtud de que en lo señalado, en este caso se prevé la publicidad del informe anual de labores o gestión de los servidores públicos deberá realizarse sólo una vez al año sin exceder de los “siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que fue rendido el informe” , por lo cual la exposición por más de 20 días de los espectaculares que promueven la imagen del servidor público difundiendo el informe viola lo dispuesto en la ley suprema de la federación y en los códigos electorales, tanto federal como local, demostrando cabalmente con estos hechos desinterés en que la ley sea cumplida y, sobre todo, el abuso en el ejercicio del poder que ha propiciado que estos actos sigan impunes y que la democracia de los colimenses no sea respetada.
3. Debido a que se han sobrepasado los tiempos fijados en la ley, dichos espectaculares pasan a interpretarse como una forma de propaganda política que transgrede de manera directa el artículo 134 de la Constitución federal, dado que por el tiempo que llevan expuestos han dejado de tener un fin únicamente informativo para constituirse en un medio de difusión personalizada de la figura de este servidor y, por ende, del partido político de que es militante.
Es tal la urgencia del presente asunto que estamos en un punto en el cual de no retirarse la propaganda, podría seguir difundiéndose durante los tiempos electorales próximos, cuestión que hoy parece inevitable pues no hay voluntad de este funcionario beneficiado de tal violación normativa de retirar sus promocionales y, alarmantemente, tampoco de la autoridad respectiva de hacer cumplir la ley electoral y menos pensar en aplicar la sanción correspondiente.
4. Sin duda, la ley es clara en cuanto a los tiempos de presentación y difusión del informe de actividades de un servidor público, por lo cual para asegurar la equidad en la competencia electoral, ésta debe ser imparcial y no considerar terceras causas que excluyan la responsabilidad de dichos actos, como que la empresa contratada para difundir los señalados informes no haya retirado los espectaculares que promueven su informe de actividades y su imagen.
En este sentido, la preocupación resultaría doble, pues el funcionario no sólo estaría violando la ley electoral sino que, además, estaría permitiendo que una empresa no cumpla un contrato que debió realizarse tomando en cuenta los plazos señalados en materia electoral, demostrando además de lo referido en los hechos anteriores una incapacidad para exigir el cumplimiento de la ley.
En virtud de lo señalado en los numerales anteriores, se considera necesario exhortar al Instituto Electoral del Estado de Colima a realizar las acciones correspondientes para el retiro de toda publicidad del gobernador que con el pretexto de difundir su respectivo informe ha violentado la ley electoral estatal, así como a establecer las sanciones correspondientes en virtud de dichos actos.
Asimismo, resulta vital para garantizar el respeto de los principios de equidad y transparencia en la publicidad y los recursos destinados a dicho rubro, de acuerdo con el mencionado artículo 134 de la Carta Magna, solicitar al gobierno de Colima que rinda un informe detallado sobre los recursos y los instrumentos empleados en materia de publicidad en la presente gestión.
Por lo expuesto, se someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a verificar y realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones conducentes a retirar publicidad del gobierno de Colima donde se promueven la imagen y el nombre del licenciado Mario Anguiano Moreno, con motivo de su segundo informe de actividades, y a tomar las acciones legales a que haya lugar por el evidente incumplimiento de la ley electoral.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Colima a rendir ante esta soberanía un informe detallado sobre los instrumentos y el uso de recursos en el rubro de publicidad durante su gestión.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.
Senadores: Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea.
Con punto de acuerdo, relativo a la defensa de la economía familiar frente a la cuesta de enero, a cargo de los senadores Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someten a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición relativo a la defensa de la economía familiar frente a la denominada cuesta de enero , con base en los siguientes
Antecedentes
Durante 2011, la canasta básica aumentó 30 por ciento; uno de los principales componentes que justificó el aumento fueron los altos costos que significa el flete en el traslado de mercancías, gasolinas y cuotas de peaje. Lo anterior, sin olvidar la precaria situación que guarda el campo mexicano frente a irregulares fenómenos como la sequía y heladas que destruyeron los sembradíos del norte de la república, y en el sur las inundaciones.
Resulta contradictorio para la población la insensibilidad de las autoridades gubernamentales que frente al desempleo, la escasa actividad económica, la repatriación de migrantes y la caída de las remesas, las pocas acciones y la falta de voluntad política para ajustar un modelo económico que está generando hambre en la población de menores recursos, y es para quien propone este punto de acuerdo, de lo más preocupante por las distintas quejas y reclamos de la población guerrerense, los incrementos de productos básicos y de energéticos a lo largo de 2011 y ahora en la denominada cuesta de enero .
Por ejemplo, el caso de la cebolla, que se vendía en seis pesos y ahora se comercializa en diez pesos el kilo; la papa de siete pesos pasó a 10 pesos el kilo; el tomate de 6 a 8 pesos el kilo; el limón de 6 a 10 pesos el kilo; el kilo de huevo se incrementó en 20 por ciento al pasar de 20 a 24 pesos, el pollo entero que ayer llegó a 40 pesos el kilo, cuatro más que a principios de diciembre, y la pechuga a 77 pesos, tendencia que podría continuar, en los próximos días. A partir de este lunes el kilogramo de gas licuado de petróleo (LP) costará durante el mes de enero 11 a 12 pesos en el Distrito Federal, así como en algunos municipios de los estados de México e Hidalgo. El precio más alto del gas LP al usuario final aplicable en el primer mes de 2012 será de 12.16 por kilogramo, en la región nueve, que incluye algunos municipios de Baja California Sur donde se aplica una tasa del Impuesto al valor agregado de 11 por ciento.
El caso de la tortilla, en Oaxaca pasó de 11.33 pesos a 12.33 pesos; en Ciudad Victoria de 12.50 a 13.50 pesos, y en Boca del Río de 12.88 a 13.38 pesos; un peso en los dos primeros y 50 centavos en la última, cuando en 2008 el precio de la tortilla estaba en promedio nacional en 8.5 pesos por kilogramo.
Hoy cosechamos las deficiencias de una política agropecuaria y comercial que abandonó al campo mexicano, pero sobre todo, que nunca estableció claramente una política de seguridad alimentaria.
Otro de los componentes que presionan los precios de los alimentos a la alza, además de la estructura oligopólica del mercado de alimentos, es la política del gobierno federal en materia de bienes y servicios socialmente necesarios, como la gasolina y el diesel, ha sido eliminar los subsidios bajo argumentos totalmente contables.
El incremento de los precios de productos petrolíferos es notablemente significativo, de 2006 al mes de agosto de 2011, la gasolina Pemex Magna, pasó de 6.74 pesos por litro a 9.40 pesos por litro, que significa una tasa de crecimiento de 39 por ciento, de los cuales 11 por ciento se registró en el último año. En lo que va del sexenio calderonista los precios se incrementaron por producto de la siguiente manera: el gas licuado 12 por ciento, la turbosina 93 por ciento, el diesel 71 por ciento, y el combustóleo 171 por ciento . El incremento de los precios de los energéticos como una medida de alineación de los precios internos con los externos tiene en principio una contradicción: en un país rico en petróleo pero que carece de refinerías que transformen la riqueza nacional en productos necesarios para los ciudadanos y el sector privado.
Los argumentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para continuar con el ajuste de precios de los combustibles es tratar de homologarlos a los precios que prevalecen en Estados Unidos, sin embargo, olvida mencionar en su razonamiento que en dicha economía los ingresos promedios son 10 veces superiores a los que se perciben en México. Según informes de la SHCP los subsidios a los consumidores por los precios de los combustibles en México menores a los internacionales representarán unos 100 mil millones de pesos y que dicho subsidio sólo beneficia a los estratos de mayores ingresos de la población.
En respuesta, el Banco de México ha recomendado a la SHCP revisar su política de ajustes de precios en los combustibles, debido a que podría impactar en el objetivo de la meta de inflación de 3 por ciento más/menos un punto porcentual, a pesar de ello, el titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, Miguel Messmacher, aseguró que se continuará con la política de ajustes de precios a las gasolinas.
El tema de la regulación de los precios públicos es de la mayor importancia, porque antes de hablar del impacto en los ingresos de nuestras familias, manifiesta una política económica que prioriza la estabilidad macroeconómica y la salud de la finanzas públicas, sobre la responsabilidad del Estado mexicano para fomentar el crecimiento, el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza nacional, tal como lo establece el artículo 25 constitucional.
No negamos el impacto de los precios internacionales sobre los costos de producción y de venta, lo que sí criticamos es la paradoja de contar con una de las empresas petroleras más importantes del mundo que sólo se dedica a extraer y vender petróleo barato en beneficio de la Secretaría de Hacienda, y realizar acciones directas y contundentes en beneficio de la población y de sectores estratégicos como el agropecuario, con la producción de fertilizantes. Negar la esencia del Estado mexicano, sus responsabilidades y sus facultades para contar con una política de apoyos para garantizar la producción de alimentos para la población, donde se incluya una nueva política de fijación de precios de energéticos, más allá de argumentos contables, es caminar por la senda de un rompimiento del pacto social y la inestabilidad. No olvidemos la historia, la última revolución tuvo entre otras causas, las demandas del campesino mexicano.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha carecido de la voluntad para establecer límites a ese poder discrecional para elevar los precios de las gasolinas y diesel, y por otro lado, los consumidores carecemos de mecanismos de defensa contra la SHCP. Sin olvidar que la falta de inversión en refinerías ha incrementado nuestra dependencia de gasolinas importadas. Los precios expresan en todo caso la ausencia de una política en la materia, pero también la falta de voluntad de las instituciones públicas de enfrentar el problema más allá de las recetas tradicionales de libre mercado.
Desde 1982, la población no experimenta la escasez de alimentos, el fantasma del hambre y el desabasto es un asunto de estado que requiere la voluntad del gobierno federal para replantear las prioridades del gasto federal bajo un nuevo balance de la situación del agro nacional, ajustar programas y abandonar las actuales políticas públicas es algo fundamental para enfrentar los problemas de producción, por otro lado, resultada necesario combatir los oligopolios regionales alrededor del almacenamiento y distribución de alimentos, que es un tema pendiente específicamente en la producción de maíz y frijol.
Para este año, el abastecimiento de alimentos será la agenda central en materia de seguridad alimentaria, hoy por hoy el granero de México, Sinaloa, que pudiera expresar su potencial en 600 mil hectáreas con rendimientos de 14 toneladas por hectárea, y sólo va a sembrar 300 mil sólo por falta de agua, faltan todavía los efectos de la escasez de recursos y terminar el periodo de invierno.
Por lo anterior, consideramos necesario hacer un fuerte llamado de atención a los responsables de la protección de la economía familiar, a fin de contener los abusos en el incremento de la tortilla, frijol, huevo y otros alimentos básicos de la población, pero también establecer como una prioridad para el Congreso de la Unión, verificar las condiciones de abastecimiento y producción de alimentos básicos para este año. Finalmente, considero dentro de este punto de acuerdo, necesario solicitar a los responsables de la producción de gasolinas y diesel, envíen a esta soberanía, un informe de la situación que guarda la producción de dichos energéticos, y específicamente, los avances de la construcción de la refinería en el estado de Hidalgo.
Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Bernando Altamirano Rodríguez, al secretario de Economía, licenciado Bruno Ferrari, y al titular de la Comisión Federal de Competencia, desde las facultades que les otorga la ley a para
a) Ampliar la supervisión a fin de evitar la especulación y los abusos de los precios de la canasta básica.
b) Enviar al Congreso de la Unión las acciones para contener el incremento de precios de la canasta básica.
Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita en un plazo no mayor a 30 días al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Mayorga Castañeda, enviar un informe de la situación de la producción y abastecimiento de alimentos de la canasta básica en México para el año 2012.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de Petróleos Mexicanos, licenciado Juan José Suárez Coppel, y de la Secretaría de Energía, licenciado Jordy Herrera Flores, un informe de los avances de la construcción de la nueva refinería en el estado de Hidalgo y de las acciones para fortalecer la producción nacional de gasolina y diesel.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Senadores: Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general y otros servidores públicos de Pemex para que informen sobre el acuerdo de accionistas con la empresa Sacyr-Vallehermoso, a cargo del senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, en mi calidad de Senador de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento de los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 121 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado martes 30 de agosto del 2011 amanecimos en México con la noticia de la inminente adquisición por parte de Petróleos Mexicanos y su filial PMI Holdings, de un porcentaje aproximado de 5 por ciento, que finalmente fue de 4.6 por ciento, del accionariado de la petrolera española Repsol YPF. Con tal compromiso la participación de Pemex en Repsol se incrementaba hasta alcanzar el 9.43 por ciento.
Cabe destacar de manera relevante que tal compromiso de adquisición derivó a su vez de un Acuerdo de Accionistas suscrito el día anterior, 29 de agosto de 2011, en la ciudad de Madrid, España, entre Pemex y PMI Holdings con la constructora española Sacyr Vallehermoso, SA.
En dicho acuerdo de accionistas, entre otros aspectos, se obligaban la petrolera mexicana y la constructora española a un convenio de sindicación para el ejercicio de los derechos de voto, el cual buscaría servir lo que se denominó y explicitó en el propio acuerdo como una visión común.
Esta visión implicaba, entre otras cosas y según la cláusula I del acuerdo, la colaboración entre Pemex y Sacyr Valle Hermoso para que la gestión de Repsol se desarrollara en línea con las mejores prácticas internacionales de Gobierno Corporativo, así como para contribuir a incrementar la eficiencia en la gestión de Repsol y el valor de la petrolera española en el mercado. Para ello se proponían maximizar la representación de Pemex y Sacyr Valle Hermoso en los órganos de representación y gestión de Repsol.
Este acuerdo de accionistas, que finalmente se perfeccionó al haber adquirido Pemex y PMI Holdings en el mercado el 4.6 por ciento de las acciones de Repsol en un plazo que no excedió de treinta días a partir de la suscripción del acuerdo en Madrid, implicaba el ejercicio sindicado de los derechos de voto del 29.44 por ciento de las acciones de Repsol toda vez que la participación originaria de Sacyr ascendía al 20.01 por ciento, misma que adquirió en 2006, así como el nuevo porcentaje de 9.43 por ciento de Pemex.
Tal adquisición y convenio de sindicación contraídos por Pemex fueron objeto de numerosos cuestionamientos tanto en México como en España. Aquí se objetó la total falta de información con que se manejó Petróleos Mexicanos al habernos enterado a través de medios extranjeros, así como por existir diversos cuestionamientos jurídicos que implicaban la legalidad de un acuerdo que no pasó por el Consejo de Administración de la paraestatal, sino únicamente por su Comité de Inversiones.
Lo anterior se desprende de la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex que a solicitud de tres consejeros independientes se realizó el pasado 18 de octubre. En ella se manifestó un voto u opinión negativo del consejero Rogelio Gasca en el que estimaba como ilegal e inconveniente dicha adquisición y compromiso de sindicación, así como algunos otros cuestionamientos de parte de otros consejeros independientes.
El pasado 20 de diciembre de 2011, nos enteramos, nuevamente de manera inicial por medios extranjeros, de la venta por parte de Sacyr Valle Hermoso del 10.01 por ciento de las acciones de Repsol a la misma petrolera española con el fin de atender a los pesados compromisos crediticios y de deuda en los que está sumida la constructora ibérica.
De esta manera la constructora reducía su participación en la petrolera ibérica del 20.01 al 10 por ciento, y de manera automática dejaba sin efecto el acuerdo de accionistas del 29 de agosto pasado, extinguiéndose el convenio de sindicación de derechos de voto que este presuponía, mas no así la adquisición que hizo en mercado Pemex del 4.6 por ciento de Repsol misma que ascendió a un monto aproximado, según el director general de la paraestatal, a mil 600 millones de dólares de los que 480 salieron de la tesorería de la paraestatal y los restantes 1,120 millones de dólares de un crédito sindicado de cuatro instituciones financieras, tres de ellas internacionales.
Hasta ahora, lo único que sabemos de manera adicional, es que Repsol ha ofrecido a Pemex un convenio industrial a fin de maximizar la presencia de Pemex, pero se desconoce el tratamiento que la paraestatal habrá de darle al tema, así como otros aspectos que resultan de suma relevancia.
Lo anterior genera muchas dudas acerca de un tema que resulta fundamental para Pemex y el país. De ellas destacan el saber cuáles fueron los objetivos reales de Pemex al realizar tal adquisición , así como, y de manera igualmente importante, cuáles fueron los objetivos reales perseguidos con el convenio de sindicación de los derechos de voto toda vez que la adquisición de Pemex podía haberse realizado, al menos aparentemente, sin necesidad de realizar dicho convenio.
Asimismo, y de manera aun más relevante, hay poca claridad en torno a la estrategia de Pemex -y su legalidad implícita, para celebrar acuerdos y compromisos internacionales.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se citan a comparecer ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al ciudadano director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, así como a los directores corporativos de Finanzas y de Operaciones de la paraestatal, al igual que al director general de PMI Holdings.
Tal comparecencia tiene la finalidad de que los funcionarios citados expliquen los motivos, razones y objetivos reales perseguidos por Pemex al suscribir el acuerdo de accionistas con Sacyr Villahermoso, del pasado 29 de agosto, así como su legalidad.
De igual forma también para que expliquen ante la citada comisión de esta representación ciudadana las acciones a seguir –y las razones de éstas–, así como la estrategia de acuerdos internacionales seguida por la petrolera mexicana, una vez que el mencionado acuerdo de accionistas ha quedado extinguido.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.
Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Semarnat y a la Profepa a inspeccionar y evaluar la observación de las normas ambientales en la operación de depósito de basura del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México, e informar de sus conclusiones, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como una medida de protección al medio ambiente, el gobierno del Distrito Federal presentó la clausura, el pasado 19 de diciembre, del denominado Bordo Poniente, uno de los basureros al aire libre más grandes del mundo. El Bordo Poniente recibía a diario alrededor de 12 mil 600 toneladas de desechos cuyo potencial energético era desperdiciado y que, en definitiva, generaban cuantiosos daños ambientales. A pesar de que el gobierno del Distrito Federal ha venido reutilizando una parte de la basura con usos industriales y ha canalizado ya una parte muy importante de los desechos a nuevas plantas de composta y transferencia, los primeros días del año, los capitalinos vieron con preocupación la acumulación de grandes cantidades de basura en las calles de la Ciudad de México.
Según se informó se trataba de prácticamente 2 mil 600 toneladas que el gobierno de la ciudad, a pesar de los apoyos y las facilidades otorgadas por el gobierno federal y de la antelación con que se proyectó la clausura del Bordo Poniente, no previó dónde depositar. El descontrol en el manejo de la basura fue de tal magnitud que, en principio, parte de esos desechos fueron llevados a basureros clandestinos en terrenos ejidales de Ixtapaluca y Xonacatlán ante la indignación de sus pobladores. No obstante el clamor de cientos de mexiquenses preocupados por la contaminación y la insalubridad acarreadas por esta acción, el gobierno del estado de México autorizó que los desechos del Distrito Federal se depositaran en los tiraderos de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán. Con ello, el gobernador del estado de México no sólo no consultó a las autoridades municipales al tomar esta decisión sino que desdeñó un proceso previo que involucra, entre otros elementos, una evaluación sobre el previsible impacto ambiental y sobre el deterioro de los propios rellenos sanitarios que operan en esas demarcaciones.
Si bien es cierto que el acuerdo implica que el estado de México llevará desechos orgánicos al Distrito Federal para su procesamiento como composta, no hay manera de minimizar el daño ambiental y de salud pública que estarán ocasionando 2 mil 600 toneladas de desechos que, por mucho, rebasan la capacidad real de la operación de los rellenos sanitarios en nuestra entidad. De ahí la importancia de reiterar desde esta tribuna el clamor de miles de hombres y mujeres de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán que exigen: “Basta de ser el basurero del Distrito Federal”. Mucho menos cuando de lo que se trata es de clausurar un relleno sanitario mediante la acumulación excesiva de basura en otros cuatro, con las repercusiones que esto acarrea. En lugar de que las autoridades metropolitanas se coordinaran para un manejo integral y responsable de los residuos, los mexiquenses pagaremos el costo de una autoridad irresponsable y omisa en garantizar la protección de la salud y la preservación del medio ambiente.
Nadie en el gobierno estatal ha informado respecto de lo que se tiene pensado hacer frente al deterioro que previsiblemente tendrán los rellenos sanitarios del estado de México y que acortará irremediablemente su vida útil. Nadie ha informado tampoco sobre qué tipo de apoyos se prevén establecer para las comunidades afectadas y qué medidas se tomarán para evitar que la sobreutilización de los rellenos sanitarios provoque focos de infección, propagación de enfermedades, daños irreversibles a las aguas subterráneas y mantos acuíferos, entre otras calamidades ambientales.
Y no sólo porque se trata de una obligación moral que corresponde a cualquier autoridad sino además porque es su obligación legal. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-083 expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), esta operación tendría que observar ciertos criterios que garanticen la protección del ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y de los recursos naturales, la minimización de los efectos contaminantes y la protección de la salud pública en general.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer a la brevedad posible un fondo para el financiamiento de nuevos rellenos sanitarios a fin de hacer frente a la emergencia metropolitana por la clausura del denominado Bordo Poniente.
Segundo . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.
Tercero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a esta soberanía, en el curso del primer trimestre de este año, un informe detallado que contenga las conclusiones principales derivadas de esta inspección.
Cuarto . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a observar escrupulosamente la Norma Oficial Mexicana NOM-083 de la Semarnat en la operación de los rellenos sanitarios en el territorio estatal, así como durante el proceso de diseño y construcción de nuevos rellenos sanitarios.
Quinto . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer un programa de compensación a las comunidades afectadas, de fortalecimiento de los servicios de salud y de obra pública e infraestructura complementaria –de acuerdo con lo establecido en la NOM-083 para los sitios de disposición final– en los municipios de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que la Sagarpa y la SHCP implanten medidas que apoyen el desarrollo del campo e informen sobre las acciones por desplegar en 2012 para el crecimiento del sector y el aumento de los ingresos de los campesinos, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La obtención de la autosuficiencia alimentaria, entendida como el estado que alcanzan las naciones cuando satisfacen sus necesidades alimenticias mediante la producción local, que ofrece la ventaja de ahorrar divisas para la compra de otros productos que no pueden ser manufacturados localmente y de proteger a los países de los vaivenes del comercio internacional y de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas, constituye uno de los grandes retos para México durante los próximos años.
Para que se considere que un país goza de soberanía alimentaria, éste debe producir alrededor de 75 por ciento de lo que consume su población, 1 lo cual evidentemente no esta ocurriendo en el nuestro, pese a nuestra extensión geográfica, la vastedad recursos naturales y la experiencia de haber gozado ya de este privilegio en otro momento de nuestra historia.
Actualmente, importamos de Estados Unidos cerca de la mitad de los granos que consumimos. 2 La situación se explica a partir de la crisis causada por la falta sistemática de inversión en el campo, la dependencia de la economía mexicana en general, el cambio climático y la distorsión en los precios del mercado de algunos granos que generan etanol, además de la influencia de algunos países en ese mercado, como China y Rusia.
En términos de los resultados del Informe sobre Perspectivas Alimentarias de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el retroceso que registró México en la producción de granos sólo fue superado Sudáfrica y Etiopía. Así, nuestra producción decreció de 31.1 millones de toneladas en 2010 a 28.5 millones de toneladas en 2011, por lo que nos veremos en la necesidad de importar más productos y estaremos sujetos a la enorme volatilidad de los precios.
En el caso concreto del trigo, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados podríamos enfrentar un problema de abasto, debido a los siguientes factores: disminución de la producción interna, de los inventarios por el fin del periodo de cosecha del ciclo invierno y el alza de los precios del grano derivada de la menor oferta internacional por la suspensión de las exportaciones de Rusia, lo que ha llevado a efectuar ajustes en los inventarios de los principales países exportadores de este grano, orientando la demanda hacia Estados Unidos.
En México, el consumo total de trigo es de aproximadamente 5.9 millones de toneladas y la producción es de 3.9 millones, por lo que el consumo deberá complementarse con importaciones, las cuales representan al año 44.2 por ciento de la disponibilidad de trigo para el consumo nacional.
El incremento del precio del trigo ha repercutido en los costos del maíz, el arroz y el sorgo, al ser sustitutos el primero y al orientarse la demanda hacia esos cultivos. Por ello se ha generado un repunte que se extiende también a otros productos de los que México depende del exterior en materia alimentaria.
Ello se confirmó en 2010 con las cifras de importación de arroz, que representaron 74.1 por ciento del consumo nacional, ubicándose como uno de los productos con mayor nivel de dependencia que México tiene del exterior.
También en el caso de la soya las importaciones alcanzaron en el año mencionado 94.5 por ciento del consumo nacional, mientras en el caso del maíz esa cifra de compras al exterior se ubicó en 24.6 y la de sorgo en 25.6.
Asimismo, para nadie es un secreto que México será uno de los países más afectados por el cambio climático, ya que se espera que en 68 por ciento del territorio nacional haya pérdidas por severas sequías y ausencia de alimentos y de agua. La sequía que viene padeciendo 20 estados de la república es una dramático ejemplo de lo anterior y podría provocar, de acuerdo con algunas organizaciones agrarias, que un millón más de mexicanos se sumen a los que viven en pobreza, llegándose al extremo de que varias poblaciones, no cuenten con alimentos ni siquiera para el autoconsumo y debido a ese abasto insuficiente el alza será un rasgo imperante.
Como contraejemplo tenemos el caso de los chinos, quienes en gran medida han conseguido un alto crecimiento sostenido a lo largo de las últimas décadas debido al gran apoyo al campo y al desarrollo rural. La economía agraria de China ha mostrado una tendencia de desarrollo completa, estable y coordinada, en donde por un lado la producción de cereales y otros productos agrícolas se ha elevado de manera estable junto con los ingresos de los campesinos; 3 y, por otro lado, el apoyo del gobierno aumenta de manera constante incrementando la inversión en infraestructura agrícola y mejorando significativamente las condiciones de producción en beneficio del campesinado.
En esta diferencia radica nuestra preocupación, ya que avizoramos que nuestra crisis agroalimentaria de hoy puede ser, muy probablemente, un factor que impida nuestro crecimiento económico mañana, por lo que consideramos impostergables las políticas que impulsen al campo y aumenten el ingreso de los campesinos.
Sabemos que a pesar de que la Constitución indica en el artículo 4o. que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, garantizada por el Estado; hay una gran ausencia de políticas y acciones que fomenten la autonomía alimentaria del país ni el crecimiento sostenido del campo mexicano.
Resulta necesario revertir las actuales políticas federales que se han caracterizado por el completo abandono al campo, por la reducción de apoyos a los pequeños productores, la ausencia de reservas estratégicas en granos, el desmedido incremento de las importaciones agrícolas, la profundización de la dependencia alimentaria y el sometimiento de la población a las reglas que dicta el mercado internacional.
Muestra de lo anterior es el veto presidencial para formar un fondo que mitigue los efectos negativos que la sequía y las heladas provocaron en los sectores agrario y ganadero nacionales en 2011.
Por ello convocamos desde esta tribuna al gobierno federal, y en concreto a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que en la recta final de esta administración se diseñen e implanten medidas que apoyen de inmediato al campo mexicano a fin de contrarrestar la crisis agroalimentaria que vive el país, así como también para que para que en un plazo no mayor de 15 días entregue un informe detallado a esta soberanía sobre las acciones que van a desplegarse en 2012 para el crecimiento de nuestro sector agrario y el aumento en el ingreso de los campesinos mexicanos.
La autosuficiencia alimentaria no es una utopía. Entre 1941 y 1943, el país realizó reducidas importaciones de frijol y maíz y el Estado no gastó más de 5 por ciento del producto nacional en importar alimentos. En 1944, debido a fuertes sequías, se rebasó el porcentaje señalado. De 1949 a 1951 las importaciones realizadas fueron insignificantes. Entre 1952 y 1953 aumentaron significativamente, por lo que el gobierno puso en marcha un plan de emergencia que reactivó la producción de básicos. En 1957 y 1958 hubo necesidad de importar grandes cantidades de maíz, pero estas desaparecieron entre 1959 y 1962, para empezar a exportar maíz al año siguiente.
Necesitamos retomar el impulso y la creatividad que hicieron de México un ente productor capaz de satisfacer las necesidades propias y además exportador, pero para ello se hace necesaria una amplia convocatoria del gobierno federal a todos los entes involucrados en la producción agrícola, para así recuperar la ruta de la prosperidad y el desarrollo nacional.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a diseñar e implantar por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Hacienda y Crédito Público medidas que apoyen de inmediato al campo mexicano a fin de contrarrestar la crisis agroalimentaria que vive el país.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a entregar por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en un plazo no mayor de 15 días un informe detallado a esta soberanía sobre las acciones que van a desplegarse en 2012 para el crecimiento de nuestro sector agrario y el aumento en el ingreso de los campesinos mexicanos.
Notas
1 La FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
2 México es el principal comprador de granos en América Latina y el Caribe. Aglutina 38.4 por ciento que se realizarán este año.
3 Para ilustrar lo dicho podemos decir que en 2006 los ingresos del campesinado chino aumentaron en 7.4 por ciento en comparación con 2005, lo cual constituyó el tercer año consecutivo que crecían los ingresos del sector en más de 6 por ciento anual.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 11 de enero de 2012.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se propone reformar los esquemas que faciliten el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y fomenten su competitividad, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los que se propone reforzar los esquemas que faciliten el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) y fomentar su competitividad.
Consideraciones
1. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera cinco ejes rectores que direccionan la política pública de México, entre los que destacan el “logro de una economía competitiva y generadora de empleos”, capaz de un crecimiento más sostenido y acelerado que permita mejorar la vida de todos los mexicanos, de acuerdo con lo señalado en el eje 2 del citado plan.
En el citado eje nos encontramos con el objetivo 6, en el que se encuentra “promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), a través de las siguientes estrategias:
• Favorecer el aumento de la productividad de las Mipyme e incrementar el desarrollo de productos acorde con sus necesidades.
• Consolidar los esquemas de apoyo a las Mipyme en una sola instancia.
• Impulsar el desarrollo de proveedores, elevando el porcentaje de integración de los insumos nacionales en los productos elaborados en México y consolidando cadenas productivas que permitan una mayor generación de valor agregado en la producción de bienes que se comercian internacionalmente.
• Revisar y ajustar los programas actuales de apoyo para que permitan lograr un escalamiento de la producción hacia manufacturas y servicios de alto valor agregado.
El plan es claro al señalar que es necesario continuar con una política integral de apoyo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis en las de menor tamaño, con el propósito de establecer las condiciones que contribuyan a su creación, desarrollo y consolidación.
2. De acuerdo con la Secretaría de Economía, las Mipyme representan más de 95 por ciento de las empresas, donde labora aproximadamente 90 por cieno de los trabajadores.
En virtud de ello, la citada secretaría a través del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa otorga apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomentan la viabilidad de las empresas que se están gestando o las que comienzan a emprender; el desarrollo sustentable y productivo de las empresas activas, así como la consolidación y la competitividad de este sector.
Por ejemplo, en 2010 el Fondo Pyme logró apoyos para la generación de más de 1 millón de empleos que beneficiaron a más de 293 mil empresas, con lo que se busca que estos esquemas mejoren su capacidad de gestión, administración, innovación y se facilite al acceso a financiamientos a través de instituciones financieras o intermediarios financieros especializados.
3. De acuerdo con el estudio Financiamiento de las microempresas y Pyme en México (2000-2009), realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las Mipyme dedicadas los rubros de “comercio y prestación de servicios” representan, en su conjunto, más de 85 por ciento de estas unidades económicas.
En el rubro “comercio”, en 2008 la presencia de esta actividad se presentaba en 50 por ciento de las Mipyme. Las unidades económicas comerciales ascendieron a 1 millón 869 mil 120 con 6 millones 183 mil 596 personas ocupadas, aumentando a una tasa anual promedio de 3.4 y 4.4 por ciento.
En este sector, la materia más importante es la de comercio al por mayor de materias primas, con participaciones en empleo total y en número de unidades económicas de 35.3 y 3.9 por ciento, respectivamente.
Le sigue en importancia, de acuerdo al citado estudio, el comercio al por mayor de abarrotes, alimentos y bebidas, si bien en los resultados preliminares del Censo de 2008 se evidencia que tanto el personal ocupado como los establecimientos del subsector decrecieron respecto a 2003.
En cuanto al comercio al por menor, señala, el subsector más importante en 2008 fue el comercio al por menor de abarrotes, alimentos y bebidas, con 912 mil 403 establecimientos y personal ocupado de 1 millón 973 mil 676 trabajadores, 38,5 por ciento del comercio al por menor.
El segundo lugar con 12.1 por ciento del personal ocupado en 2008, lo constituyen los negocios especializados en tiendas de autoservicio y departamentales, con 621 mil 525 personas ocupadas, creciendo a un promedio anual de 3.2 por ciento desde 2003.
En cuanto a la materia de “servicios”, el estudio señalado menciona que 36.2 por ciento Mipyme se especializaron en esta materia, empleando a 34.4 por ciento de la población laboral, ubicándose en primer lugar como empleador y segundo en producción bruta.
4. De acuerdo con la Cepal, las Mipyme en México enfrentan obstáculos de origen externo a su crecimiento, tales como el proceso de globalización, la ausencia de un programa transexenal de desarrollo y políticas de estabilización de naturaleza fiscal o monetaria agresivas y sus efectos en ingreso, tipo de cambio y tasas de interés, que los aleja de la construcción de las condiciones económicas y de aprendizaje idóneas para encadenarse a grandes empresas y al comercio internacional.
Respecto a las condiciones locales, la Cepal señala que la baja calidad de infraestructura, la escasa integración entre productores y proveedores, así como los costos elevados de algunos insumos, parques industriales y medios de comunicación, dañan la competitividad de estas empresas.
Asimismo, los trámites gubernamentales y la fiscalización son otro problema que enfrentan, debido a que los procedimientos son largos, burocráticos y variables, y en virtud de su naturaleza, las Mipyme tienen un panorama más complicado que las grandes empresas para enfrentar las cargas fiscales, tanto en pago de impuestos como en trámites para abrir una empresa y mantenerla dentro de la legalidad.
Todo ello se agudiza con establecimiento inmoderado, cuyo fundamento en muchas ocasiones es potenciar la modernidad del municipio, de “grandes cadenas de comercio y servicio” que vienen a mermar severamente las áreas de oportunidades de las Mipyme, en muchas ocasiones con prácticas desleales de comercio como lo es establecer bajos precios de manera excesiva aprovechando su respaldo económico, para “depredar” el mercado de cierto bien o servicio en alguna zona y desalentar la existencia de competidores o, en el mismo sentido, a través de actividades monopsónicas en las cuales las grandes cadenas comerciales adquieren todo el producto y, a su vez, son ellos los proveedores de los pequeños comerciantes alejando, con esta acción, la posibilidad de que los comerciantes puedan ofrecer precios atractivos y competir en el mercado.
5. Como se lee, las Mipyme forman la base económica nacional por lo cual el Estado mexicano, consciente de esta situación, ha trabajado en fortalecer los apoyos tanto económicos y de capacitación como lo demuestran los resultados mostrados en cada uno de los informes de gobierno de la presente administración. Sin embargo, por la importancia tan marcada de estas estructuras económicas, es necesario que se mejoren también, los esquemas de obligaciones fiscales tales como el pago de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el pago de derechos laborales de los trabajadores de éstas ante en Instituto Mexicano del Seguro Social.
De igual manera, reconociendo el gran esfuerzo del Estado, particularmente de la Secretaría de Economía para hacer del conocimiento y fácil acceso de la ciudadanía los apoyos para las Mipyme, es necesario que se fortalezca esta línea de acción para establecer esquemas cada vez más accesibles y de menor economía procesal, a fin de que se potencie la probabilidad de que más ciudadanos conozcan y tengan acceso a dichos fondos.
Como último punto, también resulta importante exhortar a las autoridades municipales para que en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a sus atribuciones, simplifiquen considerablemente los procesos administrativos a fin de facilitar a las Mipyme su instalación y operación, así como a desarrollar programas que fomenten que los pequeños comerciantes y prestadores de servicios puedan competir en el mercado local y no sean “depredados” por las grandes cadenas comerciales.
Por lo anterior se someten a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reforzar los esquemas que facilitan a las micro, pequeñas y medianas empresas el pago de impuestos y los estímulos fiscales que fomentan su competitividad.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a fortalecer los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y establecer esquemas cada vez más accesibles y de menor economía procesal, a fin de que se potencie la probabilidad de tener acceso a ellos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a desarrollar esquemas que faciliten el pago de las obligaciones respectivas por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los ayuntamientos a simplificar al máximo los procesos administrativos a fin de facilitar a las micro, pequeñas y medianas empresas su instalación y operación, así como a desarrollar programas que fomenten que los pequeños comerciantes y prestadores de servicios puedan competir en el mercado local y no sean “depredados” por las grandes cadenas comerciales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR, a la SCT y a Pemex información sobre las acciones implantadas contra el robo de hidrocarburos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las condiciones de inseguridad en el país y la corrupción que contribuye a hacerla posible afectan el flujo de inversiones y la marcha de nuestra economía, pero también y gravemente trastocan los activos económicos y energéticos propiedad de nuestra nación.
El robo de combustibles es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de los hidrocarburos, pero además que flagela la economía y la confianza en nuestros sistemas de seguridad y en algunas de nuestras autoridades que deben resguardar los bienes públicos de la nación.
El Congreso de la Unión ha tipificado el robo de hidrocarburos como un delito grave y como representación nacional ha solicitado y facultado a las autoridades federales para que puedan sancionar con mayores penas y con mayor ahínco estos delitos a la propiedad de la nación y a los recursos energéticos del país.
De esta manera, el pasado 3 de marzo de 2011 la Cámara de Diputados llevó a cabo las reformas a los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales, y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionar hasta con 18 años de cárcel el robo de hidrocarburos en México, contemplando incluso hasta 10 años de prisión a los propietarios de gasolineras que alteren las bombas para expender menos gasolina y diesel.
Cabe señalar que estas reformas en pro de castigar severamente el delito de robo de hidrocarburos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de octubre de 2011.
Sin embargo, según cifras de Pemex este delito ha ido en aumento, pues durante 2011 se detectaron mil doscientas cincuenta y cuatro tomas ilícitas en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento de 76 por ciento respecto a 2010, en el que se detectaron sólo 710.
Por lo anterior, es indispensable conocer a cabalidad las acciones realizadas, los operativos y las sanciones que las autoridades federales han llevado a cabo para detener estos ilícitos y para disuadir y prevenir que se incurra en ellos.
Por lo expuesto, nos permitimos presentar ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal y a la Dirección General de Pemex que proporcionen de inmediato a esta soberanía un informe puntual y detallado sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la fecha.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.
Diputado José Ramón Martel López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud a realizar las acciones conducentes a establecer una cobertura de vacunación que combata la influenza, la tos ferina y el papiloma humano, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María del Socorro García Quiroz, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración urgente de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Desde el descubrimiento de la primera vacuna, en 1796, éstas se han convertido en la medida preventiva que mayor efectividad y eficacia tienen contra diferentes enfermedades. Su efectividad es tan elevada que han conseguido la erradicación de enfermedades como la viruela, logro jamás igualado por algún otro insumo para salud o medida sanitaria.
Con el avance de la ciencia se han descubierto vacunas contra muchas enfermedades y actualmente se desarrollan nuevos biológicos para atacar padecimientos que causan innumerables muertes.
Hay diversos tipos de vacunas, cada una con sus características y particularidades. Algunas inmunizan a la persona que la recibe contra una enfermedad para toda su vida con una sola dosis; otras requieren varias aplicaciones para resultar efectivas; algunas más pierden su efectividad al cabo de un tiempo, motivo por el cual requieren de un refuerzo, y otras deben aplicarse muy frecuentemente debido a la mutabilidad de agente causante de la enfermedad.
Si bien el desarrollo de una vacuna requiere la inversión de considerables sumas de dinero en investigación, la vacunación ha demostrado ser la medida más efectiva para la salud pública. También es cierto que se requiere un importante despliegue de recursos humanos y presupuestales para la debida inmunización de una población; no obstante, su costo es infinitamente inferior a la atención médica de pacientes que hayan desarrollado la enfermedad, máxime si consideramos que algunas enfermedades prevenibles pueden tener secuelas y poner en riesgo la vida de quienes las padecen.
En México, la vacunación ha sido un tema central de salud y se ha procurado desde hace varios años que los programas de vacunación sean universales y cada vez más completos. Además, la vacunación es tanto un derecho como una obligación, de acuerdo con los artículos 144 de la General de Salud y 28, Apartado E, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Debido a que una efectiva inmunización de la población contra una enfermedad requiere de una adecuada cobertura y eficiente aplicación de las vacunas. La salud de una persona no sólo depende de su propia inmunización, sino de la vacunación de aquellas personas con las que estará en contacto.
Así, en 1973 se organizó en México la vacunación masiva mediante el Programa Nacional de Inmunizaciones, en el que se estableció la aplicación obligatoria de vacunas contra seis enfermedades: tuberculosis, poliomielitis, difteria, tos ferina (pertussis), tétanos y sarampión.
En 1998 se incorporaron las vacunas contra la rubéola y parotiditis; en 1999, contra hepatitis B e haemophilus influenza e b; en 2004 se añadió la vacuna antiinfluenza al esquema de vacunación; y en 2006 se agregaron neumococo y rotavirus. En 2007 se incorporaron nuevas vacunas contra enfermedades que ya se atendían anteriormente. En este año, el Consejo Nacional de Vacunación acaba de incorporar la vacunación contra el virus del papiloma humano, principal responsable del cáncer cervicouterino y de la muerte de miles de mujeres en México.
Actualmente, hay diversas instituciones y programas sociales para adquirir y aplicar las vacunas que requiere la población mexicana. La Secretaría de Salud, las secretarías de salud estatales, Petróleos Mexicanos, el IMSS y el ISSSTE son los principales responsables de aplicar las vacunas en nuestro país, pues son quienes prestan los servicios de atención médica a la mayoría de la población. Todas ellas dependen de una adecuada coordinación interinstitucional para poder inmunizar efectivamente a toda la población, haciendo además un uso eficiente de los recursos. Sin embargo, aún hoy existen amplios segmentos de la población que no acceden a las campañas vacunación.
Por ello, debido a la necesidad de proveer de una alternativa de atención a la salud a un amplísimo segmento de la población que carecía de seguridad social, en 2003 se creó el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como el Seguro Popular, el cual funciona mediante un esquema de aseguramiento público para la población que no cuenta con acceso a servicios de salud.
El Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) es el documento de referencia para la operación del Sistema de Protección Social en Salud. En él se definen y describen las patologías y servicios de salud de primero y segundo nivel de atención a los que tienen derecho los afiliados del Seguro Popular.
Por lo que se refiere a vacunación, el Causes considera la adquisición y aplicación de todas las vacunas que incluye el esquema básico de vacunación: ocho vacunas para niños, una para adolescentes, dos para adultos y otras dos para los adultos mayores. Sin embargo, el modo y momento de aplicación de las vacunas las define el Consejo Nacional de Vacunación (Conava), instancia encargada permanente de la coordinación de los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación entre toda la población residente en la República Mexicana, de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas.
Desde 2001, al Conava concierne la decisión de cuáles vacunas se incluirán en el esquema básico de vacunación, así como la determinación de la población objetivo, procurando atender las recomendaciones internacionales.
Hace unos meses, el Conava aprobó la inclusión en el esquema básico de vacunación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), responsable por la muerte de miles de mujeres en nuestro país. Si bien representa una importante adición, aún no se especifica cuál será la fuente de financiamiento para la vacunación de casi 1 millón de niñas que requerirán recibir las primeras dos dosis en 2012.
Hay otras enfermedades cuya inmunización si bien ya ha sido incorporada al esquema básico de vacunación, han tenido modificaciones en su cobertura de acuerdo con las más recientes recomendaciones internacionales, debido principalmente al avance de la ciencia y los nuevos descubrimientos, por lo que es muy importante que el Conava atienda dichas recomendaciones.
Uno de estos padecimientos es la tos ferina, sobre la cual la Organización Mundial de la Salud estima que se presentan alrededor de 45 millones de casos y más de 300 mil muertes por tos ferina cada año en el mundo. El grupo más vulnerable son los recién nacidos, muchos de los que mueren contagiados por sus propias madres en los primeros días de vida.
La enfermedad se manifiesta por una tos continua, dolorosa y persistente que, en la mayoría de los casos, acaba con la vida de los bebés. En los últimos años se han incrementado en México y en el mundo los casos reportados de tos ferina, así como las muertes asociadas a esta enfermedad.
De acuerdo con el esquema básico de vacunación, actualmente se vacuna a la totalidad de la población en los primeros meses de vida (a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad). Sin embargo, la reemergencia de la enfermedad ha hecho evidente que estas dosis son insuficientes para garantizar la inmunización para toda la vida, por lo que es necesario un refuerzo.
Diferentes países han hecho obligatoria la aplicación de un refuerzo de esta vacuna para proteger a los neonatos. Hace apenas unos meses, Estados Unidos de América –a través de los Centers for Disease Control and Prevention– y el Task Advisory Group de la Organización Panamericana de la Salud emitieron la recomendación de aplicar el refuerzo de la vacuna contra tos ferina en mujeres embarazadas para evitar así el contagio de los recién nacidos.
En México, la propia Secretaría de Salud –a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, responsable del Programa de Vacunación– ha reconocido que hay un subregistro del número de casos de tos ferina. Tan sólo en la Ciudad de México, en 2011 fallecieron en el Instituto Nacional de Pediatría cuatro recién nacidos, todos contagiados por las madres.
Ante la gravedad del problema, la Secretaría de Salud ha reconocido la necesidad de extender la cobertura contra tos ferina hasta abarcar a las mujeres embarazadas, de acuerdo con declaraciones en medios de comunicación por parte de varios funcionarios.
Sin embargo, hasta este momento, la ampliación de la cobertura contra tos ferina para vacunar a las mujeres embarazadas no ha sido discutida por el Conava, por lo que por un lado exhortamos a que se incluya el tema en su próxima reunión, así como la actualización del Causes con la mayor brevedad para asegurar la debida protección de los recién nacidos.
Por otra parte, las epidemias causadas por influenza ocurren cada año durante el otoño y el invierno. La enfermedad ocasiona hospitalizaciones y muertes. Mundialmente estas epidemias resultan en 3 a 5 millones de casos por enfermedad severa y alrededor de 250 mil a 500 mil muertes anualmente.
Ésta es una enfermedad contagiosa de gran relevancia a nivel mundial. Cerca de 20 por ciento de los niños y 5 por ciento de los adultos del mundo la desarrollarán de manera sintomática cada año. El virus de la influenza tiene una alta capacidad de mutación, por lo que año con año se fabrica una nueva vacuna con los serotipos que circularon el año previo.
A partir de la pandemia mundial de influenza A H1N1 en 2009, los organismos internacionales emitieron nuevas recomendaciones para la vacunación contra la influenza estacional dirigidas a reducir el número de casos y muertes por esa enfermedad.
Dichas recomendaciones indican la necesidad de aplicar la vacuna a los niños de 6 a 60 meses de edad, a mujeres embarazadas y a todos los mayores de 50 años.
Actualmente, en México se vacuna sólo a niños hasta los 5 años, mujeres embarazadas, adultos a partir de 60 años y adultos entre los 50 y los 59 años con algún factor de riesgo (personas con diabetes, padecimientos cardiacos o neuropatías). Esta cobertura deja en vulnerabilidad a más de 70 por ciento de la población de adultos comprendida entre 50 y 59 años, precisamente en donde se presentan actualmente el mayor número de casos y de decesos por influenza.
Por ello resulta indispensable y urgente que el Estado mexicano atienda las nuevas recomendaciones internacionales para evitar más muertes prevenibles, ampliando la cobertura para vacunar a partir de este año a la totalidad de adultos comprendidos en el grupo de 50 a 59 años.
Por lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, a someter con la mayor brevedad a consideración del Consejo Nacional de Vacunación tanto la ampliación de la cobertura de vacunación contra influenza a la totalidad de adultos comprendidos entre los cincuenta y los cincuenta y nueve años, como la vacunación contra tos ferina de todas las mujeres embarazadas en el país.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a elaborar, promover e instaurar las acciones necesarias para que en con las Secretarías de Salud estatales, así como con Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se adquieran y apliquen oportunamente los biológicos necesarios para inmunizar a la totalidad de la población objetivo contra tos ferina, influenza y el virus del papiloma humano, de acuerdo a las más recientes recomendaciones internacionales.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado nacional de Protección Social en Salud, maestro David García-Junco Machado, a realizar las acciones conducentes a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la vacunación de embarazadas contra tos ferina; de adultos mayores de 50 años contra influenza; y la de niñas y adolescentes contra el virus del papiloma humano, asegurando la adquisición y aplicación oportuna de los biológicos para la población estimada para 2012 de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.
Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica)