De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Federal Electoral a mantener vigentes las credenciales “03” para los comicios de 2012
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del IFE, emita un acuerdo para que en las elecciones federales del 2012, así como en las concurrentes locales, se reciban las credenciales para votar con fotografía denominadas “03”, suscrita por el diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la Proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
“Consideraciones
La credencial para votar con fotografía surge con diversos fines, pero su principal objeto es el ser un mecanismo para el voto ciudadano, un instrumento que diera certeza y legitimara las elecciones de todos los niveles de gobierno.
Desde septiembre de 1992, el Instituto Federal Electoral ha emitido tres diferentes modelos de credencial para votar con fotografía. Sus características son similares entre sí y representan la evolución en la aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de elementos de mayor seguridad. Todo ello a fin de garantizar la integridad de datos y evitar su falsificación.
El siguiente cuadro identifica su año de emisión, así como su vigencia y las elecciones en las que han de recibirse.
* La “03” modelo A9 será vigente hasta el 31 de marzo de 2012.
** Las “09” del modelo A votarán en 2012, según lo decida y acuerde el Consejo General del IFE.
*** Para las “09” del modelo B se indica el año final de vigencia (10 años), sujeto a decisión y acuerdo del Consejo General del IFE.
Según acuerdo del Consejo General del IFE CG600/2009.
Los tres modelos de credencial son vigentes y válidos para ejercer el derecho al voto. Además, si sirven para votar, por extensión legal, también sirven como instrumento de identificación oficial, tal y como se estableció desde la emisión del primer modelo de credencial para votar con fotografía, con la excepción de la credencial “03”, que pierde su capacidad de identificación a partir del 1 de enero de 2011.
Existe a la fecha 5.4 millones de ciudadanos que cuentan aún con la credencial “03”, mismos que dejarían de votar en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012.
Estos ciudadanos podrían ser un factor determinante en las elecciones federales de 2012, considerando la experiencia de que en las pasadas elecciones para presidente de la República, la diferencia entre el candidato triunfador y el que le siguió en votación, fue de tan sólo 243,934 votos.
Por acuerdo emitido por el Consejo General del IFE (CG224/2010), las llamadas credenciales “03” tendrán vigencia para el ejercicio del derecho al voto hasta la conclusión de las elecciones locales del 2011, o bien, a más tardar, hasta el 15 de enero de 2012.
Por mandato del mismo acuerdo, aplica una excepción para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con la credencial para votar “03”, previo registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Ellos sí podrán emitir su voto para presidente de la República en las próximas elecciones federales del 1 de julio del 2012.
Considerando los antecedentes establecidos, se puede concluir que dicha decisión violenta los preceptos fundamentales de equidad y daña las garantías y derechos de los ciudadanos que en su momento cumplieron con la obligatoriedad de registrarse ante las instancias electorales existentes, y que por diversas causas no han podido actualizar su credencial “03”.
Además de la incapacidad del Programa de Actualización de la Credencial de Elector “03”, en donde los módulos de su estructura territorial cuentan con muy limitada capacidad para efectuar el trámite correspondiente.
Dicho acuerdo discrimina a un sector muy importante de ciudadanos con facultades y capacidades plenas para poder emitir responsablemente su voto, dejándolos ante la indefensión de no ejercer la facultad que le brinda la Constitución Mexicana en el artículo 35, que establece sobre las prerrogativas del ciudadano, fracción I, que dice al texto: Votar en las elecciones populares.
Asimismo, coarta la posibilidad y disponibilidad del ciudadano de poder cumplir con una obligación constitucional, contraviniendo sus propias disposiciones preliminares que establecen que el Instituto Federal Electoral dispondrá de lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas, así como los fines propios de la institución, que son el de contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, llevar a cabo la promoción del voto y, sobre todo, el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
Considerando que conforme a lo previsto en el artículo 41, base V, párrafo 2, de la Constitución Mexicana, y 106, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente e independiente. Por lo que sus acuerdos y resoluciones son de total obligatoriedad en cuanto a los procesos electorales se refiere.
Y considerando la Tesis Aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, con número de registro 332474, que señala que es de universal doctrina que el poder de abrogar una ley es facultad de quien tuvo el poder de hacerla.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que se exhorte al Consejo General del Instituto Federal Electoral a derogar el acuerdo CG224/2010.
Segundo. Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral emita un nuevo acuerdo en el que se permita a los ciudadanos que cuentan con la credencial para votar con fotografía denominada “03” votar, por única vez, en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012, así como en las concurrentes locales que coincidan con la fecha.
Tercero. Que prevalezca en el acuerdo la limitante de que a partir del 1 de enero de 2011, la credencial para votar “03” pierda su facultad de servir como identificación oficial.”
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden sustancialmente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que es ampliamente conocido que el próximo 1º de julio de 2012 se elegirá Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, además de 5 gobernadores, 1 Jefe de Gobierno y un número considerable de diputados locales y presidentes municipales.
Señala el autor de la proposición que por Acuerdo emitido por el Consejo General del IFE (CG224/2010), las llamadas credenciales “03” tendrán vigencia para el ejercicio del derecho al voto hasta la conclusión de las elecciones locales del 2011, o a más tardar, hasta el 15 de enero de 2012. Asimismo, por mandato del mismo acuerdo, aplica una excepción para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con la credencial para votar “03”, previo registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Ellos sí podrán emitir su voto para presidente de la República en las próximas elecciones federales del 1 de julio del 2012.
También, afirma el autor de la proposición que “Existe a la fecha 5.4 millones de ciudadanos que cuentan aún con la credencial “03”, mismos que dejarían de votar en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012.”
Que en el Acuerdo emitido por el Consejo General del IFE (CG224/2010), se instruyó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, llevar a cabo campañas especiales de actualización y credencialización, asimismo a la Junta General Ejecutiva a implementar una estrategia operativa intensa para el reemplazo de las credenciales para votar, cuyo último recuadro sea el “03” para el marcaje del año de la elección federal.
Al respecto, señala el autor que el Programa de Actualización de la Credencial de Elector “03”, a cargo del Instituto Federal Electoral, se encuentra rebasado, ya que los módulos de su estructura territorial cuentan con muy limitada capacidad para efectuar el trámite correspondiente.
De tal manera que solicita al Consejo General del Instituto Federal Electoral derogue el Acuerdo expedido y emita un nuevo acuerdo en el que se permita a los ciudadanos que cuentan con la credencial para votar con fotografía denominada “03” votar, por única vez, en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012, así como en las concurrentes locales que coincidan con la fecha.
En razón de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, toman en cuenta que para el ejercicio del derecho de voto, los ciudadanos deben cumplir, esencialmente los siguientes requisitos constitucionales y legales: haber cumplido los 18 años, tener un modo honesto de vivir, estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar, conforme a los artículos 34 constitucional y 6 párrafo 1 del código de la materia.
Y conforme a la legislación secundaria, la Credencial para Votar es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto, de conformidad con lo previsto en el artículo 176, párrafo 2 del código electoral federal.
Asimismo, el artículo 35, fracción I de la Constitución Federal, establece las prerrogativas del ciudadano, que dice al texto: “Votar en las elecciones populares”.
De ahí que conforme al Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, un sector muy importante de ciudadanos con facultades y capacidades plenas para poder emitir responsablemente su voto, no podrán ejercer derecho de votar que le brinda la Constitución Mexicana.
Si bien es cierto que el Instituto Federal Electoral, instruyó a llevar a cabo una actualización de las credenciales de votar, dicha campaña por razones no conocidas por esta Comisión Dictaminadora, no fue lo suficientemente eficiente, ya que el propio Instituto, en Acuerdos pasados, había solicitado actualizar las credenciales de votar, mismas que no se llevaron a cabo como se había pensado; de tal manera, que el Instituto Federal Electoral, se vio en la necesidad de otorgar una prórroga a las credenciales “03” para que pudieran ser utilizadas en las elecciones locales.
Asimismo, esta Comisión Dictaminadora considera inequitativo que el Instituto Federal Electoral haya aplicado una excepción para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con la credencial para votar “03”, previo registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, para que puedan emitir su voto para presidente de la República en las próximas elecciones federales del 1 de julio del 2012. Y en cambio, a los mexicanos residentes en el territorio nacional, les otorgó el plazo de hasta el 15 de enero de 2012, para realizar el cambio de la credencial.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el artículo 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen sus actividades.
Que las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales son de orden público y de observancia general en el territorio nacional, tal y como lo establece el artículo 1, párrafo 1 de dicho ordenamiento legal. Además, el artículo 41, base V, párrafo noveno de la Constitución Federal, establece, entre otras cosas que, el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, las actividades relativas al padrón y lista de electores.
Que en los términos del artículo 118, párrafo 1, incisos j) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene como atribución la de dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.
En razón de lo expuesto, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, no se pronuncia sobre el Acuerdo emitido por el Consejo General, pero si se pronuncia, como lo solicita el autor de la proposición que se dictamina, a favor de la libertad de la emisión del sufragio, así como para efectos de que se prorrogue la vigencia de la credencial “03” durante las elecciones federales y locales del 2012. En este sentido, al ser el Instituto Federal Electoral, a través de su Consejo General, el órgano facultado para dictar los lineamientos y acuerdos necesarios relativos al Registro Federal de Electores, consideran pertinente señalar que el Instituto Federal Electoral debe valorar la pertinencia de extender la vigencia de las credenciales “03”, a efecto de que los ciudadanos que la tengan, tengan la posibilidad de ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2012, tanto a nivel federal como local.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Federal Electoral, a modificar el Acuerdo CG224/2010, a efecto de garantizar la libre participación del mayor número posible de ciudadanos mexicanos y dicte las medidas correspondientes para que quienes sean poseedores de la credencial para votar con fotografía denominada “03” y que no hayan podido restituirla en tiempo y forma, por única vez, no se les prive de su derecho de sufragar en las próximas elecciones federales a celebrarse el 1 de julio de 2012, así como en las concurrentes locales que coincidan con la fecha.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras catorce personas, cometido en Cajeme, Sonora
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PGR a atraer la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y de otras catorce personas, cometido el 30 de octubre de 2009 en Cajeme, Sonora, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 04 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
En la Proposición con Punto de Acuerdo, se manifiesta lo siguiente:
“Consideraciones
La Unión General Obrero, Campesina y Popular, AC (UGOCP), es una organización no gubernamental constituida hace 25 años para organizar y coordinar a grupos, comités, sociedades y asociaciones de mujeres, de obreros, de campesinos, de colonos, de profesionales, de productores rurales, de jóvenes y de adultos mayores que buscan mejorar sus condiciones de vida y para apoyar a los pueblos y a las comunidades indígenas en sus reivindicaciones históricas y en el respeto de sus costumbres y tradiciones.
A lo largo de ese periodo, la UGOCP ha integrado comités regionales en 19 entidades federativas, cimentando presencia, participación e influencia en diversos campos de la actividad social, económica y política de varias zonas del país. Por eso es hoy una de las organizaciones independientes más importantes del medio rural mexicano, principalmente de Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.
El fundador de la UGOCP fue el ingeniero sonorense Margarito Montes Parra, para algunos un personaje controvertido y marginal, pero a quien deben reconocerse sus indudables méritos de luchador social y su actuar congruente con su ideología y con sus particulares métodos para alcanzar la reivindicación social en la que creía y a la que dedicó toda su vida productiva.
En sus avatares, Margarita Montes Parra, quien, podría decirse, casi siempre vivió en la frontera de lo permisible y lo no permisible, de un código de justicia tomada por propia mano, de la confrontación con quienes consideraba adversarios de los desprotegidos, sufrió la pérdida violenta de casi toda su familia y muchos compañeros de acción.
Hijos, hermano, esposa, compadres perecieron asesinados. Algunos lo precedieron, otros murieron junto a él.
El 30 de octubre de 2009, el líder de la UGOCP, junto con otras 14 personas, fue emboscado y muerto, con armas de alto poder, al salir del rancho Los Alamitos, en Cajeme, Sonora.
Hasta ahora, pasados más de dos años de sucedido, el multihomicidio permanece impune.
La averiguación respectiva, a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, no reporta avances que permitan determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen, mucho menos hay datos fehacientes que posibiliten su aprehensión y consignación ante el juez de lo penal competente para enjuiciarlos y sancionarlos.
Quince homicidios, cometidos a plena luz del día, a la vista de varias personas, con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en una acción concertada, organizada y ejecutada por varios agentes (sicarios, sin duda); parece que engrosarán la larga lista de crímenes sin castigo que se cometen en el país.
Ni la figura pública, ampliamente conocida, de Margarito Montes Parra, ni las repercusiones mediáticas del suceso, ni las eventuales reacciones contestatarias de los militantes de la organización que éste fundó ni las exigencias de la sociedad han motivado lo suficiente al gobierno sonorense para que esclarezca los hechos y haga justicia.
Simplemente, el órgano de procuración de justicia del gobierno de Sonora no ha podido hacer la tarea.
Por ello se impone que la Procuraduría General de la República, aunque tardíamente, ejerza la facultad de atracción que se desprende del texto de los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, habida cuenta de que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, como ocurrió en el caso, al usarse armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y ser cometido, presumiblemente, por miembros de la delincuencia organizada, los cuales son delitos de competencia federal.
Con lo anterior, formula el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a efecto de atraer en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras 14 personas, cometido en Cajeme, Sonora, el 30 de octubre de 2009, y a realizar las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público de la Federación pueda resolver si ejercita o no la acción penal contra quienes resulten presuntamente responsables.”
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención del proponente de esclarecer un homicidio y llevar ante la justicia a quienes resulten culpables, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección, organización y coordinación de grupos, comités, sociedades y asociaciones de mujeres, de obreros, de campesinos, de colonos, de profesionales, de productores rurales, de jóvenes y de adultos mayores que buscan mejorar sus condiciones de vida y para apoyar a los pueblos y a las comunidades indígenas en sus reivindicaciones históricas y en el respeto de sus costumbres y tradiciones.
En el caso, como lo reconoce expresamente en su parte introductoria el autor de la Proposición que se dictamina, se trata de un asunto del ámbito local, de la jurisdicción y competencia de las autoridades judiciales del Estado de Sonora.
El cuerpo de asistencia técnica de esta Comisión Dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos de comunicación lo expresado por el proponente; sin embargo, encontró mayores datos que los aportados por éste, entre los cuáles, “El Universal”, el mismo 31 de octubre de 2009, en su versión electrónica, señala: “El asesinato del líder nacional campesino y de 14 personas más será atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto, agentes federales, estatales y de Ejército peinan la región para dar con el paradero de los homicidas.” y “La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que serán las autoridades de la PGR las que atraigan el caso para la investigación en el múltiple homicidio.”
También, “La política desde Veracruz” el 13 de abril de 2010, en su página electrónica señala: “Que el gobierno de Sonora no ha integrado siquiera los informes periciales respecto al asesinato cometido en contra del líder extinto de la UGOCP, Margarito Montes Parra y su familia, mientras que la PGR a casi siete meses de haber sucedido la tragedia, donde fueron ejecutados por un comando armado, no ha atraído a su jurisdicción el caso, señaló Luis Gómez Garay, representante de la UGOCP en Veracruz.”
Asimismo, en diversos medios electrónicos, se señala que se han tenido reuniones ante la Secretaría de Gobernación y le han demandado desde el principio que haya mayor compromiso para el esclarecimiento de este hecho; al igual que con el gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías a quien le han exigido que concluyan las investigaciones para que se esclarezca el homicidio, “pero hasta ahora ni siquiera han integrado las periciales, no tienen dictámenes en relación con los calibres de las balas, no tienen ningún dictamen con relación a los cuerpos, no tienen nada”.
También, los integrantes de la Unión General Obrero, Campesina y Popular, AC (UGOCP), han señalado que le han solicitado a la Procuraduría General de la República, explique las razones por las cuales esa dependencia no ha atraído ese caso, a lo que no han recibido respuesta. Por lo que representantes de la UGOCP, han señalado que aunque han estado calmados esperando el avance de las investigaciones, elevarán el tono de las protestas en breve sino ven claridad en este multihomicidio.
Conforme a lo propuesto por el autor, relativo a la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República, la Comisión Dictaminadora considera necesario señalar lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 73. ...
XXI. ...
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales;
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;
Código Federal de Procedimientos Penales
Artículo 10. Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.
En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.
...
...
Artículo 475. Los delitos son conexos:
I. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas.
II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas.
III. Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, o para asegurar la impunidad.
Por otra parte, el Procurador General de la República es el responsable del despacho de los asuntos que el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuyen de manera exclusiva al Ministerio Público de la Federación; por lo tanto, la Comisión Dictaminadora considera que es procedente exhortar al titular de dicha dependencia a que realice las diligencia e investigaciones necesarias, a efecto de determinar la procedencia de ejercer su facultad de atracción del asesinato de Margarito Montes Parra y otras 14 personas, cometido en Cajeme, Sonora, el 30 de octubre de 2009, así como resolver el ejercicio de la acción penal contra quienes resulten presuntamente responsables.
Asimismo, se remite el asunto al Gobernador del Estado de Sonora para su conocimiento y efectos.
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a que realice las diligencias e investigaciones necesarias, a efecto de determinar la procedencia de ejercer su facultad de atracción en el caso del asesinato de Margarito Montes Parra y otras 14 personas, cometido en Cajeme, Sonora, el 30 de octubre de 2009, y resolver el ejercicio de la acción penal contra quienes resulten presuntamente responsables, e informe en breve de la resolución a este órgano de los recesos legislativos.
Segundo. Remítase copia del presente expediente al C. Gobernador constitucional del estado de Sonora, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de los Chimalapas
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado tanto por autoridades municipales y comunales como por núcleos agrarios de Oaxaca y Chiapas, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 04 de enero de 2012 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la Proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
“Consideraciones
El 22 de diciembre de 2011, en la sede de la Secretaría de Gobernación, se signó un acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas.
En el acto firmaron como testigos el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; y los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué Monteagudo y Juan Sabines Guerrero, respectivamente.
Éste un acuerdo histórico que puede dar por concluido uno de los conflictos más antiguos en el marco de un complejo conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas sobre 160 mil hectáreas de selvas, que desde 1967, cuando por medio de un decreto presidencial expedido por el entonces Ejecutivo federal, se reconocieron 594 mil hectáreas de tierras comunales a San Miguel y Santa María Chimalapas. Dicha extensión, antes y después del decreto, ha estado en litigio entre indígenas zoques y ejidatarios y ganaderos de Cintalapa, Chiapas.
Tal como expresamos en el punto de acuerdo presentado al pleno del Senado de la República el 10 de noviembre de 2011, el litigio de límites se complica por las invasiones de madereros chiapanecos que desde la década de 1950 hasta finales de la de 1970 explotaron los bosques de la zona, mientras que el otorgamiento de permisos de explotación forestal concedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la zona limítrofe sin el consentimiento de la población ha sido otra causa más del conflicto.
Se agrega a lo anterior la publicación de nuevos límites geográficos entre ambas entidades por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los que desapareció del territorio de Oaxaca más de 160 mil hectáreas de la zona oriente de Los Chimalapas, que el gobierno de Chiapas se adjudicó.
Por último, el Congreso de Chiapas aprobó una reforma de su Constitución por la que se crean cuatro municipios, entre ellos el de Belisario Domínguez, con sede en el pueblo de Rodulfo Figueroa, en la región de Los Chimalapas, en el cual el pasado fin de semana se integró el concejo municipal.
Los acuerdos alcanzados consistieron en establecer el compromiso de mantener la paz social, la tranquilidad y seguridad en la región; asimismo, en garantizar el libre tránsito de los pobladores de la región; fijar el compromiso de canalizar sus demandas por la vía pacífica y con arreglo al marco jurídico constitucional y legal y los instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas.
Uno de los puntos señala la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria como la instancia que convoque a los núcleos agrarios en conflicto al diálogo directo entre ellos, denominado “de campesino a campesino y de indígena a indígena”, para avanzar en el proceso de conciliación y solución del conflicto, estableciendo previamente un procedimiento consensuado entre las partes y con la mayor brevedad.
Asimismo, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas deben garantizar la libertad, la seguridad y el pleno goce de los derechos humanos de las autoridades en los órganos agrarios y comisionados que impulsen la conciliación y solución del conflicto agrario que se vive en la región, mientras que la Secretaría de Gobernación debe dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos suscritos.
La preocupación de una escalada de violencia generalizada y la relativa inacción de las autoridades federales y locales han orillado a que se presentaran al pleno del Senado de la República dos puntos de acuerdo, uno el 10 de noviembre pasado y el segundo el 17 del mismo mes, a través de los cuales se solicitaba buscar medios de solucionar el conflicto mediante el diálogo y el consenso.
El acuerdo es un gran avance, pues materializa nuestra solicitud presentada al pleno del Senado; ahora corresponde cumplir el acuerdo tanto a las autoridades federales como a las locales.
En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria, a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas, el 22 de diciembre de 2011, y que testificaron los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que es ampliamente conocido el conflicto limítrofe que comunidades agrarias de Oaxaca y Chiapas, en Los Chimalapas, han llevado por décadas.
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora, toman en cuenta que como lo afirma el proponente, el pasado 22 de diciembre de 2011, comuneros y ejidatarios de Oaxaca y Chiapas firmaron el acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y la tranquilidad en la región limítrofe de la zona noroeste de Cintalapa y los Chimalapas, por el lado chiapaneco signaron este acuerdo, Emilio Hernández Pérez, presidente del comisariado ejidal Gustavo Díaz Ordaz; por Oaxaca Pedro López Jacinto, de los Bienes Comunales de Santa María Chimalapas y Alberto Cruz Gutiérrez, de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, y como testigos el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; y los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué Monteagudo y Juan Sabines Guerrero, respectivamente.
Es por ello que los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hacen un reconocimiento a la voluntad política de los gobernadores de Chiapas y de Oaxaca, así como de los comuneros y ejidatarios de ambas entidades, para abonar a la solución de este conflicto. En dicho Acuerdo, las partes se comprometieron a mantener la paz social, tranquilidad, seguridad y garantizar el libre tránsito en la región y fijar el compromiso de canalizar sus demandas por la vía pacífica y con arreglo al marco jurídico constitucional y legal y los instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas.
Al término de la firma del Acuerdo Histórico, el Secretario de Gobernación, señaló que “El presidente de la República, como bien se ha mencionado aquí, ha seguido este tema con mucha atención y nos ha instruido a que hagamos un esfuerzo permanente porque sea el diálogo, la paz y el cumplimiento de las leyes la guía para orientar y resolver los problemas, quiero decirles que como Secretario de Gobernación sigamos por este camino de dialogar, de ponernos de acuerdo, de cumplir nuestra palabra, si seguimos por este camino acabaremos con soluciones que quizás ahorita ni siquiera nos imaginamos y que redundará en beneficios para toda la población, en mucho mayor certidumbre, en la garantía de la paz y del diálogo, estamos trabajando vamos por buen camino” . Asimismo, los gobernadores de Chiapas y Oaxaca señalaron que ambos gobiernos cumplirán con la parte que le corresponde y llamaron a respetar los acuerdos, para seguir dando el paso trascendental para cristalizar la paz.
Afirma el autor de la proposición que se dictamina, que uno de los puntos del Acuerdo señala la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria como la instancia que convoque a los núcleos agrarios en conflicto al diálogo directo entre ellos, denominado “de campesino a campesino y de indígena a indígena”, para avanzar en el proceso de conciliación y solución del conflicto, estableciendo previamente un procedimiento consensuado entre las partes y con la mayor brevedad.
De tal manera que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria, a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas, el 22 de diciembre de 2011, y que testificaron los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
En razón de lo expuesto, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, coinciden plenamente con el proponente y hacen suyos los planteamientos de la propuesta en sus términos, toda vez que se consideran pertinente exhortar al Poder Ejecutivo Federal a dar seguimiento al Acuerdo, a efecto de que vigile el cumplimiento del mismo, con el objeto de que continúe la paz social, tranquilidad y seguridad en la zona de Los Chimalapas.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre los poderes al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria, para que de seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas, el 22 de diciembre de 2011, y que testificaron los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, así como el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al registro nacional de niños y de adolescentes, y al programa Alerta Amber México
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al DIF y a la PGR a trabajar coordinadamente en la elaboración de un padrón nacional de niños y de adolescentes desaparecidos que pueda incorporarse al proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 04 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En la Proposición con Punto de Acuerdo, se manifiesta lo siguiente:
“Consideraciones
Con gran preocupación hemos sido testigos del aumento constante de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos a lo largo del territorio nacional. Tan sólo en los últimos 5 años se han extraviado más de 75 mil menores en nuestro país, y poco más de 150 mil niños han desaparecido. Según las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas, el 67 por ciento tiene que ver con sustracción ilegal de menores, el 9.3 por ciento de los casos se refiere a ausencias voluntarias; el 10.5 de desaparición; el 2.3 es extravío; el 9.3 robo y el 1.2 secuestro. De acuerdo con estas cifras, el 58 por ciento de los desaparecidos tiene de 4 a 12 años y las víctimas son mayoritariamente del sexo femenino.
A nivel local, la gravedad y magnitud de dicho problema se manifiesta en el alarmante aumento de niñas, niños y adolescentes que desaparecen cada año. La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos recibe reportes de 20 niños extraviados al mes en todo el país, destacando por el número de incidencia el Distrito Federal, el estado de México y Jalisco. Tan sólo de julio de 2008 a marzo de 2010 se denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cerca de 2 mil 841 casos de menores de edad cuyo paradero se desconoce, mientras que en el estado de México, datos de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad mencionan que de enero a julio de 2011, se ha iniciado la investigación de 42 niños desaparecidos en el territorio mexiquense lográndose solamente la localización de 8.
Desafortunadamente, las causas principales del extravío o desaparición de niñas, niños y adolescentes están relacionadas con la violencia familiar, la migración hacia Estados Unidos a fin de reunirse con sus familiares o bien porque son víctimas del crimen organizado, ya sea mediante la explotación sexual, comercial y laboral o el reclutamiento ante una situación de desempleo y falta de oportunidades. De acuerdo con datos del Centro de Búsqueda Nacional de Niños Desaparecidos muestran que el 20 por ciento de víctimas de explotación comercial, sexual y laboral jamás son localizados.
Asimismo, en noviembre del año pasado, el Senado de la República recibió la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cuyo propósito es organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica para proporcionar apoyo en las investigaciones y que actualmente se encuentra en las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública, en proceso de dictamen.
Si bien la eventual aprobación de dicho proyecto permitiría avanzar en la creación de una base de datos nacional sobre personas extraviadas, es pertinente hacer un atento llamado a las comisiones dictaminadoras a fin de incluir un capítulo específico sobre la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos que permita crear una base de datos oficiales, confiables y sistematizados que ofrezcan diagnósticos reales sobre la magnitud del fenómeno de desaparición, extravío o sustracción de niñas, niños y adolescentes. Y es que diversas asociaciones de la sociedad civil han denunciado que las procuradurías no cuentan con información desagregada que permita diferenciar si un niño ha sido víctima de robo o bien se encuentra extraviado. En ese sentido, la instrumentación de esta base de datos permite la elaboración de políticas públicas focalizadas a atender aquellos sectores de la población infantil que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desarrollar estrategias coordinadas a nivel nacional para perseguir a los perpetradores, así como lograr la pronta recuperación de las víctimas.
Por ello, hacer visible este grave problema permitirá una respuesta más eficiente por parte de las autoridades responsables, generará mayor confianza para acudir a denunciar el delito y propiciará el trabajo conjunto de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación para dar atención prioritaria a cada caso de desaparición, extravío o robo de cualquier niña, niño y adolescente.
Con lo anterior, formula el siguiente:
“Punto de acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública del Senado de la República para que en el proceso de dictamen del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se incorpore un capítulo específico para la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría General de la República para que, en el contexto del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México para que, en el ámbito de sus responsabilidades, ponga en macha el programa Alerta Amber con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en dicha entidad.
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora reconocen la sensibilidad y propósitos que inspiran a la autora en la elaboración y presentación de su Proposición.
En el mismo sentido que la autora de la proposición que se dictamina, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideran de la mayor importancia contrarrestar el aumento de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos a lo largo del territorio nacional.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta, como lo señala la autora de la proposición que ahora se dictamina, que el pasado 24 de noviembre de 2011, la Cámara de Diputados, aprobó y devolvió la Minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, misma que fue recibida en el Senado de la República, el 29 de noviembre de 2011 y turnado a Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.
Al respecto la autora de la proposición solicita que se exhorte a las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública del Senado de la República para que en el proceso de dictamen del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se incorpore un capítulo específico para la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Sin embargo, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran que este es uno de los casos en los que no se puede resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, en los términos solicitados por la Proponente, aún y cuando los integrantes consideran de importancia que en el proceso de dictaminación, las comisiones puedan, una vez realizados los estudios y análisis correspondientes, incorporar en el proyecto de ley, todo lo relacionado con un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos.
Es por ello que la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que conforme a los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que tienen a su cargo entre otras, la tarea de análisis y dictamen legislativo.
También, el Reglamento del Senado de la República, en sus artículos 182, , señala lo siguiente:
Artículo 182
2. Al emitir dictamen las comisiones proponen aprobar, modificar o desechar, parcial o totalmente, iniciativas o proyectos.
Artículo 184
1. En el proceso de dictaminar, las comisiones pueden convocar a audiencias públicas o reuniones, con el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, a especialistas en la materia, representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos.
2. De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos.
De lo anterior, podemos señalar que las comisiones unidas del Senado de la República, como lo señala la Ley Orgánica y el Reglamento del Senado, tienen la tarea de dictaminar dicha minuta, y para ello, en el proceso de dictamen, la misma deberá definir el método de dictaminación, el cual podrá ser a través de la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte, la opinión de los especialistas en la materia, a los grupos interesados, si los hubiere, a las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y las opiniones de los ciudadanos.
Sin embargo, como lo señala la autora de la proposición, “actualmente se encuentra en las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública, en proceso de dictamen”, en este sentido, ésta Comisión de Trabajo considera que dichas comisiones unidas se encuentran en tiempo y desarrollando el proceso de dictaminación de la Minuta en cuestión.
Consecuentemente esta Comisión no considera procedente exhortar a las comisiones unidas, en los términos que solicita la autora de la proposición que se dictamina, en virtud de que dichas comisiones no han interrumpido sus actividades; sin embargo, en el ánimo de darle continuidad al asunto propuesto, que es de la mayor importancia, esta Comisión Dictaminadora considera procedente y oportuno remitir el asunto a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin dejar de señalar y solicitarle que analice la viabilidad de llevar a cabo en el proceso de dictaminación la inclusión de un capítulo o en su caso, la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Por lo que respecta al segundo resolutivo propuesto por la autora de la proposición, en el que solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría General de la República para que, en el contexto del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos; los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente y hacen suyos los planteamientos propuestos por la autora de la proposición, en sus términos, toda vez que consideran de importancia que tanto el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como la Procuraduría General de la República, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos, pero además consideran que también la Secretaría de Seguridad Pública, debe participar en dicho proceso, toda vez que es la instancia que establecerá los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de Justicia del Distritito Federal y de todo el país para facilitar el intercambio de información y proporcionará las herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación de menores.
Sobre el tercer resolutivo en el cual la autora de la proposición solicita que se exhorte al gobierno del estado de México para que, en el ámbito de sus responsabilidades, ponga en macha el programa Alerta Amber con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en dicha entidad. Al respecto los integrantes de la Comisión Dictaminadora, toman en cuenta que el pasado 28 de abril de 2011, México lanzó el Programa Alerta Amber, que es una red que rápidamente enlaza autoridades, organismos no gubernamentales, ciudadanos y medios de comunicación para localizar a niños desaparecidos, mismo que inició en Estados Unidos y que adoptó México en virtud de los beneficios que aporta para ayudar a familias que han extraviado por diferentes motivos a algún familiar. Además, el Departamento de Justicia de los EE.UU. se ha comprometido a capacitar a Ministerios Públicos y cuerpos policiales, tanto del ámbito federal como estatal, así como a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de que funcione plenamente.
De acuerdo con el Programa Nacional de Alerta Amber México, el objetivo es la recuperación de menores de edad en peligro de sufrir daños por haber sido sustraídos, secuestrados, desparecidos en territorio mexicano o en el extranjero, en el cual intervienen la Procuraduría General de la República (PGR) que atenderá las investigaciones federales; la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que establecerá los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de Justicia del Distritito Federal y de todo el país para facilitar el intercambio de información y proporcionará las herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación de menores y se convino que entraría en vigor en el año 2012.
Dicho proyecto se constituye como una herramienta intergubernamental para avanzar en el cumplimiento del Estado mexicano con el respeto a la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos de la niñez.
De ahí que los integrantes de la Comisión Dictaminadora, como lo señala la autora de la proposición que se dictamina, toman en cuenta que miles de niños son secuestrados diariamente en nuestro México y con el lanzamiento del Programa Nacional Alerta Amber, se buscó responder a los sucesos e incidentes de niños menores de 18 años, desaparecidos o sustraídos en peligro y asistir en la recuperación segura de los mismos.
Dicho Programa se aplica en otros países como Canadá, Francia, Reino Unido, Australia, Holanda, Alemania e Inglaterra y está en proceso en España. En México, hasta el momento lo han adoptado los estados de Baja California, Coahuila y Tamaulipas, además del Distrito Federal, quién se sumo el pasado noviembre de 2011.
La autora de la proposición solicita se exhorte al estado de México a que ponga en macha el programa Alerta Amber, en este sentido los integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideran que no solo el estado de México debe de poner en marcha dicho Programa, sino todos aquellos estados de la República mexicana que hasta el momento no lo han puesto en marcha, toda vez que con ello, el problema de niños extraviados se da en México y en todo el mundo, por lo que se deben adoptar mecanismos que ayuden a contrarrestar este fenómeno, por lo que es necesario que las autoridades y la ciudadanía laboren de manera conjunta para hacer frente a este problema.
Por ello, es necesario exhortar respetuosamente a los estados de la República mexicana a poner en marcha el Programa Alerta Amber, con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en México y el extranjero.
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que, en el contexto del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas de la República mexicana que no han puesto en marcha el Programa Alerta Amber México, ha ponerlo en marcha, con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en México y el extranjero.
Tercero. Remítase copia del expediente a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para su conocimiento y efectos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la participación y subordinación existente entre ex funcionarios y actuales servidores públicos del gobierno federal con agencias estadounidenses
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SEGOB, de la PGR y de la SSP ante la Primera Comisión de la Permanente para que expliquen la probable participación y subordinación existente entre ex trabajadores y trabajadores del gobierno federal con las agencias estadounidenses antidrogas, y de alcohol, tabaco y armas de fuego, así como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, suscrita por el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la Proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
“Consideraciones
Derivado de las investigaciones que realiza el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la operación “rápido y furioso”, así como a la probable participación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en operaciones encubiertas de lavado de dinero con los carteles mexicanos, ha surgido información que podría estar relacionada con la probable violación al marco jurídico de nuestro país con respecto a la colaboración entre México y Estados Unidos para el combate a las redes de delincuencia organizada.
De manera reciente, altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las Secretarías de Seguridad Pública federal y de Gobernación filtraron información a medios de comunicación nacional respecto a la probable participación de al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano que están realizando actividades “espías” al servicio de la Agencia Antidrogas (DEA), de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), y de la Agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Asimismo, aseguran que los ex funcionarios mantienen un vínculo con funcionarios que tienen la tarea de espiar, recopilar información y dar seguimiento a temas específicos.
De confirmarse la probable colaboración de funcionarios y ex funcionarios mexicanos al servicio de las Agencias estadounidenses antes mencionadas, estaríamos frente a un asunto muy delicado, ya que se estaría actuando al margen de la ley y de los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
Por todo lo expuesto se pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la Primera Comisión para que informen todo lo relacionado con la probable participación y subordinación que existe entre ex trabajadores y trabajadores del gobierno federal con las Agencias Estadounidenses de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y la Agencia Antidrogas (DEA).”
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora, comparten las inquietudes del proponente y reconocen que de confirmarse, la seriedad de los problemas relacionados con las investigaciones que realiza el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la operación “rápido y furioso”, así como a la probable participación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en operaciones encubiertas de lavado de dinero con los carteles mexicanos, y que ha surgido información que podría estar relacionada con la probable violación a la soberanía de nuestro país con respecto a la colaboración entre México y Estados Unidos para el combate a las redes de delincuencia organizada, estaríamos frente a un asunto muy delicado.
Como resultado de la investigación realizada por el grupo técnico de esta Primera Comisión de Trabajo, y como lo afirma el proponente de la proposición que se dictamina, el pasado 18 de diciembre de 2011, en el periódico “La Jornada”, se publicó un artículo denominado “Trabajan para agencias estadounidenses al menos 80 ex funcionarios mexicanos”, en el cual se afirma que altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Gobernación han detectado que al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano trabajan para las agencias estadunidenses, espiando, recopilando información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés.
En este sentido, se señala que el personal detectado, se identifica como funcionarios de alto nivel hasta policías, los cuales han sido cooptados, principalmente por la encargada del combate antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las representaciones de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Asimismo, aseguran que los exfuncionarios mantienen un vínculo con funcionarios que tienen la tarea de “espiar, recopilar información y dar seguimiento a temas específicos”.
También, se pudo constatar que el pasado 4 de diciembre el periódico estadounidense “The New York Times” publicó que agentes antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos lavaron millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para investigar cómo funciona el sistema y utilizar esta información contra los carteles mexicanos.
Por ello, esta Comisión Dictaminadora considera que de confirmarse la probable colaboración de funcionarios y ex funcionarios mexicanos al servicio de las Agencias estadounidenses antes mencionadas, estaríamos frente a un asunto muy delicado, ya que se estaría actuando al margen de la ley y de los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
La Comisión Dictaminadora, también toma en cuenta que el pasado 6 de diciembre de 2011, el senador Felipe González González, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que solicita a diversas dependencias del Ejecutivo reunirse con los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a fin de que informen sobre el trabajo desplegado en nuestro país por los agentes encubiertos de la Administración Federal Antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual solicitó lo siguiente:
“Primero. Se solicita de la manera más respetuosa al Secretario de Gobernación, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Procuradora General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y al Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, informen a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, sobre:
El trabajo desplegado por los agentes de la Administración Federal Antidrogas, de los Estados Unidos de América en nuestro país;
• el trabajo desplegado por los agentes de la Administración Federal Antidrogas, de los Estados Unidos de América en nuestro país;
• la fecha de inicio del programa y el acuerdo o tratado en el cual se sustentan sus operaciones;
• el número de agentes mexicanos que han colaborado en el programa; y,
• la eficacia de las acciones desplegadas, es decir, los resultados obtenidos en materia de aprehensiones, aseguramiento de dinero y disminución de la delincuencia.
Segundo. Se solicita de la manera más respetuosa al Secretario de Gobernación fortalezca los puntos de revisión de todo el país y establezca un programa especial de vigilancia en sentido Norte-Sur y zonas fronterizas.”
Dicha proposición fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República y hasta el momento no ha sido dictaminada por la Comisión, ni aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores.
Asimismo, la Comisión Dictaminadora coincide con el proponente en la necesidad de conocer todo lo relacionado con la probable participación y posible subordinación que existe entre ex trabajadores y trabajadores del Gobierno Federal con las Agencias Estadounidenses de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y la Agencia Antidrogas (DEA), y en particular todo lo relacionado en materia de seguridad pública en el país; en razón de que es necesario que los distintos órdenes de gobierno brinden una adecuada protección a la integridad personal y patrimonial de nuestra población; en que resulta indispensable restablecer el orden, la seguridad y la paz social en aquellas zonas que han sido azotadas por los efectos relacionados al combate del narcotráfico; en la urgencia de reducir los altos índices de violencia que se han presentado durante los últimos años; y, en la utilidad de establecer compromisos para una eficiente coordinación institucional en materia de seguridad pública.
En tal sentido, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que el fundamento constitucional de la seguridad pública se encuentra en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente señala: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
Por ello, esta Primera Comisión de Trabajo, considera necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conozca de la posible participación, a través de espionaje, recopilación de información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés de ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano para las agencias estadunidenses y, en su caso, servidores públicos en activo.
La Comisión Dictaminadora, como en casos análogos precedentes, manifiesta que cada órgano del Estado mexicano debe cumplir con las tareas explícitas e implícitas que, en el marco de la colaboración de poderes, señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También toma en cuenta que la seguridad pública es una tarea fundamental del Estado mexicano en la que participan diversas dependencias del Ejecutivo Federal que en el ámbito de sus atribuciones deben contar con un mecanismo de coordinación que encamine las acciones de cada una para lograr un efectivo combate a la delincuencia;
Que la seguridad pública sólo se puede desarrollar a través de un esquema de coordinación de carácter permanente de las instancias del Poder Ejecutivo involucradas, en el que se favorezca la agilidad y la toma de decisiones directamente por el Presidente de la República, en conjunción con los responsables titulares de dichas instancias; de ahí, la necesidad de crear el Gabinete de Seguridad Nacional en el que participan las dependencias involucradas en el ramo, pero con estricto respeto a las atribuciones legales y ámbitos de competencia de las mismas y de otros esquemas de coordinación como podría ser el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ahora bien, el Gabinete de Seguridad Pública es la instancia de coordinación de las dependencias de la Administración Pública Federal en materia de seguridad pública, y está integrado por los secretaros de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como por la Procuradora General de la República, mismo que es presidido por el Presidente de la República y en sus ausencias por el Secretario de Gobernación.
Asimismo, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, toman en cuenta que el autor de la proposición que se dictamina solicita la comparecencia de tres de los cinco integrantes del Gabinete de Seguridad.
Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera necesario, urgente y procedente, para conocer dicha información, utilizar el mecanismo de colaboración de poderes, que es el de la comparecencia, mismo que se llevará a cabo ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, en tal virtud, en el ánimo de darle continuidad al asunto propuesto, esta Comisión Dictaminadora considera procedente y oportuno remitir el asunto a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a efecto de que sea dicha Comisión la que conozca respecto a todo lo relacionado con la probable participación y subordinación que existe entre ex funcionarios y funcionarios del Gobierno Federal con las Agencias Estadounidenses de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y la Agencia Antidrogas (DEA).
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Remítase copia del expediente a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para su conocimiento y efectos.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).
De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la de Justicia de la Cámara de Diputados a iniciar consultas con académicos y especialistas que aporten elementos para aprobar de manera pronta la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En la Proposición con Punto de Acuerdo, se manifiesta lo siguiente:
“Consideraciones
El juicio de amparo es una de las mayores aportaciones de nuestro país a la cultura jurídica universal. A lo largo de más de 160 años ha evolucionado de manera constante, en ocasiones como resultado de la acción legislativa y en otras de la labor interpretativa y jurisprudencial de nuestros tribunales.
En cierta medida, parte de la evolución del juicio de amparo ha sido aportado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados cuando emiten jurisprudencias y tesis aisladas sobre la interpretación de las normas y sobre omisiones legislativas.
Por eso debe reconocerse que el juicio de amparo es el instrumento procesal por excelencia para la protección de los derechos de los gobernados, por tanto, su evolución y perfeccionamiento implica una mejor defensa de las garantías individuales que otorga nuestra Constitución.
Hoy el juicio de amparo no sería posible si no existiera la jurisprudencia que aborda la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales de los gobernados, pero tampoco sería posible si no existiera la suspensión del acto reclamado para evitar que los gobernados sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. Es bien sabido que sin una suspensión eficaz, en muchos casos, la protección constitucional del amparo se torna inoperante en diversas materias.
Cabe señalar que de acuerdo a las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 por el que el Estado mexicano le ha dado reconocimiento constitucional a los derechos humanos y a los contenidos en los tratados internacionales como impacta de manera directa en el propio juicio de amparo.
En mérito de lo anterior, el pasado 13 de octubre de 2011 el Senado de la Republica aprobó el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Cabe señalar que dicha minuta se encuentra pendiente de su dictaminación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por lo cual resulta necesario que dicha comisión deba realizar las consultas y los foros necesarios en el que se pueda contar con la participación de expertos a efecto de que las reformas que ha tenido nuestro texto constitucional se vean plasmadas en el dictamen que habrá de realizar dicha comisión.
Con lo anterior, formula el siguiente:
Punto de acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a iniciar las consultas con académicos y especialistas en la materia para que aporten los elementos necesarios que permitan aprobar de manera pronta la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.”
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora reconocen la sensibilidad y propósitos que inspiran a la autora en la elaboración y presentación de su Proposición, pero consideran que este es uno de los casos en los que no se puede resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, en los términos solicitados por la Proponente.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta, como lo señala la autora de la proposición que ahora se dictamina, que el pasado 11 de octubre de 2011 el Senado de la Republica aprobó el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mismo que fue presentado el 18 de octubre de 2011 a la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Justicia para dictamen, con opinión de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.
En el mismo sentido que la autora de la proposición que se dictamina, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideran que el juicio de amparo es una de las mayores aportaciones de nuestro país a la cultura jurídica universal. A lo largo de más de 160 años ha evolucionado de manera constante, en ocasiones como resultado de la acción legislativa y en otras de la labor interpretativa y jurisprudencial de nuestros tribunales.
Por tanto, es necesario realizar una revisión integral a esta minuta, toda vez que debe reconocerse que el juicio de amparo es el instrumento procesal por excelencia para la protección de los derechos de los gobernados, de tal manera que su evolución y perfeccionamiento implica una mejor defensa de los derechos humanos y tratados internacionales que otorga y reconoce nuestra Constitución.
Es por ello que la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que conforme al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que tienen a su cargo entre otras, la tarea de dictamen legislativo:
“Artículo 39.
1. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
2. La Cámara de Diputados cuenta con comisiones ordinarias que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:
...
XXI. Justicia;
...
3. Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
También, el Reglamento de la Cámara de Diputados, en sus artículos 176 y 177, señala lo siguiente:
Artículo 176.
1. En el proceso de dictamen la comisión:
I. Deberá definir el método de dictamen,
II. Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado del asunto en estudio, y
III. Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, en aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá solicitarlos.
2. Para efectos de lo anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de los servicios de investigación de los centros de estudio y demás servicios con que cuenta la Cámara.
Artículo 177.
1. En el proceso legislativo de dictamen, la comisión deberá convocar al diputado o diputada federal iniciante, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si éste no asistiere continuará el proceso de dictamen.
2. La comisión por mayoría absoluta podrá acordar la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte:
I. La opinión de los especialistas en la materia;
II. A los grupos interesados, si los hubiere;
III. A los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, a las organizaciones, grupos, ciudadanos y a los titulares o representantes legales de las empresas de particulares que detenten una concesión del Estado;
IV. A las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y
V. Las opiniones de los ciudadanos.
3. ...
4. ...
De lo anterior, podemos señalar que la Comisión de Justicia, como lo establece la Ley Orgánica y el Reglamento de la Cámara, tiene la tarea de dictaminar dicha minuta, y para ello, en el proceso de dictamen, la misma deberá definir el método de dictamen, el cual podrá ser a través de la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte, la opinión de los especialistas en la materia, a los grupos interesados, si los hubiere, a las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y las opiniones de los ciudadanos.
Sin embargo, como lo señala la autora de la proposición, “Cabe señalar que dicha minuta se encuentra pendiente de su dictaminación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados”, en este sentido, la Comisión Dictaminadora considera que la propia Comisión de Justicia se encuentra en tiempo y desarrollando el proceso de dictaminación de la Minuta en cuestión.
Consecuentemente la Comisión Dictaminadora no considera procedente exhortar a la Comisión de Justicia, en los términos que solicita la autora de la proposición que se dictamina, en virtud de que dicha Comisión no ha interrumpido sus actividades, mas sin embargo, en el ánimo de darle continuidad al asunto propuesto, que es de la mayor importancia de la vida jurídica del país, esta Comisión Dictaminadora considera procedente y oportuno remitir el asunto a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia, sin dejar que analice la viabilidad de llevar a cabo en el proceso de dictaminación las consultas y los foros necesarios en el que se pueda contar con la participación de expertos a efecto de que las reformas que ha tenido nuestro texto constitucional se vean plasmadas en el dictamen que habrá de realizar dicha Comisión.
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Remítase copia del expediente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).
De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y al Consejo Nacional contra las Adicciones a coordinarse para elaborar e implantar una estrategia de prevención en el ámbito escolar
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la PGR y al Consejo Nacional contra las Adicciones a coordinarse para elaborar e implantar una estrategia de prevención en el ámbito escolar, así como a fortalecer la difusión entre los alumnos y los padres de familia sobre los peligros del consumo de drogas y los instrumentos de prevención y detección.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
Metodología
La Segunda Comisión elabora el presente dictamen con punto de acuerdo, de conformidad con el siguiente procedimiento:
I. El capítulo de Antecedentes, expone el trámite del proyecto de mérito desde el inicio del proceso legislativo, presentación y turno para dictamen y los trabajos de la Comisión al efecto.
II. El capítulo Contenido de la proposición, reproduce los resolutivos a efecto de conocer con precisión la propuesta.
III. El capítulo de Consideraciones, contiene los argumentos y valoración de los integrantes de esta Segunda Comisión al punto de acuerdo, que motivan el presente dictamen.
Antecedentes
I. Con fecha 21 de diciembre de 2011, la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la PGR y al Consejo Nacional contra las Adicciones a coordinarse para elaborar e implantar una estrategia de prevención en el ámbito escolar, así como a fortalecer la difusión entre los alumnos y los padres de familia sobre los peligros del consumo de drogas y los instrumentos de prevención y detección.
II. En sesión celebrada en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a esta Segunda Comisión para su estudio y dictamen.
III. Recibido el proyecto de mérito, los integrantes de la comisión procedimos a su análisis y dictamen.
Contenido de la proposición
El proyecto en estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones y cuatro puntos resolutivos que a letra apuntan:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y al Consejo Nacional contra las Adicciones, a que se coordinen para la elaboración e implementación de una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar, asimismo, fortalezcan la difusión tanto a los alumnos como a los padres de familia sobre los peligros que ocasionan el consumo de drogas y los mecanismos de prevención y detección temprana del problema.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que implemente una campaña de difusión en los centros escolares sobre las instituciones encargadas en la atención del consumo de drogas, así como los servicios médicos que proporcionan en dichos institutos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a reforzar la difusión en los centros escolares sobre los mecanismos de denuncias en caso de venta de drogas o cualquier otra sustancia que induzca hacia una adicción, así como, de las aéreas encargadas de la atención de victimas.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República, a que remitan a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas al interior de los centros escolares para la detección temprana de cualquier tipo de adicción.
Consideraciones
La proposición de mérito, aborda uno de los temas que más hondamente dañan e indignan a los mexicanos: la exposición de la niñez a las drogas. Es un hecho que las nuevas generaciones padecen un riesgo sensiblemente mayor de caer en adicciones, pues el grave problema de narcotráfico que enfrenta el país, hace cada vez más difícil mantener protegida a la infancia, especialmente considerando que los cárteles, en su ansia de fortalecerse, han dejado de observar los más elementales fundamentos éticos, viendo en niños y adolescentes un mercado que hasta hace algunos años había sido relativamente respetado.
Así, la promovente inicia su exposición señalando que “La vulnerabilidad de la sociedad a las adicciones se debe a la falta de detección oportuna y a un tratamiento tardío” y exponiendo la necesidad de que se instauren mecanismos para la detección temprana del problema, que tengan como base fundamental la integración de los padres de familia en un entorno de desarrollo integral comunitario.
En este sentido, la promovente hace referencia al simposio-taller Diagnostico y Tratamiento para Poblaciones Vulnerables con Consumo de Sustancias Psicoactivas, organizado por el Centro de terapia intensiva de alcoholismo y drogadicción Edward Dwoling y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México; celebrado los días 5 y 6 de diciembre de 2011. En dicho evento, se concluyó que la mayoría de los problemas de prevención, que son específicos en el tema drogas, requieren para ser efectivos la confluencia de varios factores entre los que encontramos la información y sensibilización, la formación de preventores comunitarios, el fortalecimiento de los factores de prevención y la disminución de los de riesgo y el seguimiento permanente de los programas preventivos y de información. Todo ello, señalan, es una labor que requiere el la coadyuvancia del gobierno, las autoridades escolares y los padres de familia.
La diputada que presenta el proyecto en estudio, señala la necesidad de que se establezca una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar, y de que se fortalezca la difusión tanto a los alumnos como a los padres de familia sobre los peligros que ocasionan el consumo de drogas y los mecanismos de prevención y detección temprana del problema. Esta afirmación, que compartimos los integrantes de la comisión, es la base central del punto de acuerdo que se propone.
En este sentido, los legisladores que suscriben el presente punto de acuerdo, consideramos de importancia trascendental que el Congreso Mexicano cuente con información oficial, oportuna y clara respecto del diagnóstico que hayan realizado las dependencias y entidades, así como la propia Procuraduría General de la República, con relación a ésta problemática. Consideramos fundamental también, que la sociedad pueda conocer ésta información.
Así las cosas, es necesario señalar que junto con una estrategia de comunicación, se requieren políticas públicas que disminuyan efectivamente las adicciones sufridas por menores y promuevan la rehabilitación oportuna.
Siendo la falta de madurez, la desinformación y en muchos casos, la falta de mecanismos adecuados de comunicación al interior de las familias; las características de las que se aprovechan los distribuidores de droga, resulta evidente que una de las ramificaciones principales de la lucha contra el narcotráfico, debe ser la prevención en la población más vulnerable, mediante la detección oportuna y la información.
En tal virtud, los integrantes de esta Segunda Comisión manifestamos nuestro acuerdo con la propuesta en comento, por lo que avalamos en sus términos la parte resolutiva.
Por lo expuesto, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y al Consejo Nacional contra las Adicciones, a que se coordinen para la elaboración e implementación de una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar, asimismo, fortalezcan la difusión tanto a los alumnos como a los padres de familia sobre los peligros que ocasionan el consumo de drogas y los mecanismos de prevención y detección temprana del problema.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que implemente una campaña de difusión en los centros escolares sobre las instituciones encargadas en la atención del consumo de drogas, así como los servicios médicos que proporcionan en dichos institutos. Este esfuerzo deberá incluir, con la coordinación correspondiente, a las instituciones educativas de carácter federal, estatal, municipal, así como a las instituciones de enseñanza administradas por el sector privado.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a reforzar la difusión en los centros escolares sobre los mecanismos de denuncias en caso de venta de drogas o cualquier otra sustancia que induzca hacia una adicción, así como, de las aéreas encargadas de la atención de victimas.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República, a que remitan a esta soberanía, en el curso del próximo trimestre, un informe detallado sobre las acciones realizadas al interior de los centros escolares para la detección temprana de cualquier tipo de adicción.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de enero del año 2012.
La Segunda Comisión, –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública
Senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica), secretarios; senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), diputado Jorge Rojo García de Alba, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador Sebastián Calderón Centeno, diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a las instituciones de banca múltiple que implanten mayores medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos
Honorable Asamblea
A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a exigir a las instituciones de banca múltiple que incrementen las medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos, suscrita por el diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones el diputado Jorge Arana Arana, refiere que la instalación y uso de cajeros automáticos ha aumentado considerablemente a lo largo del país.
Asimismo señala que la tendencia creciente de los cajeros automáticos en nuestro país se debe a que las instituciones financieras necesitan expandir su presencia a lo largo del territorio a un bajo costo de operación, por lo que el cajero es una buena opción.
Por otro lado, el proponente señala que las comisiones que cobran los cajeros automáticos varían de acuerdo con la ubicación y el giro comercial donde se encuentran. En los cajeros instalados fuera de una sucursal bancaria, generalmente son mayores.
El proponente refiere que ya que se cobran altas comisiones por el uso de cajeros automáticos, las instituciones de banca múltiple deberían ofrecer mayores garantías de seguridad y de eficiencia. Asimismo, tanto las autoridades financieras y bancarias como las de seguridad pública, están obligadas a exigir a los bancos brindar mayor protección para sus usuarios.
Cabe mencionar que en México las tarjetas de débito suman más de 30 millones, lo que significa un número importante de usuarios que merecen calidad de servicio y la seguridad de no ser afectados por el mal funcionamiento del cajero o por robo.
El robo de un cajero para una entidad bancaria es un daño mínimo, debido a que existen seguros comprometidos, pero es la población la que sufre el daño más importante al generarse temor e inseguridad.
Por ello, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que insten a las instituciones de banca múltiple para que los cajeros automáticos que no están dentro de las sucursales bancarias, se coloquen en un recinto especial en donde el usuario esté aislado, en una caseta o área especial; que pueda acceder mediante la lectura de la tarjeta en una puerta de seguridad; que cuente con iluminación suficiente y servicios de cámaras filmadoras de circuito cerrado y de líneas telefónicas para reportar de forma inmediata cualquier anomalía en el uso del cajero automático. Estas casetas o áreas deberán estar lo más alejado posible de un punto de congestión de personas, con el fin de evitar en la medida de lo posible la exposición de las personas ante cualquier eventualidad que se suscite alrededor del cajero automático.
Segundo. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que soliciten a las instituciones de banca múltiple se limiten única y exclusivamente a las operaciones de servicios de banca y crédito, retirando las opciones que impliquen la donación de dinero a cualquier causa, o similares, esto con el fin de reducir el tiempo del usuario en sus operaciones en el cajero automático y no exponerse a ser víctima de robo.
Tercero. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exijan a las instituciones de banca múltiple que la carga del dinero al cajero automático se realice por la parte posterior de la caseta, en un compartimento especial para ello, evitando que esta práctica se lleve a cabo en la parte frontal del cajero automático, y que se destine un estacionamiento exclusivo para los vehículos de servicio de traslado de valores.
Cuarto. Que se exhorte a las autoridades competentes estudiar medidas de seguridad y experiencias de Banjercito, y de otros países, para que las instituciones de banca múltiple ofrezcan a sus clientes y usuarios medidas de seguridad y garantías, como seguros especiales para cubrirse.
II. Esta comisión dictaminadora comparte la idea del primero del punto de acuerdo en estudio en cuanto a exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a las instituciones de banca múltiple que incrementen las medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos.
Lo anterior con fundamento, en el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, que a la letra de la ley dispone:
Artículo 96. Las instituciones de crédito deberán establecer medidas básicas de seguridad que incluyan la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, factores y dependientes que las ocupen, así como del patrimonio de la institución. Cuando las instituciones contraten a las personas referidas en el artículo 46 Bis 1 de esta ley, con el objeto de que éstas reciban recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas para llevar a cabo tales operaciones en representación de las propias instituciones, cuenten con las medidas básicas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el presente artículo.
Para implementar lo señalado en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con una unidad especializada.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas básicas de seguridad que deberán establecer las instituciones de crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, en términos del artículo 46 Bis 1 de esta ley, y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.
...
En atención a dicho fundamento es que la CNBV emite resoluciones que modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, por lo que con fecha 1 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial, la respectiva resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como por los artículos 4, fracciones I, XXXVI y XXXVIII y 16 fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud del incremento y aparición de nuevos modos de comisión de actos delictivos en perjuicio de las instituciones de crédito y de sus clientes en sus oficinas bancarias, resulta indispensable la implantación de medidas básicas de seguridad con la finalidad de establecer mecanismos y procesos que coadyuven en la prevención de siniestros y delitos, así como permitir a las autoridades competentes contar con mejores elementos para la persecución de éstos últimos, y contar con medidas de seguridad básicas en las instituciones de crédito, a fin de elevar los mecanismos de seguridad en las oficinas bancarias, ello sin inhibir el crecimiento de la oferta de servicios financieros para que los mismos sean cada día más accesibles a las comunidades. Por lo tanto en el Capítulo XIII de dicha Resolución, titulado de las Medidas Básicas de seguridad a que se refiere el Artículo 96 de la Ley de Instituciones de crédito, mismo que en su artículo 346 dispone:
Artículo 346. Las instituciones que operen cajeros automáticos, deberán observar lo siguiente:
i. tratándose de cajeros automáticos ubicados en las sucursales, ya sea que se encuentren dentro de éstas o adyacentes a ellas:
a) Abastecerlo desde el interior de la sucursal.
b) Contar con sistemas de grabación de imágenes.
c) Contar con un sistema de control de acceso, el cual podrá ser mecánico o electrónico, así como un programa de mantenimiento continuo de dicho sistema.
d) Contar con dispositivos y procedimientos que permitan identificar al público usuario y a la operación que se realice a través de los propios cajeros.
II. Tratándose de cajeros automáticos ubicados fuera de las sucursales:
a) Abastecerlos por el servicio de transporte de valores y efectivo de la institución o el que ésta contrate.
b) Contar con dispositivos y procedimientos que permitan identificar al público usuario y a la operación que se realice a través de los propios cajeros.
No obstante lo anterior, la Tercera Comisión considera necesario incrementar las medidas de seguridad, sobre todo en lo concerniente a cajeros automáticos ubicados fuera de las sucursales, ya que no hay fundamento legal que justifique que existan menos medidas de seguridad para los cajeros fuera de las sucursales que los que se encuentran dentro de una.
Por lo anterior, se considera procedente que se exhorte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que insten a las instituciones de banca múltiple para que los cajeros automáticos que no están dentro de las sucursales bancarias, cuenten con las mismas medidas de seguridad que los que se encuentran dentro de las Sucursales, así como que se coloquen en un recinto especial en donde el usuario esté aislado, con el fin de evitar en la medida de lo posible la exposición de los usuarios del sistema financiero ante cualquier eventualidad que se suscite alrededor del cajero automático.
Por lo que respecta al segundo punto de acuerdo, esta Tercera Comisión considera que no se puede limitar las actividades que realiza un cajero automático en atención a que la definición dada por ley considera que se pueden realizar diversas operaciones a través de dichos dispositivos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicada en el Diario Oficial el 01 de diciembre de 2009 y que en su artículo 1, fracción X, dispone:
Artículo 1. Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por:
X. Cajero automático: al dispositivo de autoservicio que permite realizar consultas y operaciones diversas como la disposición de dinero en efectivo mediante una tarjeta de crédito, de débito o prepagada bancaria.
Por tanto son dispositivos por los que se pueden emitir diversas operaciones tal y como lo dispone el anexo 63 inciso b) de la Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicada en el Diario Oficial el 27 de enero de 2010.
Operaciones permitidas utilizando un 2FA:
a) Transferencias a cuentas de terceros u otras Instituciones, incluyendo el pago de créditos y bienes o servicios, así como autorizaciones e instrucciones de domiciliación de pagos de bienes o servicios
b) Pago de impuestos
c) Establecimiento de límites de monto
d) Registro de cuentas destino
e) Alta del medio de notificación
f) Consultas de estados de cuenta
g) Desbloqueo de contraseñas o nip
h) Retiro de efectivo
En el caso del inciso a), se podrá requerir un FA Categoría 2, 3 o 4 para cuentas destino registradas en oficinas bancarias utilizando firma autógrafa en el caso del inciso f), se podrán consultar estados de cuenta utilizando un FA categoría 2 cuando dichas consultas versen sobre operaciones de crédito y se realice la notificación correspondiente
No se puede modificar el medio de notificación en este servicio
Los cajeros automáticos que las instituciones pongan a disposición de los usuarios para realizar operaciones deberán contar con lectores que obtengan la información directamente del circuito de las tarjetas bancarias con circuito integrado.
Finalmente, por lo que respecta a los puntos de acuerdo tercero y cuarto, esta Tercera Comisión, considera que no es competencia ni facultad de la CNBV, en atención a que por lo que respecta el tercer punto de acuerdo, el espacio físico muchas veces no permite implantar la medida sugerida y la misma no garantiza la seguridad de los usuarios del sistema financiero, por lo que respecta al Cuarto punto, esta Tercera Comisión considera que se deben tomar en cuenta las medidas propuestas por la Asociación de Bancos de México, que versan de la siguiente forma:
Manténgase alerta en los cajeros automáticos...
• Proteja y resguarde sus claves confidenciales (nip)
• El nip es exclusivo para operaciones en cajeros automáticos o disposiciones en ventanilla en algunos bancos, no lo proporcione a ninguna persona
• Al asignar su nip, evite números fácilmente identificables.
• No anote su nip en ningún sitio, intente memorizarlo.
• Cambie su nip por lo menos 1 vez cada seis meses para disminuir riesgos.
• Lleve en su cartera únicamente la tarjeta que utilizará.
• Al acceder o salir del recinto de cajeros automáticos, no es necesario digitar su NIP, insertar o deslizar su tarjeta en la puerta de entrada.
• Antes de introducir su tarjeta en el cajero automático, verifique que éste no tenga aditamentos extraños en el dispositivo de acceso al cubículo o en el dispensador de efectivo.
• Recuerde seguir únicamente las instrucciones que aparecen en pantalla; haga caso omiso a personas, carteles, dispositivos o cualquier otra indicación ajena al cajero.
• Al teclear su número confidencial, cubra el teclado con una mano para evitar ser visto por alguien más.
• No acepte asesoría de personas extrañas y asegúrese de no dejar su sesión abierta antes de retirarse del cajero.
• Guarde su tarjeta y dinero antes de salir del cajero automático.
• No deje dentro del cajero automático los comprobantes de sus operaciones sin antes romperlos.
• Utilice cajeros automáticos que estén bien iluminados y preferentemente con vigilancia.
• Nunca realice transacciones en cajeros que hayan sido vandalizados, es decir, que tengan daños en su estructura o residuos de pegamento.
• Reporte a su banco cualquier anomalía detectada en el cajero automático.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a través de la Resolución que modifican las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, insten a las instituciones de banca múltiple para que los cajeros automáticos que no están dentro de las sucursales bancarias, cuenten con las mismas medidas de seguridad que los que se encuentran dentro de las Sucursales, con el fin de evitar en la medida de lo posible la exposición de los usuarios del sistema financiero ante cualquier eventualidad que se suscite alrededor del cajero automático; y que dichas instituciones de banca múltiple tomen en consideración para su difusión los mecanismo propuestos por la Asociación de Bancos de México, en materia de seguridad de cajeros automáticos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente
Presidente: Diputado Arturo García Portillo (rúbrica).
Secretarios: Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).
Integrantes: Diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar por la Secretaría de la Función Pública y la Sagarpa el caso de corrupción en que están involucrados cuatro altos funcionarios de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
México, DF, a 10 de enero de 2012.
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar por la SFP y la Sagarpa el caso de corrupción en que están involucrados cuatro altos funcionarios de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, así como a simplificar y transparentar la entrega de recursos a los productores del campo e incrementar el control sobre los servidores públicos de la dependencia y órganos desconcentrados, suscrita por los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente, de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez refieren que la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que fue descubierta una red de corrupción dentro de la Sagarpa, por lo que fueron destituidos cuatro servidores públicos, acusados de realizar pagos de manera irregular y sin cumplir con la normatividad.
Asimismo señalan que entre las irregularidades halladas se encontrarían pagos injustificados por 44 millones de pesos del Programa de Apoyos Directos al Campo Tradicional, falta de documentación que justifique 5.6 millones de pesos otorgados a 577 servidores públicos de la Sagarpa como subsidios y la entrega de 149.6 millones de pesos a “personas morales” no identificadas.
Por otro lado, los proponentes señalan que dirigentes campesinos denunciaron que los servidores públicos encargados de operar la entrega de apoyos a los productores, exigen diversas cantidades a los beneficiarios que tienen derecho a apoyos económicos que ofrece el gobierno.
En tal sentido, los proponentes manifiestan que líderes campesinos han señalado que los recursos de Aserca son ejercidos con una gran lentitud lo cual beneficia a los intermediarios que se aprovechan de la situación; de igual forma consideran que en el rezago para la entrega de recursos, puede influir la rigidez con la que opera la Sagarpa.
Por ello, formula la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Primero. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo federal por medio del titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar de manera exhaustiva el caso de corrupción en el que están involucrados cuatro altos funcionarios del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), además de que se finque responsabilidad penal en contra de los implicados.
Segundo. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo federal por medio del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a simplificar y transparentar la entrega de recursos a los productores del campo y de tener más control en los servidores públicos de la dependencia y órganos desconcentrados.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por los autores de la proposición que se dictamina.
La que dictamina concuerda con los senadores promoventes en el sentido de que Aserca es un órgano desconcentrado encargado de impulsar la comercialización de la producción agropecuaria, como son los granos y oleaginosas; además de su principal función de operar y administrar el Procampo, como un elemento esencial para fomentar el desarrollo agropecuario del país.
Cabe señalar que el objeto de la Secretaría de la Función Pública es vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el servicio profesional de carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal.
Bajo el mismo contexto, el objeto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta comisión pudo corroborar a través de diversos diarios periodísticos, que existieron actos de corrupción cometidos por servidores públicos del órgano Aserca, mismos que fueron separados de sus cargos, además de iniciar las investigaciones judiciales correspondientes.
Asimismo, los integrantes de la comisión dictaminadora se solidarizan con los trabajadores del campo y reconocen la necesidad de que los recursos que se destinan al campo a través de los Programas gubernamentales, bajen de manera oportuna a los beneficiados; por lo que rechazan de manera categórica cualquier acto de corrupción en el manejo de los mismos y resaltan la importancia de que los servidores públicos encargados de ejecutar y manejar esos recursos públicos del sector del campo, no incurran en este tipo de faltas.
En tal sentido, ambas dependencias son competentes para abordar el punto de acuerdo propuesto por los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de la Función Pública, a remitir a esta soberanía, en un plazo no mayor a una semana a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, un informe detallado de la investigación realizada con relación a la red de corrupción dentro de la Sagarpa, por lo que fueron destituidos cuatro servidores públicos acusados de realizar pagos de manera irregular y sin cumplir con la normatividad.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de la Función Pública, a realizar una investigación exhaustiva sobre los actos de corrupción de servidores públicos del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca); y, en su caso, finque responsabilidad penal en contra de los implicados.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a simplificar y transparentar la entrega de recursos a los productores del campo, y tener más control en los servidores públicos de la dependencia y órganos desconcentrados.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente
Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica) diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadia San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adicionar Tapachula, Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, Chiapas, con la modificación de la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte
México, DF, a 10 de enero de 2012.
Honorable Asamblea
A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a adicionar Tapachula, Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, Chiapas, con la modificación de la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, suscrita por los diputados Carlos Martínez Martínez y Sami David David, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente.
Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones los autores del presente punto de acuerdo refieren que, a través de los decretos por los que el Ejecutivo federal establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para el comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios situados en la franja fronteriza norte del país, así como en la región fronteriza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1993, y sus modificaciones, se implantó un esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país, que permitió establecer condiciones de largo plazo para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios, mediante reglas claras y transparentes que facilitaron las operaciones de comercio exterior a los estados y a los municipios que se encuentran en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2008.
Señalan los proponentes que dicho esquema vigente de desgravación beneficia de forma sustancial a las importaciones que se destinan a dichas regiones, ya que implica, que a los territorios que comprenden la región fronteriza y la franja fronteriza norte se pueden importar aproximadamente mil 400 productos con tasas arancelarias de 0 o 5 por ciento de impuestos al comercio exterior (ad valórem), siempre que la fracción arancelaria donde se clasifiquen para su importación esté contemplada en el decreto.
Argumentan que el presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece entre los objetivos nacionales desarrollar una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios a precios accesibles mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, así como alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar empleos formales.
Siguen diciendo los proponentes que el Ejecutivo federal, en el decreto, establece extender en los estados y los municipios el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, se estimó necesario revisar el esquema de desgravación arancelario con el objeto de dar continuidad al impulso de la competitividad económica, para lo cual se realizaron diversas consultas con las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia y con el sector comercial y de servicios de dichas regiones, por lo que el 24 diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, con vigencia al 31 de diciembre de 2013.
Señalan que la política de facilitación comercial implantada por el Ejecutivo federal se basa en los principios de transparencia, certidumbre jurídica, equidad, imparcialidad y uniformidad en la administración del marco normativo vigente, mejora regulatoria y simplificación operativa; y la dinámica de los cambios que enfrenta el comercio exterior del país, particularmente derivado de los eventos recientes de la economía mundial, hacen necesario que el Ejecutivo federal haga uso de sus atribuciones constitucionales para adoptar de inmediato acciones que permitan afrontar en mejores condiciones dichos cambios, y que ante tal circunstancia, resulta indispensable adecuar y extender la política arancelaria a la región de la franja fronteriza sur, a fin de generar condiciones favorables que permitan a las empresas fortalecer su competitividad y reconvertirse para responder a las tendencias del mercado, al tiempo que alienten la inversión y la preservación de la planta productiva y el empleo.
Refieren que Chiapas se coloca, debido a su situación geográfica, en una zona de alto riesgo y vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos y otros desastres naturales, la crisis económica mundial causada por la globalización comercial., por esta razón, el gobierno del estado ha mostrado su preocupación implantando una política de emergencia para el desarrollo de la frontera sur, estableciendo puntos interno de control para vigilancia y revisión de las transacciones de comercio, la cual está sustentada en los siete cruces formales en la frontera sur (Ciudad Hidalgo, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Nueva Orizaba y Frontera Corozal) y 43 informales, donde el tránsito de personas y de mercancías se realiza sin control, pues se utilizan caminos de terracería, los cuales comunican a los dos países, por lo que resulta inaplazable la construcción de los puntos internos de control y revisión, con la finalidad de filtrar el flujo de personas y mercancías que traspasan la frontera de forma irregular, hacia el centro del país e impidan la proliferación de actividades fuera de la ley. Con las acciones que el estado desarrolla en esta región, por lo que solicitamos se integren a la franja fronteriza Tapachula, Huehuetán, Tuzantán, Mazatán y Huixtla, a fin de iniciar el proyecto que se estima que tendrían un costo los cuatro puntos de control por implantar de mil 364 millones de pesos.
La Cámara de Diputados en solidaridad con el proyecto del gobierno de Chiapas de extender el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza y la región sur del estado, estimó necesario asignar recursos en forma etiquetada en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en el Ramo 27, “Función pública”, mil millones de pesos, lo cual permitirá la implantación y creación de puntos internos de control, los cuales permitirán descongestionar las actuales e inoperantes instalaciones, donde se reubicarán las representaciones de dependencias federales.
Por último, puntualizan que para Chiapas es de suma importancia que se extienda la vigencia de las tasas arancelarias y en especial en Tapachula, Huehuetán, Tuzantán, Mazatán y Huixtla, ya que sería gravemente afectado por sus condiciones, incrementando hasta en 30 por ciento los precios de productos de primera necesidad, perjudicando a los habitantes y a los turistas.
Por lo anterior formulan la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a adicionar Tapachula, Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, Chiapas, modificando la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Economía, y demás dependencias que correspondan, para que incorporen en el artículo 2o., fracción III, del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 por la Secretaría de Economía.
II. Esta comisión dictaminadora comparte el espíritu del presente punto de acuerdo, en virtud de que, en efecto, para mantener el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, se estimó necesario revisar el esquema de desgravación arancelario con el objeto de dar continuidad al impulso de la competitividad económica, para lo cual se realizaron diversas consultas con las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia y con el sector comercial y de servicios de dichas regiones.
Es importante destacar que en la propuesta en estudio, los proponentes pretenden exhortar al Ejecutivo federal, para que se incluya dentro de la franja colindante sur, entre otros, al municipio de Tapachula, sin embargo dicho municipio ya se encuentra incluido dentro de la mencionada región, por lo que se considera adecuado descartar al municipio de Tapachula de la propuesta de merito.
Dicho lo anterior, hay que destacar que de incluir a los municipios de Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, de Chiapas, dentro de la franja sur colindante con Guatemala, independientemente de que no se encuentran comprendidos tales municipios dentro de los 20 kilómetros a que se refiere la fracción III del artículo 2 del decreto en estudio, detonaría el comercio en la región, lo que permitiría condiciones favorables que darán a las empresas la oportunidad de fortalecer su competitividad, y que evidentemente se traduciría en un beneficio directo para los habitantes, no sólo de los municipios en mención, sino de la región.
Cabe señalar que la participación relativamente importante de los servicios y el comercio en los municipios fronterizos son notables, y ello caracteriza en gran parte a la economía de la región.
Por otro lado, esta comisión considera acertado que el Ejecutivo federal, con pleno respeto a la división de poderes, pudiera realizar un análisis de viabilidad considerando incluir a los municipios de Huixtla, Tuzatán, Mazatán y Hueheután en dicha región fronteriza, a fin de dirimir los principales problemas en materia económica de la región, mismos que se derivan en una falta de estructura productiva los suficientemente solida y competitiva, y por otro lado su escaza vinculación con el resto del territorio Nacional. Ambos problemas están relacionados entre si, por un lado, la falta de integración de la región fronteriza es en gran medida consecuencia de su débil estructura productiva y de escasez de las vías de comunicación, situación que en muchas ocasiones se da hasta entre las propias ciudades fronterizas.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, realicen un estudio y evaluación de la viabilidad de adicionar a los municipios de Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, de Chiapas, a la fracción III del artículo 2 del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente
Presidente: Diputado Arturo García Portillo (rúbrica).
Secretarios: Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).
Integrantes: Diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación de pagos que la Comisión Federal de Electricidad ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía
México, DF, a 10 de enero de 2012.
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Electricidad ante el pleno de la Comisión Permanente para que explique los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. Los diputados promoventes señalan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.2 millones de clientes, lo que representa más de 100 millones de habitantes, además de que incorpora anualmente más de 1 millón de clientes nuevos.
Refieren que al cierre de 2010, la CFE llevó el suministro de energía eléctrica a más de 190 mil localidades, con lo que 97.60 por ciento de la población utiliza la electricidad y que del 100 de su volumen de ventas, 99 por ciento son ventas directas al público y el restante 1 por ciento se exporta, y el sector doméstico comprende 88.40 por ciento de sus clientes.
Que por ser una empresa manejada por el Estado, debe ser una organización comprometida con la calidad, operada y dirigida por técnicos que cumplen ampliamente este principio en beneficio de los ciudadanos, con un modelo de transparencia y rendición de cuentas.
Continúan señalando que la CFE se ha envuelto en un escándalo de corrupción, y especifican el caso de la red de complicidades que formaron elementos del Poder Judicial y de la paraestatal por la cual resolvían litigios en 10, 13 o 17 días para obligar a la CFE a pagar millonarias indemnizaciones por los derechos para instalar líneas de transmisión en predios particulares, los llamados “servidumbre de paso” y “derechos de vía”.
Que la Secretaría de la Función Pública tiene documentadas diversos actos de corrupción entre jueces, abogados y peritos para defraudar a la CFE en Sinaloa; y que estas irregularidades se denunciaron por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la auditoría de la Cuenta Pública de 2009, que establece los resultados de las auditorías financieras y de cumplimiento, respecto a las indemnizaciones por servidumbre de paso y derechos de vía en la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste de la CFE; un resumen de observaciones y acciones, como la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y denuncias de hechos, así como el dictamen negativo, que establece que la CFE no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la gestión financiera de las erogaciones por indemnizaciones por servidumbre de paso y derechos de vía.
Los promoventes señalan que derivado de las denuncias, la Secretaría de la Función Pública ha determinado que el monto del daño en Sinaloa alcanza mil 300 millones de pesos; y que es probable que esta red de corrupción abarque otros estados de la República Mexicana, dañando el patrimonio de la paraestatal. Por lo anterior, proponen el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Antonio Vivanco Casamadrid, comparezca ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar ampliamente las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones irregulares han provocado a la paraestatal y los avances que se tienen en las investigaciones del caso en Sinaloa, así como para explicar si es un caso aislado o se está presentando en otras entidades.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por los autores de la proposición que se dictamina.
Que los hechos ocurridos en Sinaloa relacionados con actos de corrupción entre abogados, jueces, peritos y servidores públicos de la CFE son hechos por demás conocidos, y que se pueden corroborar en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009, emitido por la Auditoría Superior de la Federación.
No obstante, la comisión dictaminadora no estima oportuno solicitar la comparecencia del titular de la CFE, toda vez que se considera pertinente dar tiempo para que las autoridades competentes realicen las investigaciones a fondo de las denuncias hechas, así como dar oportunidad a la CFE de revisar los despachos jurídicos que tiene a su servicio en el territorio nacional, por lo que los integrantes de la dictaminadora valoran la importancia de solicitar la información relativa a efecto de que esta soberanía pueda estar mejor informada y normar debidamente su criterio.
En ese sentido, se considera oportuno en una primera etapa solicitar al titular de la Comisión Federal de Electricidad que informe por escrito a esta soberanía respecto ala situación de los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, y las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones le han provocado, así como un informe detallado sobre la situación actual y los resultados de las investigaciones del caso en Sinaloa y si estas acciones se presentan en otras entidades federativas.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad que remita un informe por escrito a esta soberanía en un plazo no mayor de una semana, a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, en el que se detalle la información correspondiente a los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones han provocado ésta, así como la situación actual y los resultados de las investigaciones del caso en Sinaloa y si estas acciones se presentan en otras entidades federativas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente
Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadia San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación de la deuda pública federal y de los estados
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP ante el pleno de la Comisión Permanente, para que explique la situación actual de la deuda pública federal y de los estados, suscrita por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. Los promoventes refieren que desde finales de 1982, la deuda pública se convirtió en un problema en el país, cuando la deuda pública externa acumuló aproximadamente 80 mil millones de dólares, toda vez que se enfrentó un problema grave de liquidez que provocó la primera gran crisis económica que enfrentó México.
Mencionan que desde ese año se empezó a utilizar la deuda pública interna, que se le dio mayor importancia hasta finales de 1994; y que es utilizada por el gobierno para financiar su gasto público, y que ha generado las crisis de deudas que originan salida de capitales, devaluación del peso, incremento de la inflación y de las tasas de interés, lo que ha causado una gran pérdida del poder adquisitivo de la población.
Los promoventes mencionan que la deuda pública es una enorme carga para las finanzas públicas y hacen una comparación del porcentaje del gasto destinado al desarrollo social y al gasto educativo, lo que da una idea de la magnitud de recursos que por destinarse al pago de deuda no se canalizan al gasto social; que dedicar 24 por ciento del gasto del gobierno federal a esta área es excesivo, aún cuando la deuda pública tiene aspectos positivos con un manejo financiero adecuado, el costo de la misma es excesivo para las finanzas públicas y para la economía en su conjunto.
Continúan los promoventes señalando que a diciembre del año pasado, los pasivos de los ayuntamientos ascendieron a 36 mil 708 millones de pesos, 11.65 por ciento del endeudamiento total de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal que es de 315 mil 16.7 millones de pesos al primer trimestre de 2011.
Que los gobiernos de las entidades federativas y municipios dependen de manera importante de las transferencias del gobierno federal, y que no obstante, la opacidad y falta de rendición de cuentas prevalece en los estados y municipios en lo referente a la deuda pública.
Sitúan como ejemplo de opacidad, abuso de poder y corrupción, el caso de la deuda pública de Coahuila durante la gestión del gobernador anterior y hacen una reseña de las irregularidades encontradas.
Asimismo, cuestionan si existirán más entidades federativas que se encuentren en las mismas circunstancias, con un monto de deuda registrada ante hacienda y otra real, que pongan en riesgo la estabilidad financiera no sólo de los estados sino del país en su conjunto. Por lo anterior, proponen el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que el secretario de Hacienda y Crédito Público comparezca ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para explicar, ampliamente, la situación de la deuda pública federal y de los estados y municipios, las implicaciones económicas y jurídicas que las situaciones irregulares que se presenten puedan provocar en el país y los mecanismos de prevención y control que proponen para controlar el endeudamiento excesivo, así como para evitar que se puedan utilizar indebidamente los recursos obtenidos vía financiamiento, para campañas políticas en lugar de proyectos que beneficien a la población, y los avances que se tienen en las investigaciones del caso Coahuila y si es un caso aislado o se está presentando en otras entidades.”
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por los autores de la proposición que se dictamina.
La que dictamina coincide con los diputados promoventes en el sentido de que en los últimos años se ha registrado un acelerado endeudamiento de las entidades federativas y municipios, y que de no ser corregido oportunamente, representa una situación que pone en riesgo la estabilidad financiera del país.
De la misma forma, se concuerda con los promoventes en la importancia de transparentar los recursos transferidos de la federación a los estados, actuando bajo los principios de legalidad y de rendición de cuentas.
Que el tema de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios ha sido de gran interés por parte de los legisladores, toda vez que se han presentado diversos puntos de acuerdo en la materia durante la actual legislatura, en los que se manifiesta la preocupación por mantener una estabilidad financiera, además de transparentar el ejercicio de los recursos públicos.
Asimismo, la comisión dictaminadora reprueba en general las prácticas irregulares de contratación de deuda, que han afectado o afectarán la economía del Estado y de sus habitantes.
Conforme a lo anterior, la comisión dictaminadora considera que, previo a celebrar una comparecencia con el titular de la SHCP, se le solicite información por escrito sobre la situación que prevalece en cada uno de los estados y municipios, así como las medidas que se están tomando para disminuir el endeudamiento en las entidades; lo anterior, para que esta dictaminadora pueda estar en condiciones de valorar la información que se remita y pueda normar su criterio.
No obstante, los legisladores integrantes de esta comisión concuerdan que de no obtener la información que se solicita en el presente punto de acuerdo, entonces la Tercera Comisión de Trabajo determinará la conveniencia de citar a una reunión de trabajo al funcionario, en donde se puedan aclarar las dudas que los legisladores presenten.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sirva hacer llegar a esta soberanía, en un plazo no mayor a una semana a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, un informe detallado sobre:
a) La situación actual de la deuda pública federal, de los estados y municipios;
b) Las implicaciones económicas y jurídicas que las situaciones irregulares en el manejo de la deuda pública puedan provocar en el país;
c) Los mecanismos de prevención y control que se proponen para controlar el endeudamiento excesivo, en el ámbito de su competencia, y
d) Los avances que se tienen en las investigaciones del caso Coahuila, si es un caso aislado o se está presentando en otras entidades federativas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente
Diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica) diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín, senador José Antonio Abadia San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).
De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Financiera Rural que intervenga a fin de que los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, obtengan una prórroga para cubrir adeudos
Honorable Asamblea
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Financiera Rural que intervenga a fin de que los arroceros de Cuauhtémoc, Colima obtengan una prórroga para cubrir sus adeudos, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García y suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones el diputado Gerardo Sánchez García, refiere que los productores de arroz del estado de Colima atraviesan por una crisis financiera que tiene su origen en la falta de pago de la Empresa Covadonga por 3.8 millones de pesos, correspondiente el ciclo primavera- verano 2009, en 36 productores.
Asimismo señala que, los adeudos de Covadonga a los arroceros del país son los siguientes: 2009: 15.8 millones de pesos; 2010: 74.3 millones de pesos; total 90.1 millones de pesos.
En atención de lo anterior, establece que sin liquidez, sin manera de obtenerla, amén de la falta de cumplimiento de los compromisos del gobierno y empresas irresponsables que arrastran con su actitud a productores que confían en ellas, resulta imposible que puedan cubrir sus obligaciones financieras. Es el caso de los arroceros del municipio de Cuauhtémoc, SRL de RL de Colima, que adeudan un crédito de avío por 9 millones de pesos con Financiera Rural, para lo cual se tramitó una prórroga por 90 días, sin embargo dadas las circunstancias descritas no se han podido cubrir las amortizaciones. Lo mismo sucede con un crédito refaccionario por 10 millones de pesos, cuyo primer vencimiento fue en septiembre de 2011. El monto a pagar es por 700 mil pesos más intereses.
Ambos créditos ya han sido judicializados, es decir, han sido designados despachos para proceder a su cobro, lo cual, de llevarse a cabo estos procesos, ponen en serio riesgo el patrimonio de los arroceros colimenses y la seguridad de sus familias.
Por ello, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Financiera Rural, FIRA, Sagarpa y Aserca a explorar mecanismos que den viabilidad práctica a la solución de los problemas de pago que enfrentan los productores de arroz en Colima y, de haber casos semejantes, atender los de otras regiones o estados de la república.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Financiera Rural a atender la solicitud de los arroceros del municipio de Cuauhtémoc, SRP de RL en el estado de Colima a fin de no judicializar el pago de los créditos que estos productores tienen con esta institución, y se les otorgue flexibilidad y nueva prórroga para cubrir sus adeudos, toda vez que no se están negando a pagarlos, sino las circunstancias coyunturales los obligan a un incumplimiento involuntario.
II. Esta comisión dictaminadora comparte la idea del proponente de exhortar a Financiera Rural para que intervenga a fin de que los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, obtengan una prórroga para cubrir sus adeudos.
Lo anterior, con la intención de dar cumplimiento al objeto para el cual es creada Financiera Rural y que consiste en coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población, a través del otorgamiento de crédito y manejando sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente.
Con la intención de dar cumplimiento a los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentado en los artículos 25 y 26 constitucionales que disponen:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
De tal modo que se pueda propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos, en atención a que el incumplimiento tal y como lo refiere es por causas ajenas a los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, derivado de la crisis financiera que tiene su origen en la falta de pago de la empresa Covadonga.
Por otro lado, se considera adecuado exhortar a distintas dependencias del gobierno federal, para implantar mecanismos que den solución a los problemas de pago que enfrentan los productores de arroz, en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento al objeto para cual fueron creadas, como es el caso de:
• Financiera Rural que tiene por objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población, a través del otorgamiento de crédito y manejando sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente.
• Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, son cuatro fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal en el Banco de México que tiene por objeto otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país.
• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que tiene por objeto propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.
• Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el propósito de contar con un instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de los titulares de Financiera Rural, FIRA, Sagarpa y Aserca a explorar mecanismos que den viabilidad práctica a la solución de los problemas de pago que enfrentan los productores de arroz en el estado de Colima y demás casos semejantes.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de Financiera Rural a atender la solicitud de los arroceros del municipio de Cuauhtémoc, SRP de RL, en el estado de Colima a fin de que se les otorgue flexibilidad y nueva prórroga para cubrir sus adeudos, toda vez que no se están negando a pagarlos, sino las circunstancias coyunturales los obligan a un incumplimiento involuntario.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente
Presidente: Diputado Arturo García Portillo (rúbrica).
Secretarios: Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).
Integrantes: Diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).