Oficios
- De la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de los resultados de la participación de la Armada de México en los ejercicios navales Unitas LII, Fase Atlántica, y Panamax-2011
- De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Augusto Moisés García Ochoa pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa
- De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Zadalina González y Reynero pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el gobierno de la República de Costa Rica
- De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Librado Vázquez Flores pueda aceptar y usar la Condecoración del Honor al Mérito, en Clase Única, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
- De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Polonia
- De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo
- De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Emiratos Árabes Unidos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq
- De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Marco Antonio García Blanco embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante Burkina Faso y las Repúblicas de Benín, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona
- De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Gerardo Lozano Arredondo embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente del país ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica
- De la Secretaría de Gobernación, siete con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
- De la Secretaría de Gobernación, catorce con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores
- De la Cámara de Senadores, con el que remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de esa soberanía para febrero de 2012
Iniciativas
- Del Congreso de Chihuahua, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
- Del Congreso de Durango, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Del Congreso de Quintana Roo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal
Declaratoria de aprobación del proyecto de decreto que reforma el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., así como la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Secretarios de la Comisión Permanente
Presentes
Me permito remitir a ustedes el expediente y las aprobaciones de los Congresos de los estados de: Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, relativas a la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocimiento de la Comisión Permanente.
México, DF, a 10 de enero de 2012.
Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica)
Secretaria
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe de los resultados de la participación de la Armada de México en los ejercicios navales Unitas LII, Fase Atlántica, y Panamax-2011
México, DF, a 10 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo cuarto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2011, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del oficio número A/.- 2249, signado por el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, mediante el cual informa sobre los resultados de la participación de la Armada de México en los ejercicios navales “Unitas LII Fase Atlántica” y “Panamax 2011”, que se llevaron a cabo del 15 de abril al 11 de mayo de 2011, en aguas de jurisdicción brasileña, y del 15 al 26 de agosto de 2011, en aguas de jurisdicción panameña, respectivamente.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Augusto Moisés García Ochoa pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa
México, DF, a 4 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 00019, el embajador Jorge Castro-Valle K., director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Augusto Moisés García Ochoa pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vítae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Zadalina González y Reynero pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el gobierno de la República de Costa Rica
México, DF, a 4 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 00018, el embajador Jorge Castro-Valle K., director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Zadalina González y Reynero pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el gobierno de la República de Costa Rica.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vítae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Librado Vázquez Flores pueda aceptar y usar la Condecoración del Honor al Mérito, en Clase Única, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
México, DF, a 4 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 00016, el embajador Jorge Castro-Valle K., director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Librado Vázquez Flores , pueda aceptar y usar la condecoración del Honor al Mérito , en Clase Única , que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad
De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Polonia
México, DF, a 10 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto, y con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que, en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Ricardo Villanueva Hallal embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Polonia.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo
México, DF, a 10 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto, y con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que, en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Juan Alfredo Miranda Ortiz embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Emiratos Árabes Unidos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq
México, DF, a 10 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Francisco Javier Alonso Escobar, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica)
Subsecretario
De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Marco Antonio García Blanco embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante Burkina Faso y las Repúblicas de Benín, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona
México, DF, a 10 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Marco Antonio García Blanco, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria, y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Burkina Faso y las Repúblicas de Benín, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica)
Subsecretario
De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de la República nombró al ciudadano Gerardo Lozano Arredondo embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Jamaica y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente del país ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica
México, DF, 10 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Gerardo Lozano Arredondo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica, y en forma concurrente sujeto a la recepción de beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica)
Subsecretario
De la Secretaría de Gobernación, siete con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados
México, DF, a 3 de diciembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Congreso de la Unión
Presente
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio número SEDEREC/602/2011, mediante el cual la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar políticas públicas para prevenir erradicar cualquier forma de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidades.
Lo anterior, en relación con el oficio número D.G.P.L.61-II-9-4174, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica)
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
México, DF, a 23 de noviembre de 2011.
Licenciado José Ángel Ávila Pérez
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
Presente
Me permito hacer referencia al oficio número SG/LVH1275/2011, de fecha 26 de octubre del año en curso, en el que hace de conocimiento que el 20 de octubre del mismo año en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar políticas públicas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidades.
Para tal efecto, a través de la dependencia a mi cargo y derivado de las atribuciones que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en el artículo 23 Quintus, hemos implementado acciones dirigidas a la población rural, indígena, huésped, y migrante con proyección de un bienestar social y abatir la brecha de desigualdad y pobreza y promoviendo la igualdad de oportunidades mediante los programas institucionales, los cuales son resultado de un análisis y diagnóstico de la situación de los grupos sociales más expuestos. El objetivo de la dependencia para estos grupos de población es impulsar una estrategia orientada a eliminar las brechas de desigualdad, mejorar sus ingresos, instituir la perspectiva de género como criterio fundamental en la formulación de las políticas públicas en el ramo y promover el fortalecimiento de los derechos indígenas y la diversidad pluricultural. Para ello también hemos contribuido en las tareas de la sensibilización, capacitación y difusión.
Con el propósito de impulsar y fortalecer la igualdad de oportunidades, hemos creado los siguientes programas:
Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de la Ciudad de México, cuyo objetivo es proporcionar apoyos y ayudas a los habitantes del Distrito Federal que han migrado, y a sus familiares que permanecen, así como a los migrantes nacionales o internacionales, en calidad de huéspedes, con énfasis en la atención a mujeres y otros grupos sociales expuestos, con condiciones económicas en desventaja, previendo el cumplimiento de las disposiciones que sobre los “derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo” establece el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la línea de política sobre “protección de los derechos sociales y civiles” del Programa Integral de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 2008-2012.
Programa de Mujer Rural, Indígena Huésped y Migrante, cuyo objetivo es el de integrar, coordinar e impulsar acciones públicas en el Distrito Federal para disminuir la brecha de desigualdad que padecen las mujeres de las comunidades rural, indígena, huésped, migrante y de pueblos originarios; derivada de una diferencia de género e inequidad social; promoviendo el bienestar de esta población mediante la recuperación y reconocimiento de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales, y previendo el cumplimiento de las disposiciones aplicables contenidas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, en el cual su propósito es apoyar las distintas manifestaciones sociales, culturales, lingüísticas y comunitarias de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como ayudar en la gestión social a los integrantes de los pueblos indígenas; y
Programa de fortalecimiento y apoyo a pueblos originarios de la ciudad de México, su objetivo es promover el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos originarios, respetando su identidad social, cultural, usos, costumbres e instituciones propias, mediante acciones de apoyo a proyectos de los pueblos originarios.
En términos de interinstitucionalidad, la Sederec es integrante de la Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social, encargada de aplicar una política de combate a la desigualdad, promoción de la equidad y la inclusión social a través de políticas universalistas, territorializadas que comprenden desde las atenciones inmediatas y la creación del patrimonio familiar hasta la formación solida de capacidades, con propósitos redistributivos hacia los grupos sociales, familias en condiciones de pobreza, exclusión o discriminación.
Fue integrante del Consejo para prevenir y erradicar la Discriminación en el Distrito Federal (Copred), en donde participó activamente en la elaboración de la Ley para prevenir y erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, haciendo un especial énfasis en la prevención y erradicación de discriminación contra los pueblos indígenas y población migrante.
Asimismo, esta dependencia impulsó la expedición de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, cuyo objetivo es regular la hospitalidad, propiciar la interculturalidad y salvaguardar los derechos derivados del proceso de la movilidad humana en la Ciudad de México, y donde se expresa la diversidad sociocultural de sus habitantes sustentada en los pueblos indígenas, originarios y sus integrantes, así como de las personas de diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros colectivos sociales, en un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio público.
Sin embargo, y segura de que aún hace falta incrementar apoyos para la población que Sederec atiende y sin escatimar acciones, coadyuvará en coordinación con las instancias correspondientes para impulsar la cultura de no discriminación en todos sus ámbitos de acción.
Sin otro particular, le manifiesto mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
María Rosa Márquez Cabrera (rúbrica)
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
(Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.)
México, DF, a 14 de diciembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
LXI Legislatura
Presente
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, me permito adjuntar el oficio número DAO/DGDD/DPMA/330/11, mediante el cual el ciudadano Héctor Mauricio Olivares Ramírez, director de Planeación y Modernización Administrativa en la Delegación Álvaro Obregón, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos.
Lo anterior en relación con el oficio número D.G.P.L.61-II-8-1762, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del punto de acuerdo en sesión celebrada el 8 de noviembre del presente, relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica)
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
México DF, a 6 de diciembre de 2011.
Licenciado Eliseo Moyao Morales
Coordinador de Enlace Delegacional
Presente
Por instrucciones del jefe delegacional en Álvaro Obregón y en atención a su oficio número SG/CED/2680/2011, respecto al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de noviembre del presente, le informo que en el ámbito de su competencia, esta delegación política ha desarrollado las siguientes acciones:
1. Para contar con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio, se ha instruido a las diversas áreas involucradas en la atención del público usuario en esta materia, para que se mejore sus niveles de servicio y respetando estrictamente la normatividad existente facilite los trámites que se soliciten.
2. En cuanto a favorecer el uso de herramientas tecnológicas y de acceso a la información, esta Delegación Política ha renovado el equipo informático en especial en las áreas de servicio al público y mantiene actualizada la información que se publica en la página delegacional dao.gob.mx.
Sin otro particular, reciba un saludo.
Atentamente
Héctor Mauricio Olivares Ramírez (rúbrica)
Director de Planeación y Modernización Administrativa
México, DF, a 14 de diciembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, me permito adjuntar el oficio DGDE/585/2011, mediante el cual Mercedes Díaz Ferrería, directora general de Desarrollo Económico en la delegación Azcapotzalco, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos.
Lo anterior en relación con el oficio D.G.P.L. 61-II-8-1762, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del punto de acuerdo en sesión celebrada el 8 de noviembre del presente, relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica)
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
Azcapotzalco, DF, a 1 de diciembre de 2011.
Licenciado Eliseo Moyao Morales
Coordinador de Enlace Delegacional
Secretaria de Gobierno del Distrito Federal
En atención al oficio SG/CED/2681/2011 enviado al jefe delegacional en Azcapotzalco, Enrique Vargas Anaya, con fecha 22 de noviembre del presente año, en el cual le remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de noviembre del año en curso que a la letra dice en su parte resolutiva:
“Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos. En específico, procuren la coordinación, coherencia y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a efecto de informar acerca de los convenios considerados en el artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que haya celebrado con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la consecución de los objetivos de la mencionada ley”.
Por lo anterior, me permito informarle lo siguiente:
En Azcapotzalco se tiene un entorno favorable para el desarrollo de las actividades empresariales, puesto que es la delegación, de acuerdo con su Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, que cuenta en términos normativos con el mayor espacio de uso de suelo para las actividades industriales. Presenta 11 zonas industriales, siendo la mayor, la industrial de Vallejo. Es la primera demarcación en generación de valor agregado correspondiente al sector manufacturero del Distrito Federal y en la generación de empleo en ese mismo sector.
La delegación Azcapotzalco contiene el 32.9 por ciento del uso del suelo industrial del Distrito Federal; aporta el 15.6 por ciento del empleo industrial productivo de trabajo para muchos habitantes del Valle de México y de la zona metropolitana.
En el censo económico de 2009, la delegación Azcapotzalco registró 17 mil 280 unidades económicas, y para 2011 el Directorio Nacional de Unidades Económicas (Denue), documento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que se actualiza permanentemente, presenta 18 mil 897, esto quiere decir que en los dos años que lleva la presente administración delegacional se han incrementado éstas en 2 mil 763, lo que implica que en los 700 días de gobierno delegacional, cada 24 horas se establecen, en promedio, dos nuevos negocios en la demarcación.
En cuanto a la estructura productiva, la microempresa representa 90.3 por ciento de todos 105 establecimientos; la pequeña empresa , 6.6 por ciento; la mediana empresa , 2 por ciento y la gran empresa , 1.1 por ciento.
En lo que respecta al valor agregado generado por el sector productivo de la demarcación que es casi equivalente al concepto de producto interno bruto (PIB), salvo que no incluye los impuestos directos, es de 76 mil 886 millones de pesos, que representa 9.2 por ciento con respecto al total del Distrito Federal.
Destaca la importancia de la actividad manufacturera en la delegación, creando casi 40 por ciento del valor agregado que se genera en la Ciudad de México en dicha rama.
La delegación Azcapotzalco, en la presente administración, celebró un macro acuerdo el 16 de febrero de 2010 con empresas e instituciones académicas, con la finalidad de vincular y colaborar en los programas institucionales en materia de desarrollo económico.
Por otro lado, en estos dos años de la gestión de Enrique Vargas Anaya, se han firmado 34 convenios de colaboración con diferentes instituciones educativas para la capacitación para el trabajo y se han concretado grupos de intercambio con 100 empresas para las vacantes que se ofertan en las Ferias Integrales del Empleo que se celebran.
Dentro de estos convenios tiene relevancia el celebrado con el Centro Incubador de Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, con la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y su Observatorio Económico de México, entre otros.
Sin otro particular me despido de usted, reiterándole mis más sinceras consideraciones.
Atentamente
Mercedes Díaz Ferrería (rubrica)
Directora General
(Se remiten a la Comisión de Economía.)
México, DF, a 12 del diciembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio SPC/DA/RH/512/2011 mediante el cual la jefa de la Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Secretaría de Protección Civil, da respuesta al punto de acuerdo, en el que se exhorta a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de discapacidad, y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público o empleado que durante el último trimestre del año 2010 y durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.
Lo anterior, en relación con el oficio D.G.P.L.61-11-4-1686 en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso del Unión, la aprobación de un punto de acuerdo, relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica)
Secretario de Gobierno del Distrito Federal
México, DF, a 6 de diciembre de 2011.
Licenciado José Ángel Ávila Pérez
Secretario de Gobierno
Presente
Hago referencia a la circular OM/DGA/2075/2011, de fecha 11 de octubre del año en curso, que en copia acompaño, mediante la cual el licenciado Gaspar Rodríguez Alarcón , director general de Administración de la Oficialía Mayor solicita que la información relacionada con el punto de acuerdo aprobado con fecha 14 de septiembre pasado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se dirija a esa Secretaría de Gobierno.
Sobre el particular, le informo que por oficio número SPC/DJ/564/2011 de fecha 22 de noviembre del año en curso, cuya copia adjunto al presente, el licenciado Jorge Soto Domínguez, director jurídico de la dependencia hizo de mi conocimiento que desde la fecha de su nombramiento hasta el día de su oficio no se ha recibido ni se tiene registrada ninguna demanda laboral por motivos de discriminación y/o discapacidad.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Lourdes de la Paz Castellanos Espinosa (rúbrica)
Unidad Departamental de Recursos Humanos
México, DF, a 11 de octubre de 2011.
Directores Generales, directores generales de administración u homólogos adscritos a la
Oficialía Mayor, subdirectores y jefe de Unidad Departamental de Enlaces Administrativos
dependientes de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor
Presentes
Adjunto a la presente copia del oficio número D.G.O.L. 61-II-4-1686 de fecha 14 de septiembre del año en curso, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se hace del conocimiento que en esa misma fecha fue aprobado un punto de acuerdo, que entre otros aspectos señala.
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente (...), a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de discapacidad, y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público o empleado que durante el último trimestre del año 2010 y durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.”
Lo anterior, con la atenta solicitud de que se dirija al titular de la Secretaría de Gobierno, la información necesaria para atender dicho planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que al respecto se estimen procedentes realizar.
Sin más por el momento, aprovecho, la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Gaspar Rodríguez Alarcón (rúbrica)
Director General
(Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.)
México, DF, a 6 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-2274, signado por el diputado Uriel López Paredes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 0001/12, suscrito por la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para que se establezcan oficinas consulares de ese país en Mexicali, Baja California.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 2 de enero de 2012.
Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en apego a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo, me permito hacer llegar la respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión del pasado 23 de noviembre, el cual remitió para nuestra atención con oficio número SEL/UEL/311/4135/11, y que a continuación se describe:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se solicite a la Embajada de México en Estados Unidos que inicie las negociaciones con sus homólogos del vecino país del norte, para que con base en los protocolos establecidos por la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América de 1942 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se establezcan oficinas consulares de Estados Unidos de América en la ciudad de Mexicali, Baja California.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, a la luz de dichos instrumentos, realice un estudio sobre poblaciones mexicanas que se encuentren en necesidades semejantes.”
Por lo antes expuesto, ruego ser el amable conducto para hacer llegar la respuesta que se anexa al vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputado Uriel López Paredes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
Respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para que se establezcan oficinas consulares de ese país en Mexicali, Baja California
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado nota del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 23 de noviembre pasado y lo ha transmitido a la Embajada de Estados Unidos en México por vía diplomática.
La Cancillería se mantiene en contacto con los representantes del gobierno estadounidense para transmitir los beneficios que conllevaría la apertura de un consulado en dicha ciudad, y otras con necesidades semejantes.
En los términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la decisión de instalar cualquier tipo de representación consular es facultad exclusiva y soberana del gobierno estadounidense. El gobierno mexicano únicamente está en aptitud de conceder o no su anuencia para tal efecto.
(Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores.)
México, DF, a 6 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-2-1878 signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 0007/12 suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer las acciones de protección y defensa de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 2 de enero de 2012.
Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo, me permito hacer llegar la respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la sesión del pasado 23 de noviembre, el cual remitió para nuestra atención con oficio SEL/UEL/311/4132/11, y que a continuación se describe:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los canales diplomáticos adecuados se dirija ante el Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de que respecto a las leyes de su país, y a los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para profundizar y fortalecer las acciones de protección y defensa de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América”.
Por lo antes expuesto, ruego ser el amable conducto para hacer llegar la respuesta que se anexa al vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputado Jesús María Rodríguez Hernández.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General
Respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relativo a la adopción de disposiciones necesarias para profundizar y fortalecer las acciones de protección y defensa de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América
La cancillería mantiene un contacto permanente con las autoridades estadounidenses, a todos los niveles, para asegurar la protección de los derechos de los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria. Al mismo tiempo, el gobierno de México es respetuoso del derecho soberano de los Estados Unidos a adoptar sus propias leyes.
De manera prioritaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red consular en Estados Unidos, realiza una amplia labor de asistencia y protección consular a las niñas, niños y adolescentes migrantes. Se trata de un ámbito de acción prioritario.
En 2010, la red consular de Estados Unidos atendió 19 mil 623 casos de asistencia y protección consular relacionados con menores de edad. Del total, 15 mil 719 casos correspondieron al ámbito migratorio, y 13 mil 277 de éstos fueron repatriaciones de niños, niñas y adolescentes.
El número de menores no acompañados repatriados de enero a octubre de 2011 fue de 9 mil 405, lo que representa una disminución de 19 por ciento con respecto a los 11 mil 639 repatriados en el mismo periodo anterior. Este dato muestra la misma tendencia que el resto de los grupos emigrantes. 69 por ciento de los menores declaró que el motivo de la migración era laboral.
En diciembre de 2008 entró en vigor en Estados Unidos la Ley William Wilberforce sobre Reautorización y Protección de Víctimas de Trata (TVPRA). La aplicación de esta ley, así como el seguimiento de algunos casos por parte de la organización sin fines de lucro Appleseed, dio lugar al informe Niños en la frontera: la identificación, protección y repatriación de menores no acompañados , con diversas recomendaciones para mejorar el proceso de atención y repatriación a lo largo de la frontera compartida en beneficio de niñas, niños y adolescentes migrantes.
El gobierno de México sigue con atención el efecto de la evaluación hecha por esta organización no gubernamental a los procedimientos de atención a menores no acompañados dentro de la Ley William Wilberforce, a fin de reforzar las condiciones de seguridad, atención y reunificación con sus familias en México, cuando así lo permiten las condiciones familiares y socioeconómicas del menor en cuestión.
Por otra parte, la cancillería realiza una revisión periódica de los acuerdos locales de repatriación que fueron suscritos entre la red consular y la autoridad migratoria estadounidense, con el fin de homogeneizar los procedimientos de repatriación de mexicanos en Estados Unidos desde cualquier punto de ese país. La repatriación de menores no acompañados recibe una atención especial y prioritaria. Participan en la instrumentación de estos acuerdos la red consular mexicana, distintas agencias del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, las distintas delegaciones regionales del Instituto Nacional de Migración (INM) y, ya en territorio nacional, dependencias de distintos órdenes de gobierno, como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La cancillería busca también fortalecer la relación institucional y la cooperación entre la red consular mexicana en Estados Unidos y los albergues para menores que administra la División de Atención a Menores No Acompañados de la oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Existe un procedimiento de coordinación entre los 11 representantes regionales de dicha oficina y los 50 consulados de México para la correcta detención y canalización de casos. Se debe tomar en cuenta, sin embargo, que la mayoría de los menores son repatriados tras detenciones por la Patrulla Fronteriza o agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en las garitas migratorias dentro de un plazo no mayor a 48 o 72 horas de su ingreso a Estados Unidos, periodo en el que las autoridades estadounidenses no están obligadas por su legislación a transferir la custodia del menor a un albergue.
El gobierno de México trabaja también para multiplicar los mecanismos formales de comunicación con departamentos estatales de servicios y protección a los menores. A partir de 1999, con la firma del primer memorando de cooperación entre el Consulado General de México en Los Ángeles en esta materia, se ha avanzado en la suscripción de una memoranda de entendimiento relativos a la notificación y acceso consulares en casos que involucren a menores en condados y estados clave. A la fecha existen 10 acuerdos vigentes y 5 más en revisión o negociación.
Se realizan esfuerzos para fortalecer las acciones legales en defensa y apoyo de menores de edad. La capacidad de asistencia técnico-jurídica de la red consular de México en Estados Unidos se fortaleció con la creación del Programa de Asistencia Jurídica Especializada (Proteje) en octubre de 2010, cuyo fin es identificar casos judiciales de alto impacto que puedan crear precedentes de carácter general favorables a los derechos y condiciones de vida de nuestros nacionales en Estados Unidos. La intervención de los abogados de este programa en un caso en Utah, derivó en que una madre obtuviera derechos de visita a su hijo, y en la firma de una memorándum de entendimiento de alcance estatal sobre acceso consular.
Por otro lado, con el fin de reforzar la colaboración entre las autoridades responsables, la cancillería participa en foros y mecanismos nacionales y bilaterales dedicados a la atención de las niñas, niños y adolescentes migrantes.
La IV Semana Nacional de Migración , celebrada del 17 al 19 de octubre de 2011 e inaugurada por el presidente Felipe Calderón, estuvo enfocada a los derechos humanos de los migrantes, principalmente a los de las niñas, niños y adolescentes no acompañados. Los temas tratados pueden consultarse en:
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/525-sre y http://www.presidencia.gob.mx/l2011/10inauguracion-de-la-semana-naci onal-de-migracion/
(Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores.)
México, DF, a 3 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-4405 signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UAOS/212/994/2011 suscrito por el ingeniero Francisco Yáñez Centeno, titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Subsecretaría de Gobierno, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al conflicto agrario y de límites que existe entre las comunidades de Los Chimalapas,Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad para la Atención de las
Organizaciones Sociales
México, DF, a 21 de diciembre de 2011.
Licenciado Adrián Flores Ledesma
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4280/11, enviado al licenciado Obdulio Ávila Mayo, subsecretario de Gobierno, con el que se remite el punto de acuerdo aprobado el pleno la Cámara de Diputados en sesión del 6 de diciembre de 2011, mediante el que señala entre otros rubros: “Primero se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de las Secretarías de Gobernación, de Reforma Agraria, y de Recursos Naturales, así como a los gobiernos de los estados de Oaxaca y Chiapas, para que, coordinadamente, realicen todas las acciones necesarias para conciliar y resolver a la brevedad, el conflicto agrario y de límites que existe entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas”.
Al respecto, informo a usted para los efectos procedentes que, en el marco de las atribuciones de esta secretaría se ha venido trabajando desde 2008 de forma coordinada con las dependencias que integran los sectores agrario, forestal y de desarrollo social para buscar alternativas de solución al problema agrario y forestal, así como para impulsar el desarrollo social en la zona. Al respecto se debe puntualizar que con fecha 24 de septiembre de 2008, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) estableció la mesa de atención agraria y el 18 de marzo de 2009 se instaló en la Secretaría de Gobernación (Segob) la mesa social que preside la Subsecretaría de Desarrollo Social. En el seno de esas mesas se ha planteado a las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca, alternativas de solución al problema agrario a través de su incorporación al Programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) de la Secretaría de la Reforma Agraria, sin que a la fecha las comunidades hayan aceptado la propuesta gubernamental, por lo que actualmente se continúa trabajando en la búsqueda de alternativas de solución.
Durante el presente año derivado de diversos acontecimientos que generaron tensión social en la zona, se intensificaron las acciones de coordinación entre las dependencias federales, los gobiernos de Chiapas y Oaxaca.
Derivado de lo anterior se han celebrado diversas reuniones en esta secretaría entre las que destacan las efectuadas los días 8 y 24 de noviembre de 2011 presididas por el secretario de Gobernación, en las que participaron los gobernadores de los estados de Chiapas y Oaxaca, el secretario de la Reforma Agraria, funcionarios de la Semarnat, y de la PA, en las que se establecieron estrategias de atención y se establecieron compromisos para distender el conflicto.
En este marco los días 5 y 6 de diciembre se celebraron reuniones en esta secretaría, la primera encabezada por el subsecretario de gobierno de la Segob, en la que participaron funcionarios de esta dependencia, SRA, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el gobernador y secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca, diputados locales, el presidente municipal de Santa María Chimalapa y representantes de la comunidad de San Miguel y Santa María Chimalapa.
En dichas reuniones se analizó el estado que guarda la problemática agraria y forestal en la región de Los Chimalapas; y se acordó promover la suscripción de un acuerdo de distensión integral entre los ejidos y las comunidades en la zona que cree las condiciones para el diálogo entre núcleos.
El 15 de diciembre de 2011 se celebró una reunión en la comunidad de San Miguel Chimalapa, en la que participaron el titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Segob, el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca, y los dirigentes de las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, en la cual se abordó la problemática por el cierre del camino al ejido Gustavo Díaz Ordaz, de Cintalapa, Chiapas, y en la que los comuneros ratificaron su compromiso de levantar el bloqueo a partir del día 18 de diciembre de 2011, compromiso que se cumplió en tiempo y forma.
Finalmente, se reitera el compromiso de esta secretaría de continuar trabajando en la búsqueda de acuerdos y alternativas de solución a la problemática agraria en la región de Los Chimalapas, siempre en apego al marco constitucional y legal.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Francisco Yáñez Centeno (rúbrica)
Titular de la Unidad
(Se remite a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Reforma Agraria.)
De la Secretaría de Gobernación, catorce con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores
México, DF, a 2 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número CP2R2A.-612 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSP/PF/OCG/1060/2011 suscrito por el ingeniero Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las bases jurídicas para proporcionar información, en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, al gobierno de Estados Unidos de América.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 3 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-592 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2964/11 suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los actos de daño, captura, trafico, privación de la vida a algún ejemplar de la tortuga marina.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 3 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-786 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2965/11 suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo relativo al tráfico ilícito de ejemplares de vida silvestre, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 3 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2358 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número OFICIO/SE/1133/2011 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las acciones para el fortalecimiento de la equidad de género.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 3 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2353 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número OFICIO/SE/1134/2011 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 3 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2362 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número OFICIO/SE/1135/2011 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la difusión de los proyectos productivos dirigidos a las mujeres, en los medios de comunicación masivos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 3 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-3443 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número OFICIO/SE/1141/2011 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la inclusión de la perspectiva de género en los programas federales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 4 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-3434 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CA/AG/001/2012 suscrito por la licenciada Virginia Messina Portugal, coordinadora de asesores de la Secretaría de Turismo, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la incorporación del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, al Programa Pueblos Mágicos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 4 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-592 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000044 suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 4 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2665 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000045 suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la siembra de maíz genéticamente modificado en fase piloto, en los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 4 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-1918 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000051 suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los proyectos de exploración y explotación de minerales dentro del territorio nacional.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2354 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 346 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DG P L -1 P3A.-1923 signado por el Sen. Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/3/8.C.17.5/ 0468-11 suscrito por el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al derrame de hidrocarburo en Playa del Niño, Cancún, en Quintana Roo, ocurrido el 26 de julio de 2010.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 6 de enero de 2012.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2880 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP 0015/12 suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a impulsar una agenda de colaboración en la undécima reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
De la Cámara de Senadores, con el que remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de esa soberanía para febrero de 2012
Del Congreso de Chihuahua, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
Chihuahua, Chihuahua, a 17 de noviembre de 2011.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 307/2011 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual este honorable Congreso del estado presenta ante esa alta representación iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 13, así como adicionar una fracción VI Bis al mismo numeral, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (rúbrica)
Presidente del Honorable Congreso del Estado
Acuerdo 307/2011 I P.O.
La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Artículo Primero. Presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 13, así como adicionar una fracción VI Bis al mismo numeral, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar de la manera siguiente:
Artículo 13. Las entidades deberán enviar al domicilio que señalen los clientes en los contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para el cliente y siempre y cuando exista una autorización previa firmada por el cliente, la cual deberá constar de manera independiente del contrato mismo y en la cual sólo se deberá tratar este tema.
...
...
...
I. a VI. ...
VI Bis. En caso de que el cliente firme una carta de autorización, para que las entidades le envíen a su domicilio el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el sobre o medio impreso que contenga dicho estado de cuenta, no deberá tener ningún tipo de publicidad, que evidencie la capacidad de crédito al consumo del cliente.
VII. ...
...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Articulo Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como del dictamen que le dio origen, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a diecisiete de noviembre de dos mil once.
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (rúbrica)
Presidente
Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río
(rúbrica)
Secretario
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González
(rúbrica)
Secretaria
Acuerdo 307/2011 I P. O.
Unánime
Honorable Congreso del Estado
Presente
La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a consideración del pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 11 de agosto de 2011, fue turnada para su estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto ante el honorable Congreso de la Unión presentada por el diputado Gerardo Hernández Ibarra, con la finalidad de reformar el artículo 13 y adicionar al mismo la fracción VI Bis, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Lo anterior a fin de que los estados de cuenta se envíen al domicilio del cliente siempre y cuando exista su autorización previa, misma que habrá de constar por escrito. Asimismo se pretende que en caso de que el cliente firme la aludida autorización, el sobre o medio que contenga el estado de cuenta, no deberá tener impreso ningún tipo de publicidad.
La iniciativa en comento se sustenta en los siguientes argumentos:
“El quehacer de los legisladores es cambiante como cambiante es la sociedad a quien representan, durante mucho tiempo el paradigma aceptado en el trabajo legislativo fue el desarrollo económico; hoy día tenemos como paradigma el desarrollo social y el fortalecimiento de la democracia como motivo rector; pero además me permito añadir que en base a las condiciones de inseguridad experimentadas, estamos obligados a legislar a favor de coadyuvar a que la seguridad sea más efectiva en todos los ámbitos posibles.
Las dificultades que los ciudadanos hemos tenido que sobrellevar en los últimos años, nos han obligado a modificar nuestros hábitos, exigiéndonos ser más cuidadosos en el manejo de nuestros bienes y patrimonio. Debemos ser conscientes de que la lucha contra la inseguridad es responsabilidad de todos, y por ello debemos implementar medidas que inhiban el delito; es bien sabido que para que ocurra un delito deben coincidir tres condiciones previas conocidas como el triángulo de la criminalidad, las cuales son la presencia de un agresor, de una víctima y de un sitio propicio para el delito. Este esquema nos enseña que basta con eliminar uno de los condicionantes para que el delito no ocurra. Y en ese sentido las leyes deben favorecer a la ruptura de estos triángulos de la criminalidad, fomentando la autoprotección ciudadana, el combate frontal a los delincuentes, así como la desactivación de sus redes de movilización, y el garantizar espacios públicos seguros. Para ello se debe usar la llamada prevención primaria, la cual busca promover acciones y movimientos para el desarrollo social, a través de la educación; la prevención secundaria, que es, dicho con brevedad el combate frontal a la delincuencia desde el ámbito policial, y también la prevención terciaria que tiene que ver con las medidas de autoprotección que los ciudadanos podemos implementar para impedir ser víctimas de un delito. Es difícil que no existan personas malintencionadas; pero en cambio podemos emprender acciones prácticas e inteligentes para que el ciudadano no sea una víctima potencial, o los lugares no ofrezcan situaciones que propicien el delito.
Es por ello que debemos ampliar nuestra comprensión de los fenómenos delictivos, con la finalidad de inhibirlos en la medida posible, verbigracia legislando a favor de aumentar la confidencialidad de los datos financieros y crediticios de las personas o empresas. Desgraciadamente tres de los delitos que más estragos han causado a la sociedad son la extorsión, el secuestro y el robo, para llevar a cabo estos delitos, los malhechores requieren contar con información relativa a las finanzas y al patrimonio de sus víctimas, dicha información garantizará la solvencia del ilícito. En el cumplimiento de este requisito delincuencial, los malhechores recopilan datos de sus víctimas tales como estados de cuenta o historiales crediticios, donde las más de las veces es explícita la solvencia de las personas; estos datos contribuyen de manera decisiva en la ejecución de una extorsión, un secuestro o un robo. Y como tradicionalmente no tenemos la cultura de la confidencialidad de nuestra información financiera o crediticia muchas personas se han convertido en presas de estas actividades delictivas. Es por ello que se vuelve indispensable modificar este tipo de conductas y ser más responsables de nuestra seguridad, sin embargo no todo es responsabilidad del ciudadano, desde este Honorable Congreso, nos compete ofrecer las reformas que garanticen la ejecución de esta cultura de la autoprotección, y del respeto a la confidencialidad de la información financiera.
Con el desarrollo y difusión de las herramientas de tecnologías de la información, hoy en día es mucho más seguro consultar los estados de cuenta a través de internet, o vía telefónica, garantizando la seguridad de los cuentahabientes y la confidencialidad de sus datos financieros.
Sin embargo, a pesar de que cada día las personas utilizan con mayor frecuencia este tipo de herramientas tecnológicas, se ha quedado por costumbre el envío mensual de los estados de cuenta al domicilio de los cuenta habientes, así como el envío de documentos con promociones, ofertas y autorizaciones para adquirir un crédito, fomentando el hurto de estos documentos para realizar extorsiones y actividades delictivas.
Dicho lo anterior, se obligará a los bancos y a las instituciones crediticias a consultar a sus clientes si es que desean recibir los estados de cuenta a través del servicio postal y, de lo contrario, ni los bancos ni las instituciones crediticias podrán enviar estados de cuenta en automático al domicilio de los cuentahabientes. Lo anterior para garantizar que se haga mal uso de esta información.
Del mismo modo consideramos necesaria la propuesta para normarla publicidad relativa a la obtención de créditos o préstamos bancarios, que tradicionalmente se envía expuesta a los domicilios de cuentahabientes y/o tarjetahabientes, dicha normatividad busca incrementar la seguridad de las personas que hacen uso de estos servicios bancarios y financieros.
Propongo eliminar el envío de publicidad expuesta a los domicilios de clientes de bancos o tiendas departamentales, dónde se presuma el poder adquisitivo del cuentahabiente o tarjetahabiente, esto ya que en la actualidad proliferan este tipo de envíos publicitarios, que pueden ser mal utilizados.
Eliminar el envío de estados crediticios de tiendas departamentales, salvo la previa autorización del tarjetahabiente. Y si el particular autoriza recibir dicha información, el banco, la tienda departamental o institución crediticia, deberá eliminar la información exterior que presuma poder adquisitivo del cuentahabiente o tarjeta habiente buscando en todo momento la neutralidad de las imágenes y textos publicitarios de los sobres y documentos enviados.
En conclusión estas medidas tienen como finalidad brindar una mayor seguridad a las personas que utilizan los servicios bancarios y crediticios, estamos seguros de que la Legislatura debe siempre tomar en cuenta el factor de la seguridad en todas las acciones e iniciativas que promueva, dado que el más importante desafío que llevamos a cuestas es el de restablecer el orden social y la tranquilidad de los ciudadanos.
Estamos seguros de que estas medidas ayudarán a romper triángulos de criminalidad puesto que los malhechores, dejarán de tener “la mesa servida” en relación con la disposición de la información financiera de las personas. Y si bien estas medidas por sí solas tienen un valor subsidiario, constituyen un paso importante para lograr restablecer la paz social.”
Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento formulamos las siguientes
Consideraciones
I. En México la mayoría de los bancos envían un estado de cuenta impreso a los domicilios de sus clientes, esto se ha venido efectuando desde muchos años atrás, pero hoy en día la tecnología ha ido creciendo cada vez más, siendo así más accesible para los habitantes de México, llegando a más personas de los diversos niveles sociales que existen dentro de nuestro país.
Son varios los medios existentes en la actualidad por medio de los cuales se pueden revisar los estados de cuenta y demás información de cuentas bancarias, un ejemplo de ellos es la consulta remota de cuentas mediante dispositivos móviles y tecnologías de la información y comunicación.
II. Actualmente México se encuentra viviendo en una ola de inseguridad, es por esto que como el iniciador menciona es menester que los bancos pregunten a sus clientes si desean el envió de sus estados de cuenta por correo ordinario, ya que en la actualidad les es enviado un sobre con el estado de cuenta a cada cliente bancario sin su previo consentimiento, quedando expuestos a que los delincuentes roben estos estados de cuenta del exterior de sus domicilios y tengan acceso a la información de las cuentas bancarias, siendo este un riesgo inminente para los clientes bancarios de ser víctimas de secuestro, robo o extorsión.
III. Económicamente hablando podemos referir que el envío de los estados de cuenta por correo ordinario representan un fuerte gasto, tanto en su fabricación como en su entrega, ya que somos varios millones de mexicanos quienes utilizamos los servicios bancarios y el enviarnos una impresión de cada estado de cuenta, representa un gasto de gran trascendencia para nuestro país, ya que existen habitantes en México que llegan a tener hasta cuatro o cinco cuentas bancarias.
Si se logra eliminar la fabricación y entrega de la mayoría de estos estados de cuenta, se estaría generando un gran ahorro para los bancos, que estos mismos podrían invertir ese capital en mayores ventajas y servicios para sus clientes.
IV. Por otro lado vemos que en nuestro planeta cada vez es más fuerte la problemática ecológica que al calentamiento global se refiere, según diversas fuentes de medios electrónicos se requieren quince arboles para poder fabricar una tonelada de papel aproximadamente, si multiplicamos la cantidad de papel que se utiliza en enviar los estados de cuenta a los domicilios de los clientes por los años que se practicado esta política bancaria veremos que es un gasto impresionante que nuestro país ha tenido que sustentar en varios rubros como lo es económica y ecológicamente.
V. Es necesario agregar que existen disposiciones de carácter general que se desprenden de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en materia de contratos de adhesión, publicidad, estados de cuenta y comprobantes de operación emitidos por las entidades comerciales señalados en el artículo 31, fracción I, inciso b), que las entidades comerciales deberán proporcionar a sus clientes una copia en el domicilio de la entidad comercial o sucursal, del estado de cuenta a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha de corte, si así lo solicita el cliente, de manera gratuita, salvo que se hubiere pactado el envió a domicilio.
Por lo expuesto anteriormente, la Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y 43, 52,59,98 y 99, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de
Iniciativa de decreto ante el honorable Congreso de la Unión
Artículo Primero. La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del estado aprueba presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 13, así como la adición de una fracción VI Bis al mismo numeral, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar de la manera siguiente:
Artículo 13. Las entidades deberán enviar al domicilio que señalen los clientes en los contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para el cliente y siempre y cuando exista una autorización previa firmada por el cliente, la cual deberá constar de manera independiente del contrato mismo y en la cual solo se deberá tratar este tema.
I. a VI. ....
VI Bis. En caso de que el cliente firme una carta de autorización para que las entidades le envíen a su domicilió el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el sobre o medio impreso que contenga dicho estado de cuenta, no deberá tener ningún tipo de publicidad, que evidencie la capacidad de crédito al consumo del cliente.
VII. ...
...
...
...
Artículo Segundo. Remítase la presente resolución a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para todos los efectos legales conducentes.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del estado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a diecisiete de noviembre de dos mil once.
Diputado René Franco Ruíz
Presidente
Diputado Ricardo Alan Boone Salmón (rúbrica)
Secretario
Diputado Jaime Beltrán del Río (rúbrica)
Vocal
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (rúbrica)
Vocal
Diputado José Alfredo Ramírez Rentería
Vocal
Del Congreso de Durango, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Diputados Secretarios del Congreso de la Unión
Presentes
En sesión ordinaria verificada el 10 de noviembre de 2011, la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto remite a ustedes iniciativa con proyecto de decreto, presentada por la diputada Karla Alejandra Zamora García, representante del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura, que contiene reforma del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, para que de considerarlo pertinente se adhieran a su contenido.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 29 de noviembre de 2011.
Diputado Francisco Javier Ibarra Jáquez (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva
LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Estudios Constitucionales fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa presentada por la diputada Karla Alejandra Zamora García, representante del Partido Verde Ecologista de México ante la LXV Legislatura, que contiene propuesta de reforma del segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 120, 167, 176, 177, 178, 182 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del estado, nos permitimos emitir el presente dictamen de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. En fecha 1 de noviembre de 2010, la diputada Karla Alejandra Zamora García, ante el pleno legislativo, elevó una propuesta de acuerdo para que esta soberanía popular, en uso de la facultad prevista en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciara ante el Congreso de la Unión propuesta de reforma del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional, a efecto de eliminar la excepción contributiva considerada en dicho ordinal, con relación a contribuciones municipales.
Seguido el trámite parlamentario, el presidente de la Mesa Directiva turnó dicho asunto a esta dictaminadora, a efecto de ponerlo en estado de resolución. Por ello, analizado y discutido en su seno, la Comisión de Estudios Constitucionales procede a elevar el presente dictamen, que autoriza al presidente de la LXV Legislatura local para someter a consideración del Congreso de la Unión la iniciativa correspondiente, en virtud de compartir los motivos expuestos por la proponente, ya que en su exposición se denota la intención de fortalecer la hacienda pública municipal mediante el robustecimiento de su autonomía.
Segundo. Efectivamente, desde su expedición, la carta fundamental ha pretendido el fortalecimiento del municipio como origen de nuestra organización política. Con el devenir de las épocas, el artículo 115 constitucional ha representado un baluarte para el desarrollo del municipio en México. En tal sentido, de forma afortunada, ha sido motivo de enmiendas que han permitido no sólo la fortaleza económica y social de dicho nivel de gobierno sino, también, su protección por la interpretación judicial que ha reconocido el deber de propiciar su autonomía. Ello no implica que lo hasta ahora logrado sea suficiente para propiciar el desarrollo de las finanzas municipales en el marco del federalismo fiscal, por lo que esta dictaminadora hace suyos, como se anotó, los motivos que fundamentan tal propuesta, sirviéndose al efecto incluir en el presente el texto de la iniciativa correspondiente que, conforme al artículo 182 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, fue corregida en sus partes conducentes.
Por lo expuesto y considerado, nos permitimos someter a consideración de esta representación popular, para discusión y aprobación, el siguiente
Dictamen de acuerdo
La Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 55 de la Constitución Política local, en nombre del pueblo, acuerda:
Artículo Primero. Por los argumentos expuestos en los considerandos del presente dictamen de acuerdo, la LXV Legislatura considera procedente hacer uso de la facultad establecida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, presentada con fecha 1 de noviembre de 2010 por la diputada Karla Alejandra Zamora García, del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura, que contiene reformas del segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se solicita que ésta sea enviada por la LXV Legislatura en los siguientes términos:
Diputados Secretarios de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión
Presentes
Los suscritos, Francisco Javier Ibarra Jáquez, Lourdes Eulalia Quiñones Canales y Judith Irene Murguía Corral, presidente y secretarias, respectivamente, de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso de Durango, en ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I del artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, por su conducto someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a la Base II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Que de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como parte del Constituyente Permanente, órgano con poder reformador de la Constitución General de la República, las legislaturas de los estados tenemos el derecho de iniciar leyes o decretos. Con ese fundamento, presentamos ante esta soberanía el proyecto de iniciativa que contiene reformas del segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que tiene sustento en la siguiente
Exposición de Motivos
Reviste gran importancia el tema de fortalecer financieramente las haciendas de los municipios del país, en el marco del federalismo fiscal mexicano, el cual se considera un componente básico de coordinación intergubernamental que debe desplegarse en beneficio directo de la célula básica de la nación.
La equidad, en un auténtico federalismo, es sin duda un factor clave para hacer realidad la justicia distributiva. Es el elemento integrador de la inevitable diversidad en que se desenvuelven los estados y los municipios. Implica efectivamente en los hechos distribuir competencias, atribuciones y recursos entre las partes que componen la federación mexicana. Por ello desde 1980, año en que se creó el sistema nacional de coordinación fiscal, se ha venido luchando de manera insistente por reducir el excesivo centralismo que en materia de recursos financieros ejerce el gobierno federal.
En cuanto al reparto de recursos financieros a los estados y a los municipios, persisten la discrecionalidad y la falta de transparencia en los instrumentos de distribución de determinadas transferencias federales. Esta situación, debido a la excesiva centralización que prevalece, genera tensiones y en ocasiones duplicaciones en las estrategias para impulsar el desarrollo económico y social sustentable en las regiones y los municipios del país.
Por ser enteramente dependientes los municipios de las participaciones y aportaciones federales, se ha tenido el efecto negativo de inhibir los incentivos para que éstos aumenten sus esfuerzos recaudatorios. Un ejemplo de esta situación anómala es que la recaudación del impuesto predial a cargo de los gobiernos municipales no ha aumentado en términos reales en los últimos 11 años, manteniéndose en alrededor de 0.2 por ciento del producto interno bruto, luego que alcanzó un máximo en 1994 de 0.28 y un mínimo en 1999 de 0.19. La captación por este concepto es muy baja si se compara con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (0.99 del PIB), la de Argentina (0.98), de Chile (0.68), de Bolivia (0.52) y de Brasil (0.47). Por ello urge remediar con decisión y rapidez esta situación desventajosa, dada la necesidad de garantizar el flujo de recursos financieros a los municipios provenientes de cargas fiscales equitativas y proporcionales a todos los contribuyentes, sin excepción, así como de promover un ejercicio de gobierno más eficiente y transparente.
Como consecuencia de este federalismo fiscal renovado que se pregona desde hace tiempo, debe reflejarse en los hechos mayor conciencia para el correspondiente pago por concepto de impuestos y derechos de parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, así como de empresas paraestatales federales y estatales, y organismos descentralizados, a fin de regularizar su situación fiscal ante los municipios del país. No se justifica que la federación dependencias, organismos, y empresas paraestatales no contribuyan al erario municipal, especialmente tratándose de la prestación de servicios públicos por concepto del suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.
En materia de agua potable, la calidad de este servicio público de proporcionarla, tratarla y sanear las aguas residuales es crítica en muchos municipios, debido a la falta de recursos financieros por la baja o nula recuperación del cobro de los derechos como contraprestación de la labor realizada por ellos.
Con la presente iniciativa amerita reflexionar respecto a que los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos es la única fuente propia que poseen los municipios, y si es afectada por otra esfera gubernamental que la restrinja o límite, no será posible esperar que cumplan en debida forma la labor que constitucionalmente se les ha encomendado.
Consideramos oportuno recordar que el municipio es un orden de gobierno con esfera de competencia propia, la cual se encuentra limitada constitucionalmente en diversas materias, de acuerdo con lo establecido en la legislación local de la entidad federativa en que se hallan, salvo en el caso en que la Constitución General de la República les marca expresamente el ejercicio de legislar en determinadas materias, como el que señala la fracción IV, inciso c), del artículo 115 constitucional, la cual expresamente dispone que el municipio recibirá los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, y líneas abajo, en el segundo párrafo, se expresa que las leyes federales no limitarán las facultades de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con ellas. No obstante esto, el mismo texto constitucional dispone la exención de pago de los servicios públicos que presta el municipio relativo a los bienes considerados por la Ley General de Bienes de la Nación y sus correlativos aplicables en los estados, del dominio público pertenecientes a la federación, a los estados o a los municipios.
Con base en lo señalado, diversos entes públicos a escala nacional, como organismos descentralizados y empresas paraestatales, han presentado solicitudes a organismos operadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a efecto de quedar exentos del pago de ellos. Incluso no sólo han presentado solicitudes sino que han promovido amparos constitucionales y la protección de la justicia federal contra actos de los referidos organismos operadores para no cubrir los montos adeudados por la prestación de dichos servicios.
Es prioritario actualizar el marco jurídico constitucional y emprender reformas pertinentes de leyes federales y estatales, como la Ley de Aguas Nacionales (que establece los derechos y las obligaciones de los beneficiarios en el uso, la explotación y el aprovechamiento del recurso), y las políticas de recaudación, cuotas y tarifas que deben cubrir los usuarios por los servicios hidráulicos.
Por lo expresado, considero necesario establecer las bases constitucionales para que no haya más exenciones y subsidios, sobre todo los que se han estado aplicando en forma totalmente errónea, tanto a nivel de diferencias regionales como a nivel de estratos sociales en los centros poblados, ya que se ha observado en numerosos casos que la tarifa de agua potable es la misma en las colonias urbanas ricas y en las pobres, en tanto que en las primeras además se observa gran desperdicio.
El federalismo es un tema siempre invocado, pero en el que poco o nada avanzamos, y que por su importancia para la vida nacional exige una revisión profunda e impostergable, seria y objetiva, tendente a lograr una renovación del pacto federal que restablezca el equilibrio entre los Poderes de la Unión entre los distintos órdenes de gobierno y fortalezca la participación social para resolver problemas locales y regionales, respetando siempre los principios de unidad y equidad.
En franca oposición al criterio impulsado por el gobierno federal de concebir a los organismos operadores de agua como unidades económicas de producción de servicios, que no sólo deben ser rentables socialmente sino económicamente sustentables, prevalece la arcaica e injustificada disposición de exentar a los bienes de dominio público de la obligación de pagar no sólo los derechos derivados de los servicios públicos que recibe del municipio, como el del agua, sino que se le exime igualmente de contribuir al órgano más débil de gobierno por la propiedad inmobiliaria.
Consideramos urgente hacer una revisión al texto del artículo constitucional para lograr la equidad y democracia que hoy reclama el fortalecimiento municipal. La propuesta se centra en el porcentaje de ingresos administrados directamente por el municipio, como impuestos a la propiedad inmobiliaria, derechos y aprovechamientos, donde el actual texto constitucional propone una relación injusta otorgando beneficios mayores a la federación en detrimento del municipio, al establecerse en el artículo 115, párrafo segundo de la fracción IV, de la ley fundamental: “Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y e) ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos de los de su objeto público”.
Por lo injusto e inicuo de la actual situación, no sólo por los problemas económicos que enfrentan los municipios y las responsabilidades a que tienen que hacer frente, en esta iniciativa proponemos reformar el citado párrafo constitucional, con objeto de eliminar la exención a que he hecho referencia, logrando con ello colocar a los tres niveles de gobierno en condiciones de igualdad.
Con base en lo expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta representación popular, para discusión y aprobación, en su caso, el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115. ...
I. a III. ...
IV. ..., y en todo caso:
a) a c) ...
Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones.
...
...
...
V. a X. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo Segundo. Se instruye a la Mesa Directiva del Congreso de Durango para llevar a cabo los trámites legales pertinentes ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Artículo Tercero. Comuníquese esta determinación a la parte interesada, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Sala de comisiones del Congreso del estado, en Victoria de Durango, Durango, a 10 de noviembre de 2011.
La Comisión de Estudios Constitucionales
Diputados: Luis Enrique Benítez Ojeda, presidente; Judith Irene Munguía Corral, secretaria; Dagoberto Limones López, Miguel Ángel Olvera Escalera, Otniel García Navarro, vocales (rúbricas).
Del Congreso de Quintana Roo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal
Honorable pleno legislativo:
Los suscritos, diputados integrantes de los Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero de la honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 43 y 113 de la Ley Orgánico del Poder Legislativo, así como los numerales 38 y 53 del Reglamento poro el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, emiten el siguiente punto de acuerdo por el que la honorable XIII Legislatura del estado remite, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de lo Unión la iniciativa de decreto que reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente; lo anterior de conformidad con los siguientes
Antecedentes
En sesión ordinaria celebrada por la honorable XIII Legislatura del estado, en fecha 4 de octubre de 2011, y con fundamento en el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, el presidente de la Mesa Directivo en funciones turnó a las Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero, para su estudio y análisis, la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, presentado por el diputado Luis Alfonso Torres Llanes, en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de esta XIII Legislatura del estado.
En términos de lo dispuesto en los numerales 33, 34, 35 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 42 y 43 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, estas Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero, son competentes para dictaminar sobre el presente asunto.
Consideraciones
Primera. Que conforme al artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de las legislaturas de los estados iniciar leyes o decretos.
Segunda. Que en virtud de lo anterior, mediante sesión ordinaria celebrada por la honorable XIII Legislatura del estado, en fecha 4 de octubre de 2011, y con fundamento en el artículo 40 del Reglamento paro el Gobierno Interior de lo Legislatura del Estado de Quintana Roo, el presidente de la Mesa Directiva en funciones turnó a las Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero, para su estudio y análisis, la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, presentado por el diputado Luis Alfonso Torres Llanes, en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de esta XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Tercera. Que del análisis de la iniciativa de referencia, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero, consideramos que resulta procedente, en todos y cada uno de sus términos, aunado a que corresponde a las legislaturas de los estados, el derecho de iniciar leyes o decretos, facultad que en el caso se ejercita para los efectos de que el honorable Congreso de la Unión, en términos del numeral 73, fracción XXIX-L, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le atribuye la facultad de legislar en a efecto de establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado.
Cuarta. En virtud de lo anterior, en apoyo de los artículos 75, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como por lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos proponer la iniciativa de decreto que deberá ser enviada al Congreso de la Unión en los siguientes términos:
Artículo Único. Iniciativa de decreto que reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente, en los términos siguientes:
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con la facultad establecida en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación unánime de sus integrantes, la honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, somete a consideración de esa honorable Cámara la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, en los términos siguientes:
Considerandos
En virtud de la problemática que enfrenta la especie Stromgus gigas (caracol rosado o blanco) en cuanto a la disminución de su población en los litorales quintanarroenses, derivado de situaciones multifactoriales que van desde la contaminación del entorno natural en el que habitan, los efectos nocivos provocados por el cambio climático, y muy en especial la pesquería furtivo de esta especie, resulta imperativo que el Poder Legislativo de Quintana Roo haga uso de las atribuciones constitucionales conferidas para proponer reformas a legislación federal que coadyuven a atenuar o solucionar esta problemática ecológica.
El caracol rosado, Strombus gigas, fue uno de los principales recursos pesqueros de Quintana Roo. Su alta vulnerabilidad ante la pesca comercial y la ilegal, así como la pérdida de la calidad de su hábitat en la zona costera, han producido una importante disminución de su población. La pesquería alcanzó su fase de desarrollo en los años setentas y principios de los ochentas con poco más de 300 toneladas de pulpa de caracol capturadas a lo largo de la costa oriental de la entidad y en bancos de arena próximos a las islas. Al final de esta década entra en descenso la población; a partir de 1990, sólo se había autorizado la captura en los bancos de pesca de Cozumel y Banco Chinchorro; sin embargo, la pesquería de caracol rosado entró a una fase de deterioro, derivado principalmente de la pesca ilegal o furtiva, por lo que actualmente hay una veda vigente permanente por tres años en el banco de pesca de Cozumel que concluye en 2012, y sólo está permitida la pesquería de esta especie en el Banco de Chinchorro.
Estudios de expertos han recopilado alarmantes datos históricos sobre la situación de la pesquería de caracol rosado en Quintana Roo, a saber, de 1972 a 1975, se extrajeron de los litorales quintanarroenses un máximo de 350 toneladas de caracol rosado; a partir de 1976 hasta los años ochentas hubo una fuerte declinación, al pasar de 270 toneladas en 1976 a 54 toneladas en 1980, esto en todo el estado.
Por lo que en 1986 se decide por parte de las autoridades competentes conjuntamente con los usuarios del recurso, la suspensión de la captura en importantes áreas de pesca como son Isla Mujeres y Cozumel, permitiendo la captura únicamente en el Banco Chinchorro, fijándose una cuota anual de 45 toneladas.
Posteriormente se redujo la captura a sólo cuatro meses al año, disminuyendo ésta a 30 toneladas, y en las últimas tres temporadas de captura, a sólo 12 toneladas para las tres cooperativas que interactúan en el Banco Chinchorro; por ello la importancia de aplicar un veda de recuperación y elevar a pena grave lo captura de ésta especie, debido a la sobreexplotación, lo comercialización indiscriminado y la pesca furtiva.
La pesca de caracol está regulada por la NOM-0l3-PESC, la que entre otras disposiciones establece para el caracol rosado, una talla mínima de captura de 20 centímetros de longitud de la concha y la administración mediante cuotas de captura. Como medida adicional para frenar la reducción del stock, se estableció la antedicha veda del banco de pesca de Cozumel, cerrándose temporalmente la extracción de caracol rosado por un periodo de 3 años hasta enero de 2012 (“Aviso de veda”, Diario Oficial de la Federación, a febrero 13 de 2009). En este mismo aviso de veda, para Banco Chinchorro, disminuye el periodo de captura a sólo cuatro meses el año, siendo de diciembre a febrero y abril la temporada para la extracción de la cuota autorizada.
Sin embargo, estas medidas y esfuerzos deben de ir acompañados de un marco jurídico vigoroso y actuante, que castigue de manera ejemplar la pesca furtiva e ilegal de esta especie, que implica una seria amenaza existencial a esta especie tan apreciada.
En este sentido, el diputado Luis Alfonso Torres Llanes, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, presentó una iniciativa de decreto para que el Congreso del Estado de Quintana Roo presente, a su vez, al honorable Congreso de la Unión, iniciativa para reformar el artículo 420, en la fracción II Bis, del Código Penal Federal, con el objetivo de elevar a delito grave la pesquería, captura, acopio, transportación y comercialización de la especie “caracol rosado” en época de veda; a esta disposición legal artículo se pretende derogar una de las características del tipo penal en lo que concierne a la necesidad de probar la “asociación delictuosa”, ya que ha sido una constante que por la dificultad de probar penalmente esta situación prevista, se carece del requisito que encuadra este delito como grave, por lo cual, la iniciativa pretende suprimir esta situación, para que finalmente la captura, acopio, transportación y comercialización de caracol rosado en época de veda se establezca como delito en el Código Penal Federal, y encuadre como delito grave según lo establecido en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En mérito de lo anterior expuesto, fundado y motivado, esta honorable XIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo somete a consideración y trámite legislativo del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente
Artículo Único. Iniciativa de decreto que reforma al artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente para quedar como sigue:
Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa a quien ilícitamente:
I. a II. ...
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta y caracol rosado o blanco, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
III. a V. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,
Dado en la ciudad de Chetumal, sede de los Poderes del Estado de Quintana Roo, al primer día de diciembre de dos mil once.
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
En mérito de lo anterior, las Comisiones Unidas de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero presentan los siguientes puntos de
Acuerdo
Primero. La XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.
Segundo. Se faculta al presidente de la Mesa Directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, para que en nombre del Congreso de Quintana Roo, suscriba el presente acuerdo que contiene la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.
Tercero. Remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que corresponda.
Cuarto. Remítase el contenido del presente acuerdo a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en caso de considerarlo, se adhieran a él.
Sala de comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del estado, Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 29 de noviembre de 2011.
La Comisión de Justicia
Diputados: Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Luis Alfonso Torres Llanes (rúbrica), Demetrio Celaya Cotero, Juan Carlos Pereyra Escudero (rúbrica), José de la Peña Ruiz de Chávez (rúbrica).
La Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero
Diputados: Luis Alfonso Torres Llanes (rúbrica), Jaqueline Estrada Peña (rúbrica), Mauricio Morales Beiza, Luciano Sima Cab (rúbrica), José Alfredo Contreras Méndez (rúbrica).
XIII Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo
Presente
El que suscribe, Luis Alfonso Torres Llanes, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la XIII Legislatura de Quintana Roo, y en uso de las atribuciones que confieren la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la fracción II del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y haciendo alusión a la facultad conferida a las legislaturas estatales en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración y trámite legislativo de esta honorable soberanía, la presente iniciativa de decreto, por el cual la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo presenta al Congreso de la Unión iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal Federal, al tenor de los siguientes
Considerandos
En virtud de la problemática que enfrenta la especie Stromgus gigas (caracol rosado o blanco) en cuanto a la disminución de su población en los litorales quintanarroenses, derivada de situaciones multifactoriales que van desde la contaminación del entorno natural en que habitan y los efectos nocivos provocados por el cambio climático hasta, muy en especial, la pesquería furtiva de esta especie, resulta imperativo que el Poder Legislativo de Quintana Roo haga uso de las atribuciones constitucionales conferidas para proponer reformas de legislación federal que coadyuven a atenuar o solucionar esta problemática ecológica.
El caracol rosado Stromgus gigas fue uno de los principales recursos pesqueros de Quintana Roa. Su alta vulnerabilidad ante la pesca comercial y la ilegal, y la pérdida de la calidad de su hábitat en la zona costera han producido una importante disminución de su población. La pesquería alcanzó su fase de desarrollo en la década de 1970 y principios de la de 1980, con poco más de 300 toneladas de pulpa de caracol capturadas a lo largo de la costa oriental de la entidad y en bancos de arena próximos a las islas. Al final de esta década entró en descenso la población a partir de 1990, sólo se había autorizado la captura en los bancos de pesca de Cozumel y Banco Chinchorro. Sin embargo, la pesquería de caracol rosado entró en una fase de deterioro, derivado principalmente de la pesca ilegal o furtiva, por lo que actualmente hay una veda vigente permanente por tres años en el banco de pesca de Cozumel que concluye en 2012, y sólo está permitida la pesquería de esta especie en el Banco de Chinchorro.
Estudios de expertos han recopilado alarmantes datos históricos sobre la situación de la pesquería de caracol rosado en Quintana Roo; a saber: de 1972 a 1975 se extrajeron de los litorales quintanarroenses un máximo de 350 toneladas de caracol rosado; a partir de 1976 hasta los años ochenta hubo una fuerte declinación, al pasar de 270 toneladas en 1976 a 54 toneladas en 1980, esto en todo el estado.
Por eso, en 1986 las autoridades competentes decidieron con los usuarios del recurso suspender la captura en importantes áreas de pesca, como Isla Mujeres y Cozumel, permitiendo la captura únicamente en el Banco Chinchorro, fijándose una cuota anual de 45 toneladas.
Posteriormente se redujo la captura a sólo cuatro meses al año, disminuyendo ésta a 30 toneladas, y en las últimas tres temporadas de captura a sólo 12 toneladas para las tres cooperativas que interactúan en el Banco Chinchorro. Por ello la importancia de aplicar un veda de recuperación y elevar a pena grave la captura de esta especie, debido a la sobreexplotación, la comercialización indiscriminada y la pesca furtiva.
La pesca de caracol está regulada por la NOM-013-PESC, la cual entre otras disposiciones establece para el caracol rosado una talla mínima de captura de 20 centímetros de longitud de la concha y la administración mediante cuotas de captura.
Como medida adicional para frenar la reducción del stock se estableció la antedicha veda del banco de pesca de Cozumel, cerrándose temporalmente la extracción de caracol rosado por un periodo de tres años, hasta enero de 2012 (aviso de veda, Diario Oficial de la Federación, 13 de febrero de 2009). En el mismo aviso de veda, para Banco Chinchorro, disminuye el periodo de captura a sólo cuatro meses al año, siendo de diciembre a febrero y abril la temporada para la extracción de la cuota autorizada.
Sin embargo, estas medidas y esfuerzos deben de ir acompañados de un marco jurídico vigoroso y actuante, que castigue de manera ejemplar la pesca furtiva e ilegal de esta especie, que implica una seria amenaza existencial a esta especie tan apreciada.
En este sentido, resulta imperativo para la XIII Legislatura del estado presentar una iniciativa con proyecto de decreto para que el Congreso de Quintana Roo presente, a su vez, al Congreso de la Unión iniciativa para reformar el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, con el objetivo de elevar a delito grave la pesquería, la captura, el acopio, la transportación y la comercialización de la especie “caracol rosado” en época de veda. A esta disposición legal se pretende derogar una de las características del tipo penal por lo que concierne a la necesidad de probar la “asociación delictuosa”, ya que ha sido una constante que por la dificultad de probar penalmente esta situación prevista se carece del requisito que encuadra este delito como grave, por lo cual la iniciativa pretende suprimir esta situación, para que finalmente la captura, el acopio, la transportación y la comercialización de caracol rosado en época de veda se establezca como delito en el Código Penal Federal y encuadre como delito grave según lo establecido en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, la XIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo somete a consideración y trámite legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente
Código Penal Federal
Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa a quien ilícitamente
I. y II. ...
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta y caracol rosado o blanco dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
III. a V. ...
Transitorios
Primero. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase al Congreso de la Unión, para el trámite legislativo conducente.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la ciudad de Chetumal, sede de los Poderes de Quintana Roo, a 2 de septiembre de 2011.
Diputado Luis Alfonso Torres Llanes (rúbrica)
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
En sesión ordinaria celebrada con fecha 1 de diciembre del año en curso, la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.
Segundo. Se faculta al presidente de la Mesa Directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, para que en nombre del Congreso de Quintana Roo, suscriba el presente acuerdo, que contiene la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal, Federal.
Tercero. Remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que corresponda.
Cuarto. Remítase el contenido del presente acuerdo a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en caso de considerarlo, se adhieran a él.
Sin otro particular, reiteramos las seguridades de nuestra alta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo,
a 1 de diciembre de 2011.
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero (rúbrica)
Presidente
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez (rúbrica)
Secretario