Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sener y a Pemex a evitar que unidades de carga doblemente articuladas circulen tanto en zonas habitacionales y comerciales como en el centro histórico de Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 60, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos (Pemex) a tomar las medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en las zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que ponen en riesgo el medio ambiente, la seguridad de las personas y sus bienes, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por el derrame de sustancias químicas peligrosas y combustibles en dicho municipio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En fechas recientes han ocurrido lamentables accidentes que nos han dejado grandes lecciones respecto de los peligros a los que estamos expuestos. No obstante, en la mayoría de las ocasiones estas contingencias pudieron haberse evitado de haberse tomado las medidas preventivas necesarias.
Desde 2009 salió a la luz en los medios de comunicación del estado de Jalisco imágenes de terrenos que almacenaban combustibles de manera clandestina y sin medidas de seguridad en el municipio de Puerto Vallarta.
Se tiene conocimiento del ingreso de camiones articulados con capacidad para 60 mil litros de combustible al centro de la ciudad, lo cual no está permitido por la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del estado de Jalisco y el Reglamento de Tránsito municipal, y se ha detectado la existencia de patios de maniobras y talleres donde se almacena combustible de manera clandestina.
A la fecha el almacenamiento y distribución de combustibles en Puerto Vallarta, Jalisco, se ha convertido en un grave problema de seguridad para los vallartenses, ya que las pipas de hasta 60 mil litros se almacenan y distribuyen por particulares en las propias gasolineras o en lugares clandestinos cercanos a viviendas y centros de trabajo urbanos del municipio, y/o suministrándose directamente en la zona metropolitana de Puerto Vallarta, Jalisco, con los riesgos que implica la transportación en las carreteras del estado, que ha ocasionado graves accidentes.
Si bien se trata de una problemática que tiene graves implicaciones en materia de protección al medio ambiente y protección civil, tiene su origen en un esquema de distribución de los petrolíferos que debe corregirse con la brevedad.
El Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo señala:
Artículo 21. La Secretaría y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las disposiciones administrativas de carácter general a que deberán sujetarse los organismos descentralizados para la realización de las actividades de transporte, almacenamiento y distribución, así como para las ventas de primera mano destinadas al mercado nacional.
El 30 de marzo de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones administrativas para la distribución y comercialización de petrolíferos, publicadas por la Secretaría de Energía, que en su artículo 11 establecen la obligación de elaborar proyectos de normas oficiales mexicanas que permitan garantizar la seguridad de las instalaciones, las personas y sus bienes, así como para contribuir al combate del mercado ilícito de combustibles.
Por otra parte, señalan en el artículo 6 que:
Artículo 6. Los organismos descentralizados sólo podrán negar, en forma parcial o total, la venta de primera mano y, en su caso, los servicios de transporte, almacenamiento y distribución, cuando existan los siguientes impedimentos técnicos:
I. Se ponga en riesgo al medio ambiente o a la seguridad de las personas o sus bienes, de las Instalaciones o de las estaciones de servicio. Lo anterior, por incumplimiento a lo previsto en las normas oficiales mexicanas correspondientes o, a falta de éstas, conforme se prevé en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
De conformidad con lo anterior, Petróleos Mexicanos tiene la obligación de establecer las medidas técnicas para el transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, y se encuentra facultada para negarse a realizar la venta u otorgar estos servicios cuando se ponga en riesgo a la población o el medio ambiente.
Por lo que se refiere a la implementación de sistemas de seguridad industrial, el artículo 30 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo establece que “en los términos de la legislación aplicable, los organismos descentralizados y los permisionarios implementarán sistemas de seguridad industrial y protección ambiental que permitan, entre otras cosas: la identificación de los principales escenarios de riesgo a que está expuesta la industria; la valuación de pérdidas materiales esperadas en los distintos escenarios de riesgo, y el monitoreo y las medidas de mitigación de los escenarios de riesgo, los cuales deberán ser auditados en su diseño, implementación y ejecución por un perito independiente, para efectos de lo anterior, se observarán la regulación; normas oficiales mexicanas y las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emitan las dependencias competentes”.
A su vez, el artículo 31 del Reglamento de referencia dispone que “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios establecerán en los contratos de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, así como en los de suministro, franquicia o en los de cualquier otro esquema de comercialización que celebren, la obligación de apegarse al sistema de seguridad industrial de dichos organismos, cuando la ejecución de los mismos implique riesgos para las instalaciones o el personal de los organismos descentralizados o de sus proveedores y contratistas”.
Con relación a lo anterior, los lineamientos que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial, que de conformidad con lo anterior también son obligatorios para sus franquiciatarios o comercializadores, disponen:
Artículo 31. Los organismos descentralizados deberán reportar, investigar y analizar los incidentes y accidentes con el objetivo de prevenir su recurrencia.
...
Asimismo, Pemex deberá llevar a cabo las siguientes acciones en esta materia:
VI. Identificar las instalaciones donde han ocurrido incidentes y accidentes, con objeto de establecer las acciones necesarias para evitar la recurrencia de éstos.
De este modo, resulta evidente que Petróleos Mexicanos no debe permanecer impasible ante el riesgo que implica para la población la circulación de enormes cantidades de combustible por zonas urbanas densamente pobladas. Lo anterior se refuerza de la lectura del artículo 60 del Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, que dispone:
Artículo 60. Los operadores de vehículos se abstendrán de realizar paradas no justificadas, que no estén contempladas en la operación del servicio, así como circular por áreas centrales de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los libramientos periféricos cuando éstos existan.
Resulta obvio señalar que conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT/2003, “Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados”, los combustibles líquidos tales como gasolinas y diesel son considerados como tales.
A fin de dar solución a esta problemática, Petróleos Mexicanos cuenta con las facultades para brindar el servicio a través las redes de distribución diseñadas para el efecto, y que en ocasiones requiere de los servicios de un tercero, atendiendo a criterios operativos, comerciales o de planeación. La transmisión de la propiedad de los productos petrolíferos se da en la terminal de almacenamiento y reparto correspondiente, siendo el tercero autorizado por “Pemex Refinación” el responsable de la custodia y transporte de éstos, así como de la responsabilidad civil, hasta su entrega en la estación de servicio.
Consideramos importante que el almacenamiento y distribución de combustibles en Puerto Vallarta se realice a través de medios de distribución que cuenten con las capacidades técnicas, operativas y de seguridad para dicho fin, ya que esto disminuiría enormemente el riesgo para la población y la autoridad está facultada legalmente para hacerlo.
Es claro que este tipo de hechos que se presentan actualmente en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, ponen en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las personas, por lo que Pemex Refinación debe tomar las medidas pertinentes y cambiar el esquema de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles en este municipio.
Por lo anterior, es pertinente exhortar a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a tomar las medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en las zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustibles en dicho municipio debido a la utilización de medios de distribución que no otorgan las garantías de seguridad que la industria requiere.
Resulta de suma gravedad permitir que intereses comerciales pongan en peligro la seguridad e integridad de los habitantes de Puerto Vallarta, Jalisco, que como representantes populares estamos obligados a preservar.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a tomar medidas preventivas y evitar la circulación, estacionamiento y maniobras de unidades de carga doblemente articuladas en zonas habitacionales, comerciales y en el centro histórico del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que ponen en riesgo al medio ambiente, la seguridad de las personas y sus bienes, así como para prevenir desastres que se pudieran ocasionar por sustancias químicas peligrosas y combustibles.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a Pemex Refinación a utilizar medios de distribución de petrolíferos que garanticen la seguridad del medio ambiente, de las personas y sus bienes en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, preferentemente los centros de almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles autorizados para el efecto, a fin de permitir una mejor distribución de petrolíferos, con base en criterios de eficiencia, operativos, comerciales, de planeación y de seguridad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2012.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE a instaurar en el proceso electoral de 2012 medidas que garanticen la equidad de género en el lenguaje y la propaganda que dirige a los ciudadanos, suscrita por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado federal Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la última sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2011, se aprobó por unanimidad, por esta soberanía, el dictamen que presentó la Comisión de Gobernación, que propone para “la integración de las fórmulas de candidatos, si la posición propietaria corresponde a una persona del género femenino, la suplente corresponda al mismo género”.
“Con lo cual la representación femenina en los órganos de representación política no se verá disminuida.”
La aprobación de este dictamen atenderá aquellos reclamos, hechos con toda justicia, que pugnan por asegurar que las cuotas de género no se vuelvan un mero trámite para los institutos políticos y en esencia una simulación de cumplimiento a esas cuotas.
Garantizar la equivalencia individual de mujeres y hombres en el ámbito de lo público es un reclamo histórico de la sociedad en su conjunto. La no discriminación y la equidad son los conductos esenciales en donde se debe construir la estructura que haga posible la participación efectiva de las mujeres en el ejercicio de la vida pública en México.
La representación de las damas en la política desde las funciones de congresos, municipios, gubernaturas y la Presidencia de la República debe darse en la garantía irrenunciable de que esa participación requiere ser ajena a cualquier tipo de segregación, sean estos por causa de su edad, de su estado civil, escolar, cultural, de salud, condición social, rasgos personales, opiniones políticas e históricas, capacidades diferentes y origen étnico o nacional.
El concepto de la equivalencia de oportunidades para acceder a los cargos de elección popular es de la más elemental justicia distributiva en la concepción aristotélica (que consiste en distribuir las ventajas y desventajas que corresponden a cada miembro de una sociedad, según su mérito).
La anterior enunciación es necesaria para que la ciudadanía perciba en su conjunto un diseño de igualdad de oportunidades.
De esta forma resulta indispensable que una política igualitaria incluya, además de los principios de justicia electoral, razonamientos pertinentes que aclaren y no permitan interpretaciones ambiguas y tendenciosas.
Nuestra propuesta se encuentra enfocada a mejores criterios en los comerciales y propaganda de corte electoral rumbo a los comicios presidenciales de julio de 2012.
La Constitución de nuestro país dice al respecto en su artículo 82 –dentro de los requisitos para aspirar la Presidencia de la República–, habla de presidente, no existe la figura de presidenta; sin embargo el uso del artículo la no se encuentra expresamente prohibido. Por lo general los sustantivos terminados en e son neutros (presidente, gobernante, gerente). También encontraremos profesiones terminadas en a (como dentista, artista, concertista, malabarista, etcétera). Y designan ambos géneros, masculino y femenino. Sin embargo es necesario que el lenguaje que se use en la próxima contienda electoral sea de una mayor inclusión.
Damos como ejemplo el siguiente comercial:
“En el año 2012 los mexicanos elegiremos al próximo presidente de la República y ustedes tendrán la oportunidad de votar desde los Estados Unidos. Para poder participar es necesario tener credencial de elector e inscribirse en la lista de electores residentes en el extranjero. Esto se puede hacer a través de la página www.votoextranjero.mx o pueden acercarse al módulo del IFE ubicado en las instalaciones del Consulado. La fecha límite para inscribirse es el 15 de enero.
“Posteriormente recibirán por correo postal el paquete electoral con su boleta y la propuesta de todos los candidatos. Para mayor información llamar sin costo al 1 877 343 3639.”
El uso dentro de los comerciales y propaganda del IFE del artículo la sería una recomendación justa y equitativa. No solamente para el puesto del presidente o la presidente de la nación, sino para todos los puestos de representación popular.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Federal Electoral a que en el proceso electoral federal de 2012 instrumente medidas que garanticen la equidad de género en todo tipo de comerciales y propaganda del propio instituto dirigido a la ciudadanía, y se haga mención de el presidente o la presidente y, de manera semejante, para los demás puestos de elección popular.
Segundo. La Cámara de Diputados hace un llamado respetuoso a los partidos políticos nacionales a cumplir con la brevedad con las normas mínimas que garanticen el uso de un lenguaje no excluyente y sexista en sus diversas propagandas electorales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2012.
Diputado Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la de Justicia de la Cámara de Diputados a iniciar consultas con académicos y especialistas que aporten elementos para aprobar de manera pronta la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El juicio de amparo es una de las mayores aportaciones de nuestro país a la cultura jurídica universal. A lo largo de más de 160 años ha evolucionado de manera constante, en ocasiones como resultado de la acción legislativa y en otras de la labor interpretativa y jurisprudencial de nuestros tribunales.
En cierta medida, parte de la evolución del juicio de amparo ha sido aportado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados cuando emiten jurisprudencias y tesis aisladas sobre la interpretación de las normas y sobre omisiones legislativas.
Por eso debe reconocerse que el juicio de amparo es el instrumento procesal por excelencia para la protección de los derechos de los gobernados, por tanto, su evolución y perfeccionamiento implica una mejor defensa de las garantías individuales que otorga nuestra Constitución.
Hoy el juicio de amparo no sería posible si no existiera la jurisprudencia que aborda la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales de los gobernados, pero tampoco sería posible si no existiera la suspensión del acto reclamado para evitar que los gobernados sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. Es bien sabido que sin una suspensión eficaz, en muchos casos, la protección constitucional del amparo se torna inoperante en diversas materias.
Cabe señalar que de acuerdo a las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 por el que el Estado mexicano le ha dado reconocimiento constitucional a los derechos humanos y a los contenidos en los tratados internacionales como impacta de manera directa en el propio juicio de amparo.
En merito de lo anterior, el pasado 13 de octubre de 2011 el Senado de la Republica aprobó el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Cabe señalar que dicha minuta se encuentra pendiente de su dictaminación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por lo cual resulta necesario que dicha comisión deba realizar las consultas y los foros necesarios en el que se pueda contar con la participación de expertos a efecto de que las reformas que ha tenido nuestro texto constitucional se vean plasmadas en el dictamen que habrá de realizar dicha comisión.
Por tanto, es necesario realizar una revisión integral a esta minuta, toda vez que
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a iniciar las consultas con académicos y especialistas en la materia para que aporten los elementos necesarios que permitan aprobar de manera pronta la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2012.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y de otras catorce personas, cometido el 30 de octubre de 2009 en Cajeme, Sonora, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ustedes la proposición con punto de acuerdo siguiente:
Consideraciones
La Unión General Obrero, Campesina y Popular, AC (UGOCP), es una organización no gubernamental constituida hace 25 años para organizar y coordinar a grupos, comités, sociedades y asociaciones de mujeres, de obreros, de campesinos, de colonos, de profesionales, de productores rurales, de jóvenes y de adultos mayores que buscan mejorar sus condiciones de vida y para apoyar a los pueblos y a las comunidades indígenas en sus reivindicaciones históricas y en el respeto de sus costumbres y tradiciones.
A lo largo de ese periodo, la UGOCP ha integrado comités regionales en 19 entidades federativas, cimentando presencia, participación e influencia en diversos campos de la actividad social, económica y política de varias zonas del país. Por eso es hoy una de las organizaciones independientes más importantes del medio rural mexicano, principalmente de Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.
El fundador de la UGOCP fue el ingeniero sonorense Margarito Montes Parra, para algunos un personaje controvertido y marginal, pero a quien deben reconocerse sus indudables méritos de luchador social y su actuar congruente con su ideología y con sus particulares métodos para alcanzar la reivindicación social en la que creía y a la que dedicó toda su vida productiva.
En sus avatares, Margarita Montes Parra, quien, podría decirse, casi siempre vivió en la frontera de lo permisible y lo no permisible, de un código de justicia tomada por propia mano, de la confrontación con quienes consideraba adversarios de los desprotegidos, sufrió la pérdida violenta de casi toda su familia y muchos compañeros de acción.
Hijos, hermano, esposa, compadres perecieron asesinados. Algunos lo precedieron, otros murieron junto a él.
El 30 de octubre de 2009, el líder de la UGOCP, junto con otras 14 personas, fue emboscado y muerto, con armas de alto poder, al salir del rancho Los Alamitos, en Cajeme, Sonora.
Hasta ahora, pasados más de dos años de sucedido, el multihomicidio permanece impune.
La averiguación respectiva, a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, no reporta avances que permitan determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen, mucho menos hay datos fehacientes que posibiliten su aprehensión y consignación ante el juez de lo penal competente para enjuiciarlos y sancionarlos.
Quince homicidios, cometidos a plena luz del día, a la vista de varias personas, con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en una acción concertada, organizada y ejecutada por varios agentes (sicarios, sin duda); parece que engrosarán la larga lista de crímenes sin castigo que se cometen en el país.
Ni la figura pública, ampliamente conocida, de Margarito Montes Parra, ni las repercusiones mediáticas del suceso, ni las eventuales reacciones contestatarias de los militantes de la organización que éste fundó ni las exigencias de la sociedad han motivado lo suficiente al gobierno sonorense para que esclarezca los hechos y haga justicia.
Simplemente, el órgano de procuración de justicia del gobierno de Sonora no ha podido hacer la tarea.
Por ello se impone que la Procuraduría General de la República, aunque tardíamente, ejerza la facultad de atracción que se desprende del texto de los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, habida cuenta de que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, como ocurrió en el caso, al usarse armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y ser cometido, presumiblemente, por miembros de la delincuencia organizada, los cuales son delitos de competencia federal.
En razón de ello someto a consideración de la Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a efecto de atraer en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras 14 personas, cometido en Cajeme, Sonora, el 30 de octubre de 2009, y a realizar las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público de la Federación pueda resolver si ejercita o no la acción penal contra quienes resulten presuntamente responsables.
Palacio Legislativo, a 4 de enero de 2012.
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 15 de diciembre pasado, y al calor de la contienda electoral en marcha en Estados Unidos de América, integrantes del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes aprobaron la Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada. La iniciativa refiere que los cárteles mexicanos de la droga se han transformado en organizaciones criminales de carácter transnacional, que adoptan tácticas, promueven y financian una “insurgencia terrorista” en México. Al asumir esta supuesta “insurgencia terrorista”, la iniciativa HR3401 obliga a distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos, encabezadas por el Departamento de Estado y la Secretaría de la Defensa, a delinear e implementar una estrategia de contrainsurgencia para combatirla. Como resulta evidente, los contenidos de esta iniciativa resultan inaceptables para nuestro país.
En primer lugar, se basa en supuestos falsos y percepciones que difícilmente pueden comprobarse mediante el análisis de la evidencia disponible. Durante la sesión del Subcomité, representantes demócratas intentaron, sin éxito, convencer a sus pares republicanos del abismo que separa a una actividad de la otra. No sólo el término de “insurgencia terrorista” es confuso e inexacto –aprovechando la inexistencia de una definición universalmente aceptada de terrorismo–, sino que de ninguna manera puede ser equiparado con el narcotráfico en nuestro país. De hecho, su definición se ajusta al artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, cuando afirma que se trata de “grupos estructurados que existen durante cierto tiempo y que actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Desde luego, y como bien se ha venido argumentando, esto excluye rotundamente los objetivos políticos que resultan consustanciales al terrorismo y, por supuesto, a cualquier tipo de insurgencia.
Esta manera perniciosa de equiparar al narcotráfico con el terrorismo es especialmente preocupante no sólo porque no existe ninguna evidencia de que eso esté sucediendo sino porque de alguna manera nos alerta sobre la narrativa de unilateralismo e intromisión que puede comenzar a construirse a partir de ese supuesto vínculo. En segundo lugar, contiene elementos extraterritoriales que se insertan en la larga y ominosa tradición intervencionista de ese país. Entre otros aspectos, la estrategia de contrainsurgencia incluye una evaluación de las capacidades de las autoridades militares y civiles de México para combatir al narcotráfico, competencias a agencias federales estadounidenses para “aislar” y “neutralizar” a estas organizaciones al interior de nuestro país, así como el establecimiento de un plan de acción en el que apenas se menciona al gobierno mexicano y, en todo caso, donde las autoridades nacionales no participarían en su diseño ni mucho menos en su implementación. En tercer lugar, y esto es evidente en toda la iniciativa, se intenta poner fin a la cooperación bilateral enmarcada en programas como el de la Iniciativa Mérida para dar paso a una estrategia distinta sin respeto a la jurisdicción y a las leyes de nuestro país, sin la participación activa del gobierno mexicano y haciendo a un lado todo lo construido en materia de responsabilidad compartida y confianza mutua.
Otras preocupaciones igualmente válidas sobre el contenido de esta iniciativa tienen que ver, por ejemplo, con la manera en que esto podría dar pie a un nuevo proceso de certificación antidrogas como el que se abandonó a partir de 2001, con la ausencia de consideraciones sobre la importancia de respetar las normas del debido proceso y los derechos humanos así como sobre el tratamiento de información critica para nuestra seguridad nacional.
Si bien no debemos sobredimensionar los alcances de una iniciativa cuyo futuro legislativo es por lo menos incierto, vale la pena enviar a nuestras contrapartes en Estados Unidos, un mensaje contundente de rechazo a ésta o cualquier otra iniciativa cuya implementación suponga vulnerar nuestra soberanía, poner en entredicho el modelo de cooperación bilateral que hemos venido construyendo y en suma justificar cualquier acción unilateral que no pase por el esfuerzo conjunto de ambos gobiernos.
Desde luego que la cooperación bilateral es importante y fundamental en el combate a la delincuencia. Sin embargo, la iniciativa HR3401 se presenta en la Cámara de Representantes en un contexto particularmente negativo ante los resultados de recientes eventos. Desde el funesto descubrimiento de los operativos encubiertos de trasiego de armas Rápido y Furioso y Receptor Abierto, hasta el más reciente escándalo sobre las acciones de lavado de dinero del narcotráfico que la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) presuntamente realizó de manera encubierta en nuestro país, dan cuenta de problemas de confianza, transparencia y eficacia en la cooperación que Estados Unidos brinda a México en el combate al narcotráfico.
Aunque este tipo de operaciones de lavado de dinero no son nuevas y se remontan por lo menos a la década de los años ochenta y noventa cuando la Operación Casablanca, es preciso conocer más de sobre sus alcances, sobre los límites establecidos a la operación de agencias estadounidenses en México y, en definitiva, sobre qué tan adecuado resulta el marco legal que les da sustento. Me refiero con ello a los Acuerdos de 1992 denominados también como “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América sobre Cooperación para combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia”, que en la práctica se han visto rebasados.
La actualización de estos acuerdos parte de la necesidad de introducir en ellos, no sólo un recuento más claro de las atribuciones y los límites que agencias estadounidenses como la DEA debieran observar durante operaciones conjuntas en materia de combate al narcotráfico sino estableciendo mejores mecanismos de cooperación para combatir al crimen organizado del siglo XXI no con las herramientas de hace dos décadas sino con los instrumentos actuales y con dispositivos jurídicos de avanzada que recojan las mejores prácticas y los estándares internacionales en la materia.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por sus contenidos extraterritoriales, intervencionistas y lesivos de la soberanía nacional, así como de los principios de responsabilidad compartida, respeto a la ley y confianza mutua en los que se basa nuestra cooperación bilateral.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Mesa Directiva comunicar el contenido íntegro de esta proposición a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso estadounidense.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Estados Unidos a redoblar los esfuerzos encaminados a informar a los congresistas estadounidenses sobre el daño que iniciativas como ésta infringen a nuestra relación bilateral.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar con la brevedad posible a los integrantes de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, así como a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República, y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, un informe detallado sobre la cooperación bilateral en materia de lavado de dinero que contenga, hasta donde lo permita la ley y sin menoscabo de consideraciones de seguridad nacional, una evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la fecha así como una estimación sobre los beneficios esperados a mediano plazo.
Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República a establecer un grupo de trabajo multidisciplinario, que incluya a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, encargado de proponer cambios y elaborar un proyecto de actualización de los contenidos de los denominados Acuerdos de 1992 con la finalidad de establecer atribuciones y límites claros a la actuación de agentes de corporaciones de inteligencia de Estados Unidos, así como incorporar nuevos mecanismos de cooperación acordes con la magnitud de los desafíos actuales en materia de combate al crimen organizado transnacional.
Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2012.
Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a buscar instrumentos de colaboración y entendimiento a fin de resolver el diferendo con el Poder Legislativo derivado de la aprobación del decreto para integrar un fondo especial de diez mil millones de pesos destinado a atender los daños ocasionados por contingencias climáticas en diversas entidades, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerado como de urgente resolución atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Durante los años 2010 y 2011 nuestro país sufrió severas afectaciones, derivadas de la presencia de fenómenos climatológicos que a su paso han dejado desolación y miseria en amplias regiones del país.
Los desastres naturales son fenómenos que no pueden ser previstos por el hombre y que en el mejor de los casos, algunos de sus efectos pueden ser minimizados mediante la aplicación de medidas precautorias.
Debe reconocerse que ante eventos de gran magnitud o que se prolongan demasiado tiempo, es poco lo que se puede hacer.
Durante 2011 las sequías, las heladas y las inundaciones dejaron afectaciones en 70 por ciento de la superficie cultivada del país. Este hecho generará fuertes presiones a la alza en el precios de los granos y productos del campo, que pueden llegar a ser de más de 100 por ciento.
En diversas ocasiones, durante el año que recién concluyó, en el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados, alertamos de esta situación y propusimos una serie de medidas de emergencia para atender al campo mexicano y a los productores, principalmente a los de bajos ingresos, que son los que quedan excluidos.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo, nunca consideró dichos llamados, llegando al extremo de vetar el decreto del 15 de diciembre de 2011 aprobado por la Cámara de Diputados, donde se destinan 10 mil millones de pesos para apoyar a las entidades federativas afectadas por los fenómenos climatológicos.
En dicho decreto se reconocía y se hacía énfasis de la urgente necesidad de asignar recursos del Presupuesto de Egresos del año 2011 para atender la emergencia del campo mexicano y apoyar a los productores y sus familias.
El problema de fondo va más allá de simples banderías políticas.
Se trata del inminente riesgo de una crisis alimentaria, porque el sueño de la soberanía alimentaria hace tiempo que no existe; la triste realidad nos dice cotidianamente que no producimos lo que comemos.
La respuesta oficial a todo esto radica en la irresponsabilidad e insensibilidad de Calderón.
La canasta básica que está integrada en su mayor parte por insumos provenientes del campo, está en límites imposibles de alcanzar.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), precisó, en días anteriores, que para adquirirla se necesita un salario mínimo de 180.92 pesos, y el costo correspondiente se elevó de 2106 pesos a 2168 pesos.
No puede argumentarse que no existen recursos a la severa contingencia señalada.
En el decreto de referencia se establecían claramente las fuentes de recursos para poder financiar las acciones de rescate y atención, con pleno apego a lo que se dispone en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En diversas ocasiones hemos dado cuenta de que el Ejecutivo federal no ejerce a cabalidad los recursos del Presupuesto, generando subejercicios y falsas economías que son empleados en propósitos muy diferentes a los definidos por la Cámara de Diputados en uso de la facultad constitucional consagrada en el artículo 74 de nuestra Carta Magna.
En los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, emitido por la Secretaría de Hacienda de manera frecuente se reportan subejercicios.
En el más reciente, el del tercer trimestre de 2011, se consignan, 3 mil 800 millones de pesos que no fueron ejercidos en los programas que la Cámara de Diputados aprobó en tiempo y forma.
Además, hay una serie de fideicomisos que importan más de 350 mil millones de pesos, poco transparentes, donde algunos pueden ser utilizados para llevar a cabo lo que mandata el decreto aprobado el 15 de diciembre pasado.
En diversos fideicomisos para apoyos financieros se tenía un saldo al 30 de septiembre de 2011 de 74 mil 900 millones de pesos; además en fideicomisos destinados al otorgamiento de subsidios había un saldo a la misma fecha por una cantidad superior a 40 mil millones de pesos.
En ambos fideicomisos hay más de 100 mil millones de pesos, en disponibilidades financieras, por lo que no nos explicamos la negativa del Ejecutivo federal para implementar el decreto aprobado en diciembre de 2011 para apoyar a las entidades federativas afectadas por las contingencias climatológicas durante el año a que nos hemos referido.
Seguramente se expresarán aquí voces de la bancada oficial, que dirán que la acción del Ejecutivo fue correcta y conforme a derecho.
Los legisladores del Partido del Trabajo estamos convencidos de que la acción legislativa que tomó la Cámara de Diputados fue una expresión de la pluralidad política y del compromiso genuino con los sectores más rezagados del país, los campesinos de México y sus familias.
Asimismo, creemos que más allá de las interpretaciones jurídicas que se le pueda dar a este asunto, con voluntad política puede resolverse el veto planteado por el Ejecutivo federal y de esa forma atender el problema de fondo que es la emergencia que vive el campo mexicano.
Es de la mayor relevancia dejar atrás enconos y diferencias políticas que han provocado que la ayuda para los campesinos mexicanos no haya llegado de manera oportuna y que están enfrentando un panorama desolador.
Hacemos un llamado a las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, a que busquemos los mecanismos de colaboración y entendimiento para destinar los recursos necesarios para atender la emergencia económica y social derivada de los fenómenos climatológicos que han azotado buena parte del territorio nacional.
Por las consideraciones antes señaladas, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a buscar los mecanismos de colaboración y entendimiento para resolver el diferendo con el Poder Legislativo, derivado de la aprobación del decreto mediante el cual el Ejecutivo federal integrará, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un fondo especial de diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz, el pasado 15 de diciembre de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2012.
Diputado Óscar González Yáñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba el veto presidencial sobre el decreto para crear un fondo especial de apoyo destinado a atender la sequía, ante la grave situación que el campo mexicano vive por contingencias climáticas, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, el cambio climático global tiene fuertes repercusiones económicas en la agricultura, ganadería, fruticultura, pesca y acuacultura. Vivimos las consecuencias de heladas tardías o tempranas, inundaciones y una grave sequía, todo ello ha provocado que un alto porcentaje del campo se encuentre en quiebra o al borde de ella. La sequía y las heladas son un elemento más de la crisis agrícola, pues el abandono al campo tiene décadas.
México ha registrado en los últimos meses una de las sequías más intensas de los últimos 20 años. Casi la mitad del territorio nacional reportó ausencia total de precipitaciones y altas temperaturas, con lo que se vieron afectadas alrededor del 80 por ciento de la producción agrícola.
De acuerdo a los resultados del Censo Agropecuario y Forestal 2007, detrás de una unidad de producción rural (UPR), hay una familia, entonces se puede afirmar que en las entidades y municipios con afectaciones hay aproximadamente 381 mil UPR, por tal razón estamos hablando que si aplicamos un factor de expansión de cinco miembros por familia, nos encontramos con más de 1.9 millones de pobladores rurales que ven afectada parte importante de su economía agropecuaria y rural, en mayor o menor medida por esta catástrofe climática.
La situación de sequía es alarmante y ya ha afectado a más de la mitad de los estados de la república, de las 22 entidades federativas las siniestradas por estos fenómenos naturales, se encuentran Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
Cabe mencionar que en estos estados se cultivan más de las dos terceras partes de frijol, casi 50 por ciento del tomate, 40 por ciento del maíz, un tercio del valor de la producción nacional de acuacultura y pesca, más de la mitad de madera, así como 30 por ciento de la ganadería. Igualmente, los productores han señalado que la sequía que vive el país está afectando las tierras destinadas al cultivo de granos principalmente maíz, frijol, y sorgo.
Nos encontramos ante la contingencia más catastrófica desde hace siete décadas en el campo. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al 18 de noviembre del año en curso se tenía registrada una pérdida de 963 mil hectáreas de diversos cultivos y 42 mil cabezas de ganado en todo el territorio nacional.
Ante esta apremiante situación, la Cámara de Diputados de acuerdo a sus facultades y, a propuesta de los estados más afectados por la sequía, creó el fondo especial de atención a la sequía, con una asignación de 10 mil millones de pesos para respaldar a los productores de veinte entidades federativas que perdieron sus cosechas y ganado, provocando en el sector rural que miles de campesinos, ejidatarios, productores y trabajadores agrícolas, ganaderos y pescadores, perdiesen su fuente de empleo, corriendo el riesgo de que los más vulnerables puedan incorporarse aún más a la pobreza extrema.
Sin embargo, el pasado viernes 23 de diciembre del 2011 el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, remitió a esta Comisión Permanente un veto a dicho decreto en el que argumenta que no hay recursos para darle suficiencia presupuestal a este planteamiento a pesar de las grandes catástrofes agropecuarias en las que se encuentra actualmente México.
En este sentido, el veto presidencial muestra una absoluta falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo, por estar impidiendo leyes que permitan hacer llegar a los estados de la república, lo recursos para atender los problemas que enfrenta la población a causa de fenómenos naturales y que ocasionan más desolación y pobreza.
La grave situación del campo y de miles de campesinos, es un reflejo claro de la falta de compromiso que la presente administración tiene con la política agropecuaria, con los productores y con la población rural de este país.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reprueba el veto presidencial al decreto para la creación de un fondo especial de apoyo para la atención de la sequía, destinado a atender la grave situación que vive el campo mexicano debido a las contingencias climáticas y lamenta la falta de sensibilidad del Ejecutivo federal ante la grave situación que vive el campo y miles de campesinos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2012.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al DIF y a la PGR a trabajar coordinadamente en la elaboración de un padrón nacional de niños y de adolescentes desaparecidos que pueda incorporarse al proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría General de la República a trabajar de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos, Extraviados o Sustraídos al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con gran preocupación hemos sido testigos del aumento constante de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos a lo largo del territorio nacional. Tan sólo en los últimos 5 años se han extraviado más de 75 mil menores en nuestro país, y poco más de 150 mil niños han desaparecido. Según las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas, el 67 por ciento tiene que ver con sustracción ilegal de menores, el 9.3 por ciento de los casos se refiere a ausencias voluntarias; el 10.5 de desaparición; el 2.3 es extravío; el 9.3 robo y el 1.2 secuestro. De acuerdo con estas cifras, el 58 por ciento de los desaparecidos tiene de 4 a 12 años y las víctimas son mayoritariamente del sexo femenino.
A nivel local, la gravedad y magnitud de dicho problema se manifiesta en el alarmante aumento de niñas, niños y adolescentes que desaparecen cada año. La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos recibe reportes de 20 niños extraviados al mes en todo el país, destacando por el número de incidencia el Distrito Federal, el estado de México y Jalisco. Tan sólo de julio de 2008 a marzo de 2010 se denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cerca de 2 mil 841 casos de menores de edad cuyo paradero se desconoce, mientras que en el estado de México, datos de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad mencionan que de enero a julio de 2011, se ha iniciado la investigación de 42 niños desaparecidos en el territorio mexiquense lográndose solamente la localización de 8.
Desafortunadamente, las causas principales del extravío o desaparición de niñas, niños y adolescentes están relacionadas con la violencia familiar, la migración hacia Estados Unidos a fin de reunirse con sus familiares o bien porque son víctimas del crimen organizado, ya sea mediante la explotación sexual, comercial y laboral o el reclutamiento ante una situación de desempleo y falta de oportunidades. De acuerdo con datos del Centro de Búsqueda Nacional de Niños Desaparecidos muestran que el 20 por ciento de víctimas de explotación comercial, sexual y laboral jamás son localizados.
En un esfuerzo sin precedentes por garantizar la seguridad de la población infantil y adolescente en nuestro país, el gobierno federal presentó el 28 de abril del 2011, el programa nacional Alerta Amber, cuyo objetivo es la localización y recuperación de niños, y adolescentes extraviados, sustraídos o ausentes mediante la actuación concertada de los gobiernos locales, la sociedad civil y los medios de comunicación, así como una destacada participación de la Embajada de Estados Unidos en México. Actualmente, dicho programa opera en los estados de Baja California, Coahuila, Tamaulipas y el Distrito Federal. No obstante, se requiere que más entidades federativas, principalmente aquellas con una mayor presencia de dicho fenómeno, adopten dicho programa para que, a través de la acción coordinada se logre la recuperación de los menores.
Asimismo, en noviembre del año pasado, el Senado de la República recibió la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cuyo propósito es organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica para proporcionar apoyo en las investigaciones y que actualmente se encuentra en las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública, en proceso de dictamen.
Si bien la eventual aprobación de dicho proyecto permitiría avanzar en la creación de una base de datos nacional sobre personas extraviadas, es pertinente hacer un atento llamado a las comisiones dictaminadoras a fin de incluir un capítulo específico sobre la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos que permita crear una base de datos oficiales, confiables y sistematizados que ofrezcan diagnósticos reales sobre la magnitud del fenómeno de desaparición, extravío o sustracción de niñas, niños y adolescentes. Y es que diversas asociaciones de la sociedad civil han denunciado que las procuradurías no cuentan con información desagregada que permita diferenciar si un niño ha sido víctima de robo o bien se encuentra extraviado. En ese sentido, la instrumentación de esta base de datos permite la elaboración de políticas públicas focalizadas a atender aquellos sectores de la población infantil que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desarrollar estrategias coordinadas a nivel nacional para perseguir a los perpetradores, así como lograr la pronta recuperación de las víctimas.
Por ello, hacer visible este grave problema permitirá una respuesta más eficiente por parte de las autoridades responsables, generará mayor confianza para acudir a denunciar el delito y propiciará el trabajo conjunto de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación para dar atención prioritaria a cada caso de desaparición, extravío o robo de cualquier niña, niño y adolescente.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública del Senado de la República para que en el proceso de dictamen del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se incorpore un capítulo específico para la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría General de la República para que, en el contexto del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México para que, en el ámbito de sus responsabilidades, ponga en macha el programa Alerta Amber con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en dicha entidad.
Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2012.
Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que rinda por sus dependencias un informe detallado respecto al número de licitaciones efectuadas en la presente administración para operar y construir tramos carreteros, a los ingresos provenientes de las autopistas operadas y administradas por Capufe, y a las condiciones laborales de sus empleados; y que se cree una comisión especial encargada de investigar y vigilar las licitaciones realizadas a fin de operar y construir tramos carreteros, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las autopistas y puentes de cuota han sido factor fundamental en el desarrollo económico, social y cultural de México durante los últimos 50 años, ya que han permitido la creación de infraestructuras tan importantes como la educativa, la hidráulica, la agrícola, la urbana y la de salud, entre otras, además de integrar y comunicar a diversas regiones, facilitado la articulación con el resto de la república. 1
En 1963 el gobierno federal creó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) para la operación, administración y conservación de las autopistas, caminos y puentes nacionales e internacionales.
Desde entonces Capufe ha sido el responsable del manejo de estas vías, sumadas a nuevos tramos y ampliaciones, lo que le ha permitido aumentar poco más de tres veces la extensión de la red de autopistas bajo su cuidado.
Tres décadas después, ante los problemas financieros que presentaban las empresas operadoras de las autopistas concesionadas, resultado de los malos manejos por parte de las administraciones priistas de Calos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, se creó el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac ) para ayudar a salvar 23 de las 52 autopistas concesionadas con un adeudo de 57.7 mil millones de pesos, el cual a la fecha no ha sido subsanado, por el contrario se ha ido incrementando de manera estrepitosa.
Sin embargo la corrupción y los interés personales de unos cuantos funcionarios se impusieron, al permitir un incremento de por lo menos el doble en el número de contratos a empresas privadas y al consentir que se emplearan materiales de baja calidad para la realización de trabajos deficientes para darle respuesta a compromisos y compadrazgos.
Como parte de su plan sexenal, el poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha ofertado las licitaciones y después de un tiempo las declara desiertas, con el objetivo de privatizar tramos carreteros con alto aforo vehicular y de esta manera seguir incrementando las arcas privadas, mientras en el país se suman miles de trabajadores al desempleo.
Un claro ejemplo de lo anterior sucedió con la entrega de los tramos de Maravatío-Zapotlanejo, León Lagos, Aguascalientes, Mazatlán-Culiacán, Guadalajara- Tepic y Tepic-Mazatlán los cuales fueron entregados al grupo ICA de Carlos Slim, sin tener claro el precio que se está tasando el kilometro cuadrado.
Además de que la mayoría de los servicios carreteros se realizaron a través de empresas que no tienen algún registro en el sistema de contratación del gobierno federal (Compranet ) y por lo tanto amparados en la ilegalidad, como es el caso de la compañía portafolio (SIASA ) encargada de la administración de 90 por ciento de los ingresos carreteros, así como el mantenimiento y construcción de los caminos y puentes federales.
Con el otorgamiento de concesiones a particulares se vulneran los derechos de los trabajadores y se incrementa el costo del peaje en las carreteras del país, a sabiendas de que la única alternativa para reducir los costos es estandarizarlos con los de Capufe para que el precio se reduzca hasta en 51.25 por ciento.
A estos funcionarios no les ha interesado salvaguardar los derechos de los trabajadores y mucho menos el ahorrar costos, a pesar de que Capufe cuenta con sus propias plantas de asfalto y pintura de la más alta calidad, han seguido otorgando contratos a empresas privadas que siguen llenándose los bolsillos a costa de la miseria y la pobreza de los mexicanos.
Estas empresas fantasma violan las normas consagradas en el artículo 123 de nuestra Constitución, al no proporcionar a los trabajadores que prestan sus servicios en tramos carreteros, la adecuada seguridad social, salarios bien remunerados, respeto a la jornada de trabajo, y condiciones óptimas para el desempeño de sus actividades sin riesgo para su vida.
A todo este conglomerado de irregularidades y abusos hay que sumarle la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Ejecutivo federal.
Un claro ejemplo sucedió en el V Informe de Gobierno, donde se publicitó hasta el cansancio que se habían “construido y modernizado más carreteras y caminos rurales que en cualquier otro sexenio” y la realidad es que el único avance real es el incremento de concesionarios de autopistas en nuestro país, los cuales cobran al doble las tarifas, permitiéndoles obtener ganancias superiores a los 15 mil millones de pesos y consolidar a las autopistas de México como las más caras del mundo.
Al conocer la glosa del informe en lo que refiere a los ingresos que reportan las diferentes dependencias y organismos de gobierno, faltó claridad en la composición de los grupos de carreteras que opera y administra Capufe, ya que durante su vigencia llegó a tener como red propia 23 tramos carreteros entre las que se encuentran las autopistas más rentables del país, cuyos ingresos se reportaron al Fondo Nacional de la Infraestructura, lo cual resulta una artimaña, porque existen carreteras que le fueron arrebatadas a Capufe y nunca fueron objeto de algún rescate como para que reporten esos ingresos en otra parte.
De qué sirve que se sigan asignando grandes presupuestos, si las autopistas no son bien administradas y no se llevan a cabo verdaderas reparaciones que garanticen una durabilidad mínima de 10 años, así como el traslado seguro y tranquilo de los usuarios; las carreteras en nuestro país se han convertido en un peligro, ya que las reparaciones son realizadas en periodos de lluvia y con técnicas obsoletas, lo que da como resultado trabajos de baja calidad.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero . El Senado de la República solicita al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rinda un informe detallado del número de licitaciones otorgadas durante su administración para la operación y construcción de tramos carreteros en el país.
Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rinda un informe detallado sobre los ingresos provenientes de las autopistas operadas y administradas por Capufe.
Tercero . Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que rinda un informe pormenorizado ante esta Cámara de Senadores, sobre las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de Capufe, que prestan sus servicios para la construcción, mantenimiento y operación de tramos carreteros y emprenda políticas públicas a favor de este sector.
Cuarto . Se exhorta a esta asamblea para que se conforme una comisión especial encargada de investigar y vigilar las licitaciones otorgadas a empresas para la operación y construcción de tramos carreteros en México.
Notas
1. http://www.capufe.gob.mx. Última consulta el 16 de noviembre de 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero del 2012.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a autorizar erogaciones suficientes para constituir el fondo de contingencias climáticas en apoyo de productores agrícolas de Sinaloa y del resto del país que fueron afectados en 2011, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 6 fracción I, 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que autorice las erogaciones suficientes para constituir el fondo de contingencia climatológica y de este modo apoyar a los productores agrícolas del estado de Sinaloa, así como los del resto del país que fueron afectados por las heladas del pasado año de 2011.
Exposición de Motivos
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el gobierno federal asumió como premisa básica la búsqueda del desarrollo humano sustentable como un motor de transformación y como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida.
De igual forma el primer párrafo del apartado 2.7 del plan de referencia manifiesta:
“2.7 Sector Rural
El Sector Agropecuario y Pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país porque, además de ofrecer los alimentos que consumen las familias mexicanas y proveer materias primas para las industrias manufacturera y de transformación, se ha convertido en un importante generador de divisas al mantener un gran dinamismo exportador. En éste vive la cuarta parte de los mexicanos, y a pesar de los avances en la reducción de la pobreza alimentaria durante los años recientes en este sector, persiste aun esta condición en un segmento relevante de la población rural.
...”
En este tenor, hace unas semanas, de gira por el estado de Veracruz, el presidente Felipe Calderón, se comprometió a seguir apoyando al campo mexicano y a responder con hechos concretos, por lo cual manifestó la voluntad del gobierno federal de trabajar en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, sin distingos de partidos ni de ideologías:
“Lo hacemos con la profunda convicción de que los fondos que manejamos no son nuestros, sino de todos los mexicanos, recursos que tienen que ejercerse con probidad, con eficacia, con transparencia, rindiendo cuenta puntual de los mismos y, sobre todo, ejerciéndolos sin condicionamiento político alguno para nadie”.
Postura que resulta incongruente con los hechos que a continuación expongo.
El Congreso de Sinaloa aprobó solicitar al gobernador de este estado intervenga ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que se reconozcan más de 128 mil hectáreas siniestradas y cuyos productores aún no reciben el apoyo respectivo. Ese apoyo es de tres mil pesos por hectárea, derivado de la emergencia provocada por las heladas del pasado mes de febrero 2011.
El citado fenómeno natural siniestró 523 mil 646 hectáreas -de 699 mil 562 sembradas- en el ciclo otoño-invierno y significó la pérdida de 75 por ciento de los cultivos.
En este tenor, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió del secretario de Agricultura del estado de Sinaloa, Juan Guerra Ochoa, un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se asignen 10 mil millones de pesos de excedentes petroleros para enfrentar la emergencia agrícola provocada por las heladas en esa entidad, donde se reportaba la pérdida de 60 por ciento de la producción del maíz.
Por ende, el 13 de diciembre de 2011 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una iniciativa para crear el fondo de emergencia para atender contingencias climatológicas en más de 14 estados, los cuales requieren de al menos, 10 mil millones de pesos (Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, estado de México, Hidalgo, Veracruz, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Querétaro y parte de Guanajuato).
Pese al impacto económico que trae consigo esta catástrofe, el presidente Felipe Calderón comunicó a la Cámara de Diputados su veto a esta medida al señalar que no hay recursos para ese fondo, lo cual me parece alarmante por ser 2012 un año electoral.
Esta medida de Calderón obligará a los diputados federales a reponer el proceso para apoyar a las entidades afectadas.
Sin embargo no hay que dejar de mencionar la última helada del pasado 24 de diciembre de 2011, la cual afectó la zona sur del estado, ya que el intenso frío no respetó ninguno de los cultivos establecidos e incluso hasta la maleza que jamás había sido afectada por el mal tiempo, con base en datos preliminares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y las juntas de sanidad vegetal del norte de Sinaloa, se estiman daños totales en más de 30 mil hectáreas en esta región, y parciales en más de 20 mil.
Debe existir voluntad política por parte del Ejecutivo federal hay soluciones para dirimir este fenómeno, ya que la propia Ley de Presupuesto Federal contempla algunas alternativas de dónde se podrían asignar esos recursos para crear el fondo de contingencia climatológica e inclusive existen algunas partidas que pueden ser reasignadas en ese propósito.
Al respecto el primer párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala:
“Artículo 19. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:
I. ...”
Es evidente que la resolución del presidente del empleo resulta alarmante debido a que para nadie es ajeno el estado de crisis que vive México y el resto del mundo, la cual no se limita a definiciones estrictamente económicas o financieras.
El campo es uno de los sectores más golpeados por las crisis y ha sido excluido por este modelo económico, lo cual es muy serio si consideramos que el campo representa el pilar de la estructura económica de cualquier país.
No debemos olvidar que el campo mexicano presenta un latente retroceso como es el caso de esta medida, la cual deja a los campesinos en condiciones de pobreza comparables a las de países con economías de menor capacidad que la nuestra.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que autorice las erogaciones suficientes para constituir el fondo de contingencia climatológica y de este modo apoyar a los productores agrícolas del estado de Sinaloa, así como los del resto del país que fueron afectados por las diversas contingencias climatológicas ocurridas durante el año 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2012.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa preocupación por la seguridad y el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos, y solicita a la SRE un informe sobre la estrategia que el gobierno ha realizado para protegerlos, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
El senador Luis Alberto Villarreal García, de conformidad con lo previsto en los artículos 108, numerales I y II; 95, numeral II; y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución , por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación por la seguridad y el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes y solicita a la Cancillería que exprese nuestro enérgico rechazo a las disposiciones del apartado D, “Asuntos sobre Detenidos”, de la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2012; que informe a esta soberanía cuál es la estrategia de protección a nuestros connacionales frente a potenciales violaciones de sus derechos humanos; que envíe un análisis sobre la capacidad operativa de sus consulados para realizar esta labor; y que establezca un número telefónico 1-800 de asesoría legal gratuita a migrantes mexicanos.
Exposición de Motivos
La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés, National Defense Authorization Act 2012 ), aprobada por el Senado el pasado 15 de diciembre y ratificada por el presidente Barack Obama el 31 de diciembre, en el apartado 1031 permite al Ejército detener a los sospechosos de terrorismo “por tiempo indefinido (hasta que terminen las hostilidades), sin que se presenten cargos y sin que se realice un juicio”.
Las disposiciones del NDAA brindan al gobierno un poder absoluto y discrecional al permitir que se detenga a cualquier persona en territorio norteamericano por tiempo indefinido por la simple sospecha de apoyar o participar a organizaciones o actividades terroristas, directa o indirectamente, en el pasado, presente o futuro. La ley no tiene límites temporales ni geográficos, por lo que puede detenerse a extranjeros lejos de cualquier campo de batalla.
Cabe mencionar que la ley expresamente dice en el apartado 1032(b) que los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que residan legalmente en Estados Unidos no serán sujetos a estas disposiciones; sin embargo, excluye a los migrantes indocumentados y a cualquier no residente extranjero.
Dichas disposiciones no sólo constituyen una amenaza a las libertades fundamentales y a los derechos civiles contemplados por la propia constitución estadounidense, sino que también constituye una violación a los derechos humanos contemplados en distintos instrumentos internacionales a los cuales está adherido Estados Unidos. La presunción de inocencia, el derecho a tener un juicio justo y el derecho a defenderse en cortes civiles y federales se encuentran expresados a través de la Sexta Enmienda y están considerados como derechos fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1992) de las Naciones Unidas. Este ultimo dice en el artículo 9:
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
[...]
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad . La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida con la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
[...]”
Esta ley representa un riesgo importante para la seguridad de nuestros connacionales y la potencial violación de sus derechos humanos, dado el ambiente cada vez más adverso en el que viven nuestros migrantes; así como la constante vinculación que se ha hecho entre la migración de mexicanos indocumentados y células terroristas, del Hezbollah o Al Qaeda, por mencionar algunos ejemplos, en el discurso político antiinmigrante en algunos estados de la Unión Americana.
Por lo expuesto, someto a la aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación por la seguridad y el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que manifieste nuestro enérgico rechazo a las disposiciones del apartado D, “Asuntos sobre Detenidos”, de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, por representar una violación a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, atenta y respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar a esta soberanía un informe sobre la estrategia del gobierno mexicano para proteger la integridad física y el respeto de los derechos humanos de los mexicanos que residen en el exterior, así como un análisis de la capacidad operativa de sus consulados para realizar esta labor.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión demanda a la Cancillería la creación de un número 1-800 de asesoría legal gratuita a migrantes mexicanos, para apoyar las labores de prevención y protección que realizan los consulados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 4 de enero de 2012.
Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SCT para que explique la situación que guarda la asignación otorgada a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV, así como el estado y el funcionamiento de las vías asignadas, a cargo del senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, senador Rogelio Rueda Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El ferrocarril es un medio de transporte terrestre que ha resultado de crucial importancia para el México moderno, al ser uno de los de menor costo. El traslado de mercancías desde el océano Pacífico hacia el Atlántico ha implicado el aprovechamiento idóneo de la posición geográfica de nuestro país, permitiendo que se tenga un enlace interoceánico interno. Esto se ha realizado a lo largo de varios años por medio del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV es una empresa de participación estatal mayoritaria. El trayecto de las vías que tiene asignadas va entre Medias Aguas, en Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, pasando por Matías Romero, Lagunas e Ixtepec, los tres puntos también en Oaxaca. Dicho sistema tiene una longitud de 207 kilómetros, que aunque pareciera corto, es muy importante en el comercio y economía de nuestro país, ya que conecta nuestras dos costas.
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) mediante el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999 destina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los inmuebles de la vía general de comunicación ferroviaria del Istmo de Tehuantepec.
Poco antes, el 3 de marzo de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autoriza la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV (FIT). El FIT se constituyó como sociedad anónima de capital variable el 19 de octubre de 1999, con el objeto de operar la vía general de comunicación ferroviaria de Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, y el de construir, operar y explotar el tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, Veracruz.
La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999, destinó al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los inmuebles que constituyen la vía general de comunicación ferroviaria del Istmo de Tehuantepec, así como los inmuebles donde se encuentran las instalaciones para la prestación de servicios auxiliares, según se define y especifica a éstos en la propia Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con objeto de que esta dependencia otorgue sobre dichos inmuebles las asignaciones y permisos respectivos en términos de lo dispuesto por la citada Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
Las condiciones en que hoy se encuentran las vías y talleres de mantenimiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec son preocupantes, debido a la falta de atención y al tipo de servicio que se presta a las empresas que transitan por esta ruta, lo que se traduce en una inmediata necesidad de atender la problemática generada. En atención a ello, además, algunos medios de comunicación han publicado que existe una inminente modificación del régimen jurídico por el que se encuentran asignadas estas vías, de una ruta que resulta crucial para el transporte de mercancías en nuestro país.
Resulta preocupante que se considere la posibilidad de privatizar esta empresa, con el marco jurídico vigente y frente a los magros resultados de la privatización de las otras empresas ferroviarias, que se han convertido en monopolios que limitan el pleno desarrollo del transporte ferroviario en nuestro país e impiden el crecimiento de estos servicios, no sólo desafiando a la autoridad que debiera regularlos, sino lastimando los intereses nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que explique la situación que guarda la asignación otorgada por la dependencia a su cargo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, el estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas, el servicio que se presta actualmente y cuáles son las medidas que tiene considerado tomar al respecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2012.
Senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que declare nula la reciente elección de gobernador e instruya la realización de nuevos comicios, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la República de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para que declare nula la reciente elección a gobernador de Michoacán e instruya la realización de nuevas elecciones.
Consideraciones
1. El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo en el estado de Michoacán, entre otras, la elección de gobernador de la entidad y presidente municipal de su capital, la ciudad de Morelia, cuyos resultados se vieron opacados por situaciones que presumiblemente atentaban contra la democracia de los michoacanos.
En virtud de ello el Partido Acción Nacional (PAN) promovió la impugnación de los resultados de las elecciones tanto de gobernador como alcalde de Morelia ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que a la fecha mantiene en estudio lo correspondiente al gobernador, pero declaró la improcedencia de la acción legal interpuesta por el mencionado órgano político, es decir el PAN, el pasado 17 de diciembre, ante lo cual éste último promovió la respectiva querella ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Así, el pasado 27 de diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sala regional Toluca, declaró la nulidad de la elección en el ayuntamiento de Morelia que le había dado el triunfo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) aduciendo 14 argumentos que plasmó el PAN en la mencionada querella.
Con ello, se refuerza la posición que el PAN sostuvo al señalar que la voluntad democrática de los michoacanos había sido alterada por la existencia de diversos factores que violentaron las condiciones de equidad y de libre ejercicio del sufragio.
No sólo en el PAN, sino muchos ciudadanos han mostrado descontento, no únicamente por los resultados, sino por los hechos que se vivieron en las elecciones michoacanas, ya que durante la jornada electoral existieron acciones que sin duda incidieron en los resultados, como la excesiva publicidad a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin tener certeza ni transparencia en su procedencia y algunas otras aún más graves, que podrían traducirse en compra de votos e incluso tipificarse como extorsión por parte de grupos organizados.
De acuerdo a los resultados por el Protocolo de Seguridad del Proceso Electoral de Michoacán firmado el pasado 25 de agosto por la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado de Michoacán, se contabilizaron 18 municipios en los cuales los candidatos de diversas planillas fueron amenazados por integrantes del crimen organizado, además de que se presentaron dos solicitudes de seguridad para candidatos.
Asimismo, se detalló que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, inició 100 averiguaciones previas en torno a delitos electorales, mientras que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 46 denuncias, agregando que de los días 11 a 13 de noviembre de 2011, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, 57 personas por presuntos delitos electorales.
2. Por otra parte, de acuerdo al Instituto Electoral de Michoacán, para las elecciones de 2011 en este estado, la lista nominal de electores fue de 3 millones 415 mil 690 ciudadanos de los cuales 555 mil 864 son de Morelia, municipio con más votantes en la entidad, lo que representa un significativo 16.27 por ciento del total de los votantes, quienes por las circunstancias en las que se llevaron a cabo las mencionadas elecciones, fueron afectados en su derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo, tal como ya lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al declarar la nulidad de la elección en Morelia.
Tratándose, como ya se dijo, de un alto porcentaje de votantes que fueron afectados en el ejercicio de su derecho a votar, es dable suponer que la voluntad del universo de votantes para elegir a su gobernador también se vio lesionada y no refleja la verdadera voluntad de la mayoría de los michoacanos, máxime si tomamos en cuenta lo cerrado de los resultados, ya que de acuerdo con el instituto electoral local, en la elección para gobernador, el PRI tuvo un resultado de 35.39 por ciento de los votos, mientras que el contendiente más cercano, el PAN, el 32.67 por ciento; diferencia que resulta mínima y hubiera sido otra, sin las acciones y circunstancias por las cuales el tribunal federal mencionado declaró nula la elección en Morelia.
3. En virtud de todo lo anterior, enfatizando en que los resultados obtenidos en la elección de la capital del estado carecen de legitimidad, sumando que tanto la elección de presidente municipal como de gobernador se realizaron de forma paralela y que ambas elecciones fueron organizadas por las mismas autoridades electorales, entre otras similitudes, es dable presumir que el resultado pudo haber sido distinto sobre qué fuerza política encabezaría el gobierno del estado de Michoacán. En este sentido es que se estima viable y congruente con el actuar del Poder Legislativo, solicitarle al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que declare nula la elección para gobernador del estado de Michoacán, pues ya no sólo persiste la duda sobre la equidad y el libre ejercicio del voto de los michoacanos, sino que hay antecedentes claros como el caso de Morelia, donde se lesionó severamente la equidad entre los contendientes y el derecho de los michoacanos de elegir libremente a sus representantes.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para que declare nula la reciente elección de gobernador de Michoacán e instruya la realización de nuevas elecciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2012.
Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Financiera Rural que intervenga a fin de que los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, obtengan una prórroga para cubrir sus adeudos, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García y suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Gerardo Sánchez García, Carlos Cruz Mendoza, Manuel Humberto Cota Jiménez, Cruz López Aguilar, y el senador Rogelio Rueda Sánchez, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo por el que solicitamos que la Financiera Rural, organismo descentralizado del gobierno federal otorgue una prórroga a los arroceros del municipio de Cuauhtémoc, SPR de RL del estado de Colima, toda vez que el incumplimiento a sus obligaciones financieras con esa institución, es ajeno a su compromiso de pago, bajo las siguientes
Consideraciones
1). Los productores de arroz del estado de Colima atraviesan por una crisis financiera que tiene su origen en la falta de pago de la Empresa Covadonga por 3.8 millones de pesos (MP) 1 , correspondiente el ciclo primavera- verano 2009, en 36 productores.
2). Con el propósito de atender esta situación, el 5 de noviembre del 2010, se asistió a una reunión del Sistema Producto Arroz (SPA) y Aserca en la Ciudad de México. En esa reunión se señaló que había un problema fuerte de comercialización de 55 mil toneladas de arroz, ya que Covadonga, entre otras empresas, no estaban comprando. Se acordó conformar un fideicomiso integrado por los productores de arroz y las instituciones públicas Financiera Rural, Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura (FIRA), Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para darle certidumbre al pago de las cosechas, acordándose un precio de 2 mil 750 pesos por tonelada.
3). Un mes después, es decir, el 8 de diciembre de 2010, se reúne en la Ciudad de México el SPA donde se pide avances del arroz entregado por estado y se les informa que está trabajando el fideicomiso para fondear los recursos.
4). En febrero de 2011 se reúne una vez más el SPA en las oficinas de Aserca en la Ciudad de México, se informa entonces, que debido a los problemas que presentan los acreedores en contra de la empresa Covadonga, del arroz entregado por todos los estados, sólo quedaron 8 mil toneladas tomadas por una empresa denominada Granos y Semillas Patrón y que sólo reconocía ese volumen disponible, comprometiéndose a pagar 22 millones de pesos.
5). El resto de los adeudos de 2009 y 2010 se pagarían a los productores bajo el esquema de ingreso objetivo:
Conceptos Precio por tonelada (pesos)
Granos patrón 1,300
Ingreso objetivo 440.0
Carta cesión productores 220.0
La diferencia
Programa Especial Sagarpa 790.0
Total 2,750.0
Los adeudos de Covadonga a los arroceros del país son los siguientes: 2009: 15.8 millones de pesos; 2010: 74.3 millones de pesos; total 90.1 millones de pesos.
6). El 10 de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publican los lineamientos del componente de apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización para el apoyo complementario del ingreso objetivo de arroz, ciclo primavera- verano 2010.
7). En este proceso se suceden una serie de dificultades burocráticas con requisitos y más requisitos, donde sólo recibirán atención de pago en Colima 36 productores de arroz, de poco más de 140.
8). Sin liquidez, sin manera de obtenerla, amén de la falta de cumplimiento de los compromisos del gobierno y empresas irresponsables que arrastran con su actitud a productores que confían en ellas, resulta imposible que puedan cubrir sus obligaciones financieras. Es el caso de los arroceros del municipio de Cuauhtémoc, SRL de RL de Colima, que adeudan un crédito de avío por 9 millones de pesos con Financiera Rural, para lo cual se tramitó una prórroga por 90 días, sin embargo dadas las circunstancias descritas no se han podido cubrir las amortizaciones. Lo mismo sucede con un crédito refaccionario por 10 millones de pesos, cuyo primer vencimiento fue en septiembre de 2011. El monto a pagar es por 700 mil pesos más intereses.
Ambos créditos ya han sido judicializados, es decir, han sido designados despachos para proceder a su cobro, lo cual, de llevarse a cabo estos procesos, ponen en serio riesgo el patrimonio de los arroceros colimenses y la seguridad de sus familias.
Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Financiera Rural, FIRA, Sagarpa y Aserca a explorar mecanismos que den viabilidad práctica a la solución de los problemas de pago que enfrentan los productores de arroz en el estado de Colima y, de haber casos semejantes, atender los de otras regiones o estados de la república.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Financiera Rural a atender la solicitud de los arroceros del municipio de Cuauhtémoc, SRP de RL en el estado de Colima a fin de no judicializar el pago de los créditos que estos productores tienen con esta institución, y se les otorgue flexibilidad y nueva prórroga para cubrir sus adeudos, toda vez que no se están negando a pagarlos, sino las circunstancias coyunturales los obligan a un incumplimiento involuntario.
Notas
1. Ya se había señalado en el punto de acuerdo –que fue aprobado por la Comisión Permanente en julio pasado– donde se solicitaron practicar sendas auditorías (de despeño y administrativas) a la Financiera Rural, a la empresa Covadonga se le señala con dos créditos cancelados por 36 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2012.
Diputados: Gerardo Sánchez García (rúbrica), Humberto Cota Jiménez, Carlos Cruz Mendoza, Cruz López Aguilar. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez.
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado tanto por autoridades municipales y comunales como por núcleos agrarios de Oaxaca y Chiapas, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, sustentado en las siguientes
Consideraciones
El 22 de diciembre de 2011, en la sede de la Secretaría de Gobernación, se signó un acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas.
En el acto firmaron como testigos el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; y los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué Monteagudo y Juan Sabines Guerrero, respectivamente.
Éste un acuerdo histórico que puede dar por concluido uno de los conflictos más antiguos en el marco de un complejo conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas sobre 160 mil hectáreas de selvas, que desde 1967, cuando por medio de un decreto presidencial expedido por el entonces Ejecutivo federal, se reconocieron 594 mil hectáreas de tierras comunales a San Miguel y Santa María Chimalapas. Dicha extensión, antes y después del decreto, ha estado en litigio entre indígenas zoques y ejidatarios y ganaderos de Cintalapa, Chiapas.
Tal como expresamos en el punto de acuerdo presentado al pleno del Senado de la República el 10 de noviembre de 2011, el litigio de límites se complica por las invasiones de madereros chiapanecos que desde la década de 1950 hasta finales de la de 1970 explotaron los bosques de la zona, mientras que el otorgamiento de permisos de explotación forestal concedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la zona limítrofe sin el consentimiento de la población ha sido otra causa más del conflicto.
Se agrega a lo anterior la publicación de nuevos límites geográficos entre ambas entidades por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los que desapareció del territorio de Oaxaca más de 160 mil hectáreas de la zona oriente de Los Chimalapas, que el gobierno de Chiapas se adjudicó.
Por último, el Congreso de Chiapas aprobó una reforma de su Constitución por la que se crean cuatro municipios, entre ellos el de Belisario Domínguez, con sede en el pueblo de Rodulfo Figueroa, en la región de Los Chimalapas, en el cual el pasado fin de semana se integró el concejo municipal.
Los acuerdos alcanzados consistieron en establecer el compromiso de mantener la paz social, la tranquilidad y seguridad en la región; asimismo, en garantizar el libre tránsito de los pobladores de la región; fijar el compromiso de canalizar sus demandas por la vía pacífica y con arreglo al marco jurídico constitucional y legal y los instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas.
Uno de los puntos señala la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria como la instancia que convoque a los núcleos agrarios en conflicto al diálogo directo entre ellos, denominado “de campesino a campesino y de indígena a indígena”, para avanzar en el proceso de conciliación y solución del conflicto, estableciendo previamente un procedimiento consensuado entre las partes y con la mayor brevedad.
Asimismo, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas deben garantizar la libertad, la seguridad y el pleno goce de los derechos humanos de las autoridades en los órganos agrarios y comisionados que impulsen la conciliación y solución del conflicto agrario que se vive en la región, mientras que la Secretaría de Gobernación debe dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos suscritos.
La preocupación de una escalada de violencia generalizada y la relativa inacción de las autoridades federales y locales han orillado a que se presentaran al pleno del Senado de la República dos puntos de acuerdo, uno el 10 de noviembre pasado y el segundo el 17 del mismo mes, a través de los cuales se solicitaba buscar medios de solucionar el conflicto mediante el diálogo y el consenso.
El acuerdo es un gran avance, pues materializa nuestra solicitud presentada al pleno del Senado; ahora corresponde cumplir el acuerdo tanto a las autoridades federales como a las locales.
En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria, a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas, el 22 de diciembre de 2011, y que testificaron los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2012.
Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica)