De la Comisión Especial para la Competitividad, final de actividades

Antecedentes

El 10 de diciembre de 2009, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se aprobó la creación de la Comisión Especial para la Competitividad, teniendo como objetivo construir conjuntamente con el Poder Ejecutivo, el sector productivo, los organismos nacionales e internacionales, así como con la academia y expertos, una agenda de trabajo que contribuya a impulsar la competitividad de México.

Integración de la comisión

Al instalarse la comisión, estaba integrada por 15 miembros propuestos por los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: 5 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 4 diputados del Partido Acción Nacional (PAN); 2 diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD); 1 diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM); 1 diputado del Partido del Trabajo (PT); 1 diputado de Movimiento Ciudadano, y 1 diputado de Nueva Alianza.

Al cierre de la LXI Legislatura, la comisión está integrada por 9 diputados en la siguiente proporción: 3 diputados del Partido Acción Nacional (PAN); 2 diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI); 1 diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD); 1 diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM); 1 diputado del Partido del Trabajo (PT); y 1 diputado de Nueva Alianza.

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) presidente; Norma Sánchez Romero (PAN) secretaria; Mario Alberto di Costanzo Armenta (PT), César Daniel González Madruga (PAN), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), Israel Reyes Ledesma Magaña (PRI), Vidal Llerenas Morales (PRD), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza), Enrique Octavio Trejo Azuara (PAN).

Reuniones ordinarias

• Reunión de instalación, 23 de febrero de 2010

La instalación de la Comisión Especial para la Competitividad se llevó a cabo con la presencia de representantes del sector público, el sector empresarial, la academia y organismos nacionales e internacionales.

En la instalación, el presidente de la Comisión, diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, manifestó que el objetivo de la Comisión es analizar, discutir, y proponer reglas y procedimientos que fomenten y estimulen la inversión, la innovación, el empleo, la productividad y el desarrollo de los individuos. Aseveró que para alcanzar estos objetivos es indispensable que la Comisión tenga una estrecha vinculación con el sector productivo, la academia, los trabajadores y los diversos grupos que determinan la competitividad de México o pueden contribuir a mejorarla, ya que sólo a través del trabajo conjunto, coordinado y la búsqueda de consensos, se podrán lograr los cambios que requiere nuestro país.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Norma Sánchez Romero (PAN), secretarios; César Daniel González Madruga (PAN), Nancy González Ulloa (PAN), Francisco Herrera Jiménez (PRI), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), Vidal Llerenas Morales (PRD), María Teresa Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano), Armando Ríos Piter (PRD) y Jaime Arturo Vázquez Aguilar (Nueva Alianza), integrantes.

• Reunión del 4 de marzo de 2010

El objetivo de la reunión fue aprobar la agenda de trabajo de la comisión, acordándose trabajar en los siguientes ejes:

- Competencia. Se acordó impulsar una reforma integral a la Ley Federal de Competencia Económica, con el objetivo de fortalecer las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia (CFC); transparentar las decisiones de la CFC; impulsar la creación de tribunales especializados en la materia; establecer medidas cautelares efectivas; elevar las sanciones económicas a quienes lleven a cabo prácticas monopólicas, así como instaurar sanciones punitivas.

-Vinculación del sector productivo con la educación. Se consideró indispensable que se establezcan mecanismos eficientes que permitan una mayor vinculación entre las universidades y los institutos tecnológicos con el sector productivo, así como impulsar un Sistema Nacional de Capacitación y Certificación; ello contribuiría a que la formación del capital humano se apegue a los requerimientos del mercado laboral, en particular en los sectores con mayor potencial.

- Innovación, ciencia y tecnología. Explorar mecanismos efectivos para articular a las universidades y centros de investigación con el sector productivo, en virtud de que sólo una de cada cuatro empresas realiza actividades de investigación y desarrollo, y de ellas, sólo el 1.4 por ciento lo hace en colaboración con universidades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vinculación.

- Impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme). Hacer una revisión de la legislación existente que impacte el funcionamiento de Mipyme, para simplificarla, con textos jurídicamente más claros y comprensibles que faciliten su transparencia y ejecución. También se consideró conveniente analizar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que las compras del gobierno contribuyan al crecimiento y desarrollo de las Mipyme.

- Mejora regulatoria. Impulsar que los dictámenes de las iniciativas de ley incluyan un estudio del impacto en regulación y en la competencia. Asimismo, se acordó que la Comisión establecerá vínculos con las legislaturas locales en los estados, ya que es donde se encuentran los principales cuellos de botella en materia de regulación.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Norma Sánchez Romero (PAN), secretarios; Mario Alberto di Costanzo Armenta (PT), César Daniel González Madruga (PAN), Nancy González Ulloa (PAN), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), Vidal Llerenas Morales (PRD), Armando Ríos Piter (PRD), y Enrique Octavio Trejo Azuara (PAN), integrantes.

• Reunión del 16 de marzo de 2010

La reunión tuvo como finalidad que expertos dieran su visión sobre la situación competitiva de México.

Especialistas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) expusieron los principales resultados del estudio Evaluación del Desempeño de los Órganos Reguladores en México. En relación con cada una de las comisiones que se analizaron, los especialistas comentaron lo siguiente: la Comisión Federal de Competencia (CFC), la cual obtuvo una calificación de 5.2, tiene una estructura adecuada pero no ha utilizado suficientemente bien sus capacidades normativas e institucionales, además de que requiere mayor transparencia en sus procesos internos. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), con calificación de 5.1, cuenta con capacidades limitadas para regular a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y existen en su interior barreras a la competencia y apertura de mercados que deben ser reducidas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con 6.1, no regula efectivamente el ahorro y crédito popular, además de que necesita mayor autonomía en su toma de decisiones. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la cual obtuvo una puntuación de 4.2, se encuentra en una posición de debilidad frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y no cuenta con la capacidad para implementar procedimientos y mecanismos operativos internos.

El doctor Roberto Newell García, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), enfocó su intervención en el impacto que tiene la inseguridad en la competitividad de México. Aseguró que el costo del delito y la corrupción son elevados, representando el 1.8 por ciento del PIB.

Manifestó que hasta no incrementar las probabilidades de que la persona que está involucrada en actividades delictivas sea condenada, no se van a interrumpir las rentas delictivas. Adicionalmente, hizo hincapié en que nuestro sistema de administración de justicia es tan pobre que sólo el 1.8 por ciento de todos los delitos reportados en el país acaban con alguien condenado y en la cárcel.

Propuso que para acabar con el delito del narcotráfico es necesaria su liberalización, lo que disminuiría inmediatamente las rentas económicas, y tratar el tema de la distribución, producción y consumo de las drogas como uno de salud pública.

Señaló que otra alternativa es la creación de una policía nacional profesionalizada o policías estatales altamente capacitadas que operen en territorios grandes, y con mayores probabilidades de éxito en su lucha contra el crimen.

El maestro Pablo Rojo Calzada, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que la competitividad es un fenómeno que se define particularmente a nivel local. Puntualizó que las principales premisas para generar un ambiente local-regional para la innovación y la competitividad son las siguientes: empresas innovadoras; aglomeración del conocimiento; polos de innovación tecnológica; infraestructura; capital social; capital humano; esquemas de sustentabilidad; constitución de redes de políticas públicas para el desarrollo y acción pública de alta intensidad. Expuso que el diseño institucional que tiene el municipio no es el más favorable para desarrollar ese potencial innovador, siendo las principales deficiencias del sistema: los periodos de gobierno municipal son muy cortos; el diseño institucional del cabildo impide una vinculación con actores de la sociedad local; no existen mecanismos de coordinación metropolitana, y no hay profesionalización de los servidores públicos a nivel local.

El maestro Francisco Lelo de Larrea, subdirector de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), señaló que se han identificado, a través de encuestas entre empresarios, numerosos obstáculos en el mercado: elevados impuestos; existencia de monopolios de empresas privadas y públicas; transacciones ilegales entre empresas; ausencia de financiamiento; problemas de logística; marco regulatorio deficiente, así como falta de rotación de personal y disponibilidad de mano de obra.

Algunas recomendaciones para elevar la calidad regulatoria que señaló fueron las siguientes: promover la competencia, seguridad y estabilidad en la regulación; transparencia en el proceso de creación de leyes; protección del interés del consumidor, la seguridad y salvaguarda del medio ambiente; y disminución de los costos de cumplimiento y proceso expedito para ajustarse a los cambios de mercado.

Asistencia

Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Norma Sánchez Romero (PAN), secretarios; Mario Alberto di Costanzo Armenta (PT), César Daniel González Madruga (PAN), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), María Teresa Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano) y Enrique Octavio Trejo Azuara (PAN), integrantes.

• Reunión del 24 de marzo de 2010

En la reunión se hicieron reflexiones sobre la situación de la competencia en México, contando con la presencia del Comisionado Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC); del licenciado Víctor Frías, especialista de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, (CIDAC), y del diputado Idelfonso Guajardo, presidente de la Comisión de Economía.

El comisionado Eduardo Pérez Motta enfocó su exposición en tres temas:

1. México presenta problemas estructurales de competencia que se traducen en baja competitividad y poco crecimiento de la economía mexicana. Enfatizó que el mercado en condiciones de competencia genera oportunidades para los empresarios y beneficios para los usuarios y los consumidores.

2. La CFC ha logrado avances importantes para consolidar la competencia en los mercados nacionales mediante la investigación y sanción de prácticas monopólicas, así como la promoción de los principios de competencia. En el caso de las Afores, señaló que el ahorro a los trabajadores por la eliminación de la comisión sobre flujo ha sido de 688.7 millones de pesos; la entrada de un nuevo participante en la oferta de servicios “Triple play” en el sector de telecomunicaciones ha tenido como resultado la reducción de precios y, derivado de las autorizaciones a la entrada de nuevas aerolíneas, disminuyeron las tarifas y aumentó el número de pasajeros de vuelos domésticos.

3. Existen obstáculos políticos importantes que impiden una política económica favorable a la competencia, pero puede avanzarse por medio de mecanismos de regulación más eficaces y transparentes. Por ello, indicó que es muy importante realizar modificaciones “quirúrgicas” a la Ley Federal de Competencia Económica, como aumentar las sanciones económicas (10 por ciento de las ventas anuales de la empresa) e incorporar sanciones penales como las que ya existen en otros países. En materia de acciones regulatorias, hay propuestas concretas de alto impacto para el Legislativo, como liberar al cien por ciento la inversión extranjera en telefonía fija, de la misma forma que hoy se tiene en la telefonía móvil.

El licenciado Víctor Frías, especialista de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del CIDAC, aseveró que un simple aumento en las sanciones a quienes lleven a cabo prácticas monopólicas no traería beneficios a la competencia del país si no viene acompañado por otras reformas de vital importancia. En particular, expuso tres propuestas específicas para complementar la parte de sanciones: que las opiniones y recomendaciones de la CFC sean vinculantes para que se apliquen con criterios técnicos y alejados de los grupos de interés; que se le asignen mayores recursos a la Comisión para que pueda realizar mejores investigaciones, y dotar a la parte perjudicada con recursos legales para que pueda presentar por su cuenta una demanda por los daños ocasionados.

El diputado Ildefonso Guajardo manifestó su completo compromiso institucional para trabajar de manera conjunta con la CFC y aseguró que la Comisión de Economía procesaría las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica de manera transparente y en el mejor interés del país.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Norma Sánchez Romero (PAN), secretarios; Nancy González Ulloa (PAN), Jorge Juraidini Rumilla (PRI), Vidal Llerenas Morales (PRD) y Melchor Sánchez de la Fuente (PRI), integrantes.

• Reunión del 12 de abril de 2010

El diputado Alberto Cinta Martínez y el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez se reunión con expertos de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del CIDAC, quienes dieron su opinión en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el martes 6 de abril de 2010.

Se contó con la participación de María Cristina Capelo, coordinadora de la Red Mexicana de Competencia y Regulación; Alejandro Faya, profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y consultor externo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; Víctor Pavón, profesor de economía de la competencia y la regulación del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Jorge Velázquez, economista especializado en temas de competencia y socio fundador de Gabinete Económico, y Víctor Valdés, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac.

Los principales aspectos abordados en la reunión fueron los siguientes:

- Atribuciones de la Comisión Federal de Competencia. Consideraron como avances importantes las propuestas de facultar a la CFC para requerir información de los agentes económicos y requerir lineamientos en materia de competencia económica; sin embargo, manifestaron que los lineamientos deben tener carácter obligatorio, no sólo de referencia.

- Sanciones por violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica. Manifestaron que el monto de las sanciones expuesto en la iniciativa del Ejecutivo, se encuentra dentro del promedio de porcentajes comprendidos en la práctica internacional. Se consideró que el aumento en las sanciones debe vincularse con mayores facultades de investigación, autonomía presupuestal, aumentar la probabilidad de ser detectado cometiendo la violación a la ley, así como ampliar y desarrollar recursos humanos.

Visitas de verificación sin previo aviso. Se consideró de suma importancia que la CFC pueda hacer este tipo de visitas, ya que actualmente debe comunicarle a los agentes económicos que serán investigados, lo que conlleva a un escenario propicio para que se destruya u oculte evidencia.

- Autonomía de la CFC. Señalaron como relevante que la CFC cuente con autonomía en su funcionamiento, decisión y presupuesto, para favorecer su credibilidad, evitando que sus resoluciones se interpreten o sean afectadas por los intereses del gobierno, lo cual no fue abordado en la iniciativa del Ejecutivo.

- Instancia revisora de las resoluciones de la CFC. Consideraron como un retroceso y un error que las resoluciones de la CFC sean revisadas por una sala especializada dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que se está creando una instancia que complica las resoluciones y dilata las decisiones de la Comisión. Consideraron que el verdadero contrapeso debe estar en el Poder Judicial, donde sí se debe explorar la creación de tribunales especializados para agilizar la resolución de los casos.

- Voto de los comisionados. Se consideró que la propuesta de 5 días para que un comisionado emita su decisión por ausencia es exagerado y podría sesgar el voto, por lo que debería de ser emitido en un plazo menor, proponiéndose 24 horas. Asimismo, sugirieron que se debería establecer que la ausencia debe ser aprobada por el Pleno y sólo en casos fortuitos o de fuerza mayor.

• Reunión del 13 de abril de 2010

El objetivo de la reunión fue aportar ideas para generar una opinión en relación con la iniciativa que adiciona y reforma la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el Ejecutivo.

Se consideraron viables las propuestas de la iniciativa del Ejecutivo; sin embargo, se acordó que son necesarias algunas precisiones, como las recomendaciones que hicieron, en la reunión del 12 de abril, los expertos de la Red Mexicana de Competencia y Regulación, ya que contribuyen a enriquecer y a no dejar ambiguos algunos temas.

Adicionalmente, los integrantes de la Comisión consideraron como prioritarias las siguientes reformas: establecer en la Ley Federal de Competencia Económica mecanismos para que las Mipyme puedan defenderse de las prácticas monopólicas; establecer algún tipo de perfil para los comisionados, y examinar el destino de los recursos de las multas que se imponen por violaciones a la Ley, ya que pese a que en el artículo 35 se especifica que deben destinarse a los programas de apoyo para las Mipyme, no existen informes que determinen si estos recursos se están canalizando a este fin de forma eficiente y transparente.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Norma Sánchez Romero (PAN), secretarios; César Daniel González Madruga (PAN); Nancy González Ulloa (PAN); María Teresa Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano) y Melchor Sánchez de la Fuente (PRI), integrantes.

• Reunión del 22 de julio de 2010

Se presentaron las principales conclusiones de las cuatro mesas de trabajo para analizar el funcionamiento y el fortalecimiento de los órganos reguladores, que realizó la Comisión Especial de Competitividad en coordinación con el CEEY y de la Red Mexicana de Competencia y Regulación del CIDAC.

Se señaló que mientras que en otros países los reguladores son autónomos y tienen una solidez institucional, en México no se da porque la figura de órgano desconcentrado presenta límites de forma importante: reduce la autonomía, fomenta la interferencia política, debilita políticas transversales, genera conflictos de interés e imposibilita establecer arreglos institucionales acorde a las mejores prácticas. Por ejemplo, no permite que los reguladores estén obligados a presentar reportes al Congreso, así como la ratificación de los nombramientos por parte del Senado de la República.

Por lo anterior, los integrantes de la comisión acordaron analizar la viabilidad de presentar una iniciativa para crear la figura de órganos reguladores autónomos como un nuevo componente de la administración pública centralizada, para lo cual sería necesario hacer una categorización en la propia Constitución y hacer una reglamentación de la figura en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Asimismo, se intercambiaron ideas en relación con la propuesta de que la Comisión impulse que los dictámenes incluyan un instrumento análogo a la manifestación de impacto regulatorio para analizar el costo-beneficio de las propuestas legislativas.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Norma Sánchez Romero (PAN), secretarios; Jorge Juraidini Rumilla (PRI), Vidal Llerenas Morales (PRD) y María Teresa Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano), integrantes.

Reunión del 13 de octubre de 2010

Se presentó la propuesta de iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se indicó que el objetivo principal de la Iniciativa era fortalecer sistemáticamente a los reguladores mediante el establecimiento de arreglos comunes, incrementando su autonomía, solidez institucional y posición administrativa. Para ello, se crea una nueva figura jurídica dentro de la administración pública centralizada, denominada Órganos Reguladores, lo cual implica reformar el Artículo 90 Constitucional y se propone instrumentar esta figura en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Los órganos reguladores estarían sometidos a una serie de reglas generales, como son: refrendo, formulación de proyectos de reformas, rango entre dependencias, cuestiones administrativas, interlocución directa con el titular del ejecutivo y rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión. Además, bajo la propuesta, los órganos reguladores emitirán regulación subordinada; el Senado de la República ratificará a los nombramientos; se fortalecerán los requisitos de elegibilidad de dichos mandos; los periodos de nombramiento serán fijos con remoción por causa calificada; se establecerá que el Poder Judicial de la federación sea la única instancia para revisar las decisiones finales de los reguladores; y se especializarán tribunales judiciales en materia económica en el Primer Circuito.

Finalmente, en lo concerniente a la transparencia y rendición de cuentas, se obligará a los Órganos Reguladores a poner a disposición pública un plan de trabajo; presentar un informe de desempeño al Titular del Ejecutivo y al Congreso; publicar sus decisiones, incluyendo votos particulares y actas del Pleno; así como sistematizar y publicar criterios administrativos.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), Norma Sánchez Romero (PAN), secretarios; Nancy González Ulloa (PAN), Israel Reyes Ledesma Magaña (PRI), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) y Melchor Sánchez de la Fuente (PRI).

• Reunión del 23 de febrero de 2011

Se analizó la propuesta para reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene como objetivo incentivar que las discusiones en el proceso legislativo se sustenten en un diálogo técnico, informado y objetivo.

La idea central de la propuesta es que las iniciativas vayan acompañadas de una guía general con puntos muy sencillos, para que los legisladores tomen en cuenta elementos básicos a la hora de presentar cualquier reforma. Se aclaró que en respeto a la facultad y responsabilidad de los legisladores para presentar iniciativas, cada legislador podría responder estos puntos de acuerdo con su criterio, pues no se pretende intervenir en la libertad legislativa, sino en proponer un método de trabajo que enriquezca el debate de las iniciativas.

En relación con la experiencia internacional en Latinoamérica, se señaló que algunos países exigen, además de la propuesta de reforma legislativa, la presentación de información que facilite el análisis cualitativo. Asimismo, la Unión Europea y 14 países miembros de la OCDE cuentan con algún comité o cuerpo parlamentario responsable de la política de reforma regulatoria.

La propuesta contempla que las iniciativas de ley o decreto estén acompañadas de una exposición de motivos que incluya los siguientes apartados:

- Descripción de los objetivos generales.

- Definición de la problemática que se pretende resolver o del fin de interés público que se persigue.

- Identificación de los grupos de personas beneficiadas y/o afectadas.

- Delimitación de obligaciones, cargas, trámites o barreras a la entrada que se crean o eliminan.

- Valoración del impacto en la competencia y libre concurrencia, comercio e inversión.

- Implicaciones presupuestales.

- Justificación beneficios –los cuales deberán ser superiores a los costos– incluyendo una identificación del impacto en sectores económicos, industria o agentes económicos–.

- Descripción de las mejores prácticas o experiencia internacionales sobre el tema que se plantea.

- Descripción de los resultados de cualquier consulta realizada a grupos interesados, instituciones, gobierno u organizaciones nacionales o internacionales.

- Definición de implicaciones ambientales.

- Los que contemplen los Reglamentos de cada Cámara, según sea el caso.

Asimismo, se propone que las comisiones dictaminadoras de ambas Cámaras valoren los elementos anteriores de las iniciativas de ley o decreto que les sean turnadas para su estudio y dictamen, así como la evaluación del impacto presupuestario y de costo-beneficio, con el apoyo de los centros de estudio de la Cámara, y que los resultados de estas evaluaciones sean incluidos en el dictamen correspondiente. Los integrantes de la Comisión acordaron realizar reuniones con expertos para profundizar más en el tema.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), secretario; Mario Alberto di Costanzo Armenta (PT), Nancy González Ulloa (PAN), Vidal Llerenas Morales (PRD), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza), María Teresa Ochoa Mejía (Movimiento Ciudadano) y Armando Ríos Piter (PRD).

Reunión del 30 de marzo de 2011

El objetivo de la reunión fue la presentación y explicación de las principales conclusiones derivadas del estudio “El Ramo 33 en el Desarrollo Social en México: Evaluación de ocho Fondos de Política Pública” por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Asistieron como invitados especiales los siguientes integrantes del Coneval: doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo; doctor Jonh Scott Andretta, consejero académico; maestra Thania de la Garza Navarrete, directora general adjunta de evaluación; maestra Carolina Romero Pérez-Grovas, directora de muestreo y estadística; y maestro Manuel Triano Enríquez, subdirector de Evaluación de Impacto.

El doctor Gonzalo Hernández Licona puntualizó los principales resultados y recomendaciones para cada uno de los ocho fondos de aportaciones del Ramo 33 y propuso las siguientes reformas a la Ley de Coordinación Fiscal:

- Modernización de instrumentos de medición. Actualizar las variables representativas de la problemática social que cada fondo pretende atender y los datos con que se miden.

- Mejorar la claridad en la normatividad. Establecer clara y específicamente los mecanismos de ordenamiento de política pública en el ejercicio de los recursos de cada fondo del Ramo 33, así como evitar la posible ambigüedad en la definición del uso de los mismos.

- Replantear el diseño de los indicadores de resultados. Rediseñar los indicadores evitando en la medida de lo posible utilizar criterios inerciales y promover una mayor alineación con los objetivos para los cuales fueron creados los distintos fondos, de manera que pueda proveer información orientada a resultados.

- Redefinición de las fórmulas de distribución. Establecer las fórmulas de distribución de los fondos a la luz de los objetivos que persigue cada uno, de tal forma que se promueva la eficacia y eficiencia en su operación.

- Evaluación y auditoría de los fondos. Homologar los criterios para la operación y auditoría de los fondos entre las legislaciones estatales, las diversas secretarías de Estado involucradas en el manejo de los fondos y la Auditoría Superior de la Federación; e incluir en la Ley la evaluación sistemática de la implementación y resultados de los fondos.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM) presidente; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (PRI), secretario; César Daniel González Madruga (PAN), Vidal Llerenas Morales (PRD), Armando Ríos Piter (PRD) y Enrique Octavio Trejo Azuara (PAN).

• Reunión del 19 de julio de 2011

El objetivo de la reunión fue explorar la importancia de una legislación en materia de competencia desleal, así como analizar y discutir dos proyectos de reformas legislativas: uno para fortalecer a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y otro en materia de sociedades mercantiles.

Competencia desleal

El doctor Xavier Ginebra indicó que la competencia desleal puede considerarse como parte de la trilogía que protege el derecho a la competencia económica, el derecho de los consumidores y el derecho de propiedad industrial. Afirmó que en México se cuenta con un régimen incompleto y fragmentado, por lo que es necesario establecer una ley de competencia desleal que unifique lo que está disperso en otras leyes y establezca tipos administrativos claros para tutelar a los competidores, al mercado y a los consumidores, cuando son objeto de actos de este tipo de competencia. Mencionó que algunos países como Alemania, Chile, España, Estados Unidos, Francia y Venezuela, ya cuentan con legislación en la materia.

Afirmó que una ley de competencia desleal evitaría un sinnúmero de juicios en tribunales, ya que se establecerían tipos administrativos claros y limitados, además de que la empresa que haya litigado de manera temeraria estaría obligada a pagar los gastos del juicio. Aseguró que con estos dos elementos se conseguiría reducir el daño que se puede tener derivado de una litigosidad excesiva por competencia desleal.

Por su parte, el doctor Mauricio Jalife expresó que las leyes vigentes no protegen efectivamente a las personas víctimas de la competencia desleal. Por ejemplo, si un competidor está siendo agraviado por otro que lo expone con publicidad ignominiosa, el primero se encontrará impedido tanto de proceder ante las instancias administrativas como la Procuraduría Federal del Consumidor por no tratarse de un asunto que afecte a los consumidores, como a la Comisión Federal de Competencia por no tratarse de un competidor con poder sustancial de mercado; mientras que el Código de Comercio dispone de la necesidad de una resolución de la autoridad administrativa correspondiente para poder intervenir. Indicó que una la ley de competencia desleal pondría en la mano de las micro, pequeñas y medianas empresas recursos mucho más prácticos para defenderse de situaciones que les afectan habitualmente sus nichos, canales, clientela y esfuerzos empresariales.

Mencionó algunas conductas que pueden considerarse como desleales: aprovechamiento del esfuerzo empresarial ajeno; actos de confusión; aprovechamiento de la reputación ajena; uso ilegal de nombres de dominio; rebajas ilícitas de precios, y empresas que utilizan a trabajadores a los que no les pagan prestaciones sociales.

Finalmente, mencionó que los países que más proclaman el libre comercio son los que tienen leyes de competencia desleal más enérgicas, como son los países europeos, Japón, Estados Unidos y Canadá. Añadió que cuando se creó la Ley Federal de Competencia Económica, las empresas se mostraron indiferentes a dicha legislación, pero a medida que su aplicación les fue alcanzando, el propio competidor comenzó a fijar los límites en función de lo que el mercado esperaba y de su propia imagen pública, lo cual revela que –al paso de unos años– se presentarán beneficios para el consumidor y disciplina en el mercado.

Fortalecimiento de la Cofemer

Se expusieron las principales propuestas de reformas para el fortalecimiento institucional de la Cofemer y las reformas aceptadas fueron las siguientes:

- Instituir un mandato fijo con remoción calificada para el titular de la Cofemer y fortalecer los requisitos de elegibilidad.

- Incluir la temática fiscal dentro de las disciplinas de la mejora regulatoria.

- Establecer la elaboración y publicación de un informe anual por parte de la Cofemer que describa un plan estratégico de revisión del acervo regulatorio, conjuntamente con un informe posterior de resultados.

- Otorgar a la Cofemer la atribución para emitir lineamientos generales de carácter vinculantes para elaboración, presentación, estudio y dictamen de las Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR).

- Instaurar MIR diferenciadas para regulaciones de impacto alto o moderado.

- Establecer plazos forzosos de respuesta por parte de entidades y dependencias, cuando la Cofemer solicite ampliaciones y correcciones a la MIR, así como para la contestación de dictámenes no finales.

- Facultar a la Cofemer para emitir dictámenes finales sin que preceda uno de tipo provisional; que aplique lineamientos vinculantes en relación con los programas bienales de mejora regulatoria, y que apruebe y monitoree los planes respectivos.

- Establecer que las iniciativas del Ejecutivo que envía al Congreso de la Unión vengan acompañadas de una MIR, con la finalidad de proporcionar al Congreso mayores elementos para su estudio.

Presentación de la iniciativa que reforma la Ley de Sociedades Mercantiles

Se explicó que las reformas a la Ley de Sociedades Mercantiles tienen como objeto establecer un medio alternativo de constitución de sociedades mercantiles al que actualmente se tiene, que implica necesariamente realizarlo ante notario público o ante corredor público. Ahora se podrán constituir sociedades mercantiles simplificadas ante la Secretaría de Economía utilizando formatos o modelos de contrato social y de estatutos sociales previamente autorizados y publicados por dicha Secretaría.

Se explicó que en el ámbito internacional existen países que comparten la misma tradición jurídica que México y han tenido un resultado muy favorable, como Colombia y Portugal, quienes han implementado estos esquemas sin eliminar la posibilidad de acudir a un notario.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), presidente; Norma Sánchez Romero (PAN), secretaria; Mario Alberto di Costanzo Armenta (PT), César Daniel González Madruga (PAN), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI) y Vidal Llerenas Morales (PRD).

• Reunión del 30 de agosto de 2011

La reunión tuvo como objeto que los comisionados de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Miguel Flores Bernés y Luis Alberto Ibarra Pardo, compartieran su visión en relación con las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica.

El comisionado Luis Alberto Ibarra Pardo hizo énfasis en los beneficios de las reformas efectuadas recientemente. Destacó que la figura del poder sustancial conjunto es una de las reformas más importantes, pues permitirá desarrollar cierto tipo de investigaciones para los casos que exista más de un agente económico con poder sustancial. Asimismo, aseguró que las medidas cautelares para poder suspender prácticas monopólicas mientras se esté llevando a cabo una investigación, contribuirán a limitar o reducir el efecto nocivo que tiene este tipo de prácticas durante el tiempo en que se lleva a cabo la averiguación. Por su parte, las visitas de verificación sorpresa representan otro instrumento que ha demostrado en otros países ser un mecanismo fundamental para el éxito de las investigaciones.

Otras reformas que mencionó como fundamentales fueron: la audiencia oral, que permite a las partes involucradas a tener la oportunidad de presentar sus argumentos oralmente con la presencia de los comisionados; la obligación del Pleno a emitir criterios técnicos para certidumbre de los agentes económicos; el incremento de las multas, con lo cual México ahora cuenta con sanciones máximas que están acordes con las mejores prácticas internacionales; así como la creación de un programa de inmunidad para personas físicas.

El comisionado Miguel Flores Bernés señaló que la reforma al artículo 39 –donde se establece que contra las resoluciones de la Comisión ahora procederá un juicio ordinario administrativo ante juez de distrito y tribunal especializado en materia de competencia–, es un aspecto fundamental del cual va a depender la sobrevivencia del sistema de competencia económica del país.

Mencionó el establecimiento de un plazo de 180 días naturales a partir del 11 de mayo de 2011 para emitir las reglas procesales aplicables al juicio ordinario administrativo. Aseguró que la reforma al artículo 39 resulta peligrosa para el sistema del derecho de la competencia nacional, pues mantiene el procedimiento seguido en forma de juicio y presenta como opcional el recurso de reconsideración. Expresó que ahora el Poder Legislativo tendrá que definir las reglas procesales para revisar las resoluciones de la Comisión. Destacó que el problema de fondo es que un juicio ordinario administrativo con todas sus etapas tarda aproximadamente ocho años, por lo que cuando quede firme la resolución de la Comisión va a prescribir en la acción penal, impidiendo la aplicación de esa sanción.

El comisionado Flores Bernés planteó como indispensable un juicio rápido, con plazos cortos, que contenga los siguientes elementos:

- No apelación. Evitará un mayor retraso, ya que entre más etapas es más difícil dictaminar para el juzgador.

- Litis cerrada. Implica no verter argumentos nuevos que no se hicieron valer en su momento ante la CFC.

- No más pruebas que las rendidas ante la CFC (artículo 78 Ley Amparo).

- Amparo directo y la CFC un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), presidente; Mario Alberto di Costanzo Armenta (PT), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (PRI), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) y Enrique Octavio Trejo Azuara (PAN).

• Reunión del 11 de octubre de 2011

El objetivo de la reunión fue explicar las necesidades y temas pendientes en materia de telecomunicaciones para hacer más competitivo al sector. Asistió como invitado especial el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, quien enfatizó que el área de telecomunicaciones es un sector fundamental de la economía nacional, que tiene la posibilidad de generar una plataforma de productividad que facilite a la industria desarrollarse competitivamente en el mercado nacional y exterior, y permitirá a los consumidores contar con mayores opciones en precio y calidad.

Eduardo Pérez Motta señaló que es importante reflexionar sobre la conveniencia de ampliar el límite de inversión extranjera en telecomunicaciones, particularmente en telefonía fija. De liberalizarse el sector, se reducirían las barreras de acceso, las barreras de entrada a los empresarios y aumentaría la diversidad de los servicios, lo que beneficiaría directamente los bolsillos de los consumidores.

Mencionó que otros problemas de la industria son la negativa de las empresas telefónicas para permitir que nuevas compañías participen –mediante costos de interconexión muy elevados–, así como la renuencia de las televisoras a facilitar el acceso a otros competidores. Ante esta situación, el Comisionado manifestó lo siguiente:

- Es necesario acelerar los procedimientos en curso sobre interconexión en la CFC, en especial la sanción a Telcel, la cual se encuentra en recurso de reconsideración.

- Resulta crucial avanzar en los asuntos sobre interconexión en la Cofetel para que las redes puedan operar de manera eficiente.

- Es imperativo calcular la tarifa de interconexión con base en el modelo de costos de Cofetel.

- Tras interconexión procompetitiva, se debe permitir a Telmex el acceso a televisión restringida: una televisora más impulsaría una reducción en los costos, como sucedió con la entrada de Dish y Sky.

- Resulta apremiante licitar el espectro radioeléctrico para una tercera cadena de televisión, de tal modo que la publicidad sea mucho más accesible.

- Es necesario reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones para fortalecer la capacidad regulatoria de Cofetel en interconexión.

Eduardo Pérez Motta recordó que el 10 de mayo entraron en vigor diversas reformas a la Ley Federal de Competencia Económica e hizo énfasis en su artículo 39 que establece los mecanismos de defensa ante las resoluciones de la CFC. Asimismo señaló que dicha reforma promueve el denominado Juicio Ordinario Administrativo y para garantizar su funcionamiento eficiente y eficaz, son necesarios los siguientes principios:

I. Juicio y mecanismos legales expeditos;

II. Mismas oportunidades de defensa ante los tribunales; y

III. Un Poder Judicial que actúe de manera independiente y no sustituya a la autoridad administrativa.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), presidente; César Daniel González Madruga (PAN), Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) y Melchor Sánchez de la Fuente (PRI), integrantes.

• Reunión del 14 de marzo de 2012

El objetivo de la reunión fue la presentación y el análisis de la propuesta de iniciativa que reforma y adiciona disposiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público. La principal propuesta es la modificación del proceso de adquisiciones para evitar la colusión –definida como una conspiración por parte de las empresas para aumentar los precios o reducir la calidad de los bienes y servicios en un proceso de licitación–. Dicha propuesta está fundamentada en los lineamientos recomendados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas.

Estos fundamentos se incorporan en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus principales reformas son las siguientes:

I. Se especifica la información que debe contener el estudio de mercado.

II. Tanto los lineamientos para la realización de estudios de mercado, así como aquellos para la determinación del precio máximo de referencia deberán ser publicados por la Secretaría de la Función Pública, previa opinión de la CFC. Concluido el proceso de licitación, las investigaciones de mercado deberán publicarse a través de las páginas de Internet respectivas.

III. Se propone que la Secretaría de la Función Pública implemente un programa periódico de capacitación a los servidores públicos para la elaboración de estudios de mercado, así como para la identificación de indicios que permitan suponer la existencia de prácticas monopólicas absolutas en las licitaciones.

IV. Las dependencias y entidades requerirán a los licitadores que revelen bajo protesta de decir verdad, que la propuesta presentada no ha sido objeto de ningún contrato, convenio, arreglo o combinación con competidores para establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en licitaciones. Para ello, se firmará una manifestación de oferta independiente.

V. El diseño de la oferta de adquisición deberá incluir oportunamente una advertencia de las sanciones aplicables por prácticas monopólicas, el programa de inmunidad con su correspondiente beneficio de reducción de sanciones en términos la Ley Federal de Competencia Económica y las penalizaciones en términos de la Manifestación de Oferta Independiente.

VI. Los licitadores en su oferta deberán revelar con anticipación si tienen contemplado realizar subcontrataciones, el nombre de la o las empresas a subcontratar, así como la explicación de la necesidad de la subcontratación.

Asistencia

Diputados: Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), presidente; Norma Sánchez Romero (PAN), secretaria; César Daniel González Madruga (PAN), Vidal Llerenas Morales (PRD) y Enrique Octavio Trejo Azuara (PAN), integrantes.

Foros y mesas de trabajo

• Mesas de trabajo para fortalecer a los órganos reguladores

La Comisión Especial para la Competitividad realizó cuatro mesas de trabajo con la intención de analizar reformas legislativas para el fortalecimiento institucional de cuatro reguladores específicos: la Cofemer, la Cofetel, la CNBV y la CRE. En estas mesas de discusión participaron reconocidos expertos, miembros del CEEY y de la Red Mexicana de Competencia y Regulación que impulsa el CIDAC.

Mesa de trabajo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

La mesa de trabajo de la Cofemer se realizó el 25 de mayo de 2010, teniendo como expertos invitados a la Dra. Josefina Cortés, profesora e investigadoras del ITAM y especialista en el tema de mejora regulatoria; al Ing. Alí Haddou Ruiz, secretario ejecutivo de la CFC, y quien se desempeñó como coordinador general de manifestación de impacto regulatorio de la Cofemer del 2000 al 2004, y al licenciado Carlos Arce Macías, ex titular de la Cofemer durante el periodo 2000-2004.

Comentarios principales:

- Es necesario evaluar elementos duros como los poderes de revisión, mando, disciplinario y de información, así como el sistema presupuestal, los mecanismos de remoción y el sistema de responsabilidad administrativa.

- La presentación de informes al Poder Legislativo podría favorecer la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.

- Se debe promover la mejora regulatoria en los estados y municipios.

- Es fundamental la independencia de la Cofemer frente a la Secretaría de Economía.

- Que el nombramiento del titular de la Cofemer tenga un perfil adecuado y se establezcan en ley las causas de remoción.

- Resulta crucial impulsar el cumplimiento por parte de las Secretarías de los planes bianuales de mejora regulatoria.

- Es importante dividir claramente las funciones de la Cofemer y la Secretaría de la Función Pública para evitar que se traslapen funciones.

- Es necesario que el Congreso establezca un filtro interno de mejora regulatoria y que las iniciativas se discutan con un documento técnico de costo-beneficio.

Mesa de Trabajo sobre la Comisión Federal de Telecomunicaciones

El 1 de junio de 2010 se realizó la sesión relativa a la Cofetel, contando con la participación del doctor César Hernández, investigador asociado del CIDAC y director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía; del doctor Ernesto Flores Roux, académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas y coordinador de asesores de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en México durante el periodo de 2008 a 2009, y del doctor Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit.

Comentarios principales:

- Existe un problema de gobernanza derivado de la “doble ventanilla”. La Cofetel debe tener capacidad de gestión integral; es decir, contar con la facultad de incorporar el mayor número de procesos posible: concesiones, permisos y registros tarifarios.

- Todas las atribuciones que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en materia de telecomunicaciones deben ser otorgadas a la Cofetel.

- Resulta nocivo que la SCT pueda modificar una resolución de la Cofetel.

- Las tareas de política y técnicas en materia de regulación deben mantenerse separadas.

- La Cofetel debe ser un órgano autónomo, fuerte y con capacidad de sanción.

- Son necesarios mecanismos de transparencia, incluyendo arreglos efectivos de participación para los afectados y los particulares, en especial los propios consumidores. Asimismo, debe existir transparencia en las decisiones y mayor difusión de criterios y lineamientos.

- Deben existir reportes que incorporen datos así como una dimensión cualitativa que aporte información sólida al debate público.

- El modelo de órgano desconcentrado resulta poco conveniente para la Cofetel y las diversas opciones de nomenclatura administrativa son obsoletas.

Mesa de trabajo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

En la mesa de trabajo de la CNBV, realizada el 3 de junio de 2010, se contó con la participación de la Dra. Patricia Armendáriz, directora general de Credipyme y vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria en 1992, y del Mtro. Vicente Corta Fernández, socio de la firma internacional de abogados White and Case y quien se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Comentarios principales:

- La CNBV requiere de mayor autonomía con respecto a la Secretaría de Hacienda pues la interferencia para fines políticos podría vulnerar su imagen.

- Existe un traslape de procedimientos regulatorios entre los diferentes órganos, lo que impone costos de transacción muy elevados. La CNBV y el Banco de México deben homologar reglas cuando se trate del mismo producto.

- Para evitar duplicidad de funciones resulta necesario fusionar la CNBV con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

- La CNBV debe tener como parte de su mandato el impulsar el desarrollo del sistema bancario, así como la competencia en el sector.

- Es importante que la CNBV continúe regulando a las cooperativas y cajas de ahorro.

- La carga regulatoria de los intermediarios financieros sigue siendo muy alta, lo que se traduce en barreras de entrada y una inhibición de la bancarización en el país. Se propone que cualquier institución que acredite solvencia técnica, moral y patrimonial debería estar en posibilidades de prestar servicios financieros.

- La regulación debería funcionar no por tipo de institución, sino por servicio, mediante una especie de “licencia financiera”.

- Las cuotas de supervisión deberían de cubrir en su totalidad el costo de la regulación financiera, mismo que no debe ser asumido por la sociedad.

- Es necesario revisar y ampliar el seguro de depósito.

- Se requiere de mayor flexibilidad para atraer profesionistas al interior de la CNBV y de todos los órganos.

- Es conveniente que la Comisión pueda informar al público los procesos de sanción iniciados, aunque no estén concluidos.

Mesa de trabajo de la Comisión Reguladora de Energía

En la mesa de trabajo de la CRE, que se llevó a cabo el 8 de junio de 2010, participaron la Dra. Miriam Grunstein, profesora e investigadora titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, con líneas de investigación especializadas en temas energéticos; el doctor Roberto Newell, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, y el licenciado Raúl Nocedal Moncada, consultor jurídico en materia de energía, y quien fue comisionado de la CRE de 1994 a 2003.

Comentarios principales:

- México carece de una política de regulación en materia energética.

- El marco legal de la CRE es incongruente, ya que la entidad forma parte de la Secretaría de Energía y al mismo tiempo regula a la paraestatal de Pemex.

- La naturaleza de órgano desconcentrado genera una autonomía precaria en la CRE. Tiene que modificarse la subordinación prevista por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para elevar su rango jerárquico.

- La CRE debe tener mayores facultades de verificación y acceso a la información por parte de los órganos regulados.

- Existen distorsiones en materia de tarifas que afectan gravemente a los sectores económicos, como el industrial y comercial. Dichos efectos constituyen un “impuesto a la competitividad” y ocurren cuando las tarifas están por encima de los costos marginales de largo plazo, o cuando se suministra el servicio a segmentos de la población, como el residencial, con costos significativamente más bajos.

- La fijación de tarificación eléctrica debe migrar a la CRE, para que ésta sea fijadas bajo criterios técnicos, neutrales, objetivos y no recaudatorios.

- En la medida que no exista un marco legislativo en materia de eficiencia energética, es poco plausible implementar una política de cambio climático; en especial para vigilar a Pemex, el principal emisor de gases de efecto invernadero en el país.

Seminario Desarrollo regional y competitividad en México: Legislación y agenda pendiente

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, la Comisión Especial para el Desarrollo de Microrregiones y la Comisión Especial para la Competitividad, realizaron el Seminario el Desarrollo Regional y Competitividad en México: Legislación y Agenda Pendiente, efectuado los días 28 y 29 de octubre de 2010.

El objetivo del seminario fue discutir y evaluar las políticas públicas de desarrollo regional de México, así como analizar las causas por las cuales no se han logrado eliminar o disminuir las desigualdades sociales y económicas.

Las principales propuestas fueron las siguientes:

Doctor Juan Pardinas, director de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

- Armonizar y homologar la manera de presentar la información presupuestal por parte de las entidades federativas.

- Dar seguimiento a la homologación de la contabilidad gubernamental en las entidades federativas, ya que es un instrumento fundamental para la planeación de las finanzas públicas.

- Homologar los procedimientos de auditoría en los tres órdenes de gobierno y entre auditores internos y externos.

- Construir mecanismos para que los gobiernos estatales moderen sus niveles de deuda y establecer controles al endeudamiento en el último año de la administración de los gobiernos estatales.

- Incluir dentro de los decretos de presupuesto de los tres órdenes de gobierno un tabulador de plazas de los servidores públicos, para monitorear el crecimiento de la nómina y los gastos en servicios personales en las distintas entidades del país.

Doctor Carlos Bustamante Lemus, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

- Eliminar el impuesto sobre nóminas para fomentar el empleo mejor remunerado.

- Emprender megaproyectos de construcción de infraestructura ferroviaria para carga y pasajeros. Ampliar el trazo y construcción de caminos carreteros en trayectorias de Occidente a Poniente y Pacífico Sur, que conecten a las poblaciones intermedias y de destino litoral para facilitar el comercio nacional e internacional.

- Desarrollar nuevamente proyectos de infraestructura hidráulica para la contención, almacenamiento y distribución de agua de los principales ríos del país y para generar más energía eléctrica para poblaciones y empresas de tamaño medio y pequeño.

- Fomentar el desarrollo, mediante el rescate de una buena parte de los gasoductos, ahora subutilizados, que se construyeron desde los años 80 para exportar el gas natural desde los yacimientos de Chiapas, Tabasco y Campeche hasta la frontera noreste en Reynosa, Tamaulipas.

Maestra Maritza Rosales, directora de Competitividad y Desarrollo Regional de Aregional, AC.

- Aprobar el proyecto de Ley de Planeación Nacional y Regional que está pendiente de dictaminar en las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, y que plantea la continuación intergubernamental; es decir, una visión de largo plazo a través de proyectos anuales y multianuales de proyectos de gran magnitud.

- Asignar de manera más equitativa los recursos a las entidades, y no basar su asignación únicamente en criterios de población, sino de marginación.

- Promover la vocación productiva de cada región; desarrollar infraestructura que para ello se requiera; reorientar la inversión pública y privada para detonar proyectos estratégicos de desarrollo, y fortalecer el desarrollo humano de sus habitantes.

Doctor German Palafox, titular de la Unidad Administrativa de Microrregiones de la Secretaría de Desarrollo Social.

- Impulsar políticas públicas de ordenamiento territorial.

- Desarrollar políticas públicas orientadas por indicadores (presupuesto basado en resultados).

- Fomentar la innovación tecnológica y competitividad territorial.

- Ubicar a las industrias en zonas estratégicas para que puedan utilizar agua tratada en sus procesos de producción en lugar de aquella actualmente conectada a la misma que se consume en las zonas habitacionales.

Claudia Sheinbaum Pardo, investigadora del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

- Concluir con la construcción de conjuntos de viviendas aislados sin vínculo urbano, ya que generan problemas de espacio, transporte y suministro de servicios.

- Incluir a las universidades y Centros de Investigación Públicos en la planeación de los conjuntos habitacionales.

- Vincular integralmente los sistemas de transporte público (bicicletas, metro, metrobus) con estacionamientos públicos situados estratégicamente.

- Desarrollar una política de estado en términos de ciudad al margen de las distintas fuerzas política y sus incentivos.

Doctor Luis Felipe López Calva, economista principal del Área de Reducción de la Pobreza de América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

- En el último reporte de la Cepal, México es el país con la recaudación más baja en toda la región, 0.1 por ciento más abajo que Haití; por lo que es necesario una reforma en materia fiscal y tributaria como en el caso de Paraguay –país que históricamente ha tenido menor recaudación en los últimos años.

- México se caracteriza por tener niveles de desigualdad de ingreso muy elevado. Asimismo, muestra una carga fiscal baja y es principalmente regresiva al estar muy sesgada hacia los impuestos al consumo, y poco hacia el impuesto sobre la renta.

- En los países de la OCDE el impuesto a la propiedad o el predial promedio es de 4 por ciento del PIB; en el caso de México se recaudan menos de medio punto porcentual del PIB. Si se revertiera esta situación, los gobiernos locales tendrían una importante capacidad recaudatoria; no obstante, la brevedad de los periodos de las administraciones sin la posibilidad de reelección pueden influir de manera negativa en esa situación.

Doctor Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

- El no saber escoger adecuadamente las vocaciones productivas nos lleva a ser un país con una creciente pérdida de bosques y selvas y con una creciente desertificación.

- La actual situación, plantea la necesidad de orientar la oferta de servicios públicos para tratar de hacer frente a la demanda esperada en materia de salud y educación. Reducir la brecha que existe en infraestructura de comunicaciones y transportes entre las distintas regiones contribuirá a igualar las oportunidades en las regiones más pobres y las más ricas.

- Una aportación importante para poder relanzar una auténtica política de desarrollo regional es vincularla con la política económica, social y ambiental.

- En materia de cooperación para el desarrollo podría ser atractivo invertir en el desarrollo de ciertas regiones receptoras de migrantes de tal modo que puedan aprovecharse mejor las aportaciones de los flujos de migración.

Doctor Gerardo Esquivel, profesor e investigador del Colegio de México.

- Para impulsar la región sur-sureste es necesario mejorar las condiciones de equidad en relación con resto del país y al interior de las entidades federativas del sur-sureste.

- Debe haber un fondo para la equidad y un fondo para la creación de la infraestructura de carácter federal. Los recursos de estos fondos deben estar asignados para cierto tipo de actividades y su distribución deberá hacerse con fórmulas específicas que atiendan las necesidades mínimas de los municipios con mayor rezago en la región.

- Hay cuatro fuentes de financiamiento posibles para los fondos propuestos: recursos estatales proveniente de la recaudación local; recursos estatales provenientes de las participaciones federales y que son asignados para cierto tipo de actividades (creación de infraestructura física o social, por ejemplo); recursos estatales provenientes de acuerdos con la federación, pero que son fluctuantes, no programables y contingentes a una cierta situación (por ejemplo, los recursos asociados a los excedentes petroleros) y recursos federales extraordinarios.

Maestro Sergio Rivera Sánchez, presidente de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, AC.

- Profesionalización de los servidores públicos en el ámbito de obras públicas y también en materia de adquisiciones de bienes y servicios.

- Construcción de canales adecuados para la coordinación institucional ya que no existen hoy en día una estrategia para lograr trámites expeditos de requerimientos en materia de obra pública, bases claras que permitan prevenir posibles irregularidades y una visión a largo plazo sobre sus implicaciones en los distintos niveles de gobierno.

- Establecimiento de estándares de calidad en la planeación con parámetros como la agilidad de los procesos, tiempos adecuados para la proyección y especificaciones mínimas.

- Clarificar los tramos de responsabilidades de servidores públicos y unidades administrativas, así como mejorar la operatividad de los sistemas de sanciones.

- Difusión de manera previa a su licitación o concurso de todo proyecto de obra pública y publicitación de todos los componentes disponibles (estudios de viabilidad, calendarizaciones, entre otros).

Diputado Vidal Llerenas Morales, Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

- Se presentó una iniciativa que obliga a la Cámara de Diputados a tomar en cuenta evaluaciones e indicadores de desempeño al momento de reasignar gasto.

- La experiencia de los fondos metropolitanos en las grandes áreas metropolitanas como el Valle de México, Monterrey y Guadalajara, ha sido positiva y ha permitido un financiamiento constante de grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, la Cámara de Diputados cometió un error al crear muchos fonditos metropolitanos, cuando éstos sirven sólo para grandes ciudades.

- Resulta crucial profundizar más en los fondos metropolitanos que funcionan, pero se debería obligar a las dependencias a generar proyectos relacionados con el agua o el transporte público, que son los que requieren compromisos de inversión de más largo plazo.

Mesa de Discusión y Análisis: Restricciones e Incentivos para la Innovación en México

El Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, el Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública y la Comisión Especial para la Competitividad, realizaron la Mesa de Discusión y Análisis: Restricciones e Incentivos a la Innovación en México, el 24 de noviembre de 2010.

El objetivo de esta reunión fue establecer un espacio de reflexión sobre la interacción entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el sector privado, la academia, investigadores y expertos, en relación con la situación actual problemática y los retos que enfrenta el país para incentivar la innovación.

Las principales propuestas y argumentos se presentan a continuación:

Doctor Juan Pedro Laclette, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

- Es necesario reunir a todos los agentes que se dedican a la vinculación, para que se sumen los esfuerzos y las capacidades directas.

- Se requiere modificar las leyes y normas para convertirlas en eficaces creadoras de instrumentos para la innovación.

- Es fundamental revisar de manera más exhaustiva las normativas de las universidades y de los centros de investigación, en la Ley de Adquisiciones, y en distintos cuerpos normativos.

- Deben establecerse instrumentos jurídicos que lleven aparejados mecanismos de observancia de los ordenamientos de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Doctora Lorenza Martínez Trigueros, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

- El Programa Nacional de Innovación busca tener una estrategia que fortalezca a cada uno de estos pilares y dicha estrategia debe considerar otros cuatro aspectos transversales a los cinco pilares: 1) prioridad nacional, 2) focalización de esfuerzos en áreas de mayor impacto, 3) mecanismos de coordinación y 4) mecanismos de rendición de cuentas.

- El Comité Intersectorial de Innovación ha emprendido diversas acciones para fortalecer cada uno de estos pilares. Esto incluye indicadores de mediano y largo plazo de tal manera que, aunque la estrategia de innovación es una estrategia que va a dar resultados al menos en el mediano plazo, sí podremos observar algunos indicadores que nos digan que vamos en la dirección correcta.

- Se ha analizado simplificar todavía más y facilitarles a los investigadores que están en instituciones públicas, el que trabajen en la innovación y el que reciban las regalías asociadas a patentes o desarrollos. Es necesario revisar las reglamentaciones internas en algunas universidades públicas y la Ley de Adquisiciones.

- Mientras más fácil y económico sea el mecanismo para otorgar patentes, mayor será el interés de los investigadores y las empresas para registrar patentes que hoy en día no registran.

Maestro Gustavo Meixueiro Nájera, director de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

- El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública realizó una consulta a investigadores nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, de las áreas físico-matemáticas, biología, química, medicina, ciencias de la salud, biotecnología, ciencias agropecuarias y de ingeniería, para conocer su opinión sobre los principales retos que enfrentamos para impulsar la innovación en el país. Los resultados fueron los siguientes:

- Respecto de cómo se debería de maximizar e impulsar la inversión pública y privada en innovación, las principales ideas fueron: desburocratizar la asignación de distintos fondos a las universidades y centros de investigación; conectar a las redes científicas para que solucionen los problemas nacionales de manera conjunta; incrementar el número de proyectos a fondo perdido; crear centros de transferencia de tecnología que realicen todos los trámites necesarios; generar fondos mixtos de gobierno e iniciativa privada, en donde se fijen las prioridades y se asigne el financiamiento en forma conjunta.

- En relación con la titularidad de las innovaciones en México y las restricciones legales para su posible explotación por la iniciativa privada, se señaló lo siguiente: la titularidad de las innovaciones se debería compartir entre los inventores y las instituciones; es necesario crear asociaciones civiles paralelas a las instituciones que puedan tener fideicomisos para explotar comercialmente las patentes y permitir un retorno de la inversión; y debe contarse con organizaciones que realicen dichas acciones esto dentro de las universidades.

- Por lo que se refiere a qué incentivos se deberían de otorgar a los investigadores, los consultados respondieron lo siguiente: la labor de asesoría y colaboración con otras instituciones y/o empresas debe ser reconocida; una parte de cualquier proyecto de investigación debe ser destinada a los salarios de los investigadores participantes; a los investigadores en tecnología ligados o vinculados a industrias se les debería incentivar con porcentajes de regalías importantes, y es necesario un mayor presupuesto para desarrollar investigaciones vinculadas al sector productivo.

Ingeniero Óscar Súchil Villegas, secretario de Extensión e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional.

- Es urgente que los consejos estatales de ciencia y tecnología armonicen sus políticas con las universidades públicas de sus estados y generen estrategias y acciones que tiendan a fortalecer las capacidades locales de investigación científica y tecnológica, pensando en las necesidades esenciales de las entidades y los municipios.

- Se deben identificar claramente los requerimientos regionales de ciencia y tecnología, y promover la innovación y colaboración entre el sector productivo, gubernamental y social de las instituciones de educación superior.

- Es crucial ampliar la cobertura de centros de investigación, pues actualmente el sistema de centros Conacyt tiene una cobertura muy reducida en el territorio nacional. Los centros están ubicados en 14 de las 32 entidades que integran el la República Mexicana, concentrándose el mayor numero en las regiones centro-occidente y centro con 17 instituciones de investigación.

- La poca vinculación entre la academia e industria, en opinión de algunas organizaciones empresariales, radica en que gran parte de los resultados de la investigación desarrollada en los centros e instituciones públicas no tienen aplicación práctica paras exigencias de la industria.

- Tres puntos deberían definirse: 1) la participación que tendrán, por un lado, las empresas y, por otro, los grupos y centros de investigación, en la distribución de los beneficios de las innovaciones tecnológicas generadas conjuntamente; 2) las formas especificas de asignar derechos de propiedad a los investigadores que plasman resultados originales en artículos acuíferos, patentes, certificados de propiedad o marcas cuando estos procesos ocurren en intersecciones que comprenden dos o más agentes como en el caso de las vinculaciones entre académicos y empresarios; y 3) la repartición de beneficios y costos que tienen las estructuras de asesoría legal que se requieren en los proyectos de investigación cuando extienden y se profundizan las relaciones entre empresas y grupos de investigación formando consorcios públicos-privados y se comprometen intereses corporativos, institucionales e individuales.

Maestro Alejandro Farías Zuñiga, subdirector de Negocios Tecnológicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

- El Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) es el instrumento a través del cual el Conacyt destina recursos económicos para fomentar en las empresas la inversión en innovaciones que se traduzcan en oportunidades de negocio.

- El programa funciona a través de una transferencia directa de recursos fiscales para complementar las inversiones que la empresa planea hacer en la materia. Por consiguiente, es un subsidio a fondo perdido a cambio de un proyecto de innovación exitoso. Los recursos deben erogarse en su totalidad en el ejercicio fiscal correspondiente y no pueden transferirse entre diversas partidas presupuestadas.

- En 2009, sólo 2 mil 123 proyectos aplicaron para recibir recursos del programa y únicamente se pudieron apoyar a 503 proyectos, lo que representó mil 656 millones de pesos. Para el 2010, se incrementó la demanda a cerca de 2 mil 300 proyectos, de los cuales se subsidiaron 700, con 2 mil 379 millones de pesos. Claramente se observa que los recursos son insuficientes para cubrir la demanda.

- Los sectores que se han beneficiado del PEI son: automotriz, alimentos, tecnologías de la información, agroindustrial y manufacturero, donde sabemos que México tiene ciertas ventajas comparativas o competitivas con respecto a los demás países.

Doctor Jaime Martuscelli Quintana, coordinador de Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las recomendaciones para impulsar el Programa Mexicano de Estímulos Fiscales son:

- Retomar el nombre del programa conforme la Ley del ISR “Estímulo fiscal a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico” y referirlo a las normas de proyectos del desarrollo tecnológico. Con esto se podría acotar el programa y homologarlo con las prácticas internacionales.

- Modificar el sistema de evaluación actual por uno orientado a revisar únicamente la elegibilidad de las inversiones.

- Dar un trato especial a las Pyme y enfocar el programa a sectores de alta demanda social: salud, energía, transporte, medio ambiente y educación.

- Integrar con la participación de otros actores (SHCP, INEGI, SE) una base de datos sólida, para validar y unificar información que brinde elementos de evaluación y darle seguimiento al programa con base en resultados.

Licenciado Jesús de la Rosa Ibarra, presidente de la Comisión de Competitividad, Innovación y Tecnología de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana.

- Apoyar proyectos basados en la interrelación entre las empresas y la comunidad académica en el país y ampliar el concepto de innovación y desarrollo tecnológico a procesos de administración, diseño, mercadotecnia, distribución, desarrollo de productos.

- Fomentar un mecanismo de interlocución para coordinar los esfuerzos y definir estrategias generales de vinculación efectiva con los diferentes actores alrededor de una visión integral y un objetivo común.

- Promover recursos específicos y generar las estructuras necesarias para llevar el conocimiento al sector productivo, a través del desarrollo e implementación de un modelo de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, como herramientas efectivas de vinculación entre centros públicos de investigación y la industria.

- Promover la vinculación en forma bidireccional. Asignar mayores recursos a los centros públicos de investigación que trabajen en proyectos enfocados a resolver problemas de industria así como destinar más incentivos a las empresas que se vinculen con los centros.

- Para acreditar el mérito del director de proyectos de investigación que se considere el grado de complejidad e impacto de la innovación apoyada por fondos públicos.

Licenciado Juan Carlos Vilar Arvizu, vicepresidente nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

- Los investigadores no se encuentran bajo un esquema de rendición de cuentas, ni son sujetos a fiscalización de algún tipo.

- El 90 por ciento de las necesidades del gobierno federal en cuanto a tecnología e innovación son compradas a través de licitaciones internacionales y desarrolladas por empresas extranjeras sin darle la oportunidad a centros de investigación nacionales.

- Son necesarios de mecanismos claros, sencillos, eficientes y rápidos para fortalecer la vinculación entre universidades, centros de investigación y sectores productivos.

- En las compras de gobierno se requiere que los proyectos participen empresarios mexicanos. Estos son proyectos que requieren de inversión, visión empresarial y tecnología, impulsan a la iniciativa privada a vincularse con los centros de investigación nacionales y deben ser apoyados con los fondos que existen, que normalmente acaban en empresas trasnacionales que trabajan en México.

Licenciado Juan de Dios Barba Nava, presidente del Centro Empresarial Coparmex, Ciudad de México.

- El 52 por ciento del presupuesto para el desarrollo de ciencia y tecnología está ejercido por el Conacyt, el resto está disperso en más de 25 organismos, instituciones o universidades, y si a eso le quitáramos el costo de la administración de cada uno de estos organismos, entonces seguramente nos queda un porcentaje del 0.1 por ciento de derrama económica efectiva para la ciencia y tecnología.

- Las becas otorgadas para estudiar en el extranjero que dan el Banco de México y otras instituciones, deberían estar condicionadas a devolverle al país los recursos erogados.

- En otros países, el Estado otorga incentivos fiscales, exenciones de pagos como patentes o impuestos con la finalidad de promover la investigación y el desarrollo entre particulares.

Maestro Miguel Chávez Lomelí, presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología.

- El gobierno no prioriza la inversión en ciencia y tecnología e incumple la meta de destinar el 1 por ciento del PIB en investigación y desarrollo. Los académicos tienen dificultad de convencer a la población sobre las bondades de las actividades científico-tecnológicas y los investigadores se constituyen como una élite que exige derechos sin rendición de cuentas y resultados poco satisfactorios. Los empresarios se empeñan en obtener ganancias cortoplacistas en lugar de buscar una eficiencia conducida por la innovación, la inversión en tecnología y capital humano.

- El Programa de Estímulos a la Innovación, sin ser contundente (apenas está terminando su segundo ciclo y todavía con resultados preliminares), nos dice que no hay lugar para detenernos; es decir, a pesar de la condiciones actuales, es posible impulsar círculos virtuosos; los datos de crecimiento y de utilización de los recursos entre la convocatoria 2009 y 2010 así lo demuestran.

- El tema de los recursos es fundamental, podemos hablar de todas estas fallas de mercado, fallas de sistema, limitantes normativas, etcétera, pero si hay dinero y están bien alineados los objetivos, es posible hacer muchas cosas. Aunque es importante no perder de vista el tamaño de la inversión y la relevancia de los recursos públicos.

Doctor Eduardo Calderón Cuevas, coordinador general de Pertinencia y Vinculación de la Subsecretaría de Educación Superior.

- El Consejo Asesor de Vinculación (CAV) ha impulsado un programa de fortalecimiento y profesionalización de los gestores de vinculación. También se están promoviendo proyectos concretos de innovación, donde el eje principal sean los estudiantes, con un programa de estancias y prácticas profesionales de alto impacto, con apoyos mixtos y enfoques hacia la innovación, la formación y el empleo.

- Se ha tenido un avance importante en la formación de los Consejos Institucionales de Vinculación. En 2006, solamente el 49 por ciento de las instituciones contaban con este instrumento; actualmente esta cifra se ubica alrededor del 86 por ciento, en particular en las instituciones tecnológicas. El reto de la Subsecretaría es monitorear y supervisar con un enfoque orientado a resultados en qué se están utilizando, cómo está participando el sector empresarial, qué acuerdos se están llevando a cabo.

- Se han impulsado otros mecanismos como la Fundación Educación Superior Empresa, una asociación civil sin fines de lucro producto de un esfuerzo conjunto con ANUIES, Concamin y Coparmex, y tiene el objetivo de instrumentar y financiar programas y proyectos de vinculación orientados a la pertinencia de la oferta educativa, la innovación en las empresas y la promoción de la cultura emprendedora.

Maestro Jorge Espinosa Fernández, experto en legislación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

- Los servidores públicos no deben tener intereses personales de manera absoluta. Actuar desinteresadamente es un concepto que tiene que evolucionar dentro del marco normativo.

- Hace falta un concepto que amplíe los beneficios de cobertura a centros públicos para todas las instituciones de investigación, incluyendo universidades tecnológicas, institutos de salud, etcétera.

- Es necesaria una legislación que aporte instrumentos, que nos dé oportunidades de decidir mediante la descentralización de las instituciones hacia la sociedad. La sociedad necesita leyes más liberadoras para una mejor toma de decisiones.

Presentación del libro Fortalecimiento de los órganos reguladores para un México competitivo

El 25 de mayo de 2011, la Comisión Especial para la Competitividad realizó la presentación del libro Fortalecimiento de los Órganos Reguladores para un México Competitivo. Dicha publicación contiene las principales reflexiones y propuestas que hicieron académicos, analistas, profesionistas y funcionarios en el Ciclo de Mesas de Trabajo para Fortalecer a los Órganos Reguladores, organizado por la Comisión Especial para la Competitividad.

En la presentación participaron Guillermo Enrique Babatz Torres, presidente de la CNBV; Alfonso Carballo Pérez, director general de la Cofemer; Francisco Javier Salazar Diez de Sollano, presidente de la CRE; Mony de Swaan Addati, presidente de la Cofetel; y Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC.

Las principales reflexiones que se hicieron fueron las siguientes:

- Toda instancia reguladora debe reunir los siguientes requisitos: ser eficiente, eficaz, transparente, incluyente y robusta.

- Se consideró que la iniciativa para fortalecer a los órganos reguladores elaborada por la Comisión Especial para la Competitividad brinda un diseño institucional adecuado para que los órganos reguladores puedan ser eficientes, ya que la estructura institucional actual presenta obstrucciones en su marco normativo para desempeñar sus funciones.

- Existió coincidencia en la necesidad de independencia presupuestaria y la importancia de la formación de recursos humanos y la retención de ese talento. Se requiere, de igual manera, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, pero que debe venir acompañado de una redefinición y mucha más claridad en el mandato.

- Para tener reguladores fuertes y capaces se requieren cuatro características fundamentales: primero, que sean autónomos, para aislar sus decisiones cuestiones políticas y sus fallos sean estrictamente técnicos; segundo, que tengan instrumentos suficientes para hacer investigaciones, que puedan imponer claramente sus sanciones que sean disuasivas; tercero, que haya coherencia entre la regulación horizontal y la vertical; y el cuarto es la rendición de cuentas tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, porque no podemos pensar que haya reguladores que sean autónomos e independientes y sin transparencia ni rendición de cuentas hacia a la sociedad.

Mesa de trabajo para analizar la iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio

El 23 de noviembre de 2011, la Comisión Especial para la Competitividad en coordinación con la Comisión de Economía realizó una mesa de trabajo para analizar la propuesta a la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio, suscrita por los integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad.

La iniciativa establece un nuevo mecanismo para constituir sociedades mercantiles simplificadas ante la Secretaría de Economía, utilizando formatos autorizados y validados por dicha Secretaría.

El doctor Juan Pardinas, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), basado en los datos publicados en el reporte Doing Business del Banco Mundial, aseguró que los honorarios notariales representan un costo muy alto a la formalidad –cerca del 63 por ciento del monto para abrir una empresa–. Dicho costo le resta competitividad a las empresas mexicanas y afecta directamente los indicadores de clima de negocios.

Los principales problemas derivados de los servicios notariales que destacó fueron: a) poca competencia por barreras de entrada a nuevos notarios; b) función de intermediarios que no garantizan legalidad de procesos; y c) honorarios caros y poco transparentes.

Asimismo, puso de relieve la falta de certeza jurídica que ocasiona la inexistencia de los títulos de propiedad como las escrituras, y su impacto en la competitividad. De acuerdo con el doctor Pardinas, una de las causas de la informalidad es la ausencia de liquidez y la inexistencia referencias crediticias; por lo que es importante regularizar todos los bienes del agente económico para que pueda sacar el mayor provecho de ellos.

Hizo hincapié en la importancia de que la iniciativa de la Comisión Especial para la Competitividad se apruebe en sus términos; aunque señaló que seguramente será complicado ante los muchos intereses que se van a ver afectados, pero apuntó que la función principal del Congreso no es preservar la defensa de intereses particulares, sino defender el interés general.

El maestro Ángel López Hoher, jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Competencia, expuso tres premisas en contra del régimen notarial actual:

1. La demanda por los servicios notariales es forzosa para quienes buscan acceder a la formalidad y a la certeza jurídica.

2. El bajo número de notarios y la obligatoriedad para contratarlos en operaciones sencillas, limita el acceso a la certeza jurídica en perjuicio de los consumidores y la competitividad.

3. La eliminación de la obligatoriedad de contratar los servicios notariales permitiría a una mayor parte de la población acceder a la formalidad.

Manifestó que la iniciativa es sumamente útil para resolver el problema, ya que al eliminar la necesidad de contratar notarios para determinar actos jurídicos, se permitiría pueda un mayor número de individuos acceder a la formalidad de las empresas jurídicas, específicamente para la creación de sociedades. Apuntó que se necesitan muchas empresas y para que éstas puedan crecer se requiere acceso al crédito y una serie de cuestiones que están íntimamente relacionadas con la constitución legal de la empresa.

Finalmente, señaló que en Portugal, El Salvador y Colombia existen esquemas muy similares al propuesto por la Comisión Especial para la Competitividad, que ya son operativos y no se ha afectado el sistema legal de ninguno de ellos.

El notario Héctor Guillermo Galeano Inclán, consejero de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C. Colegio Nacional, se manifestó en contra de las premisas argumentando lo siguiente:

4. La iniciativa presume que hay una dicotomía económica total: o se es una sociedad mercantil o se opera en la informalidad, siendo que existe un amplio número de actores económicos que sin estar constituidos societariamente operan bajo regímenes especiales de diversa índole.

5. Quien decide transformarse en una sociedad mercantil contempla varios costos: fiscales; contables; legales; y laborales.

6. La asesoría notarial evita litigios costosos.

7. Según el estudio Doing Business 2009, México se compara favorablemente con el resto de América Latina.

8. Se corre el riesgo de fomentar sociedades fantasma, en una época en que se debería tener mucha mayor certidumbre.

9. Con los formatos preaprobados, la iniciativa promueve que la empresa se adapte a la sociedad mercantil y no al revés, como debería ser.

10. Resulta inquietante abrir el Registro Público de Comercio a la inscripción realizada exclusivamente por miembros de la sociedad mercantil.

Mesa de trabajo para analizar la propuesta de creación de la ley para reprimir la competencia desleal

El 30 de noviembre de 2011, la Comisión Especial para la Competitividad realizó una reunión para analizar la propuesta que expide la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la cual fue elaborada por el doctor Xavier Ginebra Serrabou y el doctor Mauricio Jalife Daher.

El doctor Xavier Ginebra presentó la propuesta y explicó la importancia de cohesionar la normatividad vigente sobre competencia económica –Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de la Propiedad Industrial y el Código de Comercio– para que los competidores tengan acceso a un sistema de justicia imparcial y expedito.

Señaló que existen leyes de competencia desleal en diversos países como: Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, Francia y Venezuela.

Manifestó que el objetivo del proyecto de ley es otorgar a los empresarios acciones contra la competencia desleal, especificando los actos y una cláusula para evitar el exceso de litigio. Dentro de los actos ilícitos se encuentran: apoderamiento ilegal de derechos de un tercero; transferencia de trabajadores; venta por debajo del costo; prohibición de obsequios, primas o supuestos análogos; inducción a la infracción contractual; comparaciones engañosas; imitaciones no amparadas por la Ley; campañas de de desprestigio; actos de engaño; actos de confusión; y explotación de la reputación ajena.

También se estipulan las acciones que permiten a los compradores y consumidores eliminar por la vía judicial los daños causados por la conducta desleal (medidas cautelares o medidas preparatorias a juicio).

El doctor Mauricio Jalife, por su parte, agregó que si bien lo que proponen son supuestos típicos regulados por la Ley de Propiedad Intelectual y el Código de Comercio, el poco respaldo hacia éstos en el sistema legal ocasiona un desarrollo irregular de los mercados. La piratería, ejemplificó, causa cada vez más estragos a la economía porque la institución encargada de salvaguardar los secretos industriales carece de una fase de impugnación factible que otorgue la debida compensación al titular del derecho. Como consecuencia, ninguna instancia disponible es viable en forma directa, lo que impide a las empresas reclamar en un tribunal las acciones que les ocasionaron el daño.

Por último, declaró que actualmente no existen los mecanismos necesarios para presentar apropiadamente un caso de imitación comercial y propuso resolver la problemática mediante instrumentos procesales adecuados y la resolución de casos a través del apartado de controversias entre particulares.

El maestro Ángel López Hoher, jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la CFC, acotó su discusión al tema de competencia económica y expuso que el proyecto carece de un plan analítico adecuado por las siguientes razones:

- Las definiciones son muy amplias.

- Difiere de la lógica de competencia del artículo 28 Constitucional, pues no busca la eficiencia de los mercados, sino la defensa los intereses privados.

- El interés general está protegido por las garantías individuales, mientras que la propuesta no tiene justificación constitucional o económica.

La licenciada Lucía Ojeda Cárdenas, socia de SAI Consultores, SC, coincidió en que hay que proteger a los afectados por prácticas anticompetitivas y prácticas ilícitas. Sin embargo, manifestó su preocupación por la forma de evitar que las nuevas prácticas se contrapongan a las existentes, así como la relevancia de crear un cuerpo normativo completo con prácticas de otras disciplinas para solucionar un problema específico. Apuntó que la subjetividad de los términos y falta de criterios de aplicación podrían, por un lado, prohibir actos que favorecen tanto a los productores como consumidores, como vender por debajo del costo con la finalidad de liquidar inventarios y, por el otro, elevar los costos de los productos por los gastos de los procedimientos judiciales.

El licenciado Jesús Ramos Montiel, Director General Jurídico Consultivo de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló que a Procuraduría le resulta preocupante la ambigüedad y duplicidad de las disposiciones pues no queda bien delimitado el papel de las distintas instancias. Además de que el equilibrio de intereses y la protección de los empresarios van en contra de las premisas constitucionales y del mandato de la Profeco, por lo que no queda claro la conveniencia de respaldar una ley de este tipo. Destacó que se generará un alto nivel de litigosidad por la multiplicidad de interpretaciones conducen a prohibir conductas propias del proceso de competencia por proteger el interés particular de una empresa determinada.

El licenciado Carlos Pérez de la Sierra, Coordinador de la Comisión de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, señaló como positiva la iniciativa, especialmente en lo relacionado con el tema de propiedad industrial.

|El licenciado Martín Michaus Romero, Coordinador del Comité de Derecho de Propiedad Intelectual de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, expresó que la propuesta podría servir como base para enriquecer la discusión de derecho a la competencia, propiedad intelectual e industrial porque cubre un hueco jurídico derivado de que en otras legislaciones la defensa de estos derechos suele ser letra muerta. También contribuiría para revisar conceptualmente la competencia ilícita para diferenciarla de la desleal y definir eficazmente sus límites, así como analizar las experiencias de otros países en relación con otros institutos de competencia y examinar la pertinencia de someterlo a autoridades judiciales.

Aunque, por otro lado, le pareció cuestionable conceder a los tribunales civiles la capacidad para decidir sobre los temas de competencia económica debido a que las decisiones suelen ser de carácter técnico y especializado.

La licenciada Leonor Quiroz, asesora jurídica del Consejo Coordinador Empresarial, expresó algunas reticencias con respecto al proyecto. En primer lugar, aseguró que es preocupante que en el mismo cuerpo normativo se encuentren la propiedad intelectual, la competencia económica y la publicidad engañosa. Adicionalmente, algunas de las leyes se contraponen entre ellas y un ordenamiento jurídico que las agrupe podría causar confusión. En segundo lugar, es imprecisa la afirmación de que el consumidor o algún competidor no tienen ningún mecanismo para defenderse en el proceso de competencia económica. Existen cuerpos normativos especializados diseñados para la salvaguarda de sus derechos y todos ellos resultan de fácil acceso. Finalmente, las preocupaciones a las que se refiere el proyecto ya están atendidas por la regulación existente por lo que resulta innecesario la creación de una nueva Ley. Concluyó señalando que sería un trabajo más enriquecedor si la legislación pudiera separase por materias.

Opiniones e iniciativas presentada por los integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad

• Opinión de la Comisión Especial para la Competitividad en relación con las iniciativas en materia de competencia económica

Con el ánimo de sumarse a la construcción de una legislación de competencia económica efectiva y moderna, la Comisión Especial para la Competitividad envió, el 21 de abril de 2010, a la Comisión de Economía su opinión en relación con los siguientes proyectos legislativos:

- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual fue enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 6 de abril del 2010.

- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez, Vidal Llerenas Morales y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, el 13 de abril de 2010.

En términos generales, los integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad coincidieron con las propuestas de reforma de ambas iniciativas; en específico se consideraron fundamentales y valiosas las siguientes:

- Audiencias orales.

- Simplificación y disminución de la carga regulatoria.

- Facultar a la CFC para requerir información para estudios de mercado y opiniones.

- Medidas cautelares.

- Realización de visitas de verificación de manera ágil.

- Aumento de sanciones económicas.

- Publicación de los lineamientos en materia de competencia económica y libre concurrencia.

- Publicación de los votos de los comisionados, así como otros documentos relevantes en las resoluciones del pleno, como de la secretaría ejecutiva.

- Coordinación de los órganos reguladores.

Los integrantes de la Comisión consideraron que son necesarias reformas adicionales para fortalecer la competencia en el país:

- Explorar otra figura jurídica para la Comisión Federal de Competencia, con la finalidad de brindarle mayor autonomía y se evite que su actuación esté influida por los criterios del titular del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Economía, adoptando sus resoluciones con absoluta independencia, y que ejerza con eficacia, objetividad e imparcialidad las funciones que le son encomendadas.

- Para que los comisionados sean imparciales en sus decisiones, durante el año previo a su nombramiento, no deberán haber ocupado ningún cargo en las empresas que estuvieron sujetas a alguno de los procedimientos previstos en la Ley Federal de Competencia Económica. También se consideró necesario que, durante el año posterior al término de su cargo, el presidente, los comisionados y el secretario ejecutivo no puedan ejercer actividad profesional alguna en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos previstos en la ley.

- La opacidad, el costo y la complejidad de los procedimientos son barreras para que las micro y pequeñas empresas establezcan denuncias ante la CFC. Por ello, se propuso que se las denuncias ante la Ley pudieran ser presentadas individual o colectivamente. Adicionalmente, se sugirió que la Comisión estableciera un procedimiento especial y sencillo para que los micro y pequeño empresarios puedan presentar sus denuncias, y que dichos procedimientos sean difundidos en todo el país.

- Se planteó la alternativa de crear un tribunal especializado en temas de competencia económica dentro del Poder Judicial, que agilice la resolución de amparos y revise las resoluciones emitidas por la CFC.

Iniciativas presentadas por los integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad

Los integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad presentaron siete iniciativas, las cuales se enfocaron en impulsar cuatro puntos básicos para que México sea un país competitivo: fomentar la competencia en los mercados; regulación clara y eficiente; transparencia en el gasto público; y la promoción de la ciencia, tecnología e innovación.

1. Que reforma el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de transparentar el ejercicio de los recursos derivados de multas y sanciones económicas.

Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Returnada el martes 8 de marzo de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Prórroga otorgada el miércoles 27 de abril de 2011, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 2999-A-I, jueves 29 de abril de 2010. (923)

La iniciativa propone que en los informes trimestrales que el Ejecutivo presenta al Congreso sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, se incluya un apartado en donde se detalle el destino y uso de las multas y sanciones económicas que se contemplan en las leyes federales.

La transparencia en el uso de estos recursos asegurará que sean destinados al fin que por ley les ha sido conferido; favorecerá el análisis sobre el mejor uso de éstos; evitará que existan subejercicios; dará certidumbre a los agentes sobre las implicaciones de estas multas y, en suma, generará mayor rendición de cuentas de sus ejecutores.

2. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Telecomunicaciones, Federal de Competencia Económica, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Federal de Instituciones de Fianzas, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en materia de competitividad.

Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de las Comisiones de Comunicaciones, de Economía, de Energía y de la Función Pública.

Prórroga otorgada el viernes 27 de mayo de 2011, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 3206-A-I, martes 22 de febrero de 2011. (1923)

La iniciativa tiene como objeto fortalecer a los Órganos Reguladores de forma sistémica en relación con los siguientes arreglos comunes:

- Incrementar su nivel de autonomía, solidez institucional y posición. Los reguladores serían parte de la Administración Pública Central, al mismo nivel que las dependencias federales, pero sin estar sujetos a los típicos poderes de revisión e instrucción.

- Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante la publicación obligatoria de decisiones, deliberaciones colegiadas y la presentación de planes e informes de desempeño.

- Fortalecer los requisitos de elegibilidad de los mandos individuales o colegiados y establecer una sana colaboración entre Poderes a efecto de procurar el nombramiento de los mexicanos más aptos para la formación de políticas de Estado.

- Establecer medios jurídicos que permitan un mejor y más eficaz ejercicio del mandato de cada regulador.

- Proporcionar medios más adecuados de revisión jurisdiccional, a efecto de mitigar los problemas de parálisis regulatoria vía tribunales.

- Fomentar la colaboración y el trabajo interinstitucional entre los reguladores.

Los órganos reguladores que adoptarían la nueva figura son los siguientes: la Comisión Federal de Competencia (CFC), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio.

Turnada a la Comisión de Economía.

Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 2 de diciembre de 2011, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 3351-VI, martes 20 de septiembre de 2011. (2786)

Dentro de los factores que constituyen una barrera a la entrada a la formalidad de las empresas se encuentra el costo notarial. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2008 sólo el 18 por ciento de los micronegocios con más de un participante se encontraba formalizado ante un notario público.

En este contexto y con el objetivo de incentivar la formalización de las empresas, se presentó la iniciativa que adiciona y reforma la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y el Código de Comercio (CC).

La iniciativa propone establecer un mecanismo simplificado para que las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada puedan constituirse mediante formatos estandarizados y validados por la Secretaría de Economía, y que utilice la firma electrónica avanzada para verificar la identidad y capacidad jurídica de los socios. Asimismo, los modelos o formatos empleados para la constitución de sociedades mercantiles serán documentos inscribibles en el Registro Público de Comercio.

4. Que reforma el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Prórroga otorgada el viernes 11 de noviembre de 2011, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 3356-VI, martes 27 de septiembre de 2011. (2808)

El objetivo de la Iniciativa es reincorporar los incentivos fiscales para incrementar la inversión del sector privado en investigación y desarrollo tecnológico, y con ello reducir la brecha que tenemos con nuestros principales competidores.

Para fomentar la vinculación, se propone que las empresas que celebren contratos escritos de investigación y desarrollo con centros de investigación públicos y/o privados nacionales, puedan obtener un estímulo de hasta el 35 por ciento del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación.

Para establecer las reglas de operación, los requisitos de acceso al beneficio, así como para evaluar los proyectos se crea un Comité Intersectorial, el cual estará integrado por representantes de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Educación, así como por el director del Conacyt y el Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

La iniciativa establece importantes candados y mecanismos de rendición de cuentas:

- El Comité Interinstitucional publicará un informe de resultados, el cual deberá incluir un análisis del efecto o impacto que el estímulo tuvo en la creación y calidad de nuevos centros de investigación y su infraestructura; su impacto en las empresas involucradas, en términos de la incorporación de los resultados de la investigación o desarrollo a sus procesos, del gasto comprometido en investigación o desarrollo y del aumento en la competitividad de dichas empresas; así como las posibles mejoras que se podrían hacer para hacer más eficiente el estímulo.

- Para obtener los beneficios fiscales todos los proyectos y los contratos de investigación y desarrollo tecnológico deberán contar previamente con la certificación del comité.

- El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 4,000 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente.

- Para evitar que el estímulo sea capturado por las grandes empresas, se establece que, por lo menos, el 60 por ciento de los recursos deberá ser autorizado a las micro, pequeñas y medianas empresas.

- Se establecen, de manera clara y puntual, las actividades que no podrán ser consideradas como investigación y desarrollo tecnológico, en concordancia con las mejores prácticas internacionales.

- Se propone sancionar a las empresas y centros públicos de investigación que violen la ley o las reglas de operación del estímulo.

5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con objeto de hacer más eficiente y transparente el uso de los recursos asignados al Ramo 33.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 3394-IV, jueves 17 de noviembre de 2011. (3098)

Diversos estudios realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Auditoría Superior de la Federación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestran que existen problemas graves en la asignación, distribución y el ejercicio de los recursos destinados a los Fondos de Aportaciones Federales.

- Se establecen fechas límites para que tanto la Secretaría de Hacienda como las entidades federativas publiquen la calendarización, el monto de los recursos, las fórmulas y origen de las variables utilizadas para la distribución de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales.

- Para evitar subejercicios se establece que los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales deben estar devengados a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal en que fueron asignados.

- Con el objeto de que sea más claro cómo se deben ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, se establece la definición de asistencia social contemplada en el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social.

- Con el fin de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas se propone que las Entidades Federativas en el reporte del cuarto trimestre que remita a la SHCP deberán incluir un resumen anual del ejercicio del gasto por Fondo donde quede asentado, al menos, lo siguiente: la unidad administrativa responsable de ejecutar el gasto; el detalle del presupuesto ejercido; la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados; datos sobre la población beneficiada y, en los en casos donde aplique, el padrón de beneficiarios; los resultados de los indicadores de desempeño; las variables utilizadas en el cálculo de los indicadores de desempeño y su origen; el porcentaje de avance físico agregado de las obras y acciones respectivas; el grado de cumplimiento de las metas y objetivos económicos y sociales de cada fondo y, de ser necesario, las modificaciones y la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas.

- Se establecen en la ley los elementos que deben contener los indicadores de desempeño, actualmente contemplados en los “Lineamientos Generales para la Operación de los Recursos del Ramo 33”. Asimismo, se señala que deben existir condiciones equitativas de disponibilidad, verificabilidad y confiabilidad de las variables utilizadas para el cálculo de los indicadores de desempeño.

- Se crea el Comité de Seguimiento y Evaluación de los Recursos Asignados a los Fondos de Aportaciones Federales, el cual tiene como objeto impulsar estrategias que permitan que la distribución, ejecución y evaluación de los recursos asignados sean más eficientes y cumplan con los objetivos para los cuales fueron creados. Dentro de las atribuciones del Comité destacan las siguientes:

I. Hacer un seguimiento permanente del funcionamiento y cumplimiento de las metas y objetivos e impacto en el desarrollo social y económico de los Fondos de Aportaciones Federales.

II. Presentar al Congreso de la Unión un informe anual con un diagnóstico integral sobre los resultados y desempeño de cada uno de los Fondos de Aportaciones Federales. Dicho informe deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de abril.

III. Coordinar la elaboración de manuales de organización y de procedimiento que permitan alcanzar los objetivos de los fondos. Los manuales serán un apoyo para que las autoridades estatales y municipales tengan un mejor entendimiento de la aplicación de las fórmulas de distribución, de los indicadores de desempeño y cómo llevar a cabo el gasto que se les asigna según las necesidades y prioridades de su entidad.

IV: Establecer y coordinar programas de capacitación, actualización y asesoramiento permanente dirigido a los servidores públicos que participan en la operación de los Fondos de Aportaciones Federales.

- Se establece que las opiniones, observaciones, recomendaciones y propuestas formuladas por el Comité deberán ser consideradas por todas las instancias involucradas en la ejecución de los Fondos de Aportaciones Federales. En caso de existir recomendaciones de reformas al marco legal vigente, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados tendrá 90 días posteriores a la presentación del informe, para legislar en la materia.

6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Turnada a la Comisión de la Función Pública.

Gaceta Parlamentaria, número 3411-VII, martes 13 de diciembre de 2011. (3424)

La iniciativa busca fortalecer a la Cofemer, institución encargada de promover la transparencia de las regulaciones y vigilar que éstas generen beneficios superiores a sus costos. Las principales reformas que se contemplan son:

- Se sujeta la temática fiscal a las disciplinas de la mejora regulatoria, a fin de promover la simplicidad y facilidad en el pago de impuestos

- Se establece un periodo de nombramiento fijo del titular de la Cofemer y se vuelven más rigurosos los requisitos de elegibilidad.

- Se incluye como atribución de la Cofemer la instalación de oficinas regionales de asesoría técnica.

- Se instituye la elaboración de un informe anual que describa un plan estratégico de revisión del acervo regulatorio. De igual modo, la Cofemer presentará un informe posterior de resultados.

- Se habilita a la Cofemer para emitir lineamientos generales de carácter vinculante para elaboración, presentación, estudio y dictamen de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).

- Se establecen MIR diferenciadas para regulaciones de impacto alto o moderado.

- Se establecen plazos forzosos de respuesta hacia las entidades y dependencias cuando la Cofemer solicite ampliaciones y correcciones a la MIR, así como para la contestación de dictámenes no finales.

- Se especifica la obligación del Ejecutivo de incluir una MIR en sus iniciativas de ley o decretos presentados al Congreso de la Unión.

- Se precisa que los titulares de los órganos administrativos desconcentrados deberán designar a un servidor público encargado del proceso de mejora regulatoria al seno del propio órgano.

- Se incluyen a diversos órganos reguladores sociales dentro del Consejo de la Cofemer.

7. Que reforma el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Turnada a la Comisión de la Función Pública.

Gaceta Parlamentaria, número 3479-VI, martes 27 de marzo de 2012. (3727)

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la investigación de mercado es clave para la toma de decisiones sobre la adquisición de bienes y servicios, y para el diseño de las bases y convocatorias.

El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones ya contempla la realización de estudios de mercado antes de dar inicio a los procedimientos de licitación. Sin embargo, para completar esa finalidad se propone establecer mayores elementos en el estudio que contribuyan al diseño de la licitación, tales como la posibilidad de acceso a bienes o servicios sustitutos; antecedentes de subcontrataciones de los posibles proveedores, sus precios y costos; experiencias de otros compradores del sector público para productos o servicios iguales o similares; información acerca de las características de ofertas anteriores; investigar cuáles empresas, que ofrecen el bien o servicios a licitar, han sido acusadas o sancionadas por parte de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como la metodología empleada para determinar el Precio Máximo de Referencia.

Se establece que la Secretaría de la Función Pública implemente un programa periódico de capacitación a los servidores públicos para la elaboración de estudios de mercado, así como para la identificación de indicios que permitan suponer la existencia de prácticas monopólicas absolutas en las licitaciones.

Se propone que los licitadores en su oferta deberán revelar con anticipación si tienen contemplado realizar subcontrataciones, el nombre de la o las empresas a subcontratar, así como la explicación de la necesidad de la subcontratación.

Las dependencias y entidades requerirán la firma de una Manifestación de Oferta Independiente, en la cual el licitador revelará, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido objeto de ningún contrato, convenio, arreglo o combinación con competidores para establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en la licitación.

Libros publicados por la Comisión Especial para la Competitividad

La publicación Fortalecimiento de los Órganos Reguladores para una México Competitivo es un esfuerzo por compartir las experiencias, datos y conclusiones que fueron presentados y alimentaron el debate durante el ciclo de mesas de trabajo que organizó la Comisión Especial para la Competitividad en torno a los órganos reguladores de nuestro país.

Se presentan las opiniones de especialistas calificados en relación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Reguladora de Energía. Se abordan temas como las iniciativas pendientes de dictaminar, las mejores prácticas internaciones y, desde una perspectiva multidisciplinaria, el desempeño, retos, diseño institucional y futuro deseable para los órganos reguladores.

• En coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Comisión Especial para la Competitividad publicó el libro Retos y Perspectivas de los Sistemas de Gestión Regulatoria en las Entidades Federativas.

La publicación es un esfuerzo para optimizar el marco regulatorio en México, resaltando las principales fortalezas y áreas de oportunidad tanto en el ámbito federal como por entidad federativa. Se analiza el grado de cumplimiento de México de los Principios Rectores para la Calidad y el Desempeño Regulatorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; se establecen los Indicadores de Gestión Regulatoria en las Entidades Federativas, con el objetivo de brindar a cada entidad un diagnóstico de su sistema; y se delimitan los principales elementos que debe contener una Ley de Gobernanza y Mejora Regulatoria en el ámbito local, buscando ofrecerle a las entidades federativas un texto normativo que les sirva como punto de referencia para evaluar y mejorar su marco regulatorio.

Recursos financieros

• Recursos asignados del 1 de marzo de 2010 al 28 de febrero de 2011

La Dirección General de Finanzas proporciona a las comisiones una partida presupuestal denominada gastos de operación, que se designan para la realización de eventos legislativos, contratación de asesoría, cursos, seminarios o capacitación de legisladores integrantes de la comisión, contratación de personal de apoyo para eventos, impresión de memorias, boletos de avión, hospedaje y alimentación de ponentes y pago de difusión en medios de comunicación. La Comisión Especial para la Competitividad designó 173 mil 102 pesos de estos recursos para la realización (diseño, corrección de estilo y edición) de 1,500 ejemplares del libro “Fortalecimiento de los órganos reguladores para un México competitivo”, el cual incluye las memorias del Ciclo de Mesas de Trabajo para Fortalecer a los Órganos Reguladores realizado por la Comisión Especial para la Competitividad.

Los recursos del fondo fijo y los vales se utilizaron para compra de papelería; transporte; consumo de alimentos; gasolina y diversos gastos relacionados con las actividades inherentes a las funciones de la Comisión.

Todos los gastos antes mencionados fueron debidamente justificados y acreditados ante la Dirección de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Ejercicio del presupuesto de la Comisión Especial para la Competitividad

1 de marzo de 2010 al 28 de febrero de 2011

• Recursos asignados del 1 de marzo al 31 de diciembre 2011

Por concepto de gastos de operación, se ejercieron 34 mil 800 pesos por concepto de servicios de consultoría en materia de competencia desleal.

Los recursos del fondo fijo y los vales se utilizaron para compra de papelería; transporte; consumo de alimentos; gasolina y diversos gastos relacionados con las actividades inherentes a las funciones de la Comisión. Los gastos antes mencionados fueron debidamente justificados y acreditados ante la Dirección General de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Ejercicio del presupuesto de la Comisión Especial para la Competitividad

1 de marzo al 31 diciembre de 2011

• Recursos asignados del 1 de enero al 31 de julio de 2012

Por concepto de gastos de operación, se ejercieron 122 mil pesos para la realización (diseño, corrección de estilo y edición) de 1,000 ejemplares del libro “Retos y Perspectivas del Sistema de Gestión Regulatorio en México”, elaborado por la Comisión Especial para la Competitividad en coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Los recursos del fondo fijo y los vales se utilizaron para compra de papelería; transporte; consumo de alimentos; gasolina y diversos gastos relacionados con las actividades inherentes a las funciones de la Comisión. Los gastos antes mencionados fueron debidamente justificados y acreditados ante la Dirección General de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Ejercicio del presupuesto de la Comisión Especial para la Competitividad

1 de enero al 31 de julio de 2012

Atentamente

Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica)

Presidente