Que reforma los artículos 105 y 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, recibida del diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 8 de agosto de 2012

Exposición de Motivos

Necesitamos un cambio en la cultura jurídica nacional que acompañe el proceso de transición a la democracia. Es absurdo que la transición se planté sólo como cambio en las reglas del juego político que tienen que ver con el acceso y el ejercicio del poder público, pero que no se planté también como un cambio en la manera de concebir y entender el derecho por parte de los operadores jurídicos. Podríamos hipotéticamente acordar las mejores reglas e instituciones pero ello poco serviría si ese proceso no se acompaña con maneras diversas de entender lo jurídico y las potencialidades que esa nueva comprensión genera para mejor proteger y garantizar los derechos fundamentales y los principios democráticos. Un cambio en la cultura jurídica potenciaría los avances institucionales, les daría una profundidad que hoy no se tiene. Tengo la convicción, que entre otras razones, nuestra transición no ha avanzado lo suficiente, porque los operadores jurídicos la suelen frenar con sus visiones tradicionales sobre el derecho, principalmente los límites que incorporan las escuelas tradicionales de la interpretación y la argumentación.

Hoy debemos entender el derecho y sus alcances de una manera diferente a la del pasado. Debemos remover dogmas y obstáculos para que lo jurídico no sea más un elemento de neutralidad y de asepsia social. El derecho tiene que estar comprometido con los fines y principios del ordenamiento, pero también con la realidad. El derecho no puede ser el obstáculo al cambio social sino el promotor del mismo, la palanca fundamental para nuestro desarrollo en sociedad.

Se nos enseñó en las facultades de derecho del país que el derecho sólo era un conjunto de normas externas, bilaterales, heterónomas y coactivas. Jamás nuestra comprensión ha visto el derecho desde la argumentación que las autoridades y operadores jurídicos hacen sobre las normas. Por otra parte, el estado de derecho ya no es el imperio de la ley, sino el imperio del derecho, esto es, de la Constitución, de los principios y de la labor de intérpretes y argumentadores. La profundidad del Estado de derecho se mide por la pluralidad y calidad de la argumentación 1 .

El estado de derecho –como dice Pisarello 2 en su polémica con Eusebio Fernández- implica, por un lado, el sometimiento del propio Estado a la legalidad pero también que es indispensable proteger la libertad de los ciudadanos de la injerencia ilegítima de los poderes públicos, sin importar que éstos cuenten con el apoyo coyuntural de la mayoría, sobre todo frente a fenómenos de corrupción o de terrorismo de Estado; pero, por otro, significa controles para los poderes privados, para el mercado, y garantías de derechos sociales de prestación para todos los ciudadanos que los protejan de las desigualdades de hecho que el propio mercado, librado a su propia lógica, produce. Además, el estado de derecho hoy en día es constitucional, lo que entraña su carácter democrático, promotor de la participación y deliberación ciudadana sobre todos los asuntos de relevancia pública, por ello está orientado hacia la protección de los derechos fundamentales, tanto de libertad como de naturaleza social, económica y cultural, así como incluyente con derechos fundamentales de nuevas generaciones, que se inscribe en un contexto de sociedades pluralistas, multiculturales y heterogéneas dentro de procesos de globalización. Igualmente, el estado de derecho contemporáneo no concibe al derecho exclusivamente como conjunto de reglas, sino también de principios jurídicos expresos e implícitos que subordinan el derecho infra constitucional al constitucional, pero que debido a la indeterminación de la fuerza expansiva de los principios, es imprescindible la argumentación de todo el ordenamiento. Bien podríamos decir que el derecho de nuestro tiempo es argumentación; el Estado de derecho no es ya el imperio de la ley sino el imperio del derecho, esto es, de la Constitución, de los principios y de la labor de intérpretes y argumentadores 3 .

La argumentación jurídica representa una superación de los métodos de interpretación tradicionales 4 . Los métodos interpretativos que hoy conocemos –gramatical, lógico, histórico, sistemático, etcétera– aparecen cuando se hizo evidente en el siglo XIX que era imposible el mito de la claridad de la ley. La teoría del derecho tuvo que idear algunos métodos interpretativos para que el derecho no perdiera en seguridad jurídica. Savigny estableció cuatro cánones de la interpretación (gramatical, lógico, histórico y sistemático) para permitir al intérprete hallar la idea inmanente a la ley, averiguar el pensamiento del legislador, actuar con objetividad y certeza, sin margen para sus valoraciones personales. En Francia, en el Código de Napoleón de 1804 se dio total prevalencia a la averiguación de la voluntad auténtica del legislador, pues detrás de la letra de la ley hay una voluntad que ilumina, sin posibilidad para la incertidumbre. En Alemania, la jurisprudencia de conceptos entendió que por detrás de las normas jurídicas existe un entramado de conceptos que son expresión de una especie de razón jurídica universal. Conceptos como negocio jurídico, testamento, contrato, compra-venta, préstamo, no son puros nombres de coyunturales invenciones del legislador sino realidades ontológicas que permiten dar solución a cualquier conflicto. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también en Alemania, el segundo Ihering propone el método teleológico o funcional basado en la vida social e histórica, en donde lo que importa para determinar el significado de la norma es analizar el fin o los fines a los que sirve. En Francia, Geny señala que la norma legal no agota el derecho ni predetermina la sentencia, con lo que queda siempre un amplio espacio para la valoración. Poco a poco, interpretar ya no es tanto conocer o averiguar, cada vez es más valorar y decidir; el referente de la sentencia correcta ya no lo proporciona un método de interpretación sino que ahora son criterios sociológicos de justicia.

El paso al irracionalismo estaba dado. Los irracionalistas sostienen que no hay método o procedimiento que pueda dotar de garantías a la decisión jurídica, que sería, sobre todo, una decisión guiada por las valoraciones e inclinaciones del juez. En esta posición están teorías como el movimiento del derecho libre (Kantorowicz, Fuchs o Ehrlich) y el realismo jurídico estadounidense más extremo como el de Frank o también el realismo jurídico escandinavo de Alf Ross. Hans Kelsen forma parte también de esta corriente, pues la decisión del juez no tiene carácter científico, es política jurídica, un acto volitivo del juez que escoge entre distintas alternativas de solución y aplica el derecho al caso particular. Frente a los irracionalistas encontramos también posiciones racionalistas que consideran que sí es posible ofrecerle al juez pautas metódicas que permitan que su interpretación de los términos legales sea la correcta y la objetiva.

Las teorías de la argumentación son el producto de esta larga polémica histórica. Aceptan las críticas del irracionalismo pero intentan superarlas con medios diferentes a los de los racionalistas. Constituyen un nuevo paradigma porque no sólo se preocupan por la decisión jurídica de las autoridades, sino que traspasan el edificio jurídico y entienden el razonamiento jurídico como esencialmente dialógico, es decir, la práctica decisoria no está presidida por un razonar subjetivo sino por uno intersubjetivo. Las razones que cuentan no son las de conciencia subjetiva del intérprete sino los argumentos intersubjetivos; las razones que se expresan hacia los otros como justificación de las opciones y decisiones no provienen de su correspondencia con una norma previa, sino de la aceptación de un hipotético auditorio universal capaz de ser convencido con las mejores razones aportadas. En las teorías de la argumentación importa cómo se argumenta, cómo se motiva, cómo se descubren los argumentos, cuáles son sus tipos y cómo se puede evitar la manipulación de los instrumentos retóricos. En otras palabras, si tenemos en cuenta el componente de irracionalidad que puede existir en cualquier decisión, se debe intentar darle un carácter de racionalidad a la argumentación.

Lo fundamental en todas estas teorías es el reconocimiento de que el razonamiento jurídico no es un proceso mecánico ni el derecho un sistema axiomático 5 . El derecho no sólo se conforma por reglas que obedecen a la interpretación silogística y a la subsunción, el derecho está también conformado por principios constitucionales y directrices y, desde luego es siempre reformulado por la argumentación 6 . El reconocimiento de los principios es clave para entender el modelo argumentativo del derecho en adición al normativo, realista, o puramente axiológico 7 . Los principios y la argumentación han superado la visión formalista del derecho centrada exclusivamente en una de las expresiones de las normas que son las reglas 8 .

En nuestra tradición el derecho debía ser estatal, de origen legislativo, imperativo y de aplicación mecánica. Ninguna de esas cuatro características es correcta. El derecho no se origina sólo en los órganos del Estado (también en la sociedad, por ejemplo comunidades indígenas), el derecho más importante no está en la ley sino en la Constitución, las principales normas del sistema como la soberanía popular carecen de sanción y, la interpretación de normas constitucionales no es una operación mecánica ni silogística, sino una que recurre a la ponderación entre principios contrapuestos.

El neoconstitucionalismo a diferencia del “excesivo positivismo” 9 presenta a la Constitución como el centro, base y fundamento de todo el sistema jurídico, pero es una Constitución pensada en términos de principios y directrices que se interpretan no bajo el vetusto esquema de los métodos tradicionales del derecho, sino mediante la ponderación; la Constitución es omnipotente en cualquier análisis, asunto o caso; la ley pasa a segundo plano, es más, la ley y cualquier otro ordenamiento debe verse siempre bajo el prisma de la Constitución y, algo muy importante, el derecho no representa un esquema homogéneo de sociedad sino otro heterogéneo en donde los sentidos y significados de la Constitución son plurales y en ocasiones difícilmente compatibles.

En estas nuevas realidades se pone en evidencia que el derecho no siempre tiene origen estatal, rompiendo con ello, una de las ideas tradicionales del positivismo. En efecto el derecho tiene también orígenes plurales en las comunidades indígenas, los partidos, sindicatos, iglesias, organismos internacionales, etcétera, y no necesariamente ese mundo normativo que es eficaz, tiene el reconocimiento de los órganos del Estado. Además y debido a la importancia de la interpretación y de la argumentación, el derecho ya no descansa preponderantemente en cuanto a su origen y formación en los órganos legislativos, el derecho legislado es reelaborado por jueces y autoridades administrativas. Los tribunales constitucionales lo definen por encima del legislador cuando determinan los sentidos de las normas constitucionales. Aquélla visión de la escuela de la Exégesis sobre el papel del legislador racional (que no se equivoca, que no hace nada inútil, que es previsor, etcétera)ya no se sostiene, y el legislador ha dejado de ser el señor del derecho, su lugar lo ocupa el juez constitucional. La imperatividad del derecho también está en crisis: las principales normas del sistema carecen de sanción y su cumplimiento no depende de su grado de coerción sino de su nivel de legitimidad y respaldo social. En este sentido las características clásicas del derecho del positivismo han sido trastocadas. Existe pluralismo jurídico y no monismo, el derecho no tiene necesariamente un origen estatal, el legislador no es el sujeto por antonomasia del derecho y la coerción no es el dato fundamental para saber cuando una norma debe ser considerada como jurídica.

En cuanto a la interpretación, la subsunción y la aplicación mecánica están reservadas para los casos fáciles en donde no se ponen en duda las premisas. En los casos difíciles en donde se ponen en duda las premisas deben se acude a formas argumentativas diversas, de carácter retórico u otras que se apoyan en el principio de proporcionalidad. El silogismo y la subsunción son métodos argumentativos que no sirven para resolver una antinomia de principios. Éstos han venido a modificar los cimientos de la tradicional Teoría del derecho. Las razones son las siguientes: los principios ordenan observar una conducta en la mayor medida posible, un principio no puede invalidar a otro y, en la solución de la colisión entre ellos, se busca la concordancia de principios en el ordenamiento. El principio de proporcionalidad, vía para resolver las colisiones de principios 10 , está compuesto por los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Con el subprincipio de idoneidad se determina si la intervención en los derechos fundamentales es adecuada o no para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. El subprincipio de necesidad sirve para analizar si la medida de intervención en los derechos fundamentales es la más benigna con el derecho fundamental intervenido entre todas aquellas que revisten la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el objetivo propuesto. El principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación sostiene que la intervención en el derecho fundamental debe estar justificada por la importancia de la realización del fin perseguido por la intervención legislativa.

En nuestro tiempo no es aceptable acudir al expediente que jerarquiza principios a priori y de manera absoluta. De darse, significaría entronizar ciertos derechos sobre otros y romper con el carácter abierto y tolerante de las sociedades contemporáneas. El principio de proporcionalidad es superior a otras vías o métodos porque se hace cargo del carácter pluralista, abierto y democrático de la sociedad, es decir, admite el carácter conflictivo y heterogéneo del componente social.

La formalidad jurídica en el pasado negó que el derecho tuviese como origen un partido hegemónico que generaba el derecho para recrear el sistema. En la actualidad, la formalidad jurídica intenta negar que el derecho tiene su origen en la partidocracia y en los pactos entre los partidos, es decir, se rechaza que los contenidos de la ley están contractualizados y responden a la visión de la clase política y no a la visión de los ciudadanos.

Desde la visión política del derecho no puede desconocerse que todo sistema normativo está dentro de un contexto y que como dicen los hermenéutas, los textos se leen o deben leer desde esos contextos. Los sistemas jurídicos no se producen por generación espontánea tienen una razón de ser y objetivos políticos evidentes. Ello obliga a estar abierto a nuestras realidades. En el pasado, el derecho mexicano provenía de un sistema autoritario 11 y en buena medida el orden normativo buscaba apuntalar y consolidar ese tipo de régimen. Principalmente el derecho público nacional pretendía lograr esos objetivos. Un repaso a la legislación electoral de la época y a la actuación de las autoridades que la aplicaban daría cuenta de lo que aquí se dice. El cambió del régimen que se dio principalmente en el ámbito electoral propició nuevas formas de entender el derecho electoral. Sin embargo, el resto del sistema normativo sigue incólume, principalmente en cuanto a las reglas del ejercicio del poder público.

La transición a la democracia no ha concluido porque no se ha transformado el entramado institucional compuesto por las reglas de acceso y ejercicio del poder público. Además, la necesidad de un nuevo entramado institucional requiere venir acompañada de una nueva cultura jurídica que afronte la interpretación de las nuevas reglas y principios desde una visión de Estado constitucional democrático en donde los derechos humanos y los principios democráticos sean las bases de la argumentación y de la nueva legitimidad.

El derecho, principalmente el público, del régimen anterior debió leerse desde sus contextos. No partir de ese entendimiento implicó un ejercicio de mera formalidad y lo que es peor, de convalidación de un status quo inaceptable. El derecho de nuestra época, de la etapa transición, también debe partir del nuevo contexto. Un régimen democrático que está por construirse, en donde la partidocracia y otros intereses, pueden generar un sistema normativo y una interpretación jurídica alejada de los ciudadanos. En particular debe concebirse el contexto democrático que existe y que se desea construir.

Así se debe discutir si el sistema representativo es un horizonte deseable. Para Boaventura de Sousa Santos, la forma actual de democracia representativa tiene su origen en la obra de Kelsen que la entendió como una suma de procedimientos al interior de los parlamentos, un proceso dialéctico dentro del relativismo moral para resolver diferencias y crear normas; Kelsen redujo los problemas de legitimidad a cuestiones de legalidad 12 . Schumpeter, Bobbio y Dahl, entre otros, desarrollaron los conceptos kelsenianos. Schumpeter entendió que la democracia era algo alejado de la soberanía popular, para él, la democracia es un método político, es decir, un arreglo institucional para llegar a decisiones políticas y administrativas 13 . Bobbio sostuvo que la democracia representativa es un conjunto de reglas para la formación de mayorías –igual peso de los votos, no distinciones económicas, sociales, religiosas en la constitución del electorado– 14 . Para Dahl la democracia es una poliarquía, en donde diferentes grupos compiten por el poder bajo ciertas reglas que permiten condiciones de equidad entre los contendientes e información adecuada para que los ciudadanos puedan optar por alguno de los grupos 15 . En estas concepciones y otras parecidas a las anteriores, la democracia suele quedar reducida a las elecciones y ello trae aparejados muchos problemas, por ejemplo, el de si las elecciones agotan los procedimientos de autorización de gobernados a gobernantes y si los procedimientos representativos agotan la representación de las diferencias sociales. En otras palabras, la democracia no puede significar solo elecciones, el ciudadano sería esclavo o rehén en las etapas interelectorales, por lo que los sistemas representativos requieren de reforma a fin de introducir elementos que vinculen a los ciudadanos con los representantes más allá de la jornada electoral.

Frente a las concepciones electoralistas de la democracia existen otras propuestas que ponen el acento en distintos temas: las potencialidades de la participación, la importancia de la publicidad, el reconocimiento de la deliberación de asuntos públicos, la rendición de cuentas horizontal al igual que el control social del poder, la posibilidad de contrarrestar la influencia de los factores reales de poder que buscan excluirse del campo del derecho, la democracia interna y el control de los partidos, y muchas otras innovaciones institucionales que pretenden ampliar los espacios de deliberación y participación ciudadana.

El tipo de democracia a construir es un contexto entre otros a tomar en cuenta, otros posibles contextos se refieren al de modelo de sociedad o de economía por apuntalar. Desde luego que un contexto no da lo mismo que otro al momento de entender el derecho desde una perspectiva dinámica que no se quede en la mera formalidad, por otra parte mentirosa, del puro texto.

A la luz de lo expuesto anteriormente, en esta iniciativa proponemos que los fines del Instituto Federal Electoral, que se encuentran previstos en el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se constituyan en auténticas competencias o atribuciones genéricas de los órganos del Instituto, principalmente del Consejo General de ese Instituto, pues en los hechos y por las decisiones del Instituto Federal Electoral y de la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se trata de principios que no tienen materialidad alguna. En ocasiones, parecen ser expresiones y palabras vacías que carecen de eficacia y de aplicabilidad en los casos y asuntos que son conocidos por los órganos electorales.

Por ejemplo, en decisiones recientes adoptadas por el Instituto Federal Electoral, se niega que el Instituto Federal Electoral tenga competencia para inhibir la presión, compra o coacción del voto, pues se argumenta que la fracción f) párrafo primero del artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece como fin institucional el que el IFE debe salvaguardar la autenticidad y efectividad del sufragio, no es una plena competencia de la autoridad electoral para evitar la compra y coacción del voto. La autoridad electoral federal señala que la competencia es de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales porque los actos de compra y coacción actualizan hipótesis penales típicas.

El argumento de las autoridades del IFE a este respecto es absurdo, pues la compra y coacción del voto se puede abordar desde una perspectiva penal (artículo 403 del Código Penal Federal) o desde una visión administrativa-electoral. Las visiones anteriores no son excluyentes, ni la una está subordinada a la otra, se trata de acciones y procedimientos autónomos.

La razón para que el IFE resuelva de forma completa, integral y exhaustiva asuntos vinculados a la compra y coacción del voto es la siguiente:

El artículo 1o., párrafos segundo y tercero, de la Constitución establece que la interpretación de las normas secundarias debe realizarse conforme a los derechos humanos, precepto que interpretado en relación con los artículos 35fracción II y 41 del mismo ordenamiento, obligarían al IFE a velar porque las elecciones sean libres y auténticas para garantizar los derechos fundamentales de carácter político.El voto deber ser libre y auténtico para que sea democrático y constitucional, por lo que el IFE debe velar por la autenticidad y efectividad del sufragio (artículo 105.1 f) del Cofipe) y, en ese sentido deben quedar prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores (artículo 4 párrafo 3 del Cofipe).

A pesar de la contundencia que se deriva de las normas anteriores, la autoridad electoral federal niega la competencia para actuar respecto a la compra y coacción del voto y, en los demás supuestos del artículo 105 del Cofipe que aluden a fines diversos del Instituto Federal Electoral y, que tienen relación con los principios democráticos que se derivan de los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. También se rechaza que se trate de competencias genéricas de la autoridad. En todos los casos se indica que los fines institucionales del artículo 105 del Cofipe deben venir acompañados de competencias específicas, ya sea de carácter expreso o implícito, para que la autoridad electoral federal pueda actuar.

La posición de la autoridad electoral federal deviene de una cultura jurídica formalista y decimonónica, acostumbrada a entender el principio de legalidad como un catálogo cerrado de competencias, y no como se hace en el derecho alemán, por ejemplo, en donde el principio de legalidad se entiende como juridicidad, por lo que en ese sistema jurídico basta contar con una base jurídica, salvo excepciones, para que la autoridad actúe e impacte en la esfera jurídica del gobernado o de otros órganos del Estado. En nuestro país, por el contrario, ahí donde no existe una competencia específica no hay posibilidad de intervención estatal.

Sin asumir que comparto los criterios de la autoridad electoral federal, estimo que por la importancia que tiene para nuestra vida democrática el voto libre y auténtico, estamos obligados a modificar el Cofipe a este respecto, en espera de que una cultura jurídica más contemporánea entre al aire que respiran los juristas nacionales (en especial el que respiran los que laboran en los órganos electorales) para que éstos valoren los fines y los principios jurídicos como mandatos de optimización para las autoridades. Por lo anterior propongo las siguientes reformas:

Al artículo 105 del Cofipe para que el precepto señale: “1. Son fines y competencias genéricas del Instituto:” y, al artículo 118.1 inciso z) del Cofipe para que la norma diga que el Consejo General tiene entre sus atribuciones: “Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones, los fines del Instituto previstos en el artículo 105 de este Código y, las demás señaladas en esta ley”.

De lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 105 y 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los fines del Instituto Federal Electoral sean entendidos como competencias genéricas de su actuación

Artículo Primero. Se reforma el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar en los siguientes términos:

Artículo 105

1. Son fines y competencias genéricas del instituto:

a)...

b)...

c)...

d)...

e)...

f)...

g)...

h)...

Artículo Segundo. Se reforma el inciso z) del párrafo primero del artículo 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar en los siguientes términos:

Artículo 118

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

...

...

...

z) Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones, los fines del instituto previstos en el artículo 105 de este código y, las demás señaladas en esta ley.

2. ...

3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Häberle, Peter, Retos actuales del Estado Constitucional, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública, 1996, páginas 17-46 y Häberle, Peter, Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría Constitucional de la sociedad abierta, Madrid, Tecnos, 2002, páginas 105-124.

2 Pisarello, Gerardo, “Por un concepto exigente de Estado de derecho (A propósito de un artículo de Eusebio Fernández)”, Madrid, Revista Sistema, número 134, mayo de 1988, páginas 97-106. Fernández García, Eusebio, “Hacia un concepto restringido de Estado de derecho”, Madrid, Revista Sistema, número 138, páginas 101-114.

3 Hierro, Liborio, Estado de Derecho. Problemas actuales, México, Fontamara, 2001, páginas 17-44.

4 García Amado, Juan Antonio, “Retórica, argumentación y derecho”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, Madrid, número 21, noviembre de 1999, páginas 131-145. García Amado, Juan Antonio, Teorías de la tópica jurídica, Madrid, Civitas, 1988, páginas 31-33.

5 Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, páginas 205-280.

6 Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1995, páginas 109-156.

7 Ver por ejemplo: Cárdenas Gracia, Jaime, La argumentación como derecho, México, IIJ-UNAM, 2005. (Hay primera reimpresión 2006).

8 Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Barcelona, Ariel, 1996, páginas 1-25.

9 Comanducci, Paolo, “Formas de neoconstitucionalismo: un análisis metateórico”, en Carbonell, Miguel (editor), Neoconstitucionalismos, Madrid, Trotta, 2003, páginas 83 y siguietes.

10 Alexy, Robert, “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”, en Derecho y razón práctica, México, Fontamara, 1993, páginas 9-13 y Bernal Pulido, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, páginas 686-798. Ver también: Alexy, Robert, “Ponderación, control de constitucionalidad y representación”, en Perfecto Andrés Ibáñez y Robert Alexy, Jueces y ponderación argumentativa, México, IIJ-UNAM, 2006, páginas 1-18.

11 Para una tipología de los regímenes no democráticos ver: Linz, Juan, “Totalitarian and Authoritarian Regimes” en Greenstein, Fred I. y Polsby, Nelson W (editores), Handbook of Political Science, volúmen 3: Macropolitical Theory, Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Company, 1975, páginas 24-267.

12 Kelsen, Hans, Escritos sobre la democracia y el socialismo, Editorial Debate, Madrid, 1988, páginas 85-104.

13 Schumpeter, Joseph A., Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva York, Harper and Row, 1962, página 269.

14 Bobbio, Norberto, Teoría General de la Política, Madrid, Trotta, 2003, páginas 459-460.

15 Dahl, Robert, Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971, páginas 4-8.

México, DF, a 8 de agosto de 2012.

Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Agosto 8 de 2012.)