Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de las Leyes Federales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo del diputado Manuel Cadena Morales y suscrita por integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos, y de Justicia

Los suscritos, diputados Manuel Cadena Morales, presidente; Sabino Bautista Concepción, Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Celia García Ayala, Lizbeth García Coronado, María del Carmen Guzmán Lozano, Héctor Hernández Silva –licencia-, Juan Pablo Jiménez Concha, Yolanda del Carmen Montalvo López, Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales, J. Eduardo Yáñez Montaño, integrantes; todos de la Comisión de Derechos Humanos, y el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa por la que se reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Jerarquía constitucional de los derechos humanos

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, constituye un parte aguas a través del cual valorar y reorientar las relaciones entre los actores sociales en el marco de un Estado social de derecho, al colocar a los derechos humanos como eje central del marco jurídico mexicano.

Ha sido un lapso corto para entender y dimensionar su profundidad e impacto transversal en la legislación federal y estatal, así como para realizar adecuaciones institucionales y fomentar entre las personas su conocimiento y respeto. Hablamos de una cultura constitucional que garantice la convivencia respetuosa entre las instituciones y la ciudadanía.

Sin embargo, desde todos los ámbitos de la vida, esta universalización de derechos implica distintos modos de ser y hacer para los cuales el trabajo legislativo puede sentar uno de los precedentes importantes, a fin de que los derechos humanos cobren carácter de realidad de vida más que declarativo y de buenas intenciones.

Estamos conscientes de que las reformas legales necesarias en materia de derechos humanos no se agotan con esta iniciativa. La reflexión y el análisis para abordar otras temáticas relacionadas están en marcha, como es el caso de la violación de derechos humanos entre particulares que hasta ahora hemos resuelto con quejas ante la Conapred, o instancias de defensa de los consumidores de diversos servicios en el caso de los derechos difusos.

Sin embargo, el contexto de combate al crimen organizado y los niveles de inseguridad pública presentes en la vida cotidiana, impulsan el deber de garantizar la seguridad jurídica y la justicia, a través de reformas legales que coadyuven a detener la impunidad.

El incremento del número y la gravedad de las violaciones a derechos humanos en nuestro país, pone de relieve la necesidad de que el legislador establezca determinadas consecuencias jurídicas penales a los agentes de estado que vulneren los derechos humanos.

En el desarrollo de esta exposición de motivos utilizaremos el término “agentes de estado” entendido como la persona física que desempeña un empleo cargo o comisión en la toma de decisiones y ejecución de las políticas estatales dentro de los organismos que señala la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, independientemente de la relación laboral que lo ligue a ésta.

En los informes anuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observamos un incremento del número de quejas:

Año Número de quejas

2007 5244

2008 6004

2009 6082

2010 6916

2011 10392

Lo anterior, puede tener diversas explicaciones. Entre ellas, la promoción de los derechos humanos, el activismo de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a su defensa y, al otro extremo, los llamados “daños colaterales” del combate contra la delincuencia organizada y la tendencia a legislar ad hoc para el “enemigo” que concede facultades meta constitucionales a la autoridad y que justifica la vulneración de los derechos humanos y sus garantías.

Durante 2011, las quejas por violaciones a los derechos humanos con mayor recurrencia fueron prestar indebidamente el servicio público; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; omitir proporcionar atención médica; acciones y omisiones que transgreden los derechos de los migrantes y sus familiares; incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho; emplear arbitrariamente la fuerza pública, y apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del propietario, sin que exista causa injustificada.

Las 10 principales autoridades federales señaladas en los registros de quejas por el organismo público fueron las siguientes: Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación Pública, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Marina y Comisión Federal de Electricidad.

Del universo de quejas presentadas durante 2011, cabe destacar: 1

• Las 4 mil 378 promovidas en contra de las autoridades el sector seguridad en relación con hechos violatorios, tales como los reiterados casos de alteración de las escenas de los hechos, los cateos ilegales, la privación de la vida, detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante, empleo arbitrario de la fuerza pública, retención ilegal e integración irregular o deficiente de la averiguación previa y dilación en la procuración de justicia. Cabe destacar la reticencia en brindar información a la CNDH.

• Las mil 301 quejas iniciadas contra el Instituto Nacional de Migración, dato muy significativo, toda vez que muestra un aumento de 234 por ciento en relación con 2010, vinculadas a violaciones como trato cruel, inhumano o degradante; detención arbitraria; retención ilegal; omitir brindar protección y auxilio; emplear arbitrariamente la fuerza pública y omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria.

De ahí, que no basta reconocer los derechos humanos en el texto constitucional, sino que resulta indispensable establecer su protección en los diversos ordenamientos jurídicos, para evitar que queden impunes determinadas conductas que trastocan gravemente el tejido social y, al mismo tiempo, coadyuven a impulsar una cultura de respeto que moldee las actuaciones institucionales.

Las violaciones graves a los derechos humanos configuran no sólo una agresión directa contra la víctima o víctimas, sino también una ofensa a los principios consagrados en la Constitución y que, en una sociedad democrática, son la base de relaciones sociales equitativas e igualitarias como garantía de una convivencia pacífica y respetuosa de las diferencias.

El ordenamiento jurídico debe ser el instrumento que haga posible a todas las personas satisfacer sus necesidades fundamentales de justicia, regulando las relaciones entre ellas dentro de la convivencia social, reconociendo y garantizando sus derechos, así como determinando las maneras sobre cómo hacerlos exigibles y justiciables. El proceso legislativo existe finalmente en función de la justicia y de la obtención del bien social.

“implica reconocer los límites del derecho como instrumento de lucha contra la injusticia [...], implica poner en cuestión la naturaleza misma del sujeto de derecho, y de los derechos, de la relación entre el derecho y la justicia, el significado de derecho y de justicia” (Pitch, 2005).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. 2 (...) que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. 3

Se requiere, además, el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la Constitución. La existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que su aplicación o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin.

Asimismo el párrafo tercero del artículo primero de nuestra Carta Magna señala:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En este sentido, la letra y el espíritu de la reforma constitucional se armonizan con los instrumentos internacionales de los que México forma parte, como podemos observar en los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno:

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. (Lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas, principio de effet utile)

Artículo 28. Cláusula federal:

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

2. Respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta convención.

Por tanto, el objeto y fin es la protección de los derechos humanos; por la otra, significa la creación de un orden legal en el cual los Estados asumen obligaciones no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Además, estos tratados se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva.

En este marco, la presente iniciativa propone imponer consecuencia penal a los agentes del estado que vulneren de manera grave derechos humanos ya que cuando los perpetradores no son responsabilizados la impunidad confirma que la violencia y discriminación es aceptable, lo cual fomenta su perpetuación.

Para ampliar esta idea citamos la siguiente tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Seguridad pública, fuerza pública y actos de policía. Las omisiones legislativas en esas materias propician por sí mismas condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos.

La existencia de omisiones legislativas y reglamentarias en materia de actos de policía, fuerza pública y seguridad pública, propician por sí mismas condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos, particularmente del derecho a la protección de la vida y de la integridad personal (física y psicológica), pues conforme a estos derechos humanos, el Estado debe realizar acciones que coadyuven a su respeto y ejercicio, entre las que se encuentran aquellas de orden legislativo, reglamentario y protocolario. Consecuentemente, la ausencia de estas medidas normativas permite que la fuerza pública se ejerza irresponsablemente, lastrando el avance hacia una cultura policial democrática, sin apego a los derechos reconocidos en el derecho internacional a toda persona, y particularmente a las que son objeto de una acción policiaca, y que son recogidos y tutelados por la Constitución General de la República.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El tribunal pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXIX/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

A continuación se presenta un somero análisis de 5 sentencias emitidas por la CIDH, contra el Estado Mexicano, a fin de analizar los derechos vulnerados en cada caso y considerar la interpretación y jurisprudencia internacional de los instrumentos internacionales, de conformidad con el párrafo segundo del artículo primero de nuestra Constitución que señala “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

De manera doctrinal, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se compone tanto de un conjunto de reglas (las convenciones, pactos, tratados y demás documentos internacionales), como de una serie de valores que dichas reglas pretenden desarrollar. La interpretación de las normas se debe desarrollar entonces también a partir de un modelo basado en valores que el Sistema Interamericano pretende resguardar, desde el “mejor ángulo” para la protección de la persona.

Caso Fernández Ortega (30 de agosto de 2010)

Causa: Violación [sexual] y tortura, falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables, la falta de reparación adecuada a favor de la [presunta] víctima y sus familiares; [...] la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; y [...] las dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia”.

La sentencia considera la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial e incumplimiento de la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia

Caso Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2009)

Causa: Desaparición forzada, derecho a la vida y a la integridad personal, privación ilegal y arbitraria de la libertad.

Al respecto la CIDH señala que la desaparición forzada es una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. La desaparición forzada implica: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos; y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. Uno de los objetivos de la desaparición forzada es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, cuando una persona ha sido sometida a secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con el objetivo de ocasionar su desaparición forzada, si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces como medio para determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.

Caso González, Herrera y Ramos “Campo Algodonero” (16 de noviembre de 2009)

Causa: Desaparición y ulterior muerte de 3 mujeres jóvenes, la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición [...]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos [...], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada.

La sentencia incluye la violación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

Y añade que la violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación y declara que el Estado violó el deber de no discriminación y que los actos de hostigamiento que sufrieron los familiares configura una violación al derecho a la integridad personal.

Caso Rosendo Cantú (31 de agosto de 2010)

Causa: Violación [sexual] y tortura, falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables, la falta de reparación adecuada [en] favor de la [presunta] víctima y sus familiares, utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, y las dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud.

La sentencia señala que existen de actos constitutivos de violación sexual, violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, tratos crueles inhumanos y degradantes, de acceso a la justicia, de los derechos del niño, así como el incumplimiento de la obligación de garantizar, sin discriminación.

Caso Cabrera García y Montiel Flores “Ecologistas” (26 de noviembre de 2010)

Causa: Tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras se encontraban detenidos y bajo custodia de miembros del Ejército mexicano, falta de presentación sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales que controlara la legalidad de la detención y por las irregularidades acaecidas en el proceso penal que se adelantó en su contra, falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos, la falta de investigación adecuada de las alegaciones de tortura y la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos

Además la CIDH observa, respecto al Protocolo de Estambul (manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) que es importante que se utilicen sus estándares para fortalecer la debida diligencia, idoneidad y eficacia de la investigación respectiva. Asimismo, señala que corresponderá adelantar las acciones disciplinarias, administrativas o penales pertinentes en el evento de que en la investigación de los mencionados hechos se demuestren irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los mismos.

En este caso, la CIDH concluye la existencia de violación del derecho a la libertad personal, del derecho a la integridad personal, establecido en los artículos, de la garantía judicial, del derecho a la defensa y del principio de presunción de inocencia.

Derechos afectados

Convención Americana de los Derechos Humanos

Derecho a la vida (artículo 4)

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

Derecho a la integridad personal (artículo 5)

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Derecho a la libertad personal (artículo 7)

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados parte cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

Garantías judiciales (artículo 8)

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Protección de la honra y de la dignidad (artículo11)

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Derechos del niño (artículo 19)

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Igualdad ante la ley (artículo 25)

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Protección Judicial (artículo 25)

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

En relación con las obligaciones establecidas por la misma convención:

Obligación de respetar los derechos (artículo 1)

1. Los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2)

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Otros instrumentos internacionales relacionados:

Convención para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)

Que señala una visión comprensiva de la violencia contra las mujeres, los ámbitos en que se ejerce, así como los compromisos de los Estados parte:

Artículo 1. Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

Artículo 7. Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura

Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica (artículo 2 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura).

Para abundar en los argumentos, encontramos en el artículo 3 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura:

“Serán responsables del delito de tortura:

a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices. “

De la misma manera los Estados parte se comprometen, en el artículo 6 del mismo instrumento:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción.

Los Estados parte se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad.

Igualmente, los Estados parte tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción. “

Y considera, en su preámbulo que “...todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales...”

Protocolo de Estambul (manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes)

Cuya finalidad, es contribuir a que los Estados utilicen uno de los medios fundamentales para la protección de los individuos contra la tortura: una documentación eficaz. Esta documentación saca a la luz las pruebas de torturas y malos tratos de manera que se pueda exigir a los torturadores que den cuenta de sus actos y permitir que se haga justicia. Los métodos de documentación que figuran en este manual son también aplicables en otros contextos como, por ejemplo, las investigaciones y la vigilancia de los derechos humanos, las evaluaciones para conceder asilo político, la defensa de las personas que “han confesado” delitos durante la tortura y la evaluación de las necesidades de atención de las víctimas de la tortura... un punto de referencia internacional tanto para los profesionales de la salud como para los encargados de hacer justicia.

En virtud de que el “objetivo (de la tortura) consiste en destruir deliberadamente no sólo el bienestar físico y emocional de la persona sino también, en ciertos casos, la dignidad y la voluntad de comunidades enteras. Es algo que concierne a todos los miembros de la familia humana porque ataca a la misma base de nuestra existencia y de nuestras esperanzas de un futuro mejor”.

Reparación de daño

Entendido como la obligación del Estado y los servidores públicos de tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabilitación por los daños sufridos por el delito, y la garantías de no repetición de los hechos.

Toda violación de derechos humanos que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. La sentencia constituye per se una forma de reparación

Y comprenderá la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de sus derechos, incluyendo:

• Costos de tratamientos médicos, medicinas, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, prótesis o aparatos ortopédicos, de ser el caso, hasta la total recuperación de la víctima y su rehabilitación.

• Costos de terapias o tratamientos psiquiátrico, psicológico y rehabilitación física, social y ocupacional hasta la total recuperación de la víctima.

• Costos de transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios.

• Pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales.

• Daños materiales y pérdida de ingresos, incluida la indemnización laboral por el tiempo que no pudo laborar en su trabajo perdido.

• Los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos hasta la total conclusión de los procedimientos legales necesarios.

• Si así lo solicita la víctima, una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella.

Así como la garantía de no revictimización: obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma, o vuelvan a ser sujetos de los delitos.

Como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):

Derechos humanos. Su violación genera un deber de reparación adecuada en favor de la víctima o de sus familiares, a cargo de los poderes públicos competentes.

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.

El tribunal pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXVII/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil diez.

Contenidos propuestos en la iniciativa

Violaciones a derechos humanos que comprende:

• Los que atenten contra la dignidad e integridad de las personas y privación de la vida.

• Los que vulneren el acceso a la justicia, garantías procesales e igualdad ante la ley.

• Libertad y seguridad personal (la CIDH ha señalado que la seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física). 4

• Violencia sexual.

• Tratos crueles, inhumanos y degradantes (tortura)

• Los que impidan el libre desarrollo de la personalidad.

La responsabilidad penal de los agentes del estado

El servicio público es inherente a la función y responsabilidad social del Estado, para cumplir con los objetivos y metas para satisfacer las necesidades de la comunidad, bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que lo rigen (artículos 8, fracción XII, y 45 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos).

Su importancia ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas a través del Premio de Servicios Públicos (UNPSA, por sus siglas en inglés), cuyo propósito general es reconocer el aporte institucional realizado por los funcionarios públicos para mejorar la función, la profesionalidad, la imagen y la visibilidad del servicio público (decisión del Consejo Económico y social 2000/231):

La Declaración del Milenio hizo hincapié en el papel de la gobernabilidad democrática y participativa para garantizar los derechos de los hombres y las mujeres a “vivir su vida ya criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia”. También tomó nota de que el buen gobierno dentro de cada país es un prerrequisito para “hacer del desarrollo una realidad para todos y para liberar a toda la raza humana de la necesidad”.

La experiencia demuestra que sin una buena gobernanza, a nivel nacional o internacional, y un servicio público eficiente, competente, profesional, responsable y dedicado, el desarrollo sostenible y los medios de subsistencia están en peligro. El secretario general, en su discurso en el Foro Mundial de la Juventud en 1998, hizo hincapié en la importancia del servicio público mediante el fomento de la juventud del mundo para entrar en este campo. Él dijo: “En este mundo cambiante de los nuevos retos, necesitamos más que nunca antes, los individuos dedicados y con talento para entrar al servicio público.”

Para reclutar y retener una buena proporción de los mejores talentos, el desarrollo de prácticas innovadoras y mejorar su eficiencia y eficacia, el servicio público debe ser visible. Además, sus principios rectores, que giran en torno a objetivos tales como el interés público, la erradicación de la pobreza, la equidad, los derechos individuales y la ética de trabajo, incluida la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia, debe ser transmitida al público.

Materializar la finalidad del Estado es un compromiso que implica convicción y principios de actuación como pilares de la institucionalidad y del régimen de derecho. En nuestro país, las inercias culturales y la impunidad han marcado y desvirtuado estos parámetros de actuación, imperando una cultura de poder, desde el ejercicio público, lo que ocasiona discriminación, malos tratos, inequidad en el acceso a los servicios y violaciones a los derechos humanos.

Esta responsabilidad ha sido objeto de las discusiones de la SCJN y, a manera de ejemplo, tenemos la siguiente jurisprudencia:

Localización: Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XVII, Abril de 2003

Página: 1030

Tesis: I.4o.A. J/22

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Servidores públicos. Su responsabilidad administrativa surge como consecuencia de los actos u omisiones previstos en la legislación que rige la prestación del servicio público y su relación con el Estado.

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción III, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia ley fundamental estatuye como pilar del estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Revisión fiscal 316/2002. Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. Registro número 184396.

Es por ello que las y los proponentes de esta iniciativa sometemos a consideración de esta Soberanía considerar la responsabilidad penal, independientemente de las sanciones administrativas que se impongan, de los agentes de estado que violen de manera grave los derechos humanos protegidos por nuestra Constitución.

A continuación se presenta un esquema que contiene los elementos de tipificación de estos delitos:

Delitos a considerar como violaciones graves a derechos humanos

Delito/Modalidades

• Privación ilegal de la libertad

1. La privación de la libertad del condenado luego de haber cumplir la pena impuesta;

2. La privación de libertad que, luego del arresto o detención, comporta el dictado por la autoridad judicial de un auto de prisión arbitrario por falta de las garantías del debido proceso en el juicio al detenido o detenida;

3. La privación de libertad que, sin necesidad de auto de prisión, se convierte en prisión arbitraria por violar la garantía del dictado de una sentencia en un plazo razonable.

4. La privación de libertad que se convierte en condena anticipada por exceder el marco penal promedio para el delito o crimen que constituye el hecho punible presuntamente imputado por la autoridad, o que en su caso, haya sido objeto del proceso respectivo.

5. Las privaciones de la libertad, que independientemente de que se hayan o no realizado conforme a derecho, terminan con un auto de sobreseimiento definitivo, o con una sentencia absolutoria.

• Tortura

1. Torturas física y psicológicas

2. Aislamiento individual extremo

3. Insuficiente alimentación;

4. Falta de atención médica; condiciones insalubres; hacinamiento; privación de sueño; incomunicación.

5. Presenciar tortura de otros; simulacro de fusilamiento; amenaza de muerte; amenaza de muerte a familiares; amenaza de violación sexual; amenaza de violación sexual a familiares; calumnias sobre familiares; humillaciones (insultos, trato denigrantes relacionados a la restricción de la higiene y la evacuación); otras torturas psicológicas (escuchar música estridente, traslados permanentes de un sitio a otro o simplemente torturas).

• Desaparición forzada

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley...”

Elementos

I. Que se esté ante una privación de la libertad;

II. Que no haya información o que exista negativa de reconocer dicha privación de la libertad;

III. Que se sustraiga a la persona privada de la libertad de la protección legal; y

IV. Que su perpetrador sea agente del Estado o un particular que actuó con su apoyo o tolerancia.

• Ejecuciones

1. Muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedezca los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.

2. Muerte como consecuencia de un ataque por agentes del Estado.

3. Muerte como resultado de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado, sólo cuando aparece el cuerpo de la víctima o cuando aparecen algunos de sus restos.

4. Muerte como resultado de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes perpetrada por agentes del Estado.

5.Muerte de una persona detenida como resultado de condiciones inadecuadas de su privación de la libertad o en circunstancias poco claras que pongan en entredicho el deber de garantía del Estado, incluyendo la omisión de atención o auxilio en caso de que la persona detenida se encuentre en condiciones de salud grave, en las que corre peligro su vida.

Registro número 175967

Localización: Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006

Página: 628

Tesis: 1a. XII/2006

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Penal

Delitos graves. El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que prevé un catálogo de éstos, no transgrede la garantía de igualdad.

En el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente expresamente hizo una remisión al legislador ordinario para que estableciera qué tipos delictivos deben tenerse como graves para efectos de la improcedencia del beneficio de la libertad caucional. Así, en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el legislador formuló un catálogo con los delitos que por su gravedad ofenden valores fundamentales de la sociedad y que, por tanto, deben considerarse graves para todos los efectos legales, entre ellos para la improcedencia de dicha medida precautoria. El elemento básico considerado por el creador de esa norma, consiste en el grado de peligro que para la sociedad representa la conducta delictiva del agente, peligrosidad que obviamente está vinculada con la importancia que tienen para el individuo y para el grupo social en su conjunto, los bienes jurídicamente tutelados por el ordenamiento; es decir, la base se sustenta en la gravedad de la ofensa a la sociedad. Además, esta base no se limita a individuos que son sujetos de proceso por delitos de carácter violento, sino que también se considera para aquellos delincuentes cuyos ilícitos ponen en riesgo la seguridad nacional, la salud pública, la libertad, diversas libertades sexuales, el patrimonio individual y colectivo, entre otros; de donde se concluye que la magnitud de la ofensa a la comunidad estimada por el legislador puede ser igualmente de gran trascendencia en casos en los que se practica la conducta delictiva con acciones no violentas, por lo que ambas clases de individuos se encuentran en igual situación jurídica.

Amparo en revisión 934/2005. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

Código Penal Federal

Texto vigente

Artículo 30. La reparación del daño comprende:

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma;

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como de violencia familiar, además se comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima, y

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

Observaciones

Ampliar de conformidad a estándares internacionales:

Reformar fracción II y III

Y se adicionan dos párrafos

Texto propuesto

Artículo 30. La reparación del daño comprende:

I...

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo costos de tratamientos médicos, medicinas, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, prótesis o aparatos ortopédicos, de ser el caso, hasta la total recuperación de la víctima y su rehabilitación; terapias o tratamientos psiquiátrico, psicológico y rehabilitación física, social y ocupacional hasta la total recuperación de la víctima; de transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios.

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados, considerando la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; daños materiales y pérdida de ingresos, incluida la indemnización laboral por el tiempo que no pudo laborar en su trabajo perdido; los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos hasta la total conclusión de los procedimientos legales necesarios.

Si así lo solicita la víctima, una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella.

Así como la garantía de no revictimización, entendida como obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma.

Texto vigente

Capítulo I

Delitos cometidos por los servidores públicos

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

I a XI...

XII. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, intimidación o tortura;

XIII. a XXXII

...

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII, se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa.

Observaciones

Revisar violaciones de carácter procesal, acceso a la justicia, garantías de debido proceso, revisar tipo y pena

Se reforma fracción XII y se adicionan fracciones de la XXXIII a la XXXIX.

Se reforma penúltimo párrafo

Texto propuesto

Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

I. a XI. ...

XII. Obligar al inculpado a declarar contra sí mismo o a declararse culpable, usando la incomunicación, intimidación o tortura o cualquier otro medio de coacción.

XXXIII. Impedir al inculpado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa.

XXXIV. Obstaculizar o impedir al inculpado de ser asistido por un traductor o interprete, si no comprende o habla el idioma español.

XXXV. Negar al inculpado a ser asistido por un defensor y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

XXXVI. Anular la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.

XXXVII. Limitar u obstaculizar el principio de presunción de inocencia a favor del inculpado.

XXXIX. Limitar o Anular el derecho de la defensa a interrogar a testigos u otras personas que puedan arrojar la verdad histórica de los hechos.

...

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa.

...

Texto vigente

Sin Correlativo

Observaciones

Se adiciona artículo 322 BIS

Texto propuesto

Capítulo II

Homicidio

322 Bis. Al servidor público que en ejercicio o con motivo de sus funciones prive de la vida a otro se le impondrá la pena prevista en el artículo 320 de este código.

Además de la sanción prevista por el artículo anterior se impondrá destitución y/o inhabilitación de 8 a 20 años del empleo cargo o comisión.

Código Federal de Procedimientos Penales

Texto vigente

Artículo 2o. Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

I. a V. ...

VI. Asegurar o restituir al ofendido en sus derechos en los términos del artículo 38;

VII. a IX. ...

Observaciones

Incluir víctimas en fracción VI.

Texto propuesto

Artículo 2o . Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

I. a V. ...

VI. Asegurar o restituir a la victima y ofendidos en sus derechos en los términos del artículo 38;

VII. a IX. ...

Texto vigente

Artículo 3o. Las Policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a:

I. a IX. ...

X. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto deberá:

a) a e)...

f) Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado, sin riesgo para ellos, en especial en los casos de delitos contra la libertad, el normal desarrollo psicosexual o el libre desarrollo de la personalidad.

Observaciones

Incluir garantía de no revictimización y garantías para declaración o identificación

Texto propuesto

Artículo 3o. Las Policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a:

I. a IX. ...

X. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto deberá:

a) a e)...

f) Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado, libres de intimidación o temor por su seguridad o la de sus familiares y personas cercanas , en especial en los casos de delitos contra la libertad, el normal desarrollo psicosexual o el libre desarrollo de la personalidad, por lo que al menos garantizar:

• Medios remotos de distorsión de voz y rasgos.

• Comparecencia a través de Cámara de Gesell.

• Resguardo de la identidad y otros datos personales.

g) Tomar las medidas necesarias para garantizar la no revictimización.

XI. a XIV. ...

...

Texto vigente

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. ...

1 a 36...

II. a XVIII. ...

...

Observaciones

Se adiciona numeral 37 a la fracción I.

Texto propuesto

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. ...

1 a 36...

37. Delitos contra la administración de justicia , en el artículo 225 de la fracción XXXIII a la XXXIX.

II. a XVIII. ...

...

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Texto vigente

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. a XVIII. ...

XIX. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;

XX. a XXIV. ...

Observaciones

Incluir respeto a D. H. como fracción XIX y recorrer subsiguientes.

Texto propuesto

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. a XVIII. ...

XIX. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ;

XX. a XXV. ...

Texto vigente

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. a V. ...

...

...

...

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

Observaciones

Agregar en cuarto párrafo la fracción XIX.

Texto propuesto

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. a V. ...

...

...

...

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XX XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.

Texto vigente

Artículo 48. ...

En el establecimiento de las acciones referidas las dependencias y entidades deberán atender los lineamientos generales que emita la Secretaría.

Observaciones

Adición en segundo párrafo sobre: incluir medidas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos

Texto propuesto

Artículo 48. ...

En el establecimiento de las acciones referidas las dependencias y entidades deberán atender los lineamientos generales que emita la Secretaría, mismos que deberán incluir medidas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Texto vigente

Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I. y II. ...

III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

IV. a VII. ...

...

Observaciones

Modificar fracción III, incluir derechos humanos.

Texto propuesto

Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I. y II. ...

III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y las garantías para su protección;

IV a VII

...

Texto vigente

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. a XX. ...

XXI. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan.

XXII. a XXIV. ...

...

Observaciones

Incluir fracción XXI sobre la obligatoriedad de respetar los derechos humanos y correr subsecuentes.

Texto propuesto

Artículo 47. ...

I. a XX. ...

XXI. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ;

XXII. a XXV. ...

...

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

Texto vigente

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Observaciones

Modificar párrafo primero para incorporar reparación de daño.

Modificar párrafo segundo para complementar concepto: derechos humanos.

Texto propuesto

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización y reparación de daño a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización y reparación de daño deberán ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta Ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos humanos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforman las fracciones II y III y se adicionan dos párrafos al artículo 30; se reforma fracción XII, así como el penúltimo párrafo y se adicionan fracciones de la XXXIII a la XXXIX al artículo 225; se adiciona un artículo 322 Bis, todos ellos del Código Penal Federal, para quedar:

Artículo 30 . La reparación del daño comprende:

I. ...

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo costos de tratamientos médicos, medicinas, exámenes clínicos e intervenciones necesarias, prótesis o aparatos ortopédicos, de ser el caso, hasta la total recuperación de la víctima y su rehabilitación; terapias o tratamientos psiquiátrico, psicológico y rehabilitación física, social y ocupacional hasta la total recuperación de la víctima; de transporte, incluido el de retorno a su lugar de origen, si así lo decide la víctima, gastos de alimentación, vivienda provisional, vestido y los que sean necesarios.

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados, considerando la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; daños materiales y pérdida de ingresos, incluida la indemnización laboral por el tiempo que no pudo laborar en su trabajo perdido; los gastos de asistencia y representación jurídica o de peritos hasta la total conclusión de los procedimientos legales necesarios.

Si así lo solicita la víctima, una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella.

Así como la garantía de no revictimización, entendida como obligación del Estado y los servidores públicos, en los ámbitos de sus competencias, de tomar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean revictimizadas en cualquier forma.

Artículo 225 . Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

I. a XI. ...

XII. Obligar al inculpado a declarar contra sí mismo o a declararse culpable, usando la incomunicación, intimidación o tortura o cualquier otro de coacción.

XXXIII. Impedir al inculpado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa

XXXIV. Obstaculizar o impedir al inculpado de ser asistido por un traductor o interprete, si no comprende o habla el idioma español.

XXXV. Negar al inculpado a ser asistido por un defensor y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

XXXVI. Anular la comunicación previa y detallada al inculpado de acusación formulada.

XXXVII. Limitar u obstaculizar el principio de presunción de inocencia a favor del inculpado.

XXXIX. Limitar o Anular el derecho de la defensa a interrogar a testigos u otras personas que puedan arrojar la verdad histórica de los hechos.

...

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa.

...

Artículo 322 Bis. Al servidor público que ejercicio o con motivo de sus funciones prive de la vida a otro se le impondrá la pena prevista en el artículo 320 de este código.

Además de la sanción prevista por el artículo anterior se impondrá destitución y/o inhabilitación de 8 a 20 años del empleo cargo o comisión.

Segundo . Se reforma la fracción VI del artículo 2o.; se reforma el inciso f) y se adiciona un inciso g) al artículo 3o.; se adiciona numeral 37 a la fracción I del artículo 194, todos ellos del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar:

Artículo 2o . Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

I. a V. ...

VI. Asegurar o restituir a la victima y ofendidos en sus derechos en los términos del artículo 38;

VII. a IX. ...

Artículo 3o. Las Policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a:

I. a IX. ...

X. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto deberá:

a) a e)...

f) Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado, libres de intimidación o temor por su seguridad o la de sus familiares y personas cercanas , en especial en los casos de delitos contra la libertad, el normal desarrollo psicosexual o el libre desarrollo de la personalidad, por lo que al menos garantizar:

• Medios remotos de distorsión de voz y rasgos.

• Comparecencia a través de Cámara de Gesell.

• Resguardo de la identidad y otros datos personales.

g) Tomar las medidas necesarias para garantizar la no revictimización.

XI. a XIV. ...

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. ...

1 a 36...

37. Delitos contra la administración de justicia, en el artículo 225 de la fracción XXXIII a la XXXIX.

II. a XVIII. ...

...

Tercero. Se adiciona la fracción XIX al artículo 8, recorriéndose las subsecuentes; se reforman el cuarto párrafo del artículo 13 y el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para quedar:

Articulo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. a XVIII. ...

XIX. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos;

XX. a XXV. ...

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. a V. ...

...

...

...

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XX XXII y XXIII del artículo 8 de la ley.

Artículo 48. ...

En el establecimiento de las acciones referidas las dependencias y entidades deberán atender los lineamientos generales que emita la Secretaría, mismos que deberán incluir medidas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Cuarto. Se reforma la fracción III del artículo 7 y se adiciona la fracción XX al artículo 47, recorriéndose las subsecuentes de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para quedar:

Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I. y II. ...

III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y las garantías para su protección;

IV. a VII. ...

...

...

Artículo 47. ...

I. a XX. ...

XXI. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos;

XXII. a XXV. ...

...

Quinto. Se reforman los párrafos primero y segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización y reparación de daño a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnización y reparación de daño deberán ajustarse a los términos y condiciones señalados en esta ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos humanos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Información seleccionada del informe de actividades 2011 de la CNDH

2 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supranota 27, párrafos 166 y 176; caso Valle Jaramillo y otros, supranota 137, párr. 98, y caso Garibaldi, supranota 195, párrafo 112.

3 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 27, párrafo 177; caso Radilla Pacheco, supranota 33, párrafos 192 y 233, y caso Chitay Nech y otros, supra nota 18, párrafo 192.

4 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, supranota 99, párrafo 53.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a veinticuatro de abril de 2012.

Diputados: Manuel Cadena Morales (rúbrica), Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Celia García Ayala (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica),Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica).