Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a realizar un diagnóstico epidemiológico con enfoque de riesgo a escala nacional para formar un atlas de riesgos sanitarios, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Antonio Benítez Lucho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Ley General de Salud, sus Reglamentos respectivos, las Normas Oficiales Mexicanas y los diversos instrumentos técnicos y jurídicos, confieren a los tres niveles de Gobierno la responsabilidad para el cuidado de la Salud de la población, a través de la vigilancia que de ello haga la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de conformidad con lo establecido en el Decreto de creación del Organismo que en su Art 2, fracciones de la I a la X, le dan atribuciones amplias para proponer al Secretario de Salud las políticas públicas respecto de esta función, esencialmente controlando los factores de riesgo tanto ambientales, como ocupacionales y de saneamiento básico, que puedan causar efectos nocivos en la salud de los individuos.
Con base en lo establecido en la fracción VII del artículo 2 del decreto por el que se crea la Cofepris, es que se sustenta el protocolo metodológico para efectuar en forma actualizada, la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, y donde deberán participar la federación, los estados y los municipios, en un esfuerzo conjunto que sirva a todos para la tarea respectiva de ejercer la salubridad general, la concurrente y la local tal como corresponde en el orden mencionado a los tres niveles de gobierno, para poder acceder a la construcción de Mapas de Riesgo en todos los ámbitos mencionados.
Tan solo estos preceptos, justifican la en forma obligada la realización de la propuesta de contar en el país con un atlas de riesgos, ya que están contemplados tanto el diagnóstico de los riesgos, como la participación en ellos de los municipios y las entidades, que además tienen la obligación de participar, de conformidad con lo establecido en el artículo 13, Apartado B, fracciones de la I a la VII, de la Ley General de Salud, donde se establece lo que le corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales. Y también se justifica la participación de los municipios, en lo establecido en las diferentes leyes orgánicas del municipio libre de las entidades, donde se conceden atribuciones muy claras en la aplicación de la salubridad local en el contexto del control de los factores de riesgo que existen, tanto de instalaciones sanitarias, como de servicios públicos y aún mas de establecimientos de salud y otros que tengan que ver con la distribución de insumas para la misma.
También es necesario hacer hincapié que no se requieren presupuestos adicionales para crear el atlas de riesgos, diversos a los que ya están autorizados para los tres niveles de gobierno, para el cumplimiento del ejercicio de las atribuciones que ya fueron mencionadas, y para las cuales anualmente son asignados los recursos que de conformidad con la solicitud y la disponibilidad son aprobados para los municipios, las entidades federativas y la propia Cofepris, para el cumplimiento de sus funciones, tal como lo establece la Ley General de Salud, el Decreto de creación de la Cofepris y las leyes orgánicas del municipio libre.
Sirva también para justificar la propuesta para acceder al diagnóstico epidemiológico con enfoque de riesgo, la existencia de facto, de más de 70 por ciento de la información que se solicita en las cédulas de información básica de factores de riesgo, daños a la salud, y recursos para la atención de la misma, que permite inferir que el esfuerzo que deberán hacer los municipios, las entidades y la Cofepris, será esencialmente de integración de la misma en una serie de instrumentos diseñados con el propósito específico de realizar un análisis técnico que permita obtener el producto del que hablamos medularmente.
También, se concluye que la metodología para el atlas de riesgo, que con mucho gusto entrego en anexo a este punto de acuerdo, para su publicación y para integrarlo al resolutivo que se turne al Poder Ejecutivo, permite fomentar la participación de muchas instancias, tanto comunitarias, como municipales, estatales, regionales y nacionales, con lo que también se estaría cumpliendo con la atribución legal del Consejo Nacional de Salud, de la Ssa y de la Cofepris. Los riesgos a la salud de los mexicanos son muchos y crecientes. Es necesario contar con instrumentos eficaces para diagnosticar, prevenir y preservar la salud pública.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición, conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que realice, a la mayor brevedad, un diagnóstico epidemiológico con enfoque de riesgo, antes que termine la administración del gobierno federal, partiendo desde la célula municipal para conformar un atlas de riesgos sanitarios de cada municipio del país, y pudiendo conformar lo propio en cada entidad federativa.
Palacio Legislativo, a 19 de abril de 2012.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a homologar por sus Secretarías de Salud las disposiciones en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Miguel Antonio Osuna Millán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La donación y el trasplante de órganos en México se han convertido en un difícil problema de salud pública. Pese a que ya hay un sistema nacional de trasplantes, desde hace mucho tiempo se requerían la revisión y actualización del marco regulatorio de la donación y los trasplantes, específicamente en la Ley General de Salud, que establece que los órganos o tejidos deberán obtenerse preferentemente de personas que hayan perdido la vida.
Por eso, actualmente el personal médico y paramédico encargado del proceso de donación de órganos coordina la donación, y su trabajo consiste en proponer a las familias la alternativa de la donación cuando han perdido a un ser querido y de coordinar el proceso médico, clínico y logístico de la donación.
En la medida en que una institución asigne mayores recursos humanos, financieros y técnicos para posibilitar la donación cadavérica entre la población que atiende, mayores posibilidades tendrá de resolver la demanda de pacientes en espera de recibir un trasplante.
Por ello, las instituciones del sector salud de los gobiernos de las entidades federativas deberán hacer las modificaciones necesarias a la ley, a fin de homologar en sus ámbitos de competencia la obtención de los órganos y tejidos necesarios para satisfacer la demanda de trasplantes.
De conformidad con lo establecido en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud publicado el 12 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, que establece que el consentimiento del donante sea tácito cuando éste, siendo mayor de edad y estando en pleno uso de sus facultades, se haya abstenido de manifestar su negativa a que sus órganos, tejidos o células sean utilizados para trasplantes, dando la posibilidad de que toda persona que sufra muerte encefálica pueda convertirse en donador cadavérico, con la excepción de los que tácitamente han expresado su consentimiento negativamente.
Para lograr lo anterior es necesario que el proceso de trasplantes, la asignación y la distribución de órganos, tejidos y células en el territorio nacional se considera en la presente iniciativa que deba ser realizada por los Comités Internos de Trasplantes y por los Comités Internos de Coordinación para la donación de órganos y tejidos, logrando así que en el proceso de asignación de órganos, éste sea con base en los lineamientos que al efecto establezca el Centro Nacional de Trasplantes, buscando que esto sea de forma transparente y equitativa y congruente con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho de todo mexicano a la protección de la salud.
Este lineamiento nos permite promover y concretar una cultura de donación, por lo que es necesario lograr la efectiva concurrencia de las entidades federativas en materia de trasplantes y donación de órganos, para que los gobiernos locales promuevan la creación de los centros estatales de trasplantes, los cuales deberán colaborar con el Centro Nacional de Trasplantes en la integración y actualización de la información necesaria para el Registro Nacional de Trasplantes, mediante los instrumentos que al afecto determine la Secretaría de Salud federal.
Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, a través de sus Secretarías de Salud, a homologar las disposiciones en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2012.
Diputado Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a crear instrumentos de protección para garantizar que los interesados en ser partícipes de los programas sociales de las dependencias públicas tengan acceso claro y expedito a éstos, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El ejercicio transparente de los dineros públicos y que realmente lleguen a los destinatarios de los programas sociales han sido una preocupación permanente de ciudadanos, legisladores y organismos internacionales.
Es sabido que los programas sociales son la materialización de los objetivos y líneas de acción de las políticas formuladas para atender las problemáticas que aquejan a los miembros de una sociedad; entre ellos podemos mencionar apoyos a pequeños productores, apoyos económicos directos, apoyos a proyectos sociales de asociaciones civiles, becas, etcétera.
Cuando los requisitos para acceder a los programas resultan complicados para las y los interesados, a la par que se encuentran trabas para informarse debidamente y estar en condiciones de seguir los trámites correspondientes, se registran situaciones propicias para el abuso por parte de funcionarios y/o “gestores” quienes mediante triquiñuelas de todo tipo logran apropiarse de buena parte de los recursos que debieran recibir los beneficiarios de los programas.
Así, se extravía la vocación inicial de los mismos que debiera ser la mejoría en las condiciones materiales de vida mediante el ejercicio de un derecho social y no la obtención de “premio” a cambio de un favor.
En nuestros recorridos de campo hemos recibido numerosas quejas en relación con el acceso a los programas sociales. En ellas, las y los beneficiarios nos muestran las dificultades que sortean para lograr contar con los recursos necesarios para producir algún producto o recibir un apoyo monetario directo.
De igual manera, hasta nuestras oficinas nos llegan denuncias permanentes acerca de servidores públicos o de gestores que haciendo gala de sus “buenos oficios” se embolsan parte de los recursos —provenientes de los programas sociales— que buscan afanosamente pequeños productores y/o ciudadanas o ciudadanos en extrema pobreza. En ese sentido, los mismos ciudadanos nos han informado acerca de la imposibilidad de denunciar dichas prácticas por el temor a perder los apoyos.
Visto en ese contexto, se pervierte el objetivo de los programas sociales porque los vivales —entre ellos servidores públicos— los sujetan al llamado coyotaje arguyendo agilizar el trámite de expedientes o dar preferencia a las solicitudes, acciones que traen consigo que se mermen los montos obtenidos por parte de las y los beneficiarios.
Frente a tales prácticas aviesas es menester que la autoridad lleve a cabo diversas acciones que redunden en el ejercicio trasparente de los recursos públicos y en una mayor eficiencia administrativa en beneficio de los derechos ciudadanos.
Entre ellas podemos mencionar:
• Mejorar los esquemas de difusión de las reglas de operación correspondientes que muestren de manera sencilla las características de los programas y los requisitos que deben cubrir sus beneficiarios.
• Simplificar, mejorar y agilizar trámites, creando instancias administrativas de apoyo.
• Incentivar y simplificar los esquemas de denuncia sobre cobros indebidos o condicionamiento en el acceso a los programas.
• Investigar y castigar a malos servidores públicos.
• Establecer una coordinación entre dependencias públicas federales y gobiernos estatales para hacer eficiente el acceso a los programas.
• Crear un registro público de gestores.
• Incentivar la participación ciudadana en las tareas de vigilancia y denuncia.
Asimismo, dados los montos anuales —insertos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación— para concretar la política social en las materias de salud, educación, cultura, abasto popular, apoyos a la producción, o apoyos monetarios directos, etcétera, es necesario llevar a efecto estudios, investigaciones o encuestas para determinar no sólo el perfil real de las y los beneficiarios sino también identificar qué obstáculos enfrentan y quiénes son los responsables, qué prácticas asumen los llamados gestores y cómo les afecta; además, qué situaciones vulneran su derecho de acceder a los apoyos y cómo las enfrentan; si denuncian o no los abusos a los que se ven sujetos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con el fin garantizar los objetivos de los programas sociales, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a crear mecanismos de protección para garantizar que las personas interesadas en ser partícipes de los programas sociales de todas las dependencias públicas accedan de manera clara, pronta y expedita no sólo a la información correspondiente sino a la tramitación de los apoyos correspondientes, todo ello en un ejercicio transparente por parte de los servidores públicos, gestores o representantes de las y los beneficiarios de aquellos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 abril de 2012.
Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a hacer público, con carácter de urgente, el resultado sobre el estudio del impacto ambiental que se ocasionaría a la zona norte de Nayarit con la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces, en el cauce del río San Pedro, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracciones III y VI, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea para solicitar la aprobación de urgente y obvia resolución de la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que con carácter de urgente informe a esta soberanía y haga público el resultado sobre el estudio del impacto ambiental que se ocasionaría a la zona norte de Nayarit, con la construcción de la presa hidroeléctrica “Las Cruces” en el cauce del río San Pedro, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Ante el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica “Las Cruces” la cual se prevé realizar bajo el esquema de obra pública financiada, con una inversión de 576 millones de dólares, para ser ubicada en la zona norte de Nayarit, es necesario, insistir en la preocupación que provoca, a la comunidad nayarita, la realización de dicha construcción, en virtud de que estudios realizados por académicos e investigadores prestigiados en universidades públicas, prevén que esta obra generará un impacto negativo que provocará daños irreversibles a toda la zona estuarina del norte de la entidad, principalmente en la zona de manglares.
En efecto, los manglares juegan un papel fundamental en los sistemas costeros, debido a que operan como barreras de contención ante fenómenos meteorológicos y zonas de amortiguamiento en caso de inundaciones, aunado a que limpian el agua que desciende de los ríos, evitan la salinización de gran parte de los marismas nacionales y constituyen grandes pulmones para la zona al purificar el aire y proporcionar espacios para la reproducción de un gran número de especies acuáticas, vegetales y animales.
2. Ante tal situación, el 15 de marzo del año en curso, fue solicitado por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, mediante punto de acuerdo, la realización de una consulta pública entre especialistas en materia ecológica ambiental y habitantes de la región que resultaría afectada con esta obra, así como la realización de un estudio por parte de la Semarnat, sobre el impacto ambiental que se causaría con la construcción de la presa hidroeléctrica referida, sin embargo, hasta el día no se ha tenido a la vista el resultado del estudio de impacto ambiental solicitado a dicha secretaría de estado.
Aunado a lo anterior, ha sido señalado dentro de los avances del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 Nayarit, que se han realizado estudios de sustentabilidad económica, social y ambiental para validar los trabajos de dicha obra, aunque, hasta el momento tampoco se haya dado a conocer ninguno de dichos estudios de sustentabilidad, lo que genera incertidumbre y desconfianza a los pobladores de las zonas afectadas.
3. Podemos llamar cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional, tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos como son: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones y nubosidad (1). La construcción de la Presa Hidroeléctrica “Las Cruces”, representa un inminente riesgo de cambio climático para la región, pues con esta obra se provocará una afectación permanente a los recursos naturales de la zona, terminando con los humedales de la entidad y ocasionando la pérdida de muchas especies acuáticas, así como el deterioro de selvas y bosques.
En la actualidad el agua del Río San Pedro constituye la fuente y el sustento principal de la vida de la población en esa zona, por lo que dicho proyecto no representa una opción de desarrollo sustentable para la región y ni para el estado, debiendo de considerarse que en el Estado de Nayarit, existen otras tres presas hidroeléctricas, la última denominada “La Yesca”, misma que se encuentra en su etapa final de construcción, y la experiencia que ha dejado para el Estado la construcción de estas presas ha sido que la activación de la economía de la región es precaria y la creación de fuentes de empleo fueron escasas y temporales, debiendo considerar además, que la instalación de dicha obra no está pensada para resolver las necesidades de suministro eléctrico de su región, pues pese a las tres presas con que cuenta Nayarit, existe ausencia del servicio eléctrico en las pequeñas comunidades aledañas a estas obras, aunado a que en muchos casos los pobladores ni siquiera han sido indemnizados como corresponde.
4. Lo más preocupante es que se tiene conocimiento que han comenzado a realizarse acciones para llevar a cabo la construcción de la presa hidroeléctrica “Las Cruces”, sin que hasta el momento se haya tomado en cuenta la inconformidad que han manifestado los habitantes de los municipios de Ruiz, Tuxpan, Rosamorada y Santiago Ixcuintla, por ello es inminente e impostergable que se den a conocer a los estudios de sustentabilidad elaborados por el gobierno del estado, así como el estudio de impacto ambiental solicitado a la Semarnat, a efecto de estar en posibilidades de conocer el nivel de riesgo ambiental y para cuantificar el número de familias que se verán afectadas en lo económico y social con la realización de esta obra pública.
Por lo expuesto y fundado, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se suma a la preocupación y rechaza la afectación que en la actualidad vive la región norte del de Nayarit, por lo que en mi calidad de diputada federal, someto a consideración de esta honorable soberanía de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que con carácter de urgente informe a esta soberanía y haga público el resultado sobre el estudio del impacto ambiental que se ocasionaría a la zona norte de Nayarit con la construcción de la presa hidroeléctrica “Las Cruces”, en el cauce del río San Pedro.
Segundo. Se exhorta a las instancias federales y estatales a transparentar toda información referente al proyecto hidroeléctrico, con énfasis en el impacto sobre las comunidades afectadas, número de habitantes y consecuencias sobre el medio ambiente y economía regional. Que de ninguna manera se inicien trabajos sin exponer públicamente los argumentos y datos que sustenten la viabilidad de la presa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril de 2012.
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado a dictaminar de inmediato la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, turnada a esa soberanía el 6 de abril de 2010, a cargo del diputado José Trinidad Padilla López y suscrita por integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Los suscritos, integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, para exhortar al Senado de la República a dictaminar en lo inmediato la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, aprobada por esta Cámara de Diputados el martes 6 de abril de 2010, con base en las siguientes
Consideraciones
Con fecha 1 de diciembre de 2009 fue presentada al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. El 6 de abril de 2010 fue aprobado el dictamen de dicha iniciativa por la mayoría absoluta de esta soberanía. Desde entonces han pasado casi dos años y la minuta no ha sido dictaminada por la colegisladora.
La minuta en cuestión tiene el objetivo de fortalecer el federalismo de los programas de construcción de escuelas, al centrar las atribuciones del INIFED en emitir la normatividad y los lineamientos técnicos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública que construyan las entidades federativas, salvo el caso del Distrito Federal.
El artículo 2o. de la Ley General de Infraestructura Física Educativa establece que el objeto de esta ley es regular la infraestructura física educativa mediante el establecimiento de lineamientos generales. Por tanto, debe ser labor de la federación procurar lo necesario para que las autoridades locales operen de manera semejante las actividades de la infraestructura física educativa, además de proveer la normatividad adecuada para esta.
Esta reforma es indispensable debido a que actualmente las funciones del INIFED van desde la creación de un sistema de información del estado físico de las instalaciones que conforman la infraestructura física educativa, la certificación de calidad de la misma, hasta la construcción de inmuebles. Esta última función es contraria al espíritu real de la Ley, que busca que la atribución de construir recaiga principalmente en las entidades federativas pues de lo contrario se transgreden los avances de federalización en esta materia.
Con las reformas aprobadas por esta soberanía el INIFED se mantiene como un órgano articulador de los esfuerzos de la federación, de las entidades y de los municipios en esta materia, al tiempo que emite disposiciones normativas para la infraestructura de los diferentes niveles educativos y las diferentes regiones del país.
Los diputados que suscribimos este punto de acuerdo, integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, estamos convencidos de la importancia de estas reformas porque cada día constatamos en nuestras entidades los problemas de planeación que genera el centralismo del INIFED. Por ello formulamos un respetuoso exhorto a nuestros compañeros legisladores del Senado de la República para aprobar la minuta que les fue turnada por esta Cámara de Diputados el 6 de abril de 2010.
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado de la República a dictaminar en lo inmediato la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, turnada a esa soberanía el 6 de abril de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2012.
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Blanca Luz Purificación Dalila Soto Plata (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldua (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), José Isabel Meza Elizondo (rúbrica), Blanca J. Soria Morales (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a culminar los puentes en los kilómetros 198+200 y 212+150 del camino nacional Matamoros-Puerto Juárez, tramo Acayucan-Juan Díaz Covarrubias, así como la carpeta asfáltica del mismo segmento a la altura de los kilómetros 58 a 56 en ambos sentidos, todos en el sur de Veracruz, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La construcción y el mantenimiento de la infraestructura carretera constituyen un pilar fundamental en el desarrollo de toda actividad económica del país. Sin embargo, a pesar de que esta representación nacional ha autorizado recursos suficientes para las obras del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no se ha podido satisfacer oportunamente con las obras destruidas por los fenómenos meteorológicos.
En el estado de Veracruz con motivo del huracán Karl y los remanentes de lluvia de la tormenta tropical Mathew, a dos años de distancia se sigue viendo la afectación de los tramos carreteros y puentes, generando diversos contratiempos para la población entre los que se encuentra un incremento de hasta 40 por ciento de accidentes carreteros.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) delegación Veracruz, es la encargada de llevar a cabo el proceso de reparación y reconstrucción del los puentes San Miguel y San Manuel, localizados en la Carretera Costera del Golfo, sin embargo en dicho proceso hay poco avance, pese a su importancia vial y la constante incomunicación del sureste del país, no se aprecia el interés de concluir las obras de mantenimiento y conservación.
El desarrollo integral de cualquier comunidad o centro poblacional requiere de una efectiva red de comunicaciones. Las carreteras y los caminos rurales, significan no sólo un rápido desplazamiento de mercancías, bienes y servicios, que generan condiciones básicas para el desarrollo económico de una sociedad, sino también, el mejoramiento de las condiciones de vida acceso a los servicios básicos como educación, salud, cultura, ciencia, deporte, recreación y el desarrollo regional.
La infraestructura carretera del sur del estado se considera como un corredor económico de gran importancia; representa la zona productora agrícola, ganadera, la industria metálica básica, los alimentos, bebidas, tabaco, petroquímica y electricidad, además de ser un área de pesca, de captura y de cultivo en sus lagunas entre muchos otros, siendo el paso de mercancías y productos entre Estados Unidos de América y Centroamérica, motivo por el cual resulta urgente que se cuente con una vía de comunicación a la altura de las necesidades económicas y sociales de la población.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes culmine los puentes ubicados en los kilómetros 198+200 y 212+150 del camino nacional Matamoros-Puerto Juárez, tramo Acayucan-Juan Díaz Covarrubias, así como la carpeta asfáltica del mismo tramo carretero a la altura de los kilómetros 58 al 56 en ambos sentidos, todos en el sur del estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2012.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno, al procurador general de Justicia, al secretario de Seguridad Pública y a los jefes delegacionales del Distrito Federal a intensificar en el ámbito de sus competencias la prevención, atención y erradicación de la trata de personas en toda la ciudad, en especial en la calzada de Tlalpan y sus alrededores, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numerales 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El delito de trata de personas atenta contra los bienes más preciados por la sociedad, como son la vida, la libertad y la seguridad de las personas. La trata de personas, entendida como la venta de seres humanos con sus tres modalidades: explotación sexual, explotación laboral y extracción de órganos, encuentra sus antecedentes históricos en prácticas ancestrales de sometimiento de la persona. Las dos primeras modalidades se remontan por una parte a la esclavitud, y la otra, al comercio de mujeres para la explotación sexual.
2. Se calcula que en México hay (a noviembre de 2010), 1 millón 200 mil personas víctimas de trata de personas, de acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina. Con ello, se ubica al país en el quinto lugar de América Latina entre los países donde más gente es víctima de explotación, después de República Dominicana, Haití, Brasil y Argentina. La propia Coalición calcula que de cada diez personas que son víctimas de explotación dos son menores de edad; que ha aumentado la cantidad de personas originarias de Rusia y Bulgaria, explotadas sexualmente en el país.
3. Estudio realizado por la investigadora Fabiola Vargas Valencia, del Colegio de la Frontera Norte, refiere que cada semana, en la madrugada, por cinco rutas distintas, llegan a Tijuana autobuses y aviones con decenas de niñas y mujeres de 3 a 65 años de edad para ser forzadas a prostituirse.
La investigación identificó cinco rutas de tratantes de personas:
I. La primera inicia en Sudamérica, llega al Distrito Federal o Puerto Vallarta, Jalisco y de ahí va hacia Baja California, a través de Los Cabos. Las mujeres, la mayor parte indocumentadas, son explotadas en bares o table dance.
II. La segunda inicia en Centroamérica hasta Tijuana directamente, con vertientes como el traslado desde El Salvador a Veracruz y de Guatemala a Chiapas. Las víctimas llegan con contactos que establecieron en sus lugares de origen y las trasladan a hoteles, donde son obligadas a prostituirse para pagar las “deudas” del viaje, el hospedaje y la comida.
III. La tercera ruta se ubica en el interior de Baja California, desde Tijuana a Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate. Se explota a mujeres deportadas o que no pudieron cruzar la frontera por falta de dinero. Se les ofrecen hasta 400 dólares diarios en la prostitución.
IV. La cuarta ruta es trazada desde Tijuana hasta Ciudad Juárez y Sonora pasando por Nogales, Caborca y Agua Prieta. Testigos consultados por la citada investigadora refieren que algunas de esas mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez.
V. La quinta ruta parte de Tijuana hacia Estados Unidos, por San Diego. En ella están involucrados “polleros” y los puntos donde opera la red son Vista, en La Escondida; Las Antenas, en Carlsbad; Carrizales, en Oceanside; Del Mar y Los Gatos, en Valley Center. Los polleros trasladan a mujeres, niños y niñas con documentos falsos o de forma indocumentada por la sierra o escondidos en cajuelas o consolas delanteras de autos y camionetas, en ocasiones, con la complicidad de la Patrulla Fronteriza. Nuestro país ha adoptado una serie de instrumentos internacionales que condenan estas violaciones.
4. En el año 2000, en Palermo, Italia, en respuesta a la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas, representantes de 117 países suscribieron la Convención de las Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Organizada Trasnacional, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, importante y eficaz herramienta para combatir este delito. México lo firmó el 13 de diciembre de 2000 y lo ratificó el 4 de marzo de 2003.
Con la suscripción de dichos instrumentos internacionales, por primera vez se incorpora al esquema normativo penal una definición integral de la trata de personas, que incluye las actividades, los medios comisivos y fines.
5. Uno de los instrumentos internacionales más importantes en el combate a la trata de personas es, sin lugar a dudas el Protocolo de Palermo, el cual establece que la política para combatir la trata de personas en el orden internacional, presenta las siguientes vertientes: 1) Prevención mediante la detección de los factores que la originan, los actores del proceso y campañas de sensibilización e información; 2) Protección y asistencia a víctimas; 3) Impulsar la armonización legislativa al interior de los Estados partes del Protocolo de Palermo; 4) Cooperación internacional para recibir asistencia técnica; 5) Trabajo conjunto de autoridades con organizaciones de la sociedad civil especializadas e instituciones académicas.
6. Los esfuerzos por implementar verdaderas acciones contra la trata de personas, obligaron a contar con una legislación específica y de un mayor grado de especialización, por lo que a partir del 27 noviembre de 2007, México tiene su Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, de aplicación federal. Por su parte la mayoría de entidades federativas prohíben penalmente diferentes aspectos de la trata de personas pero sólo unas cuantas tienen una ley específica, entre ellas, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
7. De 2009 a septiembre de 2011, el Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (CAPEA), dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF),reportó aproximadamente 5 mil 873 personas extraviadas, de las cuales mil 849 son mujeres de entre 10 y 26 años de edad, lo que significa un 31.4 por ciento del total. De las mujeres reportadas, se extravían en el Distrito Federal más de 63 por ciento, principalmente en orden de incidencia, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.
Casi 20 por ciento son del estado de México, con más reportes de los municipios de Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan. El resto es de otros estados como Veracruz, Guanajuato y Oaxaca, en orden de incidencia. Es difícil llevar un conteo exacto, porque muchas veces las familias no reportan cuando vuelven o las encuentran.
Aun así, Araceli Becerra, integrante de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Extraviados, opina que el CAPEA tiene una de las bases de datos más efectivas, con mayor información, incluso de las que poseen otras entidades federativas. Que esta asociación a la que pertenece, cuenta con su propio esfuerzo estadístico y que mujeres entre 10 y 26 años reportadas como extraviadas, contabilizan unas setenta en todo el país, la mayoría del estado de México.
Teresa Ulloa Ziáurritz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, detalla que la organización busca a más de 200 mujeres de esas edades. Que no todos los casos se difunden, sobre todo cuando hay la sospecha de que están involucrados con el crimen organizado. La ONG, rescató a 680 mujeres, todas involucradas con el delito de trata.
8. El 10 de abril de 2012 denuncié la problemática, consistente en la zona de explotación en que se ha convertido la Calzada de Tlalpan, funcionando como una pasarela de venta sexual abierta al público de día y de noche, donde niñas y mujeres, principalmente, son aparentemente forzadas a vender su cuerpo como mercancía.
En entrevista realizada a Jaime Montejo, representante en la zona de Tlapan de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, por un periódico de circulación nacional, señaló que la prostitución en dicho territorio es una actividad que a los hoteleros deja ganancias mensuales de más de 8 millones de pesos, destacando que adicionalmente las ganancias que produce se reparten entre todos y no sólo llega a dueños de hoteles, sino que ese dinero alcanza a padrotes y policías quienes resaltó que se llevan aproximadamente “4 millones de pesos al mes”.
Precisa la nota publicada que en todo lo largo de Tlalpan son 50 puntos entre San Antonio Abad y el estadio Azteca, donde se practica el lenocinio y de las mil 500 prostitutas que hay ahí, mil son mujeres y 500 homosexuales. 1
9. El Distrito Federal cuenta con su Ley para prevenir y erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil , en cuyo artículo 1, fracción I, se establece como objeto de la misma, que “la prevención de la trata de personas, así como el apoyo, protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la finalidad de garantizar la libertad y el libre desarrollo de la personalidad de las personas que son víctimas o posibles víctimas residentes o que han sido trasladadas al territorio del Distrito Federal”. Así como “fomentar las más diversas formas de participación ciudadana en las políticas, programas y acciones institucionales en torno a la problemática que representa la trata de personas y el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil”, de conformidad con su fracción V.
10. Asimismo el artículo 6, en las fracciones I y II, establece que para efectos de la misma, se entiende por I. “Acciones de prevención: Conjunto de medidas que derivan de la implementación de políticas públicas que ejecuta la administración pública para evitar la consumación de los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, atendiendo los factores de riesgo en los ámbitos público y privado”; y la fracción II. “Acciones de protección: Aquéllas que realiza la administración pública, familia y sociedad a fin de proporcionar bienes o servicios a las víctimas de los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil”.
11. Por su parte el artículo 7 establece que corresponde al jefe de gobierno del Distrito Federal impulsar durante su encargo acciones efectivas de prevención, protección y sanción en materia de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil en coordinación con las organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, grupos sociales y los habitantes del Distrito Federal; establecer de manera concertada las acciones de prevención y de protección que deberán ejecutarse en el ámbito de la administración pública, concertar acuerdos entre los distintos sectores sociales en torno a la problemática implícita en los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil.
12. Del mismo modo, el artículo 9 de la citada ley establece que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: I. Tener personal e instalaciones adecuados para que las víctimas de los delitos materia de la ley sientan confianza y seguridad al solicitar ayuda y protección; II. Tener mecanismos a fin de que todas las víctimas de las conductas señaladas en la ley puedan dar parte de los actos cometidos contra ellas e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad; V. Instrumentar una línea telefónica que tenga como finalidad exclusiva auxiliar de manera eficiente a las víctimas de la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil y recibir información de la población relativa a la comisión de abuso sexual de menores de edad, o de generación, comercialización o distribución de materiales como textos, documentos, archivos o audiovisuales con contenido pornográfico de menores de edad, así como de cualquier forma de explotación sexual comercial infantil; VII. Instrumentar la página de internet que contenga el listado de organizaciones civiles y sociales que trabajen en la prevención, detección y erradicación de los delitos previstos en la Ley, así como los lugares en los que se brinde apoyo y asistencia a las víctimas. La página de internet debe estar actualizada y contar con los instrumentos jurídicos del orden nacional e internacional vigentes y demás información relacionada con la problemática materia de la ley, entre otras.
13. El artículo 10 de la Ley para prevenir y erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal establece que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal: I. Contemplar en el Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal, los procedimientos permanentes de capacitación a la policía del Distrito Federal en la prevención y sanción de la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil; II. Establecer mecanismos para inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie denuncia, los lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre las conductas delictivas previstas en la ley; III. Instaurar en el marco de competencia y atribuciones, vigilancia permanente en los centros de arribo y abordo de los turistas de la Ciudad de México, principalmente en las centrales camioneras y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para prevenir y evitar las conductas previstas en la ley, entre otras.
Asimismo, la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece en el artículo 10 que corresponde a esta Secretaría la prevención de la comisión de infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de la tranquilidad de las personas, entre las atribuciones, detener y presentar al juez a los probables infractores y ejecutar órdenes de presentación que se dicten con motivo del procedimiento que prevé esta ley.
14. El artículo 17 de la ley señalada establece que corresponde a las delegaciones: I. Brindar toda la asesoría jurídica que las asociaciones de padres de familia, organizaciones civiles y a la población en general que la requiera para ejercer los derechos a que se refiere dicha ley; VI. Coordinarse con la procuraduría en las verificaciones administrativas implementadas a establecimientos cuando exista información relativa a la comisión o posible comisión de los delitos previstos en dicha ley.
15. Finalmente, su artículo 19 establece que la Comisión Interinstitucional es la instancia encargada de la coordinación de las acciones entre los órganos que integran la administración pública para prevenir y erradicar la trata de personas, el abuso sexual y explotación sexual comercial infantil y garantizar la protección y atención de las víctimas. El artículo 20 prevé que sea presidida por el jefe de gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tenga a su cargo la coordinación ejecutiva y sustituya al jefe de gobierno en sus ausencias. También que la integren titulares de diversas secretarías del gobierno del Distrito Federal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, organizaciones de la sociedad civil relacionadas con estos temas y expertos académicos vinculados con el tema de la trata de personas.
Considerandos
Primero. Que la trata de personas es un delito, así como una forma de esclavitud, que por medio de la violencia física, moral, el engaño o el abuso de poder, los tratantes realizan las correspondientes conductas delictivas para someter a las víctimas a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
Segundo. Que hay factores sociales que en su conjunto hacen a una persona más vulnerable a una situación de trata y disminuye la posibilidad de pedir ayuda o denunciar. Entre esos factores están pobreza, falta de educación formal, falta de orientación sobre los derechos humanos, discriminación, racismo, clasismo, xenofobia y misoginia, entre otros. También inciden en esa vulnerabilidad, el status particular ante el sistema jurídico, o a que dentro del sector en que convive, es aceptada o al menos ignorada la explotación.
Tercero. Que la trata de personas es un delito que se comete sobre todo al amparo de la invisibilidad y de la impunidad, debido a que la gran mayoría de sus víctimas provienen de contextos socioculturales y económicos, en los que difícilmente pueden conocer plenamente sus derechos y exigir su cumplimiento.
Cuarto. Resulta claro que en el caso de México es un delito que a lo largo de los últimos veinte años ha cobrado niveles desproporcionados, aunado al hecho de que por su ubicación geográfica y falta de atención y seguimiento por parte de la autoridad, se ha vuelto territorio idóneo para que distintas redes de trata a nivel internacional encuentren aquí un área de oportunidad.
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer los esfuerzos por crear y poner en marcha, políticas públicas, acciones y proyectos, que han ido introduciendo la perspectiva de los derechos humanos, vinculados a la trata de personas en diversas instancias de la administración pública federal y en los últimos cinco años, los tres órdenes de gobierno han desarrollado un proceso de creación de leyes, para prevenir, tipificar, castigar y combatir el delito de trata de personas.
Es así, que el legislador constituyente, ha promovido un instrumento para hacer posible la homologación, consistente en facultar al Congreso de la Unión a crear una ley general o ley marco, que conforme al criterio de la Suprema Corte, es una ley que integra una porción de la Constitución y, por ello, una vez expedida y en vigor, obliga a los legisladores, a que en sus leyes ordinarias, sean éstas locales o federales, recojan los contenidos de la ley general.
Quinto. Es obvio que la sola normativa para perseguir y sancionar estos delitos, no es suficiente si no se acompaña con políticas públicas de sensibilización, concientización y participación de los sectores de la sociedad. Por ello es que resulta fundamental que en las acciones tendientes a prevenir y erradicar la trata de personas, se involucre de manera interinstitucional, la participación de la plena expresión de la sociedad, como es el caso de la legislación en la materia para el Distrito Federal.
Sexto. Es lamentable que siendo la Calzada de Tlalpan una de las vialidades más importantes del Distrito Federal, un corredor comercial y una vialidad que conecta al sur de la capital con el centro histórico, que es una zona turística y de tránsito permanente, los vecinos padezcan el aumento de esta problemática multifactorial, por lo que requiere con urgencia que las autoridades ejerzan a cabalidad las competencias que les atribuyen las leyes en la materia.
Son actividades que se ejercen en todo momento, quebrantando la tranquilidad de familias, niñas y niños que estudian en escuelas de alrededores y las viven a diario. Irrumpen en la paz y tranquilidad al ser factores que generan delincuencia, como narcomenudeo, asaltos y producen violencia en la vida comunitaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe de gobierno, al procurador general de Justicia, al secretario de Seguridad Pública, así como a los jefes delegacionales, todos del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, intensifiquen las acciones de prevención, atención y erradicación de la trata de personas.
Segundo. Se exhorta al procurador general de Justicia del Distrito Federal para que atienda de inmediato las denuncias de investigación de posibles delitos de trata de personas en la zona de la Calzada de Tlalpan y alrededores.
Tercero. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública para que vigile de forma permanente las zonas involucradas y canalice las denuncias vecinales con motivo de infracciones a la Ley de Cultura Cívica relacionadas.
Nota
1 Visible en
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7c954b2a681d d8c89db2c26cafab6fcc
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2012.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades locales a atender la escasez de vacunas en Nayarit y cumplir su obligación de garantizar el derecho a la salud de los niños en el estado, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La que suscribe, Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79 numeral 2, fracciones III y VI, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la aprobación, de urgente y obvia resolución, de la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que de manera inmediata tome conocimiento de la problemática que se vive en el estado de Nayarit ante la escasez de vacunas y tome las medidas necesarias para que de manera urgente se ponga a disposición de las familias nayaritas las vacunas necesarias para que nuestros niños y niñas puedan cumplir con su cuadro básico de vacunación, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. El derecho a la salud se relaciona con el derecho fundamental de todas las personas a la vida y a vivir en dignidad. Significa que las personas tienen derecho a gozar del nivel más alto posible de salud, pero no se limita a ello. La Organización Mundial de la Salud define el derecho a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social” que “consiste no solamente del acceso a la atención médica, sino también del acceso a todos los bienes y servicios que son esenciales para una vida saludable o que conducen a ella”. Una vivienda segura, un medio ambiente limpio, una alimentación adecuada e información correcta sobre la prevención de enfermedades son las bases de una vida saludable. El derecho a la salud también implica que las personas tengan control sobre su cuerpo y su salud.
2. Las recomendaciones de los organismos internaciones establecen los estándares para el derecho a la salud:
Disponibilidad. Los Estados deben crear toda la infraestructura de salud necesaria en todo su territorio. Esta infraestructura debe contar con agua, electricidad, personal capacitado y todos los medicamentos necesarios.
Accesibilidad. La infraestructura y los servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas sin discriminación. Esto incluye: a) Accesibilidad física. Los centros de salud deben estar ubicados cerca de todas las comunidades. b) Accesibilidad económica. Todas las personas deben tener acceso al nivel más alto posible de servicios de salud independientemente de sus ingresos. c) Las personas también deben tener acceso a información pertinente sobre los problemas de la salud.
Aceptabilidad. La infraestructura de salud debe estar de acuerdo con la cultura y las prácticas de las comunidades a las que atiende.
Calidad. La infraestructura de salud debe ser científica y médicamente apropiada, contando con todos los equipos y el personal necesario, y con agua potable y condiciones sanitarias adecuadas.
3. En la actualidad una de las mejores formas de prevenir y controlar las enfermedades transmisibles es el adecuado empleo de vacunas y su relación “costo-efectividad” y “costo-beneficio” han quedado demostradas de manera contundente tanto a nivel internacional como a nivel nacional. La vacunación significa una oportunidad valiosa para optimizar los recursos de los sistemas públicos de salud. Hoy en día, son cada vez más las enfermedades que se pueden prevenir por medio de la vacunación como son: la difteria, sarampión, varicela, hepatitis A y B, influenza, tétanos, polio y neumococo. Ésta última, considerada dentro de las bacterias de mayor riesgo y prevalencia en el mundo, afecta tanto a niños menores de 5 años como a adultos mayores de 65. Entre las infecciones que provoca la Streptococcus pneumoniae (bacteria del neumococo) se encuentran la meningitis, neumonía, septicemia, bacteriemia, sepsis, entre otras, que generan secuelas graves afectando la calidad de vida del paciente, e inclusive la muerte.
4. Por esta razón, la vacunación es y será por siempre la mejor protección en la salud de los mexicanos, mientras que ésta sea aplicada conforme al Programa Nacional de Vacunación del país.
5. Por eso vemos con preocupación que en el Estado de Nayarit sin que exista una explicación creíble, no se cuenta con las vacunas suficientes para ser suministradas a todos nuestros niños y niñas menores de 5 años. Esta es una situación que no se puede tolerar, pues se pone en riesgo la salud de millones de niños y niñas que por la incapacidad de las autoridades federales y locales no pueden acceder a un derecho humano fundamental, el derecho a la salud.
6. A nivel mundial, los esquemas de vacunación incompletos representan una cuestión trascendental y están relacionados con múltiples factores; entre los reportados se encuentran: pobreza, costo a las familias, costo a los proveedores, inicio tardío de la vacunación, información deficiente del estado de vacunación, y desconocimiento por parte del personal de salud de las contraindicaciones y edades adecuadas para la aplicación de las vacunas
7. México es uno de los países promotores de iniciativas mundiales a favor de las condiciones de salud y bienestar de la niñez, las cuales han sentado precedente al haber establecido, entre otros compromisos, la decisión de reducir los indicadores de mortalidad infantil y preescolar, así como la mortalidad materna y la desnutrición. La preocupación por la infancia cobra cada vez mayor conciencia en el mundo dada la persistencia de miles de defunciones diarias. Las acciones de Vacunación Universal enmarcan la problemática de salud infantil como una prioridad que requiere de atención inmediata, así como por los efectos negativos que tiene en los indicadores de salud.
8. México ha alcanzado impactos benéficos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación, que incluyen enfermedades tan antiguas como la viruela y otras de importancia, como poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina, tétanos y tuberculosis meníngea; a lo anterior han contribuido particularmente las Semanas Nacionales de Salud y otras estrategias que han permitido focalizar las acciones y cumplir con las metas nacionales e internacionales.
9. A pesar de las promesas de las autoridades del sector salud, han pasado los meses y miles de niños y niñas no han cubierto su esquema básico de salud, con esta omisión se está incumpliendo con la atención de uno de los derechos humanos fundamentales. Es urgente que ahora si se atienda la demanda de las familias nayaritas, lo que está en riesgo es la vida de nuestros hijos.
Por lo expuesto y fundado el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza se suma a la preocupación de las familias de Nayarit y exige una solución inmediata por lo que en mi calidad de diputada federal, someto a consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que de manera inmediata tome conocimiento de la problemática que se vive en el estado de Nayarit ante la escasez de vacunas y tome las medidas necesarias para que de manera urgente se ponga a disposición de las familias nayaritas las vacunas necesarias para que nuestros niños y niñas puedan cumplir con su cuadro básico de vacunación.
Segundo. Se tomen las previsiones necesarias para que esta problemática no se vuelva a presentar en el estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2012.
Diputada Cora Cecilia Pineda Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la constitucionalidad del Tratado de Explotación de Yacimientos Petroleros Submarinos Transfronteras, aprobado por la Cámara de Senadores en la sesión del 12 de abril de 2012, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en lo siguiente:
El suscrito, diputado Antonio Benítez Lucho, representante del distrito XXI de Veracruz, con cabecera distrital en Cosoleacaque, en cumplimiento de su responsabilidad como representante popular de una importante zona petrolera, respetuosamente se dirige a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para solicitarle que se analice la conveniencia de iniciar un procedimiento de controversia constitucional que esclarezca en defensa de los intereses de México si realmente hay discrepancia entre el artículo 27 de la Carta Magna y las nuevas disposiciones contenidas en los 25 artículos del tratado que de manera inexplicablemente apurada aprobó la Cámara de Senadores este 12 de abril.
La LXI Legislatura de la Cámara de Diputados se ha destacado por su compromiso con México y la de defensa de la Constitución. Por ello creo que debemos analizar cuidadosamente la trascendencia que ese tratado tiene para el patrimonio energético del país.
Solicito que el tratado sea materia de controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados no porque suponga una invasión de las facultades de esta Cámara; lo planteo directamente como una divergencia entre lo que propone el tratado y lo que dispone el artículo 27 constitucional.
Señores diputados: nuestra máxima responsabilidad en el futuro es decir al país que la LXI Legislatura luchó por México y defendiendo su Constitución.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados analice la conveniencia de iniciar un procedimiento de controversia constitucional respecto al Tratado de Explotación de Yacimientos Petroleros Submarinos Transfronteras, aprobado por la Cámara de Senadores en la sesión del 12 de abril de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2012.
Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar por la Segob Día de la Unidad Nacional el 12 de diciembre, suscrita por los diputados Óscar Saúl Castillo Andrade, Paz Gutiérrez Cortina y Víctor Alejandro Balderas Vaquera, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, diputados federales Oscar Saúl Castillo Andrade, Paz Gutiérrez Cortina y Víctor Alejandro Balderas Vaquera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, a declarar el 12 de diciembre de cada año como “Día de la Unidad Nacional”, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo considera los días de asueto obligatorio para observancia en el territorio nacional.
Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:
I. El 1o. de enero;
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
IV. El 1o. de mayo;
V. El 16 de septiembre;
VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;
VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
VIII. El 25 de diciembre, y
IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.”
Sin embargo, existen algunas festividades o conmemoraciones de diversa índole, en el ámbito federal que por el uso y la costumbre son días de asueto, a saber; El Viernes de semana santa, el día de difuntos, y en el estatal-regional citamos como ejemplo; la Feria de San Marcos en Aguascalientes, las fiestas de octubre en Guadalajara, los carnavales de Veracruz y Mazatlán, por citar algunas. Lo característico de lo mencionado es que son conmemoraciones “populares”, es decir no fue necesaria la intervención del Estado para proclamarlas.
Se dice, con error, que en México existen muchos días de asueto.
La siguiente información nos brindará un mejor panorama
Estados Unidos de Norteamérica
Enero (tercer lunes de mes) - día de Martin Luther King
Febrero (tercer lunes de mes) - Día del presidente
En este día se rinden honores a los presidentes de los Estados Unidos que han gobernado en el pasado
Febrero 22 (el lunes más cercano) - nacimiento de Washington
Se celebra el nacimiento del primer presidente norteamericano George Washington
Mayo (último lunes de mes) - Día de Conmemoración
Día en el cual se recuerda a los miembros de las fuerzas armadas que murieron en combate
4 de julio - Día de la Independencia
Septiembre (primer lunes del mes) - Día del Trabajo
Octubre (segundo lunes del mes) - Día del Descubrimiento, un día de fiesta para celebrar el desembarco de Cristóbal Colón en América
11 de noviembre - Día de los Veteranos
Noviembre (último jueves del mes) - Día de Acción de Gracias
Es un día de festividad y dar gracias por todo lo recibido. Esta festividad fue iniciada por los peregrinos (los miembros de las primeras trece colonias de los Estados Unidos) y los indios norteamericanos (quienes ya vivían en el país)
Diciembre 25 - Día de Navidad.
Argentina
1 de enero: Año Nuevo; feriado inamovible.24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (recordatorio del último golpe de Estado); feriado Inamovible.1 de abril: Jueves Santo, festividad cristiana; día no laborable inamovible.2 de abril: Viernes Santo, festividad cristiana; feriado inamovible.2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (Ley 26.110) (aniversario del inicio de la Guerra de las Malvinas); feriado inamovible.5 y 6 de abril: Pascuas judías, días no laborables inamovibles, sólo para personas de religión judía.1 de mayo: Día del Trabajador (recordatorio de la masacre de Chicago (Estados Unidos); feriado inamovible.
25 de mayo: Primer gobierno patrio; feriado inamovible.
20 de junio y 21 de junio: Día de la Bandera (aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano (1820)); feriado trasladable regido por la ley por la Ley nº 24.445. Se traslada al tercer lunes del mes de junio.
9 de julio: Día de la Independencia (aniversario de la declaración de Independencia por el Congreso de Tucumán (1816)); feriado inamovible.
16 de agosto: Día del Libertador José de San Martín (aniversario del fallecimiento del general San Martín (1850).); feriado trasladable regido por la Ley nº 24.445. Se traslada al tercer lunes del mes de agosto.
9 de septiembre: Primer día de Rosh Hashana, Año Nuevo judío; día no laboral inamovible, sólo para personas de religión judía.
10 de septiembre: Segundo día de Rosh Hashana.
Año nuevo judío: día no laboral inamovible, sólo para personas de religión judía.
18 de setiembre: Sábado Yomkipur (gran día del perdón); día no laboral inamovible, sólo para personas de religión judía.
12 de octubre y 11 de octubre: Día de la Raza (aniversario del descubrimiento de América (1492)); feriado trasladable regido por la Ley nº 23.555. Las fechas que coincidan en martes y miércoles se trasladan al lunes anterior; las que coincidan en jueves y viernes se trasladan al lunes posterior.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María; feriado inamovible, festividad católica.
25 de diciembre: Navidad; feriado inamovible.
Japón
1 de enero: Año Nuevo
Segundo lunes de enero: Día de la Mayoría de Edad
11 de febrero: Día de la Fundación Nacional
20 o 21 de Marzo: Día del Equinoccio de Primavera
29 de abril: Día de la Naturaleza
3 de mayo: Día de la Constitución
4 de mayo: Feriado porque sí
Este feriado es feriado sólo porque el 3 y el 5 son feriados.
5 de mayo: Día del Niño
Originalmente Día del Niño Varón
Tercer lunes de julio: Día del Mar
Tercer lunes de septiembre: Día del Anciano
23 o 24 de de septiembre: Día del Equinoccio de Otoño
Segundo lunes de octubre: Día del Deporte
3 de noviembre: Día de la Cultura
23 de noviembre: Día del Trabajo
23 de diciembre: Día del Emperador
Chile
1 de enero: Año Nuevo
Chile celebra el comienzo de un año nuevo
Marzo o abril: La Semana Santa y el Domingo de Pascua
Feriado tradicional de los cristianos.
1 de mayo: Día del Trabajo
21 de mayo: Día de las Glorias Navales o Combate Naval de Iquique
Recuerda el combate naval de Iquique
29 de junio: San Pedro y San Pablo
Fiesta Católica que honra a estos santos.
16 de julio: Fiesta de la Virgen del Carmen
Festividad Católica
15 de agosto: Asunción de la Virgen
18 de septiembre: Día de Independencia
19 de septiembre: Día del Ejército
Honra al ejército y recuerda sus victorias
12 de octubre: Día de la Raza o Descubrimiento de América
31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
Corresponde al Día de la Reforma de la Iglesia Luterana
1 de noviembre: Día de Todos los Santos
8 de diciembre: Inmaculada Concepción
25 de diciembre: Navidad o Pascua
España
Enero 1: Año Nuevo
Enero 6: Epifanía
Marzo 19: Día del Padre
Marzo o abril: Domingo de Ramos, Jueves y Viernes, y Pascua
Mayo 1: Día del Trabajador
Primer domingo de mayo: Día de las Madres
Julio 25: Día de Santiago
Agosto 15: Día de la Ascensión
Octubre 12: Día Nacional de España
Noviembre 1: Día de Todos los Santos
Diciembre 6: Día de la Constitución
Diciembre 8: Día de la Inmaculada Concepción
Diciembre 25: Día de Navidad
Diciembre 31: Víspera de Año Nuevo
Italia
1 de enero: Día festivo legal
6 de enero: Epifanía; día festivo legal
Domingo 4 de abril: Domenica di Pasqua; día festivo legal
Lunes, Lunedi di Pasqua: día festivo legal
25 de abril: Liberazione Italia; día festivo legal
1 de mayo: Festa del lavoro; día festivo legal
23 de mayo: Domenica di Pentecoste; día festivo legal
24 de mayo: Lunedì di Pentecoste; día festivo regional
2 de junio: Festa della Repubblica Italia
15 de agosto: Ferragosto; día festivo legal
1 de noviembre: Ognissanti; día festivo legal
8 de diciembre: Immacolata Concezione; día festivo legal
25 de diciembre: Natale; día festivo legal
26 de diciembre: Santo Stefano; día festivo legal
Como puede observarse distintos países tiene una cantidad mayor de días feriados que nuestra República sin que por eso pierdan su carácter laico y democrático.
La festividad del 12 de diciembre se encuentra íntimamente relacionada con el sentir de nuestro pueblo y es reconocido por un alto porcentaje de la población como un Día de Unidad Nacional.
En lo histórico:
Al enlazar el asentamiento de la conquista y el estallido de la independencia, la exploración erudita de textos indígenas (el códice Nican Mopohua de Antonio Valeriano) y los textos enciclopédicos consultados por el Cura Don Miguel Hidalgo, tal como lo reconoce la obra liberal México a través de los siglos, de Vicente Rivapalacio, enuncia que fue el estandarte del Tepeyac lo que permitió a Hidalgo encontrar la visión mística y libertaria que lo acompañó en sus luchas. Y para reaparecer 100 años después como bandera de los campesinos zapatistas; es decir, el estandarte del Tepeyac no tiene clases, ni regiones, es público, colectivo, íntimo y masivo.
El Estandarte del Tepeyac preside el nacimiento de nuestra nacionalidad, palpita lo mismo en los pendones insurgentes que en las proclamas de Morelos, en las insignias de Agustín de Iturbide, en las Banderas de Vicente Guerrero, tanto en el nombre de Victoria, en el estandarte campesino. Es emblema, vínculo de Unidad Nacional; sin lugar a dudas, destino.
En los cimientos del Tepeyac están los cimientos de nuestra identidad, que logró la fusión de las razas. Su recuerdo no es efeméride, su festividad es por excelencia la fecha que enuncia el calendario emocional del pueblo de México. 1
El estandarte del Tepeyac ha logrado crear una conciencia colectiva en todos los grandes acontecimientos históricos, dramáticos y festivos, pasando por la sociedad novohispana a lo largo de todo el Virreinato y la Guerra de Independencia, hasta el México Independiente, el movimiento Revolucionario y la Guerra Cristera, en fin, todo es esencial para entender la presencia y pluralidad en las diferentes manifestaciones que dieron arraigo cultural, político y social a la mexicanidad.
Miguel Hidalgo y Costilla toma inspiración con el ya conocidísimo estandarte, el pueblo se aventura por lograr la máxima aspiración de una nueva nación: la independencia. Bajo la protección de esta insignia se inicia en 1810 el movimiento de independencia. Los líderes del movimiento van y vienen pero ella se mantiene siempre al frente, luego de Hidalgo viene Morelos y Agustín de Iturbide, quien fuera primer emperador, así hasta Félix Fernández que incluso cambio su nombre a Guadalupe Victoria en clara alusión.
Es de notar el sentido de unidad que se manifiesta entre nuestro pueblo el día 12 de diciembre de cada año, en variadas empresas, incluida la banca, es un día de celebración.
En todos y cada uno de los oficios, asociaciones de empresarios, estudiantes, deportistas, artistas, periodistas, transportistas y un largo etcétera, se manifiestan de diversas formas en torno a la Unidad Nacional que provoca la festividad del 12 de diciembre.
La fecha solamente requiere el reconocimiento oficial puesto que es ya de hecho una fiesta de innegable popularidad y aceptación de todos los sectores de la sociedad.
Por las anteriores consideraciones sometemos a la consideración de esta Soberanía el presente.
Punto de Acuerdo
Único. Se formula un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se expida un decreto por medio del cual se declare al 12 de diciembre de cada año como “Día de La Unidad Nacional”.
Nota
Una representación la encontramos en el largometraje La Virgen que forjó una patria, con guión de René Capistrán Garza y Julio Bracho.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de abril de 2012
Diputados: Óscar Saúl Castillo Andrade, Joann Novoa Mossberger, Paz Gutiérrez Cortina, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbricas)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Secretaría de Economía y a la Profeco a frenar los aumentos de los energéticos, principalmente gasolina, diesel y gas, en lo que resta de 2012 para evitar los altos precios de los artículos de la canasta básica y del sector productivo, a cargo de la diputada Estefanía Durán Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Estefanía Durán Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 62, numeral 3, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Como es del conocimiento de toda la ciudadanía del país, los aumentos continuos de los energéticos, como gasolinas, diesel y gas, han traído como consecuencia que los productos de la canasta básica (por ejemplo: tortilla, huevo, frijol, aceites, pastas y arroz) se hayan elevado considerablemente.
En 2012, en algunas zonas del país ha habido hasta 50 por ciento de incremento, llevando con esto que las familias de escasos recursos o menores ingresos sean las más afectadas, pese a que muchos sectores sociales y de este Poder Legislativo de la Cámara de Diputados hemos pedido al titular del Ejecutivo federal que considere parar los aumentos de precios de estos energéticos.
Los aumentos de precio de estos energéticos han ocasionado un considerable incremento de las tarifas de transporte público, que muchos ciudadanos tienen que utilizar para ir de la casa al centro de trabajo y viceversa, realizando un gasto extra.
Para conocimiento de mis compañeros diputados y diputadas de la LXI Legislatura, el salario mínimo en 2011 se situó en la zona A en 59.82 pesos diarios, en la B en 58.13 y en la C en 56.12.
Para 2012, el salario mínimo vigente es en la zona A de 62.33 (ésta comprende el Distrito Federal, área metropolitana, Baja California, Baja California Sur, Acapulco, Nogales, Ciudad Juárez, Matamoros y Coatzacoalcos), en la B de 60.57 (ésta abarca Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Tampico y Poza Rica de Hidalgo) y en la C de 59.08 (incluye Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas).
Lo anterior ha propiciado manifestaciones de rechazo y repudio de la ciudadanía por las desigualdades de las alzas de las gasolinas, diesel, gas y de los productos de la canasta básica en comparación con los miniincrementos del salario mínimo.
El Ejecutivo federal, con su presidente Felipe Calderón, no ha podido instaurar ninguna política salarial que permita restituir o al menos mantener el poder adquisitivo de las familias, lo cual hace evidente desde hace años y que ahora se profundiza de manera preocupante por el incremento de los precios, de los artículos de primera necesidad para las familias mexicanas.
Con estos incrementos de los combustibles se ha elevado el costo de la generación de electricidad, siendo para las familias mexicanas los pagos más elevados en su consumo de luz, lo cual ocasiona un deterioro para el bolsillo de las familias de escasos recursos o menores ingresos.
El precio del gas de uso doméstico se ha incrementado considerablemente, afectando a las clases más pobres del país.
El impuesto más costoso para la clase trabajadora es el inflacionario, y en México sigue siendo un problema estructural sin solucionar.
Estadística
De 2007 a abril de 2012, la gasolina ha aumentado 87 ocasiones: 9 aumentos en 2007, precio de 7.010 pesos; 33 en 2008, precio de 7.720; 17 en 2009, precio de 7.800; 12 en 2010, precio de 8.760; 12 en 2011, precio de 9.760; y 4 en lo que va de 2012, precio actual de 10.09.
En 2011, los precios de la gasolina Magna tuvieron 11 aumentos de 8 centavos y 1 de 9 centavos, equivalentes a 97 centavos en el año; o sea, 11.07 por ciento, y la inflación anual en 2011 fue de 3.82 por ciento. Por tanto, el porcentaje de incremento de la gasolina escalo 2.90 veces el de la inflación de 2011.
Todos esos aumentos de gasolinas, diesel y gas han generado que los productos de la canasta básica sean más costosos y que las familias de escasos recursos o de menores ingresos no puedan proveerse de los artículos más indispensables.
Esto representa un problema económico y, además, de tipo social, que no debe permitirse.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es prioridad proteger el poder adquisitivito de las familias mexicanas y reactivar el aparato productivo del país y crear una nueva estructura en la economía. Por lo expuesto proponemos al Ejecutivo federal parar los aumentos de gasolinas, diesel, gas y de los productos de la canasta básica por lo que resta de 2012, para el apoyo económico de las familias mexicanas.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, y a la Procuraduría Federal del Consumidor a frenar los aumentos de los energéticos, principalmente gasolina, diesel y gas, y de los productos de la canasta básica y del sector productivo por lo que resta de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril 2012.
Diputada Estefanía Durán Ortiz (rúbrica)