De la Comisión de Agricultura y Ganadería, correspondiente a la sexagésima reunión ordinaria, efectuada el miércoles 14 de diciembre de 2011

A las 9:00 horas, del 14 de diciembre de 2011, en la zona C del edificio G, planta baja, nos reunimos los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de conformidad con la convocatoria emitida el 9 de diciembre del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:

1 y 2. Apertura de los trabajos y designación de secretario para la conducción de los trabajos

El presidente, diputado Cruz López Aguilar, dio la bienvenida a los integrantes a los trabajos de la sexagésima reunión ordinaria; de igual manera, dio la bienvenida a las diversas organizaciones de productores y ramas de producción que asistieron a la reunión.

Comentó que se tenía contemplada la participación del doctor Enrique Sánchez Cruz, director general del Senasica, sin embargo, avisaron de último momento que no podría asistir debido a que tenía una reunión en Washington.

Para la conducción de los trabajos propuso como secretario al diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, propuesta que fue aceptada y aprobada por unanimidad.

3. Registro de asistencia y declaración de quórum

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez manifestó que se contaba con la presencia de veinticuatro diputados, cinco inasistencias y una justificación, de treinta que conforman la comisión, por lo que declaró la existencia de quórum legal, expresando que “los acuerdos que en esta reunión se tomen son válidos y obligatorios”. A continuación se transcribe la relación de asistencia:

A: Asistencia NA: No Asistió J: Justificado

Se contó también con la presencia de las siguientes personas:

Diputado federal Julián Nazar Morales, presidente de la Comisión Especial de Ganadería.

Diputado federal Gerardo Leyva Hernández.

Diputado federal Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila.

Diputado local del Congreso de Jalisco, Gabriel Ponce Miranda.

Diputado local del Congreso de Jalisco, Salvador Arellano Guzmán.

Representantes del sistema producto Palma de Coco.

Representantes de la Confederación de Porcicultores Mexicanos.

4. Aprobación del orden del día

Para el desahogo de este punto, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez dio lectura al orden del día que les fue remitido de forma impresa y vía electrónica, lo sometió a consideración y fue aceptado en sus términos por unanimidad.

5. Aprobación del acta de la quincuagésima sexta reunión ordinaria, celebrada el 5 de octubre de 2011

En el desahogo de este punto, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez manifestó a los integrantes de la comisión que en virtud de que dicha acta les fue remitida de forma electrónica y todos contaban con un ejemplar impreso, dispensar su lectura y presentar sus observaciones si fuera el caso.

Al no inscribirse oradores, se sometió a consideración de los diputados y fue aprobada en sus términos por unanimidad.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

6.1. Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Agricultura y Ganadería, de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Garantía al Derecho Alimentario, a cargo del diputado José Narro Céspedes y suscrita por el diputado Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

Para el desahogo de este punto del orden del día, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez cedió el uso de la palabra al presidente.

En su intervención, el presidente, diputado Cruz López Aguilar, señaló que en el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Garantía al Derecho Alimentario tiene como contenidos principales los siguientes:

1. Crear un ordenamiento jurídico con objeto de garantizar la disponibilidad, acceso, calidad y estabilidad en el consumo de alimentos, ello a través del establecimiento del Programa de Garantía al Derecho Alimentario; dicha ley pasaría a ser Reglamentaria de la Fracción XX del Artículo 27 Constitucional.

2. Incluir como objetivos de la ley, el garantizar a todos los mexicanos la disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos de manera estable, así como la calidad de los mismos a fin de de llevar una vida activa y sana.

3. Contribuir a la erradicación de la pobreza alimentaria y la desnutrición de los hogares a partir de una política pública de Estado sostenible y sustentable que permita garantizar a todo mexicano la seguridad alimentaria.

Indicó que dentro de las consideraciones se plantea:

Que el 17 de agosto del presente año, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluyen a la alimentación dentro del conjunto de derechos humanos que adiciona la reforma en esta materia.

Que las cuestiones relacionadas con el campo, particularmente las consideradas por su importancia como estratégicas, tales como la producción de alimentos para el abasto nacional, se encuentran inscritas en nuestro marco constitucional, y supeditadas a lo establecido en el artículo 27, fracción XX, que textualmente indica:

“El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines, que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la Ley establezca.”

Que además, está lo dispuesto en la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual establece: “Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país”.

Que producto de la crisis económica y la especulación que prevalece en los mercados internacionales, muchos de los alimentos se han encarecido a tal grado, que en ocasiones se vuelven inaccesibles para una porción importante de la población.

Que desde la década de los años setenta, el mundo no enfrentaba una crisis alimentaria de esta naturaleza; sin embargo, de acuerdo al Banco Mundial, en el periodo 2007-2008 convergieron un conjunto de factores que podríamos clasificar de dos tipos: los de coyuntura y los estructurales, mismos que se combinaron para provocar una espiral de precios.

Que las medidas que las naciones han adoptado para hacerle frente a este problema incluyen, la modificación de sus marcos legales, en donde se han incorporado elementos que tienen que ver con el derecho a la alimentación, como parte de un paquete mayor sobre cuestiones fundamentales para los derechos humanos.

Que ante esa situación, nuestra legislación modificó su marco normativo de manera que el acceso a la alimentación, se concibe como un derecho humano; para ello, se incluyeron diversas disposiciones en la reforma de los artículos 4 y 27 constitucionales, en donde queda enfáticamente inscrito el derecho a la alimentación como un precepto constitucional.

Que si bien, se puede sostener la idea de que la intención reformista en cuanto a la inscripción del derecho a la alimentación como un derecho humano básico, y ahora precepto constitucional es buena; cabe señalar que el simple hecho de inscribirla como tal en nuestro marco normativo no asegura que ello se imponga, se materialice y en los hechos cumpla con lo establecido; ya que no depende sólo de ello, sino de la elaboración de políticas públicas eficaces y de carácter estatal, tales como el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que operó de 1979 a 1982 como respuesta a la crisis de alimentos de fines de los años setenta.

Que a partir de que se desecharon las políticas públicas tendientes a la valorización de la producción nacional y el incremento constante de ella, privaron los programas y las políticas de carácter asistencialista, tales como el Programa de Subsidios al Campo (Procampo), o recientemente el Programa Oportunidades, los cuales impidieron el fomento de las capacidades productivas, principalmente de los pequeños productores al desincentivar la libre iniciativa, debido a que el Estado no se hizo responsable del fomento y crecimiento del campo, por el contrario, cada vez más prevaleció el criterio de libre mercado y se abandonó la política proteccionista.

Que los recursos asignados para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se encuentran asignados en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, los cuales suman un total de 305 mil 975.5 millones de pesos y se encuentran divididos en las siguientes vertientes: financiera, competitividad, medio ambiente, educativa, laboral, social, infraestructura, salud, agraria y administrativa.

Que los recursos presupuestales para el desarrollo de las ramas productivas en este año fueron del orden de 10 mil 174.8 millones de pesos; las ramas están divididas en “agrícolas competitividad de las ramas estratégicas” (arroz, café, caña de azúcar, frijol, maíz, sorgo y trigo) y las “agrícolas competitividad de las ramas no estratégicas” (maguey, cacao, aguacate, fresa, guayaba, por mencionar algunas).

Que en esta iniciativa que nos ocupa se estipula que para garantizar el derecho a la alimentación tal como está establecido en la Carta Magna, se debe crear la comisión nacional para la garantía del derecho a la alimentación la cual tendría como función principal, integrar las políticas y prioridades establecidas en la presente ley a los programas y acciones de las dependencias relevantes del Gobierno Federal; se pretende para su conformación, la concurrencia de la Sagarpa y la Sedesol para ejecutar lo establecido en la ley.

Que se observa que en la conformación de dicha proposición, se minimiza el carácter participativo de sectores sociales y privados, tales como campesinos, indígenas, productores, empresarios, profesionistas universitarios e instituciones públicas, entre otros, lo cual derivará en una mayor concentración presupuestal en manos de la estructura administrativa federal e impedirá la adecuada supervisión de la puesta en marcha de cualquier programa derivado de esta Iniciativa, dejando dicha supervisión supeditada a la discreción del Ejecutivo, como a las ramas administrativas que lo componen, en este caso las Secretarías y órganos señalados, y ello será en detrimento de mecanismos modernos de rendición de cuentas, donde se prioriza la participación ciudadana para el establecimiento de un marco armonioso entre la sociedad y el Gobierno que lo representa.

Que por otro lado, ya existe la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable; instancia encargada de llevar a cabo la ejecución del PEC a través de las dependencias que la componen, como son Sagarpa, SE, SHCP, SCT, SS, Sedesol, SRA, SEP, Sener, IMSS, tribunales agrarios y la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Que existe en nuestro país, una sobrecarga administrativa, derivada de una sobrerregulación en la materia; la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Garantía al Derecho Alimentario podría generar un impacto presupuestario para la federación, sin embargo, es imposible determinarlo en el presente, en tanto no se realice la reconfiguración y actualización del PESA, y se estructure el programa de garantía del derecho alimentario dentro del marco de los trabajos de la comisión señalada en el artículo 8 de la presente iniciativa.

Que tal aplicación, tendería a presentar problemas derivados por la sobrecarga administrativa, al generar nuevas disposiciones y mandatos a las Secretarías señaladas con anterioridad; actualmente las secretarías, organismos centralizados y descentralizados, comisiones, fideicomisos, instancias públicas, etcétera, relacionadas con el sector rural, tienen políticas públicas, programas, presupuestos, mecanismos de operación, seguimientos y evaluaciones diferentes para atender la misma población objetivo. De ahí, la ineficiencia e incongruencia de las acciones del Estado para resolver de manera ordenada la problemática en cuestión.

Que como ejemplo, la iniciativa considera incrementar la producción a través del apoyo directo para la adquisición de activos productivos; al respecto, en la actualidad existe un Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, para el cual le fueron asignados recursos del orden de 13 mil 548.2 millones de pesos, en el PEC del PEF de 2012; así pues, el debate sustantivo no es la puesta en marcha de nuevos esfuerzos para capitalizar al agro, sino que más bien remite a un debate de suficiencia presupuestal anual y aspectos de eficiencia en la aplicación de los recursos.

Que por el momento, no se puede determinar el impacto, ya que el PESA continúa operando en el país, y que en su reformulación se utilizará la estructura y capacidades que se han generado en el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Desarrollo Social a lo largo de los últimos años.

Que con base en el presupuesto destinado al programa especial concurrente (PEC), el cual hemos señalado anteriormente, y considerando el alcance del monto establecido, se infiere que para lograr el cometido de esta Iniciativa, que es dotar de alimentos a la población, se tiene que asegurar la correcta aplicación de los recursos, no en el sentido de crear nuevas regulaciones, leyes u órganos administrativos, sino volviendo eficientes los que ya existen, procurando una aspersión de recursos por parte de los programas formulados en el PEC, ejecutándolos en tiempo y forma, asegurando su concurrencia, la cual está claramente establecida en su marco regulatorio, fiscalizando la correcta aplicación de los recursos, y de manera muy primordial, evitar los subejercicios presupuestales y canalizar adecuadamente todos los recursos disponibles con los que cuenta la federación.

El presidente dio lectura a las siguientes conclusiones:

Primero. Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ya regula la coordinación entre las dependencias del Gobierno Federal, pero lo que realmente se necesita es la participación de los 3 niveles de gobierno y sectores sociales y privados, tales como: campesinos, indígenas, productores, empresarios, profesionistas universitarios e instituciones públicas, entre otros; lo anterior, para evitar una mayor concentración presupuestal en manos de la estructura administrativa federal, que impida la adecuada supervisión de la puesta en marcha de cualquier programa derivado de esta Iniciativa, dejando dicha supervisión supeditada a discreción del Ejecutivo, y a su aparato administrativo.

Segundo. Que si bien estas comisiones dictaminadoras consideran que aún falta mucho por hacer respecto a la pobreza rural y urbana en el país, se infiere que para lograr el cometido de esta Iniciativa, que es dotar de alimentos a la población, se tiene que asegurar la correcta aplicación de los recursos, no en el sentido de crear nuevas regulaciones, leyes u órganos administrativos, sino volviendo eficientes los que ya existen; procurando una aspersión de recursos por parte de los programas formulados en el PEC, ejecutándolos en tiempo y forma, asegurando su concurrencia, la cual está claramente establecida en su marco regulatorio, fiscalizando la correcta aplicación de los recursos, y de manera muy primordial, evitar los subejercicios presupuestales y canalizar adecuadamente todos los recursos disponibles con los que cuenta la federación.

Tercero. Que más allá de la creación de una nueva disposición normativa, se requiere el apego y cumplimiento de las leyes ya existentes, por lo cual, la duplicidad de instrumentos legales, así como la creación de organismos y comisiones que realicen funciones ya mandatadas por la legislación actual no aseguran el cumplimiento constitucional de garantizar el derecho a la alimentación y si incrementan el costo administrativo; para lograr abastecer de alimentos a la población, se requiere la correcta ejecución de un programa nacional de Gobierno, con un amplio sentido social, incluyente, participativo, que anteponga la creación de elementos productivos, con base en la pequeña propiedad rural, para lograr echar andar nuevamente el progreso en el campo mexicano, y así producir los alimentos que desde hace mucho tiempo no se producen en cantidades suficientes en nuestro país.

Si bien se comparte el fondo de dicha iniciativa de ley en su contenido y propósito, será necesario obedecer el marco normativo existente puesto que el pretendido de la Iniciativa se encuentra ya satisfecho, principalmente con la reforma constitucional a los artículos 4 y 27, por lo que tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Garantía al Derecho Alimentario, en atención a que sus pretensiones se encuentran debidamente satisfechas en el derecho positivo vigente.

Concluida la intervención, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez sometió a discusión de los diputados integrantes el presente dictamen.

El diputado José Narro Céspedes comentó que el propósito de este punto de acuerdo es buscar que el derecho constitucional a la alimentación se convierta en una realidad, mediante una reforma legal en las políticas públicas; destacó la pertinencia de que esta comisión trabaje sobre el tema y que la propuesta presentada por él, pueda servir como un documento base.

Consideró que sería muy importante que la Comisión de Agricultura y Ganadería concretara la reforma constitucional, en reforma legal, sin necesidad de crear más estructura burocrática y administrativa, sino buscando la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la producción de los alimentos que requiere el país.

El presidente dijo coincidir en la necesidad de reglamentar las modificaciones que se le hicieron a la Constitución sobre el derecho a la alimentación; consideró razonable regresar la propuesta a la secretaría técnica, para que mediante el apoyo del CEDRSSA y de algunas instituciones educativas, se le hagan las modificaciones y/o aportaciones pertinentes para tener una ley reglamentaria solida y concretar con ello, el compromiso que se tiene con el derecho a la alimentación.

Dicho lo anterior y al no haber más oradores inscritos, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, sometió a consideración de los integrantes lo propuesto por el presidente y fue aprobado por unanimidad.

6.2. Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del PRI

Para el desahogo de este punto, el presidente dio lectura a los antecedentes; señaló que a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura, el 8 de diciembre de 2010, mediante oficio de la Mesa Directiva número D.G.P.L 61-II-7-701, año segundo, sección séptima y número de expediente 3404, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del PRI.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados envió dicha iniciativa a esta Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio y dictamen.

Indicó que la presente iniciativa plantea reformar el artículo 12, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para suprimir a los representantes de la Cámara Azucarera como integrantes de la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y en su lugar queden los representantes de las organizaciones nacionales de los industriales.

Comentó que dentro de las consideraciones se señala lo siguiente:

Que el 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, cuyo objetivo es normar las actividades asociadas a la agricultura de contrato y a la integración sustentable de la caña de azúcar, de los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de este cultivo, sus productos, subproductos, coproductos y derivados.

Que esta ley establece en el artículo 9, la constitución del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, como un organismo público descentralizado, dependiente de la administración pública federal, cuyo objeto será la coordinación y la realización de todas las actividades previstas en ella relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar.

Que la cadena de la agroindustria azucarera se integra por productores de caña, cortadores, transportistas, propietarios de ingenios, trabajadores de fábrica, abastecedores de insumos y proveedores de maquinaria y herramientas, entre otros, dando sustento a más de 440 mil familias con empleos permanentes en el campo, la fábrica, los almacenes y en el proceso de comercialización del dulce y sus derivados.

Que la toma de decisiones del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se realiza a través de su junta directiva, la que actualmente se integra por el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por representantes de la Cámara Azucarera y representantes de las organizaciones nacionales de abastecedores de caña de azúcar.

Que una de las características de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar es la representación que se otorga a las organizaciones nacionales de abastecedores de caña de azúcar y a las organizaciones de industriales de la caña; dicha participación acontece en el seno de la Junta Directiva como integrantes de la misma.

Que del análisis realizado a la presente iniciativa, la reforma que se plantea al artículo 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, carece de materia en atención a que su sustento real ya se encuentra previsto en el propio artículo 12, mismo que señala que pueden ser miembros de la junta directiva en calidad de invitados los representantes de organizaciones privadas o sociales con actividades afines, adicionalmente en su fracción VI, se menciona expresamente a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, organización que acredita su representatividad toda vez que está integrada por la mayoría de los 57 ingenios que existen en el país, los cuales tienen presencia en 15 entidades federativas.

Que lo que expone el legislador proponente que existe una Asociación Nacional de Empresas Azucareras se integra de 19 ingenios, mismos que no forman parte de la Cámara Nacional de Industrias Azucarera y Alcoholera, prevista en el artículo 12, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en este sentido, esos 19 ingenios ya forman parte de la junta directiva, a través de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, por ello de aprobar la reforma, esos 19 ingenios tendrían una doble representación al interior de la junta directiva en perjuicio del resto de los ingenios.

Que teniendo en cuenta el origen jurídico de las organizaciones, resulta notoriamente improcedente incluir en la junta directiva a la Asociación Nacional de Empresas Azucareras, organismo que surge bajo la figura jurídica de una asociación civil, a diferencia de la Cámara Nacional de Industrias Azucarera y Alcoholera, toda vez que la naturaleza jurídica de ésta última, se fundamenta en la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, ordenamiento que determina que las cámaras son organismos de interés público constituidas con base en este ordenamiento, mismo que garantiza la representación de sus integrantes de las cámaras, que en este caso concreto, refiere a la representación de las industrias azucareras.

Que los intereses de los industriales ya se encuentran debidamente tutelados por la legislación actual.

Señaló que en las conclusiones, no se considera necesaria una reforma a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, como la que se plantea en la Iniciativa de referencia, por las siguientes razones:

Primera. Que del análisis realizado a la presente iniciativa, la reforma que se plantea al artículo 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, carece de materia en atención a que su sustento real ya se encuentra previsto en el propio artículo 12, mismo que señala que pueden ser miembros de la junta directiva en calidad de invitados los representantes de organizaciones privadas o sociales con actividades afines.

Segunda. Que lo que expone el legislador proponente que existe una Asociación Nacional de Empresas Azucareras se integra de 19 ingenios, mismos que no forman parte de la Cámara Nacional de Industrias Azucarera y Alcoholera prevista en el artículo 12, fracción VI, de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en este sentido, esos 19 ingenios ya forman parte de la junta directiva, a través de la Cámara Nacional de Industrias Azucarera y Alcoholera, por ello de aprobar la reforma, esos 19 ingenios tendrían una doble representación al interior de la Junta Directiva en perjuicio del resto de los ingenios.

Tercera. Que teniendo en cuenta el origen jurídico de las organizaciones, resulta notoriamente improcedente incluir en la junta directiva a la Asociación Nacional de Empresas Azucareras, organismo que surge bajo la figura jurídica de una asociación civil, a diferencia de la Cámara Nacional de Industrias Azucarera y Alcoholera, toda vez que la naturaleza jurídica de ésta última, se fundamenta en la Ley de Cámaras y sus Confederaciones, ordenamiento que determina que las cámaras son organismos de interés público constituidas con base en este ordenamiento, mismo que garantiza la representación de sus integrantes de las cámaras, que en este caso concreto, refiere a la representación de las industrias azucareras.

En consecuencia, podemos rechazar la Iniciativa en comento, puesto que la preocupación a la que atiende, ya está prevista y solucionada por la legislación vigente.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Agricultura y Ganadería tiene a bien proponer el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 12 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del PRI.

Antes de ceder el uso del micrófono al secretario, de manera adicional, comentó que hizo todo lo posible por que hubiera un entendimiento y se llegara a un acuerdo; señaló que sigue insistiendo para que por medio de la negociación y la conciliación haya una representación que sea reconocida por los 19 ingenios que están constituidos en esta asociación, y lógicamente por la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera; consideró que la división debilita la organización, el propósito y todos los objetos que tiene la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Concluida la intervención, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez aperturó la ronda de intervenciones.

El diputado Fermín Montes Cavazos externó su duda en torno a que si realmente la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera debería estar nombrada en la ley o simplemente se debiera establecer que sean las organizaciones nacionales las que tengan una determinada representatividad.

El presidente señaló que la presente iniciativa se envió a esta comisión para dictaminarla, sin embargo, a pesar del esfuerzo que se hizo para que las partes involucradas se entendieran, no se logró un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Empresas Azucareras hacía la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera.

Propuso seguir insistiendo para lograr un acuerdo que permita que haya una representación, para cuidar lo establecido en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo comentó que la presente Iniciativa se tiene que dictaminar independientemente de la labor y del trabajo político que se pueda hacer para conciliar los dos intereses.

El presidente dijo coincidir en que se tiene que dictaminar, pero también hay que tomar el otro acuerdo, ya que ello permitirá que la comisión tenga la fortaleza suficiente para destrabar el problema.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez sometió a consideración de los integrantes la propuesta de dictamen de la secretaría técnica y la encomienda de contribuir como comisión a la resolución del conflicto y fueron aprobadas por unanimidad.

6.3. Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en materia de prórroga sobre investigación y cultivo de maíz transgénico, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT

Para el desahogo de este punto, el presidente dio lectura a los antecedentes; señaló que el 24 de agosto de 2011, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura mandó oficio número CP2R2A.-4218, dando turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en materia de prórroga sobre investigación y cultivo de maíz transgénico, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT.

Comentó que la presente iniciativa pretende adicionar un artículo decimotercero transitorio, donde especifica que tratándose del maíz se establece una moratoria durante la cual no se expedirán los permisos a los que se refiere el título segundo de esta ley; para levantar la moratoria, el Ejecutivo federal hará llegar la iniciativa correspondiente a la Cámara de Diputados, la cual creará una comisión plural de dictamen que evaluará si es posible proteger totalmente la biodiversidad del maíz, impedir la concentración de semillas y asegurar que los pequeños propietarios preserven, mantengan y desarrollen sustentablemente la agrobiodiversidad.

En caso de no cubrirse cabalmente dichos objetivos, la moratoria no se levantará; la comisión antes mencionada elaborará un calendario de audiencias y comparecencias, debiendo entrevistar a especialistas en el tema, organizaciones ciudadanas, campesinos, pueblos y comunidades indígenas; citará a comparecer a funcionarios involucrados; así mismo, integrará un expediente con las actas, citaciones, informes, declaraciones, versiones estenográficas, debates, resoluciones y demás documentos; el expediente cubrirá con las formalidades oficiales y será publicado en el portal de internet cotidianamente.

Señaló que dentro de las consideraciones se plantea:

Que el Protocolo de Cartagena, del que México es firmante, establece como objetivo en el artículo 1 lo siguiente: “De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos”.

Que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se publicó en 2005, ordenamiento que contiene los principales lineamientos sobre bioseguridad para la siembra de maíz transgénico, en el artículo 2 de la ley en comento, se encuentran los lineamientos sobre la protección del maíz.

Que el 19 de marzo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, marco legal que contiene los mecanismos que permiten la protección del ambiente frente a la liberación de organismos genéticamente modificados para el cultivo de maíz transgénico.

Que el 6 de marzo de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados”, mediante el cual se reformó el artículo 65 creando los artículos 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, disposiciones jurídicas que conforman el Régimen de Protección Especial del Maíz.

Que en el artículo 65 reformado establece que “las actividades relacionadas con el maíz genéticamente modificado se sujetarán al presente Título, a las demás disposiciones generales aplicables a los organismos genéticamente modificados (OGM), así como a lo previsto en otros instrumentos que establezca la autoridad”.

Que se propone una comisión plural de dictamen que evaluará si es posible proteger totalmente la biodiversidad del maíz, impedir la concentración de semillas y asegurar que los pequeños propietarios preserven, mantengan y desarrollen sustentablemente la agrobiodiversidad; esta reforma es innecesaria, puesto que la LBOGM vigente (artículos 11 y 13) faculta a la Sagarpa y a la Semarnat, a analizar y evaluar caso por caso, así como a monitorear los posibles riesgos que las actividades con OGM pudieran ocasionar al medio ambiente y a la diversidad biológica, pudiendo imponer en todo momento las medidas de seguridad o de urgente aplicación pertinentes.

Que cabe mencionar que el texto vigente de la LBOGM, en el titulo segundo, regula los permisos, una vez que las secretarías correspondientes reciban una solicitud de permiso de liberación al ambiente de OGM, siempre y cuando cumpla con la información y los requisitos establecidos en esta ley, a través de una serie de procedimientos administrativos para la liberación al ambiente de OGM, así como para su uso confinado; es así que desde los artículos 32 al 72, encontramos dichos procedimientos, los cuales deben ser seguidos por todos los interesados en obtener los respectivos permisos, así como para dar aviso a la autoridad, en el caso del uso confinado.

Que los integrantes de esta Comisión de Agricultura y Ganadería estiman que la propuesta presentada por la diputada proponente ya se encuentran debidamente contempladas en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y en su Reglamento.

En consecuencia, podemos rechazar la iniciativa en comento, puesto que la preocupación a la que atiende, ya está prevista y solucionada por la legislación vigente.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Agricultura y Ganadería somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en materia de prórroga sobre investigación y cultivo de maíz transgénico, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT.

Dicho lo anterior y al no haber oradores inscritos, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez sometió a consideración de los integrantes el acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en materia de prórroga sobre investigación y cultivo de maíz transgénico y fue aprobado por unanimidad.

6.4. Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley General de sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN

Para el desahogo de este punto del orden del día, el presidente dio lectura a las siguientes conclusiones:

Que la Ley Federal de Sanidad Animal vigente contempla conceptos que ofrecen bienestar a los animales, domésticos, silvestres en cautiverio y los animales de corral, estableciendo la obligación de otorgarles para su bienestar un espacio necesario para su desarrollo, alimento y agua en cantidad y calidad para su sano desarrollo, además de someterlos a un programa de salud preventiva.

Que la Ley General de Vida Silvestre define con precisión la obligación de otorgar trato digno y respetuoso a las especies de vida silvestre e indica que su objeto es establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativas a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio nacional.

Que las legislaciones estatales y del Distrito Federal vigentes, en materia de trato digno y respetuoso o de bienestar animal, contemplan un marco jurídico que obliga a los propietarios a que proporcionen refugio a los animales silvestres que se encuentren en cautiverio, a los animales de corral y domésticos; asimismo, establecen sanciones o infracciones a quienes lesionen a cualquier animal, por lo que la autoridad correspondiente tendrá que valorar de acuerdo a:

• La gravedad de la infracción.

• Los daños y perjuicios causados.

• La intención con la cual fue cometida la falta.

• Los antecedentes, circunstancias y situación socioeconómica del infractor.

Que las normas oficiales mexicanas están dirigidas a regular las acciones de los dueños o propietarios de los animales para darles un trato más humanitario y por lo tanto generarles bienestar, no sólo en la movilización, en la producción, el sacrificio y la comercialización, de las diversas especies de animales de corral, domésticos, en cautiverio y de exhibición; atienden de igual manera los problemas zoosanitarios que incluyen las cuarentenas como mecanismo de prevención de enfermedades y diseminación de plagas.

Es necesario mencionar que el trato hacía los animales domésticos, de corral, silvestres o ferales, dependerá del nivel cultural de la sociedad, mismo que se reflejará en la posibilidad de ofrecer mejores condiciones de vida; como se ha establecido en la revisión jurídica de los estados y el Distrito Federal, en materia de bienestar animal o trato digno y respetuoso se manejan principios de cuidado animal y ambiental, con principios éticos y morales.

Después de analizar la normatividad que se tiene en los órdenes de gobierno estatal y federal, se concluye que existe una sobrerregulación.

Por las razones expuestas en el presente análisis, se concluye que las propuestas ya se encuentran contenidas y satisfechas en la normatividad vigente, por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General sobre Trato Digno y Respetuoso hacia los Animales.

Concluida la lectura, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez sometió a consideración de los integrantes la propuesta de dictamen de la secretaría técnica de la comisión y fue aprobada en sus términos por unanimidad.

7. Presentación y discusión sobre los siguientes asuntos legislativos:

7.1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Federales de Sanidad Animal, y General de Salud, presentada en la LXI Legislatura por el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN

Para el desahogo de este punto, el presidente cedió el uso de la palabra al diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo para que hiciera una presentación de la iniciativa; lo anterior, con la finalidad de que los puntos de vista que se expongan en esta reunión sean considerados en el dictamen.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo dio lectura al acta de la cuadragésima séptima reunión ordinaria, de manera específica a la parte que tiene que ver con la discusión del dictamen propuesto por la secretaría técnica de la comisión, en torno a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT.

Señaló que derivado de la discusión que se dio en aquella ocasión, se llegó al acuerdo de construir junto con las secretarías técnicas de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y Especial de Ganadería, un planteamiento de reforma al artículo 115 constitucional y en su caso incluir recursos para los rastros municipales dentro del programa especial concurrente.

Comentó que basado en aquella encomienda, es por lo que se presenta el día de hoy la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Federales de Sanidad Animal, y General de Salud.

Indicó que la iniciativa que se propone contempla modificaciones a la Ley de Salud y a la Ley de Salud Animal y la derogación de la obligatoriedad, no el cierre, no la clausura, no la eliminación de los rastros municipales, sino sólo la eliminación de la obligatoriedad.

Subrayó que para darle viabilidad a la propuesta, se han sostenido diversas reuniones de trabajo con los titulares de Sagarpa y de la Secretaría de Salud, así como con el comisionado responsable de la Cofepris; ya hay un convenio de colaboración entre la Comisión de Salud y el Senasica firmado y ratificado por el maestro Enrique Sánchez Cruz; se tiene además la anuencia de la Confederación Nacional Ganadera, así como de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado, los cuales avalan el beneficio y la nobleza de esta iniciativa.

Señaló que esta iniciativa ya fue discutida y aprobada en el seno de la Comisión de Salud; en el dictamen de la comisión se establece que los rastros han representado una descapitalización para el municipio al tener que otorgarles recursos para su funcionamiento, por lo que no representa una inversión, ni un beneficio a la población; además, de que carecen de medidas sanitarias adecuadas para su funcionamiento y para el tratamiento de sus desechos, lo que propicia la contaminación del medio ambiente y pone en peligro la salud pública; reconoce la necesidad de implementar los esquemas aplicados en los establecimientos y protección federal, para establecer buenas prácticas de manejo y manufactura que garanticen la inocuidad de los productos cárnicos.

Consideró que la iniciativa favorece la coordinación entre la Sagarpa y Secretaría de Salud, instancias gubernamentales responsables de la trazabilidad de los productos cárnicos.

El dictamen también resalta que las normas aplicables a los establecimientos son integrales y efectivas al considerar que el estado de salud animal previo a su sacrificio, trae como consecuencia productos de mejor calidad y un trato humanitario.

La Comisión de Salud considera viable el proyecto de decreto que deroga la fracción III del artículo 115, con objeto de resolver la problemática que presentan más de 2 mil 500 rastros y mataderos, que operan sin cumplir las normas de sanidad pública y agravan con ello, los problemas de contaminación e inocuidad de los productos cárnicos.

Concluye que la facultad constitucional otorgada a los municipios que les mandata prestar el servicio público de rastro, ha sido rebasada por la dinámica de la sociedad mexicana en especial que aplica los requerimientos para un procesamiento de productos de origen animal sin que la Iniciativa pretenda afectar el funcionamiento y estructura de los municipios al no existir pretensión de sesgar su estructura, ni su vida institucional.

Comentó que la finalidad de esta propuesta es dotar de más y mejores elementos para el abastecimiento de productos cárnicos de calidad para la población; por otra parte, la implementación de un sistema moderno, similar al rastro TIF, permitirá reducir de manera importante la generación de residuos contaminantes derivados del sacrificio y faenado.

Indicó que en el artículo 115 se establece que el servicio público del rastro, es concebido por nuestro marco jurídico como una actividad en la que el que titular para su desempeño, es el municipio, su finalidad consiste en satisfacer de manera regular, continua y uniforme las necesidades de la población municipal en materia de sacrificio de animales para consumo humano y abasto de productos cárnicos; dicho servicio se materializa a través de prestaciones individualizadas, las cuales podrán ser suministradas directamente por el Municipio o por los particulares mediante concesiones, siempre y cuando éstas prestaciones se sujeten a las Normas y principios de derecho público.

Finalmente, externó que el rastro como actividad económica desempeñada a cargo del municipio, dista mucho de cumplir con las características del servicio público; no se desarrolla de manera regular, continua y uniforme, por ello es que se plantea esta iniciativa de reforma.

El diputado Julián Nazar Morales comentó que el verdadero problema que se tiene en los rastros municipales, es que no se les dota de los recursos necesarios para su modernización.

Manifestó su preocupación por la posible violación al federalismo, ya que esta Reforma atentaría en contra de la autonomía de los municipios; señaló que si se les quita esta facultad, se generará un problema de ilegalidad, ya que muchos matarán en sus casas, en los ranchos o en los corrales, para poder garantizar la venta de la carne en los ejidos y en el municipios, y eso trastocaría los avances que se han tenido.

Señaló que si la Secretaría de Salubridad quiere involucrarse en el tema, debería empezar por inspeccionar las carnicerías de las ciudades y los grandes poblados, ya que es ahí donde se vende la carne contaminada con clembuterol, que no proviene precisamente de los rastros municipales

Indicó que no es mediante la privatización como se va a resolver el problema, al contrario se va agravar, ya que de acuerdo a lo que han manifestado los presidentes de las uniones ganaderas, si quitan los rastros municipales muchos productores se verán en la necesidad de matar en rastros autorizados a 200 o 300 kilómetros de distancia, lo que implicará un incremento en sus costos de producción.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo comentó que la iniciativa pretende que todos los rastros que hay en México funcionen dentro de un solo marco legal, con el objeto de que puedan si así les conviene transitar a rastro tipo inspección federal.

Señaló que nadie obliga al municipio a cerrar el rastro; ya que se contempla que haya dos tipos de rastros, los reglamentados y los certificados.

El diputado Julián Nazar Morales señaló que lo peligroso de esta iniciativa es que hay una disposición en el transitorio que obliga a los municipios a que si no inician la transición estarán obligados a cerrar sus instalaciones, absteniéndose de prestar los servicios de rastro.

El presidente comentó que la iniciativa que se recibió en la Comisión de Agricultura y Ganadería trae diferencias con algunos aspectos de presentación que hizo el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo.

Señaló desde los años ochenta la legislación que se ha dado ha sido con objeto de fortalecer los municipios; consideró que cualquier asunto que se apruebe tiene que ir necesariamente en ese sentido.

Respecto al artículo quinto transitorio, que se refiere al plazo de cuatro años para que los Municipios entreguen esta prestación de servicios, sería prudente dijo, buscar la manera de que éstos realicen sus contratos correspondientes, para que el servicio lo lleven a cabo los particulares; en esa circunstancia, consideró que si los Municipios concesionan sus rastros, no pierden la facultad que les da la Constitución y contribuye en cambio a prestar un mejor servicio.

Comentó que en lo concerniente a las facultades, muchas de las que están en la Secretaría de Salud y la Cofepris, se trasladarían a la Sagarpa, por lo que habría que ponderar la capacidad de ésta última para cumplir con esas nuevas facultades.

El diputado Víctor Manuel A. Galicia Ávila consideró que la propuesta que se plantea, es innecesaria si tomamos en cuenta la iniciativa de Ley de las Sociedades Público Privadas que se aprobó el día de ayer y se turnó a la colegisladora para sus efectos correspondientes.

En la exposición de motivos de la mencionada ley, se citó el hecho de que las sociedades público privadas las pueden establecer los tres órdenes de gobierno con la iniciativa privada, sin que esto implique la pérdida de la rectoría constitucional del Estado; lo que se pretende con la Ley de Sociedades Público Privadas es sólo dotar de personalidad jurídica a los convenios que firman los distintos órdenes de gobierno con los particulares; finalmente, señaló que dicha ley se puede aplicar en el tema de los rastros y no se tendría la necesidad de derogar el artículo 115, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Sergio Arturo Torres Santos dijo no estar en contra de la iniciativa que está planteando el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, sin embargo, consideró que hay algunas cuestiones que tendrían que corregirse; se debe analizar a los rastros en dos vertientes, la primera tiene que ver con la oferta de carne con un proceso de inocuidad para la salud pública al consumidor, y la segunda es analizar el impacto que va a tener en lo social; señaló que hay un programa de la Sagarpa que brinda apoyos a los productores para que mate en rastro, sin embargo muchos de estos apoyos no han llegado, por lo que hay un problema serio que debe resolverse antes de hacer alguna modificación a la legislación.

Consideró necesario analizar la Iniciativa y buscar por medio de la socialización, alternativas para resolver los problemas que se tiene en los rastros y que cumplan con los dos objetivos mencionados anteriormente.

El diputado Héctor Elías Barraza Chávez mencionó que en el análisis de esta propuesta, se debe considerar no solo el proceso, sino también el origen de la carne; indicó que desde 1917, se delegó a los ayuntamientos la responsabilidad de los rastros y ellos no han cumplido a cabalidad con la facultad que les fue conferida, a pesar de que a partir de las reformas de los años ochenta cuentan con presupuestos propios.

Consideró que es necesario atender este asunto, dado que son una constante los problemas de tipo epidemiológicos y de salud; coincidió en que si bien es fundamental contar con más rastros TIF, también es importante tener en cuenta que los requisitos son excesivos, por lo que la única solución para atender la problemática, es apoyando a los rastros municipales, para que puedan mejorar sus procesos; destacó que se debe crear un programa que atienda con apoyos directos, tanto a los municipios que quieran cumplir con esa responsabilidad como a los particulares que lo quieran hacer en aquellas regiones donde no lo hagan los municipios; indicó que no hay que descartar la posibilidad de que alguien más lo haga; comentó que en la iniciativa hay algunas medidas que serían excelentes, pero son inoperantes, ya que si se transfiere totalmente la potestad a la iniciativa privada, nadie garantiza que ésta, haga buenos rastros intermedios en los municipios o en las regiones.

Externó que no es posible que las regiones ganaderas más importantes del país, no cuenten con rastros adecuados para el sacrificio y que el ganado tenga que ser trasladado vivo hasta las ciudades donde están los rastros TIF; señaló que en ese tipo de casos, sí valdría la pena la creación de rastros intermedios.

En cuanto a la temporalidad, externó que el plazo que se propone para el mejoramiento de los rastros es demasiado corto y habría que implementar medidas graduales, ya que los cuatro años que se plantean en la Iniciativa, son insuficientes para que haya una transformación; finalmente consideró que la Iniciativa no debiera dar la potestad exclusivamente a los particulares, sino tener cierta flexibilidad para que los municipios que quisieran, pudieran seguir dando el servicio y aquellos que no les interese o que no lo estén dando lo deleguen a los particulares.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas subrayó la importancia de hacer un análisis del tema a fondo; comentó que la naturaleza de todas las reformas para fortalecer al ayuntamiento, no son el sentido de obligarlos a concentrar todos los servicios, sino de dotarlos de las facultades suficientes para que presten servicios de calidad y si hay la posibilidad de que lo hagan junto con los particulares, a final de cuentas habrá un beneficio real para la sociedad, ya que el ayuntamiento por ser el primer orden de gobierno y el más cercano a la ciudadanía es quien mejor conoce y puede atender las necesidades.

El diputado Óscar García Barrón consideró pertinente la preocupación por atender la calidad de la carne y por ende la salud de la población; señaló que quitarle facultades a los ayuntamientos, no es la solución al problema; lo que si se tendría que hacer, es fortalecer la estructura gubernamental del municipio; coincidió en la necesidad de hacer un análisis a profundidad para encontrar soluciones que no atenten en contra de las facultades que tienen.

El diputado Fermín Montes Cavazos señaló que el problema de los rastros municipales, es un problema de negocio, ya que la iniciativa privada no invierte en aquellos municipios, en donde se matan en promedio 30-40 reses a la semana; para que un rastro TIF sea negocio, debe matar por lo menos 500 reses; señaló que por ello es indispensable asignar recursos suficientes para que los municipios mejoren la infraestructura de sus rastros y puedan seguir prestando el servicio.

Señaló que en algunos casos cabe la posibilidad de concesionar este servicio, sin que ello implique que el municipio pierda su función de reglamentar; si le quitamos esta facultad, lo que va a suceder es que si a los cuatro años, no mejora la calidad en el servicio, va a tener que cerrar el rastro, lo cual generaría un grave problema para los productores, sobre todo para aquellos que viven en zonas de poca producción ganadera.

El diputado José Ignacio Seara Sierra comentó que el fondo de esta Iniciativa, es quitar carga a los Municipios ya que éstos han sido rebasados en lo que se refiere al tema de los rastros; manifestó la pertinencia de hacer un análisis y buscar en la ley, que los rastros no sean una obligación exclusiva de los municipios, sino que intervengan los tres órdenes de gobierno para lograr el mejor servicio en la matanza, el control, la sanidad y todos los aspectos involucrados en el tema; independientemente de que las dependencias encargadas cumplan con su función.

El diputado José Luis Álvarez Martínez señaló que los rastros no son considerados como negocio, ya que en ellos, solo se cobra el degüello lo cual alcanza solo para pagarle a los empleados y para medio pintarlo, pero no para modernizarlo; indicó que aunque hay gobiernos que le invierten recursos, éstos no son suficientes; por lo anterior, es necesario etiquetar presupuestos desde esta Cámara para su modernización para que se vean fortalecidos desde la Federación, no nada más desde los estados o los municipios.

Comentó que muchos municipios también permiten que haya asociaciones de tablajeros y carniceros que participen en la operación lo cual ayuda a que el rastro funcione y opere en las condiciones adecuadas.

Dijo estar de acuerdo en que los municipios tengan la libertad de trascender a concesionar ese servicio a particulares, pero que no tenga la obligatoriedad de hacerlo y mucho menos en un término de cuatro años.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo reiteró que el objeto de esta iniciativa es por un lado, quitarle a los municipios una obligación que no puede atender y, por el otro, buscar un ordenamiento en el mercado de la carne.

Destacó que esta propuesta no pretende invadir facultades que tiene la Secretaría de Salud, ya que no hay un marco jurídico en la materia, por ello la importancia también de la reforma la Ley de la Administración Pública, para que la Secretaría de Agricultura pueda emitir normas de inocuidad.

Comentó que esta iniciativa no pretende privatizar, ya que es imposible que alguien que no tenga relación con el sector, esté dispuesto a invertir en un rastro; señaló que la mayoría de los productores están acostumbrados a vender becerros y vacas y no a vender carne, por lo tanto cuando hay un animal de desecho o cuando hay algunas piezas de desecho, no se les da valor; indicó que hoy en día el valor agregado de los residuos, es equiparable en muchos casos al valor del animal.

Manifestó que si siguen operando los rastros municipales, se les está privando a los productores el acceso a un mayor valor agregado, ya que los rastros TIF son los únicos que pueden provisionar a los supermercados y cualquier animal sacrificado en un rastro municipal, no puede venderse en este tipo de establecimientos.

Señaló que hay que buscar que la ley federal pueda ser aplicable en los rastros municipales a través de un sistema nacional de rastros; no todos van a ser TIF, habrá unos que ganen camino en ese sentido, pero habrá otros que tendrán cuando menos un reglamento al cual ceñirse.

Consideró pertinente subrayar que en el artículo quince transitorio se establece que se dará un plazo de cuatro años y que los municipios que así lo decidan, pueden transferir el servicio de rastro a particulares interesados en convertirlo en un servicio público.

El diputado Julián Nazar Morales externó su indignación, por responsabilizar a los municipios, de algo que es responsabilidad federal; señaló que la sanidad y la inocuidad de la ganadería en el país, es responsabilidad de la Sagarpa, de la Secretaría de Salubridad y de la Procuraduría General de la República; comentó que los menos responsables del problema son los rastros.

Concluidas las participaciones y al no haber más oradores inscritos, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez sometió a consideración de los integrantes la propuesta de que en la próxima reunión, la secretaría técnica de la comisión presente un documento preciso en el que se incluyan las propuestas generadas durante la discusión de esta iniciativa y mejore la redacción, particularmente del quinto transitorio y fue aprobada por unanimidad.

El diputado Héctor Elías Barraza Chávez sugirió que antes de plantear alguna modificación, se tiene que consultar primero al proponente ya que no se puede corregir la plana a una Iniciativa, salvo que el proponente lo acepte.

Puntualizó que si bien no está de acuerdo con la monopolización de los rastros por parte de los municipios, también es cierto que no está de acuerdo en que el manejo sea exclusivamente por parte de la iniciativa privada; planteo que los rastros sean operados de manera mixta y que esto quede perfectamente diferenciado en la propuesta que se vaya a presentar.

El diputado José María Valencia Barajas felicitó al diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo por la propuesta que presenta, ya que cuenta con muchas bondades y pone sobre la mesa un tema importante para la ganadería del país; sin embargo, habría que redactar muy bien el documento para que no se preste a malas interpretaciones; sugirió quitar la palabra privatizar, ya que esa palabra fue el detonante de toda esta discusión.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo señaló que lo que él propone, tiene sustento en beneficio de la sociedad rural, no en beneficio personal, de un grupo político, ni de un estrato económico; solicitó a la secretaría técnica de la comisión proponer a la Mesa Directiva un nuevo proyecto, tomando en cuenta los documentos generados desde que se hizo la presentación de la Iniciativa, los cuales se harán llegar a la brevedad posible.

Finalmente, aclaró que ésta no es una iniciativa para derogar las fracciones del artículo 115 constitucional, es una Iniciativa que modifica la Ley Federal de Salud Animal y la Ley Federal de Salud para que complementado con la derogación de la fracción f) del 115, tenga consecución en beneficio del mercado, del ingreso a los productores y de la salud pública.

7.2. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, remitida por la Cámara de Senadores

Para el desahogo de este punto del orden del día, el presidente informó que ya fue remitida a cada uno de los integrantes la propuesta de dictamen de la secretaría técnica, con la finalidad de que sea analizada y discutida en la siguiente reunión ordinaria de la comisión.

8. Asuntos generales

Dentro de los asuntos generales se inscribió la participación del diputado Julián Nazar Morales, el cual solicitó el apoyo de la comisión para gestionar el pago de los adeudos que se tienen en el Progan; señaló que hace poco le hizo una llamada al doctor Everardo González Padilla, coordinador general de Ganadería de la Sagarpa, para exponerle la necesidad de cubrir los adeudos y él le comentó que para poder llevar a cabo esto, es necesario que los beneficiarios cumplan con el 32-D; señaló que a pesar de que le explicó al doctor González Padilla que de acuerdo con la ley, el 32-D es de interpretación, no de ejecución, ellos se siguen acogiendo a los términos de la Secretaría; subrayó la pertinencia de que está comisión elabore un comunicado, para que todos los que no estén obligados a darse de alta, como es en el caso de los productores primarios, se les libere el recurso.

El presidente coincidió en la necesidad de elaborar dicho comunicado, tomando como base lo establecido en la redacción del decreto del PEF de 2012; señaló que este comunicado se debe mandar a la Sagarpa, pero también con una atención a la SHCP, ya que es en ésta última, donde se encuentra el origen del problema.

Consideró que el comunicado tiene que decir con toda claridad que en el siguiente inmediato, se debe llevar a cabo la liberación de los recursos de los otros programas que también se han visto afectados.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez sometió a consideración de los integrantes la propuesta del presidente y fue aprobada por unanimidad.

Con relación al artículo 32-D, el diputado Fermín Montes Cavazos informó que hace más de 6 meses subió una iniciativa para eliminarlo, la cual se turnó a la Comisión de Hacienda y hasta la fecha no ha avanzado; comentó que hay mucha jurisprudencia en la corte que señala que este artículo es anticonstitucional ya que viola el artículo 16 de nuestra Carta Magna.

Otro tema que abordó el diputado Julián Nazar Morales fue el relacionado con el decreto del presidente de la República en torno a digitalizar las emisiones de certificados sanitarios; señaló que hay una fuerte preocupación por parte de algunas organizaciones, ya que no se puede llevar a cabo dicha disposición en zonas rurales donde no hay acceso a internet; además de que si se eliminan los certificados tradicionales, se corre el riesgo de que se falsifiquen y se generen problemas serios de sanidad.

El presidente propuso citar a comparecer al doctor Enrique Sánchez Cruz, director general de Senasica, para tratar con él los diversos problemas que se tienen en el tema de las sanidades.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez sometió a consideración de los integrantes la propuesta del presidente y fue aprobada por unanimidad.

El diputado Héctor Elías Barraza Chávez pidió el apoyo de los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería y de la Comisión Especial de Ganadería para gestionar ante la Sagarpa el envió de médicos de otras partes de la república y agilizar con ello el trámite de certificación del 100 por ciento del hato ganadero de Chihuahua, ya que si no garantiza el estatus sanitario, los productores no podrán exportar ganado en pie a Estados Unidos.

Comentó que se logró abrir la exportación para 80 mil becerros, pero ésta se abrió exclusivamente para becerros de sobre año con dos fierros; pidió buscar la manera de que se abran las exportaciones a becerros de menos kilos, para darle la posibilidad a los pequeños ganaderos de tener un apoyo.

El presidente propuso que en lo que concierne al tema de los certificados, se solicitará una reunión al titular de Sagarpa para que las organizaciones aborden la problemática de manera directa; además de hacer las gestiones necesarias para atender lo expuesto por el diputado Héctor Elías Barraza Chávez.

Concluidas las participaciones y al no más haber oradores inscritos, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez sometió a consideración de los integrantes las propuestas formuladas por el presidente y fueron aprobadas por unanimidad.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez señaló que el siguiente punto registrado en asuntos generales era la lectura de un manifiesto de las organizaciones del campo mexicano ante la posible aprobación de los acuerdos comerciales de México con Centroamérica, Colombia, Japón y Perú, que hizo llegar el diputado Gerardo Sánchez García a la mesa directiva de esta comisión y que a la letra dice lo siguiente:

Al honorable Senado de la República y a la opinión pública:

I. Aceptación de los Tratados de Libre Comercio con Colombia, Centroamérica y Japón.

II. No acuerdo, ni aprobación en el TLC con Perú.

Primero. Como representantes del sector agropecuario y pesquero mexicano, reiteramos nuestra mayor disposición al diálogo y a la negociación.

Segundo. Esta posición de apertura, diálogo y cooperación se evidencia en la posición del sector agroalimentario ante las negociaciones comerciales que la Secretaría de Economía ha finalizado en los últimos 10 meses, siendo mayoritariamente positiva.

• La ampliación del TLC con Colombia (opinión favorable).

• El TLC único con Centroamérica (opinión favorable).

• La ampliación del TLC con Japón (opinión favorable).

• Del TLC con Perú (opinión negativa).

Tercero. Esta posición se ha alcanzado, con el ánimo de cooperación y bien del país, a pesar de que en varios casos, tuvieron que aceptarse importantes concesiones y sacrificios para el sector agroalimentario, como es el caso de Colombia y Centroamérica.

Cuarto. El TLC con Perú es inaceptable , ya que al día de hoy:

• La Secretaría de Economía no ha dado respuesta a las propuestas de flexibilización que hemos presentado en varias ocasiones, los cuales se concentran en tres áreas fundamentales: apoyos complementarios a los efectos negativos que se generarían por este tratado; acciones de protección fitosanitarias para garantizar el no acceso de plagas y enfermedades inexistentes en nuestro país y la adecuación de algunos cupos, ventanas estacionales y tiempos de desgravación.

• En este ejercicio de 2011 se han dado reducciones importantes o cancelado apoyos a algunos de los subsectores sensibles del TLC con Perú y los operados son programas tradicionales que año con año se otorgan.

• En acciones fitosanitarias y adecuaciones de cupos y ventanas, que implicaban cambios o modificaciones al propio tratado, la autoridad, una vez firmado este tratado comercial, se mantuvo en la posición de inflexible de reabrir las negociaciones y realizar las modificaciones al mismo.

El daño al sector agropecuario y pesquero, en las condiciones que está el tratado es muy amplio, afectando casi 1 millón de empleos, 2 millones de jornales, el 30 por ciento del PIB agropecuario y pesquero, principalmente en los estados con menos desarrollo económico relativo y alta expulsión de mano de obra a Estados Unidos de América.

No avalamos la aprobación del TLC con Perú y si avalamos la ratificación de los TLC con Colombia, Centroamérica y Japón.

Concluida la lectura, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez señaló que el objetivo de leer este comunicado era dar cuenta puntual a esta comisión del sentir de las organizaciones campesinas, en torno a los Tratados de Libre Comercio.

8.1. Fecha de la próxima reunión ordinaria

Propuesta:

31 de enero de 2012, Palacio Legislativo de San Lázaro.

Se confirmó el acuerdo de reunirse en sesión ordinaria el próximo 31 de enero de 2012, a las 9:00 horas, en la zona C del edificio G, planta baja.

9. Clausura

A las 12:17 horas del 14 de diciembre de 2011 y contando con la presencia de los 24 integrantes que firmaron su asistencia y de tres diputados invitados, el presidente, diputado Cruz López Aguilar, dio por clausurados los trabajos de la sexagésima reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La Junta Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería

Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Fermín Montes Cavazos, Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Juan Carlos Regis Adame (rúbrica), secretarios.