Con punto de acuerdo, relativo a la formación de un grupo de trabajo que revise y evalúe el cumplimiento de las promesas de campaña del Ejecutivo federal y, en consecuencia, investigue los subejercicios y el destino de los recursos de dependencias y entidades por las posibles desviaciones o malos manejos administrativos que hayan servido a intereses electorales, a cargo del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del PRI, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
Considerandos
1. En 2006, el entonces candidato a la presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, formuló diversos compromisos con la sociedad, mismos que a casi cinco años de distancia no se advierten, pues en su discurso de toma de posesión sostuvo que entre sus prioridades de gobierno estarían la seguridad de los mexicanos, la superación de la pobreza extrema y la creación de empleos, sin embargo, la realidad es distinta; ya que en 2006 la tasa de homicidios era de 8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, en tanto que hoy es de 15.2, lo que ha llevado a nuestro país a ser considerado entre los 10 países más violentos.
En el último reporte del Banco Mundial, Governance Indicators , México retrocedió en materia de gobernabilidad. En el rubro estabilidad política y ausencia de violencia, en el año 2000, México obtuvo una calificación de 42 puntos sobre 100; en el año 2008 su calificación fue de 24, la más baja en los últimos 12 años.
Según el Ejecutómetro del diario Reforma , las ejecuciones se incrementaron de 2 mil 275 en el año 2007, a 11 mil 583 en el 2010, cifra equivalente a las ejecuciones registradas durante todo el sexenio de Vicente Fox. Sólo en lo que va de 2011 (al 24 de junio) se registraron 6 mil 439 ejecuciones, casi tres veces de las que hubo en 2007.
Los aumentos en el presupuesto han sido considerables y no han logrado contener la violencia. Entre 2007 y 2011, el dinero destinado a las cuatro dependencias involucradas en la estrategia contra el crimen organizado: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de la República (PGR) creció 75 por ciento; la dependencia más beneficiada con el aumento ha sido la SSP. En contraste, el incremento registrado en el gasto público destinado a tareas de prevención general y especial de los delitos fue notablemente, sin que se haya logrado disminuir al menos 10 por ciento del número de delitos ferales cometidos por cada100 mil habitantes, meta a la que se comprometió el Ejecutivo federal en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.
2. Respecto a la superación de la pobreza, es evidente que pese al incremento de recursos destinados a gasto social en la administración calderonista, el número de pobres se ha incrementado hasta 52 millones de personas, 48 por ciento de la población. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México es líder en pobreza. En el periodo 2006-2008 la situación mejoró en América Latina, no así en nuestro país, pues países como Brasil, Panamá, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina lograron disminuir la pobreza. México fue el único país latinoamericano donde aumentó.
Según los últimos datos oficiales, la pobreza aumentó en 6.1 millones de personas. Con información del Banco Mundial, sabemos que el número aumentó en 4 millones de personas para 2010. No hay empleo, y la única economía que crece es la informal, debido a que no hay otra alternativa de ocupación.
En cuanto a carencias sociales, hay 68.3 millones de mexicanos que tienen acceso a la seguridad social, 28 millones no tienen acceso a alimentación, 23.2 millones tienen rezagos educativos, 18.5 millones no cuentan con los servicios básicos de vivienda y 17.1 millones de viviendas carecen de espacio y calidad.
De 2006 a 2010 se aplicaron recursos por 8 billones 233 mil millones de pesos en desarrollo social; sin embargo, el número de pobres aumentó en 12.2 millones, con lo cual actualmente, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), casi 58 millones de mexicanos, más de la mitad de la población, se encuentran en situación de pobreza patrimonial.
La razón es el despilfarro de los recursos públicos, que en vez de destinarse a la inversión en infraestructura –caminos, puertos, aeropuertos, presas, refinerías, escuelas, hospitales, etcétera– se han usado para aumentar desmedidamente el gasto corriente improductivo, impulsar los programas asistencialistas, que suelen ser manejados con fines electorales y no sociales; por lo que se mantiene el riesgo del uso clientelar o promocional de los programas y la distorsión de la función pública en apóstoles o directores de la manipulación política. Por mandato constitucional, las obligaciones del estado son sustantivas, definitorias; no son dádivas, y no deben ser pretexto publicitario ni mucho menos contraprestaciones electorales.
3. Uno de los principales pendientes del presidente Felipe Calderón, la generación de empleos, cuya tendencia durante la presente administración ha tenido dos constantes, hay poco trabajo y el que existe es mal pagado; de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las tasas de desempleo más altas en los últimos 15 años se han presentado durante el actual sexenio. De una población económicamente activa formada por 47.8 millones de personas, sólo 15 millones tienen empleo formal y en los dos últimos años ha aumentado la proporción de empleos eventuales, los que trabajan menos de 15 horas a la semana y los que perciben ingresos menores a tres salarios mínimos.
Para revisar resultados concretos, al comparar el total de trabajadores que estaban inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en noviembre de 2007, con los de abril de 2011, sólo hay 435 mil nuevos empleos en tres años y medio, de los cuales únicamente 183 mil son permanentes y 252 mil eventuales. Así, aunque el gobierno presume que la tasa oficial de desempleo abierto es relativamente reducida, el problema laboral y el rezago que se ha acumulado son mucho mayores.
En el reporte Perspectivas de empleo 2010 , la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que en el país la brecha entre la pérdida de empleos y la tasa de desempleo en México es mayor que en otros países de la zona, debido al importante número de personas desempleadas. Dentro de este grupo, la OCDE identifica a 6.7 millones de jóvenes de la llamada generación de ninis , es decir, que no estudian ni trabajan. Este sector representa el 35 por ciento de los jóvenes en México, es decir; que tres de cada diez no han encontrado oportunidades ni de estudio ni de empleo, lo que los hace vulnerables para ser reclutados por la economía informal y el subempleo, o en el peor de los casos, en actividades delincuenciales: narcotráfico o el crimen organizado.
Es evidente que el Ejecutivo federal no ha cumplido con los compromisos que adquirió con la sociedad mexicana, por ello es preciso dar seguimiento puntual a cada una de las acciones gubernamentales para evitar posibles desviaciones o malos manejos administrativos. La población vive en la incertidumbre, el hastío y hasta el coraje ante una gestión que no es eficiente ni fomenta la transparencia de sus acciones. No se pueden seguir distorsionando los hechos con un triunfalismo enteramente ajeno a la realidad en que vivimos. No es justo ni sensato que el gobierno privilegie los procesos electorales por encima de la resolución de los problemas de la nación, la pobreza y la desigualdad social.
4. De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASF), dependencias claves del gobierno federal, siguen presentado subejercicios; pues se congelan recursos a programas sustanciales para el combate a la pobreza. Es alarmante que los programas más afectados con estos subejercicios hayan sido los dirigidos al combate a la pobreza, a pesar de que los índices de pobreza han aumentado considerablemente de acuerdo al último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Entre 2008 y 2010 la población pobre en México tuvo un incremento de 48.8 millones a 52 millones de personas. Cada año de este gobierno ha aumentado la pobreza en México y las dependencias siguen subejerciendo recursos en estas áreas clave.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha afectado programas relacionados con el apoyo a la infraestructura social básica y aquellos relacionados con las políticas públicas dirigidas a la población indígena, a pesar de que la pobreza entre la población indígena aumentó del 75.9 por ciento a 79.3 por ciento de la población indígena de acuerdo a las últimas encuestas del Coneval.
La Procuraduría General de la Republica presenta un subejercicio de 470.20 millones de pesos, lo que significa falta de utilización de recursos en la capacitación de su personal o en la adquisición de los insumos necesarios para el combate a la delincuencia. La SCT reporta el mayor subejercicio de la administración pública federal en el primer semestre de 2011, con un total de 8 mil 442 millones de pesos.
Este subejercicio es mayor al presupuesto de muchas dependencias de forma individual; por ejemplo, el presupuesto total de la Secretaría de Relaciones Exteriores asciende a 5 mil 823 millones de pesos. Incluso es mayor que la suma del presupuesto anual de la Secretaría del Trabajo, que es de 3 mil 700 millones de pesos, y la Secretaría de Energía, con 3 mil 93 millones.
En lo que va del sexenio se han dejado de atender proyectos relacionados con la infraestructura, planeación y construcción de carreteras, así como la conservación y el mantenimiento de las mismas. Lo anterior permite entender el porqué de las condiciones deplorables en las que se encuentran la mayoría de éstas. La Secretaría de Hacienda ha afectado programas relacionados con el apoyo a la infraestructura social básica y los relacionados con las políticas públicas dirigidas a la población indígena, a pesar de que la pobreza entre la población indígena aumentó, de acuerdo con las últimas encuestas de Coneval, al pasar de 75.9 a 79.3 por ciento.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene un subejercicio de 3 mil 511 millones de pesos; Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de 698 millones; la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), de 5 mil 417 millones, y la Secretaría de Economía, de mil 294 millones, específicamente en programas dirigidos a las pequeñas y medianas empresas. Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) tiene un subejercicio de 4 mil 749 millones 50 pesos. El programa más afectado en esa dependencia es Procampo. La Secretaría de Turismo congeló mil 45 millones de pesos, mientras la Secretaría de Gobernación ha dejado de ejercer 766 millones.
Por lo expuesto y fundado, presentamos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: La Junta de Coordinación Política acuerda la conformación de un grupo de trabajo representado por todas las fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados, para que revise y evalúe el cumplimiento de las promesas de campaña de Felipe Calderón Hinojosa, y en consecuencia, investigue los subejercicios y el destino de los recursos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por las posibles desviaciones o malos manejos administrativos que hayan servido a intereses electorales.
Segundo: El grupo de trabajo tendrá como vigencia esta Legislatura y deberá presentar un informe de sus trabajos a la Junta de Coordinación Política para su debida difusión, a más tardar el último día de junio de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2011.
Diputados: Jesús María Rodríguez Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, José Ricardo López Pescador, Reginaldo Rivera de la Torre, Mario Alberto Di Costanzo Armenta, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Pablo Escudero Morales, José Luis Marcos León Perea, Benjamín Clariond Reyes Retana, Blanca Estela Jiménez Hernández, Juan Carlos Lastiri Quirós, Janet Graciela González Tostado, Norma Leticia Orozco Torres, Carlos Alberto Ezeta Salcedo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Miguel Álvarez Santamaría, Esteban Albarrán Mendoza, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Arturo Zamora Jiménez, Pedro Peralta Rivas, Silvio Lagos Galindo, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Marcos Carlos Cruz Martínez, Rolando Zubia Rivera, Sofía Castro Ríos, Heriberto Ambrosio Cipriano, Juan Carlos Natale López, David Hernández Vallín, Carlos Cruz Mendoza, Rosalina Mazari Espín, Sami David David, Emilio Serrano Jiménez, Agustín Guerrero Castillo, Jesús Alberto Cano Vélez, Juan Nicolás Callejas Arroyo, David Penchyna Grub, José Luis Jaime Correa, Luis Felipe Eguía Pérez, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Jorge Carlos Ramírez Marín, Lorena Corona Valdés, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Óscar Román Rosas González, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce la responsabilidad social del periódico El Universal por suprimir de sus contenidos la publicidad que pueda fomentar la trata de personas, y donar espacios publicitarios a organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la lucha contra la trata y la atención de víctimas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1 fracción II, numerales 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea los presentes puntos de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El delito de trata de personas es una forma de esclavitud que, en pleno siglo XXI, atenta contra derechos fundamentales, como la vida, la libertad y la seguridad de las personas; aunque en México se han creado y puesto en marcha, políticas públicas, acciones e iniciativas de ley que han ido introduciendo la perspectiva de los derechos humanos, vinculados a la trata de personas, aún queda un gran trecho por recorrer para eliminar este flagelo. La trata de personas, entendida como la venta de seres humanos con sus tres modalidades —explotación sexual, explotación laboral y extracción de órganos— encuentra sus antecedentes históricos en prácticas ancestrales de sometimiento de la persona. Las dos primeras modalidades se remontan, por una parte, a la esclavitud y, por otra, al comercio de mujeres para la explotación sexual.
2. En el ámbito internacional, los países han suscrito diversos instrumentos que han condenan estas violaciones y buscan hacer más eficientes las leyes y más eficaces a las autoridades. En el 2000, en Palermo, Italia, en respuesta a la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas, representantes de 117 países firmaron la Convención de Naciones Unidas en contra de la Delincuencia Trasnacional, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, importantes y eficaces herramientas para combatir este delito. México lo firmó el 13 de diciembre de 2000 y lo ratificó el 4 de marzo de 2003.
El Protocolo de Palermo establece:
“La política para combatir la trata de personas en el orden internacional presenta las siguientes vertientes: 1) Prevención mediante la detección de los factores que la originan, los actores del proceso y campañas de sensibilización e información; 2) Protección y asistencia a víctimas; 3) Impulsar la armonización legislativa al interior de los Estados parte del Protocolo de Palermo; 4) Cooperación internacional para recibir asistencia técnica; 5) Trabajo conjunto de autoridades con organizaciones de la sociedad civil especializadas e instituciones académicas.”
Con instrumentos como estos, por primera vez se acepta en las legislaciones de las naciones que los suscriben, definiciones del tipo penal de la trata de personas, que incluye actividades, medios comisivos y fines, que en forma genérica abarca las tres modalidades referidas en el antecedente anterior.
Asimismo, señalan medidas para perseguir y sancionar el delito, se incluyen acciones para salvaguardar los derechos de las víctimas, entre ellas, las que prescriben para su prevención, protección y asistencia.
3. A partir del 27 noviembre de 2007, México cuenta con su Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, de aplicación federal. Por su parte, la mayoría de entidades federativas prohíben penalmente diferentes aspectos de la trata de personas, pero sólo unas cuantas tienen una ley específica, entre ellas, Chihuahua, Tamaulipas y el Distrito Federal, por lo que en un esfuerzo de consenso y con la participación de todas las fuerzas políticas de esta honorable Cámara de Diputados, se aprobaron diversas la reformas al marco constitucional que modifica los artículos 19, 20 y 73, fracción XXI, para facultar al Congreso de la Unión, a expedir la legislación que permita armonizar los contenidos de las leyes ordinarias de las entidades federativas y fortalezca la coordinación entre los tres niveles de gobierno, la defensa y protección a las víctimas de trata y establece un plazo para que el referido Órgano expida su ley general, que es de ciento ochenta días. Dicha reforma constitucional se promulgó el 13 de julio de 2011.
4. Diversas organizaciones sociales, instituciones, así como, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han dado a conocer los lugares en los que se ha identificado con mayor incidencia de casos de trata de personas en las fronteras norte y sur, en destinos turísticos, así como en ciudades del centro del país:
De acuerdo con el Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propicia la trata de personas en México, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 28 de julio de 2011, los lugares que más preocupan son Nogales, Sonora; Acapulco, Guerrero; Tapachula, Chiapas; Tijuana y Mexicali, en Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo; Guadalajara y Puerto Vallarta, en Jalisco. También, se han documentado casos en Tlaxcala, Puebla, estado de México, Guanajuato, Veracruz, Querétaro y el Distrito Federal.
5. Se calcula que en México hay alrededor de 1 millón 200 mil personas, víctimas de trata de personas, de acuerdo con la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina. Con ello, se sitúa al país en el quinto lugar de América Latina entre los países donde más gente es víctima de explotación, después de República Dominicana, Haití, Brasil y Argentina. La propia coalición calcula que de cada diez personas que son víctimas de explotación dos son menores de edad; que ha aumentado la cantidad de personas originarias de Rusia y Bulgaria, explotadas sexualmente en el país.
6. El exponencial aumento en los índices delictivos relacionados con la trata de personas en nuestro país, obliga a todos y cada uno de los actores políticos y sociales a redoblar esfuerzos y a coordinar acciones a efecto de eliminar este flagelo no solo desde la perspectiva punitiva, sino también atacando los factores que lo propician; en este sentido es de suma importancia el papel de los medios de comunicación, valiosos aliados que, cuando llevan a cabo acciones de alta responsabilidad social, como la realizada el 19 de septiembre del presente por parte del periódico El Universal, que en voz de su presidente y director general, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, manifestó como directriz de este medio suprimir toda publicidad que pueda fomentar la trata de personas en cualquiera de sus modalidades.
Considerandos
Primero. Que el Diario Oficial de la Federación en su edición del día primero de junio de 2011 publicó decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el cual se adicionan un segundo párrafo al artículo 5, recorriéndose el actual párrafo segundo para constituirse en tercero, y al artículo 13, un inciso e) a la fracción III de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para quedar como sigue:
“Artículo 5. ...
La persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley.
...
Artículo 13. Son facultades de la Comisión Intersecratarial para prevenir y sancionar la Trata de personas:
I. y II. ...
III. ...
a) a d)...
e) Monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto en esta ley.”
Segundo. Que aun cuando en México se han creado y puesto en marcha, políticas, acciones e iniciativas, tanto de las autoridades como de diversos sectores de la sociedad, que han ido introduciendo la perspectiva de un combate frontal a la trata de personas, por atentar contra derechos fundamentales de las personas, como son la vida, la dignidad, la libertad y la seguridad; y que se han realizado esfuerzos por los tres niveles de gobierno, Comisiones de Derechos Humanos —nacional, locales e internacionales—, no han logrado resultados que se reflejen en la disminución de este grave delito.
Tercero. Que si bien es cierto que hay factores sociales, que en su conjunto hacen a una persona más vulnerable a una situación de trata y disminuye la posibilidad de pedir ayuda o denunciar, también es cierto que en la lucha contra la trata de personas el gobierno y los medios de comunicación en conjunto y actuando de forma coordinada y solidaria pueden construir auténticos frentes inquebrantables que erradiquen este mal.
Cuarto. Que es importante señalar y alzar la voz cuando se tiene conocimiento de un hecho que atenta contra la dignidad y libertad del individuo e igual de importante hacer un reconocimiento a un medio de comunicación cuando asume de forma consciente su rol social, entendiendo de forma clara el concepto de responsabilidad asumiendo sin escatimar su dimensión como ente de gran penetración en la colectividad.
Quinto. Que como legisladores, compartimos y ratificamos la alianza propuesta por el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz para construir un compromiso común en el combate a la trata de personas, al tiempo que nos sumamos al compromiso de enviar un mensaje urgente y categórico a la sociedad mexicana.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta honorable Cámara de Diputados hace un reconocimiento a la responsabilidad social del periódico El Universal y demás diarios que publica esa casa editorial, por suprimir de sus contenidos la publicidad que pueda fomentar la trata de personas, y donar espacios publicitarios a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la trata y la atención a víctimas, a fin de apoyar e impulsar sus tareas.
Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados invita de manera respetuosa a todos los medios de comunicación a sumarse a esta loable iniciativa en apoyo a la sociedad y por la protección de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y grupos sociales en situación de vulnerabilidad ante la trata de personas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la criminalización de los trabajadores por el Fovissste, la PGR y la SHF, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT
Laura Itzel Castillo Juárez, diputada de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 y 77 de la Constitución General de la República, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo que se sustenta en los siguientes antecedentes y consideraciones:
I. Una comisión representativa acudió a la Cámara de Diputados para denunciar que el pasado mes de julio, más de cien trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR) fueron encarcelados, acusados de haber cometido fraude contra el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
Las constructoras han fomentado la sobrevaluación de las viviendas de los trabajadores, y ahora se imputa injustamente un fraude llevado a cabo con documentación supuestamente alterada por los éstos.
La problemática ha alcanzado a trabajadores de la Cámara de Diputados, de la Secretaría de Salud y de otros poderes o entidades gubernamentales.
II. Aunado a lo anterior, se ha publicado en la página web de Fovissste un acuerdo donde se sentencia, a todos los trabajadores beneficiados con créditos, a pagar de forma inmediata cantidades elevadas, que van desde $200 000.00 hasta $320 000.00, como requisito para otorgar el perdón de la querella que se ha formulado ante la PGR. Además de eso, muchos trabajadores han perdido su casa.
Se han autorizando órdenes de aprehensión en contra de los trabajadores y fijado fianzas excesivas, aún cuando en ningún momento se ha demostrado que hayan tenido la intención de engañar al Fovissste para obtener un beneficio.
Como agravante, se ha sentenciado a varios trabajadores a que, además del descuento vía nómina que se les hace para el pago de sus créditos, paguen adicionalmente la misma cantidad en fichas de depósito de instituciones bancarias. Con este doble pago, exigido como parte de los requisitos para retirar la querella contra los trabajadores acusados de fraude, éstos deben destinar todo su ingreso para pagarle al Fovissste, lo que perjudica su estabilidad laboral, económica y familiar.
De acuerdo con trabajadores de la PGR, los créditos fraudulentos podrían involucrar a unos 10 mil trabajadores del gobierno federal. Sin embargo, la realidad que viven millones de mexicanos todos los días nos llevar a afirmar que son millones los trabajadores de este país que se enfrentan a condiciones adversas para adquirir una vivienda digna, lo que debiera ser un derecho reconocido y respetado.
III. El caso de los trabajadores de la PGR es paradigmático de la política de vivienda del gobierno federal y el denominado tren de la vivienda , que han generado estas prácticas donde se sacrifica el interés de los trabajadores para promover la especulación financiera. A la luz de esta realidad, deben evaluarse los actos imputados a los trabajadores y considerarse la posibilidad de recurrir a alguna de las figuras contempladas por el derecho penal, que eximen de responsabilidad a grupos sociales.
IV. La política de vivienda de este país no garantiza al acceso de todos a una vivienda digna y decorosa, tal como lo marca el artículo 4o. de la Constitución. Por el contrario, dicha política se basa en la intervención de particulares en el proceso de financiamiento a los trabajadores y usuarios de crédito. El enfoque de los gobiernos neoliberales contempla a la vivienda como una mercancía financiera y no como un derecho humano.
En lugar de realizar acciones para impulsar el otorgamiento de créditos y fomentar la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, con un enfoque de interés social, se ha privilegiado un modelo que privatiza, protege a las entidades financieras y se somete a las reglas de la especulación bursátil, afectando con ello a los trabajadores y sus familias.
V. La sobrevaluación de las viviendas es un problema grave y muy frecuente que afecta a millones de familias, orillándolas a pagar créditos elevados durante mucho tiempo. Con el objetivo de analizar en su justa dimensión este problema, La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) prestó su base de datos de créditos hipotecarios para la realización del estudio titulado Modelo de detección de fraude por sobrevaluación del valor de la vivienda , que fue elaborado por los especialistas Julieta Alemán H., Javier Gutiérrez G. y Gabriel Gómez R., y publicado el pasado 22 de enero de 2008.
El estudio ilustra cómo se realizan estas operaciones y señala: “al elevar el valor de la vivienda se cubre el monto requerido por las instituciones financieras como enganche y de esta forma se otorga el crédito (...) esta sobrevaluación se ha hecho evidente al realizar avalúos posteriores a la fecha de originación para algunos créditos que reclamaron el pago de la garantía”.
Se detectó que los avalúos fueron inflados con el fin de que se cubrieran los enganches o los gastos de escrituración. Los valuadores reportaron en los avalúos valores predeterminados por el desarrollador. SHF realizó estudios de mercado en las zonas respectivas, que permiten confirmar que los avalúos fueron inflados e inclusive cuenta con una lista negra de valuadores y contralores.
El estudio antes citado sólo confirma la realidad que viven los trabajadores mexicanos: acceso problemático y reducido al mercado de crédito de la vivienda. Se trata de un grave conflicto social que no puede ser desdeñado y que demanda soluciones claras. El estado debe asumir su responsabilidad como garante del bienestar ciudadano.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados instruye a los órganos de servicios parlamentarios para que proporcionen asesoría y defensa jurídica a los trabajadores criminalizados, tomando en consideración que son víctimas de una política habitacional equivocada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2011.
Diputada Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar en congruencia con esta soberanía medidas y modificaciones de la normativa para que el Coneval cuente con la total independencia y autonomía requeridas para efectuar sus actividades sustantivas y evitar sesgos en las mediciones de la pobreza y las evaluaciones de la política social, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes de la Coordinación de la Diputación Federal por el Estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la evaluación de los programas y la política de desarrollo social y la medición de los niveles de pobreza en el país.
Y de acuerdo con dicho consejo, en materia social y económica México tiene importantes retos, que los diferentes niveles de gobierno han pretendido superar a través de acciones, programas y estrategias, que paralelamente han utilizado cuantiosos recursos de todos los mexicanos.
Lamentablemente, los resultados no han sido los esperados, tal y como lo confirma los resultados de la medición de la pobreza dados a conocer por el Coneval el pasado 29 de julio del año en curso, en los que se informó que la pobreza general en México aumentó en 3.8 millones de personas entre 2008 y 2010 al pasar de 48.8 millones a 52 millones de personas. Lo anterior muestra un alto índice de incapacidad e ineficacia en la aplicación de los recursos que la Cámara de Diputados ha aprobado.
Ante estos datos, el Congreso de la Unión hace pública su molestia y su preocupación porque que aún con un alto y creciente presupuesto para el combate a la pobreza, el Ejecutivo federal no ha sido capaz de disminuir los índices de pobreza en México.
Lo anterior hace necesario un riguroso análisis y una evaluación independiente del por qué no se ha cumplido con los objetivos planteados en cada una de las acciones, estrategias y programas emprendidos para la superación de la pobreza en nuestro país.
Sin embargo, a la luz de la opinión pública y de diversos estudiosos de la pobreza en nuestros país y el propio Congreso, los resultados e incluso los criterios de la medición de la pobreza no deberían en ninguna forma estar subordinados al Ejecutivo federal.
Lo anterior no es una ocurrencia de los suscritos, tenemos infinidad de ejemplos en el pasado reciente, que nos llevan a pensar la parcialidad en que se podrían conducir los directivos del Coneval, tal como sucediera en el tiempo del gobierno de Fox, que evitó que los resultados de estas mediciones se dieran a conocer antes de las contiendas electorales, favoreciendo con ello a su partido, al impedir que el electorado tuviera mayores elementos para evaluar su ineficaz gestión, de igual forma sucedió en las elecciones recientes de julio.
Por otra parte, el gobierno en turno ha puesto de moda la utilización de medias verdades en su discurso oficial, que a la postre se han convertido en completas mentiras.
Asimismo, ha puesto de moda la utilización de la estética femenina en la presentación de sus informes oficiales, es decir, ha sido impulsor del uso abundante maquillaje, a fin de encubrir sus pésimos resultados en la política social en nuestro país.
Y como claro ejemplo de esto, tenemos las decisiones autoritaritas con el fin de maquillar las cifras, como en el caso del levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (Ensi), cuyo diseño desde 2002 había estado a cargo del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi). Y para evitar la polémica por el registro y evaluación de esta información, de manera unilateral el pasado 16 de junio de 2010, publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo que establece que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) será el encargado exclusivo de realizar la encuesta nacional sobre inseguridad en el país.
Casualmente, ya con el Inegi encargado de realizar dichas encuestas, los resultados indican que ha mejorado la percepción sobre seguridad en el país.
Es por eso que creemos que para mejorar la política social y fortalecer la rendición de cuentas en nuestro país el Coneval debe contar con absoluta independencia del Ejecutivo federal.
Estamos convencidos que la información generada por el Coneval es de vital importancia ya que permite entre otras cosas, tomar decisiones sobre las acciones que apoyen al bienestar de la población y conocer en qué se invierten sus impuestos.
Asimismo creemos que es necesario una mejor medición y evaluación de la pobreza así como de las acciones y programas que se realizan para superarla, lo que no será del todo posible mientras el organismo evaluador dependa del Ejecutivo federal.
En este sentido, y congruentes con nuestros principios, los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional hemos impulsado la total independencia del Coneval, el pasado 24 de febrero de 2011, nuestro compañero diputado Carlos Flores Rico presentó ante el pleno de esta Cámara una iniciativa para reformar diversas disposiciones de las Leyes General de Desarrollo Social, y Federal de las Entidades Paraestatales, para dar autonomía al Coneval.
En dicha iniciativa se propuso explicitar que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será un organismo público descentralizado, no sectorizado con autonomía presupuestaria.
Lo anterior es muestra de que el Legislativo federal está consciente de la problemática que se genera con planteamientos parciales y está en la mejor disposición de generar cambios normativos en los organismos que generan la información que se utiliza para el diseño de las acciones y programas para el combate a la pobreza.
Es por ello que acudimos a esta tribuna para solicitar que el Ejecutivo federal abone en el mismo sentido para estar en posibilidad de dar autonomía a un organismo que así lo requiere para generar una mejor información, con la certeza de que no contiene ningún sesgo de tipo partidista.
Por todo lo anteriormente descrito acudimos a esta tribuna para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal que, en concordancia con la Cámara de Diputados, instrumente las medidas y modificaciones necesarias a la normatividad existente para que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) cuente con la total independencia y autonomía que requiere para la realización de sus actividades sustantivas y que las mediciones de la pobreza y las evaluaciones de la política social de nuestro país se realicen sin sesgo de ningún tipo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2011.
Diputados: Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Noé Fernando Garza Flores, Josefina Rodarte Ayala, Héctor Franco López, Diana Patricia González Soto, Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Fernández Aguirre (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta tanto a la gobernadora como a los consejeros y al personal del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán a investigar y sancionar las presuntas intromisiones del gobierno local en la contratación de funcionarios electorales; y a garantizar la autonomía, imparcialidad, certeza e independencia en las actividades de esa institución, a cargo de Daniel Gabriel Ávila Ruiz y suscrita por Rosa Adriana Díaz Lizama y María Yolanda Valencia Vales, diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama y María Yolanda Valencia Vales, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 41 que la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que “la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral (IFE), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos”, en los términos que ordene la ley; y que “la organización de las elecciones federales es una función estatal en el que los principios rectores son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad”.
En concordancia con el pacto federal, el precepto constitucional y el espíritu democrático, la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 16, apartado A, señala que “la organización de los procedimientos locales de elección y consulta popular, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público especializado, autónomo y profesional en su desempeño, denominado Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Ipepac)”; que “en el ejercicio de esa función, son principios rectores: la legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y profesionalización” y que “en la integración de este organismo participan el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos”, de acuerdo con lo establecido en la ley.
Con estos preceptos constitucionales en mente, hago uso de esta alta tribuna para externar la preocupación de diversos sectores de la sociedad civil, de partidos políticos y funcionarios del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán por la presunta intromisión de autoridades del gobierno estatal en la contratación de funcionarios electorales del Ipepac.
Desde el 7 de septiembre de 2011, medios nacionales, y locales del estado de Yucatán, como Notimex, el Diario de Yucatán , Yucatán al minuto y Artículo 7 , dieron a conocer que, de acuerdo con declaraciones públicas del consejero electoral estatal Néstor Santín Velázquez, funcionarios del gobierno del estado han ejercido presiones sobre las autoridades electorales para que se apruebe una terna de funcionarios electorales de capacitación propuesta por el Ejecutivo estatal.
De acuerdo con el consejero Santín Velázquez, el pasado 16 de agosto, el director de Capacitación Electoral, Armando Vales Morales, presentó una propuesta para nombrar a tres funcionarios de dicha área, dos posiciones de técnico A y un jefe de oficina, que debían entrar en funciones el 1 de septiembre. Según refiere el consejero Santín, el 29 de agosto el presidente del Consejo General, Fernando Bolio Vales, y el secretario ejecutivo, Alejandro Góngora Méndez, presentaron dicha propuesta a los consejeros del Ipepac y se les citó a reunión de trabajo para tratar el tema el 2 de septiembre.
Santín denunció que dos horas antes de que se celebrara esta reunión, el consejero presidente Bolio Vales, le llamó para reunirse en su oficina, y que durante dicha reunión le expresó que era necesario presentar proposiciones distintas a las tres del director de Capacitación. Según el consejero Santín habían citado al consejero presidente el día anterior en el palacio de gobierno del estado, donde “le indicaron que no aceptarían ninguna propuesta que provenga del licenciado Armando Valdés para ocupar vacantes en el Ipepac y –que– en lo sucesivo, ellos, los del Ejecutivo, darían el visto bueno a las personas que ingresarán a ocupar puestos en el instituto electoral del estado”.
En este contexto, los consejeros electorales José Antonio Martínez Magaña, Lissette Cetz Canché y Ariel Aldecua Kuk solicitaron al consejero presidente del Ipepac, Fernando Bolio Vales, que explique la presunta intromisión del gobierno estatal en el nombramiento de los funcionarios del área de capacitación.
Con ello, cuatro de los cinco consejeros demandan que se transparenten las decisiones sobre las personas que se contratan en el instituto y que el consejero presidente garantice la independencia y autonomía del Ipepac.
Esta no es la primera vez que se ventilan los casos de injerencia del Ejecutivo yucateco en los nombramientos y actividades del instituto estatal electoral. El propio consejero Santín recordó que se han confrontado cuando menos tres intentos previos de intervención ilegal, así como tentativas de imponer o vetar funcionarios del Ipepac.
El 20 de diciembre de 2007, diversos medios de comunicación, como el Diario de Yucatán y Reporteros Hoy, consignaron que el entonces consejero electoral, Sergio Martínez Gamboa, y el propio Santín acusaron al consejero presidente Fernando Bolio Vales de haber cedido a presiones “de un alto funcionario del estado” para que se aprobara la designación de César Alejandro Góngora Méndez como secretario ejecutivo del instituto. Los consejeros agregaron que extrañamente algunos funcionarios del Ipepac que habían mostrado interés en el proceso de elección del secretario ejecutivo, declinaron misteriosamente de la noche a la mañana, y que hicieron denuncias sobre presuntas amenazas al personal, tales como despido, y al propio instituto electoral, entre ellas el despojo de su edificio.
Este tipo de presiones no es el único problema registrado en el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. De acuerdo con lo consignado en diciembre de 2009 y 2010 por medios como Sipse y Por esto ! algunos funcionarios electorales, en particular el entonces subdirector de Capacitación Electoral, Daniel Rochel Novelo, encabezó y organizó en su propia casa actividades proselitistas a favor de la entonces candidata y hoy alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, así como de Omar Corzo Olán, en ese año candidato a diputado del distrito 5.
No sólo se supo que Rochel Novelo no contaba con los conocimientos y experiencia necesarios para trabajar en las labores de capacitación, sino que en su expediente laboral como subprocurador de Justicia del estado había diversas irregularidades y posibles delitos, tales como extorsión, conducta ilegal y abuso de facultades. Luego de estas acusaciones, Novelo fue suspendido de sus funciones en el Ipepac durante 60 días, periodo que él aprovechó para solicitar una licencia a fin de evitar las posibles sanciones respectivas.
Durante 2010 y 2011 los ciudadanos yucatecos han recibido más información sobre las irregularidades e intromisiones de autoridades del gobierno yucateco en el Ipepac: por ejemplo, se recordó el peso que algunos integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de autoridades de ese partido en el estado ejercieron para que se designaran consejeros electorales sin experiencia, pero afines a ese partido, así como funcionarios del instituto. Asimismo, según lo consignado por artículo 7, el 18 de febrero de 2011 se presentaron designaciones dudosas de 23 funcionarios en diversas áreas del instituto, y se denunció que dichas contrataciones laceraron el presupuesto del instituto dado que no se trata de un año electoral.
En la historia de irregularidades en el Ipepac y de presuntas intromisiones del Ejecutivo en dicho instituto, que debiera hacer honor a sus principios rectores de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y profesionalización, sobresalen las recientes acusaciones sobre la injerencia del gobierno del estado en la designación de funcionarios de las áreas de capacitación y operación, lo cual pone en duda la integridad y legitimidad del próximo proceso electoral de 2012.
Por lo expuesto y en razón del compromiso que tenemos como legisladores, pido a la presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . Se exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo del estado de Yucatán, así como a los consejeros electorales y personal del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán para que se investiguen y sancionen las intromisiones de integrantes del gobierno estatal en la contratación de funcionarios electorales.
Segundo . Se exhorta respetuosamente a la titular del Ejecutivo del estado de Yucatán, así como a los consejeros electorales y personal del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán para que, dentro del marco jurídico aplicable, garanticen la autonomía, imparcialidad, certeza e independencia en las actividades de ese órgano, así como la integridad del proceso electoral de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2011.
Diputados: Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a autorizar y otorgar por la SEP recursos financieros específicos y suficientes para el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas públicas de nivel básico, a cargo de la diputada Adela Robles Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
El sistema educativo de todos los niveles representa la futura solución a los problemas económicos, políticos y sociales que actualmente enfrenta México.
El artículo 3o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación, el estado –federación, estados y municipios– impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias”. Enfatizando en la fracción IV que “toda la educación que imparta el estado será gratuita”.
Con esto nos queda claro que todos los mexicanos tenemos la posibilidad de acceder a la educación, desde un nivel básico hasta el superior. Sin embargo, año con año, a través del presupuesto que es aprobado para este rubro en la Cámara de Diputados, ha quedado demostrado que siempre resultan insuficientes los recursos asignados.
La infraestructura de las instituciones educativas, el mobiliario, material tecnológico, puertas, ventanas, chapas, ventiladores, zaguanes, áreas de uso común como: sanitarios, salones de clase, entre otros, mismos que son utilizados cotidiana y constantemente; y si a ello sumamos las condiciones climatológicas propias de cada zona (muchas veces adversas), sufren el inevitable desgaste y deterioro, provocando con ello que los educandos desarrollen sus actividades en contextos inadecuados.
Quienes hemos ejercido la noble labor de la enseñanza y hemos enfrentado de cerca estas situaciones, contamos con el conocimiento de causa para hacer estas afirmaciones, puesto que en nuestro quehacer diario tenemos que lidiar con estas notables carencias.
Resulta triste y lamentable ver las condiciones en las que día a día son impartidas las clases. Profesores y estudiantes, de igual manera, son quienes padecen esta situación.
Las lamentables circunstancias provocadas por estas carencias en la infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas federales, van en contrasentido de diversos derechos a favor de la niñez, consagrados en nuestra Carta Magna y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Constitución, en su artículo 4o., establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar (...) los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento”.
La segunda ley en comento, con relación a los infantes, establece en el artículo 32, apartado A, que “se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requieran para su pleno desarrollo”.
En virtud de que las escuelas no cuentan con apoyos económicos adicionales para dar solución inmediata a las demandas económicas que se van generando, son las sociedades de padres de familia quienes, apegados al Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia que en su artículo 6o. fracción II y III establece “proponer y promover, en coordinación con los directores de las escuelas y, en su caso, con las autoridades escolares y educativas, las acciones y obras necesarias para el mejoramiento de los establecimientos escolares y su funcionamiento, además de reunir fondos con aportaciones voluntarias de sus miembros para los fines propios de las asociaciones”.
De lo anterior, se deriva que las autoridades educativas de los planteles que nos ocupan, no pueden ni deben solicitar aportaciones y/o cuotas voluntarias a los padres de familia; sólo están en condiciones de enfrentar y resolver estos problemas con reducidos y, en muchas ocasiones, nulos presupuestos.
Sin embargo, aún cuando se trata de una contribución que directamente beneficia a la calidad educativa, no es aceptada por la misma sociedad, y por el ejercicio de estas acciones, se llegan a aplicar sanciones a quienes las promueven, por el hecho de que, constitucionalmente, la educación es gratuita.
Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿cómo acceder a los medios suficientes y requeridos para cubrir cada una de las necesidades de material administrativo, reparación o compra de artículos de limpieza, e incluso de botiquines para brindar primeros auxilios en caso de alguna emergencia?
Por lo antes expuesto es que se solicita que el gobierno federal otorgue una aportación financiera, destinada directamente a cubrir las demandas de las escuelas federales y que los niños de nuestro país cuenten con el material y la infraestructura necesaria, a fin de no ser un país con obstáculos que dificulten el mejoramiento de la calidad de la educación en México, derivando así la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, autorice y otorgue recursos financieros específicos y suficientes para el mantenimiento de los inmuebles, infraestructura y equipamiento a favor de las escuelas públicas federales de educación básica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2011.
Diputada Adela Robles Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la realización de acciones para definir desde el Poder Legislativo federal los nuevos instrumentos de cooperación bilateral y multilateral en el marco de la diplomacia parlamentaria que permitan fortalecer las relaciones internacionales y fijar la política exterior del país, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracciones I y II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que acuerda realizar acciones con el objeto de definir desde el Poder Legislativo federal los nuevos mecanismos de cooperación bilateral y multilateral en el marco de la diplomacia parlamentaria, que permitan fortalecer nuestras relaciones internacionales y definir la política exterior de nuestro país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, la política exterior de México se fundamenta en la defensa y promoción activa del interés nacional, definido como el interés de todos los mexicanos, tanto de los habitantes del territorio nacional como de quienes residen fuera de él. Por el interés y el bienestar de los mexicanos y porque la realidad internacional exige ser un actor responsable, la política exterior debe asumir los enormes retos que encara la comunidad internacional. El interés nacional determina contar con una política exterior activa, que tome la iniciativa en forma permanente, que tenga la capacidad de detectar oportunidades y de anticipar riesgos, que se comprometa con los intereses del país, que ocupe el sitio que corresponde a la magnitud y peso específico de México en los distintos foros y regiones del mundo, que impulse activamente los valores democráticos, de pleno respeto a las libertades y los derechos humanos y de compromiso con la protección del medio ambiente.
Asimismo, señala que la pertenencia de México a numerosos foros y organismos internacionales le ofrece condiciones propicias para incrementar su participación en la construcción del nuevo orden mundial.
Específicamente, resalta que toca al gobierno corresponde mantener y acrecentar el reconocimiento y el respeto del país en el mundo. Para reasumir el liderazgo internacional, México debe ser capaz de construir relaciones sólidas y respetuosas con todas las naciones, especialmente las de América Latina. En el mismo sentido, destaca que en un mundo dinámico en el que el mapa económico y político se mueve con relativa rapidez, y con ello también las oportunidades para apoyar el desarrollo de México, resulta vital para la nación ampliar y fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas y de inversión con otros países y regiones del mundo.
Como podemos observar, los principios que han normado permanentemente la conducta de México en el ámbito internacional se mantienen invariables en la teoría; igualdad jurídica entre los estados, no intervención, auto determinación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación entre los miembros de la comunidad de naciones unidas. A ello se debe que los principios rectores invariables de nuestra política internacional sean: la proscripción del uso de la fuerza para la solución pacífica de controversias, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados y la libre autodeterminación de los pueblos.
No obstante de que la política exterior en la teoría es la misma, en la práctica ha cambiado. Del preciado legado histórico que dio lugar a nuestros principios de Política Exterior; a la tradición y buena imagen que ésta y nuestra Diplomacia guardó durante muchas décadas en el escenario internacional; al análisis y búsqueda incesante de la satisfacción del interés nacional -esencia y fundamento de cualquier política pública- somos testigos que en la actualidad nos encontramos con el desconocimiento total de dicho interés nacional lo que nos ha llevado a mostrar una Política Exterior completamente pasiva y reactiva ante hechos ya consumados, proceso real y completamente contrario a lo que hoy nuestra Canciller ha querido manifestar de manera reiterativa al señalar a nuestra Política Exterior como “activa y cimentada en el respeto de cada uno de nuestros principios históricos”.
Es lamentable seguir utilizando ante el concierto de naciones y nuestra sociedad tales pronunciamientos, cuando todos sabemos que en la actualidad una de las características de la Política Exterior de México es precisamente su pasividad. El continuismo inherente en reaccionar ante hechos consumados, así como la carencia de estadistas con visión y previsión, refleja la carencia de un proyecto nacional en materia de Política Exterior y claro está, la exclusión de ágiles procesos de negociación, lo que nos ha llevado a la presencia de lamentables prácticas diplomáticas.
Con base en lo anterior y por citar algunos ejemplos, recordemos la deplorable actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien no fue capaz de hacer frente de manera responsable y eficaz a la protección y salvaguarda de los intereses de los connacionales que deseaban ingresar a territorio canadiense ante la sorpresiva solicitud de visados que ahora exige dicho gobierno.
Otro acontecimiento, fue cuando se solicitó a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de nuestra Cancillería, el padrón de los connacionales que han fallecido en centros de reclusión en territorio de Estados Unidos. Lo lamentable de este suceso, fue la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, que señaló desconocer dicha información.
Entre otros más, se encuentran la inaceptable y deplorable actuación de la cancillería mexicana en al asunto de Florence Cassez, donde resultó inaceptable el contraste entre la determinación mostrada en el caso del diferendo con Francia y la tibieza en la reacción gubernamental en relación con las incursiones de agentes secretos y aviones de Estados Unidos en territorio Nacional.
Hoy más que nunca es deber de los legisladores mexicanos identificar aquellos elementos peculiares que han hecho de la conducción de nuestras relaciones internacionales sinónimo de incoherencia y falta de dirección.
Vemos con preocupación que el Ejecutivo Federal así como quienes pretenden guiar nuestra política exterior, se han caracterizado por la práctica recurrente de confundir el término de Diplomacia con Política Exterior.
Por estas razones, desde el Poder Legislativo debemos buscar la vinculación con nuestros homólogos de otras latitudes a través de la diplomacia parlamentaria con el objeto de construir nuevos mecanismos de cooperación bilateral y multilateral los cuales permiten fortalecer las relaciones internacionales de nuestro país y lograr desde el ámbito de nuestras facultades, dotar de un rumbo definido a nuestra política exterior, acorde con nuestros principios rectores.
En los recientes años el Poder Legislativo ha empezado a despertar de aquel letargo en el que estuvo inmerso durante muchos años. Como consecuencia de su fortalecimiento e independencia frente al Poder Ejecutivo, ha desarrollado una serie de actividades que corre por una pista paralela a la política exterior dirigida por el presidente de la República.
La llamada diplomacia llevada a cabo no por los embajadores o por los servidores públicos de alta jerarquía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino por los legisladores que reciben a jefes de Estado y de Gobierno, parlamentarios de otros países, cuerpo diplomático acreditado en México o bien, a través de las reuniones interparlamentarias que han demostrado ser un mecanismo eficaz para dar a conocer inconformidades y proponer soluciones de forma directa y concreta a los legisladores de otros países.
Así, la diplomacia parlamentaria tiene entonces tres objetivos centrales vinculados estrechamente con los procesos que le dieron origen y con la finalidad última de construir una política exterior de Estado, a saber: 1) auxiliar en la democratización de la política exterior, 2) fortalecer la división de poderes en forma de una auténtica colaboración entre autoridades en política internacional y 3) trabajar en la transformación conceptual de la globalización hacia una genuina mundialización.
Por último, quiero concluir señalando que, nuestro país dueño de una gran tradición legislativa, debe ser protagonista destacado en la construcción de un nuevo marco jurídico que permita establecer el protocolo parlamentario adecuado que colabore en la construcción de nuevas bases en nuestra política exterior.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, acuerda realizar reuniones de trabajo entre los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de los grupos de amistad de la Cámara de Diputados y los Senadores integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América del Norte; Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; Relaciones Exteriores Europa; Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; Relaciones Exteriores África; Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; y Relaciones Exteriores, Organizaciones no Gubernamentales, con el objeto de definir desde el Poder Legislativo Federal los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, que permitan fortalecer nuestras relaciones internacionales y definir la política exterior de nuestro país.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2011.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos autóctonos que eviten la migración indígena a Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracciones I y II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas con el fin de evitar la migración de los mexicanos a Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Son múltiples los aspectos sociológicos del fenómeno migratorio. Uno de ellos es la formación cultural del migrante. Estadísticas españolas señalan que cerca del 80 por ciento de los argentinos que llegan a trabajar a la península ibérica han cursado estudios secundarios y el 46 por ciento terciarios. Igual sucedió con los flujos que de Cuba llegaron a Miami, forzados por la situación política, muchos de ellos poseían una formación profesional avanzada, lo que les permitió abrirse paso en poco tiempo dentro del mercado laboral de ese país.
No es ese por desgracia el caso de México, buena parte de los emigrantes con un grado elemental de instrucción, desplazados del campo por la miseria, la corrupción, y la falta de empleo cruzan la frontera soñando sin ningún fundamento que en otras latitudes tendrán un trato mejor. Se enfrentan desde el principio con viejas y nuevas formas de exclusión, negación de derecho, discriminación racial, rechazo y con frecuencia, el mismo desempleo que encontraron en su país.
La falta de acceso a trabajos formales, a los sistemas de salud, de educación o de vivienda, agudizan el sentimiento de desarraigo y la pérdida de un estado de identidad que los hacía solidarios con el resto de sus congéneres.
Para su país de origen, en este caso México, este movimiento se traduce por una sangría que no compensa las remesas que mes con mes envían los migrantes a los suyos. Baste considerar que la edad media del migrante fluctúa entre los 25 y 40 años, en la mejor época de su productividad laboral.
Mucho se habla en la actualidad de la política migratoria entre México y Estados Unidos, tema inevitable en la relación bilateral con todos sus matices y niveles en el cual pocos han sido los resultados concretos.
Lo primero que es necesario convenir, es el hecho de que el problema implica una responsabilidad compartida entre el país de origen y el de destino, aunque yo, como legisladora, me inclino a pensar que toca al primero, el país de origen una incidencia mayor en su responsabilidad y brindar de esta manera, las herramientas necesarias para que nuestros indígenas se queden en nuestro país y nos enriquezcan con su gran diversidad cultural.
Por ello, como representantes de nuestras entidades debemos trabajar de manera coordinada para ofrecerles las condiciones económicas, sociales y políticas que impidan su escape en busca de mejores oportunidades. El mexicano no tiene un espíritu migratorio. Por el contrario, en general se define por un ser apegado a su tierra, a sus costumbres y tradiciones. Un ejemplo de ello, son nuestros indígenas.
En el caso de los mixtecos, grupo con una tradición migratoria y el más numeroso en Estados Unidos, según el Programa de Desarrollo Integral de las Mixtecas, emigran a los Estados Unidos porque en su lugar de origen no hay las posibilidades para poder sobrevivir, como las hay en lugares como Estados Unidos.
Para miles de indígenas mexicanos, aproximadamente 21.000 según las últimas estadísticas, el sueño americano, se convierte en un infierno, es meterse sin querer y sin saber en una pesadilla de la que resulta muy difícil salir o despertarse.
En este contexto, el país receptor, Estados Unidos, atenta a intereses egoístas de escasa valoración social y que con frecuencia se muestra incapaz de reconocer las aportaciones económicas y sociales de los indígenas y se niegan a comprometerse en políticas migratorias abiertas que reconozcan los derechos legales de los trabajadores foráneos y faciliten su incorporación legal al país al que acuden, un ejemplo de esto son las iniciativa anti inmigrantes, que han mostrado la actitud del gobierno y Congreso estadounidense en contra de los migrantes, así como otras de carácter similar que se están generando en diversos estados del país vecino del norte.
La asociación entre delincuencia e inmigrantes es común en las sociedades receptoras de población irregular y presenta formas variadas y ambiguas. Por un lado, se entiende que la pobreza, la ausencia de oportunidades y las privaciones económicas y sociales de sus países natales los han forzado a emigrar; pero, por otro, son acusados de abaratar el precio de la fuerza de trabajo y de apoderarse de los empleos que pertenecen a los nativos, aunque sean denigrantes, mal pagados y nadie los quiera ocupar.
Por añadidura son sospechosos de albergar malévolas intenciones. Se piensa que por su misma pobreza son proclives a la delincuencia, se les categoriza como “ilegales” en una deliberada vinculación con el quebrantamiento de las leyes y se les acusa de todos los crímenes imaginables.
Los penales de los Estados Unidos están repletos de miles de indígenas procedentes de México que se estrellaron contra un sistema legal que desconocen y que son portadores de costumbres ancestrales que no tienen nada que ver con las normas del país al que llegan y con el que chocan inevitablemente.
En las circunstancias de nutrido trasiego de población entre dos Estados nacionales con acusadas asimetrías, los migrantes indígenas mexicanos se encuentran constantemente expuestos a agresiones, explotación, racismo, hostilidad, xenofobia y a un creciente peligro de perder la vida.
Anclados culturalmente en su pasado, los indígenas se enfrentan contra un futuro que no existe, y que se imaginaban promisorio, lejos de sus comunidades en México, dejando atrás su vida y el abandono sistemático de unas autoridades mexicanas que se olvidan en levantar la penuria de sus gentes y que en ocasiones no se brinda la protección consular debida para proteger sus derechos humanos.
Según cifras señalan que si en el año 2005 y según la Secretaría de Relaciones Exteriores los procesos legales contra mexicanos en Estados Unidos eran de 14.622; a finales de 2009 ascendieron a 19.782. Prácticamente 20.000 indígenas están tras las rejas actualmente en diferentes estados de la Unión Americana y presos de un sistema legal desconocido para ellos.
De cada cien mexicanos encarcelados en los Estados Unidos, diez son indígenas, procedentes especialmente de los estados de Guerrero y Oaxaca una de las regiones más pobres no sólo de México, sino de América Latina.
No podemos seguir permitiendo que nuestro país siga siendo la principal fuente de mano de obra barata en los Estados Unidos y que los indígenas mexicanos sigan presos en los penales en ese país. La población mexicana es la más numerosa entre las minorías extranjeras, documentadas o no, que residen en el país del norte y la tendencia tiende a aumentar en la misma proporción que aumentan las causas de la deserción.
Por ello, el fenómeno migratorio es un proceso de extrema complejidad, que ofrece múltiples aristas políticas, económicas, demográficas, sociales, culturales y éticas. Si a ello sumamos un carácter indocumentado e irregular, como es el caso de la migración laboral de mexicanos a la Unión Americana, la polarización de intereses, apreciaciones, discursos y prácticas se agudiza aún más, en tanto que las repercusiones que acarrea se manifiestan desde las esferas más íntimas de la vida familiar, hasta las políticas nacionales y multilaterales de los Estados involucrados.
Es claro que una relación tan asimétrica como la que existe entre México y Estados Unidos, coloca al primero en un plano de subordinación a los intereses de su vecino del norte, el cual, por su parte, puede jugar con diversas posiciones de acuerdo con sus necesidades del momento. A ello sumamos que tal condición parece estar recrudeciéndose aún más y no se vislumbra una solución a mediano plazo que regule la situación laboral de los mexicanos en esa nación.
Debemos tener claro que migrar no es un delito. No puede serlo, aunque la tendencia en Estados Unidos parezca encaminarse hacia una definición legal que así lo considere.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instaurar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas con el fin de evitar la migración de los indígenas mexicanos a Estados Unidos de América.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los consulados de México en Estados Unidos de América se trabaje de manera conjunta en la promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes indígenas mexicanos.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el 22 de septiembre de 2011.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a diseñar y ejecutar programas y políticas que contribuyan a la competitividad de los sectores productivos mexicanos que serán afectados por la conclusión del acuerdo sobre medidas de remedio comercial con China, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1, fracciones I y II, y 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía a diseñar y ejecutar programas y políticas que contribuyan al desarrollo y eleven la competitividad de los sectores productivos mexicanos que serán afectados por la conclusión del acuerdo sobre medidas de remedio comercial entre nuestro país y China, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A partir de su ingreso en la Organización Mundial de Comercio (OMC), en 2001, China se ha consolidado como una potencia exportadora. Ejemplo de ello es que sus exportaciones desplazaron a las mexicanas en el mercado de Estados Unidos en 2003 y, desde entonces, es su segundo proveedor.
Por lo que se refiere al mercado mexicano, China es el proveedor más dinámico, dado que en los últimos años sus exportaciones al país han registrado un crecimiento de 500 por ciento, lo cual la sitúa como nuestro tercer proveedor, en contraste con la caída de 7 por ciento de las exportaciones de Estados Unidos hacia México durante el mismo periodo.
El proceso de adhesión de China al también llamado “Acuerdo de Marrakech” tomó más de 15 años, dadas las negociaciones individuales que debió sostener con cada país miembro.
Una vez que la conferencia ministerial aprobó su ingreso, China procedió a la firma del protocolo de adhesión, que contiene las disposiciones aplicables entre China y diversos miembros de la OMC, y que incluyen las condiciones y las listas de compromisos de China en materia de acceso a los mercados para las mercancías y los servicios, como resultado de las negociaciones de adhesión correspondientes.
Dicho protocolo y los acuerdos de la OMC constituyen el mecanismo legal que rige la inserción de China en el comercio mundial y, a su vez, imponen reservas y disciplinas en las prácticas comerciales del gobierno y productores de China.
Conforme al párrafo 17 de dicho protocolo, China aceptó que, temporalmente, algunos miembros de la OMC pudieran mantener prohibiciones o restricciones a importaciones chinas, de conformidad con las reservas establecidas en el anexo 7.
Entre esas reservas destacan las que México hizo para establecer medidas compensatorias contra diversos productos de origen chino, como una garantía primaria para exportadores y productores mexicanos que compiten con sus pares chinos en sectores sensibles.
En el anexo 7, el protocolo de adhesión prevé que durante los primeros seis años de su vigencia (diciembre de 2001-diciembre de 2007) las autoridades mexicanas podrían mantener las medidas compensatorias aplicables a distintos productos, sin que China pudiera impugnarlas.
La vigencia de esta disposición, que comúnmente se conoce como “cláusula de paz”, expiró el 11 de diciembre de 2007. Desde entonces, México tiene la obligación de cumplir los compromisos establecidos en el marco de la OMC por lo que se refiere a las cuotas compensatorias sobre productos chinos, de conformidad con el acuerdo antidumping de la propia organización.
Ante la divergencia de interpretación respecto de cómo resolver, de conformidad con las reglas de la OMC, el vencimiento de las reservas contenidas en el protocolo de adhesión de China y por virtud de la incertidumbre que ello generaría a los operadores económicos, ambos países comenzaron a explorar opciones legales para dar tratamiento a sus diferencias en torno del cumplimiento de los compromisos internacionales.
China estuvo de acuerdo en que se estableciera un periodo de transición adicional, en el que prevalecieran algunas cuotas compensatorias por parte de México, siempre que el número fuera reducido y se eliminara el resto de las previstas en el protocolo de 2001.
En esa tesitura, el 11 de diciembre de 2007 terminó el plazo para que México eliminara las cuotas compensatorias que imponía a un grupo significativo de productos chinos, como fue negociado con motivo de la adhesión de China a la OMC, hace seis años.
Por esa razón y tras una serie de negociaciones y consultas a todos los sectores industriales involucrados en el proceso, el 1 de junio de 2008 los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Popular China celebraron el Acuerdo en materia de Medidas de Remedio Comercial, en Arequipa, Perú, durante la reunión ministerial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, mediante el cual se eliminaron los impuestos compensatorios a 749 fracciones arancelarias de productos chinos que entran en nuestro país, y por el que se mantienen hasta el 11 de diciembre de 2011 en 204 fracciones de productos sensibles, que se protegerán para evitar afectaciones en la industria mexicana.
Esta medida brindó a los sectores industriales de la confección, textil, calzado, juguetes, bicicletas, carriolas, herramientas, electrodomésticos, máquinas y aparatos eléctricos, productos químicos, encendedores, lápices, válvulas, balastros, cerraduras y velas, un periodo temporal adicional con objeto de estar en condiciones de competir con sus contrapartes chinas en los diversos mercados.
Así, en el sector de confección quedaron protegidos 72 por ciento del valor de las importaciones; en el del calzado 88 por ciento; en válvulas 91 por ciento; bicicletas 84 por ciento; químicos y juguetes 67.4 por ciento cada uno, candados y cerraduras 47 por ciento. Mientras que para sectores como balastros, velas, lápices y encendedores, la protección cubre 100 por ciento del valor de las importaciones.
El Acuerdo en materia de Medidas de Remedio Comercial ha otorgado durante cuatro años algunos beneficios, como la protección real para las áreas más sensibles y dar tiempo a los sectores industriales mexicanos para estar preparados frente a la competencia ante sus similares chinos en el mercado nacional e internacional. Sin embargo, en términos de comercio exterior, México se encuentra actualmente en una situación complicada, ya que con la eliminación de esta última medida en el próximo mes de diciembre, se dejará a México en una difícil posición comercial.
Ya han pasado casi cuatro años desde que se adoptó esta medida de transición temporal, y sin embargo, la industria nacional parece lejos de lo planteado por el gobierno, es decir, de la certidumbre de protección en el campo de los productos “sensibles”.
Por ello, puede señalarse que la medida de transición, se trató más de una medida de contención, que de solución a problemas del país. Actualmente, China sigue exportando gradualmente cada vez más mercancías hacia nuestro país, y persisten los problemas e inconformidades de diversos sectores productivos en México.
Como ejemplo del aumento gradual de importaciones de productos chinos, hay datos publicados en el Sistema de Información Arancelaria de la Secretaría de Economía que demuestran que las importaciones de ciertos productos chinos –aunque tienen medida de transición temporal– han aumentado considerablemente. Ejemplo de ello son las camisas deportivas, clasificadas en la fracción arancelaria 6105.10.01: En 2008, la importación de esta mercancía tuvo un valor de mil 918 dólares; en 2009, de 19 mil 93; y en 2010, de 88 mil 252.
Como se observa, la política comercial que el país ha adoptado en los últimos años, en un afán de abrirse al mundo, ha sido una política de apertura poco planificada. Tan sólo basta recordar las declaraciones del secretario de Economía, Bruno Ferrari, que realizó en días pasados y en donde informó que una vez que venzan las cuotas compensatorias que se pactaron con China, los sectores industriales del país no quedarán desprotegidos porque los aranceles que se aplican a algunos productos provenientes de aquel país no estarán en cero. Asimismo, señaló que de detectarse un incremento en la importación de mercancía proveniente de dicho país asiático, se podrían aplicar las llamadas medidas de urgencia o salvaguardias.
Además, mencionó que se revisará la eficacia de la implementación de precios de alerta para combatir la subvaluación y se continuará con los trabajos en caso de dumping, además de definir apoyos de la SE al programa de exportación y revisar propuestas del sector privado.
La Secretaría de Economía continuará implantando medidas reactivas. Debe quedarnos claro que el encuentro con China en el tema de las cuotas compensatorias no es un tema comercial, es un tema de Estado, que demanda un análisis serio e integral, a fin de administrar los daños y aprovechar la oportunidad que presenta una nueva nación que está llamada a desempeñar un papel preponderante en el nuevo milenio.
El tiempo de los retos y las oportunidades respecto a China será cambiante y nuevas opciones sustituirán a las viejas, en una permanente mezcla de fortalezas y debilidades que de desprenderán de la relación bilateral, sin embargo nada de esto se podrá administrar si el país no construye una agenda integral frente a China, y una revisión completa a su política de comercio exterior.
Por estas razones, considero que es tiempo de analizar el reto que ha venido imponiendo China a sus competidores, no solo en materia comercial, ni de aranceles o medidas antidumping, las cuales han dejado claro, no solo en México, que resultan inoperantes si se manejan fuera de una política económica de carácter integral.
Por ello, el nuevo encuentro comercial con China brinda al país nuevamente la oportunidad de revisar la viabilidad de su modelo comercial y económico, a fin de cambiar las malas estrategias por políticas ganadoras. China sigue demostrando que es el país que mejor entiende la globalización y que en la medida de la importancia de su avance, su reto será más grande.
Por lo expuesto, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a diseñar y ejecutar programas y políticas que contribuyan al desarrollo y eleven la competitividad de los sectores productivos mexicanos que serán afectados por la conclusión del Acuerdo sobre Medidas de Remedio Comercial entre México y China.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a desarrollar campañas de difusión entre la sociedad y, principalmente, entre los importadores mexicanos sobre los beneficios de consumir materias primas, insumos y productos terminados hechos en México.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2011.
Diputada Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar entre los empresariados nacional y extranjero una campaña de promoción sobre las ventajas competitivas de los estados de la frontera norte para diversificar así la oferta del sector turístico y fomentar la inversión externa e interna, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracciones I y II, numeral 2, fracciones I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar una campaña de promoción dentro del empresariado nacional y extranjero con objeto de mostrar las ventajas competitivas que ofrecen los estados de la frontera norte y así diversificar la oferta del sector turismo y el fomento a la inversión nacional y extranjera, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico.
Hoy día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos.
De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo (OMT), la demanda por servicios turísticos se incrementará de forma importante en los próximos años debido al incremento en la población pensionada en los países industrializados, lo que implica una proporción cada vez mayor de individuos de elevados recursos socioeconómicos con interés por realizar largos viajes a destinos atractivos que ofrezcan actividades turísticas de carácter natural, cultural, social y médica.
En el caso del turismo médico, el cual se entiende como la práctica creciente de viajar a otro país en búsqueda de tratamientos médicos de buena calidad a menores costos, países como la India, Tailandia, Taiwán, Filipinas, Malasia, Turquía y Singapur han perfilado en los últimos diez años una creciente oferta de viajes y servicios hospitalarios de tercer nivel —alta especialidad— para extranjeros, mercado que tradicionalmente era atendido por ciudades como Houston, La Habana, Cali y Caracas.
Para México, el mercado natural sería el estadounidense y el europeo. El universo potencial de turistas que viajan con este objetivo sólo en Estados Unidos asciende a casi 45 millones de personas que no cuentan con seguro médico y otros 30 millones que tienen una cobertura médica deficiente.
Por lo anterior, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, dio a conocer las acciones y estrategias para delinear una política pública para el turismo médico, segmento con gran potencial en nuestro país.
El objetivo de esta política pública es impulsar el consumo de servicios médicos de México por la población residente en Estados Unidos, generando mayores inversiones y empleos para el país, adecuar las capacidades e infraestructura médica de México a la demanda esperada y eliminar los obstáculos para el desarrollo de este segmento. A través de este nicho de mercado, nuestro país podría generar para el 2015 ingresos por mil 350 millones de dólares, atendiendo hasta 450 mil turistas y alrededor de 4 mil 50 millones para el 2020, atendiendo hasta 650 mil turistas.
En este sentido, la estrategia propuesta y en la que participan ocho secretarías de Estado se enfoca en diferentes segmentos de la población de Estados Unidos para procedimientos básicos e intermedios, en una primera fase y de alta especialidad, en una segunda etapa.
La primera fase, busca posicionar a México como destino de turismo médico en los primeros 5 años. El enfoque es en la población no asegurada y en grupos específicos con seguros privados con énfasis en la población hispana. Los procedimientos propuestos incluyen ortopedia, cardiología y cancerología a nivel básico e intermedio, así como, procedimientos de odontología, oftalmología y cirugía estética.
La segunda fase, de los años 6 a 10, tiene como meta considerar a México en servicios médicos avanzados. El enfoque consiste en atraer a la población no asegurada y a aquella con seguros privados en general. Los procedimientos de enfoque serían más avanzados y de alta especialidad. Sin embargo, mientras México planea una política que detone el turismo médico en el país, Argentina, Colombia, Canadá, Costa Rica, Brasil y Cuba ya iniciaron estrategias y actividades específicas para aprovechar este nicho; por lo que, en primer término, los competidores potenciales de México estarían ubicados en Latinoamérica.
Por lo anterior, considero necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajemos de manera conjunta para mejorar la posición de México en el aprovechamiento de esta materia.
Nuestro país cuenta con ventajas competitivas para el impulso del turismo médico, entre éstos, su proximidad geográfica con Estados Unidos, su cercanía con la región Asia Pacífico, su posicionamiento en Europa y sus costos de servicios médicos, los cuales resultan atractivos para los habitantes de las regiones mencionadas y la capacidad de ofrecer servicios complementarios de turismo, como hoteles de 4, 5 estrellas y de lujo, son elementos que pueden detonar esta industria.
Es importante resaltar, que siete entidades de la república son las que hasta ahora han desarrollado simultáneamente su infraestructura médica y turística con un mayor potencial, entre ellas destacan, el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Baja California, Sonora y Colima.
Por otro lado, es importante señalar que existe una red de más de 40 hospitales privados con capacidad de ofrecer servicios de alta calidad. Ocho de estos hospitales ya han sido certificados por la “Joint Comission International” (JCI), que es la mayor organización de certificación y acreditación de Estados Unidos. El Consejo de Salubridad General de México, cuyos estándares de calidad se han homologado con los de la JCI, ya ha certificado 70 hospitales privados.
Esta red de hospitales podría dar a atención a un número importante de residentes del sur de Estados Unidos que viajan constantemente a las ciudades de la frontera norte de México en busca de médicos, dentistas y medicinas. Una encuesta de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) estima que cada año 312 mil californianos viajan a México por atención médica, 426 mil por cuidados dentales y 651 mil por medicamentos.
Por estas razones, considero necesario que el Poder Ejecutivo actualice y fortalezca la estrategia de política pública para desarrollar el turismo médico en nuestro país, principalmente en nuestra frontera norte, debido a las ventajas comparativas y competitivas que ofrece esta región.
Por otro lado, nuestra obligación como legisladores debe ser actualizar el marco normativo que brinde las herramientas necesarias para que las comunidades y las empresas del sector gocen de un desarrollo sustentable que garantice la prestación de servicios turísticos competitivos de carácter médico.
Los exhorto de manera respetuosa a trabajar de manera coordinada para desarrollar el turismo médico en nuestro país, principalmente en la frontera norte del país, en donde este sector está más consolidado. La generación de divisas, el crecimiento económico, la creación de nuevos puestos de trabajo y la redistribución del ingreso para corregir desequilibrios regionales, son algunos de los efectos más importantes del turismo médico como actividad económica.
Nuestro país presenta potencialidades importantes para el desarrollo de este sector. El dinámico crecimiento del turismo mundial y la posibilidad de cerrar esa brecha, representan sin duda grandes oportunidades para el desarrollo turístico médico nacional. Sin embargo, es también indudable que concretar las mismas plantea a nuestros sectores público y privado desafíos importantes como:
La consolidación del desarrollo de la infraestructura que utiliza el turismo médico, en especial la del transporte y el perfeccionamiento de servicios públicos (electricidad, gas, agua, saneamiento) que reclama el turista; la introducción de marcos regulatorios y promocionales que tiendan a reducir la rigidez en la fijación de los períodos vacacionales escolares y laborales para moderar la estacionalidad en la demanda turística; la creación de las condiciones adecuadas para los turistas, seguridad, limpieza, buen trato, ordenamiento urbano y socialización, entre otras; la existencia de condiciones de financiamiento, de tributación y de confianza, que alienten las inversiones privadas en la región de la frontera norte y en las entidades del país que sean atractivas para desarrollar este sector; y por último, la necesidad que todo emprendimiento público o privado relacionado con el desarrollo del turismo médico asegure un marco de sustentabilidad a largo plazo.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Punto de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a implementar una campaña de promoción dentro del empresariado nacional y extranjero con objeto de mostrar las ventajas competitivas que ofrecen los estados de la frontera norte y así diversificar la oferta del sector turismo y el fomento a la inversión nacional y extranjera.
Segundo. Esta soberanía exhorta de manera respetuosa a la secretaria de Turismo a realizar campañas en las regiones de América del Norte, Europa y Asia Pacífico, para promocionar los servicios de turismo médico en la frontera norte de nuestro país.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 22 de septiembre de 2011.
Diputada Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Relativa al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
Resulta obligado que con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, hacer una enérgica condena a estas conductas criminales y refrendar el compromiso de diputadas y diputados de todos los partidos políticos, de continuar sumando esfuerzos con autoridades y la sociedad civil, para prevenirlas, combatirlas y erradicarlas.
Estamos ante una compleja realidad social caracterizada por dos extremos: en uno, la invisibilidad y clandestinidad con que se realizan, muchas veces en el seno interno de la familia; y en el otro, el dinamismo, adaptabilidad y movilidad, que llega a trascender incluso fronteras internacionales.
Se agregan factores sociales que, en su conjunto, hacen a la persona más vulnerable a una situación de trata y delitos relacionados, disminuyendo la posibilidad de pedir ayuda o denunciar. Entre ellos están la pobreza, falta de educación formal, falta de orientación sobre los derechos humanos, discriminación, racismo, clasismo, xenofobia y misoginia. También inciden en esa vulnerabilidad, el estatus particular ante el sistema jurídico, o a que dentro del sector en que convive, es aceptada o al menos ignorada la explotación.
Otro aspecto de la realidad social es la globalización que vuelve a los seres humanos clientes del consumismo, provoca un vacío de contenidos en valores y principios en los integrantes de una sociedad. Niñas, niños y adolescentes no quedan al margen de esa lógica de consumo. La tendencia a nivel mundial es reducirlos a mercancías, a cosas con un valor de cambio. De esa forma, se comercia con lo más valioso de ella, se atenta contra su dignidad como personas y se les priva de los derechos más elementales.
La Organización de Naciones Unidas estima que entre cuatro y cinco millones de personas son vendidas anualmente y más del ochenta por ciento van a parar a la explotación sexual, del cual solo un mínimo porcentaje logra escapar. Anualmente entre setecientos mil mujeres y niñas son introducidas al comercio sexual por redes que las sustraen de su lugar de origen y las obligan a permanecer en ese negocio.
Si esta conducta delictiva es de por sí grave, en razón de atentar contra la dignidad de la persona y sus derechos humanos, se enfatiza la gravedad cuando se explota a niñas, niños y adolescentes.
Por eso, este 23 de septiembre también es ocasión propicia para hacer un recuento y un balance de los pasos que ha dado el Estado mexicano para proteger a las víctimas en situación de vulnerabilidad, así como de aquéllas asignaturas pendientes de implementar en los ámbitos administrativo y legislativo, para fortalecer instrumentos y métodos que garanticen un sólido combate a perpetradores de estos delitos:
La suscripción del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, que entró en vigor en nuestro país el 25 de diciembre de 2003, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, constituye, sin duda, un paso relevante y además, referente importante en los contenidos de la legislación federal, publicada el 27 de febrero de 2007, la que recogió principios y mandatos del mencionado instrumento internacional.
Asimismo, derivado de la dispersión de tipos penales, contenidos en legislaciones locales, surgió la necesidad de homologarlos en las entidades Federativas, respecto de las conductas a castigar, medios comisivos y fines.
Reconociendo esta necesidad, el legislador constituyente aportó un instrumento normativo para hacer posible esa homologación, consistente en facultar al Congreso de la Unión a crear una Ley General, actualmente en proceso de dictaminación, la que una vez expedida y en vigor, obligará a que las leyes ordinarias, sean éstas locales o federales, recojan los lineamiento contenidos en la ley general.
Es cierto que la sola normativa para perseguir y sancionar estos delitos, no es suficiente si no se acompaña con políticas públicas de sensibilización, concientización y participación de los sectores de la sociedad.
Por eso, es justo reconocer la aportación decidida de los medios de comunicación, en los procesos de sensibilización, así como el compromiso de varios de ellos, traducido en el hecho relevante de cerrar sus espacios a todo tipo de anuncios, que favorezcan o faciliten la trata de personas y delitos relacionados.
Ahora bien, tomando en cuenta que las mujeres son altamente vulnerables a la trata de personas y que las desigualdades de género inciden en su perpetración, los esfuerzos no deben limitarse al control del problema, sino a proponer medidas que reviertan las condiciones que lo propician.
Entre otras, impulsar políticas públicas transversales, que contribuyan al pleno goce de sus derechos económicos y sociales, el desarrollo de sus capacidades y la igualdad de oportunidades, respecto al género masculino.
Es decir, avanzar más allá de la consideración como un problema de criminalidad y respeto a sus derechos humanos, que derive en sanciones para quien comete el delito y acciones de protección y apoyo a las víctimas mujeres.
Pero, tanto la legislación como las políticas públicas deben estar conducidas por una adecuada política criminal, que incida eficazmente en la prevención, combate y erradicación. Donde la participación de todos los sectores de la sociedad es factor clave para lograrlo.
En esta fecha en la que se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, es importante venir a esta tribuna a refrendar nuestro compromiso con la lucha y erradicación de este flagelo. Pero será más importante que las palabras, discursos, lamentaciones y recuentos que podamos hacer, comprometer nuestro voto favorable para que salga cuanto antes la ley que se nos mandata la reforma constitucional que aprobamos en la materia, y con ello empezar a actuar efectivamente en favor de las víctimas potenciales y reales, y a combatir efectivamente a las redes delincuenciales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)