Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para el seguimiento y la vigilancia del proceso electoral de 2012, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción VI; 82, numeral 2, fracción I; 100, numeral 2; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto al pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para la creación de una comisión especial para el seguimiento y vigilancia del proceso electoral de 2012.

I. Planteamiento del problema

A once meses de que los mexicanos acudamos a las urnas para elegir a quien habrá de ocupar la presidencia de la república en el periodo 2012-2018, el país vive circunstancias complejas que pueden tornarse en potenciales amenazas al normal desarrollo del próximo proceso electoral. El escenario de alto riesgo que puede enfrentar el proceso electoral de 2012 debe mover a este órgano legislativo a tomar acciones preventivas que permitan mantener un seguimiento sistemático y permanente de las condiciones en las que se desarrolle así como de la actuación, no solamente de los responsables directos de conducir el proceso, sino también de los distintos agentes que participan e influyen en su desenvolvimiento.

La propuesta que formulo en este punto de acuerdo consiste en que esta Cámara acuerde la integración de una Comisión Especial para el puntual seguimiento del proceso electoral, con el objeto de que en su seno se puedan procesar oportunamente las propuestas necesarias para que este órgano legislativo mantenga una presencia activa que coadyuve a su normal desarrollo. Es importante precisar que no se trata de invadir o suplantar las atribuciones de ninguna autoridad sino, al contrario, de propiciar las condiciones para respaldar y fortalecer el pleno ejercicio de sus funciones y de coadyuvar al cumplimiento de sus resoluciones.

II. Exposición de motivos

1. La elección presidencial en 2006

El desarrollo y los resultados de la elección presidencial de 2006 estuvieron plagados por una serie de hechos y circunstancias que dejaron en la memoria colectiva de los mexicanos la certeza de que se trató de un proceso marcado por la ilegalidad con la que se manejaron el ejecutivo y los poderes fácticos, lo que derivó en la falta de credibilidad de sus resultados oficiales que dejaron en millones de mexicanos serias dudas sobre su verosimilitud.

La actitud permisiva de las autoridades electorales en relación con los evidentes actos ilegales en que incurrieron diversas organizaciones y grupos de interés en la elección presidencial de 2006 constituyó un severo retroceso para el fortalecimiento de nuestra democracia que ha tenido un alto costo para el país en todos los órdenes de la vida nacional por la subordinación de las decisiones fundamentales a los intereses particulares de esos poderes fácticos.

Los mexicanos comprobamos en 2006 que no hay institución o norma jurídica que valga cuando los poderes fácticos anteponen la defensa de sus privilegios a los intereses de la colectividad. Para estos grupos la democracia es aceptable siempre y cuando no exista el riesgo de que en las urnas triunfe un proyecto que no se subordine al suyo. Cuando este riesgo aparece, las reglas del juego democrático se diluyen ante la fuerza avasallante del dinero y el control absoluto de los medios de comunicación. En estas condiciones, la legalidad democrática se convierte en un subproducto completamente desechable ante la búsqueda frenética del triunfo oficial, se obtenga como se obtenga, cueste lo que cueste, haiga sido como haiga sido. Para los poderes fácticos el fin justifica los medios. Así lo pudimos constatar los mexicanos en la elección presidencial de 2006.

Esta posición, abiertamente contraria a las reglas del juego democrático, que caracterizó la participación de los poderes fácticos y grupos de interés en 2006, puso a México en riesgo de una convulsión social de imprevisibles consecuencias para su estabilidad política, económica y social. Sólo el liderazgo responsable y la madurez política de los ciudadanos agraviados evitaron que este riesgo se materializara. Con una actitud opuesta a la de los poderes fácticos, los millones de mexicanos que padecieron la sistemática violación a la legalidad democrática antepusieron el interés nacional al partidista y tuvieron la capacidad para encauzar su oposición dentro de los márgenes del estado constitucional de derecho.

2. El clima de inseguridad y violencia que priva en el país

México está inmerso hoy día en un clima de inseguridad y violencia que está afectando todos los ámbitos de la vida nacional. La sociedad mexicana es víctima de una sicosis colectiva como resultado de la ineficacia de los poderes públicos para garantizar las condiciones mínimas de seguridad que reclama. Es inocultable para la mayoría de los ciudadanos, a pesar de los inmensos recursos mediáticos que ha puesto en juego el ejecutivo, que las acciones contra los carteles del narcotráfico han resultado una estrategia fallida que lejos de debilitarlos ha potenciado su capacidad criminal con un altísimo costo en vidas humanas que nada tenían que ver con esta errática y contraproducente estrategia.

Después de cuatro años de haberse iniciado la supuesta lucha contra el narcotráfico, es evidente que los mayores daños los ha recibido la sociedad y no los grupos a quienes se dice combatir. La escalada de violencia que hemos visto en las últimas semanas parece confirmar que los cárteles de la droga mantienen intacta su fuerza criminal e, incluso, han extendido sus actividades criminales a otras zonas del país que estaban libres de su presencia al inicio de esta guerra contra el narcotráfico , como se conoció en un principio. Hoy, lo que vemos y padecemos en el país es más inseguridad, mayor violencia, más muertes y un miedo generalizado en la sociedad.

El rotundo fracaso en la lucha contra el narcotráfico demuestra claramente que se trató más de una decisión apresurada de un gobierno urgido de alcanzar una legitimidad que no obtuvo en las urnas, que de una estrategia responsable y articulada con todos los mecanismos políticos e instrumentos legales de que dispone un estado democrático cuando la legitimidad de la autoridad es incuestionable. Los resultados de las acciones contra el narcotráfico exhiben de manera dramática las graves consecuencias que pueden derivarse de las acciones desesperadas de un gobierno marcado con una débil legitimidad.

El fracaso de la lucha contra el crimen organizado confirma que una legitimidad frágil limita la capacidad de un gobierno para lograr consensos y, al contrario, lo induce a tomar decisiones autoritarias, que, por regla general, resultan ineficaces y atentatorias de los derechos humanos. En efecto, la obcecación de Felipe Calderón por mantener esta contraproducente estrategia ha derivado en una escalada de violencia que está generando acciones cada vez más sangrientas a las que se reacciona con un reforzamiento de la misma estrategia que las provoca, configurando una paradoja de la represión como le llama Eduardo Buscaglia, uno de los expertos más reconocidos en el tema del crimen organizado, que, en términos llanos consiste en pretender apagar el fuego con gasolina.

Las consecuencias de este delirante círculo perverso las estamos pagando todos los mexicanos no solamente en las formas cotidianas de convivencia sino también en el sustento mismo de nuestros procesos democráticos. Nada socava más una democracia que el miedo generalizado de los ciudadanos. Las acciones criminales cada vez más arteras en contra de la población han generado entre los mexicanos un clima de temor y una creciente desconfianza en el gobierno para garantizar la tranquilidad social. Esta desconfianza se incrementa cuando las acciones del ejército y de las policías se despliegan no solamente en contra de los criminales sino, en muchas ocasiones, también en contra de la población civil vulnerando impunemente los derechos humanos de las víctimas de estos inaceptables excesos de la autoridad, o, cobrando la vida de muchos mexicanos que nada tuvieron que ver en esta demencial lucha contra el narcotráfico.

Solamente alguien que ha perdido todo contacto con la sociedad puede referirse a estos actos criminales de la autoridad con la desdeñosa expresión de daños colaterales , tratando de justificarlos como si estuvieran previamente considerados como un elemento más de la estrategia contra el crimen organizado, como si fueran uno más de sus resultados inevitables o necesarios; lo que los convertiría, entonces, en actos que deben ser celebrados más que castigados. Esta es la lógica siniestra que subyace en la estúpida expresión de daños colaterales , aceptarla sería tanto como resignarnos a dejar de lado el estado de derecho y tolerar, en los hechos, un estado policiaco, un estado de excepción, un estado totalitario.

Legalizar esta vertiente autoritaria de la lucha contra el crimen organizado parece ser el propósito central de la iniciativa de ley de seguridad nacional que fue turnada a esta Cámara por el Senado de la República y, es también la razón principal por la que debemos introducir con sensatez, responsabilidad y sentido democrático, las modificaciones que sean necesarias para cerrar cualquier posibilidad de que se materialice este amenazante propósito en perjuicio de los derechos humanos de los mexicanos.

En opinión de la mayoría de los observadores, analistas e investigadores sociales, la creciente inseguridad y violencia que se vive en al país, generada por la ineficaz lucha contra el narcotráfico y alimentada por la corrupción y la impunidad que priva en todos los órdenes de la vida pública, está llevando a la descomposición de todas las estructuras del estado, proceso que, llevado a su extremo, desembocaría en lo que para algunos se ha convertido ya nuestro país, en un Estado fallido. Para la mayoría de los estudiosos del tema resulta inequívoco que la estrategia central de los grupos criminales va encaminada precisamente a debilitar la institucionalidad democrática, para generar las condiciones que les permitan seguir operando con la impunidad que garantizan gobernantes corruptos y con endeble legitimidad.

No podemos ignorar que en algunos procesos electorales se han observado claras evidencias de la intervención de los carteles de la droga. El desmesurado gasto de campaña en que han incurrido algunos candidatos, la intimidación a otros, la ostentosa presencia de personajes siniestros en actos de campaña e, incluso, los amenazantes mensajes que hacen llegar a los candidatos o las presiones para que una vez electos emitan determinados nombramientos, son hechos que permiten vislumbrar una grave amenaza a nuestra democracia que no debemos minimizar ni, mucho menos, permitir.

Esta amenaza criminal a nuestra democracia puede manifestarse en diversas acciones en el proceso electoral federal, desde obstaculizar las tareas de capacitación a los responsables de las casillas, intimidar o sobornar a candidatos, provocar actos de violencia en eventos de campaña, hasta impedir la realización misma de las campañas electorales en zonas controladas por los carteles o generar acciones que alteren el desarrollo normal de la jornada electoral.

Sin embargo, no cabe duda que el mayor peligro que enfrentará el siguiente proceso electoral federal, es la intromisión de los cárteles del narcotráfico a través de la imposición de candidatos y el financiamiento de campañas electorales mediante el amplio uso del poderío financiero que la fallida lucha en su contra les ha permitido incrementar a niveles nunca antes alcanzados. Por si no fuera suficiente prueba de este poderío financiero el control casi total que tienen sobre las policías estatales y municipales, las impresionantes cifras en las que estima el lavado de dinero así como la cantidad y sofisticación cada vez mayor de su armamento, bastaría ver las listas de millonarios de la revista Forbes y el número de países a los que han extendido sus actividades.

No se trata de caer en especulaciones sin sustento, los riesgos que entraña para el proceso electoral la intromisión del crimen organizado son reales. Sus acciones ya se han observado en mayor o menor medida en procesos electorales locales pero también en algunos de carácter federal. No estamos hablando de hechos fantasiosos sino de amenazas reales que pueden ir mucho más allá de los supuestos que mencionamos. En esta representación nacional tenemos el ineludible deber de tomar acciones preventivas que nos permitan actuar con oportunidad ante esta grave amenaza que enfrenta nuestra inacabada democracia.

3. El deterioro de la situación económica

Por otro lado, todos los indicadores y análisis sobre el tema apuntan a un deterioro de las condiciones económicas que enfrentará el país en los próximos meses o años que inevitablemente se reflejarán en mayor desempleo, aumento de la pobreza y caída en los niveles de vida de millones de mexicanos. El impacto que una caída de la economía puede tener en las condiciones sociales del país no permite vislumbrar con optimismo el escenario electoral de 2012; y, más bien, configura un elemento más de riesgo para su normal desarrollo.

El incremento en las condiciones de pobreza y la amenaza del desempleo son elementos que generan la sensación de frustración, desaliento y fracaso en la población, factores que, por un lado, menoscaban la participación democrática de los ciudadanos, y, por otro, generan condiciones que favorecen el clientelismo electoral en su expresión más burda que es la compra del voto. Ambas circunstancias alientan las prácticas de manipulación que permite la disposición ilimitada de recursos económicos de algunos candidatos. La reciente elección de gobernador en el estado de México constituye un ejemplo contundente y lamentable de la vigencia de estas prácticas antidemocráticas en nuestros procesos electorales.

4. El uso partidista del gasto público

Un aspecto fundamental para el normal desarrollo del proceso electoral es el de impedir el uso partidista del gasto público que de manera recurrente se ha observado en los procesos electorales, sobre todo cuando se trata de la elección presidencial, no solamente a través de un excesivo y abrumador gasto en propaganda gubernamental, privilegiando a medios de comunicación dóciles; sino, incluso, mediante la descarada utilización de los programas públicos en favor del candidato del partido gobernante.

Esta práctica abusiva y antidemocrática quedó debidamente acreditada en la sentencia SUP-RAP 119/2010 de fecha 26 de agosto de 2010 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció de manera contundente que el titular del Poder Ejecutivo federal incurrió en delitos electorales al difundir en los medios de comunicación propaganda electoral no permitida durante el proceso electoral de 2009.

En la misma sentencia, el Tribunal Federal Electoral recomienda que se reforme el artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República pueda ser imputable por delitos electorales, al considerar que esta inmunidad presidencial es inadmisible en un régimen democrático.

Esta sentencia del órgano judicial en materia electoral constituye una evidencia documental de la máxima importancia que acredita de manera fehaciente el uso abusivo del gasto público para violentar las condiciones de equidad en las contiendas electorales, situación que no puede permitirse, bajo ninguna circunstancia, que vuelva a ocurrir en el próximo proceso electoral.

5. El papel de los medios de comunicación

Un factor más de riesgo, quizá el más preocupante, que debemos prevenir en el proceso electoral de 2012, es la actuación de los medios de comunicación, específicamente de las televisoras. Su desmesurada reacción frente a la reforma electoral 2007-2008 en materia de comunicación política evidenció de manera grosera su talante más antidemocrático, y permite avizorar la conducta que asumirán en el proceso electoral del 2012. Su inocultable malestar con esas reformas es un elemento que hace presagiar una estrategia orquestada de acciones que atenten contra los principios democráticos de libertad y equidad si las autoridades electorales no ejercen con oportunidad y firmeza sus atribuciones. Debemos actuar para que se eliminen de una vez por todas las prácticas fundadas en el cínico aserto de que es más redituable violar la ley que cumplirla.

Las condiciones sociales que se viven actualmente en el país y en el mundo son muy distintas a las que prevalecían en 2006. Hoy la sociedad mexicana no aceptaría de nueva cuenta una elección presidencial fraudulenta. Más nos vale tener presente que la paciencia de los ciudadanos tiene un límite y lo que ocurrió en 2006 en cuanto a la violación sistemática de las normas electorales en materia de propaganda electoral en contra de un candidato, puede convertirse en 2012 en un detonante social de irremediables consecuencias, si las autoridades electorales permiten que vuelva a presentarse.

Pero no es únicamente en la actuación del duopolio televisivo en donde se puede identificar un riesgo para las condiciones de equidad en el próximo proceso electoral sino también en la elevada concentración de las concesiones con que operan los medios de comunicación. Este elemento constituye también un factor de alto riesgo para la realización de elecciones libres y equitativas en 2012

Sobre este asunto se han emitido recomendaciones al gobierno de México tanto por parte del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue; como de la relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), doctora Catalina Botero.

En su informe del 19 de mayo de 2011, el relator especial de la ONU, Frank La Rue, formula las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:

a) Adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica; promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población.

b) Asegurar la existencia de medios públicos verdaderamente independientes del gobierno, con el objetivo de fomentar la diversidad y garantizar a la sociedad, entre otros, ciertos servicios educativos y culturales.

c) Crear un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radio comunicación comunitaria y con procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de las frecuencias.

d) Crear un órgano independiente del gobierno que regule la radio y la televisión.

e) Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.

Cabe señalar que hasta este momento el Estado mexicano no ha cumplido con ninguna de estas recomendaciones.

Por su parte, la relatora especial de la OEA, doctora Catalina Botero, señala en su informe del 7 de marzo de 2011, en la parte correspondiente a la concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación: “La relatoría observa que en México sigue existiendo una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas. La información entregada a la relatoría por el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República indica que más de 90 por ciento de las frecuencias de televisión se encuentran en manos de sólo dos empresas. La información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil coincide en señalar este alto grado de concentración. El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado también informó a la relatoría que con relación a la radio comercial, 76 por ciento del sector se encuentra en manos de 14 familias, y que 47.8 por ciento de las emisoras pertenecen a cuatro grandes cadenas”.

En sus recomendaciones finales, el informe de la doctora Botero, coincide con el de Frank La Rue, en el sentido de que el Estado mexicano modifique el marco normativo para garantizar la salvaguarda de la libertad de expresión y del pluralismo democrático.

Los informes de los relatores especiales para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, ponen de manifiesto el grave retraso que en este rubro prevalece en México y en los riegos que esto conlleva para nuestra democracia. En particular es muy grave la concentración del espectro radioeléctrico en unas cuantas empresas por la capacidad que les confiere para limitar la libertad de expresión y la democracia. Su poder de manipulación adquiere cada vez mayores alcances, especialmente en los segmentos de menor capacidad económica. Los grandes medios de comunicación electrónicos de carácter privado en México se encuentran en una posición de inusitado monopolio y privilegio, al grado de someter y subordinar a las autoridades formales a sus deseos e intereses. Esto es lo que explica que ninguna de las recomendaciones de los relatores especiales tengan visos de llevarse al orden jurídico nacional.

Por otro lado, es inocultable el hecho de los escasos medios de comunicación que se salen de los parámetros impuestos por el oligopolio, no sólo enfrentan cotidianamente las presiones y amenazas del poder público o de grupos de poder económico sino también de los grupos del crimen organizado, lo que prácticamente anula su función en la sociedad. En su informe, Frank La Rue también se refiere a esta circunstancia para señalar que en México existe un grave estado de violencia en contra de los periodistas y de los medios, como lo demuestran los 66 asesinatos de periodistas cometidos entre 2000 y 2010, además del constante hostigamiento y amenazas a que se ven sometidos muchos periodistas y medios de comunicación que se atreven a ventilar asuntos de corrupción, impunidad o tráfico de influencias.

6. La debilidad del Instituto Federal Electoral

Por último, no debemos pasar por alto un factor de importancia fundamental para el buen desarrollo del próximo proceso electoral, como es el papel que le corresponde al Instituto Federal Electoral (IFE). Para nadie es desconocido que este organismo no tiene actualmente la autoridad moral ni la fortaleza institucional necesarios para garantizar las condiciones óptimas de desarrollo del proceso electoral. En esta circunstancia mucho ha contribuido la demora de este órgano legislativo en la integración completa de su consejo general. Sin embargo, es necesario reconocer que no es atribuible a esta circunstancia todo el menoscabo institucional que actualmente padece este organismo. A ello han coadyuvado también sus decisiones erráticas que han puesto en evidencia compromisos ajenos a sus tareas constitucionales, o bien, han exhibido una preocupante inmadurez institucional.

Este órgano legislativo no puede ignorar las condiciones de vulnerabilidad institucional que presenta el Instituto Federal Electoral ante los retos que se vislumbran en el inminente proceso electoral. Por ello es necesario que de manera urgente esta Cámara resuelva, sin ningún sesgo partidista, la elección de los consejeros que faltan para la integración completa de su consejo general. Esta medida permitirá al Instituto Federal Electoral consolidar su estructura institucional impulsar sus procesos de toma de decisiones y, en general, fortalecer su actuación en el proceso electoral.

La omisión en que ha incurrido esta Cámara, al no haber llevado a cabo la elección de tres integrantes del consejo general, constituye no solamente una grave violación legal sino además un verdadero sabotaje a las funciones constitucionales de la autoridad responsable de la conducción del proceso electoral. Esta irresponsabilidad del órgano legislativo ha generado efectos negativos en el funcionamiento y en la imagen institucional del Instituto Federal Electoral que inevitablemente incidirán en su actuación durante el proceso electoral.

Por eso, antes que las consecuencias de este lamentable rejuego partidista que ha impedido la integración plena del consejo general le causen un daño irreversible al IFE y, consecuentemente, al proceso electoral, esta Cámara tiene la obligación constitucional y política de proceder a la elección inmediata de los tres consejeros electorales pendientes y, salvaguardar así el interés nacional que implica el normal desarrollo del proceso electoral que se avecina.

Los grupos parlamentarios mayoritarios deben asumir que es de tal importancia lo que está en juego en la elección de los consejeros electorales, que resultaría sumamente peligroso para el país anteponer sus intereses partidistas al interés nacional de fortalecer las instituciones democráticas. Un destacado especialista en el tema se refiere a este riesgo en los siguientes términos:

“Asumir los espacios del consejo general del IFE como un botín o como prebendas a las que los partidos tienen derecho constituye una grave distorsión del papel que en el diseño institucional del Estado está llamado a jugar el IFE. En primera instancia porque se mina gravemente la lógica de imparcialidad que debe caracterizar al árbitro electoral, misma que no resulta de la suma de parcialidades (pues ésta sólo genera más parcialidad); en segundo término, porque, sin esa imparcialidad, la confianza y certeza de las que depende que un proceso electoral llegue a buen puerto resultan imposibles de construir. En suma la tendencia a partidizar el órgano electoral es la mejor manera de descarrilar un proceso como el que ahora tiene todos los visos de ser complejo y conflictivo”.

El ciclo democrático vuelve a colocar a nuestro país en la antesala de una nueva elección presidencial. Estamos a pocos días de que inicie formalmente el proceso electoral federal que tiene como punto culminante la elección del presidente de la República para el periodo 2012-2018 en un entorno nacional de alto riesgo. Como lo hemos señalado en las motivaciones de esta propuesta, existen suficientes evidencias de que el proceso por iniciar enfrenta amenazas más graves aún que las que vivimos en el proceso electoral de 2006.

El coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria de esta Cámara ha expresado esta preocupación de manera elocuente en los siguientes términos que suscribimos puntualmente:

“El clima social de México es de honda preocupación, no sólo por la barbarie criminal, sino por la desigualdad, el aumento de la pobreza y del desempleo y el estancamiento de la economía, que va a resentir los efectos de la posible contracción económica, por nuestra marcada dependencia de Estados Unidos. La gran prioridad nacional es evitar que estos problemas deriven en la tormenta perfecta que nos lastimaría a todos y pondría en peligro la democracia”.

Esta representación nacional no puede mantenerse expectante ante este ominoso clima de riesgos y amenazas que enfrenta el proceso electoral que iniciará el próximo 7 de octubre. Estamos en el momento adecuado para tomar un acuerdo preventivo que le permita a este órgano legislativo contribuir de manera oportuna y eficaz a propiciar que el proceso electoral transcurra en condiciones que garanticen el pleno respeto a los principios y valores democráticos, sin menoscabo de las facultades constitucionales y legales de las autoridades y órganos electorales.

Para tal propósito, es necesario que este pleno acuerde la integración de una Comisión Especial que le dé un seguimiento puntual al desarrollo del proceso electoral federal y proponga al pleno las proposiciones, acuerdos o resoluciones que estime necesarios para propiciar las condiciones que garanticen el respeto a la equidad, la libertad y la autenticidad en la contienda electoral.

Por lo expuesto, someto al pleno de esta Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se crea una Comisión Especial para la vigilancia y seguimiento del proceso electoral federal 2011-2012 que tendrá como objetivo proponer con la oportunidad necesaria al pleno de esta Cámara las proposiciones, acuerdos o resoluciones que se consideren necesarios para garantizar los principios democráticos de libertad, autenticidad y equidad en el desarrollo del proceso electoral federal 2011-2012, con pleno respeto a las facultades constitucionales y legales de las autoridades y órganos electorales que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta comisión deberá someter al pleno de esta Cámara, previa aprobación por sus integrantes de la metodología correspondiente, informes mensuales, a partir de la fecha de su creación, en los que se hará referencia a las condiciones en las que se desarrolla el proceso electoral así como a las acciones realizadas por la comisión; y, un informe final, durante el mes de agosto de 2012, que contendrá una evaluación general del proceso y las conclusiones pertinentes, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en medios de comunicación nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2011.

Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)