Con punto de acuerdo, por el que se demanda al Ejecutivo federal que México reconozca al Estado palestino libre, independiente y soberano y vote en favor de su aceptación en la asamblea general de la ONU por celebrarse en septiembre, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, inciso 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 (II) por una votación de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, donde se aprobó el llamado “Plan de Partición de Palestina”, el cual contemplaba dividir ese territorio, asignando el 57 por ciento a un futuro Estado de Israel, y el 42 por ciento a un futuro Estado palestino. El 1 por ciento restante quedaría reservado a la ciudad de Jerusalén, la cual habría de gozar de un estatuto internacional.
2. El 15 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel y, días después, se inició la primera guerra árabe-israelí. Al término de esa guerra, Israel había ocupado 20,850 kilómetros cuadrados, o sea el 74.46 por ciento del total del territorio palestino.
3. El 5 de junio de 1967, se inició la “Guerra de los Seis Días”. Al término del conflicto Israel ocupó el 100 por ciento del territorio palestino (Cisjordania, la Franja de Gaza y la parte vieja de la ciudad de Jerusalén), además de la península del Sinaí, que pertenece a Egipto y un territorio sirio conocido como “Las Alturas del Golán”.
4. Como consecuencia de esta guerra, el 22 de noviembre de 1967, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 242, por medio de la cual exigió a Israel el retiro inmediato de los territorios palestinos ocupados.
5. Como resultado de la ocupación territorial israelí, cerca de 2 millones de palestinos se vieron obligados a trasladarse hacia Jordania, Líbano, Egipto y otros países, en calidad de refugiados.
6. A partir de la Guerra de 1967, el Estado de Israel inició una ilegal y gigantesca política de construcción de asentamientos en tierras pertenecientes a la población palestina, con la consecuente destrucción de sus propiedades y una mayor expulsión de familias y pueblos enteros.
7. De acuerdo con un informe sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, presentado por el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos el 15 de marzo de 2000, Israel había expropiado, desde 1967 y con diversa intensidad, tierras para uso público, semipúblico y privado —cerca del 60 por ciento de la ribera occidental o Cisjordania, el 33 por ciento de la faja de Gaza y aproximadamente el 33 por ciento de Jerusalén— ,con la finalidad de crear muros que dividen a ambos pueblos, zonas militares israelíes, asentamientos, zonas industriales, construir carreteras de circunvalación y canteras y mantener “tierras del Estado” para uso exclusivo israelí.
8. Parte integrante de la política de expropiación de los territorios palestinos ha sido, y es hasta la actualidad, el establecimiento de asentamientos israelíes en los cuales no pueden vivir los palestinos. Hasta el año 2000, Israel mantenía 19 asentamientos en la Franja de Gaza, 158 en la ribera occidental o Cisjordania y al menos 16 en la ciudad de Jerusalén ocupada.
9. Desde que la Asamblea General de la ONU decidió la partición de Palestina, en 1947, han transcurrido 64 años en los que el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, organismos internacionales de derechos humanos y las más diversas agencias y comités de la ONU han emitido cientos de resoluciones condenando la política del Estado de Israel y han exigido el respeto a los inalienables derechos del pueblo palestino.
10. Durante todo este largo periodo ha habido dos levantamientos del pueblo palestino que viven bajo ocupación militar israelí, mejor conocidas como “intifadas”, y sólo ha logrado que el Estado de Israel permitiera en la ciudad de Ramallah, el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina en 1994, como fruto de los Acuerdos de Oslo, la cual gobierna mediante una especie de autonomía restringida, la Franja de Gaza y la pequeña parte de Cisjordania que aún no ha sido expropiada por parte de Israel.
11. Han sido más de 60 años en los que han desfilado innumerables misiones y comisiones de paz. Asimismo, ha habido intentos de negociación entre ambas partes, en Camp David, Oslo, la hoja de ruta de la Unión Europea, y de diversos mandatarios de todo el mundo, así como reuniones diplomáticas para alcanzar la paz, pero sin mayores resultados.
12. Durante 2010, después de una moratoria, el actual gobierno de Israel determinó reiniciar su política de nuevos asentamiento y colonización, lo cual provocó que la Autoridad Nacional Palestina se retirara de las mesas de negociación con Israel.
13. Este año, la Autoridad Nacional Palestina ha tomado la decisión de presentar ante la Asamblea General de la ONU, a partir del 20 de septiembre de 2011, un proyecto de resolución por medio de la cual solicitará su ingreso a la Organización de las Naciones Unidas como un Estado palestino libre, independiente y soberano, con las fronteras delimitadas por los territorios palestinos que fueron ocupados por Israel durante la Guerra de 1967.
14. México es un país amante de la paz y guía su política exterior, conforme a lo dispuesto por la fracción X del artículo 89 de la Constitución General de la República, por los principios de autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
15. Atento a tales principios y siendo un acto de elemental congruencia y justicia histórica internacional, México debe reconocer al Estado Palestino libre, independiente y soberano, con las fronteras delimitadas por las resoluciones de la ONU desde 1967 y, consecuentemente, debe votar favorablemente cuando se trate el tema de su aceptación como miembro de pleno derecho, en la Asamblea General de la ONU.
16. Los integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados estamos plenamente convencidos que recurrir a los mecanismos pacíficos que establece la Organización de Naciones Unidas, su carta fundacional y las diversas resoluciones adoptadas por su órganos, no constituye, bajo ningún concepto, un acto de hostilidad o agresión contra ningún gobierno o estado y, menos aún, contra el estado de Israel.
17. En todo caso, México deberá mantener una política exterior que permita la coexistencia pacífica de los dos estados, Israel y Palestina, dentro de fronteras seguras y mutuamente reconocidas.
Por lo antes expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión demanda al Ejecutivo federal reconocer al Estado palestino libre, independiente y soberano, con las fronteras delimitadas por las resoluciones de la ONU desde 1967 y establecer plenas relaciones diplomáticas con dicho Estado, así como elevar al rango de embajada a la misión diplomática mexicana que hoy existe en Ramalah, sede de la Autoridad Nacional Palestina.
Segundo. Asimismo, demanda que la Misión Permanente de México ante la ONU vote a favor de la incorporación a ese organismo internacional con plenos derechos del Estado palestino libre, independiente y soberano, durante los trabajos que habrá de realizarse durante la Asamblea General en septiembre de 2011.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2011.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar de manera exhaustiva por el órgano competente los municipios y las localidades comprendidos en la declaratoria de zonas de atención prioritaria, con objeto de incluir todos los que, conforme al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentan pobreza, rezagos, carencias, marginación y falta de oportunidades, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, numeral 2; y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, diputado federal por el estado de Sonora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La pobreza se ha constituido como un fenómeno complejo y multidimensional, por lo que ha sido objeto de diversos estudios, múltiples definiciones y formas de medición. Diversos autores la definen como privación material, medida mediante el ingreso o el consumo del individuo o la familia. En este caso se habla de pobreza extrema o pobreza absoluta como la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de alimentación básicas. Estas necesidades se suelen expresar en términos de requerimientos calóricos mínimos. Adicionalmente, existe la definición de pobreza general o relativa, entendida como la falta de ingreso necesario para satisfacer tanto las necesidades alimentarias básicas como las necesidades no alimentarias básicas, tales como vestido, energía y vivienda.
Otros autores indican que la pobreza alude a las carencias o limitaciones para satisfacer las necesidades de una población, a través de un conjunto de bienes y servicios mínimos deseables para la vida digna y que permiten alcanzar un nivel mínimo de bienestar en una región determinada.
En septiembre de 2000 tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, la Cumbre del Milenio; en la que representantes de 189 estados recordaban los compromisos adquiridos en los años noventa y firmaron la Declaración del Milenio, 1 en la que se incluyeron ocho objetivos, entre los que destacaba el de erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo.
Por su parte, en México, la fracción I del artículo 14 de la Ley de General de Desarrollo Social establece que la política nacional de desarrollo social debe incluir entre sus vertientes la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación.
Es así que el Ejecutivo federal en su estrategia para avanzar en la transformación de México incluye en su Plan Nacional de Desarrollo 2 2007-2012 cinco ejes rectores: 1) Estado de Derecho y Seguridad; 2) Economía Competitiva y Generadora de Empleos; 3) Igualdad de Oportunidades; 4) Sustentabilidad Ambiental; y 5) Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable.
De acuerdo con este plan, el eje 3, relativo a la igualdad de oportunidades, sostiene que la finalidad de la política social de esta administración es lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos. De igual manera, reconoce que en el país hay una enorme deuda con los mexicanos que viven en condiciones de pobreza y marginación; atenderlos es prioridad de este gobierno.
Asimismo, se establece que para medir la pobreza en México, el gobierno identifica tres tipos de pobreza de acuerdo con el nivel de ingresos, la educación, el acceso a servicios básicos y de salud, la alimentación y la vivienda de la población. Estos tipos son los siguientes:
1) Pobreza alimentaria: Es en la que se encuentra la población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para adquirir una alimentación mínimamente aceptable.
2) Pobreza de capacidades: Es en la que se encuentra la población que, si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, cuenta con un ingreso per cápita insuficiente para realizar las inversiones mínimamente aceptables en la educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar.
3) Pobreza patrimonial: En la que se encuentra la población que, si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, cuenta con un ingreso per cápita que no le es suficiente para adquirir mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar.
Por lo anterior, el gobierno, a fin de superar la pobreza, estableció tres objetivos principales en el tema, los cuales se señalan a continuación:
Objetivo 1. Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza mediante el establecimiento de políticas públicas que cambien el enfoque asistencialista existente a uno de enseñanza, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.
Objetivo 2. Apoyar a la población más pobre para elevar sus ingresos y mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos.
Objetivo 3. Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.
En congruencia con lo anterior, conscientes de la alta responsabilidad que los Diputados tienen en la aprobación del presupuesto del país y a fin de coadyuvar con la política social del Ejecutivo Federal, año con año han aprobado cuantiosos recursos para los programas destinados al combate a la pobreza y el desarrollo social. 3
Lamentablemente, pese a los aumentos en el presupuestos en este rubro, los resultados de estos programas han sido nulos; así lo demuestran los estudios presentados por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).En esta tesitura, el informe más reciente del Consejo indica que la población que vive en pobreza en México se incrementó en 3.2 millones de personas, al pasar de 48.8 millones de mexicanos en 2008 a 52 millones en 2010, lo que representa cerca de la mitad de la población del país.
Las causas de estos resultados son diversas, sobresaliendo entre éstas, la marcada ineficiencia y corrupción con que se conducen los funcionarios encargados de operar los programas de combate a la pobreza, de lo cual hay constancia en esta Cámara de Diputados. 4
Por otra parte, el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social establece que se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza o marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Coneval que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la política social.
Asimismo, el artículo 30 de la misma ley señala que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, 5 revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de pobreza que emita el Consejo e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La declaratoria de zonas de atención prioritaria es fundamental para el combate a la pobreza porque de acuerdo con el artículo 31 de la misma ley, se establece que dicha declaratoria tiene los siguientes efectos: 1) asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios; 2) establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo; 3) generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales; y 4) desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el goce y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
En este sentido, y en cumplimiento con la ley, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para 2011. En dicho documento se consideran zonas de atención prioritaria rurales a 1,251 municipios con muy alta y alta marginación (365 y 886 respectivamente), que se encuentran en 26 estados y registran una población de 17 millones de habitantes; y, a 32 regiones que incluyen 365 municipios de muy alta marginación y 455 de alta marginación, que registran un total de 9.1 millones de habitantes.
Asimismo, se consideran zonas de atención prioritaria urbana a 2,106 localidades urbanas cuya población registra índices de pobreza y marginación. Ante estos resultados y en atención a las diversas solicitudes de localidades del país que se encuentran en igualdad de carencias y marginación que aquéllas que ya se encuentran en la declaratoria de zonas de atención prioritaria, y por lo anteriormente expuesto y fundado, acudo a este Honorable Pleno para presentar y solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar a través del órgano competente una revisión exhaustiva de los municipios y localidades comprendidos en la declaratoria de zonas de atención prioritaria, con el objetivo de incluir todas aquellas localidades, que conforme al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, sufren pobreza, presentan rezagos, carencias, marginación y falta de oportunidades.
Notas
1 Los títulos de los ocho objetivos son: I. Valores y Principios; II. La paz la seguridad y el desarme; III. El desarrollo y la erradicación de la pobreza; IV. La protección de nuestro entorno común; V. Derechos humanos, democracia y buen gobierno; VI. Protección de las personas vulnerables; VII. Atención a las necesidades especiales de África; VIII. Fortalecimiento de las Naciones Unidas. Fuente: http://www.un.org/spanish/milenio/ Consultado el 1 de septiembre de 2011.
2 Disponible en http://pnd.presidencia.gob.mx/
3 Algunos de los programas que concentra la Secretaría de Desarrollo Social son Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, De 70 y más, Hábitat, Empleo Temporal, para el Desarrollo de las Zonas Prioritarias, Rescate de Espacios Públicos, Atención a Jornaleros, entre otros.
4 Véase el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009.
5 La Secretaría de Desarrollo Social deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el listado de las zonas de atención prioritaria, a fin de que se presente a la Cámara de Diputados, junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal respectivo, para los efectos del artículo 30 de la ley. Artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2011.
Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al procurador general de Justicia, al secretario de la Contraloría y al Congreso del estado de México a investigar y proceder contra las personas que resulten responsables de los presuntos actos de ineficiencia y corrupción en la policía de Nezahualcóyotl, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador, al procurador general de Justicia, al secretario de la Contraloría y al Congreso del estado de México a investigar y proceder contra las personas que resulten responsables de los presuntos actos de ineficiencia y corrupción en la policía de Nezahualcóyotl, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente
Exposición de Motivos
Nezahualcóyotl es uno de los municipios más poblados del estado de México: cuenta con una población de 1.2 millones de personas, lo cual representa 7 por ciento de la población del Estado. 1
Al municipio, la federación otorgó para este ejercicio fiscal un presupuesto en materia de seguridad pública de 40 millones de pesos aproximadamente. 2
La Dirección General de Seguridad Pública del municipio cuenta con mil 500 elementos a su disposición, lo que significa 1 policía por cada 800 habitantes, lo cual no cumple las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas: al menos 4 policías por cada mil habitantes.
La falta de atención de las autoridades en el tema de seguridad, y la corrupción que impera en la Dirección General de Seguridad Pública del municipio han propiciado que éste sea considerado uno de los más inseguros de la república.
Es bien sabido que el estado de México es la entidad más insegura del país. Nezahualcóyotl aporta gran cantidad de delitos a la estadística delictiva del estado, pues ahí se comente la mayoría de robos simples, secuestros, lesiones y robos de vehículos, entre otros.
El problema de inseguridad del cual es objeto más de 1 millón de habitantes del municipio citado tiene de fondo la severa crisis en su policía, pues se presumen los siguientes hechos:
• El subdirector de la policía solicita sumas de dinero para mejorar la situación laboral de los elementos policiacos, con el conocimiento del director Víctor Torres Moreno. Las sumas van de 30 mil a 80 mil pesos, que son obtenidos mediante la extorsión a los ciudadanos por medio de las mordidas.
• El director da pie a estos actos de corrupción, pues se asegura que de las 40 patrullas nuevas que recibieron en días pasados, dicho jefe policiaco a través de sus hombres de confianza (subdirectores) exige 5 mil pesos a quien desee contar con una nueva patrulla, además de los famosos entres, que son de 2 mil pesos semanales por cada comandante y de 300 por elemento en patrulla o moto.
Lo anterior evidencia el grave daño en la estructura de la policía de Nezahualcóyotl, donde se puede presumir que la política pública en materia de seguridad del municipio es mantener secuestrados a los habitantes en un clima de extorsiones e impunidad. Tal parece que los ciudadanos son considerados un gran mercado cautivo, cuyo monopolio está en manos de las autoridades, que diseñan la cantidad y el monto de los “entres”.
El problema es tan agudo que se presume la protección de las autoridades del municipio a bandas del crimen organizado. Basta conocer la averiguación previa abierta por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada PGR/NEZA-I/1182A/2011, que señala al asesor del alcalde y secretario técnico del ayuntamiento Jorge Cisneros Ruiz como presunto integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana y presunto culpable de extorsión, secuestro, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Ante tal hecho, el silencio de las autoridades fue evidente.
Pero si lo anterior es escandaloso, los hechos en que últimamente han participado las autoridades policiales del municipio no pueden pasarse por alto. Se tiene conocimiento de que las instalaciones que deberían destinarse a proteger y servir a los ciudadanos son refugio de delincuentes. Tal es el caso del helipuerto del gobierno del municipio, en el cual el 1 de junio llegó a refugiarse una banda de policías, luego de que eran perseguidos por efectivos de la delegación Gustavo A Madero por estar involucrados en el robo a una casa habitación en la colonia Cuchilla del Tesoro, Distrito Federal.
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se trataba de tres policías adscritos a la Procuraduría del estado de México, un policía federal, un auxiliar y uno de tránsito, que fueron a refugiarse directamente al helipuerto del gobierno de Nezahualcóyotl, el cual era resguardado por la policía municipal, a cargo de los comandantes Arturo Rodríguez y Guillermo Villafuerte Loera.
Y por segunda ocasión, en menos de un año, las autoridades municipales guardaron silencio.
No es posible que la impunidad, tolerancia, corrupción, prepotencia e indiferencia frente a las necesidades más sensibles de más de 1 millón de ciudadanos sigan imperando en las prácticas de un cuerpo policiaco secuestrado por mandos que velan por intereses mezquinos y alejados del bien común.
Dichas autoridades, además de todo lo anterior, han separado de sus plazas a policías de larga trayectoria sin fundamento. El único error de dichos trabajadores es no secundar los actos de corrupción que les ordenaron sus mandos. Ellos, al encontrarse ante un gobierno municipal y uno estatal que les cierran las puertas y no los escuchan, acuden a esta soberanía con la esperanza de encontrar una puerta abierta que atienda sus demandas y las de los ciudadanos de Nezahualcóyotl, que sufren todos los días delitos que generalmente quedan impunes.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobernador, al procurador general de Justicia, al secretario de la Contraloría y al Congreso del estado de México a investigar y proceder contra las personas que resulten responsables de los presuntos actos de ineficiencia y corrupción en la policía de Nezahualcóyotl.
Notas
1 Inegi, Censo de Población y Vivienda de 2010.
2 Información de la Tesorería Municipal de Nezahualcóyotl.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2011.
Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la detención de usuarios de redes sociales en Veracruz, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 25 de agosto de 2011 se difundieron a través de las redes sociales posibles ataques de bandas del crimen organizado en contra de una escuela en el Puerto de Veracruz. Ese día fueron detenidos la periodista María de Jesús Robles Pagola y el maestro Gilberto Martínez Vera luego que la policía identificara sus cuentas en las redes sociales.
La Procuraduría de Justicia del estado señaló en un comunicado que los detenidos “tenían la intención de provocar perturbaciones en la vida social, económica y educativa del estado”, así como “reacciones de angustia y temor entre los padres”. Ésta acusación fue confirmada con la decisión tomada el 31 de agosto por la jueza penal Beatriz Hernández al dictar el auto de formal prisión por los delitos de terrorismo y sabotaje, con el criterio que María de Jesús Robles Pagola y Gilberto Martínez Vera que produjeron “alarma, temor y terror, contra la población del puerto de Veracruz al difundir mensajes a través del twiter, que alertaban que grupos armados atacarían escuelas en la zona de Boca de Río.
Esta detención se da a unas semanas después del asesinato de tres periodistas en la misma entidad y donde ha sido evidente la incapacidad del gobierno del estado para salvaguardar la integridad física para quienes ejercen el periodismo en el estado.
Dicha media ha sido rechazada por organismos internacionales en la defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Article 19, usuarios de redes sociales y periodistas. Todos ellos coinciden que se trata de un atentado a la libertad de expresión y violatoria a los derechos humanos, ya que resulta irrazonable equiparar la desinformación con el terrorismo.
Si bien es cierto que el derecho a la libertad de expresión tiene límites, también lo es que ni la Constitución, ni los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encuentra el de difundir de información falsa o sin confirmar.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo exhorta al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, para que en el ámbito de sus atribuciones garantice los derechos del debido proceso de los ciudadanos María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera, e investigue las denuncias de los detenidos sobre maltrato y coerción, así como la negación al acceso de abogados de su elección durante su detención y juicio por parte de las autoridades ministerial y judicial.
Dado en el Palacio de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2011.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover un gran acuerdo nacional contra la pobreza que sufren millones de mexicanos, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normatividad aplicable, sometemos a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
Entre los elementos indispensables para tener una vida digna, se encuentran disponer de agua, alimentos, desarrollo de capacidades, ingresos y vivienda. El desarrollo de capacidades es el factor más limitante, porque la escolaridad de nuestra gente es muy baja, especialmente entre los productores del campo, cuya edad supera los 55 años en 75 por ciento de los casos.
De acuerdo con datos del INEA, más de 33 millones de mexicanos mayores de 15 años, no tienen la escolaridad mínima para sobrevivir dignamente, debido a que están en el supuesto de no saber leer o escribir, no haber terminado la primaria o la secundaria.
Esto explica en gran medida, la existencia de 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria; 26 millones en pobreza de capacidades; la existencia de 19 millones de personas que viven con menos de 57 pesos diarios, de los cuales 11 millones no tienen ingresos.
Pero también, explica por qué en más de 22,000 ejidos de los 31,584 existentes, los jóvenes ya no se están integrando a trabajar en el campo, y que más de 7 millones de jóvenes hoy no estudian ni trabajan, y son presa fácil de la delincuencia. Según la Encuesta Nacional de Discriminación (2011) 90 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 19 años expresaron que su mayor preocupación es no tener ingresos.
La baja escolaridad de los productores, la desvinculación del sistema educativo de los problemas y necesidades reales de la gente, combinado con la ausencia de servicios técnicos, es la fórmula perfecta para que los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población se pierdan o no tengan mayores impactos como ocurre actualmente en programas de apoyo masivo como Procampo y Oportunidades. Y también es lo más efectivo para acentuar la pobreza en la que se encuentran amplios sectores poblacionales.
Esta situación se ve agravada porque al atender a los pobres, los apoyos materiales, generalmente insuficientes y dispersos, prevalecen sobre los apoyos intelectuales, y por ello, el impacto logrado es reducido o nulo.
Un programa de apoyo sin capacitación y asesoría técnica es inconcebible, si de verdad se quiere promover el desarrollo.
En este sentido, la asesoría técnica representa 32 por ciento del éxito de los proyectos; un asesor aporta 21 por ciento de nuevo conocimiento pero los encuentros entre productores, promovidos por los técnicos, son responsables de 50 por ciento de éste.
Un asesor técnico cumple la función de motivar a productores que tengan interés de mejorar sus condiciones productivas, orientar para hacer mejor lo que hacen y aprovechar mejor lo que tienen y vigilar la aplicación de los recursos ejecutando los proyectos o acciones respectivas.
Sin embargo, las áreas financieras se oponen a apoyar la capacitación y la asesoría, porque representa la creación de plazas. Este servicio técnico cuesta en promedio 10 por ciento del monto total de un programa o proyecto, pero es el responsable del correcto uso del 90 por ciento restante. Lo deseable es que se agregue ese 10 por ciento a los programas pero si no, del mismo monto, se especifique que esa proporción se destine a este fin.
Tener programas de apoyo con servicios técnicos como capacitación y asesoría, es lo más deseable. También se debe promover la vinculación entre las instituciones de educación e investigación agrícola superior que cuentan con un gran potencial de capital humano de gran creatividad para atender las necesidades prioritarias de acompañamiento productivo en el campo.
Se trata de crear un círculo virtuoso que permita ayudar a los actores productivos en la región de influencia de las instituciones, formar profesionistas más vinculados a la problemática de los productores atendiendo las necesidades más sentidas, enriquecer el contenido curricular con información directa y actualizada de cada sector y promover la obtención de recursos propios para las instituciones, su personal académico e investigadores.
La capacitación es fundamental para el desarrollo de habilidades de las personas, y la asesoría es la orientación técnica y vigilancia indispensable para la ejecución de los proyectos y el logro de su mayor impacto.
Mientras más presupuesto se destina a la pobreza, más pobres hay, porque la mayoría de los programas masivos tienen una orientación asistencial, con apoyos materiales dispersos, poco integrados y que atienden efectos más que causas.
Se estima que por falta de actualización de los paquetes tecnológicos y asesoría técnica se pierden más de 18,000 millones de pesos en insumos adicionales innecesarios, en movimiento innecesario de la tierra durante su preparación, variedades inadecuadas, desperdicio de agua en el riego y pérdidas en post-cosecha. Tan sólo las pérdidas generadas en los granos almacenados para la alimentación de las familias alcanzan hasta 30 por ciento. La pérdida de agua, suelo, vegetación y fauna, aunado a la contaminación ambiental creciente, son problemas que no podemos dejar de atender.
La falta de una vinculación real ha impedido la especialización productiva de comunidades y regiones, el desarrollo de cadenas productivas y de suministro, la atención a la seguridad alimentaria que afecta a más de 20 millones de mexicanos y ha consentido el incremento cada vez mayor de importaciones alimentarias que ya superan 54 por ciento de las necesidades nacionales y le cuestan al país más de 19, 000 millones de pesos anuales.
Esta falta de vinculación también ha provocado que no se cuente con planes de desarrollo ejidal, comunal y comunitario; desconocimiento del mercado y la ausencia notable de innovaciones productivas, que no se cuente con estudios de costos de producción, estudios de balances producción – consumo a nivel local o que se desconozcan los tamaños mínimos rentables de las unidades productivas.
En otros países los programas de vinculación que existen ya permiten una integración entre los sectores universitarios o de enseñanza superior, y el aparato productivo, dicho sistema ha permitido generar un efecto multiplicador que se traduce en un incremento de la capacidad productiva del sector.
La capacitación en el medio rural es un elemento que aún no ha logrado permear completamente a éste, ello dificulta la posibilidad de implementar mejoras en los procesos de producción y que la mayoría de intentos de diversificación productiva sean sólo eso o que tarden mucho tiempo para tener éxito.
En este sentido, la política social es el elemento más importante de un estado para hacer frente a la problemática de atender a los grupos sociales que se encuentran en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.
Existen diversas y amplias conceptualizaciones para especificar a la política social, sin embargo, desde nuestra perspectiva, se puede definir como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad.
Otros especialistas en el tema, como Concepción Ceja Mena, definen a la Política Social como “la forma que por medio de estrategias y políticas concretas tiene el estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad e integración social, la política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad”.
En este contexto, existen componentes que son fundamentales y prioritarios para cumplir con los diferentes objetivos planteados en las estrategias de desarrollo social, sin embargo, es fundamental identificar las carencias y deficiencias de la implementación de los programas gubernamentales.
En la cuestión alimentaria, el gobierno federal, como respuesta para atender el problema ha creado programas de carácter asistencial, que si bien han coadyuvado a la solución del problema, también se debe reconocer que han retardado el desarrollo de las familias.
La política social, sus programas y estrategias, deben ir acompañadas y complementadas con acciones que tengan por objeto dotar de herramientas suficientes a los beneficiarios a fin de hacerlos autosuficientes y responsables de la labor de generar una producción, la cual les permita contar con un ingreso.
La suma de estos esfuerzos, permitirá en el corto y mediano plazo, disminuir la dependencia alimentaria del exterior ya que estos núcleos sociales serán las piedras angulares del desarrollo del aparato productivo nacional, ya que en conjunto, la producción social puede ser el detonante de la economía nacional.
De igual forma, es fundamental fomentar el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos productivos, retomando aquellas experiencias que han brindado buenos resultados. Deben ser proyectos con una alta viabilidad, con resultados comprobables y de fácil repetición, lo cual permitirá contar con una amplia gama de posibilidades para que los beneficiarios de los programas sociales, a la par de los apoyos, puedan desempeñar una actividad productiva que les genere un ingreso.
Por otra parte, la planificación para el desarrollo es una de las herramientas más importantes para lograr el desarrollo económico, para lo cual es fundamental considerar las problemáticas particulares, no sólo de las regiones, también de los estados y municipios, quienes, conocen de primera mano las afectaciones, razón por la cual, cuentan con los elementos suficientes para realizar propuestas, que deben ser plasmadas en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, en necesario contar con mecanismos complementarios de apoyo que permitan a los grupos en situación de pobreza, poder acceder a mejores condiciones de vida mediante la puesta en marcha de pequeños negocios, negocios familiares o comunitarios, para lo cual es imperativo otorgar recursos para el financiamiento de estas acciones.
La política social debe cumplir con el principio de integralidad, a fin de que se genere un mayor impacto en la sociedad, es por ello que no debemos dejar al margen componentes vinculados con la provisión de alimentos, ya que más de 20 millones de mexicanos presentan pobreza alimentaria.
En razón de lo anterior, es imperativo considerar como parte de la política social la soberanía y la seguridad alimentaria, primordialmente de aquellos sectores sociales en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad.
No tener para comer es la preocupación de miles de millones actualmente en el mundo. Según estimaciones de Mohamed Yunus, el banquero de los pobres, más de 3000 millones de seres humanos viven hoy con menos de dos dólares diarios, pero de ellos más de mil millones lo hacen con menos de un dólar.
Las diferencias entre ricos y pobres en el mundo son abismales. 40 por ciento de la población concentra 94 por ciento de los ingresos mundiales y 60 por ciento sólo le corresponde 6 por ciento. El problema es que cada vez los pobres, los que no obtienen ni siquiera un dólar diario, son más conscientes de esta situación.
En México hay mas de 54 millones de pobres, 20 millones se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria, 28 millones de mexicanos tiene problemas para adquirir una canasta básica y más de 40 millones tienen algún grado de desnutrición.
Contrariamente la obesidad y el sobrepeso afectan a 70 por ciento de los mayores de 15 años y según cifras oficiales, este problema le cuesta al país en su sistema médico más de 40,000 millones de pesos anualmente.
Vemos con preocupación el incremento continuo de las importaciones alimentarias en perjuicio de la planta productiva nacional, el empleo y el ingreso de los mexicanos.
La importación de alimentos supera el 54 por ciento del consumo nacional; 33 por ciento de las necesidades de maíz con más de 9 millones de toneladas; 65 por ciento de trigo; 75 por ciento de arroz y 95 por ciento de soya. De 2008 a la fecha la importación de carne de bovino aumentó 440 por ciento; la de aves 280 por ciento; de cerdo 210 por ciento; de huevo 50 por ciento; 85 por ciento maíz; 44 por ciento sorgo.
Recientemente debido a las sequias de Rusia, Brasil y Argentina, a las inundaciones en Australia, al uso de granos en la elaboración de biocombustibles, al incremento del consumo de carne y leche en India y China, al incremento de los precios de los combustibles, y a las heladas en Sinaloa y Sonora, el precio de los alimentos se ha elevado considerablemente.
No hay reservas nacionales suficientes para hacer frente a contingencias de gran magnitud como la actual, pues se carece de un plan estratégico para la producción y abasto de alimentos.
Se esperan incrementos importantes en la tortilla y el pan, en verduras y frutas. El abasto ha quedado sujeto a mecanismos e intereses comerciales, la cadena maíz-tortilla esta fracturada, no hay fórmulas de transferencia social y de apoyo a quienes más necesitan de mecanismos compensatorios y los indicadores nutricionales y de calidad del producto de tortilla son dispares.
En 2010 el precio del maíz se incrementó 45 por ciento respecto al año anterior, y presenta una tendencia alcista mayor en el 2011, como resultado de los siniestros en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. El precio de la tortilla se incrementó en más de 400 por ciento entre 2000 y 2010.
Si se suman los incrementos a gasolinas y electricidad el impacto será aún más negativo.
Los inventarios mundiales también están decaídos y la adquisición de granos y alimentos se encarecerá y consumirá divisas importantes para otros programas.
La seguridad alimentaria se logra cuando los pueblos producen al menos 75 por ciento de sus necesidades; la soberanía se logra cuando se produce al menos 70 por ciento.
Con una debida planeación, es posible revertir el problema de la seguridad y la soberanía alimentaria en no más de 18 años, destinando para ello entre 6 y 10 por ciento del presupuesto de Oportunidades, Procampo y fortaleciendo el Programa Especial de Seguridad Alimentaria PESA–FAO-Sagarpa, uno de los mejores instrumentos que se disponen hoy para resolver el problema alimentario, pero que aún no tiene la importancia que requiere.
Lo anterior requiere de manera prioritaria y urgente:
Fomentar la organización y establecer de manera prioritaria acciones de capacitación y asesoría técnica y financiamiento para la seguridad alimentaria.
Incrementar y ejecutar los presupuestos con mejores estrategias de producción agroalimentaria, privilegiando el abasto local.
Crear y fortalecer los mecanismos de información sobre seguridad y soberanía alimentaria, para evitar la especulación.
Impulsar la autoproducción para la seguridad alimentaria en una gran proporción de los 5.5 millones de familias más pobres en la zona rural y urbana.
Fomentar el desarrollo de cadenas productivas y de suministro alimentario, impulsando de manera especial, debido a la situación crítica, la producción agropecuaria y acuícola bajo contrato, principalmente de maíz blanco , leche y frijol.
Vigilar la atención de las necesidades alimentarias y el acceso a la canasta básica familiar, revisar los costos de producción y los precios de venta, así como pesos y medidas.
Promover el conocimiento, conservación, rescate y mejoramiento de las opciones alimenticias regionales.
Promover la elaboración de los balances producción-consumo alimentario municipales y fortalecer la producción y abasto comunitario.
Revisar el marco legal agroalimentario y promover la sustitución de importaciones y el fortalecimiento de la planta productiva nacional agroalimentaria.
Identificación, desarrollo, tipificación y difusión de modelos productivos exitosos para la transferencia de tecnología sobre seguridad alimentaria.
Impulsar el Programa Nacional de Parcelas Escolares para la Seguridad Alimentaria.
En razón de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a promover un gran acuerdo nacional contra la pobreza que sufren 54 millones de mexicanos, dando prioridad a atender la seguridad alimentaria, la sustitución de importaciones alimentarias, el abasto, tratamiento y reutilización del agua; el rezago educativo, la capacitación y asesoría técnica, el desarrollo de capacidades; los apoyos para el empleo y autoempleo y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2011.
Diputados: Gerardo Sánchez García, Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Ignacio Pichardo Lechuga.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse con los gobiernos de Jalisco, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta para apoyar a la población afectada por el alto oleaje, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción I, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El litoral del Pacífico mexicano es reconocido internacionalmente por la belleza de sus playas, su riqueza biológica y sus pintorescos poblados. En él destaca la región de Costalegre, Jalisco, que comprende Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.
Dados su potencial turístico y su riqueza biológica, el 5 de diciembre de 1990 fue declarada como zona de desarrollo turístico prioritario por el gobierno federal. 1
En la actualidad, Costalegre se ha posicionado por el atractivo especial “que le otorgan sus playas de tranquilidad incomparable poco exploradas, vegetación extraordinaria, espectaculares acantilados, caletas de suave oleaje, misteriosos manglares y extensas zonas de selva tropical. Lugar prodigio para el cultivo, y hogar de gran variedad de flora y fauna”, 2 atributos que han impulsado el desarrollo sustentable en la región.
Este corredor turístico ecológico contiene elementos que captan el interés de los turistas nacionales e internacionales y cuenta con una ubicación estratégica entre grandes centros turísticos –Guadalajara y Puerto Vallarta–, lo que impulsa el desarrollo regional.
El turismo ha permitido mejorar la calidad de vida de los más de 350 mil habitantes de la región, ya que a través de la apertura de restaurantes, hoteles y otras empresas vinculadas directa e indirectamente a la industria se absorbe a un importante sector de la población.
Así, por ejemplo, como una mera aproximación al peso del turismo en la actividad económica de estos municipios, podemos observar la proporción de la población ocupada en el sector servicios: 23.9 por ciento en Tomatlán, 31.9 en La Huerta, 38.2 en Cabo Corrientes, 41.7 en Cihuatlán y 59.3 en Puerto Vallarta. 3
El turismo genera una red de actividades que implica desde gasolineras, producción y distribución de alimentos y bebidas hasta pesca, entre otras, por lo que una afectación del sector puede tener repercusiones graves en la economía de las regiones, y eso ocurre actualmente en la costa de Jalisco.
Durante la primera semana de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional alertó por la presencia de fuerte oleaje en varios estados del Pacífico mexicano y exhortó a la población a tener precaución ante las marejadas que se presentan en zonas de playas de la franja costera; sugirió atender las indicaciones del personal de protección civil para evitar algún siniestro y no ingresar en el mar mientras se mantuvieran esas condiciones.
Asimismo, se recomendó a los prestadores de servicios turísticos situados en las playas retirar el mobiliario y equipo, así como proteger los establecimientos con barreras tales como sacos de arena. Por otro lado, se instó a los pescadores de embarcaciones menores a evitar salir a alta mar para no poner en riesgo su vida.
Pese a las recomendaciones, los efectos del alto oleaje han ocasionado grandes pérdidas económicas a los prestadores de servicios turísticos y actividades conexas de las costas de Jalisco, así como daños a su infraestructura y mobiliario, lo cual imposibilita realizar sus actividades.
En el caso concreto de Barra de Navidad, las marejadas destruyeron y colapsaron el malecón panorámico, y casetas de policía y de vigilancia, así como establecimientos de hospedaje y alimentos y de otros servicios turísticos, reduciendo el flujo de visitantes e impidiendo que se disfrute de la riqueza natural, de la diversión y de la seguridad que ofrece la región.
Los prestadores de servicios turísticos, particularmente los de playa en Costalegre, se encuentran preocupados por los efectos negativos que en su economía han dejado las marejadas al destruir el patrimonio de sus familias y dejar sin empleo a miles de jaliscienses que requieren apoyo urgente de los tres órdenes de gobierno.
Lamentablemente, hasta el momento la población afectada en Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta no han recibido apoyo de parte de las autoridades gubernamentales para amortiguar y revertir la afectación que se generó por la disminución del flujo de turistas, así como los daños de la infraestructura pública y de la privada y del mobiliario.
Con base en lo anterior, considero urgente que se realice un censo de los establecimientos y la población afectados a fin de cuantificar los daños generados y determinar estrategias y programas inmediatos de apoyo, con la participación de los tres órdenes de gobierno para resolver con la mayor brevedad la situación, que genera graves daños económicos y sociales para la población que obtiene sus ingresos de la actividad turística y pesquera, principalmente.
Es necesario que se canalicen recursos para satisfacer las necesidades de los afectados, principalmente por la drástica disminución de sus ingresos, rehabilitar las playas, e impulsar la actividad turística y pesquera, así como lanzar campañas de promoción de estos destinos para que nuevamente los turistas consideren visitarlo por la rica variedad de atractivos.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse con el de Jalisco y los de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta para
a) Realizar un censo de la población y de los establecimientos afectados por el alto oleaje, que dañó infraestructura, mobiliario y redujo el flujo de turistas a la región de Costalegre;
b) Implantar programas urgentes de apoyo a la población y a las empresas afectadas por el fuerte oleaje; y
c) Realizar una campaña de promoción del turismo en Costalegre, Jalisco, para atraer a visitantes nacionales y extranjeros.
Notas
1 Diario Oficial de la Federación, 5 de diciembre de 1990. Declaratoria de zona de desarrollo turístico prioritario del corredor turístico ecológico Costalegre, Jalisco, con superficie de 577.2 hectáreas.
2 http://www.costalegre.com/acercade.html
3 Con base en el Censo de Población y Vivienda de 2010.
Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 8 de septiembre de 2011.
Diputado Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de la SHCP, de la Sener, de la Secretaría de Economía y de la CFE para que realicen un estudio técnico-administrativo sobre la aplicación de las tarifas de electricidad, a cargo del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 79 y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que instruya a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, y a la Comisión Federal de Electricidad para que realicen un estudio técnico-administrativo sobre la aplicación de las tarifas del cobro del consumo de electricidad.
Consideraciones
1. A partir de la expedición y publicación del decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el diez y once de octubre del dos mil diez, respectivamente, se han patentizado problemas económicos y sociales álgidos y controversiales con el cobro en las tarifas eléctricas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, afectando la economía de la población más vulnerable en todo el país.
2. El gobierno federal ha sido insensible al no abocarse a solucionar esta problemática, ya que se ha dado a la tarea a incrementar de forma desmesurada y paulatinamente las tarifas eléctricas; orillando a la población afectada a declararse en mora de pagos de manera tácita y a sustraer irregularmente y allegarse de ese fluido necesario y hasta vital.
3. Los incrementos de esas tarifas han sido exorbitantes haciendo imposible su pago, primordialmente, en zonas en donde los ciudadanos viven en pobreza o marginada, que hacen imposible cubrir esas tarifas.
4. Es preciso mencionar que por acuerdo “que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”, emitido por el secretario de hacienda y crédito público en turno, en fecha 21 de enero del 2009, el objetivo de este instrumento considera la regularización de las tarifas eléctricas en sus diversas modalidades, que es para el apoyo de la economía de las familias mexicanas.
5. Los incrementos en los cobros de las tarifas eléctricas, de manera desmesurada, no se cumplen las reglas de operación para su cobro por parte de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales se encontraban vigentes con antelación al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y que de igual manera es transgredido, el propio decreto de fecha diez de octubre del dos mil diez, ya que violenta su artículo segundo el cual versa:
“Artículo 2. La liquidación de luz y fuerza del centro estará a cargo del servicio de administración y enajenación de bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.
El servicio de administración y enajenación de bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de luz y fuerza del centro.
El servicio de administración y enajenación de bienes tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestándolo luz y fuerza del centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin, conforme a lo dispuesto en la ley del servicio público de energía eléctrica”.
Esto es así, en virtud de que el servicio de administración y enajenación de bienes, fue la señalada de obligarse, por medio de terceros (Comisión Federal de Electricidad, como tercero), a administrar los contratos y convenios, por cuanto a prestar el servicio de energía eléctrica y en el cobro de sus tarifas, tal como lo estaba proporcionando luz y fuerza del centro, antes del decreto de extinción mencionado, el cual se debió y se debe respetar y aplicar en sus términos. Esto es, que los contratos de suministro de energía eléctrica y el cobro de las tarifas suscrito con anterioridad obligan a las partes a cumplirse en todos sus términos, en virtud de lo que se extinguió fue la compañía de Luz y Fuerza del Centro, más no hubo un cambio de situación jurídica administrativa en la prestación del servicio de suministro y cobro de las tarifas eléctricas.
Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, y estando a cargo la distribución y cobro de las tarifas de la energía eléctrica, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (tercero), se han dado un alza en el cobro de las tarifas eléctricas, estando visible una de las tantas irregularidades en esos cobros, es la duplicidad de tarifas cuando el titular del contrato de la prestación de ese servicio, tiene dos medidores o más, y en donde no es viable administrativamente acumularlas o sumarlas las lecturas de dos medidores, para hacer u cobro global, por no ser lógico, a pesar de que un titular tenga dos o más medidores en un solo inmueble, ya que esto no sucedía durante la existencia de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ya que el cobro de las tarifas de electricidad se hacía independiente, esto es, por medidor y no por titular; ya que actualmente se acumulan y se cobra el servicio por titular globalizando en número de los medidores de la lecturas de consumo y como resultando hay un cobro excesivo y rebasa los kilowatts contemplados para aplicarse los subsidios otorgados por decreto.
Motivo por el cual debe abocarse realizar un estudio técnico administrativo, para solventar y resarcir esta irregularidad y aplicarse las normas o reglas de aplicación para el cobro de las tarifas eléctricas, para que equitativamente se pague lo gusto y se apliquen los subsidios que por ley tiene la ciudadanía para este servicio.
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que instruya a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de Economía, y a la Comisión Federal de Electricidad para que realicen un estudio técnico administrativo sobre la aplicación de las tarifas del cobro del consumo de electricidad.
Segundo. Del resultado del estudio técnico que se exhorta se realice, aplicar de manera equitativa y justa los cobros de las tarifas, para no afectar la economía de los ciudadanos más vulnerables y de escasos recursos económicos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 8 de septiembre de 2011.
Diputado Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que dé cuenta a la opinión pública sobre la adquisición por Pemex de 56 millones 377 mil 90 acciones de Repsol YPF, SA, por mil 700 millones de dólares, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En fechas recientes los medios impresos de nuestro país dieron a conocer la noticia de que petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió un total de 56,377,090 acciones de Repsol YPF, SA, que representan el 4.62% del capital de dicha sociedad, además señalaron que con esta adquisición Pemex aumentó su participación del 5% al 9.62%.
De acuerdo con su director, el licenciado Juan Jesús Suarez Coppel, el costo total de la transacción a precio de mercado sería del orden del 1,700 millones de dólares, que considerando el precio de hoy del dólar interbancario, equivalen a 21,267 millones de pesos, los cuales serían cubiertos el 30% con recursos propios de la empresa y el 70% a través de un préstamo vía deuda.
Dicha adquisición en acuerdo con la empresa Sacyr Vallehermoso, SA, PMI Holdings BV, con el fin de que en conjunto sumen un total del 29.8% de las acciones de Repsol, con esto se pretenden que ambas compañías puedan nombrar al primer ejecutivo.
Tanto el director de grupo constructor español Sacyr Vallehermoso, y el director general de la Pemex, garantizaron al gobierno de España que mantendrán la españolidad de la petrolera Repsol-YPF y como ya se mencionó se pretende separar las funciones del presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la petrolera, cargos que ahora recaen en Antonio Brufau, cuya gestión ha sido cuestionada públicamente, con esto tendrán mayor participación en cuanto a decisiones de la empresa.
Cabe hacer mención que si la intención de Petróleos Mexicanos es iniciar la exploración en aguas profundas no era necesario incrementar su participación en Repsol, una empresa que además no cuenta con la tecnología necesaria.
Más bien consideramos que esta transacción que se ha realizó a través de un órgano de la paraestatal denominado PMI Holdings VB, parte del Grupo PMI domiciliada en Ámsterdam, Holanda y que no es fiscalizable por haber sido creada al amparo de leyes extranjeras con el fin de evitar que la Auditoría Superior de la Federación investigue esa compra, pretenda abrirle las puertas a la participación de la trasnacional española en el proceso de explotación y producción de los hidrocarburos que forman parte de las reservas de la nación.
De igual manera mencionamos que Pemex realizó este contrato de manera sigilosa y a espaldas del consejo de administración a sabiendas que es un hecho que de gran riesgo para la economía nacional. Más aún, cuando Sacyr Vallehermoso se encuentra sumamente endeudada y está en plenas negociaciones con sus bancos acreedores para refinanciar el crédito de 5,000 millones de euros que tuvo que suscribir para comprar el 20% de acciones con que cuenta en Repsol y que vencen en diciembre.
En ocasiones, los flamantes directivos de nuestra empresa nacional, han demostrado su ineficiencia o su falta de conocimiento al involucrarse en malas experiencias al adquirir partes de una refinería en Texas, con muy malos resultados, porque nunca obtuvieron utilidades y ahora dicha operación se maneja en la mayor oscuridad posible.
De igual manera es de resaltar la forma en que se está llevando a cabo esta transacción 70% con deuda, es decir no conforme con entregar el patrimonio de los Mexicanos, aun así tenemos que pagar por ello.
Como es de conocimiento general la deuda pública, no sólo tiene el fin de suavizar el gasto gubernamental en el tiempo, puesto que también puede ser utilizada para manejar las expectativas de un programa antiinflacionario, prevenir o disminuir la probabilidad de un ataque especulativo, o para incrementar la inflación y así disminuir el valor de la deuda.
La deuda pública ha demostrado ser viable y sostenible cuando se utiliza para realizar proyectos de capital cuando las perspectivas de las inversiones en infraestructura son claramente de interés público y tienen una alta rentabilidad social. Asimismo amplía la capacidad del gobierno para construir y dotar de servicios públicos a la población en el momento en que la sociedad los necesita. Las entidades públicas no tienen que esperar hasta reunir los recursos suficientes para realizar los proyectos que son socialmente rentables. Existen grandes obras de infraestructura que no se hubieran podido construir sin los recursos que provienen de la deuda pública.
El uso de la deuda permite a los gobiernos distribuir el costo de los proyectos en los mismos períodos en que éstos son útiles a la población. Por otra parte, la deuda permite evitar cambios bruscos en los impuestos recaudados además de canalizar recursos de la población hacia usos productivos.
Los beneficios de poder disponer de un nivel adecuado y viable de endeudamiento para cualquier gobierno son incuestionables, sin embargo, en el caso que nos ocupa, se trata de recursos que la empresa nacional por excelencia de los mexicanos contraerá para capitalizar a una empresa transnacional, particularmente en una situación de crisis, en que los niveles de desempleo son los más altos de los últimos tiempos.
Es evidente que no estamos en una situación de bonanza, en la que podríamos, incluso, buscar de forma ociosa en donde invertir aún para soportar pérdidas, como ya se ha hecho en años recientes, contribuyendo a la generación de empleos en el extranjero.
Pareciera que aún se denota la huella del extinto empresario-funcionario de origen español o ¿será acaso que este tipo de inversiones son la forma de retribuir a los que invirtieron en la campaña que llevó a los pinos al actual titular del Ejecutivo Federal?
Por lo anteriormente descrito y fundado, acudimos a esta tribuna para solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en el marco de sus atribuciones investigue sobre las condiciones en que Pemex realizó la adquisición de 56,377,090 acciones de Repsol YPF, SA, así como las condiciones en que contrajo la deuda para realizar dicha adquisición.
Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que dé cuenta a la opinión pública sobre la adquisición por parte de Petróleos Mexicanos de 56,377,090 acciones de Repsol YPF, S.A, por un monto del orden de los 1,700 millones de dólares, que de acuerdo con su director, el licenciado Juan Jesús Suárez Coppel sería cubierto con el 30% con recursos propios de la empresa y el 70% a través de un préstamo vía deuda.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2011.
Diputados: Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica).