Con punto de acuerdo, por el que se solicitan acciones de los tres Poderes de la Unión sobre el lamentable suceso criminal recién ocurrido en Monterrey, Nuevo León, que ha dejado un saldo de víctimas mortales y una profunda lesión moral en la sociedad del país, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
César Augusto Santiago Ramírez, diputado por el estado de Chiapas a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de la representación nacional, el solicitar la inmediata realización de acciones de los tres Poderes de la Unión, sobre el lamentable suceso criminal, ocurrido recientemente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que ha dejado un saldo de víctimas mortales y una profunda lesión moral a la sociedad del país.
Solicito que a este asunto se le dé trámite de urgente y obvia resolución por las siguientes
Consideraciones
1. En los últimos años el país ha vivido una serie de acontecimientos ominosos que han puesto en entredicho a las instituciones del país y han dañado la solvencia de la república.
No se trata de meros hechos criminales, sino de verdaderos desafíos a la legitimidad del estado, con grandes agravios a la sociedad que ha perdido en cada evento a innumerables víctimas inocentes.
2. Los temas de cada incidente criminal han tocado diversas esferas de la vida pública, lo mismo en operativos binacionales de tráfico de armas y pertrechos bélicos que son descubiertos (Rápido y Furioso ) por medios externos; que recurrente, pernicioso y destructivo tráfico de drogas de todo tipo, que han dejado millares de muertos y secuelas sociales de terribles consecuencias. También se han cometido hechos alarmantes en contra de los migrantes que han expuesto a México por la crueldad en el trato a los seres humanos y a los migrantes en especial.
3. Se han mostrado en los últimos años deficiencias, complacencias y abusos que han causado gravísimos incidentes en el Seguro Social y en las instituciones de salud pública, la llamada epidemia de la influenza y los niños muertos en la guardería de Sonora, son sólo dos ejemplos de ello.
4. Se han presentado innumerables denuncias de corrupción en distintas esferas de la administración pública que lo mismo hablan de hechos en Petróleos Mexicanos (Pemex), que en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o en las propias entidades públicas del gobierno federal. En un extremo el mismo fideicomiso para la celebración de las fiestas bicentenarias, está bajo estricto escrutinio público por su secuela de irregularidades ahora expuestas a la opinión pública.
5. El más reciente suceso: el lamentable, oprobioso e injusto acontecimiento del llamado Casino Royale de Monterrey, Nuevo León. Que también ha dejado víctimas inocentes y ha expuesto corruptelas y complicidades sin límite.
6. Después de cada uno de estos acontecimientos fatales, el gobierno federal pone en marcha un mecanismo publicitario que principia por la condena presidencial, la solidaridad con las víctimas, el escándalo mediático, la visita presidencial al lugar de los hechos, el desfile de la tropa y de la Policía federal, todo cuando el suceso lamentablemente ya ha ocurrido, sin la menor intención de resolver el asunto, da la impresión de un mecanismo repetitivo que por el número de veces que se ha puesto, lo mismo cuando hay centenares de muertes por las más diversas razones que cuando asesinan a políticos, a funcionarios o a hijos de activistas prominentes. Es una recurrencia lamentable que sólo sirve para decir que se responde inmediatamente cada vez que ocurre algo sin que haya en el fondo la menor decisión de erradicar el problema.
Cada nuevo suceso va haciendo que la sociedad se olvide del anterior y todo lo denunciado, las corruptelas exhibidas y las ineficacias demostradas, pasan a formar parte de un esquema que el gobierno pretende que sólo sirva como pretexto para pedir más dinero, para los mismos programas policiales y el derroche en armamentos y parafernalia de ese tipo que no ha podido resolver satisfactoriamente el problema.
7. El gobierno pretende beneficiarse con la publicidad y la repartición de culpas. Todos son responsables de la situación, menos el Ejecutivo federal. En el último suceso de Monterrey, el secretario de Seguridad Pública no ha aparecido, ni ha hecho expresión alguna de su evidente fracaso.
8. Ya se han tocado en esta escalada de conflictos de proporciones nunca vistas, las secretarías del gabinete de seguridad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los bancos por el tema del lavado de dinero, las autoridades migratorias y las que tienen a su cargo las aduanas porosas de este país, ya se ha controvertido a la Secretaría de la Función Pública, que no ejerce su función de vigilancia y control del ejecutivo; pero todos los días hay nuevas denuncias, nuevos abusos , nuevas muestras del deterioro institucional evidente.
9. Al Congreso de la Unión siempre le toca la peor parte, porque el Ejecutivo se esmera en buscar cómo justificar su ineficacia y en eso la Cámara de Diputados preferentemente recibe oleadas de críticas, injustas a veces; pero otras con razón.
10. Por eso en el caso del Casino Royale de Monterrey, creo indispensable el que se acuerden y realicen medidas urgentes en los tres Poderes de la Unión.
Yo he sostenido que el país vive una crisis de ilegalidad y una subcultura de la impunidad, es evidente que la delincuencia al ver la falta de autoridad moral de las instituciones públicas expuestas cotidianamente, las desafía en formas cada vez más audaces, confiando en la impunidad que parece estar detrás de todo este grandísimo problema que enfrenta el país.
Creo que es urgente empezar a construir otra vez la confianza perdida y la fe ciudadana en sus instituciones.
Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos convoque a los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, Función Pública, Gobernación, Justicia, Presupuesto y Cuenta Pública, Seguridad Pública y Jurisdiccional; así como, las que considere necesarias, para que en un plazo perentorio presenten reformas a la Ley Federal de Juegos y Sorteos cuyos diecisiete artículos que datan del 31 de diciembre de 1947, declarando la incorporación de las normas del reglamento de la ley expedido en el 2004, siempre y cuando sirvan al propósito de dar certeza y legalidad al régimen y no como parece haber sido cuando el reglamento se publicó por la Secretaría de Gobernación, con la idea evidente de ampliar el número de casinos sin considerar las necesarias modificaciones que en la ley antigua se debieron realizar urgentemente, con fundamento en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Aquí se propone recoger las iniciativas del gobernador de Nuevo León y todas con las que se cuenta en el acervo de la Cámara de Diputados.
El compromiso de la conferencia será presentar al pleno, la propuesta de iniciativa de reformas necesarias antes de que concluya este periodo de sesiones.
Segundo. Pedir que la Auditoría Superior de la Federación, con base en el artículo 70 constitucional, párrafo quinto de la fracción primera y el artículo 42 fracción segunda de la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que le permite investigar cuando haya posibles casos de corrupción, realice de manera urgente una revisión de situación excepcional a las Secretarías de Gobernación y de la Función Pública , para que informen detalladamente el número y el estado de todas las concesiones en materia de juegos y sorteos que están vigentes , asimismo se exprese los nombres de las empresas y sus socios, tenedoras de tales concesiones y explique con claridad:
a) Los argumentos para que una concesión cancelada pueda reinstalarse debidamente.
b) Los criterios que usa la secretaría para extender las concesiones.
c) Las características de las concesiones que permite que en algunos casos, el tenedor de una sola concesión, puede instalar un número de casinos, prácticamente a su arbitrio.
d) La coordinación y la prueba de que ella existe, con las autoridades estatales y municipales cada que la Secretaría de Gobernación otorga una concesión.
e) La naturaleza y resultados de la inspección, que sólo parece que cuando el evento ya ha sucedido muestran descubrimientos espectaculares, que días antes no podían denunciar.
f) La explicación de la procedencia de las máquinas utilizadas en los casinos , su ingreso al país y las omisiones de la inspección de la Secretaría de Gobernación, que queda evidenciada cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT) señala que una inmensa cantidad de estos aparatos de juego, han sido introducidos ilegalmente al país.
g) La explicación detallada de los números y circunstancias alrededor del tema de los casinos, expresadas por el actual secretario de Gobernación frente a las explicaciones públicas y señalamientos de un ex titular del mismo despacho, promotor del reglamento de casinos.
Tercero. Propongo que la Procuraduría General de la República (PGR), realice en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, la investigación detallada y puntual de los hechos de referencia para cumplir con su obligación constitucional, informando pública y periódicamente a la Cámara de Diputados el avance de la indagatoria.
Cuarto. La institucionalidad de la atención a las víctimas con los instrumentos legales e institucionales de que se disponga de manera republicana, sin manipulación alguna.
Quinto. Propongo una respetuosa comunicación con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, puedan investigar y establecer criterios claros en relación con las múltiples denuncias por suspensiones otorgadas en juicios de amparo supuestamente concedidas con el evidente propósito de evitar la clausura de los establecimientos irregulares o la imposición de sanciones, y
Sexto. La comisión de diputados que se forme al respecto, tendrá la facultad para dar seguimiento a los acuerdos contenidos en esta proposición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a realizar las investigaciones derivadas de las denuncias interpuestas por la SHCP sobre la presunta falsificación de documentos para contratar deuda pública durante la administración del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Jesús Ramírez Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones derivadas de las denuncias interpuestas por la SHCP sobre la presunta falsificación de documentos para la contratación de deuda pública durante la administración del ex gobernador de la entidad, Humberto Moreira, con base en las siguientes
Consideraciones
La economía de Coahuila fue de las que en mayor grado resintió en el país la crisis financiera internacional de 2008 y 2009. Entre 2003 y 2008, el crecimiento del PIB de la entidad fue semejante al de todo el país al mostrar una tasa de crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento contra la de 3.5 por ciento del país.
Sin embargo, en 2009 la economía nacional resintió los efectos de la recesión económica mundial, como lo demuestra la tasa de crecimiento negativa de -6.2 por ciento real en ese año. En el caso de Coahuila, fue la entidad que observó la mayor contracción económica del país, incluyendo al Distrito Federal, al caerse su PIB en -12.3 por ciento en términos reales.
Para 2010, una vez que la economía nacional pasó de su fase recesiva a la de recuperación y posterior expansión, el PIB se recuperó hasta mostrar un crecimiento real de más de 5.0 por ciento; mientras que para Coahuila, a través del indicador trimestral de la actividad económica estatal, que publica el Inegi, se aprecia un crecimiento de 11.6 por ciento.
Lo anterior denota que la economía coahuilense se apega a la dinámica global de la economía nacional en periodos estables, sin embargo, no es capaz de resistir los embates que se producen en la economía mundial y que afectan a la nacional al ser arrastrada como se observó en 2009 ante la caída de la demanda externa de bienes nacionales.
En este tenor, resalta la situación particular de la deuda pública del estado de Coahuila por las siguientes razones:
1. Las finanzas de Coahuila ya enfrentaron un momento bastante severo que le costó casi una década (1996-2004) no disponer de la confianza de los mercados financieros y al acceso al financiamiento. Esto fue consecuencia de la falta de previsión del riesgo de sus autoridades financieras, lo que implicó haber sido arrastradas las finanzas de la entidad tras el colapso económico que se vivió en el país a fines de 1994 y en 1995. Esta falta de previsión se demuestra ya que antes de que el país viviera esta crisis económica, Coahuila recurrió a la deuda pública de manera desproporcionada con tasas de crecimiento reales de 91.5 por ciento en 1994 y 38 por ciento en 1995.
2. Tras ese pésimo manejo en la previsión de riesgos, de 1996 a 2004 esta entidad del país enfrentó un proceso severo de saneamiento financiero, que implicó recurrir en menor medida a la deuda pública como lo denotan las tasas de crecimiento reales negativas en su saldo de la deuda a partir de 1996 y hasta 2004. De esta forma, del saldo de la deuda de finales de 1995 a 2004, pasó de 2,484.0 a 250.4 millones de pesos respectivamente.
3. Pese a esta experiencia, a partir de 2005 hasta 2011 la deuda pública de Coahuila se ha vuelto a incrementar de manera ininterrumpida hasta pasar de los 250.4 millones de pesos de fines de 2004 ya mencionados a 5,628 millones de pesos en marzo de 2011, es decir, un aumento real de 2,147.6 por ciento en el periodo. 1
4. Este severo manejo de la deuda de la entidad también se reflejó en el mejoramiento de su relación deuda respecto a sus ingresos por participaciones federales. En 1994, según la SHCP, esta relación en la entidad era de 53.3 por ciento; es decir, de cada peso de participaciones, 53 centavos ya estaban comprometidos para pagar deuda. Pese al esfuerzo de austeridad y saneamiento de su deuda que permitió que esta relación disminuyera a 4.8 por ciento en 2004, a diciembre de 2010 esta relación alcanzó el porcentaje más elevado en 18 años hasta situarse en 78.2 por ciento.
5. Al 31 de marzo de 2011 Coahuila dispuso de un saldo de la deuda de 8,342.2 millones de pesos, contribuyendo con el 2.6 por ciento de la deuda pública total registrada en la SHCP por todas las entidades federativas incluyendo al DF. Este saldo está respaldado al 100 por ciento por sus participaciones federales.
No obstante estos datos que en si ya son alarmantes en lo que se refiere a la deuda pública y las finanzas estatales, en marzo de este año hubo un suceso que a la fecha no ha sido aclarado y que debe ser investigado a profundidad. El entonces, el entonces titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), Javier Villarreal fue acusado de haber contratado deuda pública falsificando algunos documentos.
Existen pruebas ya presentadas por el Partido Acción Nacional y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Procuraduría General de la República, que respaldan los hechos en que los funcionarios estatales mintieron y entregaron algunos documentos apócrifos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para, supuestamente, sustentar su contratación de deuda pública con instituciones financieras, misma que no fue autorizada por el Congreso del estado por un monto de 3 mil millones de pesos, lo que puede constituir un delito grave.
El desfalco a las finanzas del estado de Coahuila es algo que no puede quedar impune, y la responsabilidad en este asunto no sólo cae en el exfuncionario Javier Villarreal, sino también en el exgobernador Humberto Moreira.
Los ciudadanos de Coahuila exigen transparencia respecto a los recursos públicos; exigen que este tipo de hechos sean investigados hasta las últimas consecuencias, porque lo que la sociedad no se puede permitir es que haya más funcionarios públicos que se sirvan de sus puestos para enriquecerse o para multiplicar las redes de complicidades en la entidad.
Malos manejos, desvío de recursos públicos, deficiencia en la administración pública, corrupción, son los elementos que motivan el presente exhorto.
El presumible desfalco perpetrado durante la administración de Humberto Moreira es un serio atentado no solo en contra del erario público, sino de toda la sociedad coahuilense. Es por ello preciso que la Procuraduría General de la República haga todo lo que esté en sus manos para investigar y perseguir, en caso de demostrarse delitos cometidos, a todos y cada uno de los funcionarios públicos que participaron en ellos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones derivadas de las denuncias interpuestas por la SHCP sobre la presunta falsificación de documentos para la contratación de deuda pública durante la administración del ex gobernador de la entidad, Humberto Moreira.
Segundo . Se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Cuahuila a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una profunda revisión sobre el estado que guarda la deuda pública estatal, la supuesta contratación de deuda que no pasó por la aprobación del Congreso del estado y el destino que se ha dado a los recursos contratados durante 2011.
Nota
1 En el gobierno de Coahuila del periodo 2006 a 2011, la tasa de crecimiento de la deuda pública es de 2,202.7 por ciento en términos reales al pasar de 283.5 en diciembre de 2005 a 5,628.2 millones de pesos al 31 de marzo de 2011.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.
Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instaurar medidas a fin de que a los migrantes que retornan a México sean aceptadas sin obstáculo las tarjetas de crédito y de débito al pagar el depósito exigido para la importación temporal de vehículos, y a reducir el monto de éste, a cargo del diputado José María Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, 76 y 79 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La contribución de nuestros paisanos que laboran en el extranjero a través de las remesas es fundamental para nuestra economía y el bienestar de sus familias y sus comunidades. Por lo que se deben tomar las medidas necesarias para facilitar su ingreso a nuestro país, del que han partido ante la falta de oportunidades dignas de trabajo, y no tomarlo como pretexto para obtener ingresos fiscales.
Cuando los migrantes de nacionalidad mexicana, se internan en nuestro país con su automóvil, deben tramitar un “permiso de importación temporal de vehículos”.
Y bien, en las recientes vacaciones de verano, muchos de nuestros connacionales que laboran en Estado Unidos de América y tenían la intención de visitar a nuestro país y reencontrase con sus familiares, renunciaron a sus planes, ya que en los puntos de entrada a nuestro país se encontraron con dos criticables novedades: el incremento del paga por permiso de vehículo a 44 dólares más IVA y, la negativa a aceptar sus tarjetas de crédito o débito para cubrir el depósito en garantía exigido de 400 dólares para la internación de sus automóviles, conocido legalmente, repito como “importación temporal de vehículos”.
Medidas que aparte de injustas, no fueron publicitadas a tiempo para que nuestros connacionales se hubieren preparado oportunamente.
Sobre el depósito para la “importación temporal de vehículos”, el “Programa Paisano” y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han señalado que en ningún momento se ha suprimido el uso de tarjetas de crédito o débito internacionales para cubrir este depósito, que en todo caso se pudo deber a una actitud arbitraria de algunos servidores públicos. Esto en oposición a la denuncia de un amplio número de nuestros connacionales.
Lo cierto, es que la SHCP y el “Programa Paisano”, deben tomar las medidas necesarias para que se sigan recibiendo las tarjetas aludidas sin ningún problema, como medio de pago del depósito ya múltiples aludido.
Por otro lado, debe reducirse el monto del permiso de vehículo y el depósito en garantía de 400 dólares que se cobra a nuestros connacionales que regresan a nuestro país, para facilitar e impulsar su visita, lo que no sólo apoya nuestra economía sino el reencuentro familiar.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal para que instrumente las medidas necesarias, incluidas las de difusión, para que a los migrantes de nacionalidad mexicana que retornan a nuestro país, les sean aceptada sin ningún obstáculo las tarjetas de crédito y débito internacionales para cubrir el depósito exigido para la importación temporal de vehículos, igualmente para que el monto de éste por 400 dólares, regla general, y el permiso de vehículo sean reducido bajo criterios de equidad en vista de la tutela de sus derechos humanos.
Diputado José María Torres Robledo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la PGR en la estructura orgánica de ésta una fiscalía especializada en prevención y atención de delitos cometidos contra migrantes, suscrita por integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Los suscritos diputados federales integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República, para que se establezca a la brevedad en la estructura orgánica de esa institución, una Fiscalía Especializada en Prevención y atención de delitos cometidos en contra de migrantes, con base en las siguientes:
Consideraciones
Actualizar la política migratoria del Estado mexicano no fue, sino hasta en fechas recientes, una asignatura que se encontraba pendiente. Ahora gracias a la coordinación del Poder Legislativo federal y diversas dependencia del Gobierno federal, ya existen las bases de una política migratoria que se contienen en la nueva Ley de Migración recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y que trata de integrar explícitamente la política migratoria de México en sus tres dimensiones, como país de origen, tránsito y destino de migrantes.
La necesidad de una política migratoria acorde a las actuales condiciones del fenómeno, adquirió mayor relevancia al considerar los cambios y la situación específica en que se desarrollan los procesos migratorios en México, especialmente en la última década.
Es debido a su especial posición geográfica que nuestro país se ha convertido en la ruta de miles de migrantes nacionales y extranjeros que inician un viaje tortuoso y peligroso con destino hacia los Estados Unidos, con el único fin de cruzar la frontera y mejorar sus condiciones y calidad de vida.
Desgraciadamente, esto ha dado origen también a que diversos grupos del crimen organizado hayan encontrando en este importante flujo migratorio, una forma de financiar sus actividades ilícitas, ya que estos delincuentes asaltan, roban, violan y secuestran a muchos de los migrantes que transitan por territorio nacional, hechos en los cuales también han participado autoridades corruptas que se encuentran coludidas con dichos grupos delictivos.
En este desafortunado contexto se han perpetrado ataques que han cobrado la vida de migrantes inocentes, como el acontecido en agosto del 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en el que murieron 72 personas originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador, o bien, la desaparición de un grupo de entre 40 y 50 migrantes, presuntamente secuestrados en diciembre pasado en el municipio de Chahuites, Oaxaca; así como el descubrimiento de fosas clandestinas en diversos estados de la República Mexicana en el que se encontraron decenas de cuerpos de personas presumiblemente migrantes.
Estos acontecimientos trágicos que se han venido multiplicando en los últimos meses, han propiciado la irritación social y el reclamo justo de la comunidad internacional. Y aunque los distintos órdenes de gobierno han intentado implementar acciones y mecanismos que brinden atención a los delitos cometidos en contra de los migrantes, estos mecanismos han sido evidentemente insuficientes para solucionar el enorme y complejo problema.
A mayor abundamiento, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó recientemente que la institución que encabeza tiene registrados 214 casos de secuestros colectivos de migrantes perpetrados en México durante abril a septiembre de 2010, en los que en promedio fueron privadas de su libertad 50 personas en cada acto ilícito, aunque la cifra es mayor si se contabilizan los últimos meses del año pasado, los estados y zonas donde se acentúa esta problemática son Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas, además de la parte sur de Veracruz, la zona de Tabasco colindante con Guatemala y algunas regiones de Coahuila y San Luis Potosí, es decir, la comúnmente denominada “Ruta del migrante”.
Otro factor de preocupación, es el alto grado de vulnerabilidad del que padecen los migrantes al utilizar medios de transporte de alto riesgo como los vagones o el techo del ferrocarril y camiones de transporte de carga, así como también la utilización de caminos poco transitados, circunstancias que son aprovechadas por los delincuentes De igual forma, ante su situación irregular no acuden a las autoridades a denunciar los delitos de que son víctimas, ya sea por temor a ser deportados o porque simplemente desconfían de las instancias de gobierno.
En consecuencia, el objetivo del presente punto de acuerdo es el de exhortar Poder Ejecutivo Federal para que se cree, a la brevedad, en la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República, una Fiscalía Especializada en materia de atención de delitos cometidos en contra de migrantes, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que dispone a la letra lo siguiente:
“Artículo 14. ...
“El Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten”
Ante este escenario, es necesario y urgente fortalecer la capacidad de respuesta de las estructuras del gobierno federal, particularmente las de procuración de justicia, a fin de prevenir y, en su caso, atender de manera pronta y eficaz los delitos cometidos en contra de migrantes, considerando su alta vulnerabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República, para que se establezca a la brevedad en la estructura orgánica de esa institución, una Fiscalía Especializada en prevención y atención de delitos cometidos en contra de migrantes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2011.
Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano, Guillermina Casique Vences (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández, Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín, Miguel Ernesto Pompa Corella, Adriana Terrazas Porras, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales, Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León, José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Eduardo Ledesma Romo, Rafael Rodríguez González, Moisés Villanueva de la Luz.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reubicar por la SCT, en coordinación con el director de Capufe, la caseta de cobro número 49 del puente nacional Tampico a Tampico Alto, en Veracruz, a cargo del diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Patricio Chirinos del Ángel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del estado de Veracruz, Distrito I, Pánuco, e integrante de esta honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. El puente nacional Tampico se encuentra en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, que cuenta con más de 70 mil habitantes, de los cuales 90 por ciento vive en la zona urbana. Fue inaugurado y puesto en operación en el año de 1988 por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, poniendo fin al problema constante de falta de comunicación entre los vecinos de los municipios de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas, y Pueblo Viejo y Tampico Alto, Veracruz; ya que hasta antes de su construcción representaba un cuello de botella entre el tráfico terrestre del sur con los estados del norte del país, y se formaban largas filas de vehículos ligeros y pesados para abordar los chalanes que atravesaban el río Panuco, mismos que en más de una ocasión fueron arrasados por las fuertes corrientes que se generan en época de lluvias.
2. En dicho puente se ubica la caseta de cobro número 49 del puente nacional Tampico, que depende de la delegación regional número VII zona Golfo y se encuentra ubicada en el kilómetro 191+800 de la carretera 180, de Matamoros-Puerto Juárez, localizada en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, que cuenta con tres accesos carreteros. Hacia al sur la carretera 180 Matamoros–Puerto Juárez, colindando con el municipio de Anáhuac, el cual se une a su vez con la carretera federal Valles–Tampico, colindando con el municipio de Pánuco, Veracruz, y hacia el norte, con la carretera 180 del eje del Golfo de México que va de Matamoros, Tamaulipas, a Puerto Juárez, Yucatán, y que atraviesa sobre el puente Tampico a la altura de Ciudad Cuauhtémoc, Veracruz, para colindar con el municipio del mismo nombre del estado de Tamaulipas.
3. Esta obra fundamental para el desarrollo de la región, creó un problema paralelo ya que afecta a los sectores productivos de la zona el costo de peaje que se tiene que pagar debido al traslado constante que tienen que realizar en la misma zona, causando un detrimento a la economía de los habitantes de los municipios circunvecinos al puente; y de manera particular a los municipios de Pueblo Viejo y Tampico Alto, del estado de Veracruz, que por falta de infraestructura e insumos dependen de forma económica, social y laboral, de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas; ya que en esas ciudades acuden a realizar actividades académicas y laborales, médicas, de comercio, bancarias, ganaderas y turismo, entre otras, por lo que diariamente se encuentra ante la necesidad de trasladarse a través del puente que une a estos municipios del estado de Veracruz con los municipios del estado de Tamaulipas.
4. Debido a lo anterior, las autoridades estatales y municipales de los estados de Tamaulipas y Veracruz, han solicitado, por ser sumamente necesaria, la reubicación de la caseta de cobro numero 49, existiendo antecedentes tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, de pronunciamientos de representantes de las mismas en que con una iniciativa de punto de acuerdo se ha exhortado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Dirección de Caminos y Puentes Federales, siendo ésta última en el año 2002 quién informó que se procedería a la reubicación de la caseta a través de un mecanismo financiero que no dañara las finanzas públicas de la dependencia, sin que a la fecha haya resultados positivos.
5. A principios de 2005, se llevó a cabo una reunión de los gobernadores de Tamaulipas y Veracruz, ingeniero Eugenio Hernández Flores y Fidel Herrera Beltrán, así como los presidentes municipales de los cinco municipios conurbados, y se tomaron acuerdos para la reubicación de la caseta de cobro a 14 kilómetros hacia el sur y de esta forma estar ubicada a 800 metros al sur de la entrada principal al municipio de Tampico Alto, beneficiando de esta forma también al municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, propiciando el desarrollo de la ribera del río Pánuco, el impulso a la conurbación, integración y desarrollo económico en la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.
6. Hoy, de nueva cuenta, como representante popular de la región norte de Veracruz, escuchando el reclamo de la sociedad económicamente activa, de que dicha caseta sea reubicada al punto que se menciona en el párrafo anterior, vengo a esta soberanía para que se exhorte al Poder Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se lleve a cabo la reubicación de la mencionada caseta al lugar que la población lo ha venido planteando, desde los inicios de la operación del puente.
Por lo anterior, someto a consideración del honorable pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que por medio del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se reubique la caseta número 49 del puente nacional Tampico al municipio de Tampico Alto, en el estado de Veracruz; con lo cual se propiciará el desarrollo económico de los habitantes de los municipios circunvecinos a dicho puente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre 2011.
Diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la Semarnat a establecer de manera coordinada en la NOM-017-ENER/SCFI-2008, “Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba”, los límites máximos permisibles de contenido de mercurio en las unidades que se comercializan en territorio nacional; y a garantizar la congruencia de dicha disposición con los estándares internacionales en la materia, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Augusta Díaz de Rivera, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de manera coordinada establezcan dentro de la NOM-017-ENER/SCFI- 2008. “Eficiencia Energética y Requisitos de Seguridad de Lámparas Fluorescentes Compactas. Límites y Métodos de Prueba”, los límites máximos permisibles de contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en territorio nacional, y que está sea acorde con los estándares internacionales en la materia; que establezcan la información homologada que deban contener los empaques de las lámparas fluorescentes compactas sobre su manejo y disposición final y que esta sea de forma clara y visible, con base en las siguientes
Consideraciones
Las lámparas fluorescentes compactas o ahorradoras se denominan así debido a que duran aproximadamente diez veces más que un foco incandescente, y consumen una cuarta parte de energía eléctrica que un foco convencional.
El inventario preliminar sobre emisiones de mercurio (2001), estimó que al romperse una lámpara fluorescente, el 25 por ciento de su contenido de mercurio era emitido al aire y que cerca del 98 por ciento de todas las lámparas instaladas se rompían durante el primer año de uso 1 . Por Tanto podemos estimar que las emisiones de mercurio generadas por la rotura de lámparas fluorescentes en México, son de 0.229 toneladas por año 2 .
Debemos considerar que el mercurio es un metal pesado, extendido y persistente que se encuentra de manera natural en el entorno.
Dentro de las diversas fuentes responsables para la liberación del mismo en el aire y en el agua tenemos la meteorización de rocas que contienen minerales de mercurio debido a actividades humanas, los procesos industriales, la deforestación, incineración de residuos, la fabricación de amalgamas dentales, lámparas fluorescentes, así como instrumentos médicos, por mencionar algunos.
Es necesario reconocer que el mercurio está relacionado con diversos tipos de enfermedades tanto a nivel infantil como en la adultez, además de ser un elemento que contamina el medio ambiente.
Por otro lado, la Comisión para la Cooperación Ambiental ha señalado que las emisiones provenientes de las lámparas fluorescentes son menores que las generadas por las emisiones de las plantas carboeléctricas.
Esto quiere decir que las lámparas fluorescentes representan una gran oportunidad para la reducción de emisiones de mercurio, debido a que en promedio, una planta de carbón emite 10 miligramos de mercurio para producir electricidad requerida para hacer funcionar una lámpara incandescente, comparada con 2.4 miligramos de mercurio que se emiten para hacer funcionar una lámpara ahorradora compacta 3 .
Al mismo tiempo, hay que considerar que en el mercado existen varios tipos de lámparas fluorescentes, y todas ellas contienen mercurio, y sobre todo no están reguladas en cuanto al contenido de mercurio, ni a lo que deben de hacer los consumidores una vez acabada su vida útil.
En la normatividad jurídica no se encuentra ningún dato que mencione las especificaciones de contenido de mercurio permitido en estas lámparas fluorescentes, igualmente, los registros que se reportaron en el diagnóstico del mercurio en México 4 no arrojaron ningún dato que indicara que existe una homologación de los límites de mercurio de acuerdo a organismos internacionales. Por el contrario los datos indican que en México se utilizan lámparas fuera de los límites de los estándares internacionales.
Por ejemplo, en el año de 1996 la producción de lámparas fluorescentes era de 22 millones y su contenido de mercurio era de 40 miligramos por lámpara. El contenido de mercurio de toda la producción fue de 880 kilogramos; para 1997 la producción fue de 25 millones y por lámpara el contenido de mercurio era de 40 miligramos y el total de mercurio para toda la producción fue de 1000 kilogramos.
Finalmente, para el año de 1999 se produjeron 30 millones de lámparas con un contenido de mercurio por lámpara de 30 miligramos, y un total de producción de 900 kilogramos 5 .
Hacemos hincapié que en México no se reciclan las lámparas fluorescentes, ni ningún otro dispositivo eléctrico que contenga mercurio.
Pero lo que si se hace es recuperar el mercurio de los concentrados de plata/mercurio que se producen en las primeras etapas del proceso de refinación del metal, ya que, el mercurio puede ser atrapado en un condensador. De tal forma que el mercurio recuperado se vende a las empresas productoras de lámparas fluorescentes y clientes diversos en el país, sobre todo en San Luis Potosí y Nuevo León (Fuente: Inventario Preliminar de Emisiones Atmosféricas de Mercurio, 2001).
Sin embargo, es necesario señalar que en nuestro sistema jurídico existen vacíos en cuanto al adecuado manejo de desechos de lámparas fluorescentes, o para que los fabricantes proporcionen información en el empaque final a los consumidores sobre el manejo y disposición de aquéllas que ya no tienen vida útil, y que deben de ser desechadas bajo ciertas condiciones, a través de un Plan de Manejo.
La National Electrical Manufacturers Association (NEMA por sus siglas en inglés) 6 , institución reconocida a nivel internacional, ha establecido dentro de sus estándares que el contenido de mercurio máximo en una lámpara debe de ser de 5 miligramos.
La solicitud en este punto de acuerdo radica en adicionar a la NOM-017-ENER/ SCFI-2008: Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba, los límites máximos permisibles en cada unidad. Así como la disposición para que las empresas establezcan una leyenda en el empaque de la lámpara fluorescente, que señale el manejo adecuado de la misma una vez que termine su vida útil.
Lo anterior, conforme a los lineamientos y estrategias a observar en los planes de manejo, a que hace referencia el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de considerar necesario que los consumidores de lámparas fluorescentes tienen que conocer cómo deben de ser desechadas y bajo que condiciones, con el fin de reducir su impacto ambiental o los daños a la salud pública, pues no existe información clara o visible sobre su manejo.
Recordando que la Ley sobre Metrología y Normalización señala como una de las finalidades de las normas oficiales mexicanas el establecimiento de criterios y o especificaciones que promuevan el mejoramiento del medio ambiente, el cuidado de la salud humana, animal, vegetal, y laboral 7 .
Por todas las consideraciones expuestas anteriormente, resulta necesario y urgente que se incluyan en la Norma Oficial parámetros sobre los límites del contenido del mercurio en las lámparas fluorescentes compactas, de tal forma que estas deben de estar homologadas con los estándares internacionales, además de plasmar claramente en el empaque el manejo a realizar con la lámpara una vez terminada su vida útil.
Con esta medida se coadyuvará a la reducción de emisiones de mercurio al ambiente, mitigando los efectos del cambio climático, y protegiendo la salud humana de todos aquellos consumidores que compran lámparas fluorescentes.
Por lo expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de manera coordinada establezcan dentro de la NOM-017-ENER/SCFI- 2008 Eficiencia Energética y Requisitos de Seguridad de Lámparas Fluorescentes Compactas. Límites y Métodos de Prueba, los límites máximos permisibles de contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes compactas que se comercializan en territorio nacional, y que esta sea acorde con los estándares internacionales en la materia
Segundo. Se exhorta a las Secretarias de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en NOM- 017- ENER/SCFI_2008 establezcan la información homologada que deban contener los empaques de las lámparas fluorescentes compactas sobre su manejo y disposición final y que esta sea de forma clara y visible.
Notas
1 Instituto Nacional de Ecología (INE), 2000: Diagnóstico del Mercurio en México, 2000.
2 Ibídem.
3 Mercury, in Compact Fluorescent Lamps. The US, Environmental Protection Agency.
4 Diagnóstico de Mercurio. Desarrollado por el Instituto Nacional de Ecología y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca. Año 2000 (Es el único diagnóstico que se ha realizado para el mercurio).
5 Cifras tomadas del Diagnóstico de Mercurio en México, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología junio 2000.
6 Disponible en: http://www.nema.org/lamprecycle/index.html
7 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Sección II de las Normas Mexicanas. Sección adicionada en DOF 20-05-1997.
Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de septiembre de 2011.
Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera
Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y al Senado de la República a ratificar el Convenio 189, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, aprobado en la 100 Conferencia Internacional del Trabajo, suscrita por los diputados Francisco Hernández Juárez, Claudia Edith Anaya Mota, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos diputados Francisco Hernández Juárez, Claudia Edith Anaya Mota, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD, y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, en la LXI Legislatura, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la ratificación del Convenio 189 sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, aprobado en la 100 Conferencia Internacional del Trabajo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Las trabajadoras domésticas en México tienen una larga historia en la reivindicación de sus derechos laborales. Desde los años veinte del siglo pasado se inicia un proceso de organización, en las ciudades de Cuautla, Morelos, y Ensenada, Baja California, ciudades en que se dieron los primeros intentos de sindicalizar a las trabajadoras domésticas.
De 1922 a 1923, en la ciudad de Veracruz las Mujeres Libertarias del Sindicato de Inquilinos promovieron la sindicalización de trabajadoras domésticas, tanto las que trabajaban en casa particulares como en hoteles. En la ciudad de Tampico en 1930, se organizó el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, pero no obtuvo su registro porque no proporcionó el registro de los patrones.
Los primeros sindicatos que obtuvieron su registro fueron el Sindicato de Domésticas de Tampico y sus Colonias (1931), el Sindicato de Trabajadores Domésticos de Ciudad Madero y sus Colonias (1934) y el Sindicato Femenil de Trabajos Domésticos y Similares del Puerto de Veracruz (1934).
Sólo el Sindicato de Tampico prevalece, afiliando ahora a camaristas de pequeños hoteles. Además hubo sindicatos que obtuvieron su registro en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Oaxaca, Sonora y Tabasco 1 .
Fue hasta la década de los años setenta del siglo pasado en que se retoma nuevamente por las trabajadoras del hogar y los grupos de apoyo feministas la organización y capacitación de ese sector.
Este largo proceso empezó a tomar forma cuando las trabajadoras tomaron en sus propias manos el proceso de reivindicación y de organización. En los principales jardines de la ciudad de México iniciaron la tarea de comunicar a la opinión pública su deseo de ser consideradas como trabajadoras con plenos derechos, de sensibilizar a las empleadoras para ser tratadas como personas, a erradicar los términos despectivos y discriminatorios referentes al género, raza, etnia y clase social.
Ellas convocaron a un plebiscito en los jardines para determinar su identidad como trabajadoras. Se reconocieron como empleadas del hogar, erradicando el término doméstico por las connotaciones discriminatorias y culturales de esta expresión y las prácticas venidas de siglos atrás.
Desde 1987 empezaron a estudiar, analizar y actualizar el único marco legal que las protege de manera específica, aunque parcial: el Titulo Sexto de Trabajos Especiales, Capítulo XIII, Trabajadores Domésticos, en la Ley Federal del Trabajo vigente. Este proceso las llevó a reencontrar su identidad como trabajadoras al darse cuenta de la gran ausencia que existe en la protección de sus derechos y de su calidad de vida.
Ellas construyeron sus categorías, analizaron sus condiciones de trabajo, la violencia laboral en la que han estado inmersas por la mirada discriminatoria hacia su persona dados los quehaceres domésticos que desempeñan. Caminaron y compartieron reflexiones con la feministas especialistas en trabajo del hogar no asalariado para entender del por qué de la desvalorización de su trabajo, y de cómo las empleadoras, siendo la mayoría de ellas mujeres, no han logrado valorizar su propio trabajo en el hogar como un aporte al desarrollo del país.
Su conocimiento transitó desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, las convenciones internacionales contra la discriminación y la violencia y las leyes generales por una vida libre de violencia y la de igualdad entre hombres y mujeres.
Este proceso de organización y construcción de sus derechos humanos laborales, las fue llevando a buscar los acuerdos entre las organizaciones de trabajadoras del hogar que se han venido constituyendo a lo largo del país. Esto tuvo como resultado una primera propuesta de iniciativa de reforma laboral presentada durante la LVI legislatura en el Senado. A partir de este primer paso, han mantenido un trabajo permanente en cada legislatura para colocar su propuesta: en las legislaturas LIX, LX y LXI se han presentado iniciativas con las propuestas que han actualizado las trabajadoras del hogar.
2. Como resultado de la profunda crisis económica, se ha lanzado a millones de mujeres al trabajo precario, descalificado, sin acceso a la seguridad social y con magros salarios, enfrentando condiciones de esclavitud, de trabajo forzoso y de un incremento desmesurado de mano de obra infantil en este sector.
Las condiciones en que laboran las 100 millones de trabajadoras en el hogar a nivel mundial, según datos del diagnostico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, en lo sucesivo) realizado en 2009. Los resultados del estudio condujeron al Consejo de Administración de la OIT a incorporar en su agenda la elaboración de un anteproyecto de convenio sobre los derechos de las trabajadoras domésticas, convocando a los representantes del espacio tripartito que rige esta institución. Los empleadores, las trabajadoras y los representantes gubernamentales iniciaron en la 99ª conferencia Internacional del 2010 la discusión del anteproyecto de convenio y recomendación.
Las trabajadoras se organizaron a nivel internacional, creando la Red Internacional de Trabajadoras Domésticas con el respaldo de centrales sindicales globales y organismos internacionales de la sociedad civil, establecieron coordinaciones regionales por continente –América Latina, Asia, África, Europa–, acordando una estrategia para lograr sensibilizar a la opinión pública y obtener el respaldo político en cada país, en cada región del mundo sobre el reconocimiento de sus derechos laborales y ser valoradas como ciudadanas con derechos plenos.
En julio de 2011 en la 100 Conferencia Internacional de la OIT, se definiría que las trabajadoras del hogar concretaran un etapa de su larga lucha, obteniendo un convenio y una recomendación donde quedaran las bases mínimas para dignificar sus derechos laborales, erradicar la discriminación y la violencia en sus espacios de trabajo.
Se aprobaron mayoritariamente ambos mecanismos, asignándole el número 189 de su convenio y el número 201 a la recomendación, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.
El gobierno mexicano votó a favor de ambos instrumentos. El Convenio es un tratado internacional vinculante para los Estados miembros que lo ratifiquen, por lo cual, ahora el Gobierno Mexicano por medio del Senado debe ratificarlo y así reconocer el trabajo del hogar como un derecho de las personas que lo realizan.
3. El Convenio establece en la introducción que “el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e invisible y lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos”.
El Convenio 189, tiene tal relevancia, que juega un papel muy importante para prevenir el tráfico de mujeres y menores por razones de explotación laboral y/o servidumbre personal.
Por lo cual debe ratificarse, a fin para ser congruente con los esfuerzos contra la trata de personas, de las que México es promotor en la campaña del Corazón Azul que impulsa la Organización de las Naciones Unidas
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputados y diputadas federales sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal y al Senado de la Republica, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, ratifique el Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Nota
1 Goldsmith Connelly, Mary. "Política, trabajo y género: la sindicalización de las y los trabajadores domésticos y el Estado mexicano", en Ma. Teresa Fernández Aceves, Carmen Ramos Escandón y Susie Porter (coord.), Orden social e identidad de género. México, siglos XIX y XX, Guadalajara, CIESAS y UdG, 2006, pp. 215-244.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 6 de septiembre de 2011.
Diputados: Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Gerardo Sánchez García.
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNDH que investigue sobre las posibles violaciones de los derechos humanos de los enfermos mentales; y al Ejecutivo federal, que envíe por la Secretaría de Salud un diagnóstico sobre el estado de las personas con tal condición recluidas en las instituciones públicas de salud mental y en los centros de readaptación social, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente proposición con puntos de acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que lleve a cabo una investigación inmediata sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos mentales, así como al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud envíe un diagnóstico sobre la situación de los enfermos mentales recluidos en las diversas instituciones públicas de salud mental y en los Centros de Readaptación Social.
Exposición de Motivos
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 450 millones de personas en todo el mundo sufren de algún problema mental, neurológico o de comportamiento; es decir que el 15 por ciento por ciento de la población mundial padece o padecerá algún trastorno durante su vida.
Aproximadamente 873 mil individuos en el planeta mueren por suicidio cada año y uno de cada cuatro pacientes que visitan al médico no son diagnosticados y mucho menos tratados.
Estas cifras representan una señal de alerta mundial debido a los grandes costos económicos y sociales que se generan a partir de esta clase de trastornos.
En nuestro país, menos de la mitad de los mexicanos con enfermedades mentales reciben atención especializada. Lo anterior se debe al deficiente acceso a los servicios clínicos, la discriminación y el alto costo de los medicamentos. Esta situación es contradictoria con la presunta política de prevención de las enfermedades mentales prevista en el artículo 72 de la Ley General de Salud.
No obstante de que las enfermedades mentales van en ascenso, el principal obstáculo para hacer frente a este problema es el estigma cultural que gira alrededor de este fenómeno así como la inoperancia de las autoridades.
En teoría, el sistema de seguridad social mexicano cubre la atención de la salud mental; sin embargo, en la praxis no existe una cobertura real, por citar un ejemplo, en el caso del trastorno bipolar, generalmente suministran medicamentos para la depresión y si por esta causa alguna persona pierde su empleo no es considerado como un discapacitado.
Según datos de la encuestadora Parametría, a seis de cada diez mexicanos les avergonzaría visitar a un psicólogo o psiquiatra, mientras que dos de cada diez opinan no tener ningún problema.
Este resultado indica que existe un gran prejuicio entre los mexicanos para acudir con los especialistas mentales, pero la mayoría no acepta tenerlo. Es decir, esta empresa encuestadora concluye que al preguntarle al entrevistado directamente si le daba pena asistir con el psicólogo o psiquiatra, sólo el 28 por ciento lo reconoció, y el 62 por ciento restante dijo que no le causaba ningún conflicto.
La Secretaría de Salud ha reconocido la gravedad de este fenómeno. En diciembre de 2010 señaló que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en las estadísticas de incidencia del estrés laboral, al registrar entre un 30 y un 40 por ciento. Esto se debe a los problemas económicos, ambientales y sociales como la violencia, tensiones de pareja o familiares y, en general, al nivel de vida de las grandes ciudades.
Por su parte la situación de los enfermos mentales que deben ser confinados en los hospitales psiquiátricos gubernamentales son inhumanas debido a que son sometidos a tratamientos médicos degradantes, incluida la lobotomía y la administración de fármacos inadecuados, así como la falta de higiene, el hacinamiento y constantes vejaciones que vulneran día a día sus garantías individuales.
En diciembre de 2010, Disability Rights International (DRI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) elaboraron de manera conjunta el informe Abandonados y desaparecidos. Segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México.
El primer antecedente de este análisis tuvo lugar hace más de diez años, cuando integrantes de estas organizaciones visitaron orfanatos y clínicas del país y emitieron un reporte en el que señalaron la falta de atención digna de quienes padecen alguna discapacidad mental.
En respuesta, las autoridades mexicanas se comprometieron a mejorar esta situación en seis meses, e incluso promovieron ante la Organización de las Naciones Unidas la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada en 2006.
Sin embargo, los hechos demuestran que el gobierno no es congruente con su posición internacional y con su misión en materia de salud, ya que once años después del primer informe no se han realizado cambios en este sistema.
El análisis de referencia fue elaborado mediante una serie de visitas a 20 hospitales, orfanatos y albergues —18 de ellos públicos—, de agosto de 2009 a septiembre de 2010, en donde realizaron más de un centenar de entrevistas que arrojaron serias violaciones a los derechos humanos de los enfermos mentales.
El director ejecutivo de Disability Rights International, Eric Rosenthal, señaló un caso paradigmático para ejemplificar la gravedad de este problema.
En el año 2000 una interna del Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Villa Mujeres, en la delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal, estaba atada a su silla de ruedas, y diez años después continuaba en las mismas condiciones.
Dado lo anterior, podemos aseverar que las autoridades sanitarias no cumplen con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley General de Salud, que a la letra dice:
Artículo 75. El internamiento de personas con padecimientos mentales en establecimientos destinados a tal efecto, se ajustará a principios éticos y sociales, además de los requisitos científicos y legales que determine la Secretaría de Salud y establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
Asimismo otro grave problema que arrojó esta investigación fue que diversas instituciones psiquiátricas que operan bajo el sistema de seguridad social ofrecen programas de servicios ambulatorios ya que resultan más económicos que un internamiento, lo cual no beneficia a los pacientes.
Las condiciones de la mayor parte de las instituciones de estancia prolongada son antihigiénicas. En el CAIS Villa Mujeres, según datos de Disability Rights International, los olores son tan abrumadores que algunas pacientes informaron que se sientan afuera para alejarse del olor de los edificios. La coordinadora de Operación de los CAIS informó a esa organización que su presupuesto es tan reducido que no pueden comprar papel de baño o jabón para los internos y que ellos dependen de donativos o son los internos quienes tienen que comprarlo por su cuenta.
En la institución Samuel Ramírez Moreno, en el Distrito Federal, observaron a hombres y mujeres deambulando por ahí o acostados en el suelo de concreto, completamente desnudos o semidesnudos, orinando en los pisos, pisando y arremolinándose en su propia suciedad. De igual forma, observaron a un hombre recoger un contenedor de comida de una cloaca abierta y lamerlo frente al personal que no hizo nada para evitarlo.
Una enfermera en la Cruz del Sur, en Oaxaca, informó de goteras en las instalaciones en épocas de lluvia y que, hasta hace poco, los pacientes estaban obligados a dormir en el suelo debido a la falta de colchones. En septiembre de 2010, el director del Samuel Ramírez Moreno señaló que el agua corriente sólo estaba disponible de 6 a 9 de la mañana, por consiguiente el resto del día no hay agua para los inodoros, lavabos, regaderas o lavandería.
Por su parte, en el Batam de Puebla, los investigadores de DRI y de la CMDPDH observaron a un paciente atado a una banca de madera en el pabellón varonil y como no podía caminar hasta el baño, el hombre se orinó, después se quitó los pantalones e intentó escurrirlos. Nadie se acercó para ayudarlo a cambiarse o limpiar la orina.
En el pabellón femenil de esta Institución, los investigadores observaron a una anciana en una silla de ruedas cubierta de orina y heces. Cuando los investigadores alertaron al director de las condiciones de esa mujer, ordenó a una enfermera que la limpiara y le colocara un pañal. La enfermera se llevó a la mujer a otra habitación. Después de cinco minutos, los investigadores observaron a la misma mujer en el dormitorio. No la habían cambiado, simplemente la habían colocado en una esquina. Cuando los investigadores interrogaron al Director de nueva cuenta respecto a la mujer, admitió que la institución no cuenta con un presupuesto suficiente para comprar pañales. A pesar de ello, no se hizo ningún esfuerzo para limpiar a la mujer.
En el CAISAME EP de Guadalajara observaron un pabellón entero de pacientes formados para tomar sus medicamentos. Uno por uno, recibían sus pastillas y se las pasaban con agua que tomaban de un mismo vaso de plástico que todos compartían. El riesgo de enfermedades o infecciones fue ignorado.
Otro problema que lacera los derechos de los discapacitados mentales es que carecen de privacidad y espacio personal; es decir, los cuartos de baño son abiertos y las regaderas son comunales.
Asimismo, los internos psiquiátricos han sido objeto de violencia y abuso sexual. Existe una falta de rehabilitación y habilitación lo que agudiza el problema al no existir programas ocupacionales.
Por lo anterior, las instituciones psiquiátricas enfrentan grandes carencias de apoyo económico y falta de servicios de calidad, ya que no cuentan con suficiente personal de enfermería, ni tampoco están capacitados y sensibilizados para dar una atención de cuidados especiales y brindar las terapias y apoyo necesarios para evitar un mayor deterioro de los pacientes. En muchos casos el personal actual está rebasado y han creado un mecanismo de protección para continuar en sus trabajos.
Otro sector vulnerable son los enfermos mentales recluidos en los diversos Centros de Readaptación Social de los tres niveles de gobierno, que históricamente han sido una fuente de vulneraciones a los derechos humanos de los internos.
Al respecto, en reiteradas ocasiones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho claros pronunciamientos en cuanto a que en el Sistema Penitenciario se carece de medidas de atención para enfermos mentales que no han sido ubicados en áreas aptas, por lo que constantemente sufren diversos abusos de parte de internos y del personal de seguridad y custodia.
Estos hechos atentan contra las recientes inclusiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 06 de junio del año en curso, al artículo 18 constitucional párrafo segundo que establece los principios bajo los cuales se regirá la reinserción social.
A la letra dice:
Artículo 18. ...
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
...
De igual forma el artículo 76 de la Ley General de Salud señala la obligación de la Secretaría de Salud de establecer normas técnicas para aquellos enfermos mentales que se encuentran en reclusorios o en otras instituciones no especializadas en salud mental. Para ello esta Secretaría establecerá la coordinación entre las autoridades sanitarias, judiciales y administrativas.
Asimismo, en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobada por el Consejo Económico y Social de la ONU, existe una parte específica establecida en el inciso B y que literalmente señala:
Los alineados no deberán ser recluidos en prisiones. En sus traslados se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos para enfermos mentales.
Los reclusos que sufran otras enfermedades o anormalidades mentales deberán ser observados y trasladados a instituciones especializadas dirigidas por médicos.
En este tenor, el número 4 de las reglas de referencia cita:
El servicio médico o psiquiátrico de los establecimientos penitenciarios deberá asegurar el tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento.
Aunado a lo anterior, el artículo 39 fracciones I, VI y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ratifican las disposiciones anteriormente descritas al señalar:
Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la administración pública federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.
...
...
...
...
VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el sistema nacional de salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho sistema nacional de salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes;
VII. Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al sistema nacional de salud;
...
Una garantía fundamental de una persona que padece de sus facultades mentales y se encuentra privada de su libertad por la comisión de un ilícito es que se le ubique en un área distinta al resto de la población que cuente con todos los servicios, lo que en la práctica no aplica y resulta fundamental ya que este tipo de internos pueden sufrir agresiones o contagios o bien pueden arremeter contra el resto de la población. Es importante destacar que esta medida no representa que los internos sean incomunicados, ya que cuentan con el derecho de recibir contacto con el exterior y recibir visitas de sus familiares, defensores y amigos; simplemente requieren de un tratamiento especial.
Como ya se mencionó con antelación, la salud es un derecho fundamental. En nuestro texto constitucional y en congruencia con las disposiciones internacionales en esta materia, el artículo 4o. establece que toda persona tiene derecho a la salud, cuya protección es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal y los municipios, en sus respectivas competencias.
De igual forma, la Ley General de Salud en su artículo 2o. señala que este derecho tiene por objeto:
– El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
– La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;
– La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;
– La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;
– El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;
– El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.
De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala lo siguiente:
Artículo 12. ...
1. Los Estado parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados parte en el pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
...
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —ratificado por México el 23 de marzo de 1981— y, en conexidad, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece:
Artículo 5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.”
En el mismo sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos —aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 217 A (III) de fecha 10 de diciembre de 1948—, puntualiza en su artículo 25, lo siguiente:
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
En este tenor, la Observación General 14 de la Organización de las Naciones Unidas expone: “Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente [...] El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos [...] entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud”.
Por su parte, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 2856 (XXVI), de fecha 20 de diciembre de 1971, tiene por objeto establecer las bases necesarias para la protección de los derechos de los discapacitados mentales tanto en el plano nacional como internacional, los cuales consisten en:
– El enfermo mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos derechos que el resto de los seres humanos.
– El enfermo mental tiene derecho a la atención médica y al tratamiento físico que requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes.
– El enfermo mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un empleo productivo o alguna otra ocupación útil.
– De ser posible, el enfermo mental debe residir con su familia, o en un hogar que remplace al propio y en participar en las distintas formas de la vida de la comunidad. El hogar en que viva debe recibir asistencia. En caso de que sea necesario, internarlo en un establecimiento especializado, el ambiente y las condiciones de vida dentro de tal institución deberán asemejarse, en la medida de lo posible a los de la vida normal.
– El enfermo mental debe poder contar con la atención de un tutor calificado cuando esto resulte indispensable para la protección de su persona y sus bienes.
– El enfermo mental debe ser protegido contra toda explotación y todo abuso o trato degradante. En caso de que sea objeto de una acción judicial, deberá ser sometido a un proceso justo en que se tenga plenamente en cuenta su grado de responsabilidad, atendidas sus facultades mentales.
– Si algunos enfermos mentales no son capaces, debido a la gravedad de su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que se emplee a los fines de esta limitación o supresión deberá entrañar salvaguardas jurídicas que protejan al enfermo mental contra todas formas de abuso. Dicho procedimiento deberá basarse en una evaluación de su capacidad social por expertos calificados. Asimismo, tal limitación o supresión quedará sujeta a revisiones periódicas y reconocerá el derecho de apelación a autoridades superiores.
Por lo anteriormente expuesto, podemos concluir que tanto los tres niveles de gobierno como la sociedad civil tenemos una cuenta pendiente con este sector que ha sido objeto de discriminación y olvido.
El principal obstáculo para enfrentar este problema es la falta de entendimiento de la seriedad del asunto. En el caso de nuestro país el sistema de salud debe abatir los prejuicios que existen entre los mexicanos respecto a este tipo de enfermedades. Asimismo, uno de los aspectos más preocupantes del tema es que no hay estadísticas fidedignas que nos permitan conocer con precisión cuántas personas están ingresadas, en qué sitios y por qué terminaron ahí, aunque las previsiones indican que cada vez hay más enfermos en estas circunstancias.
Es momento que la Secretaría de Salud sea congruente con su misión consistente en:
Contribuir a un desarrollo humano justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación ciudadana.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en uso de las facultades que le confiere el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realice una investigación inmediata sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos mentales recluidos en las instituciones públicas de salud mental del país, así como en los Centros de Readaptación Social de los tres niveles de gobierno, a efecto de que informe a esta soberanía, con la brevedad, sobre los resultados de la misma.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, envíe un diagnóstico a esta soberanía, así como datos estadísticos, sobre la situación de los enfermos mentales del país recluidos en las Instituciones Públicas de Salud Mental y en los Centros de Readaptación Social de los tres niveles de gobierno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.
Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía que realicen las gestiones conducentes a incluir en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados el nombre y las funciones del CEAMEG, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados que realicen las gestiones conducentes a que en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados se incluyan el nombre y las funciones del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En 2003, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) elaboró un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. Éste, en el capítulo 5, desarrolla de manera específica un estudio de los derechos humanos de las mujeres.
Dicho documento, además de identificar los problemas y las causas que impiden lograr una plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres en el país, identifica las necesidades de reformas legislativas y acciones administrativas necesarias, a través de la formulación de recomendaciones y propuestas viables con un espíritu constructivo.
En 2006, el citado estudio fue actualizado, con lo que se pudo observar el avance en las propuestas así como en su implementación. Al mismo tiempo, la OACNUDH actualizó el capítulo 5, que se refiere a los “derechos humanos de las mujeres”. Esto permitió realizar un análisis de dichas propuestas y conocer los avances en su implantación, los resultados que se han obtenido, así como los obstáculos que han impedido acciones o generado retrocesos.
De las observaciones emitidas por la OACNUDH destacamos las de carácter legislativo, entre las que se encuentran la necesidad de la incorporación de las prescripciones de las Convenciones Internacionales (CEDAW 1979 y Belem do Pará 1994) en la legislación nacional y estatal, así como su debido cumplimiento.
La incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas, presupuestos y gestión de las instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado, la promoción de la eliminación de estereotipos de género, la promoción y procuración del respeto a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, así como la adopción de medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres, en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Éstas, entre otras demandas de carácter internacional y nacional, han hecho necesario que el Poder Legislativo, en el orden federal y en el estatal, incluya personal capacitado en temas de derechos humanos de las mujeres y género, que auxilien al Poder Legislativo a cumplir dichos compromisos internacionales.
El 3 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena a la Cámara Diputados contar con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas; de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, y de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, los que deberán estar adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Secretaría General, lo cual sin duda abona de manera profesional al trabajo legislativo de los diputados.
Por su parte, el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados señala en el apartado relativo a los centros de estudios las funciones de cada uno de ellos.
Sin embargo, dichas modificaciones de la Ley Orgánica del Congreso y del manual no han sido armonizadas con la normativa interna de la Cámara de Diputados, de tal suerte que éstas no se reflejan en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.
Por lo anterior, los presentes puntos de acuerdo pretenden armonizar lo señalado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Manual General de Organización con lo establecido en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.
Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala:
Artículo 34. A la Junta corresponden las atribuciones siguientes:
f ) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto, por el cual se nombrará el Servicio de Carrera Administrativo y Financiero a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo.
Artículo 38. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:
b ) Proponer al pleno el proyecto de Estatuto que regirá la organización y funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos y Financieros, y demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los términos previstos en esta ley;
Por la anterior fundamentación legal se concluye que la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tienen la facultad de realizar los cambios que mediante este punto de acuerdo se solicitan: que se incluya en el Estatuto el nombre del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
De igual forma, que se publiquen las siguientes funciones de dicho centro:
a) Formular el proyecto del programa anual, considerando las directrices y pautas establecidas por el comité del centro y las prioridades y necesidades del trabajo legislativo.
b) Conducir los trabajos a cargo del centro, conforme a las disposiciones de los ordenamientos aplicables, el programa aprobado por el secretario de Servicios Parlamentarios y el comité del centro.
c) Realizar investigaciones y estudios comparados desde la perspectiva de género, de carácter jurídico, legislativo, histórico, sectorial, estadístico, económico, político y social, sobre los derechos y adelanto de las mujeres, para enriquecer y orientar el trabajo parlamentario.
d) Realizar análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de los presupuestos y el gasto etiquetado para mujeres, para ofrecer información que permita a los y las legisladoras cumplir con sus atribuciones de aprobación del presupuesto y vigilancia de la ejecución del gasto, buscando mayor equidad de género en su distribución.
e) Integrar bases de datos y estructurar sistemas de información, que permitan diagnosticar la realidad, en materia de adelanto de las mujeres y equidad de género, así como hacer posible la generación de indicadores sensibles al género, para apoyar los estudios e investigaciones del centro y sustentar el trabajo de las comisiones legislativas en los temas relacionados con la equidad de género.
f) Promover con instituciones afines reuniones académicas multidisciplinarias vinculadas al adelanto de las mujeres y la equidad de género, a fin de intercambiar información, conocimientos y experiencias, así como impulsar acciones comunes en favor del desarrollo de las mujeres.
g) Celebrar convenios de colaboración con centros de estudios e instituciones académicas nacionales e internacionales para impulsar encuentros, programas, proyectos, intercambio de experiencias y especialistas y, en general, acciones que redunden en el adelanto de las mujeres y la equidad de género.
h) Diseñar e instaurar un programa editorial y de divulgación sobre estudios especializados en el adelanto de las mujeres y la equidad de género y los productos del trabajo del centro.
i) Promover y participar, en el ámbito de su competencia, en las actividades de capacitación para la formación, actualización y especialización del personal del centro y de la Cámara, así como de los legisladores, cuando lo soliciten.
j) Presentar a consideración del comité del centro y del secretario de Servicios Parlamentarios los requerimientos presupuestales para el desempeño de sus funciones, a efecto de que se considere en el anteproyecto de presupuesto de la Cámara.
k) Elaborar y presentar a las autoridades competentes informes periódicos sobre las actividades desarrolladas por el centro que permitan el seguimiento y la evaluación del programa operativo anual.
l) Realizar además todas las funciones que coadyuven al logro del objetivo del centro y las que se deriven del presente manual, así como de las normas, las disposiciones y los acuerdos aplicables.
Por todo lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados que incluyan y publiquen en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados el nombre del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Segundo. Asimismo, para que se publiquen en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados las funciones del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de septiembre de 2011.
Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera
Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que, por la coordinación entre la STPS, la Secretaría de Economía, el IMSS, la Segob y las autoridades locales de Coahuila, se adopten medidas de protección civil para prevenir de raíz los riesgos de accidentes mortales de mineros en la zona carbonífera de dicha entidad, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, 76 y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
El “horror” es una palabra insuficiente para describir la realidad que sufre nuestro país. La muerte se cosecha todos los días al mayoreo, poniendo en riesgo la existencia misma de nuestra Nación. Los poderes Legislativo y Judicial no pueden seguir como cómplices de esta barbarie, que tarde que temprano acarreará responsabilidades frente a la justicia y la historia.
La razón de fondo de la sangre que inunda nuestras calles, es la misma que ha reducido a nada el valor de la vida humana en los centros de trabajo: el sacrificio de los intereses sociales al egoísmo criminal de unos cuantos sometidos de manera vergonzosa a intereses extranjeros.
Otra vez el 26 de agosto de 2011, Juan de Sabinas, Coahuila se vistió de luto con la muerte de 4 mineros, ahora en la mina La Esmeralda de la empresa Minerales Monclova Sociedad Anónima (Mimosa).
Apenas, semanas antes la “Familia Pasta de Conchos,” había presentado informe ante la presidencia de la OIT, sobre la zona carbonífera de Coahuila, denunciando 124 muertes desde 2006, incluidos los 65 que murieron en Pasta de Conchos. Denunciando que el gobierno federal, carece de control sobre el número de muertes y de los centros mineros y enfatizando en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, insiste en permitir el funcionamiento de los pocitos.
La muerte de estos 4 mineros en la mina La Esmeralda ocurrió a consecuencia de un derrumbe de cien toneladas de carbón como consecuencia de la acumulación de gas metano. Ya fueron rescatados los cuerpos sin vida de los cuatro jóvenes mineros que perecieron: Mario Alberto Flores Martínez, Miguel Ángel Hernández Martínez, Ángel González Pineda y, Jesús Tobías Hernández. Por fortuna no sufrieron daños otros 128 trabajadores que se encontraban laborando en el tercer turno.
Los mineros han denunciado que todo es consecuencia de la omisión criminal en el respeto de las normas para la prevención de los riesgos de trabajo y seguridad e higiene, de parte de la empresa Grupo Acerero del Norte, con la complicidad de Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, ha señalado: “...estamos ante otro posible homicidio industrial, como el ocurrido el 19 de febrero de 2006...” Todo esto ocurrió a poco más de tres meses de la tragedia de Sabinas que dejó un saldo de 14 trabajadores muertos; apenas el pasado 3 de agosto había muerto el minero Willhem Ernesto López García en un pozo de carbón en Villa Agujita donde ocurrió un derrumbe.
No se puede permitir que la zona carbonífera de Coahuila, siga produciendo “carbón de sangre”; debe apartarse la apatía y tomarse las medidas necesarias para que se prevengan de raíz la muerte constante de mineros y el dolor de sus familias, que debe ser el dolor de todos los mexicanos.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que mediante la coordinación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación y las autoridades locales del estado de Coahuila, se adopten las medidas urgentes y necesarias para prevenir de raíz los riesgos de accidentes mortales de mineros en la zona carbonífera de este estado.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, para que proceda a interponer las denuncias penales y demás acciones legales procedentes, en contra de los empresarios y servidores públicos con probable responsabilidad en los hechos referidos, de manera que la impunidad deje de ser la norma en este tipo de tragedias.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal otorgue a los familiares de los cuatro mineros fallecidos todo el apoyo para el respeto de sus derechos, poniendo fin al desamparo en que se suele dejar a los deudos.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a iniciar de oficio una investigación sobre la muerte de los cuatro mineros en la Mina la Esmeralda, en la zona carbonífera de Coahuila.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión para el seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, a dejar su inacción frente a la cadena de terribles hechos que han llenado de luto a la zona carbonífera de Coahuila; baste señalar que a la fecha no se ha constituido el grupo de trabajo para investigar los hechos de San Juan Sabinas, aprobado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados en San Lázaro a los seis días del mes de septiembre de dos mil once.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta soberanía que en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados se incluyan el nombre y las funciones del CEDRSSA, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Augusta Díaz de Rivera, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se le solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, para que en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados, se incluyan el nombre y funciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México es uno de los países más ricos en biodiversidad. Junto con Indonesia, tiene una estrecha interrelación entre biodiversidad y cultura, es decir diversidad biológica y cultural.
La gran biodiversidad en México sólo puede explicarse por su gran complejidad fisiográfica y su complicada historia geológica y climática, lo que hace que flora y fauna muestren patrones geográficos correlacionados con el medio físico.
Esto hace que algunas zonas cuenten con una exuberante vegetación, y otras como el desierto con una densidad menor de vegetación 1 .
La biodiversidad de nuestro país también se ve reflejada en la gran variedad de ecosistemas ya que existen por ejemplo, selva alta perennifolia; selva baja o bosque tropical caducifolio; selva mediana o bosque tropical subcaducifolio; pastizal; sabana; pradera de alta montaña; bosque de encino; bosque de coníferas; matorral xerófilo o bosque espinoso; o los ecosistemas insulares 2 .
Toda esta riqueza biológica se encuentra estrechamente vinculada con los usos y aprovechamientos de diversas etnias, poblaciones indígenas, así como habitantes de las ciudades y conglomerados humanos en diversas formas.
Sin embargo, el uso que se ha dado de nuestros recursos ha llevado a muchas especies al riesgo de la extinción. Los bosques se han visto amenazados por la tala ilegal, pero también por el cambio de uso de suelo para siembra, y ganadería. El resultado ha sido la extinción local de algunas especies y la fragmentación del hábitat.
También los recursos pesqueros han sido sobre explotados y se hace necesaria una racionalidad que encuentre el balance entre alimentación y sostenibilidad. Es la preocupación sobre el deterioro ambiental y sus recursos, la que muchas veces ha llevado ha implementar acciones a favor de él.
El sector ambiental ha sido afectado por políticas equivocadas, aplicadas en el pasado y la conservación de nuestros recursos ha implicado un mejor desarrollo como país para mejorar nuestra calidad de vida, en donde el sector rural ha desempeñado un papel fundamental.
Una parte importante de la riqueza biológica del país se encuentra en el área rural, en los bienes y los servicios ambientales que nos brindan, tales como el agua, el aire, los servicios de recreación, los cuales también son generados en los espacios rurales mexicanos.
La importancia que para los diputados, y para el país, representa el sector rural mexicano ha sido motivo de la creación de un centro de estudios que se dedique a estudiar los diversos aspectos del desarrollo rural sustentable en apoyo a la tarea legislativa.
En la exposición de motivos de la iniciativa que dio paso a la creación del centro, se expresaron las siguientes razones: limitada inversión productiva; migración de la población rural sin opciones de empleo; la gran cantidad de personas que viven en el campo; aumento considerable de la pobreza rural; la desigualdad productiva, social y regional; incremento del deterioro de los recursos naturales en la zonas rurales; afectación a la base material para la producción agropecuaria y forestal; así como, la producción de bienes y servicios ambientales fundamentales para el desarrollo y calidad de vida.
Queda claro que los motivos que dieron nacimiento al centro, fueron de tipo rural, y que sólo de manera somera se hace referencia al deterioro de los recursos, sin observar el aspecto de conservación y sostenibilidad, no considerando que sin el cuidado del medio ambiente no puede existir un adecuado desarrollo rural.
El 10 de mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se señalaba que la Cámara Diputados contaría, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), además de los otros tres centros de estudios que ya operaban en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el 22 de mayo de 2000, se publicó el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados en el Diario Oficial de la Federación. Al día de hoy, dicho estatuto, no incluye el nombre del CEDRSSA.
En el estatuto en comento, existen los siguientes artículos en donde se definen las funciones de tres centros de estudios de los cinco con los que cuenta la Cámara: artículo 42: Centro de Estudios de Finanzas Públicas; artículo 43: Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; artículo 44: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Sin embargo, no existe ningún artículo que dé cuenta de las funciones del CEDRSSA, por lo que es necesario que se incluyan de manera explícita.
El tema ambiental es un tópico transversal, ya que áreas cómo la salud, la educación, el turismo, la pesca, equidad y género, por mencionar algunas, están directamente en interdependencia mutua. Es conveniente resaltar que en esta Cámara de Diputados no existe un centro de información y procesamiento que trabaje exclusivamente con el tema ambiental, por lo que resulta necesario que el CEDRSSA fortalezca sus actividades en dichos aspectos.
Al mismo tiempo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala:
Artículo 34. A la junta le corresponden las atribuciones siguientes:
f) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del estatuto, por el cual se nombrará el Servicio de Carrera Administrativo y Financiero, a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo.
Artículo 38. La conferencia tiene las siguientes atribuciones:
b) Proponer al pleno el proyecto de estatuto que regirá la organización y funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Administrativos y Financieros, y demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los términos previstos en esta ley;
Por la anterior fundamentación legal se concluye que la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tienen la facultad para realizar los cambios necesarios al estatuto, incluyendo la ampliación de las funciones en el aspecto ambiental.
Considerando que el soporte a la tarea legislativa sería más enriquecedor para los diputados, si el CEDRSSA llevara a cabo investigaciones que arrojen datos sobre la problemática ambiental, creemos que con investigaciones dedicadas al tema de medio ambiente, los legisladores tendrán más herramientas para enfrentar los desafíos que se presentan.
Por último, las funciones descritas a continuación fueron elaboradas, acorde con las necesidades que imperan para el área ambiental en la Cámara de Diputados; examinando las lagunas que tiene el CEDRSSA, debido a que las líneas de trabajo del centro actualmente se abocan principalmente para el área rural, dejando sin posibilidades de investigación la problemática ambiental; tomando en cuenta la sesiones de trabajo que de manera conjunta se realizaron con personal del mismo centro y asesores de la promovente, aprovechando con esto la experiencia del personal del centro, al mismo tiempo que se obtuvieron consensos en cuanto a la problemática que afecta al medio ambiente; finalmente, promover la agenda en temas ambientales que están en interdependencia constante y que por ende requieren de tratamiento interdisciplinario.
Todo con un objetivo: la inclusión de aspectos que están concatenados no sólo con el aspecto rural, sino con diversos temas ambientales, de tal suerte que el CEDRSSA se actualice en la agenda ambiental y brinde frutos para los diputados, la población y al medio ambiente.
También este cúmulo de funciones propuestas está dirigido a ser más efectivo el trabajo, contar con datos fehacientes apegados a la realidad que vive el país.
Destacando que la preocupación de este documento legislativo es hacer congruente y coherente el marco normativo de los órganos técnicos de apoyo a los diputados, promoviendo investigaciones confiables y oportunas sobre diversos temas e incluyendo el de medio ambiente, se propone que en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados se consideren las funciones siguientes:
• Realizar una sistematización de información especializada, elaboración de análisis, seguimiento, y evaluación y formulación de propuestas en aspectos ambientales, así como de las evaluaciones de políticas gubernamentales en la materia.
• Analizar los principales programas, políticas, e instrumentos del Ejecutivo federal para promover el desarrollo sustentable.
• Dar seguimiento y analizar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación de los programas ambientales.
• Recopilar, sistematizar y analizar información sobre la biodiversidad, manejo forestal sustentable, contaminación atmosférica, del suelo y del agua, ecoturismo, etcétera.
• Dar seguimiento a las políticas sobre cambio climático.
• Analizar los impactos ambientales de las iniciativas de ley.
• Colaborar con los otros centros de estudios de la Cámara de Diputados, en estudios e investigaciones con el fin de que haya una integralidad en la información que se obtenga, en cuanto al manejo de los recursos naturales y otros aspectos ambientales.
• Recopilación, sistematización y análisis de los principales instrumentos jurídicos, incluyendo los tratados internacionales, en materia ambiental.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero . Se hace un atento exhorto a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, para que en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Diputados, se incluyan el nombre y funciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA).
Segundo. De igual forma, se exhorta a Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, para que analice la posibilidad de ampliar las funciones del CEDRSSA sobre aspectos ambientales y los incluya en el estatuto anteriormente citado.
Notas
1. Semarnat. Capital Natural de México. Conabio. 2009.
2. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.
Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera
Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que acredite por la Secretaría de Economía y la Sener organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, sobre lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, integrante de la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita al Ejecutivo federal que acredite por las Secretarías de Economía, y de Energía organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, sobre lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Han pasado muchos años desde que Thomas Alva Edison patentara la primera lámpara eléctrica, la única para su tiempo.
En la actualidad, el mercado ofrece diferentes opciones de lámparas. Por ejemplo, hay las bombillas incandescentes, que emiten luz cuando la corriente eléctrica pasa por un delgado filamento que se calienta y se vuelve incandescente; su duración es de aproximadamente mil horas. Los tubos fluorescentes crean una descarga de gases, y su duración aproximada es de 6 mil horas.
También hay lámparas halógenas, las cuales requieren menor cantidad de energía para generar luz, y ésta es más potente. Su duración media es de 2 mil horas.
Las lámparas fluorescentes compactas o de bajo consumo duran más y requieren menos energía que una incandescente. Su duración aproximada es de 8 mil horas.
En México, las lámparas ahorradoras compactas disponibles proceden principalmente de China, aunque están resguardadas por marcas de reconocimiento internacional. Sin embargo, no cumplen las especificaciones de la legislación vigente.
Esto se debe a que muchas lámparas ahorradoras importadas no cumplen el rendimiento que prometen: por un lado, ahorran menos energía; y, por otro, duran menos de lo que indica la norma.
La importación de lámparas ahorradoras que no están dentro de los parámetros permitidos en nuestras normas representa un problema para los sectores consumidores de la sociedad, ya que se tornan lámparas inseguras y pueden llegar a producir cortocircuitos, exponiendo a la población a posibles accidentes. 1
En México, la legislación vigente que se encarga de la regulación de las lámparas fluorescentes es la NOM-017-ENER/SCFI-2008, “Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba”. Ésta tiene por objeto fijar los límites mínimos de eficacia de lámparas fluorescentes compactas, con potencia hasta de 28 W, y de los balastros con que operan éstas.
El objeto de esta norma es atender la necesidad de comercializar productos que propicien el uso eficiente de la energía, favoreciendo con ello que no se introduzcan en el territorio productos de mala calidad.
Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como el apoyo para la inspección fiscal y aduanera, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En el mismo orden de ideas, la NOM-017-ENER/SCFI-2008 dicta que las Secretarías de Economía, y de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades a cargo de vigilar el cumplimiento de la misma norma (numeral 11).
En dicha norma se establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad (PEC, numeral 12), el cual fija los lineamientos que tienen que seguir los organismos de certificación, independientemente de los que, en su caso, determine la autoridad competente.
Es necesario el énfasis en el certificado de conformidad del producto, ya que éste es un documento mediante el cual el organismo de certificación otorga un certificado y hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumplen o no las especificaciones establecidas en la norma citada.
Igualmente, la evaluación de conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y organismos de certificación, acreditados y aprobados en la NOM. El usuario debe solicitar la evaluación de conformidad cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales, y el organismo de certificación entregará al interesado el certificado.
Cabe agregar que el PEC es aplicable a los productos de fabricación local o de importación que se comercialicen en territorio nacional.
Así, podemos establecer que tenemos medidas jurídicas pertinentes para que por nuestras fronteras no entren lámparas fluorescentes que no cumplan la normativa. Incluso con estas medidas legales siguen entrando lámparas fluorescentes con mala calidad.
Aun cuando las Secretarías de Economía, y de Energía expiden el certificado, esto no ha sido suficiente: el mercado nacional está saturado de lámparas fluorescentes compactas de muy mala calidad, que llegan a costar hasta 13 pesos y duran un mes.
Con esto sólo se obtiene que haya competencia desleal, lo cual deja en condiciones de desventaja a las empresas que cumplen la norma vigente, y con todo el proceso de trámites para introducir lámparas de buena calidad. 2 Esto da ventaja a las empresas que no se esfuerzan por introducir lámparas en buen estado.
Es necesario que se inspeccione y verifique el cumplimiento de la norma citada, al mismo tiempo que se fortalezcan las acciones de inspección y vigilancia en aduanas, con objeto de cumplir los mínimos de eficiencia y evitar competencia desleal en la comercialización de lámparas fluorescentes en el país.
Por lo expuesto y fundado, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a acreditar por las Secretarías de Economía, y Energía organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, de todas las lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer por las autoridades aduaneras las acciones de inspección y vigilancia para verificar el punto de entrada en el país y el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, “Eficiencia energética y requisitos autobalastradas. Límites y métodos de prueba”.
Notas
1 Laboratorio de Luminotecnia del Centro de Física y Metrología del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Especialistas analizaron el funcionamiento de 544 lámparas de 17 marcas reconocidas, todas importadas de China, y se encontró baja calidad.
2 Tomado de la tercera mesa de diálogo Hacia una propuesta de ley para prohibir la comercialización de lámparas incandescentes en México, llevada a cabo en la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de septiembre de 2011.
Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera
Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al conflicto de Armenia-Azerbaiyán y la tragedia de Jodyalí, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN
De conformidad con el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el que suscribe, diputado Marcos Pérez Esquer, presidente del Grupo de Amistad México-Azerbaiyán de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, realizó proposición con puntos de acuerdo en torno al conflicto de Armenia-Azerbaiyán y la Tragedia de Jodyalí, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.
I. Antecedentes
1. El artículo 46 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el pleno propondrá constituir grupos de amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de países con los que México sostenga relaciones diplomáticas. Los grupos de mérito tendrán una vigencia ligada a la de la Legislatura en que se conformaron y podrán, desde luego, ser establecidos nuevamente para cada legislatura.
2. Por acuerdos de 6 de abril y 4 de mayo de 2010, emitidos por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se crearon y modificaron, respectivamente, diversos grupos de amistad para la LXI Legislatura, entre ellos, el de México-Azerbaiyán, del cual se designó como presidente al suscrito.
3. El 17 de febrero de 2011, se instaló formalmente el Grupo de Amistad México-Azerbaiyán, contando con la presencia como testigo de honor, del excelentísimo señor Ilgar Mukhtarov, embajador de la República de Azerbaiyán en México.
4. En el acta constitutiva del 17 de febrero de 2011, el Grupo de Amistad México-Azerbaiyán dejó sentado que en las relaciones internacionales, el diálogo entre los diversos actores de los Estados democráticos nacionales fortalece la cooperación entre las naciones; que el ejercicio pleno de la diplomacia parlamentaria convoca a los representantes a sostener un diálogo permanente y frecuente que constituya un foro de interlocución privilegiado para el intercambio de opiniones y propuestas que coadyuven al fortalecimiento de las relaciones internacionales; y que nuestro país procura salvaguardar los principios fundamentales de la convivencia pacífica entre las naciones, como son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción del uso de la fuerza en la relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
5. Las actividades desarrolladas por el Grupo de Amistad México-Azerbaiyán, parten de considerar que la cooperación entre los Estados se ha convertido en una de las principales necesidades de la sociedad internacional, ya que permite buscar soluciones a problemas complejos que atentan el desarrollo de las naciones; asimismo, que la política exterior ya no es función exclusiva del Poder Ejecutivo, pues los países han mostrado interés en extender el manejo de las relaciones internacionales a los poderes legislativos, haciendo posible el contacto entre legisladores y/o parlamentarios de diversos Congresos y/o Parlamentos; siendo precisamente los Grupos de Amistad y las Reuniones Interparlamentarias, mecanismos de participación del legislativo con el exterior.
II. Consideraciones
1. A finales de 1987, comienza el denominado “periodo reciente” del conflicto Armenia-Azerbaiyán, el cual se identifica con los ataques por parte de los armenios a los azerbaiyanos en Khankandí, también conocido como Stepanakert.
A ese evento siguió el ataque perpetrado el 22 de febrero de 1988 en contra de azerbaiyanos que protestaban pacíficamente cerca del poblado de Asarán, en contra de la decisión del Consejo Regional de la región autónoma de Nagorno-Karabaj (NKAO por su siglas en inglés), de presentar una petición ante los Soviets Supremos de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán y la de Armenia, para transferir la NKAO de Azerbaiyán y anexarla a Armenia. En esa ocasión, perdieron la vida dos jóvenes azerbaiyanos; y en días posteriores, veintiséis armenios y azerbaiyanos murieron como resultado de disturbios en Sumgait.
Entre 1988 y 1989, se suscitaron constantes ataques en los que, por lo menos, 216 azerbaiyanos fueron asesinados y mil 154 sufrieron graves heridas; asimismo se originó un proceso de deportación masiva de aproximadamente 200 mil personas.
2. En septiembre de 1989, el liderazgo del Soviet Supremo de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, aprobó entre otras cosas, que la soberanía de ese república debía abarcar el territorio por completo, incluyendo la región autónoma de Najicheván y la región autónoma de Nagorno-Karabaj; asimismo dispuso que las fronteras de Azerbaiyán con otra Unión de Repúblicas sólo podían modificarse con el consentimiento mutuo de las repúblicas interesadas. Por su parte, el 1 de diciembre del mismo año, el Soviet Supremo de Armenia aprobó la resolución para la reunificación de Armenia y de Nagorno-Karabaj; decisión que fue calificada de ilegal el 10 de enero de 1990 por el Presídium del Soviet Supremo de la URSS, dado que se emitió sin el consentimiento de la república de Azerbaiyán.
A fines de 1991 y principios de 1992, aprovechando la inestabilidad política ocasionada por la disolución de la Unión Soviética, se intensificó el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán al pasar a una fase militar que inició con operaciones combate por parte de fuerzas armenias en Nagorno-Karabaj.
3. Durante la noche del 25 al 26 de febrero de 1992, tuvo lugar una masacre sin precedentes por parte de fuerzas armadas armenias contra la población de Azerbaiyán en Jodyali; en ella perecieron 613 azerbaiyanos, entre ellos 106 mujeres, 63 niños y 70 ancianos; 1,275 habitantes fueron tomados como rehenes, mientras que el destino de 150 personas aún se desconoce. Además, 487 habitantes de Jodyali fueron mutilados, incluyendo 76 menores de edad. 26 niños quedaron huérfanos y otros 130 perdieron al menos a uno de sus padres. El ataque quedó plenamente documentado por diversos organismos de la República de Azerbaiyán, y numerosas fuentes independientes.
Después del genocidio, las fuerzas armenias ocuparon Shushá (centro administrativo de Azerbaiyán); Kalbajar, Aghdám, Fuzulí, Yabraíl, Gubadlí y Zangilán.
4. El 30 de abril y el 29 de julio de 1993, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó las Resoluciones números 822 y 853, a través de las cuales:
a) Exigió la cesación inmediata de todas las hostilidades, con miras a establecer un cese al fuego duradero, así como el retiro inmediato de todas las fuerzas en los territorios de Kalbajar y Agdám, y otras localidades ocupadas de Azerbaiyán;
b) Instó a las partes interesadas a reanudar las negociaciones para la solución del conflicto, y abstenerse de cualquier acto que obstaculizara el logro de una solución pacífica;
c) Pidió se permitiera el acceso libre del socorro humanitario internacional en la región, a fin de aliviar los sufrimientos de la población civil, reafirmando que todas las partes tienen la obligación de acatar los principios y normas del derecho humanitario internacional; y
d) Pidió al Secretario General que, en consulta, con el Presidente en funciones de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) y el Presidente del Grupo de Minsk de la Conferencia, evaluara la situación en la región y presentara un nuevo informe al Consejo.
El 14 de octubre del mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución número 874, mediante la cual, entre otras cuestiones:
a) Hizo un llamamiento a las partes para hacer efectiva y permanente la cesación del fuego;
b) Reiteró su pleno apoyo al proceso de paz pretendido en el marco de la CSCE;
c) Pidió la aplicación inmediata de las medidas recíprocas y urgentes previstas por el Grupo de Minsk de la CSCE, incluyendo el retiro de las fuerzas de los territorios ocupados;
d) Pidió la pronta convocatoria de la Conferencia de Minsk de la CSCE para lograr un arreglo negociado del conflicto;
e) Pidió a todas las partes abstenerse de cometer cualquier violación del derecho humanitario internacional, reiterando el llamamiento a permitir el acceso de los servicios internacionales de socorro humanitario en las zonas afectadas; y
f) Instó a todos los Estados de la región a abstenerse de todo acto hostil y de cualquier injerencia o intervención que pudiera llevar al agravamiento del conflicto, socavar la paz y la seguridad en la región.
El 11 de noviembre de 1993, a través de la Resolución número 884, el Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros aspectos:
a) Condenó la violación al cese al fuego establecido entre las partes, que tuvo como resultado la reanudación de hostilidades y la ocupación de nuevos territorios de la República de Azerbaiyán;
b) Instó al gobierno de Armenia a lograr que sus nacionales establecidos en la región de Nagorno-Karabaj acaten las resoluciones 822, 853 y 874 del Consejo de Seguridad;
c) Exigió a las partes interesadas la inmediata cese de hostilidades y el retiro unilateral de fuerzas armadas de los territorios ocupados en Azerbaiyán;
d) Exhortó a las partes interesadas a reanudar y hacer efectiva en forma permanente la cesación al fuego y a continuar buscando un arreglo negociado del conflicto;
e) Exhortó nuevamente a los Estados de la región a abstenerse de todo acto hostil y de cualquier injerencia o intervención que pudiera llevar al agravamiento del conflicto, socavar la paz y la seguridad en la región; y
f) Pidió al secretario general y a los organismos internacionales competentes, proporcionar asistencia humanitaria urgente a la población civil afectada y ayudar a los refugiados y personas desplazadas a retornar a sus hogares sin peligro y con dignidad.
Con esas resoluciones, el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmó los principios de respeto a la soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras internacionales.
5. El conflicto armado en los territorios de la República de Azerbaiyán, generó la ocupación ilegal de casi un quinto del territorio de ese Estado y que al menos, una de cada ocho personas se convirtieran en desplazados o refugiados. 20 mil personas fueron asesinadas, 50 mil más fueron heridas o quedaron inválidas, y se estima que aproximadamente, 5 mil se encuentran desaparecidos.
Las áreas económicas del país quedaron gravemente afectadas; fueron destruidos hospitales, casas, departamentos, edificios de negocios, auditorios, escuelas, fábricas, sistemas de irrigación, puentes, carreteras, tuberías para abastecimiento de agua y de gas, así como estaciones de suministro. El daño infringido a la República de Azerbaiyán se ha estimado en decenas de miles de millones de dólares.
6. Aunque el 12 de mayo de 1994, mediante acuerdo tomado en la cumbre de la CSCE en Budapest, se determinó el cese al fuego, las fuerzas armenias han violado reiteradamente esa tregua, con mayor frecuencia a partir de 2003.
En la cumbre de Lisboa, llevada a cabo el 2 y 3 de diciembre de 1996, la Presidencia Conjunta del Grupo de Minsk de la CSCE, sugirió los principios que serían la base para la resolución del conflicto; empero, no fueron admitidos por la República de Armenia. Tales principios consisten en el respeto a la integridad territorial de las Repúblicas de Armenia y de Azerbaiyán; establecimiento de un estatus legal de Nagorno-Karabaj (NKAO) basado en la autodeterminación, que le confiera el más alto grado de auto-gobierno dentro de Azerbaiyán; y seguridad garantizada para NKAO y toda su población.
En 1997, se instituyó la figura de la Triple Presidencia Conjunta de la CSCE; misma que el 1 de junio de ese año, presentó un documento preliminar de acuerdo integral para la resolución del conflicto, que implicaba el cese al fuego y un consenso sobre el estatus de NKAO. Armenia, rechazó definitivamente el enfoque propuesto. En septiembre de ese mismo año, la Presidencia Conjunta presentó nuevas propuestas que tampoco fueron admitidas por Armenia.
Desde el 2004, se iniciaron pláticas directas entre los ministros de Azerbaiyán y Armenia, que se han identificado como el “Proceso de Praga”; sin embargo, a la fecha, las partes no han podido lograr un avance sustancial que permita la solución de conflicto.
El problema de la resolución del conflicto es cotidianamente abordado en las Cumbres de la CSCE, en donde se enfatiza en la importancia de un diálogo de paz y los esfuerzos para lograr una solución basada en las normas y principios del derecho internacional1.
III. Pronunciamiento
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se condenan la ocupación del territorio de la República Azerbaiyana y las muertes, lesiones y vejaciones causadas a pobladores de la República de Azerbaiyán, particularmente, las que tuvieron lugar en el denominado “Genocidio de Jodyalí”, así como las que se siguen verificando a partir de la violación al pacto de cese al fuego establecido entre las partes, con las cuales reanudaron las hostilidades.
Segundo. Se lamenta profundamente que el conflicto entre las Repúblicas de Azerbaiyán y Armenia subsista, y que no haya encontrado solución a través de los distintos mecanismos puestos en marcha por los interesados y organismos internacionales; por lo que se exhorta a los diversos actores a fortalecer el diálogo para la solución del conflicto, considerando a éste como el mecanismo adecuado para el intercambio de opiniones y propuestas que coadyuven al fortalecimiento de las relaciones internacionales; salvaguardando en todo momento los principios fundamentales de la convivencia pacífica entre las naciones, como son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción del uso de la fuerza en la relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
Tercero. Se exhorta al gobierno de la República de Armenia acatar las resoluciones 822, 853, 874 y 884 emitidas el 30 de abril, 29 de julio, 14 de octubre y 11 de noviembre de 1993, por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Cuarto. Se exhorta a la República de Armenia a llevar a cabo la inmediata cesación de las hostilidades y actos de violencia en contra de civiles azerbaiyanos; el retiro inmediato de las fuerzas armadas en los territorios de la República de Azerbaiyán; y a las partes interesadas, a abstenerse de todo acto hostil y de injerencia o intervención, que pueda provocar una ampliación del conflicto y socavar la paz y la seguridad en la región.
Quinto. Se exhorta al gobierno de México a destinar, en la medida de lo posible, asistencia humanitaria a la población civil afectada en la República de Azerbaiyán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.
Diputado Marcos Pérez Esquer (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para apoyar y preservar la industria nacional de cuero-calzado-proveeduría-comercialización, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados del estado de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículo 6, numeral 1, 77 , 78 y 79, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo para apoyar y preservar la industria nacional de cuero-calzado-proveeduria-comercializacion en México, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La industria del cuero-calzado-proveeduría-comercialización en México, es una de las más tradicionales del país con más de 400 años de ejercer su actividad. Es un sector productivo que ha sorteado las diferentes crisis económicas y la política de apertura comercial internacional que se ha establecido en México.
Esta cadena industrial ha estado trabajando intensamente en impulsar la competitividad a través de programas como su Centro de Innovación y Competitividad (Prospecta), que ha sido un acelerador para el desarrollo de las empresas guanajuatenses. Asimismo, con programas como Mexican Shoes Quality, Prospectamoda, y el Centro de Valor Empresarial de México se están fortaleciendo las capacidades del capital humano de esta industria.
Desde el 2009 los resultados del trabajo de los industriales han sido muy buenos, a pesar de la crisis financiera internacional. Muestra de ello es que en 2010 lograron un incremento del empleo en Guanajuato de 14 por ciento, aumento en las exportaciones con 24 por ciento en 2009 y 30 por ciento en 2010 y el incremento en la producción de 8 por ciento el año pasado, cuando el de la media nacional fue de 5.5 por ciento.
El sector del calzado en México es vital para la economía de Guanajuato, tanto por su importancia en la participación del producto interno bruto (PIB) estatal de 16 por ciento, como por el impacto que puede originar en otros sectores de la economía, por su generación de divisas vía exportaciones y por los más de 260 mil empleos directos e indirectos que genera en nuestro estado.
En el año 2009 a nivel nacional se contabilizaban 11 mil 538 empresas que se dedican a la producción cuero-calzado-proveeduría, de las cuales 7 mil 981 se encuentran ubicadas en Guanajuato donde se produce 70 por ciento de la producción nacional de calzado; específicamente en los municipios de León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón.
Sin embargo, hoy la industria del cuero-calzado-proveeduría-comercialización en México se ve amenazada por las documentadas prácticas de comercio desleal llevadas a cabo por naciones como China.
El manejo de no mercado que lleva a cabo el gobierno chino sobre su economía, ha provocado que México registre un nivel de importaciones de China diez veces superior al nivel de exportaciones de México hacia dicha nación asiática. Tan sólo en 2010 México exportó a China mercancías por 4 mil 198 millones de dólares, pero las importó por 45 mil 607 millones de dólares. Lo anterior implicó que el déficit comercial de México con China alcanzara 41 mil millones de dólares en ese año, en perjuicio de la planta productiva y el empleo mexicanos.
Hoy en día China exporta a México once veces el volumen que México exporta a China, lo que muestra las asimetrías de acceso existentes entre ambos mercados, y evidencia que el terreno de competencia económica entre ambas naciones no está parejo por las prácticas de no mercado llevadas a cabo por el gobierno chino.
Actualmente la cadena cuero-calzado-proveeduría-comercialización transita por una etapa sumamente difícil, debido a diferentes factores y políticas. Aspectos como la desgravación arancelaria, medida unilateral impuesta desde el 2008; la subvaluación del calzado; y la terminación de las medidas de transición contra China el 11 de diciembre de este 2011, ocasionarán la pérdida de más de 700 empresas y más de 35 mil empleos en los primeros meses del año 2012 si no se toman las medidas correctas por parte de las autoridades correspondientes del gobierno federal.
A continuación se explica la problemática mencionada líneas arriba:
Desgravación arancelaria unilateral
El 24 de diciembre de 2008, la Secretaría de Economía determinó unilateralmente disminuir los aranceles aplicados a las importaciones de productos manufacturados. Se establecieron diversos niveles de desgravación (alta, media y baja) atendiendo a la sensibilidad de cada producto en las fracciones arancelarias, y éstos niveles consideran diferentes tasas arancelarias y plazos de desgravación que inician en 2009 y terminan en 2013.
Esta desgravación afectó de manera desigual a la industria del calzado, la Tabla 1 presenta los niveles de desgravación, los aranceles aplicables según el programa de desgravación y el número de fracciones arancelarias incluidas en cada nivel de protección, este esquema se encuentra actualmente vigente.
Así, de acuerdo al calendario de desgravación de 60 fracciones arancelarias, impuesto por el gobierno mexicano para el sector calzado (TIGIE- capítulo 64), en el año 2011 hay 7 fracciones arancelarias exentas del pago de arancel, 14 con arancel de 10 por ciento, 14 con arancel de 25 por ciento, y 24 con un arancel de 30 por ciento. Para el año 2013 habrá 7 fracciones exentas, 14 con arancel de 10 por ciento y 38 fracciones con arancel de 20 por ciento.
Esta estrategia de disminución unilateral de aranceles, en práctica desde 2008, ya ha causado problemas a la planta productiva nacional y el mercado interno.
En este contexto, la desgravación arancelaria ha ocasionado el cierre de empresas, y no se ha traducido en una ventaja para los consumidores finales. Esto porque los precios de importación con los que entra el calzado a nuestro país no se traducen en menores precios para los consumidores finales; sino en mayores márgenes de utilidades para los comercializadores. Además de que esta práctica ocasiona que los empleos se generen fuera de nuestro país.
Ante esta amenaza, el 4 de abril de 2011, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) hizo entrega a la Secretaría de Economía de la solicitud formal para incrementar al nivel de 35 por ciento el arancel de solamente 17 fracciones arancelarias del capítulo 64 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. La tabla 2 muestra el resumen de la solicitud realizada por la CICEG.
Cabe señalar que la anterior selección de fracciones a ser revaloradas se desprende, en uno de sus criterios, del hecho de que se busca que el máximo nivel arancelario se dé para las fracciones de lo que más producimos en nuestro país, como se ilustra en la tabla 3 que se presenta a continuación:
La anterior tabla muestra que la CICEG está solicitando que la tasa arancelaria de 35 por ciento, que es la más alta permitida por la Organización Mundial de Comercio (OMC), aplique a las 17 fracciones arancelarias que representan el 58.59 por ciento de la producción nacional de calzado. Con esta medida detendría una defensa de la industria que permitiría compensar los diferenciales que tiene México por los mayores costos de la energía, mano de obra, costo de la seguridad social, régimen tributario, entre otros.
La solicitud presentada por la CICEG a la Secretaría de Economía incorporaba las conclusiones de estudios especializados realizados con el fin de conocer el impacto que tendría un alza en los aranceles en las 17 fracciones arancelarias seleccionadas. En este sentido, el documento establece que:
“La reducción arancelaria a las importaciones de calzado traerá aparejada una reducción en la producción nacional de estas mercancías, sin embargo no sólo impactará en este sector sino que su efecto se multiplica en toda la economía a través de la demanda intermedia que genera la producción de calzado.
En este documento demostramos que el sector calzado se encuentra fuertemente integrado hacia atrás, lo que implica que una reducción en su producción impacta de manera muy importante a la economía en su conjunto.
Específicamente encontramos que se encuentra en 25 por ciento de los sectores económicos que tienen un mayor impacto en términos de integración hacia atrás (demanda de materias primas y auxiliares), como generador de empleo directo e indirecto y como detonante del mercado interno. Asimismo, que su integración hacia adelante es muy reducida por lo que no es un sector proveedor de otros sectores, por lo que una reducción en su precio no impacta en la productividad de otros sectores.
De igual manera demostramos que es un sector que tiene una baja integración hacia adelante, por lo que la supuesta baja en el precio de las importaciones no mejora la competitividad de ningún sector.
En estas condiciones debe ser considerado como un sector prioritario para la economía.”
Cabe señalar que la legislación mexicana establece que es facultad del Poder Ejecutivo establecer los aranceles a la importación en el marco de los acuerdos de la OMC; pero no obstante esto y no importando la solidez de los argumentos que acompañaron a la solicitud de modificación arancelaria presentada por CICEG, el 11 de julio la Dirección del Secretariado Técnico de la Comisión de Comercio Exterior de la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía dio respuesta negativa a la petición.
En función de todo lo anterior y dados los argumentos esgrimidos, la CICEG sostuvo una reunión el día 18 de julio con el doctor César Hernández Ochoa, director general de Comercio Exterior para manifestarle su desacuerdo por el sentido y los argumentos empleados en su resolución.
Los acuerdos a los que se llegó con el doctor Hernández Ochoa en dicha reunión fueron en el sentido de que revisarían nuevamente la solicitud. Se les manifestó que la intensión de CICEG es llegar a una decisión basada en un análisis riguroso y cuyos efectos sean benéficos para el país en su conjunto. Así, se han sentado las bases para una nueva respuesta por parte de la Secretaría de Economía, la cual hasta ahora no se ha recibido.
Subvaluación en aduanas
La industria sufre un grave problema por la subvaluación del producto importado en las aduanas mexicanas. La subvaluación, además de dañar la industria nacional, implica en la práctica una defraudación fiscal y un engaño al gobierno mexicano porque se pagan menos impuestos, deteriora a la industria con competencia desleal y afecta al consumidor final porque en ocasiones se permite la entrada a productos de baja calidad.
Para afrontar esta amenaza la CICEG realizó el estudio de precios de insumos de calzado más completo que se haya realizado para el sector, obteniendo cotizaciones de más de 100 empresas a nivel mundial.
El 30 de mayo la CICEG sostuvo reunión con la Dirección General de Aduanas y se acordó que el primer paso en este Sistema de Precios de Alerta es uno en el que se fijan precios considerando 50 por ciento del costo del corte, más la suela para 20 fracciones arancelarias. Así, se estableció el compromiso de la Secretaría de Economia de ajustar los precios según el comportamiento que brinde el monitoreo mensual. Todo esto, dentro del marco de la prueba piloto establecido y sujetándonos a este parámetro por el criterio de no afectar más de 10 por ciento del volumen del comercio.
Cabe señalar que si bien la CICEG no estuvo de acuerdo en lo bajo que se establecieron los precios de alerta, se aceptó si se trataba de un primer escalón para ir detectando los casos más flagrantes de subvaluación y siempre y cuando el criterio fuera aumentando hasta llegar al valor real del calzado.
El 2 de junio, el director general de Comercio Exterior envió oficio a aduanas con la propuesta de precios de alerta acordada. Sin embargo, a la fecha no se ha puesto en práctica este sistema, y los industriales del calzado siguen en espera de que la Administración General de Aduanas lo implemente. Mientras tanto, se puede observar cómo se permite que la importación ilegal de mercancías perjudique el empleo y la planta productiva nacional.
Terminación del acuerdo México-China
Actualmente existe un acuerdo México–China, el cual recibió el nombre de Medidas de Transición. Este acuerdo establece cuotas especiales impuestas por nuestro país al calzado proveniente de China y éstas ascienden a 70 por ciento. Estas cuotas están pactadas para llegar a su fin el 11 de diciembre del 2011. La CICEG considera que debe instrumentarse alguna otra medida que les permita darle continuidad a la defensa de la industria en materia de comercio internacional, para que de esa forma se puedan alcanzar las metas que se han fijado en materia de competitividad. De no ser así, y permitir la entrada de calzado chino sin alguna medida de remedio comercial para estos productos, se ponen en riesgo miles de empleos a nivel nacional.
Y es que China es un país que no se conduce bajo reglas de mercado y ha sido acusado y sancionado en múltiples ocasiones por parte de la OMC por violar las reglas de un comercio internacional leal. En los últimos años la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha fallado en contra de China por mantener devoluciones del Impuesto al Valor Agregado en diversos sectores de actividad, por realizar rebajas de impuestos injustas y subsidios, por violentar derechos de propiedad intelectual, por brindar subsidios a la exportación de marcas famosas, por establecer tarifas a la exportación de materias primas, entre otros.
De esta manera, se vuelve fundamental para salvaguardar el empleo y la producción el ponerle un freno a estas prácticas de comercio desleal.
Para hacer frente a esta amenaza la CICEG está trabajando en la preparación de los estudios requeridos para solicitar legalmente a la Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), el inicio de una investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional. Esto con el fin de que se consiga el establecimiento de cuotas compensatorias definitivas a la importación de calzado bajo esquema de dumping.
Cabe señalar que en la actualidad ya hay 32 fracciones arancelarias de calzado provenientes de China que no cuentan con medida de transición (un arancel de 0 por ciento), lo cual sumado a lo anteriormente expuesto, ha provocado un incremento de 487.55 por ciento en el volumen de pares y de 54.46 por ciento en el valor de las importaciones de calzado chino en el periodo de 2008 a 2010, tal como puede apreciarse en la tabla 4.
Como puede verse en la tabla 4, inclusive en las fracciones arancelarias que si cuentan con Medida de Transición se aprecia incremento en el volumen de importaciones (de 13.53 por ciento en el valor total entre 2008 y 2010). Esto se puede apreciar mejor en el detalle de la tabla 5.
Como puede apreciarse en dicha tabla, hay fracciones que cuentan con medida de transición y muestra incrementos importantes en la cantidad de pares importados en el periodo de 2008 a 2010. La evolución en los primeros seis meses de 2011 confirma que el incremento en pares importados y en volumen de importación continúa creciendo de forma cada vez más acelerada, lo que perjudica la planta productiva y el empleo locales.
En virtud de lo anterior la CICEG ha solicitado formalmente a la doctora Lorenza Martínez Trigueros, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, que haya una nueva negociación con autoridades chinas para la implementación de nuevas medidas de remedio comercial que estén vigentes hasta el año 2016 (dado que en dicho año China debe haber concluido su transición hacia una economía de mercado).
El daño que estos tres problemas pueden ocasionar sin duda representaría un retroceso en el nivel de desarrollo económico municipal, que afectaría el empleo, la paz, las finanzas públicas del municipio y el estado, y la estabilidad económica y social que hasta este momento se ha generado en el estado de Guanajuato.
Los diputados del estado de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, someten a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía a que de manera inmediata negocie con el gobierno de la República Popular de China el establecimiento de medidas de remedio comercial que brinden condiciones de legalidad y competencia leal a los fabricantes mexicanos. Esto en virtud de que China sigue incumpliendo los acuerdos establecidos con la Organización Mundial de Comercio (OMC) para dejar de realizar prácticas desleales comerciales como los subsidios y descuentos en el pago de impuestos. Con base en esto, se propone que dichas medidas deberán tener una vigencia hasta el año 2016, considerando que China tiene ese mismo plazo para cumplir ante la OMC las condiciones que permitan su operación como una economía de mercado.
Hacemos un llamado urgente y respetuoso al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a atender desde la competencia de sus atribuciones, la defensa de esta cadena industrial, ya que está en riesgo la estabilidad económica y social del estado de Guanajuato, al ser esta actividad un soporte fundamental para su desarrollo.
Segundo. Exhortamos a la Secretaría de Economía federal a detener el proceso de desgravación arancelaria (iniciado en 2008) al capítulo 64 de calzado y restablecer la tasa de 35 por ciento, específicamente a las 17 fracciones arancelarias correspondientes al calzado que se produce en México, que representa el mayor porcentaje de producción y se relaciona con el mayor número de empleos de esta cadena. Esto derivado de que los compromisos de la agenda de trabajo acordada entre la Secretaría de Economía y el sector industrial para 2009, no se han cumplido y porque es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo federal el establecimiento de las tasas arancelarias.
Tercero. Exhortamos a la Secretaría de Economía a restablecer, de manera urgente, el mecanismo de precios de referencia para evitar la subvaluación del calzado importado, y la correspondiente implementación del programa de peritos para la revisión de las importaciones, principalmente en las 8 aduanas mexicanas que concentran el mayor volumen de contenedores que ingresan a nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2011.
Diputados: Agundiz Pérez Laura Viviana, Arellano Rodríguez Rubén, Arévalo Sosa Cecilia Soledad, Arriaga Rojas Justino Eugenio, Bermúdez Méndez José Erandi, De los Cobos Silva José Gerardo, Gallegos Camarena Lucila del Carmen, Gutiérrez Ramírez Tomás, Lugo Martínez Ruth Esperanza, Merino Loo Ramón, Oliva Ramírez Jaime, Quintana Padilla Aránzazu, Reynoso Sánchez Alejandra Noemí, Rico Jiménez Martín, Sánchez Romero Norma, Usabiaga Arroyo Javier Bernardo, Vera Hernández J. Guadalupe, Zetina Soto Sixto Alfonso (rúbricas)
Con motivo del trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, en mi carácter de diputada federal de la LXI Legislatura, de conformidad con el artículo 6, fracción XI, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presento la efeméride relativa al trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la CEDAW.
Como es de su conocimiento, el tres de septiembre de 1981 entró en vigor la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, comúnmente conocida como CEDAW. Meses antes, el 17 de julio de 1980, fue signada por nuestro país y posteriormente, el 23 de marzo de 1981 fue ratificada por el Senado de la República, por lo que pasó a formar parte del orden jurídico nacional.
Poco más de veinte años después, en 2002, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto sobre el Protocolo Facultativo de la CEDAW, con arreglo al cual las y los mexicanos podemos acudir a los mecanismos internacionales una vez agotadas las instancias internas de las que no podamos conseguir respuestas adecuadas en materia de los derechos establecidos en la Convención.
Tenemos presente que la Convención está referida a diversas obligaciones adquiridas por los Estados Partes. Entre éstas encontramos el desarrollo de políticas para eliminar la discriminación, como lo es la de establecer en sus constituciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres, la adopción de medidas para sancionar y prohibir toda discriminación contra la mujer, así como el establecimiento de una eficaz protección jurídica de los derechos de las mujeres donde los tribunales competentes deben jugar un papel de primer orden.
Así también, los Estados Partes se obligan a instituir garantías para el goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las mujeres. Para ello, adoptarán todas las medidas apropiadas, incluyendo legislativas, en los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales.
Por otro lado, prevé la obligación de adoptar medidas de acción positiva; esto es, medidas especiales temporales con el fin de acelerar la igualdad de hecho; entre ellas, la protección de la maternidad.
Otro aspecto relevante está referido al establecimiento de medidas para modificar roles sexuales y estereotipos. Con ello, se compromete a los Estados Partes a llevar a cabo las acciones necesarias para erradicar patrones socioculturales basados en prejuicios y prácticas sociales que favorecen el trato discriminatorio. Respecto al tráfico de personas y la explotación sexual de las mujeres, la Convención señala que los Estados tomarán las medidas apropiadas para suprimirlas.
En lo que corresponde a la esfera política y pública del país, se señala que los Estados Partes garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho de votar y ser votadas para puestos de representación popular, y a ocupar cargos de toma de decisiones en las entidades y organismos públicos.
Otras disposiciones, todas de primer orden, prevén la igualdad de derechos para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad, incluyendo la de las hijas e hijos. En materia educativa, la igualdad de derechos ha de concretarse creando las mismas condiciones de orientación vocacional y capacitación profesional en todas las categorías; permitiendo el acceso sin discriminación alguna a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional, y a locales y equipos escolares de la misma calidad; también a la obtención de becas y a los programas de educación permanente. Además, prevé reducir la tasa de abandono femenino de los estudios y la implementación de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente.
La Convención estipula que los Estados Partes aseguren los derechos al empleo, a elegirlo libremente, al acceso y a la estabilidad en el mismo, a la capacitación periódica, a igual remuneración, a la seguridad social, a la protección de la salud, etcétera, en condiciones de igualdad con los hombres.
A la luz de la situación actual, podemos concluir que no basta con plasmar los derechos y obligaciones en el marco jurídico nacional, ni adoptar tratados internacionales cuyos propósitos sean ratificados por el Estado mexicano, y recientemente reconocidos en la Carta Magna.
Es opinión generalizada que a treinta años de vigencia los derechos trazados en la Convención no han sido debidamente garantizados por el Estado mexicano; incluso, por citar un ejemplo, se registran retrocesos legislativos en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. Hemos sido testigos de numerosos casos de mujeres acusadas injustamente de homicidio en razón de parentesco, desde una visión conservadora que busca impedir el reconocimiento de estos derechos en las normas federales y estatales.
Cabe destacar que nuestro país ha sido objeto de diversas recomendaciones que tocan aspectos como el combate a la trata de mujeres y niñas; la pornografía infantil; acciones para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los ámbitos; reformas legislativas para eliminar el requisito de la prueba de embarazo para acceder a un puesto de trabajo o permanecer en él; castigo a los patrones que violen los derechos de las mujeres en las industrias maquiladoras, entre otras.
Hoy, en los albores del siglo veintiuno, las mujeres mexicanas seguimos demandando que se haga realidad el principio de igualdad ante la ley, que se den pasos decisivos en todos los ámbitos para modificar los patrones socioculturales, que se supriman la trata y la explotación sexual de las mujeres, que se termine la discriminación laboral contra las mujeres, etcétera.
Si bien la armonización legislativa constituye un adelanto a favor del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, la realidad imperante nos compromete a acelerar el paso en ese sentido. Basta observar el actuar cotidiano de los servidores públicos para darnos cuenta que se siguen conculcando los derechos básicos de las mujeres. El derecho a la vida, principalmente. Los feminicidios son una realidad constante y lacerante frente a una autoridad insensible e incapaz. La alerta de género es letra muerta en la ley.
Hoy estamos pugnando por dejar atrás el esquema de cuotas para que el acceso de las mujeres y hombres a los puestos de elección popular, y a los cargos de toma de decisiones en los ámbitos partidistas y dentro de las estructuras de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión, se dé bajo el principio de igualdad sustantiva y efectiva.
También estamos pugnando por incidir decisivamente en la reforma laboral para insertar mínimamente —en observancia de los derechos humanos y las garantías que consagran la Constitución, los tratados internacionales ratificados por nuestro país y en congruencia con diversas tesis expedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación— capítulos relativos a las trabajadoras y trabajadores del Hogar, a trabajadoras y trabajadores de la maquila, sobre protección en casos de abuso y hostigamiento sexual tanto para mujeres como para hombres; sobre la correspondencia de salario igual a trabajo igual, entre otros.
Además, es pertinente reiterar la necesidad de que el Ejecutivo federal asuma aquellos convenios favorables a las mujeres en materia laboral. Específicamente nos referimos al 103 y 183, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concernientes a la protección de la maternidad, que no han sido ratificados por nuestro país y en los cuales prevén importantes medidas para la protección de la salud, licencias de maternidad, licencias en caso de enfermedad o de complicaciones, prestaciones, protección del empleo y no discriminación, madres lactantes, entre otras.
Con ello, avanzaremos en hacer efectivos los principios de no discriminación por razones de género y de igualdad ante la ley, así como el de protección y desarrollo de la familia.
Muchas gracias.
Diputada Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica)