De la Comisión de Justicia, correspondiente a la vigésima cuarta reunión, celebrada el martes 27 de septiembre de 2011

En el salón de usos múltiples número 1 del edificio I, situado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 17:15 horas del martes 27 de septiembre de 2011, se llevó a cabo la vigésima cuarta reunión de trabajo de la Comisión de Justicia, que fue convocada bajo la siguiente orden del día:

1. Lista y verificación de quórum legal.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión ordinaria anterior.

4. Intervención del Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro (Pena Vitalicia), en sentido positivo.

6. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en materia de protección a testigos, en sentido positivo.

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Arraigo, en sentido positivo.

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Minuta con Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en sentido positivo.

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, en sentido positivo.

10. Asuntos generales.

11. Clausura y cita para la próxima reunión el martes 4 de octubre de 2011.

Se declaró la existencia del quórum legal.

Se dio inicio de la reunión de trabajo con 25 firmas de los siguientes diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, Sergio Lobato García, Miguel Ernesto Pompa Corella, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, María de Jesús Aguirre Maldonado, Luis Carlos Campos Villegas, Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja, María Antonieta Pérez Reyes, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Cuauhtémoc Salgado Romero, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdez Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yañez Montaño, Arturo Zamora Jiménez.

El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, dio la bienvenida a los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Miguel Ángel Terrón Mendoza, quienes fueron nombrados a partir del 22 de septiembre integrantes de la comisión por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En el punto número dos del orden del día este fue aprobado por unanimidad con el retiro de los puntos número 7, 8 y 9.

Continuando con el punto número tres, este no fue votado dejándose para la próxima sesión su aprobación.

El punto número cuatro tomo la palabra el magistrado Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, comentando que un problema muy serio que está viviendo todo el país, es el tema de justicia para adolescentes.

Quiero hacer una exposición muy breve a efecto de no hacerlo aburrido, porque a lo que quiero llegar es a convencerlos del gravísimo problema que está travesando el país en materia de justicia para adolescentes. La fábrica de delincuentes que tenemos en la juventud ha hecho que se generen problemas en la justicia para adultos, que no hemos el Estado en general saber atajar, no lo hemos atajado. Quiero también llamar la atención en el tema del control de la convencionalidad, de la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció, y así empiezo yo diciendo que desde el 20 de noviembre de 1989 se aprueba por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano desde el 26 de enero de 1990, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la que ya se plantea desde entonces la problemática política, social y educativa que gira alrededor de los menores de 18 años.

El artículo 37 señala que ningún niño sea sometido y para eso llaman a menores de 18 años, sea sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y que no se prive de su libertad ilegal o arbitrariamente. Nada de esto estamos cumpliendo y no hablo del Distrito Federal, sino estoy hablando absolutamente de todo el país; será sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En virtud de lo anterior, el Estado mexicano emite las siguientes disposiciones; se crea un sistema especializado en justicia para adolescentes, que se publica por decreto, en el que se declaran reformados los artículos constitucionales 5º y 6º y se recorren en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El famoso sistema especializado de justicia para adolescentes todavía adolescentes lo seguimos esperando. Posteriormente, el 14 de agosto de 2009 se crea el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 2º transitorio, etcétera, etcétera, para el efecto de otorgar un plazo de un año a la Federación para expedir sus leyes y establecer las instituciones correspondientes, situación que sigue aún pendiente. Por falta de esa ley federal, compañeros legisladores, si me permiten el término de compañeros que mucho me honra, les diría yo que se ha motivado un desorden terrible en todo el país. Es decir, hay entidades federativas que tienen penalidades máximas de 3 años, el Distrito Federal la tiene de 5; estados hermanos la tienen de 7 y otros estados llegan a tener hasta 20 años, lo que significa un desorden en la penalidad tremenda, con una misma acción, con una misma edad, con una misma inmadurez. Un menor es sancionado por la misma acción en una entidad federativa, con 20 años y en otra entidad federativa con 3 años máximo. El tema del famoso Ponchis, en el estado de Morelos es verdaderamente dramático, la crueldad con la que asesina y priva de la vida a sus víctimas, la edad se refleja en una penalidad de 2.8 años de prisión, cuando en otra entidad federativa, por la quinta parte de lo que hizo este personaje, hubiera sido sometido a una pena privativa de libertad de 20 años. No hay congruencia, no hay programa. Yo los exhorto a nombre de todos los juzgadores mexicanos, a que saquemos esa ley lo más pronto posible porque de haber salido en tiempo y en forma se hubiera señalado a las legislaturas estatales una política de uniformidad al menos en la penalidad, pero en fin. Se sigue esperando esa ley general. El 14 de noviembre del año 2007 se publica la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, que entra en vigor el 6 de octubre del año 2008. Para darles datos que he tomado de la Procuraduría General de la República y de algunas de nuestra Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se consigna un promedio anual de más de 3 mil asuntos nuevos. La Ley de Justicia para Adolescentes nos obliga a darle seguimiento a todos los casos de menores infractores, hasta el tema de su reinserción y su readaptación social, cosa que a la fecha no se ha conseguido no sólo en el Distrito Federal, sino en ninguna entidad federativa. El delito que más se comete entre los adolescentes es el delito de robo, le sigue el de lesiones, le sigue el de la portación de armas y delitos contra la salud, que son de índole federal y que están atendiendo los poderes Judiciales locales. El 20 por ciento de los asuntos que recibe el Tribunal Superior de Justicia son asuntos de corte federal, y en general de los 312 mil asuntos que manejamos en nuestro Tribunal Superior de Justicia en todas sus vertientes; familiar, civil, mercantil y penal, más del 5 por ciento pertenecen y corresponden a las entidades federativas, es decir, la capitalidad paga un costo importante no solamente en materia de vialidad y de servicios públicos, sino también paga un costo importante en materia de justicia. Es decir, aquellos asuntos cuyas jurisdicciones son prorrogables, vienen al Distrito Federal a litigar en nuestros tribunales. Les decía, de los 312 mil asuntos que se recibieron el año pasado, un poco más del 5 por ciento de ellos corresponden a las entidades federativas, y así recibimos asuntos de tipo penal, de tipo civil, de tipo mercantil fundamental y de tipo familiar, que correspondería resolverlo a otras entidades federativas. Les decía que el 20 por ciento de los asuntos que recibe nuestro Tribunal en materia de menores son de corte federal. Según los datos recabados por la UNICEF y aportados por diversas organizaciones, entre 25 y 35 mil jóvenes han sido reclutados por el crimen organizado. Ése precisamente es el tema más grave, el tema de sicarios juveniles y decirles que al menos en nuestro tribunal cada vez estamos sentenciando a gente con menores edades, cada vez va reduciéndose el promedio de la edad. El reclutamiento de niños y adolescentes se explica en parte por la inmunidad constitucional para no responder penalmente por sus actos, aunque hayan asesinado, aunque hayan secuestrado y aunque hayan torturado.

Según datos de PGR, el número de asuntos federales consignados se incrementa en un 15 por ciento anual. Según diagnóstico entre los año 2007 y 2008 existió un promedio de mil 450 adolescentes, en 2009 y 2010 un promedio de mil 914 y en lo que va de enero a agosto de 2011, se han reportado al menos aquí en el Distrito Federal, un decremento, decremento en materia de delincuencia juvenil, pero no deja de ser importante porque estamos sobrepasando más de dos mil asuntos. En el Distrito Federal, decía, de 2009 a 2010 se incrementó un 34 por ciento el número de delincuentes adolescentes detenidos por delincuencia organizada, portación de armas y delitos contra la salud. Del total de homicidios cometidos sólo en 2008, en el 32.59 por ciento tuvieron responsables a personas entre los 18 y los 24 años. La edad de la mayoría de los jóvenes consignados oscila entre los 16 y los 18 años, que es la población a la que tenemos que atender, y el nivel de estudios promedio de todos estos adolescentes no sobrepasa la secundaria. Desde el año 2008, en que se inició la operación del Sistema de Justicia para Adolescentes, no se han invertido mayores recursos presupuestales para su consumación, se opera en las instalaciones, al menos en el Distrito Federal, que dejó el Consejo Tutelar para Menores que no atiende las características ni las condiciones del nuevo sistema, y por lo mismo se hace especialmente a cuestiones de seguridad que no cumplen con las condiciones mínimas indispensables. Las instalaciones no han sido modificadas y es precisamente para lo que viene el Distrito Federal a pedir auxilio, y les viene a pedir auxilio por una razón; el Distrito Federal desde toda su historia se ha convertido, ahora ya con otras entidades federativas hermanas, ha cobrado un liderazgo en ciertas materias. Antes, particularmente antes históricamente, se esperaba que el Distrito Federal legislara en ciertas materias para el efecto de que las entidades federativas replicaran sus modelos. Los modelos que se pueden utilizar aquí en el Distrito Federal en materia de justicia para adolescentes, creo yo que podrían ser replicados en otras entidades federativas. Hoy tenemos entidades federativas al igual que la Federación, que carecen de una Ley de Justicia para Adolescentes, en consecuencia yo no me explico como juzgador cómo pueden ser sentenciados aquellos menores que han infringido ley, cuando hoy todavía carecen de un sistema legislativo adecuado para sancionarlos. En fin, hay desorden, no hay orden, estamos mal. Yo creo que de poder obtener el impulso de esta Cámara de Diputados para el efecto de apoyos presupuestales para la construcción de nuestro edificio, sería modelo en todo el país.

El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: Yo creo que el tema, compañeros, se explica por sí solo. Lo comentábamos en la mañana en la Junta Directiva, México está pasando por una crisis en materia de procuración y administración de justicia. El modelo está agotado, no hemos invertido en centros de prevención, lo hemos mencionado, no hemos eficientado la inteligencia para la prevención, la persecución de los delitos; una administración gratuita, pronta y expedita como lo establece el artículo 17 constitucional, y una reinserción social que es un fracaso, y es un fracaso porque tenemos un 30 por ciento de hacinamiento en todos los penales del país, porque a raíz de la reforma del 18 de junio de 2008 había dos pilares de la readaptación social en aquel entonces, que eran el estudio, la capacitación y el trabajo, y le agregamos la salud y el deporte, pero si ya en aquel entonces los penales del Distrito Federal tenían una sobrepoblación del 90 por ciento; los del estado de México de un 80 por ciento; los de Jalisco de un 78 por ciento; las aulas estaban convertidas en dormitorios, los talleres estaban convertidos en dormitorios. En algunos penales, como el de Barrientos, es tienen que amarrar los internos para dormir, se duermen parados. Contra esta realidad lacerante que vive el país, la reinserción social, debo decirlo una vez más, es un fracaso en este país y eso me preocupa. La Constitución en la reforma establece, en el artículo 18, que las mujeres deben estar separadas de los hombres, están juntos. Que los procesados deben estar separados de los sentenciados, están juntos. Que los adolescentes deben estar separados de los adultos, están juntos. Que los reos de alta peligrosidad deben de estar recluidos en penales especializados, están juntos. Lo que más preocupa de la reforma, y yo coincido totalmente con el presidente del Tribunal, es el tratamiento para los menores de 18 años y mayores de 18, como lo establece el 18 constitucional. Adolescente en latín significa el que está creciendo, el que todavía no tiene la madurez para decidir plenamente sobre sus actos, y aquí es donde tenemos que enfocar las baterías para evitar que estos niños, los ninis famosos sean presa de la delincuencia. Por eso, presidente, yo te agradezco esta presentación, este planteamiento. Yo conozco muy bien este centro que está en Nobelo Mundial, el Quiroz Cuarón y sé que no corresponde al tratamiento que merecen los menores. Por eso nosotros veremos con una enorme simpatía este planteamiento para —lo decíamos en la mañana, en las Junta Directiva— empezar a cumplir con la Constitución. No ambicionemos un sistema integral, que eso significa sistema, de administración y procuración de justicia, sí vayamos creando los eslabones, como lo hemos hecho. Ustedes la semana pasada aprobaron el robo a los ductos de Pemex como delito grave, la adulteración de bebidas alcohólicos como delito grave, y al final del día integremos los eslabones en el sistema, porque si pensamos al revés, si pensamos en crear un gran sistema de administración y procuración de justicia nos vamos a decepcionar y vamos a fracasar. Son muchas cosas que hay que hacer a partir de la prevención del delito, que se inicia con conculcar valores en la familia, consolidarlos en la escuela y practicarlos en la vida, y la familia como célula nuclear de la sociedad está en crisis. Por eso es que tomamos este planteamiento con la mayor simpatía, señor presidente, y seguramente la Comisión de Justicia habrá de plantear mayores recursos en esta área.

El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Es un tema muy importante, de gran relevancia el que han expuesto hoy aquí, porque yo quiero compartir con ustedes que de acuerdo a datos duros, desafortunadamente, en los últimos años el 75 por ciento de los delitos en ellos están involucrados jóvenes entre los 14 y los 24 años. Desafortunadamente el grueso de los delitos en este país cada vez es mayor el número de jóvenes que se involucran, que se incorporan y que están siendo utilizados por organizaciones criminales, están siendo utilizados por estructuras criminales muy importantes. Yo quiero compartir que sí se necesitan recursos, se necesita el dinero para que se haga el trabajo de prevención desde la aplicación de la ley, en esta materia me queda clarísimo que se necesitan los recursos para que se cumpla lo que establece la Organización Internacional en Materia de Protección a los Derechos de los Menores y que se cumpla cabalmente con los tratados internacionales que México tiene suscritos. Solamente quisiera hacer un muy respetuosa planteamiento, de entrada, a la comisión, a los miembros integrantes de esta comisión, que pudiésemos –si así se autoriza y se aprueba– suscribir un documento para apoyar este proyecto y que lo reciba la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque es un asunto que por más voluntad que nosotros tengamos, si la manifestamos a través de un documento, seguramente, tendrá un camino mucho mejor para que se cumpla con la meta.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: Lo que usted nos está expresando aquí lo estamos escuchando en los estados de la República en general. En todos lados no se ha avanzado en esta reforma de la implementación del sistema procesal acusatoria en la justicia de adolescentes, precisamente también por problemas económicos. De tal manera que, específicamente, lo relacionado con el sistema de justicia para adolescentes en el Distrito Federal, estamos conscientes de la reducida participación en la asignación del presupuesto para todo el Tribunal, no para esta cosa en lo particular. Dejando claro que apenas en el 2010 se destinaron 3 mil 657 millones de presupuesto y para el presente año 2011 fue designado un monto de 3 mil 723 millones de pesos. Considerando que apenas le fue aumentado un monto muy reducido equivalente a 65 punto y medio millón de pesos, vemos muy oportuno impulsar la propuesta de lograr un aumento considerable para el presupuesto del ejercicio 2012 se propongan y se pongan en práctica las estrategias que reorienten mejores formas de conducta entre el sector de los jóvenes y en el conjunto de la población.

Y finalmente, desde luego, señalar que es intención de esta Cámara de Diputados impulsar un presupuesto no solamente que refleje una decisión democrática, sino también que sea distribuido de manera equitativa. Hay muchas carencias de muchas necesidades y, desde luego, nosotros estamos claros de que la dependencia que usted dirige deberá cumplir con metas, con objetivos. Y si la Cámara de Diputados puede abonar para que eso se cumpla desde luego que nos comprometemos a que hagamos todo el esfuerzo para que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal cuente con los recursos que se requiere. La puntualización de los 368 millones de pesos, que —como usted bien lo señala— no sería en una sola exhibición, sería —entiendo— vía anual, esto facilita la posibilidad de un acuerdo. Y, bueno, nosotros, desde luego la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como secretario, lo impulsaremos y lo apoyaremos.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria comentó: Realmente no puedo menos que coincidir con lo que usted ha presentado. Me tocó echar a andar el sistema de adolescentes de Hidalgo y efectivamente nos mandaron una facultad sin acompañamiento de los recursos. Creo que es importante reflexionar sobre este tema por varias razones. Voy a llamar la atención sobre uno en particular. Éste es un asunto de prevención, los jóvenes que están sujetos a este sistema son mayores de 12 años. No todos están internados, pero sí todos están sujetos a un procedimiento o a un proceso que requiere ciertas cuestiones muy especiales que hoy el Estado mexicano no les está brindando, por el contrario. Incluso creo que es mucho más riesgoso tenerlos a todos concentrados en un espacio que no les está aportando ninguna política de reiniciación social. Es indispensable que tengamos efectivamente, como se ha señalado aquí por el propio magistrado presidente, un modelo en ese sentido. Cada quien, cada estado ha ido instrumentando el suyo efectivamente. Sí creo que hay muchas historias alrededor de los jóvenes, pero lo que podría decir es que hoy como están las cosas en la mayoría de los centros de internamiento de adolescentes creo que si hacemos una evaluación de cómo entran y cómo salen es muy probable que salgan peor de cómo entraron a los centros de internamiento. Entonces, esos jóvenes, señalo la edad —efectivamente hay estados donde tienen máximo siete años, otros menores—, vamos a suponer que un joven de 14 años, quien es el que ya puede estar privado de su libertad, más siete años son 21. Un joven que a los 21 años va a estar fuera lo que le queda por delante es toda la vida; entonces, toda la vida por delante cuando a lo mejor fue a la universidad del crimen. Entonces, sí es un asunto muy complicado, porque esos muchachos van a ir a convivir con la sociedad y muy probablemente no encuentren un espacio para ellos. Por el contrario, pueden encontrar mayor hostilidad porque van a encontrar discriminación, etcétera, etcétera. Sí es importante decir que tenemos que analizar cómo podríamos hacer para que en la estructura del presupuesto pudiera quedar considerado un fondo destinado a los sistemas de justicia para adolescentes. En ese sistema —como ustedes saben, porque es precisamente un sistema de juicios orales— tiene que estar planteado un modelo como el que aquí —entiendo— viene en la carpeta, donde esté el centro de internamiento y al mismo tiempo los juzgados, y todos los espacios que se requieran para una reinserción adecuada. Entonces sí se requieren construcciones muy especiales. Sólo referiré mi experiencia. En el caso de Hidalgo hicimos un modelo junto con la Secretaría de Seguridad Pública, porque es aparte además le corresponde al Ejecutivo, en el caso del Ejecutivo estatal. Un modelo donde había componentes como el deporte, la educación —para que pudieran estudiar ahí primaria, secundaria, preparatoria, y que tuviera validez—. También incorporamos, cuidando todas las cuestiones laborales, que pudieran tener ahí un oficio para pagar la reparación del daño y, por supuesto, un equipo multidisciplinario de atención para trabajar e su reinserción no solo con ellos, sino con su familia. Es un modelo que, valga decirlo, estuvo en los 100 mejores de Iniciativa México. Pero fue un esfuerzo pequeño porque el Estado es muy grande, y cuando traemos alguien de la sierra sus papás no pueden estar cerca del proceso de reinserción. Entonces, sí se requiere pensar en este tema desde aquí de la Cámara para ver dónde lo podemos colocar. No tengo la menor duda que el Distrito Federal es un caso sui géneris, es un caso muy especial, porque tiene una población muy importante y que tenemos que cuidar de manera particular. Quisiera dejar mi comentario y mí propuesta en que pudiera esta comisión hacer una opinión a la Comisión de Presupuesto para poder señalar en qué ramo o en qué fondo tenemos que colocar este dinero y con qué reglas, si será un fondo concursable o cómo lo podemos colocar. Pero sí necesitamos resolver esa parte programática, es parte del presupuesto. Solamente por pedirlo no es solucionar el tema, entonces me parece que sí tenemos que revisarlo con toda responsabilidad. Preferiría que invirtiéramos en prevención antes que estar invirtiendo en seguridad, que no nos ha funcionado lo que hemos colocado ahí. Entonces dejo así mi comentario y ojalá lo podamos retomar en esta comisión.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: No les podemos poner enfrente un reto legal de esta envergadura y luego no acompañarlo de los necesarios recursos económicos para que se echen a andar. Y siendo además el tema, en el país del desempleo y la falta de expectativas, que sin duda obligará a poner en el centro de la atención a los adolescentes que en este caminito de inseguridad probablemente llevarán al país a destacar e nivel mundial en la producción de ninis y con ello todo el riesgo que acompaña a los adolescentes en cuanto a las alternativas de participar en la delincuencia que no les da el sistema y las instituciones n este país. Creo que sí estamos obligados a revisarlo con todo detenimiento. Comparto la reflexión que ha hecho la diputada Carolina Viggiano. Y, en consecuencia, no me extiendo, pero –como usted pudo escuchar– hay una plural preocupación por atender al llamado que usted nos hace. Pero sí creo que hay que –sin perder de vista que es nuestro trabajo y no el de ustedes– encontrar una fórmula que permita que el recurso se genere con la garantía de que se ocupará para ello.

Y por eso el atreverme a preguntarle si ustedes han reflexionado sobre por dónde es que podríamos generar este recurso. En mi experiencia como diputada local nos sucedió que revisando la situación en la que se encontraba la defensoría de oficio generamos un recurso sin precedentes para fortalecer ese trabajo desde la asamblea legislativa, eran las épocas de Andrés Manuel, aclaro, y siendo un monto absolutamente relevante el que se generó para la defensoría de oficio éste fue desviado a la famosa construcción de los segundo pisos. Entonces, ¿cómo garantizar que los fortalezcamos realmente a ustedes, que el recurso les llegue y que atienda a la necesidad que ustedes están planteando. Desde luego, insisto, sé que es nuestra tarea encontrarle el caminito, pero pregunto si ustedes han revisado de por dónde podría resultar funcional el apoyo.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado comentó: Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero que todo quiero decirles que me siento muy afortunada de poder participar en esta comisión, que considero que es la comisión más productiva de la Cámara de Diputados. Después de estar en Mesa Directiva, en el momento en que regrese a comisiones, pedía mi grupo parlamentario el poder participar en esta comisión. Por lo tanto, agradezco mucho al diputado presidente Humberto Benítez su acogida en esta comisión. También agradecerle al presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, su comparecencia. Decirle que así como el día de hoy usted está aquí solicitando el apoyo de la Cámara de Diputados, de los integrantes de la Comisión de Justicia, también hay otros presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que están muy interesados en poder platicar con esta comisión. Tan es así que el jueves pasado ustedes estuvieron en la ciudad de Veracruz, y lo comentaba con el diputado presidente, que un grupo de presidentes de tribunales superiores de justicia quieren venir a esta Cámara de Diputados, todos muy preocupados con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, todos preocupados por el mismo tema de usted en cuanto a la infraestructura. Porque bueno que en esta Cámara de Diputados y en el Senado de la República en lo que es el Congreso de la Unión se dieron estás reformas tan importantes para el Estado mexicano pero, también, es muy importante que ustedes obtengan los recursos necesarios para infraestructura y para poder llevar a cabo con una justicia rápida y expedita tal y como se debe de hacer de acuerdo a nuestra constitución. Por lo tanto, les pediría a mis compañeras diputadas, a mis compañeros diputados que al igual que todos ustedes de acuerdo en este tema. Creo que todos, o la gran mayoría de los que estamos aquí somos abogados, y muchos de nosotros hemos tenido que ver con el sistema de justicia ya sea en procuración o en administración de justicia, y por lo tanto, conocemos de los problemas que existen en ese momento y consideré usted que va a tener todo el apoyo de esta comisión, así lo creo. Pero, también otros estados de la República deberán de obtener el apoyo de la Cámara de Diputados, ya que todos atraviesan por este mismo problema de poder llevar acabo la implementación de este nuevo sistema de justicia.

El diputado Leonardo Arturo Guillen Medina comentó: Creo que todos coincidimos plenamente en sumarnos en esta propuesta que usted presenta. Pero, que nos obliga, no deja una reflexión muy importante. El eslabón, no el último, si termina en usted o culmina un proceso donde le llega qué hacer con los jóvenes, pero la reflexión para todos nosotros es qué estamos haciendo con nuestros jóvenes. Porque definitivamente no se va a resolver teniendo mejores instalaciones, dotando nada más de mayores recursos, el problema es más serio y usted lo resumió muy bien, el problema es de todos y como todos tenemos que sentirnos parte y obligados a qué decisiones tomar. Hay ejemplos muy exitazos. No sé si hay algunos compañeros de Baja California, pero ejemplos exitosos de prevención del delito, que ellos tomaron no nada más para las decisiones, para resolver la justicia de adolescentes. Sino un tratamiento integral para que desde que el joven se involucra en el tema de la escuela, se fomentan los valores, se protege en temas culturales, se le da una participación mayor en la sociedad y los índices y las estadísticas ellos la tienen reflejados que ha funcionado. Es decir, me parece muy atinada su propuesta.

Pero, me parece que también nos deja a todos con la obligación ineludible de hacer una reflexión más seria en nuestra materia legislativa, respecto al tratamiento a los jóvenes, a los adolescentes y por supuesto en el sistema de implementación de justicia para ellos. Creo, estoy convencido, que no podemos atenernos a tener solamente mejores instalaciones. Porque fracasaría. Entonces, insisto, aprovechamos su visita, para dejar la gran reflexión aquí, que es lo que tenemos que hacer, para que el tema cultural y nuestro México que los jóvenes que necesitan oportunidades en realidad se las ofrezcamos. Que los jóvenes que deciden estar en el buen camino sostenerlos ahí y aquellos que tienen alguna tentación, precisamente, porque están con alguna frustración por no encontrar un trabajo, alguna falta de identidad que también ocurre en muchas ciudades, pues ir al rescate de todo esa sociedad para hacer un mejor México.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González comentó: Nada más quería comentar que me parece una iniciativa este tema de justicia para adolescentes, sobre todo primodelincuentes y delincuente que están cometiendo más delitos a lo largo de distintos estados, entre ellos Nuevo León, - no me dejará mentir el diputado Pedro. Son adolescentes que utilizan la delincuencia organizada precisamente para estos temas. Dentro de ese pronunciamiento que estamos por votar, si me gustaría decir que tomemos en consideración en esta comisión que también se considere este mismo sistema y estas mismas propuestas para otros estados, no únicamente al Distrito Federal. Entiendo muy bien que en el Distrito Federal hay una necesidad muy grande y me parece que tenemos que replicarlo también en otros estados de la república. Y si me permite hacer un comentario ya un poco más específico y lo digo en términos de la propuesta que nos presentó aquí, parece un poco banal tal vez lo que voy a decir pero creo que es un tema muy importante.

Si estamos hablando de un edificio de justicia para adolescentes en donde existen oficinas para jueces, salas de audiencia, etcétera, creo que hemos pecado mucho. En los distintos juzgados que existen a lo largo de nuestro país y sobre todo el Distrito Federal y lo digo como litigante que fui de temas administrativos, no hay estacionamientos y no hay acceso para los abogados, así que es un problema muy grande y por lo que veo aquí y tal vez una disculpa que mencione esto pero tal vez adecuar este esquema de edificio que están ustedes planteando, ya se hizo en los juzgados federales administrativos, no había estacionamiento, es un problema para los litigantes, es un problema para las familias, es un problema para todos, menos para los integrantes del Poder Judicial, así es de que nada más quisiera manifestar que creo que es necesario darle acceso, parte de ese acceso a las familias es justamente que exista estacionamiento y esas facilidades a las familias. Fuera de eso creo que es una propuesta muy buena.

El punto número cinco fue análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de las Iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (Pena vitalicia), en sentido positivo.

El presidente, Víctor Humberto Benítez Treviño, comentó: Esta iniciativa contiene cuatro propuestas la de la diputada Dolores Nazares, la de su servidor; la del estado de Chihuahua y la del diputado Óscar Arce Paniagua. ¿Qué hicimos con estas cuatro iniciativas? Las imbricamos, vimos cuáles eran las coincidencias, platicamos con los promoventes o iniciantes las diferencias, y les quiero decir que nos pusimos de acuerdo. También es un dictamen que concilia cuatro iniciativas. No hay ninguna contradicción en el dictamen. La propuesta original, como ustedes saben, así las reconocemos, la hizo el estado de Chihuahua, en su artículo 27 del Código Penal, hubo una contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia que se resolvió el 5 de septiembre del año 2005, la Corte hasta entonces había resuelto que la pena vitalicia —como se le conoce ahora— es una pena inusitada. Inusitado, significa lo que no es usual. Pero la Corte fue más allá del significado gramatical del vocablo. Vio las implicaciones jurídicas y nos explicó que por inusitado también se entiende una pena que cause lesión o que sea que le cause desdoro a la dignidad de la persona, que se desproporcionada y en el caso de la pena vitalicia resolvió que cuando el concurso real de delitos, que es que con una misma conducta se infrinjan varias disposiciones penales, se puede aplicar por acumulación de penas la cadena perpetua. Tan es así que ya los jueces están sentenciando a 105 años de prisión, que fue la historia que conocemos del estado de Chihuahua. Una cosa muy importante aquí, porque me decían. ¿No choca la pena vitalicia con el objetivo de la pena que es el centro nuclear del derecho penal, que es la prisión?

No, porque en el caso de la pena vitalicia ya no se trata de reinsertar a la sociedad al reo, al contrario; en el caso de la pena vitalicia se trata de proteger a la sociedad y que el reo ya no salga para que no vuelva a vulnerar los intereses sociales, sobre todo tomando en cuenta los fracasos de los programas de reinserción social que todos conocemos. Pero es una pena constitucional, y hay jurisprudencia de la Corte e insisto, las cuatro iniciativas que presentamos son coincidentes, ya las vieron los promoventes y yo creo que estamos en una oportunidad espléndida para establecer un eslabón más en el sistema de justicia penal. Ahora. Yo sé también, y ésta es una convicción personal, yo he sido maestro en la universidad por muchos años, que agravando las penas no resolvemos el problema de la impunidad, la inseguridad y la delincuencia, esto lo he reconocido muchas veces, que necesitamos insistir en la prevención del delito, que necesitamos las clases de educación cívica en las escuelas, como ya están volviendo a impartir en el estado de México; que necesitamos conculcar valores axiológicos en el seno de la familia; que necesitamos sembrar casas de la cultura, centros deportivos, espacios colectivos, pero también tenemos que enfrentarnos a una situación de crisis que estamos viviendo. La impunidad es alarmante, el fracaso de los programas de inserción social nos explican que no se reinsertan los internos por lo que ya mencioné hace un momento, y la estamos estableciendo para tres, compañeros; la estamos estableciendo para el delito de secuestro cuando se mutila o se priva de la vida al secuestrado; para la violación tumultuaria, que el daño es física y psicológicamente terrible, y para el homicidio calificado. En los tres conceptos la pena vitalicia es menor al daño causado por la comisión del delito. Entonces por eso yo les pido que lo vean desde este ángulo, que no siendo la mejor respuesta a los problemas que tenemos en este momento en el país, tenemos que enfrentarlos con medidas más severas como lo hemos estado haciendo en otras cuestiones. Por eso yo les pido su voto e insisto, ya están conciliadas las cuatro iniciativas, no hay contradicción entre ellas.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: Mi intervención fija la postura del Grupo Parlamentario en el que se pretende, como ya se señala aquí por usted, imponer la prisión vitalicia al secuestrador que prive de la vida a la víctima, cuando se cometa el delito de violación por dos o más personas y al que cometa el delito de homicidio calificado. Para el Grupo Parlamentario, el secuestro es perpetrado por individuos a quienes no les importa la vida de otros, no le tienen respeto al sistema jurídico y normativo de la sociedad en la que se desenvuelven. En nuestra opinión, el secuestro está relacionado con una serie de factores complejos, como lo son la impunidad, la falta de denuncia, la corrupción entre otros muchos más, pero sin duda alguna la pobreza y el desempleo son factores generadores de la violencia, lo que induce a que los individuos cometan el delito de secuestro. Si ustedes recuerdan, desde que se empezó a discutir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia del mismo, en esta comisión nuestro grupo parlamentario se manifestó en contra de las sanciones desorbitadas que acumuladas se convertirían en prisión vitalicia. Ahora lo que estamos discutiendo lamentablemente es reglamentar dichas sanciones. La acumulación efectiva de las sanciones hasta por más de 100 años en prisión ya está prevista en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, y de aprobarse el presente dictamen se les negaría a los internos la garantía de reinserción social a la que tienen derecho según nuestra propia Constitución. Al aprobar este dictamen en sentido positivo, estaríamos dejando en letra muerta lo que establece el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, que señala: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciando a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”. De igual manera sería letra muerta lo establecido en el artículo 5º transitorio del decreto del 28 de mayo de 29008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio del mismo, en el cual se señala que el nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo 2º de artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de las penas establecidas en el párrafo 3º del artículo 21, entrarán en vigor cuando se establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de 3 años contados a partir de día siguiente a la publicación de este decreto. Con lo anterior lo que les quiero proponer es que primero se reforme la Constitución y luego reformemos las leyes secundarias, finalmente aquí hay una mayoría y se expresará, pero seguimos apelando a precisamente ese gran conocimiento sobre la materia, sobre el derecho en general. Asimismo, consideramos que de aprobarse el presente dictamen se estaría violentando lo establecido en el artículo 22 constitucional, que señala en lo que a nosotros en este caso nos interesa: “Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”. Para nuestro grupo parlamentario, el problema de la criminalidad es un problema de política estructural, eminentemente económico, donde los más de 50 millones de pobres, y esto es una gran parte, se refugia en las bandas criminales para resolver sus necesidades económicas y monetarias. Al imponer la pena vitalicia el Estado mexicano estará estableciendo la pena de muerte, porque mandará al delincuente a morir en prisión, dejando a un lado la obligación constitucional de reingresarlo a la sociedad. La pregunta que yo hago a esta comisión, ¿qué hará el delincuente al no tener motivación alguna para salir de prisión? Ya le decretaron la pena vitalicia. La respuesta es muy sencilla, formará o se integrará a alguna banda criminal que operará desde la prisión, es decir, el problema no se acaba imponiendo la pena vitalicia. Compañeros diputados, estamos combatiendo la violencia con más violencia.

En este sentido, las penas que excedan al promedio de vida de un mexicano son irracionales y van en contra del principio de la reinserción social, por lo que nos encontramos ante una evidente contradicción constitucional y ante este panorama el delincuente buscará la posibilidad de promover un juicio de amparo. En este mismo dictamen reconoce plenamente que la aplicación de la pena de prisión vitalicia no resuelve por sí mismo el problema de la criminalidad. Es cuestión de darle una revisada y verán que ahí aparece. Lo anterior coincide con nuestra postura permanente y reiterada de que no es elevando las sanciones ni endureciendo el sistema penal mexicano, porque esto no inhibe al delincuente de cometer los delitos. En nuestro grupo parlamentario entonces se manifiesta en contra del presente dictamen, la cadena perpetua en nuestra opinión no es efectiva y datos oficiales señalan que en el problema del secuestro no es elevar la imposición de las penas, más bien es un problema de impunidad, de falta de denuncia, de corrupción de las autoridades, entre muchos otros factores.

Reitero, nos manifestamos en contra porque al instaurar la cadena perpetua, que además como ya lo referimos, está prohibida en la Constitución General de la República, en nuestro país, además también no se cumplirá con el fin o principio de la reinserción social, pues es de recordar que el fin supremo de la pena es la reinserción del delincuente a la sociedad.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria comentó: Quiero en primer lugar hacer míos también los argumentos de mi compañero Pedro Vázquez, coincido plenamente con lo que ha planteado. Quiero de manera respetuosa invitarlos a reflexionar sobre el voto en este tema. La primera propuesta que había de este dictamen era en contra y tenía argumentos muy sólidos para sostenerlo en contra. Ahora, tenemos un dictamen con argumentos a favor. Primero decir que este dictamen es contrario al artículo 18 constitucional, este artículo consagra como fin último del sistema penitenciario lograr la reinserción de sentenciado a la sociedad y no podemos renunciar a esa obligación constitucional. El propósito de las penas, y en particular la privativa de la libertad, busca distintos objetivos: retribución, prevención y rehabilitación. La retribución pretende aplicar una sanción proporcional al delito cometido, devolviendo al delincuente, al menos parcialmente, el mal que ha causado. La prevención busca evitar que casos similares en el futuro sucedan, incluso mediante cierta intimidación al resto de la población, para que ante el riesgo de la pena privativa no cometa el delito respectivo. Funciona como una advertencia a la sociedad.

La rehabilitación se enfoca a la reorientación, la reeducación, a la reforma del interno. Cuenta con una visión de mejoramiento personal, generar mayor autoestima y procurar un desarrollo y cambio de personalidad. Este dictamen irrumpe particularmente con el principio de proporcionalidad de la pena, el cual nos obliga como legisladores a que la pena que determinemos, tanto privativa de la libertad como pecuniaria, contenga un mínimo y un máximo , acordes con la conducta que se pretende sancionar. Cómo fijar una pena equidistante en este caso, entre la mínima y la media, por ejemplo, si no es cuantificable, cuánto puede vivir el sentenciado en cuestión. La actual ley en materia de secuestro prevé una pena máxima de 70 años. Vamos a considerar que el secuestrador tenga 18 años; 18 más 70 son 88, que es prácticamente una pena vitalicia. Lo cual de alguna manera constituye una pena... pero sin ir en contra del espíritu constitucional. Si aprobamos este dictamen generamos, además de un costo excesivo para el Estado, pues cada sentenciado le cuesta al país en promedio 50 mil pesos anuales, aproximadamente.

Por otro lado, podrían pasar muchos años y el sentenciado estaría en posibilidad de interponer recursos en torno a la pena que le fue fijada, lo cual únicamente desgastaría la actividad jurisdiccional de los órganos encargados de impartir justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio: que la prisión vitalicia es una sanción que tiene un carácter no humanitario. Que es cruel y excesiva, esencialmente porque sería imposible conminar a una persona a que no reincida en una acción delictiva si jamás volverá a tener libertad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció en el artículo 15, párrafo 6, lo siguiente. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Por tanto, yo considero que eso no ayuda. Yéndome ya no a un argumento legal o un argumento de tipo jurídico, sino yéndome a un argumento de tipo social, esto no ayuda a disminuir que ese delito suceda. Lo único que sí hace es encarecer la justicia y generar mayor resentimiento. Y coincido con mi compañero Pedro Vázquez en que la violencia no se puede combatir con más violencia. Eso en cualquier rincón del mundo siempre tiene el mismo resultado, como lo estamos viviendo hoy día nosotros.

El diputado Eduardo Yáñez Montaño comentó: En principio precisar que mi voto será a favor del dictamen en las condiciones en que está presentado. Tengo mis razones. Efectivamente lo ideal, así lo establece la Constitución, el objetivo primordial sería a través de la reinserción de una persona que haya cometido un ilícito. Pero creo que nosotros también tenemos la obligación de actuar como legisladores acordes con lo que está pasando en la actualidad. Debemos dar respuesta a la ciudadanía a ese reclamo, a lo que espera de nosotros. Si estamos en un país violento, si estamos haciendo inclusive... ya considerando dentro de los delitos que se están contemplando para que se pudiera imponer como una pena vitalicia... y pudiéramos reflexionar lo que está pasando... quienes resultan víctimas a través también de una violación tumultuaria.

El efecto que representa para quienes son víctimas en este delito que tanto lacera, que es el secuestro. Y que no sólo afecta a una familia completa. Que hemos observado algunas poblaciones que se están quedando solas porque es donde más se está cometiendo el delito. Y que nosotros debemos hacer algo. En mi opinión lo que hacemos en cuanto a esto que representa el incremento de la penalidad, que no se está señalando que necesariamente se deba imponer. Le estamos dando armas al juzgador y le estamos diciendo: juez, tú puedes llegar hasta acá en casos excepcionales, como de los que se están señalando precisamente. Y puedes llegar hasta acá cuando los medios de prueba te lleguen a la convicción. Cuando estés hablando de un delincuente que de a cuerdo con las pruebas, que de acuerdo con los dictámenes periciales... que, juez, cuando ya creas que a esta persona no se le puede reinsertar a la sociedad, te damos esta arma para que tú la puedas aplicar como sanción, una pena vitalicia. Y le estamos dando una tranquilidad a la parte ofendida, que además está con la angustia siempre de que en cualquier momento puede salir esa persona que en algún tiempo cometió un delito que destruyó su vida y la de su familia. Demos una oportunidad al juez para que sea él, en casos excepcionales pudiera poner esta sanción.

El diputado Gregorio Hurtado Leija comentó: Este tema tiene esas dos vertientes. Como legislador coincido con los diputados y las diputadas que se han manifestado en la necesidad de ver el aspecto de los derechos humanos y el aspecto de la constitucionalidad. Porque es cierto que la Constitución señala en el artículo 18 que la finalidad de la prisión es la readaptación social del delincuente, una vez que haya terminado la peligrosidad de ese reo. Si no tenemos el sustento constitucional, difícilmente podemos hacer una reforma en ese sentido en una ley secundaria. Eso pensando como legislador. La otra vertiente que tenemos y que no debemos olvidar es pensando como representante social. Como representante social debemos velar, antes que por la legalidad, por la justicia. Y no la justicia para el delincuente sino principalmente para la víctima del delito, que es el que a gritos nos exige que como representantes suyos hagamos algo por terminar con la ola de criminalidad que nos aqueja. Y lo digo también porque en el norte del país nos ha pegado mucho este tipo de delitos, principalmente el secuestro. Creo que no hay persona que viva en aquellos estados que no tenga un conocido o un familiar que hay sido secuestrado y que ya nunca más supo de él.

Debemos velar como representantes sociales por el aspecto de la justicia con los familiares de las víctimas, porque de las víctimas ya no supimos más de ellas. Estaremos aquí sentando un precedente en caso de votar a favor, en el sentido de que estamos considerando que hay delincuentes que nunca más van a readaptarse, que hay delincuentes que nunca más van a perder esa peligrosidad. Y por ello estaríamos evitando que obtuvieran su libertad, porque ya no van a readaptarse nunca. Lo que yo veo en este sentido es que tenemos el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su criterio constitucional, de su criterio de jurisprudencia, en su tesis de jurisprudencia. Sin embargo, también es cierto que no podemos respaldarnos única y exclusivamente en un criterio o en una tesis de otro poder, sino que nosotros como poder autónomo debemos tomar las previsiones correspondientes. Yo creo que estamos en posibilidad de aprobar esta modificación e insisto, por el aspecto de justicia que nos exigen nuestros representados, que nos exigen los familiares de las víctimas de estos delitos, pero comprometernos a realizar lo más pronto posible la reforma constitucional que le dé sustento a una modificación de este tipo. Ahorita, afortunadamente tenemos el respaldo de la Corte, pero qué mejor tener el respaldo de nuestra Constitución. Y que exista esa doble finalidad en los centros penitenciarios. No solamente la reinserción a través del trabajo, a través de la educación, como bien lo dijo mi compañero diputado Pedro, sino que también tengamos la otra posibilidad, que es la de que aquel reo, más bien, que el juzgador estime que su peligrosidad nunca va a concluir y que nunca va a ser readaptado, existe esa posibilidad de que se mantenga en prisión vitalicia y que no vuelva a salir a causarle daño a la sociedad. Gracias. Por tanto, mi voto será a favor.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas comentó: Los criterios rigieron en condiciones de cierta estabilidad social, en donde el fenómeno de la delincuencia no alcanzaba los niveles que hoy lamentablemente tenemos a lo largo y ancho del país. En algunas entidades federativas este fenómeno de la delincuencia se hizo presente más pronto que en otras. En el caso particular del estado de Chihuahua, los legisladores de la LX Legislatura del honorable congreso del estado, tuvimos que tomar cartas en el asunto y en el año de 2003, el 27 de agosto de dicho año, se publicó en el periódico oficial del estado una reforma al artículo 27 del entonces Código Penal y que en lo conducente decía que tratándose del delito de homicidio dolos en perjuicio de mujeres o de menores de edad o del delito de secuestro deberá imponerse pena por cada delito cometido, aún y cuando con ello se exceda el máximo de prisión. Ése fue el sentido de la reforma y que fue discutido, analizado y llevó a una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un grupo de diputados que no comulgaban con dicha reforma. Sin embargo, en el análisis a fondo que hizo la Corte, subrayó que dicha reforma de ninguna manera era anticonstitucional y en lo conducente, de ese razonamiento, en su sentencia precisó. Leo textual. De acuerdo con las consideraciones precedentes, no obstante que el sistema de acumulación material de penas a que se refiere el artículo 27 del Código Penal del estado de Chihuahua, pueda traer como consecuencia la aplicación de penas que rebasen ostensiblemente la vida del ser humano, lo que equivale a la pena de prisión vitalicia, debe considerarse que no transgrede el artículo 22 constitucional. Y por tanto, ha de reconocerse su validez. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que dicha reforma es perfectamente viable y el principio de acumulación material de penas se inserta, desde ese momento, en nuestro sistema jurídico. Así pues, con esa experiencia se dictaron muchas sentencias no únicamente en el estado de Chihuahua sino también en otras entidades federativas en donde se dio esta práctica y este principio de acumulación de penas sin que hasta la fecha se tenga conocimiento cierto de que alguna sentencia de esta naturaleza, por supuesto, debidamente fundada y motivada, haya sido revocada. Así pues, ante esta circunstancia y ante la ola delictiva a la que nos enfrentamos, que en la época moderna nuestro país no había enfrentado un fenómeno de tal magnitud, tan grave, superlativamente grave. Los legisladores tenemos que darle respuesta a la sociedad a la cual nos debemos y tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper esquemas y buscar soluciones, que como acertadamente dijo el presidente de esta Comisión, cuando iniciemos a tratar este asunto, no únicamente con la pena vitalicia, sino también con una serie de medidas de política social que logren la equidad, la justicia en toda la extensión de la palabra y en todos los ámbitos de la vida social y democrática del país. En ese orden de ideas, en el año del 2010, en el mes de octubre el Congreso del estado de Chihuahua hizo una reforma más y estableció la prisión vitalicia a secuestradores y para el caso homicidio calificado. A la fecha y dada la oralidad que ya priva en el sistema judicial penal, en el estado de Chihuahua, hoy tenemos alrededor de 100 causas penales, derivado de los delitos mencionados, en donde ya están los asuntos judicializados y se está buscando la aplicación de la prisión vitalicia. Pero tenemos 10 casos ya con esta prisión vitalicia y hasta la fecha ninguna de estas condenas ha sido revocada. Yo quiero apelar al buen juicio, al compromiso social que mis compañeros diputados y diputadas de esta Comisión siempre han mostrado y decirles que es necesario que demos una respuesta a la sociedad, al pueblo de México ante esta ola de criminalidad que insisto, en la época contemporánea, en la época moderna de nuestro país nunca antes se había presentado. Y los legisladores de la República tenemos que dar una respuesta y una respuesta concreta y precisa es el dictamen que hoy comentamos y por tal motivo, de manera respetuosa, pido a todos ustedes, compañeros legisladores, que votemos a favor este dictamen.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González comentó: Quisiera adelantar la postura de los dos integrantes del Partido Verde que formamos parte de esta Comisión de Justicia. Y es que por supuesto votaremos a favor de este dictamen, justamente porque creemos que estos tres delitos que se prevén en este dictamen, el secuestro, la violación y el homicidio calificado, la violación con las modalidades que ustedes propusieron en este dictamen, tumultuario, son delitos que atentan contra la dignidad de la persona. Y nosotros como partido político hemos promulgado mucho este tipo de medidas, justamente porque creemos que la sociedad mexicana está cansada de este tipo de conductas delictivas. Y quisiera abonar a este debate que estamos llevando a cabo, nada más, y es que de 2006 y hablando específicamente del delito de secuestro, de 2006 a 2010 el número de secuestros en nuestro país se duplicó, es decir, pasó de 597 a mil 172 y estas son cifras únicamente oficiales, no son cifras que tenemos exactamente, son únicamente cifras denunciadas. Sin embargo, la cifra real es mucho mayor y tan sólo en el 2010 se estima que se presentaron alrededor de 15 mil secuestros, es decir, los altos rendimientos que se obtienen de la comisión de este delito han hecho que en el corto tiempo se considere una actividad de poco riesgo que genera enormes ganancias y tan es así, que México ocupa ya el primer lugar muy por encima ya de Colombia.

Colombia, hasta hace algunos años, era el primer país en términos de este delito y se cometía ya por otras circunstancias, específicamente por la guerrilla, que ya no quisiera ahí abonar, por temas de diplomacia. Por esta razón y ante el reclamo de ciudadanos, desde el 2009 nosotros hemos estado proponiendo una modificación al Código Penal y por eso nos da mucho gusto que en este dictamen se retomen estos temas y se retome esta inquietud ciudadana. Y con respecto a las inquietudes de las diputadas y diputados que están en contra de este dictamen, únicamente quisiera abonar a lo que ya se dijo aquí, en el sentido de que la propia Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado en este sentido. Es decir, que no es una pena que trasgreda los artículos correspondientes de la Constitución Política y en específico, en el tema de readaptación social y rehabilitación, lo que está diciendo la Suprema Corte, a través de una jurisprudencia que ya se cita aquí que es la 1/2006, publicada en febrero de 2006, dice específicamente: que es importante —y señala la propia jurisprudencia— señalar que el hecho de la prisión vitalicia no tenga como consecuencia que el reo se readapte a la sociedad dado que éste no volverá a reintegrarse a ella, tampoco determina que sea una pena inusitada toda vez que el Constituyente no estableció que la prisión tuviera como única y necesaria consecuencia la readaptación social del sentenciado. Y adicional a esto también cito otra propia tesis que se cita también aquí en el dictamen que señala que este tipo de penas no se encuentra prescrito en la Constitución federal, sino que el legislador ordinario es quien determinará su regulación. Es decir, es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, me parece que la opinión y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es importante para tomar en cuenta este tema en específico.

Y por supuesto que coincido totalmente en lo que señalan las diputadas al decir que el sistema de justicia todavía no está absolutamente adaptado para tal vez imponer estas sentencias. Sin embargo, eso no exime la responsabilidad de todos los legisladores de poner y de imponer estas sentencias o de imponer este tipo de medidas y por supuesto que se mejore a través de lo que ya escuchamos hace un momento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y muchos otros sistemas de justicia en diferentes estados, se mejore la administración de justicia. Ahora ése es otro tema aparte. Tenemos que separar muy bien la imposición de penas y por supuesto a administración de justicia. Así que nosotros votaremos a favor y creemos que es una pena que corresponde al sistema constitucional toda vez que ya lo manifestó la Suprema Corte de Justicia.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes comentó: Yo voy a resumir de manera muy, muy breve el razonamiento de mi voto a favor de este dictamen. Yo creo que no podemos dejar de otorgarles a los juzgadores una posibilidad de una sanción mayor a un delito tan grave que está lacerando a la comunidad mexicana. Ahora, yo sé que lo ideal, como lo han comentado muchos compañeros, es que se modificara el artículo 18 de la Constitución, para que de manera armónica y expedita se enlazaran todas las leyes secundarias. Pero bueno, es utópico pensar eso, porque también es cierto que en México, el Congreso, de algo se ha caracterizado, de no reaccionar a la realidad mexicana, a la comunidad, de la sociedad mexicana, y que pensemos que hoy suceda no, es una mentira. Entonces, no podemos detener esta opción por el proceso parlamentario que en el Congreso se ha demostrado que no es ni eficiente ni rápido. Ahora, el argumento de que se tiene que dar la posibilidad al secuestrador de la reinserción a la sociedad también es algo utópico, porque en México el sistema carcelario desafortunadamente ha sido un fracaso y eso nos lleva a la disyuntiva de elegir entre proteger los derechos del delincuente para que se reinserte a la sociedad o, bueno, proteger el derecho de la sociedad para seguir siendo segura y teniendo a los delincuentes encarcelados. Pero finalmente, derivado de esa falta de trabajo armónico en el Congreso hemos derivado y hemos generado muchas leyes que muchas veces son entramados jurídicos, que solamente enredamos temas importantes. Yo estoy viendo, por ejemplo, la iniciativa del estado de Chihuahua, donde el artículo 10 establece que se agravará con prisión vitalicia en cualquiera de las siguientes circunstancias. Y en la fracción XIII comenta que siempre y cuando que la víctima sea una persona menor de 18 años o mayor de 70 años de edad. Entonces yo pregunto: ¿entonces, y los secuestrados que están entre los 19 años y los 69, qué? Digo, quién dice que en esa edad tienen capacidad de asumir y superar un delito o un tema tan grave, por qué se les trata de diferente manera por cuestión de edad. Quién define que los secuestrados entre 19 y 69 años tienen capacidad de reponerse más fácilmente. Una fracción de una ley que elaboraron diputados, que estoy segura ni siquiera han pasado por este drama. Entonces, derivado de todo esto que hemos generado como Congreso, yo creo que lo menos que podemos hacer es ofrecer la sanción mayor a un delito tan grave.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz comentó: Sin duda alguna hay en la Comisión de Justicia, la mayoría de diputados y estoy convencido de ello, que lo que están buscando es legislar lo mejor posible para la ciudadanía, y creo que ante la situación que enfrentamos, éstas son reacciones ante la impotencia en la que estamos. Pero creo también, y lo digo con todas sus letras, que sí hay una tendencia “a la Poncio Pilato” de buscar con este tipo de propuestas inaplicables hacer reformas para la demagogia, que son en el discurso bonito, que va a caer muy bien en el electorado, aunque maniqueamente se esté en la conciencia de que las reformas no van a nada. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene fecha de caducidad, el derecho y más en materia de derechos humanos es progresivo, y estas jurisprudencias a las que se ha estado haciendo reiteradamente referencia aquí han caducado. Todas ellas han caducado después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y hay la claridad también, de que esa herramienta de la cadena perpetua no sirve, no va a tener ninguna utilidad, diría otra vez Carbonell, con una maquinaria policíaca, ministerial y de reclusorios ineficiente, inadecuada, que además es proclive a la violación masiva e indiscriminada de los derechos humanos.

Este tipo de medidas no sirven más que para la demagogia, para que los legisladores salgamos en el discurso de que le hemos cumplido a la ciudadanía, aunque en nuestro fuero interno estemos en la conciencia de que no hicimos nada, de que no dimos una receta que realmente atendiera al fondo el problema. Y el fondo del problema, por más que sigamos poniéndoles cadena perpetua a estos delincuentes sigue estando en la incapacidad del Estado, en nuestra incapacidad, para atrapar a los culpables, y para ponerlos ante un juez. Y esta iniciativa no le resuelve, no resuelve darle cadena perpetua a una ley que no será aplicada hacia los delincuentes, porque estos delincuentes no van a ser agarrados. Las reformas en Chihuahua lo demuestran, ahí están, pero no han inhibido la delincuencia en el estado, como este tipo de cadenas perpetuas no la ha inhibido en ninguna parte del planeta. No hay en Derecho Comparado una cita que puedan ustedes hacer que diga que esta medida sirve para nada. Nosotros tendríamos que estar trabajando en el fondo del problema, que es muchísimo más complejo, que implica muchísimos más retos, que implica realmente el meternos en un entramado de soluciones complejas, y de aproximaciones sucesivas para resolver los problemas de corrupción e impunidad que tenemos en los ministerios públicos, y con los jueces. Y ese problema de fondo, los diputados se lo quieren resbalar, se lo quieren sacudir, se quieren lavar las manos con esta iniciativa, que caerá bien en los oídos de la mayoría de la ciudadanía indocta en este tipo de temas, que no tienen la información objetiva, pero que todos seremos conscientes de que a final de cuentas no será más que letra muerta. El juez es el que debe de tener la capacidad de valorar los elementos que ameriten la gradualidad de una pena. Nuestro código ya establece, 70 años y una agravante de 18, ¿cuándo esperan que viva una persona que sea sentenciada?, o sea, ahí hay un margen en el que la gente ya puede pasar de por vida en la cárcel, y por ello, el que estemos estableciendo esta ley, no es más que darle la vuelta a la serie ya, de condenas a las que los jueces podrían echar mano para mantener a una persona toda su vida en la cárcel. No vamos al fondo del problema, y lo peor de todo es que si se desatiende la Constitución, porque estamos conscientes de que estamos violando la Constitución, si se desatiende a los tratados internacionales, lo que nos va a suceder, y lamentablemente hay que dejarlo sentado, es que al primer condenado a cadena perpetua, de nueva cuenta estaremos como Estado, pasando la vergüenza de ser sancionado por las instancias internacionales, que van a decir que México ha contravenido su propia Constitución. Una más de las vergüenzas que estaremos perdiendo en la Corte Internacional.

El diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza comentó: Sólo para llamar la atención un poco. Finalmente nuestro trabajo es adecuar la legislación. La realidad nos está diciendo que es imperante esto. Yo solamente pediría para la aprobación favorable de este dictamen, el que viéramos que todos los ordenamientos legales siempre pasan por el tamiz de un tribunal superior. En el caso que nos señalaba Luis Carlos, el amparo de los asuntos que se llevan actualmente, señalabas que no ha habido revocaciones, entonces ahí está la practicidad jurídica. Llamaría a que ajustándonos al estricto sentido del imperativo de la ley, pudiéramos aprobar el dictamen. Muchas gracias, señor presidente.

Se sometió a votación el presente dictamen y fue aprobado por mayoría.

El punto número seis fue el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en materia de protección a testigos, en sentido positivo.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez comentó: Quiero destacar algunos aspectos que aborda este dictamen y que fue motivo de distintas iniciativas en materia de testigos protegidos, presentada por la propia diputada Dolores Nazares; el presidente de esta comisión, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño; diputado Oscar Arce y la que se presentó por acuerdo de esta comisión. ¿Qué establece esta ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal? Garantiza la protección y atención de personas intervinientes en el procedimiento penal que se encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación o resultado en el mismo. Dos. Establece el programa federal de protección a personas aplicable a víctimas, ofendidos, con parentesco o cercanía con éstos; testigos y servidores públicos operadores del sistema de justicia penal que intervengan en casos de delitos graves o de delincuencia organizada. Esta ley establece que será ajena al procedimiento penal. Tres. Esta ley federal crea un Centro Federal de Procedimiento de Protección a Personas como órgano desconcentrado, cuya plantilla laboral se integrará por un grupo multidisciplinario y elementos de la Policía Federal Ministerial, así como una Unidad de Protección a Personas y ésta con una Unidad de Análisis y Riesgo. Cuatro Esta ley desarrolla las clases y medidas de protección de asistencia, tratamiento médico sicológico o sanitario; asesoría jurídica, gestión de trámites económico y de seguridad sin autorización judicial; salvaguarda de la integridad física, sicológica patrimonial y familiar; vigilancia, traslado de lugar, custodia policial, alojamiento temporal y apoyo económico; cambio de domicilio, trabajo y estudios previo acuerdo con la PGR el cambio de identidad, así como con autorización judicial. Reserva de identidad; métodos que imposibiliten la identificación; participación a distancia; domicilio el centro; y en el caso de recluidos en prisión preventiva o0 sentenciados; separación de población general y el traslado a otro centro penitenciario. Cinco. Prevé que las medidas deberán ser viables y proporcionales al riesgo, importancia del caso, trascendencia, idoneidad del testimonio, vulnerabilidad, capacidad de adaptación. Seis. Dispone esta ley la celebración de acuerdos o convenios con personas físicas o morales estatales, nacionales o internacionales para el logro de los objetivos.

También esta ley contempla la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con las procuradurías o sus equivalentes de las entidades federativas para la incorporación de procesados y sentenciados del fuero común al programa. Esta ley también prevé la implementación de procedimientos de selección, permanencia y capacitación del personal del centro, así como un sistema complementario de seguridad social para sus familias y dependientes. Esta ley también dispone las obligaciones de las personas incorporadas. Es decir, informar sus antecedentes penales, posesiones, propiedades, deudas y obligaciones civiles. Establece la secrecía sobre el programa, cooperación en la ejecución de las medidas y desde luego someterse a tratamiento médico de rehabilitación. En esta ley también se establecen las causas de terminación o revocación de incorporación al programa. Es decir, la falta de veracidad en su conducción; comisión de delitos dolosos, no cumplir con las medidas de protección, negarse a declarar. También esta ley prevé reglas de cooperación internacional. Es decir, asistencia jurídica y técnica mutua y reuniones de intercambio y de experiencias. En esta ley también se contempla la presentación por parte de la PGR de un informe anual estadístico al honorable Congreso de la Unión. También esta ley crea un tipo penal para revelación de información de seis a 12 años de prisión y agravante hasta un tercio si es servidor público, así como prisión preventiva oficiosa. En esta ley también se determinan los fondos directos al PEF. Por último, también se prevé el régimen transitorio de la entrada en vigor en 90 días y la emisión de lineamientos y protocolos a los 180 días de la publicación, así como la incorporación a las personas protegidas actualmente con el programa. En síntesis, esta ley adopta la Convención de Palermo que el Estado mexicano signó en el año 2000 y que fue ratificada por el Senado en octubre de 2002 que entró en vigor en septiembre de 2003. Una norma que nos obliga y que desde luego encauza cuatro de las iniciativas que aquí se han ampliamente mencionado y que incorpora desde luego un mecanismo de protección a las personas que intervienen en un procedimiento penal. Es una norma avanzada, es una ley federal, es un orden nuevo que permite regular inclusive lo que hay en otros ordenamientos y los condensa en uno mismo que permite desde luego una adecuada regulación normativa. Es un dictamen, reitero, que pasó por una iniciativa avalada por todos los integrantes de esta comisión y con conocimiento de sus integrantes.

El diputado Óscar Arce Paniagua comentó: Lo único que sí diría es que me parece que el dictamen es un dictamen muy equilibrado, porque dentro de lo que teníamos en las otras iniciativas, con esta iniciativa que signamos varios miembros de los partidos, comentábamos el presidente y yo que... al centro. Es una parte muy fundamental esto. Yo creo que principalmente estamos atendiendo a una cuestión que nos ayuda en contra de la delincuencia organizada que es el testigo colaborador, que bien tenemos los antecedentes de que la mayoría de ellos terminaban muertos porque no había el sustento jurídico ni las bases para tener ese cuidado y ese seguimiento que ocupamos. Así como lo mencionó el diputado Rétiz, con esta ley que aprobaríamos tendríamos no solamente un seguimiento, un centro, convenios internacionales, todos los elementos que se requieren para que la Procuraduría General de la República, la secretaría y todos los que pudieran tener acceso a estos instrumentos, sirvieran para el combate del crimen organizado. Yo les pediría, para cerrar rápido, que aprobemos este dictamen que vuelvo a reiterar, lo considero bastante equilibrado. Es un esfuerzo de más de cuatro meses que hemos tenido en la comisión y que hoy estaríamos aportando este elemento de certeza para que muchos más testigos colaboradores estuvieran en posibilidad de proporcionar la información para detener a mucha, mucha gente que el día de hoy está, precisamente en las calles porque no tenemos esa certeza y no quieren presentar sus testimonios.

El diputado Arturo Zamora Jiménez comentó: Estamos ante un instrumento jurídico muy importante. Este tema de la protección a testigos tiene que ver con el cumplimiento de compromisos que México a signado en el contexto internacional, el Convenio de Viena y después el de Palermo, pero además, creo que es muy afortunado lo que, en un momento dado estaríamos aprobando, porque no solamente se refiere a la protección de testigos que hayan formado parte de alguna organización criminal, que voluntariamente se tendrían que inscribir al programa que se establece en la norma. Nos queda claro, que se trata de un ordenamiento que permitirá convertirse en un nuevo instrumento que puede hacer más eficaz la persecución del delito y de los delincuentes. Nos queda claro también, que se aprovecha el contenido de esta norma para armonizarla precisamente con el artículo 385 del nuevo proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales; o sea, sí hay armonía, no hay disonancia con el proyecto que se presenta, y además una cosa muy importante, este programa de Protección a testigos no solamente se refiere a aquellos que pueden ser o que podríamos llamar, entre comillas, “delincuentes arrepentidos”, sino que además se plantea en el tema de Protección a testigos, a todas aquellas personas que son víctimas, que han sido ofendidos o que son familiares de víctimas u ofendidos.

También el programa se establece la posibilidad de proteger peritos, de proteger agentes del Ministerio Público, agentes policíacos o, incluso, miembros del Poder Judicial que en un momento dado tengan la necesidad de ser protegidos por el tipo de juicio que llevaron. Estamos abriendo entonces, un esquema muy importante, que finalmente permite la colaboración de carácter internacional entre la colaboración de testigos; esto es, testigos mexicanos que en un momento dado puedan ser de utilidad para ofrecer su versión sobre hechos para descubrir la verdad o encontrar delincuentes en el contexto internacional. Esto es de la mayor importancia y yo quisiera apelar a la paciencia de los integrantes de esta comisión, porque quisiera plantearles a ustedes tres puntos muy centrales que me gustaría armonizar, antes de poderla votar y que aparecen según en el dictamen, en la foja 57. Uno de ellos dice: Capítulo XV, Delitos especiales. Como todas las leyes especiales, todas las leyes extrapenales, todas las normas que contienen sanción, que están fuera del Código Penal, sabemos que son normas especiales, a fin de evitar que se establezca que estamos creando normas especiales de las que prohíbe la propia Constitución, me parece que basta con establecer en el Capítulo XV, Delitos, simple y sencillamente, Delitos. Es Capítulo XV, dice: Delitos especiales.

Creo que debe decir, exclusivamente: Delitos. Luego viene el párrafo segundo del artículo 49, dice: “Asimismo” -en caso de que sea un servidor-. Creo que sale sobrando el asimismo. Iniciar la frase como: En caso de que sea un servidor público el que revele información, la pena será de tanto más tanto. Y por supuesto hay una cuestión importante que es el párrafo tercero del artículo 49, que también quisiera comentar. En el párrafo tercero del artículo 49 se establece una disposición, que me parece es una disposición que debe estar contenida en su momento en el Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 194. La disposición dice lo siguiente: “Los imputados por la comisión de este delito durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva”. ¿Esto qué significa? Traducido en otros términos, estamos hablando de que esto es un delito grave. Si es un delito grave, entonces recuerden que la clasificación de delitos graves no se contiene ni en el Código Penal ni en las leyes especiales. Si en el 194, los Códigos Federales de Procedimientos Penales, por lo que yo muy respetuosamente sugiero que esta parte se suprima. Y, ya casi concluyo. En el artículo 50 se establece una disposición que tiene que ver con los fondos del programa. La disposición dice: “El Congreso de la Unión destinará en el Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para el mantenimiento y operación del programa. Considero que debe decir lo siguiente: El programa operará con los recursos que, al efecto se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ésa sería la redacción. Es mucho más clara. La anterior dice: “El Congreso de la Unión destinará en el Presupuesto de Egresos. Creo que armoniza mejor. Si no tienen inconveniente yo haría la redacción de esto. Y finalmente, y para efectos operativos y del éxito de este programa, coincidimos nosotros en que el Artículo transitorio, primero, establece un tiempo de entrada en vigor, una vacatio legis de 90 días y estamos planteando, creo que en esto hay consenso, estamos planteando que el tiempo de entrada en vigor de esta figura sea de 180 días, toda vez que se trata de un programa que no solamente va a tener la obligación para la Procuraduría de la República, de estar en coordinación con autoridades estatales o municipales o federales, sino también establecer los lazos de comunicación y relación en el contexto internacional. Me parece que es prudente que el vacío de ley que se establezca en el artículo transitorio, en lugar de 90 días, sea en 180 días. Yo quisiera, finalmente señalar a los miembros de esta comisión, a las distinguidas diputadas, diputados, a la Junta Directiva, a mi presidente don Humberto Benítez, que ésta es una de las normas a las cuales les damos la bienvenida. Ésta es una herramienta y un instrumento que el Estado mexicano debe tener vigente para cumplir, no solamente con el contexto internacional de sus compromisos que ha asignado y que fueron aprobados en su momento por el Senado de la República, sino porque además obedece a algo muy importante; el éxito en la investigación en delitos de gran escala. Por esa razón, mi voto será a favor de ésta.

El diputado Pedro Vázquez González comentó: Está claro que el propósito del dictamen es reformar fundamentalmente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en lo que se refiere a la Protección de testigos y colaboradores, testigos y testigos colaboradores. Debemos tener en cuenta que el artículo 20, apartado C, fracción V, segundo párrafo, establece la obligación para el Ministerio Público de garantizar la protección de víctimas, ofendidos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso.

Por la naturaleza de los delitos que son considerados como delincuencia organizada, evidentemente a quienes ofrezcan testimonio en contra de los delincuentes, hay que otorgarle la máxima protección posible y esto se contiene obviamente en el dictamen. También con fundamento en el propio artículo 20, apartado B, fracción III, párrafo segundo establece que la ley establecerá beneficios a favor de inculpados, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. Esto es bastante claro, verdad. Y las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en particular del artículo 59 al 67, se prevé lo relativo a la regulación de los testigos colaboradores y de los beneficios que pudieran alcanzar en caso de que colaboren con la autoridad en la persecución de bandas criminales. Sin embargo, si bien es cierto coincidimos con la propuesta, también es conveniente manifestar nuestra preocupación, de que la figura de testigos, sin embargo, si bien es cierto que coincidimos con la propuesta, también es conveniente manifestar nuestra preocupación de que la figura de testigos colaboradores sea utilizada con claros fines electorales como ocurrió en el caso de Greg Sánchez, candidato de nuestro partido al gobierno de Quintana Roo y que, mediante el testimonio de un testigo protegido que depuso en su contra, primero fue arraigado, fue procesado y después totalmente exonerado de los cargos que le imputaron. Ése es un ejemplo claro de la manipulación que se puede hacer. O también del tristemente célebre michoacanazo, donde la Procuraduría General de la República se basó en dicho de otros testigos protegidos, con los resultados que obviamente todos conocemos: exoneración prácticamente de los treinta y tantos detenidos. Por esta razón es pertinente que, a la par del testimonio de los testigos colaboradores, el Ministerio Público soporte con pruebas inobjetables la acusación para que los jueces emitan la sentencia correspondiente. Finalmente, ésta es la participación de los testigos colaboradores. Cuál es la razón fundamental: imputar a otros delincuentes pero, por el contrario, para que el Ministerio Público haga su tarea es necesario que todos estos asuntos deben llegar a los tribunales. Si no, la función de testigo protegido del Ministerio Público, si no se hace una consignación y los tribunales no toman en cuenta ello, sería prácticamente nula la actividad. Otro aspecto que nos llama la atención es la exigencia de la certificación de los Ministerios Públicos y de la policía que depende de ellos. Ésta es una cosa nueva. Serían los que integren la unidad especializada de investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada en cuanto a la exigencia de que estén debidamente certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este punto nos parece muy importante para garantizar, hasta donde sea humanamente posible, la capacidad profesional y honestidad de quienes fueron parte de esta unidad. Sin embargo, sería muy importante conocer —no sé si algunos lo sepan; yo no lo sé y me gustaría mucho saberlo— cómo opera el Sistema Nacional de Certificación porque en el último de los casos una pregunta que salta a la vista es: quién certifica a los certificadores, sobre todo porque es urgente evitar infiltraciones en las instituciones que están haciendo estas acreditaciones.

Termino con una precisión. En el artículo 1 del dictamen que corresponde a la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, en su artículo 8, párrafo cuarto, se hace mención a la Policía Judicial Federal. Ese término ya no va a existir; lo correcto sería que, según el artículo 10, fracción X de la Ley Orgánica de la PGR, denominarlo policía federal ministerial, por lo que le pedimos por favor, presidente, que se pueda hacer este ajuste. Por las consideraciones que acabo de expresar, votaremos a favor del dictamen.

La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz comentó: La iniciativa que votaremos a favor los diputados del PRD, y que incluso la diputada Ángeles Nazares fue de las que propuso parte de esta iniciativa, es importante y muy trascendental ya que crea el programa nacional de protección a los testigos y colaboradores contra la delincuencia organizada, al cual habrán de incorporarse las personas que rindan testimonio en contra de los integrantes de alguna organización criminal o colaboren con la autoridad en su investigación. Esas personas contarán con protección en determinado tiempo; deben reunir ciertos requisitos y se les podrá revocar, siempre y cuando incumplan alguno de los requisitos que se mencionan en la iniciativa. Por lo tanto, votaremos a favor ya que era necesario esto, porque anteriormente se prestaba a que los testigos protegidos gozaran de privilegios y se generaban a su favor muchas cuestiones de negociación con algunos delitos al interior de los impartidores de justicia. Por eso nuestro voto será a favor.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez comentó: Nada más con relación a un punto que comentaba el diputado Zamora relacionado con el transitorio para que entrara en vigor la presente norma. El programa está funcionando de una manera muy particular ya en PGR. Creo que los 180 días sería medio año y sería un tiempo excesivo. La propuesta del dictamen está en 90. Quizá pudiésemos equilibrarlo y dejarlo en 120 días para que tampoco lo dejemos en los 90, como está en el dictamen, ni nos vayamos a medio año, sino que implementemos el programa.

Se sometió a votación el presente dictamen y fue aprobado por unanimidad con las consideraciones y observaciones que hicieron los diputados Arturo Zamora y Ezequiel Rétiz.

El último punto fue asuntos generales donde se acordó que en la próxima reunión sea analizado exclusivamente el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Así mismo invitar a gente de la Procuraduría General de la República, del Consejo de la Judicatura.

Se citó para la próxima reunión que se llevara a cabo el martes 4 de octubre a las 17:00 horas

El presidente agradeció a todos su participación y dio por clausurada la vigésima cuarta reunión ordinaria siendo las 20:45 del día martes veintisiete de septiembre del año 2011.

La Junta Directiva de la Comisión de Justicia

Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño, presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios (rúbricas).