De la Comisión de Puntos Constitucionales, de trabajo correspondiente al periodo septiembre de 2011-agosto de 2012

1. Fundamento jurídico

Para cumplir con los extremos de los artículos 45 numeral 6, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 149, numeral 2, fracción I; 150 numeral 1, fracción X; 158, numeral 1 fracciones II y 161 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta comisión presenta su programa anual de trabajo para el tercer año del ejercicio de la LXI Legislatura, correspondiente al periodo comprendido de septiembre de 2011 a agosto de 2012.

2. Objetivo general

En el ámbito de su competencia, la Comisión de Puntos Constitucionales llevará a cabo sus tareas parlamentarias en observancia de la normatividad vigente y con responsabilidad en la modificación, adición o derogación de alguna norma constitucional, es decir, los tiempos modernos y la sociedad mexicana en movimiento requieren de normas constitucionales perfectibles que cubran las necesidades de la vida actual de los mexicanos; conscientes de ello, los miembros de esta comisión analizarán y resolverán con criterios definidos, siempre actuales y pensando en una sociedad más justa.

2.1 Objetivos específicos

1. La Comisión de Puntos Constitucionales dictaminará e impulsará las minutas, puntos de acuerdo e iniciativas en el ámbito de su competencia y en los términos establecidos en la norma, siempre con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de reformas constitucionales.

2. En el ámbito de su competencia, esta Comisión dará difusión a los temas de interés nacional y llevará a cabo en distintas ciudades foros que permitan a los mexicanos conocer el trabajo parlamentario, así como los temas que habrán de ser aprobados e incorporados en nuestra Carta Magna, en beneficio del estado de derecho, de los derechos humanos y las garantías individuales de los ciudadanos.

3. La Comisión de Puntos Constitucionales impulsará iniciativas que permitan una revisión a fondo de la Constitución, en las que se observen las modificaciones o supresión de preceptos que hayan sido rebasados por el transcurso del tiempo. Esto es así, toda vez que se ha detectado que aún cuando la norma constitucional no puede ser inconstitucional, existen diversos preceptos en contradicción, uno de ellos y el que más se vulnera es el principio de inocencia, que se contrapone con lo establecido por el artículo 16 en materia de arraigo.

Otro ejemplo es la sanción del artículo 38 en materia de suspensión de derechos políticos en contravención del artículo 21 constitucional, esto es así ya que antes de ser oído y vencido en juicio a un individuo se le puedan suspender sus derechos, violándose el principio de inocencia.

3. Metodología de trabajo

Esta comisión, para el desahogo de su trabajo parlamentario, continúa con su estructura de un presidente, nueve secretarios y diecinueve integrantes (anexo uno);* así como con la integración de las nueve subcomisiones especializadas en cada uno de sus temas (anexo dos).*

Al concluir el segundo año de ejercicio, la Comisión de Puntos Constitucionales ha recibido; 483 iniciativas, 10 minutas y 17 puntos de acuerdo. Además de 1654 asuntos pendientes presentados en legislaturas anteriores, de los cuales la junta directiva ha priorizado los asuntos de consenso para su desahogo.

Los temas materia de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, dentro del marco normativo aplicable, establece términos fatales para su dictaminación al seno de la Comisión, por lo que la Junta Directiva acordó solicitar la prorroga Reglamentaria, para estar en la posibilidad de ser dictaminados en los plazos y con los acuerdos necesarios para su discusión y en caso aprobación.

En el tercero y último año de ejercicio de la presente legislatura, la Comisión de Puntos Constitucionales, inicia sus tareas parlamentarias con un conjunto de temas de gran importancia para el país, como lo es, la minuta del Senado en materia de reforma política entre otros temas ya dictaminados, y que se desahogarán dentro de los tiempos establecidos por el consenso de la junta directiva y los diferentes grupos parlamentarios que integran esta comisión.

3.1 Dictámenes pendientes de votación

Las reformas constitucionales pendientes no son pocas y requieren de análisis, discusión y acuerdos. Cabe señalar que esta comisión atenderá las minutas remitidas por la colegisladora, dentro del marco normativo y ésta presidencia elaborará el dictamen correspondiente con el mayor consenso de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados. Lo anterior para el desahogo de los asuntos.

Es así, que la Comisión de Puntos Constitucionales ha realizado un gran trabajo para llevar a su desahogo durante los próximos periodos legislativos, los siguientes temas:

a) Designación de ministros

El Poder Judicial Federal carece de los atributos de los otros dos poderes, pues no tiene plena autonomía y está desprovisto de fuerza material.

Por ello, la preocupación de los miembros de esta Comisión dictaminadora, es en el sentido de que debe de ser fortalecida la independencia del Poder Judicial, a través de la mejora sobre los mecanismos de designación de ministros de la Corte, que garanticen que los mismos no supediten su función a compromisos ajenos, ya que hoy en día con el actual sistema de designación, se está en un riesgo latente de afectar la imparcialidad de las decisiones jurisdiccionales que emite.

b) Voto de los mexicanos en el extranjero

El tamaño de la población mexicana en los Estados Unidos de América y otros países, su influencia política y económica en México han destacado la necesidad de que los migrantes cuenten con mecanismos que determinen el rumbo de las políticas públicas.

Actualmente, existen aproximadamente 30 millones de mexicanos que radican fuera del territorio mexicano. Se calcula que el 98 por ciento está ubicado en los Estados Unidos y de ellos 11 millones, aproximadamente, son ciudadanos mexicanos, es decir, tienen 18 años cumplidos.

La cifra es fundamental para entender la dimensión de lo que el voto de los mexicanos en el extranjero significa para el sistema electoral mexicano y por consiguiente, necesario además, para entender por qué el avance de inclusión político electoral en México debió transitar bajo un largo consenso político, jurídico y técnico.

c) Reforma al Distrito Federal

La naturaleza jurídica del Distrito Federal debe redimensionarse, no sólo desde su perspectiva como asiento de los poderes federales, sino por el contrario, como reconocimiento de un ente autónomo integrante de la federación y dotado de facultades propias de una entidad soberana, entre ellas, el expedir y promulgar su propia Constitución. Al respecto, es preciso mencionar que es darle la posibilidad de contar con un documento fundamental jurídico que generaría la consolidación del Estado mexicano, en la persona de su entidad capital: el Distrito Federal.

d) Ampliación del periodo de sesiones

La movilidad de las sesiones del Congreso corresponde, sin duda, a la pluralidad de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, sin olvidar la diversidad de los temas legislativos, lo que conlleva a adecuar el tiempo del trabajo legislativo a fin de lograr una evolución acorde a las necesidades de nuestra nación.

Las razones básicamente recaen en la composición de pluralidad política con la que se encuentra integrado el Poder Legislativo, en donde muchos de los proyectos se quedan pendientes o ni siquiera se trabaja en ellos, por falta de tiempo, organización y responsabilidad y si se toma en consideración el creciente número de demandas ciudadanas en diversos temas, se torna necesario contar con un mayor tiempo para la generación y consolidación de acuerdos parlamentarios al interior del Congreso.

e) Arraigo

La existencia de la seguridad jurídica no sólo implica un deber para el Estado y las autoridades; si bien éstas deben abstenerse de vulnerar los derechos de los gobernantes, éstos no deben olvidar que también se encuentran sujetos a lo dispuesto por la Constitución federal y las leyes, es decir, que pueden y deben ejercer su libertad con la idea de que podría restringirse en beneficio del orden social, pero siempre respetándoseles las mínimas certezas sobre el procedimiento.

Las garantías individuales consagradas en la Constitución son derechos públicos subjetivos a favor de los gobernados, que pueden oponerse a los órganos Estatales para exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que estos no caigan en la indecisión o en la incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones.

f) Cambio de denominación

El proyecto de reformas propuesto, es para oficializar el nombre de “México”, como aquel que distinga jurídica, política y culturalmente a la nación mexicana; toda vez que afirmar que por disposición constitucional, el nombre oficial de nuestro país es el de Estados Unidos Mexicanos, es una histórica equivocación interpretativa, que tuvo su origen en los debates del Constituyente de 1824 y que ha sido consentida en el devenir político nacional, más no así en deber ser jurídico y menos aún en el sentir ciudadano, como habrá de demostrarse.

De esta manera, un nombre oficial no debe ceñirse a la descripción de la forma de organización política o forma de gobierno de un país, sino que precisamente por la importancia y trascendencia que implica el denominar correctamente a la persona moral que comprenda a todos los integrantes de una nación o Estado, lo cual debe ser acorde con su identidad, estilo de vida, desarrollo histórico, económico, político, social, etcétera, es por lo que resultan congruentes los argumentos versados en el decreto de reformas propuesto, el cual enfatiza la necesidad de formalizar el nombre con el que todas las sociedades del mundo nos conocen: el de “México”, que de acuerdo a lo expresado en las mismas iniciativas, es raíz de identidad, conciencia de pertenencia y proyección de valores universales, lo cual concuerda fielmente con la realidad percibida en las diversas etapas históricas de nuestro país.

g) Candidaturas independientes

Los importantes avances en materia de transparencia y limpieza de los procesos electorales, sobre todo a nivel federal, sin pasar por alto el amplio espectro del ámbito estatal, hizo que desde principios de la pasada década comenzara a enfocarse la atención de las fuerzas que impulsan la transición a un ámbito distinto de lo estrictamente electoral, y empezara a hablarse cada vez con mayor insistencia acerca de la necesidad de reformar al Estado, no solamente a la cuestión electoral, sino a otros aspectos más globales del sistema político en su conjunto. Así, como ejemplo tenemos, que en enero de 1996 se conocieron los llamados Acuerdos del Seminario de Chapultepec, en los que, líderes de los distintos partidos políticos y representantes del gobierno, diseñaron lo que se denominó agenda inicial y tentativa de la reforma del Estado, muchos de cuyos puntos tuvieron la intención de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo anterior, resulta claro que ha llegado el momento de la transición democrática a través de esta reforma constitucional, que dará una nueva estructura a las relaciones políticas surgidas de la propia transición, esto, como necesidad de una estrategia de legitimación de un nuevo sistema político, que dé inicio a la refundación del orden político sobre nuevas bases, principios y valores que abran paso a las esperanzas y expectativas, y que a su vez sirvan de punto de cohesión a la sociedad en torno a un nuevo proyecto político.

h) Iniciativas superadas por el nuevo Reglamento de la Cámara.

Todas las iniciativas enunciadas en el dictamen, poseen el común denominador respecto a temas de actividades parlamentarias, los cuales han sido analizados frente al Reglamento de la Cámara de Diputados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2010, con el objeto de determinar si han sido superadas las propuestas planteadas en cada una de las iniciativas.

Como primera etapa del dictamen resulta necesario precisar, que el día 1 de enero de 2011, entró en vigor el Reglamento para la Cámara de Diputados, mismo que de su índice se aprecian diversos aspectos y actividades que son coincidentes con la materia de las iniciativas enunciadas anteriormente.

i) Política exterior

La nueva agenda internacional pone en evidencia el alcance de la globalización y la creciente interdependencia entre los pueblos. Los propósitos y principios tradicionales de convivencia internacional han sido revalorados a la luz del surgimiento de nuevos actores y desafíos en la escena internacional.

El advenimiento de una estructura distinta de relaciones de poder, es acompañado por un ejercicio de revisión de las prioridades de las políticas exteriores para consolidar sus posiciones con proyectos de largo aliento.

Es necesario promover acuerdos multilaterales avanzados, más justos y creativos que impulsen vínculos entre las naciones, fundados en la cooperación política, económica e intercultural.

Debemos abolir el doble rasero y la simulación, por los que mostramos un rostro hacia el exterior que no corresponde con la política interna del país. Es preciso compatibilizar ambos para ser respetados.

j) Estado laico

La reforma propuesta produce que el Estado, garantizará la separación del Estado e Iglesia, y por lo tanto la libertad de religión y libertad de culto se expresará sin establecer con ninguna de ellas un sistema de privilegios ni sistemas de control, ya que bajo ningún supuesto ni circunstancia, el Estado puede ni debe imponer a los ciudadanos profesión confesional e ideológica alguna.

La laicidad del Estado, en definitiva, obedece a la sociedad plural que ha logrado formarse en nuestros días y en la cual las confesiones religiosas minoritarias y mayoritarias encuentran en el Estado laico la garantía para el ejercicio de la libertad religiosa. El principio de laicidad sostiene no sólo la separación política y jurídica entre el Estado e Iglesias, sino también el libre ejercicio de las garantías individuales.

Es en este sentido, debemos decir que la laicidad del Estado mexicano no significa la abolición de la religión, sino la certeza de que nuestras instituciones garanticen el ejercicio de la libertad para decidir en esta materia y en muchas otras que afectan a la vida cotidiana de nuestros conciudadanos.

k) Informe presidencial

La Iniciativa en su parte toral, establece que existe la necesidad de hacer un replanteamiento sobre la forma en que se ha dado cumplimiento al artículo 69 constitucional respecto del informe presidencial que rinde el Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión, cuya finalidad es la de dar a conocer el Estado general que guarda la nación.

Se plantea enriquecer el marco normativo, a efecto de que no sólo sea una simple manifestación del estado que guarda la Administración Pública, sino un discurso en el cual se exponga el contenido del Informe, lo que conlleva a la respuesta por parte del Congreso respecto del discurso que haga el Ejecutivo federal, por lo que será establecido un diálogo entre el titular de la Administración Pública Federal y ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

l) Iniciativa preferente

Las modificaciones planteadas en la minuta, buscan generarle al Ejecutivo federal un instrumento constitucional que fortalezca la colaboración con el Congreso de la Unión, ello con el objeto de que se le permita en su mandato una administración más eficaz, respondiendo a las tareas más apremiantes que se requieran resolver.

Es por lo anterior, que los miembros de esta comisión coincidimos parcialmente con las razones que la colegisladora expresa para establecer un mecanismo de colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, garantizando la discusión de dos iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo, que a su juicio, merezcan ser tratadas bajo un trámite de excepción, lo cual, por supuesto no significa que el legislativo esté obligado a dictaminar en un sentido positivo a las pretensiones del titular del Ejecutivo, sino que sólo se garantiza que la proposición así iniciada, llegue a discutirse en el Pleno de la Cámara de que se trate.

m) Libertad de expresión

Los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, han resuelto que es prudente y en aras de dar respuesta al reclamo social, sobre evitar y sancionar los acontecimientos violentos a reporteros y atentados contra la libertad de expresión, establecer en el artículo 73, la facultad de la Procuraduría General de la República, para atraer e investigar los casos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas, o se adviertan atentados contra la libertad de expresión.

n) Mando único

La materia de la reforma en estudio reviste una importancia trascendental, porque implica una alteración a las facultadas constitucionalmente otorgadas al municipio. Además, trastocan el principio histórico del federalismo, consagrado en nuestra Constitución.

Visto que el municipio es la base de la división territorial que establece nuestro sistema jurídico y reviste una verdadera autonomía frente a la federación y a las entidades federativas, es menester dictaminar la iniciativa en estudio, en sentido negativo.

Debe impedirse que México caiga en ese error político. Debe dársele una nueva dimensión al pacto federal, en el que cada Estado y municipio sea un gran promotor del desarrollo ya que, por su cercanía con la gente conocen mejor los problemas y, al mismo tiempo, su obligación y su responsabilidad de rendir cuentas son mayores. Nosotros sabemos que la base de la democracia está en los gobiernos locales, pero la democracia sólo se justifica por medio del desarrollo y la justicia.

Se puede –en efecto– reformar la Constitución para que ahora diga en los artículos 21, 115 y 123 que se introduce el que la policía preventiva ya no depende de los municipios, y en lo sucesivo se atenga a un mando único que centralice la seguridad pública en el municipio y en el país.

La reforma de Estado, que tanto necesita México para culminar su estructura federalista y democrática, debe centrarse en un sistema que refuerce nuestro federalismo y perfeccione su municipalismo, bajo la base de que el cambio necesario incluya la acción de los diversos sectores del gobierno, de los partidos políticos y de la sociedad en todas sus manifestaciones populares.

ñ) Permisos y condecoraciones

El principio de igualdad, se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa, que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación, así como de su aplicación, de manera que opera para que los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran en igual situación de hecho deben ser tratados de la misma forma, sin privilegio alguno.

Esta disposición daría pie a renunciar a títulos nobiliarios obtenidos en otros países, a fin de salvaguardar el principio de igualdad ante la ley. En todo caso, del extranjero pueden recibirse reconocimientos o preseas de tipo cultural u honorario; no obstante, para que un mexicano reciba uno de esos reconocimientos, requiere el consentimiento del Congreso de la Unión.

Por ello, que en México no se den títulos de nobleza no implica ignorar la destacada labor de sus habitantes. La Constitución permite otorgar menciones honoríficas a un mexicano que haya prestado sus servicios relevantes a la nación.

De esta circunstancia se desprende, que la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de carácter federal, tiene por objeto: “determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan premios, estímulos o recompensas”. Así lo establece el artículo 3° de la Ley en comento.

En este contexto, se plasma el espíritu de la reforma en estudio, la cual consiste en distinguir a los mexicanos con ciertas cualidades, dentro de una ideología de equilibrio e identidad humana, como guía ejemplar de la conducta en la sociedad dentro de un ambiente de respeto, equidad y tolerancia que consagra el principio de igualdad jurídica.

o) Presunción de inocencia

La presunción de inocencia es un principio consagrado en nuestra Constitución, que se constituye como pieza clave del sistema penal acusatorio adoptado por el Estado mexicano, en las reformas a la Constitución en el año 2008; tal principio asegura el perfecto cumplimiento de los derechos y otorga certeza jurídica a los individuos hasta en tanto, no sea declarada la persona penalmente responsable sobre la comisión de un delito.

La presunción de inocencia, garantiza que solo una sentencia declarara la culpabilidad jurídica, lo cual implica la adquisición de un grado de certeza para el gobernado; aunado al hecho de que nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista una declaración judicial, esto es, una sentencia que absuelva o condene, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento.

Lo que se pretende, es evitar un sobre ejercicio del poder por parte del Estado y con ello, dar certeza jurídica a los ciudadanos mexicanos y más aun, en sus derechos electorales, que son de difícil reparación tanto personal como electoral a cualquier imputado penalmente.

p) Prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social

Actualmente, la principal demanda de la sociedad consiste en que los aparatos de prevención, procuración, administración de justicia y readaptación del sentenciado, cumplan con la tarea esencial de asegurar la integridad de la vida y el patrimonio, así como la preservación de los espacios de convivencia.

La realidad del momento, pone de manifiesto que el sistema de impartición de justicia se encuentra rebasado y agotado, los resultados son paupérrimos y la impunidad alcanza un escalofriante 98 por ciento. Según encuestas calificadas, cerca del 70 por ciento de los delitos ya no se denuncian por falta de confianza en el Ministerio Público y en sus funciones; del 30 por ciento que sí se denuncian, el 90 por ciento no se consignan por alguna razón o falla, y del 10 por ciento que se consigna, sólo una mínima parte de los procesados obtiene sentencia condenatoria.

q) Turismo

En consonancia con la trascendencia de la actividad turística, se busca con la reforma a la Constitución, una estrategia para acceder a la modernización del turismo que garantice un nivel apropiado de competitividad, es decir, se prevé la descentralización de la toma de decisiones, a fin de involucrar a las localidades y a los agentes prestadores de servicio en la determinación de las acciones del sector, y a la vez que estas se nutran de la visión de quienes son directamente responsables de los servicios turísticos.

El Estado debe encabezar en sus proyectos, los esfuerzos para obtener el desarrollo nacional; que éste sea tal, que así se fortalezca la soberanía de la nación y que su régimen estatal logre fomentar el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza; todo lo cual, permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

r) Libertad religiosa

Reconocer la libertad religiosa como derecho fundamental, ha sido una tarea política que ha tardado siglos en concretarse, el proceso histórico de la separación de los asuntos políticos de la esfera religiosa a la defensa de las libertades, derechos y el cumplimiento de las leyes de la materia, ha implicado un proceso gradual de transformación en el pensamiento político, que se ha traducido en sistemas jurídicos modernos, que aseguran la laicidad del Estado y la libertad del individuo en lo que concierne.

Así, podemos afirmar que hay varias razones que ligan estrechamente al Estado laico con la libertad de conciencia, pues éste debe “preservar la libertad de conciencia, frente a cualquier amenaza que atente contra ella. Esta obligación surge de la convicción de que nadie puede ser obligado a creer en algo por la fuerza, siendo entonces necesario respetar la creencias de cada individuo.”

s) Democracia participativa

Es imposible concebir a la Democracia sin entenderla como una consecuencia de la Soberanía, ya que permite explicar la aparición del Estado, pues en virtud de ella, el pueblo decide unirse y adoptar determinada forma de gobierno, nombrando, en consecuencia, a sus gobernantes.

Las consideraciones expuestas, parecen sostener que la idea de ciudadanía política ha periclitado, lo que desde luego no es así, se trata de una construcción siempre en proceso. Lo que si debe admitirse, es que la democracia representativa se ideó sólo desde una ciudadanía política muy limitada, sin tomar en cuenta las otras dos facetas de la ciudadanía: la social y la económica.

Por eso, esa forma de democracia debe ser trascendida para que la sociedad que es la base de las instituciones, sea reconocida en su complejidad.

Con la ampliación de los cauces de expresión popular a través de los mecanismos de la democracia participativa, se trata de neutralizar el riesgo inherente de la democracia representativa que, aún cuando no excluye al ciudadano, si lo aleja de la toma de decisiones al delegar esta función en sus representantes.

Esta circunstancia implica, que mientras el ciudadano sólo participa en la toma de decisiones cuando emite su voto para elegir a sus representantes, los poderes fácticos tienen una participación permanente en la toma de decisiones, ya que mantienen su capacidad de presión y de cabildeo en los espacios públicos de manera ininterrumpida.

En México, hoy día resulta ya no sólo conveniente sino imperativo incorporar a nuestro orden constitucional las figuras jurídicas de participación ciudadana, que amplíen los espacios deliberativos de la sociedad civil con los poderes públicos, para favorecer la construcción de los consensos que nos permitan encontrar las mejores soluciones para los graves problemas que enfrentamos como país.

3.2. Iniciativas pendientes de dictaminación

De las legislaturas anteriores, la Comisión de Puntos Constitucionales tiene un rezago de 1654 iniciativas pendientes. En la presente legislatura, se ha hecho un esfuerzo por incluir en los dictámenes que se han aprobado en el pleno de la Cámara, la mayor cantidad de iniciativas vinculadas con los distintos temas dictaminados.

El nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados, establece términos fatales para la dictaminación de los asuntos turnados a las Comisiones, en el caso de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuando un asunto no se dictamina, pasa a la competencia del pleno de la Cámara para su desechamiento.

La presidencia y las subcomisiones, para no incurrir en desacato, acordaron por medio de la junta directiva de la comisión, solicitar la prórroga para dictaminar asuntos cuyo término estaba por cumplir.

Esto es así, ya que con una plantilla de 10 diputados y 21 asesores, no se podrá desahogar los asuntos previamente mencionados.

Adicionalmente, el Reglamento de la Cámara de Diputados que entró en vigor a partir de este año, en su artículo octavo transitorio establece que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, resolverá para su desahogo o trámite respecto de las minutas, iniciativas y puntos de acuerdo que se hayan presentado en las legislaturas anteriores. No obstante, la Conferencia hasta el día de hoy, no se ha pronunciado respecto al transitorio antes señalado.

3.3. Acciones.

Para dar cumplimiento al contenido de lo señalado en el punto anterior, esta comisión propone las siguientes líneas de acción:

1. Establecer una calendarización de fechas, como mínimo, para la celebración de las reuniones de junta directiva y ordinarias en observancia estricta de sus miembros, a lo dispuesto por el artículo 44, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (ver anexo tres).*

2. Las Subcomisiones se avocaran al análisis y dictaminación de los temas de la Agenda Política propuestos por cada fracción parlamentaria, de acuerdo a la especialidad de sus tareas.

3. La Presidencia de la comisión dictaminará las minutas, iniciativas con excitativas, puntos de acuerdo y los asuntos que acuerde la junta directiva.

4. Derivado del criterio a que arribe la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se desahogarán las diversas Iniciativas presentadas en las distintas Legislaturas, que ya fueron superadas y no tienen aplicación para su adición, derogación o modificación dentro de la Constitución.

5. Las subcomisiones que aprueben sus dictámenes en el pleno de la subcomisión correspondiente, con fundamento en el artículo 152, numeral 7 del reglamento, enviarán los diversos dictámenes al pleno de la comisión para continuar con su proceso legislativo.

6. Las reuniones ordinarias, funcionarán basadas en los acuerdos y resoluciones que deriven de la junta directiva y de temas que surjan en las reuniones ordinarias.

7. Los dictámenes que desechen iniciativas, se listarán en primer término para su desahogo en el orden del día.

4. Consulta y opinión

Con fundamento en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con el objeto de contribuir a la formación de criterio de los miembros de la junta directiva o del pleno de esta comisión, se invitará de manera respetuosa a la diputada o diputado titular de la iniciativa, para que haga una exposición de su propuesta y argumentando la viabilidad y conveniencia de incorporar la modificación que ellos propongan.

Además de lo anterior, la comisión continuará organizando encuentros con expertos constitucionalistas en los diversos temas.

Paralelamente, se hará del conocimiento de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados la conveniencia de suscribir convenios de colaboración Institucional en centros de investigación nacionales e internacionales y así establecer relaciones con los centros de apoyo de la propia Cámara, con la finalidad de que los dictámenes tengan en su contenido, una calidad técnica que permita conocer con exactitud el espíritu intrínseco de la norma.

5. Actividades especiales

• Reactivar la comunicación con los Congresos de los estados, a través de la Conferencia de Comisiones y Puntos Constitucionales;

• Realizar foros sobre temas relevantes;

• Formar comités de expertos constitucionalistas;

• Impulsar acuerdos con la Universidad Nacional Autónoma de México u otra de su categoría, para la realización de maestrías, especialidades, diplomados con instituciones u organismos que se juzguen adecuados. Diplomado en sistema electoral (anexo cuatro);*

• Celebrar foros, conferencias, coloquios; y

• Participar en los diversos Congresos de las entidades federativas, de las actividades académicas que se realizan con instituciones educativas en coordinación con esta comisión.

Nota* Anexos