Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN

El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana se registró el apaleo y posterior asesinato de Patria Mirabal, Minerva y María Teresa, hermanas y activistas políticas dominicanas, opositoras al régimen dictatorial del General Rafael Leónidas Trujillo, a la postre, considerado autor intelectual de estos lamentables hechos.

Perseguidas políticas, su familia perdió casi toda su fortuna como consecuencia de las represalias, sufrieron los embates del dictador y en múltiples ocasiones fueron detenidas, incluso, Minerva y María Teresa, fueron violadas y torturadas en varias ocasiones. A pesar de estas situaciones, continuaron en su lucha por terminar con la dictadura. Después de varios encarcelamientos, fueron ultimadas por mandato del dictador Trujillo.

Este acontecimiento generó indignación en la comunidad nacional e internacional y en solidaridad con la causa de las hermanas Mirabal pero sobre todo, con la finalidad de generar conciencia a nivel mundial acerca del uso de la violencia contra la mujer, en el marco del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia en el año 1981 se propuso establecer el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

Derivado de ello, fue en el año de 1993 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió el concepto de "violencia contra la mujer" como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada” y el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con la conmemoración de este día, la clase política y diversas organizaciones de la sociedad civil aprovechan la ocasión para realizar eventos donde se anuncian acciones tendientes a proteger y defender los derechos de las mujeres.

Sin embargo, es preciso señalar que, más allá del establecimiento de políticas de corto, mediano y largo plazo que reviertan su situación, únicamente aprovechan la coyuntura para divulgar mediáticamente catálogos de buenas intenciones que poco ayudan a la construcción de una visión de equidad de género.

Por ello, hoy resulta imperativo que los legisladores, gobiernos y sociedad hagamos una revisión objetiva de las estrategias, métodos y productos legislativos, para conocer su real impacto en la convivencia social, aceptar que han sido insuficientes y aún no reflejan las aspiraciones de grandes movimientos históricos en defensa de los derechos de las mujeres.

Con la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el 1 de enero de 2007, se realizó una aportación que se suma a toda una estructura que incluye Fiscalías Especializadas, Institutos y en general todo un andamiaje, con el propósito de protegerlas ante situaciones de vulnerabilidad y combatir de manera eficaz los casos de violencia.

Sin embargo, los recientes avances legislativos son apenas la punta de lanza de todo un esfuerzo integral y cohesionado que no quede en un catálogo de buenas intenciones; por ello, la necesidad de incorporar a los esquemas punitivos, no solo nacional sino estatales mecanismos que combatan delitos cuya comisión va en alarmante aumento; ejemplo de ello son, la trata de personas y el feminicidio.

La trata de personas con fines sexuales, es actualmente el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del tráfico de drogas y de armas a nivel mundial. Este lastre social es generador de aproximadamente, diez mil millones de dólares al año. En nuestro país, los lugares donde se facilita dicha conducta son las fronteras; la pobreza y la falta de educación, operan en contra de los migrantes ilegales y de las clases menos favorecidas, los que son víctimas de fácil engaño, debido a su necesidad económica. Las mujeres son el grupo vulnerable en la comisión de este delito.

Ya lo hemos mencionado en esta tribuna: la trata de personas es un delito, así como una nueva forma de esclavitud, en la que por medio de la violencia física, moral, el engaño o el abuso de poder, los tratantes realizan conductas delictivas, para someter a las víctimas a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes y que hay factores sociales, que en su conjunto hacen a una persona más vulnerable a una situación de trata y disminuye la posibilidad de pedir ayuda o denunciar, entre ellos: la pobreza, la falta de educación formal o de orientación sobre los derechos humanos, discriminación, racismo, clasismo, xenofobia y sobre todo la misoginia. Siendo un factor incidental en la vulnerabilidad un deficiente o inacabado sistema jurídico donde los vacíos legales son, el punto de fuga de un tratante; es ahí donde nuestra labor como legisladores cobra relevancia y donde nos convertimos en entes corresponsables de la situación de vulnerabilidad de quienes son víctimas.

Por ello, no dejaremos de insistir y señalar aquellas deficiencias en la norma, en el procedimiento, en la investigación, en la persecución, el rescate y castigo a los responsables, hemos sido y seremos críticos coadyuvantes pues es importante que en nuestra labor de vigilantes, reconozcamos cuando las autoridades han cumplido con su trabajo, incluso con falta de capacitación o sin las herramientas jurídicas o de investigación. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.

Es en este sentido que hoy por hoy cobra vigencia la necesidad de continuar fortaleciendo, desde la perspectiva penal, la legislación que proteja a la mujer y castigue con mayor severidad a quien cometa actos de violencia contra ella, por ello, es importante que en la construcción de una agenda de promoción y protección a los derechos de la mujer se incorporen, como temas obligados la trata de personas y el “feminicidio” entendiendo a éste último como el homicidio perpetrado por hombres contra niñas y mujeres en razón del género.

Dicho concepto desde su correcta acepción engloba múltiples conductas, como la falta de atención médica a problemas sanitarios femeninos; además presenta características y especificidades que deben responden a la realidad concreta de cada región del país, por ello, al establecer este tipo penal específico, los gobiernos de los Estados deberán tener sumo cuidado para crear el tipo específico de “feminicidio”, pues de no ser así, se tratará de una acción aislada, que se suma al abultado catálogo de delitos y se corre el riesgo, como ha sucedido en Guatemala, donde quedó tan amplio y genérico, que es inaplicable, o tan etiquetado y casuista, que resulte selectivo y contrario a las garantías constitucionales.

No podemos negar que el problema de violencia contra la mujer es real y muy preocupante, pues tan solo en la Ciudad de México, uno de tres asesinatos de mujeres por homicidio doloso, ocurre dentro del domicilio de la víctima.

De acuerdo con el análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en México 35.4% de las mujeres entrevistadas de 15 años y más que viven con su pareja, ha padecido violencia emocional, 27.3% violencia económica, 9.3% algún tipo de violencia física y 7.8% violencia sexual

Es de destacar que la violencia es sin duda un fenómeno global que se intensifica en zonas urbanas pues la propia encuesta menciona que las mujeres de las ciudades tienen un riesgo ligeramente mayor de sufrir violencia emocional y económica en comparación con las de zonas rurales, incluso, son las mujeres sin instrucción las que tienen un riesgo cuatro veces menor de sufrir algún tipo de violencia que las mujeres con estudios universitarios debido a que tienen mayor capacidad de distinguir cuando se está padeciendo algún tipo de violencia.

Una eficaz protección a la vida e integridad de las mujeres no debe agotarse únicamente en la promulgación de leyes o en la creación de nuevos tipos penales cuyo propósito sea contener la indignación social, pero en los hechos resulte inaplicable, estas creaciones legales deben, forzosamente, ir acompañadas de una serie de complementos operativos como lo son una política criminal que atienda la problemática, con participación de la sociedad, verdaderos esquemas de difusión y concientización de los núcleos poblacionales más vulnerables pero sobre todo, de entender que el verdadero combate y erradicación de la violencia contra las mujeres es trabajo de todos los días, no línea discursiva de conmemoración como el día que hoy celebramos, de otra forma, cualquier esfuerzo que se realice quedará únicamente en un buen intento y para la memoria legislativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2011.

Diputada Rosi Orozco (rúbrica)