Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a supervisar los servicios de dietas telefónicas ofrecidos mediante spots de radio y televisión, pues en México se sufren graves trastornos alimenticios que perjudican a la juventud y a la niñez, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Compañeros legisladores, recordemos que las dimensiones corporales de la mujer y en menor impacto del hombre han sido valoradas de distintas maneras en las distintas épocas de la historia del mundo occidental.
Los cambios históricos tienen cambios culturales y cambios en los patrones estéticos y corporales.
La imagen de un modelo ideal de belleza, compartido y reconocido socialmente, supone una presión altamente significativa en todos y cada uno de los miembros de la población. Las mujeres que encarnan o se identifican con ese modelo tienen razones para valorarse positivamente. Quienes no reúnen estas características padecen baja autoestima.
En el establecimiento de los modelos estéticos intervienen multitud de factores aunque en cada país tenga su prototipo de belleza específico. Por ejemplo, en la India, donde escasea el alimento, la obesidad es signo de prestigio social y de potencial socioeconómico. Por el contrario, el ideal de delgadez se da en sociedades donde la obtención de alimento no es problema.
Los estereotipos estéticos suelen extenderse en las sociedades complejas en sentido descendente, es decir, de las clases más elevadas a las más bajas.
Un canal importante y de influencia efectiva son los medios de comunicación de masas. Nos hallamos inmersos en una sociedad donde televisión, prensa, radio bombardean continuamente a los ciudadanos con múltiples mensajes.
También se sabe que los valores del mundo anglosajón, en especial Estados Unidos, ejercen una gran influencia sobre el resto del mundo y que pronto serán implantados en otros países.
El cine, la fotografía, las dietas telefónicas, los reportajes sobre métodos de adelgazamiento contribuyen a determinar el estado de opinión y evaluación corporal. Pero, además, todo este mundo de palabras e imágenes van a crear un importantísimo mercado descubierto por los comerciales y productores de más de mil recursos de adelgazamiento.
El estado de opinión, por tanto queda en cierto, enrizado en una publicidad comercial, que con sus mensajes incorporan el estereotipo estético, lo concreta y potencia.
Cada época ha tenido unos prototipos de belleza. En la década de los 50 existían dos modelos: uno el de Marilin Monroe, con caderas anchas, cintura ceñida, etcétera; y el de Grace Kelly, tendente a lo rectilíneo, era la delgadez extrema.
En los 60 se da el fenómeno Twiggy. Una chica inglesa, francamente esquelética, que se introdujo como un ciclón en el mundo de la moda de América y Europa.
El anhelo de la delgadez sigue vigente. La preocupación por el peso y la imagen corporal está tan extendida que en la sociedad actual, es un fenómeno que puede considerarse como normal en la experiencia femenina; lo anormal es la no preocupación por el cuerpo.
Ésta preocupación e insatisfacción suscitada por el propio cuerpo, tiene que encontrar alguna vía de solución. Los afectados intentan resolver sus problemas eligiendo entre las múltiples alternativas y mejores. Ésta es la técnica para adelgazar más difundida y más peligrosa en cuanto al riesgo de sufrir trastornos del comportamiento alimentario.
Resumiendo todo lo anterior se puede decir que los cambios de costumbres han alterado los hábitos alimentarios y que no se tratan de nuevas modificaciones formales y sin importancia sino que se han derrumbado que los cambios de horarios de situaciones sociales y de funciones sociales de los alimentos, dan lugar a cambios en el contenido. La desorganización incrementa los riesgos de patología alimentaria.
Es así como nacen los llamados trastornos alimenticios (bulimia y anorexia), el sobrepeso y la obesidad, debido a la sociedad y sus diferentes patrones que para esta son normales.
Nuestras niñas y nuestros niños merecen un mejor presente y un mejor futuro; miran la televisión, alrededor de tres a cuatro horas diarias y ésta tiene una influencia poderosa en el desarrollo de su sistema de valores y en la formación de la conducta. Es así que por medio de spots se anuncian dietas que prometen hacer que uno baje de peso manejando que dichas dietas son enviadas a tu celular hechas por los mejores nutriólogos.
Por ello compañeros legisladores debemos inculcar y educar a nuestros niños y jóvenes para que si no están conformes con sus cuerpos lo ideal es visitar al nutriólogo, hacer ejercicio, hay varias opciones antes de privarse de sus alimentos.
Mostrarles que tampoco deben recurrir a pastillas y productos que se anuncien en televisión o radio, no sirven para nada más que para sacar el dinero, así como tampoco hagan caso a esos mensajes de envía la palabra dieta vía celular, para seguir una dieta tienen que visitar un nutriólogo para que elabore una dieta adecuada.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, y apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaria de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones supervise con expertos en la materia los servicios de dietas telefónicas que se promueven por televisión y radio, debido a que en México se están sufriendo serios trastornos alimenticios que perjudican a nuestra juventud y niñez.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2011.
Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la PGJ de Jalisco y a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, a tomar medidas a fin de evitar que se utilicen sus instalaciones en actividades ajenas a su naturaleza y de sancionar de manera enérgica a quienes incurran en tales prácticas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Rosi Orozco, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Cámara el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Los esfuerzos por contar con una legislación en materia de trata de personas en nuestro país acorde a la realidad, que haga énfasis en la prevención, el combate y la erradicación de esta actividad son recientes, pues aunque se tiene conocimiento del crecimiento de esta actividad, su tipificación en la legislación penal se da apenas en el año 2007 y es hasta el 27 de noviembre del mismo año, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación y con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, de aplicación en todo el territorio nacional en materia del fuero federal, que ante la opinión pública queda manifiesta la necesidad de generar conciencia de un problema en aumento y que únicamente con la colaboración entre las autoridades y la sociedad civil se podrá combatir de manera eficaz.
2. Por ello, el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos jurídicos internacionales en materia de prevención, combate y erradicación a la trata de personas, entre ellos, es preciso mencionar el siguiente:
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder:
“A. Las víctimas de delitos
1. Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
2. Podrá considerarse “víctima” a una persona, con arreglo a la presente declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
3. Las disposiciones de la presente declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.
B. Las víctimas del abuso de poder
18. Se entenderán por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.
19. Los estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios.
20. Los estados considerarán la posibilidad de negociar tratados internacionales multilaterales relativos a las víctimas, definidas en el párrafo 18.
21. Los estados revisarán periódicamente la legislación y la práctica vigentes para asegurar su adaptación a las circunstancias cambiantes, promulgarán y aplicarán, en su caso, leyes por las cuales se prohíban los actos que constituyan graves abusos de poder político o económico y se fomenten medidas y mecanismos para prevenir esos actos, y establecerán derechos y recursos adecuados para las víctimas de tales actos, facilitándoles su ejercicio”.
3. Son innumerables los esfuerzos que la sociedad civil y el gobierno mexicano han llevado a cabo para erradicar en nuestro país la trata de personas en cada una de sus modalidades; en ese sentido, es importante destacar el esfuerzo que el Poder Legislativo federal ha realizado con el objeto de contar con reformas legales que armonicen con la realidad y que combatan de forma eficaz este delito; es de destacar, entre otros, que el día 14 de julio de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20 apartado C, fracción V y 73 fracción XXI, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trata de personas, donde, entre otros aspectos relevantes, se faculta al Congreso de la Unión a emitir una ley general para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas.
4. Sin embargo, las acciones por contar con las herramientas legales para combatir la trata de personas y por ende, aquellas conductas y actividades que pudieran convertirse en factores propiciatorios de dicho delito, contrastan de manera radical con las actividades que por un lado el día 30 de junio de 2011, con motivo del Día del Padre, llevó a cabo la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, donde se les regaló a los trabajadores espectáculos tabledance , striptease y shows lésbicos, los cuales se llevaron a cabo en las instalaciones de la delegación, por otro lado, bajo el pretexto de la despedida de soltera de la entonces fiscal, Italia Flores Medina, al menos cinco trabajadoras del área de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJEJ) organizaron un show de strippers, realizado dentro de las instalaciones de la dependencia en horas de trabajo.
5. En el caso de la delegación Cuauhtémoc, una de las demarcaciones capitalinas que más enfrenta el problema de la prostitución, resulta preocupante que las autoridades consientan este tipo de actividades; en notas de diversos medios de comunicación, se tiene conocimiento de “que dicha celebración se realizó a través del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), y que a los festejados se les “regaló”(sic) cinco sexoservidoras contratadas de un supuesto giro denominado Pink House, –por así constar en las tarjetas de cortesía que las mismas sexoservidoras distribuyeron– y que agasajaron a los presentes en el auditorio de la delegación Cuauhtémoc, ubicado en el sótano del edificio que se localiza en las calles de Aldama y Mina, en la colonia Buenavista”
En nota periodística del diario Milenio del 2 de julio del presente año, se da cuenta de ello:
“El foro, que tiene capacidad para cerca de 300 personas, presentó sobrecupo pues llegaron casi el doble de empleados delegacionales, quienes se mostraron muy animados. El “festejo” tuvo lugar este jueves (30 de junio) a las 10:00 de la mañana. Cerca de las 11:00 llegaron las sexoservidoras al inmueble vestidas con “babydoll”. El show comenzó pese a que muchos compañeros iban acompañados de sus parejas e incluso de algunos menores de edad”.
“Luego, el espectáculo subió de tono pues las mujeres se quedaron sin ropa y se mostraron desnudas, lo que ocasionó que muchos de los presentes se fueran”.
“Posteriormente, comenzaron a simular que tenían sexo entre ellas, comentaron algunos de los asistentes”.
6. En lo tocante a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, la agencia EFE difundió el día viernes 15 de julio del 2011, imágenes tomadas de un teléfono celular donde al menos cinco funcionarias adscritas a dicha oficina, incluyendo la entonces fiscal Italia Flores Medina, y en horario de trabajo, celebraron una fiesta con “strippers”. En dicho boletín de la agencia EFE, se da cuenta de lo acontecido:
“En las imágenes se observa a dos bailarines exóticos, quienes sólo visten bóxers negros, animando a las funcionarias y dejándose acariciar por ellas; incluso dos trabajadoras le muerden el calzoncillo a uno de los bailarines.
“No se limite, licenciada”, se escucha una voz de mujer que se refiera (sic) a Flores Medina, quien viste blusa verde y pantalón oscuro. “Ahora, la festejada”, dice uno de los bailarines y toma de la mano a la misma mujer.
Presuntamente, el encargado del área, Pedro Haro Ocampo, le permitió a las funcionarias realizar la despedida de soltera para Flores Medina por tres horas, además de las bebidas alcohólicas, botana y los bailarines. Pero hubo límite, pues Haro Ocampo dio la orden de que la fiesta se realizara por tres horas y no se atendiera a nadie durante ese tiempo”
No se omite mencionar que dicha fiesta se llevó a cabo en horario de trabajo en las instalaciones de la agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar cuya principal labor es la de atender casos de abusos, ultrajes y maltratos hacia menores de edad.
Considerandos
Primero. Que de conformidad con lo que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
Segundo. Que las convenciones y tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano y ratificados por el Senado de la República imponen un ataque frontal y comprometido en contra de la trata de personas así como compromisos específicos para la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas. Asimismo, dichas convenciones y tratados obligan a que todos y cada uno de los distintos órdenes de gobierno realicen acciones tendientes a prevenir y combatir otros factores que propicien la trata de personas.
Tercero. Que esta Cámara de Diputados no ha cesado en su compromiso de realizar grandes esfuerzos a fin de perfeccionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación penal que permita contar con mejores y más contundentes herramientas normativas que permitan a las autoridades de todos y cada uno de los distintos órdenes de gobierno a prevenir, combatir y erradicar de manera definitiva la trata de personas y que en ese esfuerzo, todos los partidos con representación no han escatimado esfuerzos y han dejado de lado sus diferencias ideológicas a fin de establecer un frente común que proteja a quienes han sido víctimas de este mal y evite que se continúe llevando a cabo.
Cuarto. Que para los diputados federales, las desafortunadas, imprudentes y probablemente ilegales actividades como las llevadas a cabo en la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal o la desarrollada en las instalaciones de la agencia de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del estado de Jalisco, son contrarias al espíritu de colaboración que gobiernos y sociedad civil han llevado a cabo para combatir y erradicar la trata de personas y que con ello se está mandando un mensaje contradictorio a la sociedad y se incurre en la posible comisión de ilícitos por parte de los servidores públicos involucrados.
Quinto. Que es indispensable que la autoridad tome, de manera urgente, cartas en el asunto pues los hechos anteriormente descritos son del conocimiento público, lesionan de manera grave la imagen y el respeto por la autoridad y además de ser probables hechos constitutivos de delitos por parte de los servidores públicos, su naturaleza y su carga de alto contenido sexual explicito lesiona la dignidad humana, vulnera el tejido social, generando entre los asistentes –particularmente en los menores de edad presentes– una percepción errónea, deformada, utilitarista, comercial y contraria al sano desarrollo psicosexual del individuo.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco, y a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, a tomar las medidas correspondientes a fin de evitar se utilicen las instalaciones de las mismas en actividades ajenas a su naturaleza y se sancione de manera enérgica a quienes incurran en dichas prácticas.
Segundo. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, a realizar las diligencias correspondientes a fin de investigar el supuesto giro denominado Pink House.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre del 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a diseñar con el gobierno de Chihuahua políticas públicas y comerciales que contribuyan al mejor desarrollo económico del estado, con objeto de atraer mayor inversión nacional y extranjera y establecer canales para comercializar y posicionar los productos de exportación chihuahuenses en los países con que México ha celebrado tratados de libre comercio, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral I, fracción I y II, numeral 2, fracciones I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Economía, a diseñar de manera coordinada con el gobierno del estado de Chihuahua, políticas públicas y comerciales que coadyuven al mejor desarrollo económico del estado con el objeto de atraer mayor inversión nacional y extranjera y establecer canales de comercialización para posicionar los productos de exportación chihuahuenses en los diferentes países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La rápida diversificación de las relaciones internacionales de México, particularmente a finales de la década de los ochenta, dio como resultado la firma y ratificación de 1624 tratados vigentes en múltiples materias, entre ellos destacan la suscripción de 24 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Sin embargo, el gobierno federal no ha logrado diversificar sus mercados, situación que ha impedido aprovechar las ventajas que ofrece la inversión extranjera directa y el comercio internacional.
La dependencia derivada de las relaciones internacionales se presenta en el desarrollo económico de las naciones en proceso de desarrollo, y por tanto, se refleja en todos los sectores del país como la industria, la agricultura, el comercio internacional, el turismo, entre otros. De estos, en el que más claramente se observa esta dependencia, es en el comercio exterior y la inversión nacional y extranjera directa.
Resulta claro que México tiene una ventaja comparativa derivada de los bajos costos de transporte que tiene en razón de su estratégica posición geográfica, tanto para exportación de mercancías, como para recepción de turistas. Nuestro país sin duda, ofrece ventajas competitivas en el mercado mundial.
Ejemplo de lo anterior es el estado de Chihuahua, que representa la quinta economía estatal y el primer exportador manufacturero de México, generador de valor agregado en la industria manufacturera de exportación (IME) y en personal ocupado de ésta misma. El estado grande ocupa el segundo lugar en establecimientos maquiladores y en recepción de inversión extranjera manufacturera.
Asimismo, Chihuahua reportó 1.3 millones de trabajadores en 2010, principalmente en otros servicios y la minería, manufactura, electricidad y agua, lo que representó 2.6 y 2.8 por ciento respecto al personal ocupado en esos sectores a nivel nacional.
En materia de inversión extranjera directa (IED) recibió 1 mil 414 millones de dólares en 2010, representando 8 por ciento del total recibido en México. El sector servicios fue el principal destino de la IED recibida por el estado en 2010, seguido por la industria manufacturera, sin embargo, dada la ola de violencia que se vive en nuestra nación, principalmente en la frontera norte, vinculada a las bandas del crimen organizado, se ha visto afectado el ambiente de negocios, convirtiéndose en un factor determinante al momento de decidir y dirigir una inversión.
Por estas razones uno de los puntos principales dentro de la estrategia integral que articula la política exterior mexicana, debe ser la de enfatizar la proyección de alianzas comerciales hacia zonas geográficas poco exploradas, además de fortalecer la presencia mexicana en foros internacionales y la implementación de programas de desarrollo social integral, para que de esta manera se haga frente a este mal que aqueja e incide en los sectores social, empresarial y político.
Resulta lamentable que la inseguridad afecte el comportamiento y la voluntad para realizar más inversiones en nuestro país, ya que es claro que estos factores están provocando, principalmente en los estados fronterizos que las corporaciones extranjeras y nacionales reconsideren sus estrategias para relocalizarse en México.
Por esta razón y para reposicionar al estado de Chihuahua en el ámbito económico y comercial, se deben aprovechar las relaciones internacionales de nuestro país y la plataforma de foros como la Conferencia Legislativa Fronteriza, la Conferencia de Gobernadores Fronterizos y la Reunión de los Diez Estados, para derivar acuerdos gubernamentales, parlamentarios y empresariales cuya implementación brinde resultados concretos y redituables para el desarrollo sustentable de esta región.
En los últimos meses, el estado de Chihuahua ha mostrado un dinamismo económico superior al promedio de los estados fronterizos del norte del país, debido a que el gobierno del estado ha implementado las condiciones de seguridad y el apoyo de logística que requieren los empresarios nacionales y extranjeros. Lo anterior significa una buena señal de que Chihuahua vuelve a ser atractivo para la inversión y la promoción económica ante el mundo
El Ejecutivo estatal y el empresariado nacional lograron la implementación de un programa educativo que busca mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes en Chihuahua. Este proyecto tiene como objetivo utilizar deportes de equipo para ayudar a jóvenes de entre 16 y 24 años a que se reintegren al sistema educativo formal, y a que aprendan habilidades empresariales que los ayuden en el mercado de trabajo. Esta iniciativa es apoyada por donantes internacionales, que son los encargados de financiar el programa, que será operado por la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte.
Como podemos observar, Chihuahua es una entidad competitiva, preocupada y ocupada por el bienestar y desarrollo de su población y estas circunstancias exigen una logística de primera clase, soportada en programas y sistemas de seguridad eficientes y eficaces, que sin lugar a duda representan un reto para el estado y particularmente para la región fronteriza.
Debemos ser realistas, México y sus estados fronterizos pierden competitividad en diversos sectores como el comercio exterior e inversión, debido al crecimiento de la inseguridad, sin embargo, entidades como Chihuahua han mostrado que a través de políticas públicas en materia de cohesión social y en materia de competitividad, han permitido fomentar la confianza de la sociedad y de los inversionistas nacionales y extranjeros en ellos.
De acuerdo al Índice Estatal de Competitividad 2010 , publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el estado de Chihuahua se encuentra en la novena posición, siendo el segundo estado con menor porcentaje de mercados informales, el tercer estado con mayor tratamiento de aguas residuales, el tercer estado con mayor capacitación de trabajadores, el segundo estado con mayor mecanización del campo, el segundo estado con mayor autonomía fiscal, el tercer lugar en facilidad en la burocracia empresarial y el segundo estado con mayor apertura comercial.
En la industria maquiladora de Juárez operan 326 plantas que representan 70 por ciento del total en la entidad, donde laboran 197 mil 681 empleados, factor que convierte a la región El Paso-Juárez-Las Cruces, en el séptimo centro manufacturero en importancia detrás de las regiones de Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Dallas, San Diego y Houston.
De acuerdo a estadísticas de varias instancias de gobierno, durante 2010 Ciudad Juárez produjo 11.7 por ciento de las exportaciones no petroleras de todo el país.
Como podemos observar, el tema de competitividad no es un tópico que deba definirse como una obligación exclusiva del gobierno federal, es una tarea que le compete igualmente al poder legislativo, al sector empresarial y social, pues ya que si los sectores estamos en desacuerdo y encaminamos nuestros esfuerzos hacia proyectos divergentes, difícilmente lograremos los resultados que como país requerimos.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Economía, a diseñar de manera coordinada con el gobierno del estado de Chihuahua, políticas públicas y comerciales que coadyuven al mejor desarrollo económico de la entidad con objeto de atraer mayor inversión nacional y extranjera y establecer canales de comercialización para posicionar los productos de exportación chihuahuenses en los diferentes países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Chihuahua a implementar, en coordinación con los gobiernos de los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, un Acuerdo Fronterizo de Competitividad que integre estrategias de desarrollo industrial y empresarial para el crecimiento cuantitativo y cualitativo en la frontera norte.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2011.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar por la SEP que los planes y programas de estudio de educación normal y demás para la formación de maestros de nivel básico comprendan lo relativo al conocimiento y dominio del idioma inglés, así como al uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con base en los estándares de la UNESCO, a cargo del diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Jaime Oliva Ramírez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que los planes y programas de estudio para la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica comprendan lo relativo al conocimiento y dominio del idioma inglés, así como del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con base en los estándares que al efecto ha emitido la Unesco al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los docentes son uno de los factores más importantes del proceso educativo. Por ello, su calidad profesional, desempeño laboral, compromiso con los resultados, etcétera, son algunas de las preocupaciones centrales del debate educativo, que se orienta a la exploración de algunas claves para lograr que la educación responda a las demandas de la sociedad actual en armonía con las expectativas de las comunidades, las familias y los estudiantes.
El desempeño docente, a su vez, depende de múltiples factores, sin embargo, en la actualidad hay consenso acerca de que la formación inicial y permanente de docentes es un componente de calidad de primer orden. No es posible hablar de mejora de la educación sin atender el desarrollo profesional de los maestros.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones y también requieren nuevas pedagogías y planteamientos en la formación docente. Lograr la integración de las TIC en el aula depende de la capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto diferente de competencias para manejar la clase.
En un contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser:
• Competentes para utilizar tecnologías de la información;
• Buscadores, analizadores y evaluadores de información;
• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones;
• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;
• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y
• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 1
El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que facilite el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar.
De ahí la importancia de que los docentes en ejercicio se encuentren preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir a su aprendizaje, capacidades que actualmente forman parte integral del catálogo de competencias profesionales básicas de un docente, es por esto que tanto los programas de desarrollo profesional para docentes en ejercicio, como los programas de formación inicial para futuros profesores deben comprender en todos los elementos de la capacitación experiencias enriquecidas con TIC.
A fin de lograr una mejor y mayor preparación de los docentes sobre el tema, la Unesco ha desarrollado el proyecto Estándares Unesco de Competencia en TIC para Docentes, el cual ofrece orientaciones destinadas a todos los docentes y más concretamente, directrices para planear programas de formación del profesorado y selección de cursos que permitirán prepararlos para desempeñar un papel esencial en la capacitación tecnológica de los estudiantes.
Por otra parte, el aprendizaje de un segundo idioma se presenta como otra necesidad de la sociedad actual. La lengua extranjera permite a los alumnos dotarse de más destrezas comunicativas y les abre el camino hacia la comprensión de otros modos de vida. Su desarrollo intelectual impone a los alumnos una doble visión de la vida materializada, a veces, en el habla de dos o tres idiomas, con todas las ventajas que ello supone en la actualidad.
El aprendizaje de un segundo idioma desde la educación primaria desarrolla en los alumnos competencias acordes a los estándares internacionales, fortalece en el individuo el pensamiento independiente, su capacidad de reflexión y acción, el desarrollo de su personalidad, así como sus habilidades sociales.
Así lo ha reconocido la Secretaría de Educación Pública al incluir la enseñanza del inglés, como segundo idioma, en el nuevo modelo educativo que operará en las primarias y secundarias del país a partir de 2013.
Este nuevo modelo educativo se basa en tres áreas fundamentales, conformada cada una de ellas por diversas materias, entre las que se encuentra la denominada Ser Universal y Competitivo (Plano global), que se concentrará en el lenguaje y comunicación, inglés como segunda lengua, matemáticas, ciencia y tecnología y habilidades digitales.
Para que este nuevo modelo educativo se haga posible resulta indispensable que los docentes cuenten con las herramientas cognoscitivas, conceptuales, pedagógicas y técnicas que les permitan impartir al alumnado las materias relacionadas tanto con las TIC, como con el idioma inglés.
Lo anterior, en razón de que en la actualidad, a pesar de que la Ley General de Educación dispone la existencia de un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que incluye la formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica, especial y de educación física, la formación continua, la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, la realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos y el desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa, la mayoría de los docentes no dominan otra lengua, ni conocen el funcionamiento y operación de muchas de las TIC.
Es por esto que consideramos indispensable hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que en los planes y programas de estudio para la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica que, de acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 12 le corresponde determinar, se incluya lo relativo al conocimiento del idioma inglés, así como del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, de acuerdo a los estándares que al efecto ha emitido la Unesco.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que los planes y programas de estudio para la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica comprendan lo relativo al conocimiento y dominio del idioma inglés, así como del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con base en los estándares que al efecto ha emitido la Unesco.
Notas
1. Estándares de Competencia en TIC para Docentes, publicado en 2008, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 7, Place de Fontenoy, 75352 PARIS 07 SP, Unesco 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2011.
Diputado Jaime Oliva Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a proporcionar por el Consulado General de México en Raleigh la asistencia y protección que los connacionales requieran para el respeto de sus derechos, independientemente de su condición migratoria, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción I y II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta de manera muy respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través del Consulado General de México en Raleigh se brinden la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el respeto a sus derechos, independientemente de su condición migratoria, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ningún fenómeno de migración internacional se puede enfocar desde una perspectiva unilateral de país alguno. Sobre todo en los casos de migraciones laborales, éstas son resultado de procesos de interacción de factores ubicados tanto en los países de origen como en los de destino. Esto ocurre en correspondencia con los factores que conforman los mercados de trabajo entre dos o más países, como es el caso de la migración de México a Estados Unidos.
Entre esos factores encontramos que las demandas de la fuerza laboral de los migrantes responden a factores endógenos de los países de acogida, tanto como las ofertas laborales corresponden también a factores endógenos de los países de origen de esas migraciones. Sin embargo, encontramos un patrón desafortunado de resistencia de los países de acogida a reconocer oficialmente la naturaleza endógena de sus respectivas demandas de la fuerza laboral de sus inmigrantes, particularmente de aquellos que son irregulares o indocumentados.
A este patrón de resistencias pertenece el hecho de que ningún país de acogida importante de inmigrantes en el mundo haya ratificado la Convención Internacional de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. La idea de estas resistencias es recogida en la recomendación que se propone al final, después de abundar sobre el marco teórico de la vulnerabilidad. Este marco teórico no sólo podría ayudarnos a explicar lo que está sucediendo en Estados Unidos sino que también podría contribuir a anticipar posibles desarrollos en materia de política migratoria de ese país.
En Estados Unidos está ocurriendo algo que desafía los esquemas teóricos con los que se suelen explicar los fenómenos de la realidad en las ciencias sociales. Durante el segundo periodo presidencial de George W. Bush (2004-2008) se comenzó a discutir la posibilidad de llevar adelante una reforma migratoria, orientada principalmente a controlar los flujos de migrantes sin documentos que diariamente cruzan por la porosa frontera sur estadounidense.
Esta discusión se inició en un momento político en el que los republicanos dominaban ambas cámaras del Congreso y en el que un fuerte segmento conservador de la opinión pública veía con creciente desagrado el aumento de los flujos de migrantes provenientes del vecino país del sur.
Por ello, no fue sorprendente que los proyectos que comenzaron a ganar terreno en las negociaciones iniciales fueron las propuestas más radicales antiinmigrantes. Una de estas propuestas, representativa de las posiciones más xenófobas y antiinmigrantes, denominada popularmente Proyecto Sensenbrenner, fue aprobada en la Cámara de Representantes el 17 de diciembre de 2005.
Este proyecto, también conocido como HR-3447 por su número de registro, había sido presentado el 5 de diciembre de 2005 por el congresista republicano por Wisconsin, James Sensenbrenner —quien en ese momento era el presidente del Comité Judicial de la Cámara— con el nombre de Ley de Protección de la Frontera, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal. Este proyecto incluía, entre otras disposiciones, la autorización de la construcción de una doble barda de 700 millas en la frontera entre Arizona y Sonora, la criminalización del acto de cruzar la frontera sin documentos migratorios —convirtiendo este acto de ser un delito menor en un acto criminal merecedor de prisión—, la obligación de los empleadores de verificar, en el proceso de contratación, la autenticidad de los documentos presentados por el aspirante al empleo y el aumento de las sanciones a los empleadores que contrataran indocumentados, con multas que podían llegar a 25 mil dólares. La propuesta fue aprobada pocos días después de su presentación.
Sin embargo, la propuesta Sensenbrenner no tuvo la misma acogida en el Senado, en donde se inició un complicado proceso de negociaciones en las que se adoptaron posiciones muy diversas sobre el rumbo que debería tomar la reforma. En el extremo más radical antiinmigrante se ubicaba el proyecto Sensenbrenner, orientado, como se mencionó, hacia la criminalización de la inmigración irregular y el control policial en las fronteras en nombre de la seguridad nacional y de la guerra al terrorismo, el cual enfrentó proyectos más amigables para los inmigrantes, como aquel sometido por Edward Kennedy (demócrata) y John McCain (republicano). Aspectos centrales del proyecto de estos dos influyentes senadores eran su propuesta de elevar considerablemente la inversión en seguridad y tecnología fronteriza y la contratación de trabajadores foráneos bajo un programa de visas.
El proyecto también incluía autorizar a los trabajadores contratados a cambiar de trabajo, a utilizar documentos de identidad y a solicitar, con el tiempo, residencia permanente. En el caso de aquellos trabajadores que ya se encontraban residiendo en Estados Unidos, se abría la posibilidad de regularizar su estatus migratorio con la condición de que cumplieran las disposiciones pertinentes, permanecieran empleados y pagaran sus impuestos.
Como podemos observar, el espectro tan amplio de propuestas presentadas y la radicalización de algunos de los congresistas ha llevado a que la oleada antiinmigrante en Estados Unidos crezca de forma alarmante. Resulta oportuno ejemplificar, que sólo en enero de este año se presentaron 600 iniciativas de ley en legislaturas estatales, similares a la SB1070 de Arizona o con matices distintos, pero todas tendientes a criminalizar la migración.
En los estados de Utah, Indiana, Georgia y Alabama —entre marzo y junio— se promulgaron cuatro nuevas leyes que han encendido la alerta de México y al menos 13 países latinoamericanos, ante las potenciales violaciones a los derechos de sus ciudadanos, indocumentados o no, pues algunas convierten en delito albergar a un migrante aun si se trata de un familiar; otras permiten que a cualquier detenido se le verifique su estatus en el país o niegan la validez de la matrícula consular.
Si cualquiera de estas leyes entrara en vigor, se afectaría la relación bilateral México-Estados Unidos, el gobierno mexicano tendría que hacer frente a 50 sistemas jurídicos distintos, pues se abriría la puerta a que cada estado impusiera su propia legislación en materia de migración, lejos de los compromisos internacionales asumidos por la Unión Americana.
Organizaciones civiles de Estados Unidos ya presentaron demandas contra estas leyes pues consideran que son anticonstitucionales y, como la ley Arizona, violan o invaden la competencia de la ley federal migratoria. Aunque con esta estrategia legal frenaron temporalmente su entrada en vigor, la última decisión la tienen los tribunales estadounidenses.
Los impulsores de estas leyes creen en un sentido equivocado, o tal vez distorsionado, que están promoviendo el Estado de derecho en su país, creen que están creando un sistema con un andamiaje legal que le haga tan difícil la vida al indocumentado para que éste mejor decida abandonar el país.
La SB1070 de Arizona aprobada en abril de 2010 y que aún se dirime en una Corte federal, ha sido el ejemplo a seguir. De acuerdo a la información obtenida por el monitoreo que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha detectado que sólo en enero de 2011 en las legislaturas estatales de Estados Unidos se presentaron más de 600 iniciativas antiinmigrantes.
El 15 de marzo pasado el gobierno de Utah promulgó la ley HB497 que permite a la policía verificar el estatus migratorio de cualquier persona detenida incluso por una infracción de tránsito, a pesar de que la ley federal señala que este procedimiento sólo debe realizarse en ilícitos grave. Organizaciones como Utah Coalition of La Raza demandaron su inconstitucionalidad y los tintes racistas de su aplicación, lo que frenó su entrada en vigor.
Los gobiernos de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay presentaron en bloque el 7 de junio pasado un escrito de “Amigo de la Corte” (amicus curiae) contra esta ley, para que la Corte de Distrito con sede en Salt Lake City, al momento de emitir su fallo, tome en cuenta sus argumentos de que su aplicación vulneraría los derechos de sus ciudadanos.
En Indiana el 10 de mayo pasado el gobierno estatal aprobó la ley SEA590, que tiene cláusulas que sancionan el uso cotidiano de la matrícula consular como comprobante de identidad, lo que según la Cancillería, “es incompatible con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de la que México y Estados Unidos son parte, como con disposiciones federales estadounidenses emitidas por el Departamento del Tesoro”.
Los países latinoamericanos encabezados por México también presentaron un escrito contra esta norma que “criminaliza la migración y puede propiciar su aplicación selectiva, por lo que podría afectar los derechos civiles” de sus connacionales; el mismo argumento lo entregaron contra la ley HB87 promulgada el 3 de mayo en Georgia, que también rechaza la validez de la matrícula consular que hoy permite que indocumentados puedan, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria.
La ley HB56, aprobada el 9 de junio pasado en Alabama, establece que es un delito “transportar, ocultar u hospedar a personas a sabiendas de que están indocumentadas, o darles una vivienda en renta incluso si es de su familia”.
Cualquier persona detenida será cuestionada sobre su estatus migratorio, y en caso de ser arrestado e indocumentado no podrá pagar fianza para salir de prisión; los patrones estarán obligados a comprobar la situación legal de sus empleados; se deberá acreditar la residencia legal para abrir un negocio y al inscribir a un niño en la escuela se debe informar si es ilegal su estancia en el país, aunque no se le puede negar el derecho a la educación.
La ley mas reciente, fue la S 20 que se promulgó el 27 de junio de 2011, misma que entrará en vigor en etapas, y en su mayor parte el próximo 1 de enero de 2012. A partir de esa fecha, las empresas estarán obligadas a utilizar el sistema e-Verify para certificar el estatus legal de los nuevos empleados.
Las disposiciones de control migratorio entrarán en vigor cuando se cumplan dos condiciones. La primera, que la Asamblea General de Carolina del Sur asigne recursos para crear la Unidad Estatal de Control Migratorio dentro del Departamento de Seguridad Pública; y la segunda, que el gobierno estatal negocie y firme un acuerdo con la Oficina de Inmigración y Control del Aduanas (ICE).
Los connacionales podrán ser detenidos por: no poder comprobar su estancia legal en el país; no presentar una identificación oficial expedida por el gobierno de Estados Unidos; por presentar alguna identificación falsa; y por no portar identificación apropiada.
En cuestiones de trabajo, la S 20 considera que a partir del 1 de enero de 2012, todos los patrones estarán obligados a utilizar el sistema e-Verify para nuevas contrataciones. La verificación de la contratación de un nuevo empleado deberá completarse en 3 días. Los subcontratistas deberán acatar las leyes de empleo y verificar si la persona tiene permiso de trabajo en Estados Unidos.
En cuestiones de educación, la ley S 20 no será aplicada por guardias o policías en instituciones educativas y será delito esconder o transportar personas indocumentadas para prolongar su presencia en el estado.
Afortunadamente, en días pasados, el gobierno de Estados Unidos interpuso acciones legales para impedir la entrada en vigor de la ley S 20 en el estado de Carolina del Sur y que esta sea declarada inconstitucional. Esta decisión se suma a acciones ya iniciadas contra esta legislación, incluyendo una demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles el 12 de octubre del presente.
Por ello, respetuosos del derecho internacional, que establece que la determinación de políticas migratorias es una decisión propia de cada Estado o nación, debemos reflexionar y cuestionamos hasta dónde los principios e intereses y el concepto de nacionalidad, pueden desconocer y subordinar los principios derechos fundamentales de los individuos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hace énfasis entre la conexión de la migración y los derechos humanos que en el artículo 13 dispone que toda persona puede circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Por lo anterior, resulta inconcebible que se siga permitiendo tendencias represivas y xenófobas que pretenden criminalizar la inmigración y fomentar un sentimiento discriminatorio contra los más de 11 millones de personas indocumentadas en ese país. Frente a este adverso panorama político considero que es oportuno para el Poder Legislativo Federal mexicano reiterar al Congreso de los Estados Unidos de América el interés de nuestro país por lograr una reforma integral en materia migratoria que permita legalizar a los indocumentados en aquella nación.
Por lo expuesto, me permito someter la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados expresa al Congreso de los Estados Unidos de América su interés para que se inicie al interior de las Cámaras de Senadores y Representantes el debate para la aprobación de una reforma migratoria integral que permita la legalización de los inmigrantes que residen de forma indocumentada en esa nación.
Segundo. Esta soberanía exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través del Consulado General de México en Raleigh se brinden la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el respeto a sus derechos, independientemente de su condición migratoria.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de noviembre de 2011.
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a instaurar un nuevo programa de chatarrización para retirar de la circulación vehículos con más de 10 años de antigüedad, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI
Melchor Sánchez de la Fuente, en nombre de los integrantes de la coordinación de la diputación federal de Coahuila en la LXI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La industria automotriz nacional es sin duda uno de los principales pilares del crecimiento y del desarrollo económico. Pose las características específicas de una industria de arrastre; no sólo encabeza de una de las mayores cadenas de producción existentes en la economía nacional sino que, además, es la que mayor valor agregado genera, así como una de las que mejor distribuye el ingreso a las clases trabajadoras.
En 2010, la industria automotriz nacional generó más de 26 mil millones de dólares, cifra que fue superior incluso a la generada por el turismo. Fue la principal fuente generadora de empleos directos e indirectos en el sector manufacturero y la que mayor consumo intermedio nacional tuvo durante el mismo año, con lo que arrastró a otras industrias al crecimiento y la reocupación.
Durante la crisis financiera de 2008-2009, la industria presentó una de las peores caídas en su producción como efecto de una súbita contracción de la demanda externa y de la demanda del mercado nacional. Este hecho se tradujo en el despido de más de 700 mil trabajadores de la cadena de producción que esta industria encabeza.
La recuperación de la producción que se presentó en 2010 estuvo motivada por la recuperación de la demanda externa, principalmente del mercado estadounidense, al que se exportó poco más de 82 por ciento de la producción anual.
La recuperación de la demanda externa permitió que la industria reactivara la producción, restableciendo los niveles de empleo, así como fungir como el motor de la recuperación económica presentada en 2010. La recuperación en la demanda externa encuentra sus orígenes en programas fiscales y de fuertes subsidios por parte de gobiernos como el estadounidense con la finalidad de reactivar el consumo de bienes duraderos, como los automóviles.
La demanda externa permitió incluso llevar las cifras de la producción y la exportación a niveles nunca antes observados en la industria automotriz nacional, estableciendo nuevos récords en estos segmentos.
Sin embargo, en toda esta abundancia destaca un aspecto particular: el único segmento que no ha recobrado siquiera los niveles previos a la crisis es el del mercado interno. Este segmento pose principalmente tres fallas estructurares que dificultan su recuperación: una elevada carga tributaria, la contracción de los créditos bancarios para la compra de vehículos nuevos y el mercado sobreofertado de autos usados, que ha impedido la compra de autos nuevos.
La coyuntura económica contribuyó aún más a la disminución de la demanda de autos nuevos.
La sobreoferta del mercado de autos usados tiene su origen en la importación indiscriminada de autos usados provenientes de Estados Unidos. Este hecho representa uno de los mayores problemas de la industria automotriz. Desde que en 2005 el presidente Vicente Fox publicó el decreto por el que se permitía la entrada de autos usados han entrado en el país más de 6 millones de autos usados, que devaluaron los autos usados nacionales y que como consecuencia desarticularon el mecanismo para la adquisición de autos nuevos.
La coexistencia de estas tres fallas crea un escenario en el que confluye el origen de graves problemas para el entorno ecológico y económico, pues ello ha llevado la edad promedio del parque vehicular de 10 a más de 15 años. Estas condiciones crean un freno al desarrollo del mercado interno, lo que compromete gravemente la estabilidad laboral de miles de mexicanos y que refuerzan la dependencia de las exportaciones.
En los tiempos actuales, la incertidumbre económica constituye un fuerte freno al crecimiento y desarrollo económico, como consecuencia de la contracción de la inversión. Por ello crear condiciones para restablecer el mercado interno ofrece en consecuencia un alivio a la dependencia de las exportaciones.
Un mercado interno fuerte es condición imprescindible para el sano desarrollo de una industria. Un claro ejemplo de esto lo constituye Brasil, que hoy por hoy posee un mercado interno casi cuatro veces mayor que el de México, con un indicador de PIB per cápita inferior al nacional.
Incluso economías que comienzan a superar graves crisis financieras poseen un mercado de autos nuevos mayor que el de México, como el argentino, que representa más del doble que el nacional.
Es necesario coordinar esfuerzos que corrijan las graves fallas en la estructura de la industria automotriz nacional y crear condiciones para su desarrollo y transición de una etapa de manufactura y ensamble a una de mayor valor agregado, como la creación de ingeniería. Para ello, la inversión gubernamental en investigación y desarrollo tecnológico es vital.
En cuanto al problema de los autos usados, es necesario que la implantación del nuevo decreto de importación definitiva de autos se refuerce con un programa integral de chatarrización que permita retirar de la circulación unidades vehiculares que por su antigüedad representan un grave riesgo para el autotransporte y un importante foco de contaminación.
Como antecedente en materia de chatarrización se tiene el programa de renovación vehicular aplicado en 2010, que pretendía la chatarrización de más de 50 mil unidades y terminó con una cifra de poco más de 16 mil chatarrizadas. El programa otorgaba un certificado de destrucción con un valor de 15 mil pesos y operaba con reglas que consideramos poco viables y difíciles de tramitar, condiciones que en combinación formaron un programa poco ágil y atractivo y que, por ende, no tuvo los alcances planeados.
Los magros resultados obtenidos por el programa impidieron la obtención de presupuesto para 2011. Por ello en este año el programa no fue ejecutado.
En opinión de la Comisión Especial de la industria automotriz (CEIA), el programa poseía una buena intención, pero adolecía de fallas en su modo de ejecución, las que dificultaban su operación y ejercicio eficaz.
Como una de las principales deficiencias, la CEIA considera que el monto era poco atractivo, pues muchas de las unidades en circulación que cumplían las características para ser chatarrizadas alcanzaban un precio de mercado mayor que el monto del subsidio. Esta condición inhibió a los usuarios que llegaron a considerar la chatarrización de sus vehículos.
La experiencia nos muestra las deficiencias que el programa anterior presentaba y el modo de corregirlas. Hoy exhortamos al secretario de Economía a rediseñar y poner en práctica un nuevo programa de renovación vehicular, donde se corrijan los errores del anterior, dotándolo de características que lo hagan eficaz y capaz de cumplir un amplio espectro y chatarrizar al menos 200 mil unidades.
Por tanto, con la finalidad de volver más atractivo el programa a los propietarios de unidades con más de 10 años de antigüedad, se propone que el valor del bono de chatarrización sea de 30 mil pesos y se faciliten las reglas de operación para el acceso al programa. Con el incremento del subsidio se garantizaría la chatarrización de más de 150 mil unidades vehiculares, resultando en un claro beneficio para la ecología, la seguridad y la economía, y para coadyuvar a la recuperación del mercado interno y sus empleos.
Por lo expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Economía a instaurar un nuevo programa de renovación vehicular que incluya un bono con valor de 30 mil pesos por unidad destruida, a fin de renovar el parque vehicular, retirando unidades con más de 10 años de antigüedad, así como coadyuvar a la recuperación del mercado interno de autos nuevos.
Segundo. Que el nuevo programa se diseñe con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Secretaría de Economía y la Comisión Especial de la industria automotriz, rediseñando en conjunto las reglas de operación y el modo de ejecución de éstas, a fin de volverlo un programa ágil, atractivo y eficaz que cumpla las metas planteadas de entre 150 mil y 200 mil autos chatarrizados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2011.
Diputados: Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Tereso Medina Ramírez, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2012 Año del Bicentenario del Rompimiento del Sitio de Cuautla de 1812, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado José Ramón Martel López, en nombre de todos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institución de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete respetuosamente a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar el año 2012 como el del bicentenario del rompimiento del sitio de Cuautla, con base en las siguientes0
Consideraciones
El sitio de Cuautla fue una acción militar emprendida entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812, en la población de Cuautla, Morelos. El Ejército Insurgente fue sitiado por las tropas españolas comandadas por Félix María Calleja. Los insurgentes resistieron 72 días el sitio impuesto por los realistas y en más de una ocasión intentaron romper el cerco. La madrugada del 2 de mayo, el comandante insurgente José María Morelos y sus lugartenientes Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros huyeron de Cuautla, finalizando así la acción militar. El sitio tuvo algunas consecuencias en la estructura política, militar y social del Virreinato de la Nueva España, gobernado desde 1810 por Francisco Xavier Venegas.
Cuautla es una de las gestas más importantes de la historia de México en la lucha por la independencia, distinguiéndose en la historia del mundo por su heroísmo y sacrificio, en donde un puñado de hombres valientes como Morelos, los Bravo, Galeana, Matamoros, Narciso Mendoza con el apoyo del pueblo de Cuautla contribuye a construir una patria libre e independiente.
En efecto, durante 72 días, transcurridos del 19 de febrero al 2 de mayo de 1812, se suscitaron en esa hermosa ciudad de nuestra patria chica, la entonces Cuautla de Amilpas, lecciones imperecederas de lealtad y entrega a un ideal de dignidad ciudadana. En esos decisivos acontecimientos, en lo que, al igual que en Puebla en 1862, “las armas nacionales se cubrieron de gloria”, supuesto que, también tuvieron que enfrentarse a las mejores milicias llegadas de Europa, quedaron sentados principios inmutables que afirmaron, por siempre, el decoro de un pueblo y su decisión de vivir mejor una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila.
La lucha, en aquellas épicas jornadas debemos reconocerlo, era desigual, pero interpretada a contrario sensu: los españoles tenían más y mejor armadas sus tropas, los mexicanos sólo eran soldados de Morelos. Por tanto, la ventaja, correspondía a los nuestros.
La derrota de los insurgentes, con la consecuente rendición de la ciudad, decidía, según frases de Calleja, la suerte del reino. Decía que es necesario sumergir a Cuautla y a sus obstinados defensores en el centro del abismo, para escarmiento de los que, sin este ejemplar castigo, intentarían imitarlos. Pero, estaba muy equivocado el conde de Calderón, saqueador de Zitácuaro y verdugo de Guanajuato; Cuautla se convirtió, para él, en la tumba de su prestigio militar, misma que sirvió de pedestal para el monumento, inconmovible de la gloria de Morelos de 1812, con letras de oro a los heroicos defensores de Cuautla, Hermenegildo Galeana, el legendario Tata Cildo, de Leonardo y Víctor Bravo, Mariano Matamoros, Francisco Ayala, el coronel Perdiz, el capitán Anzures y tantos otros soldados surgidos del infortunio, pero predestinados para alcanzar las más altas cimas de la inmortalidad.
Este clérigo, decía Calleja, refiriéndose a Morelos, es un segundo Mahoma, y era verdad, como lo afirma González Obregón, mas no como malignamente quiso hacerlo creer el general realista porque no ofrecía resucitar a sus soldados muertos en la guerra, sino porque había sido un genial conductor de hombres que sabía descubrirles, en la lejanía del ideal, el rasgo inequívoco de la gloria.
Estimamos y reconocemos la cabal justicia que alienta el sentido de la presente iniciativa de la que pensamos que, por ser presentada a la consideración de esta honorable asamblea, significa un nuevo y singular homenaje a su memoria, en el que se rinde también heroísmo a los guerreros que lo acompañaron en su bélica y patriótica porfía.
Por ello, en esta fecha en que se cumple el bicentenario del aniversario del inicio del sitio de Cuautla, Morelos, tendremos que recordar a Morelos como hombre fundamental de México y nos referiremos a él como primer soldado de la Independencia, como primer estadista de la nación y como primer ciudadano de la república. Como soldado que destruyó un régimen monárquico, como estadista que levantó el nuevo edificio de la patria. Pero, para hacerlo, abandonó la dulce paz de Carácuaro y por serlo, arribó a lo que el destino le tenía reservado: la paz eterna tras su muerte, en San Cristóbal Ecatepec, México.
El camino de la vida conduce irremediablemente a la muerte. Pero Morelos y los suyos no han muerto; con puntual identidad sus corazones laten con el corazón de México. Es así cómo los principios libertarios de la insurgencia inspiraron, más tarde, las normas de la no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos forjadas en la Reforma y trascendieron a las aspiraciones de justicia social nacidas en 1910, constituyéndose así de estas tres etapas un sólo proceso histórico: el de la Revolución Mexicana.
Atendiendo a los argumentos antes expuestos, solicitamos que el titular del Poder Ejecutivo federal declare el año 2012 como el del Bicentenario del Rompimiento del Sitio de Cuautla, acaecido en 1812, debido a que su cristalización, avivará la llama inextinguible de la libertad y la fe en el triunfo de su noble causa, proyectando para la posteridad la gratitud nacional hacia aquellos hombres que, conjugando su excepcional arrojo y su amor por la patria, formularon uno de los capítulos más señalados de nuestra historia y cincelaron, para el devenir de los siglos, en la geografía de la campiña mexicana, el nombre imperecedero de la Heroica Cuautla de Morelos.
Motivados en los antecedentes y razonamientos expuestos, los que suscribimos consideramos procedente la iniciativa, nos congratulamos en llevar hasta el Congreso de la Unión los sentimientos del pueblo de Morelos que, como parte integrante de la república, experimenta como urgente exigencia la de honrar a los patricios que escribieron con su sangre y con su ejemplo una de las páginas más brillantes de nuestra tradición histórica. En este contexto y con fundamento en los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente, los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, con base en las facultades que le confiere el artículo 89 , fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declare el año 2012 como el del Bicentenario del Rompimiento del Sitio de Cuautla de 1812 .
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal que, para dar realce y proyección al aniversario del bicentenario que se declara, en la documentación oficial de los poderes de la federación, de los estados, sus organismos y ayuntamientos, que sea utilizada durante el año 2012, se imprima la leyenda “2012, Bicentenario del Rompimiento del sitio de Cuautla ”, y se acompañe de la efigie de Don José María Morelos y Pavón.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2011.
Diputado José Ramón Martel López (rúbrica)