De la Comisión de Economía, sobre la reunión ordinaria llevada a cabo el miércoles 2 de febrero de 2011

A las 12:29 horas del miércoles 2 de febrero de 2011, en el salón de usos múltiples número 4 del edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro se reunieron los integrantes de la Comisión de Economía, para desahogar el orden del día siguiente:

Lista de asistencia y declaratoria de quórum

Hicieron acto de presencia los diputados Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda, Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, secretarios; José Antonio Arámbula López, Sergio Gama Dufour, Pavel Díaz Juárez, Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo Ramón Jiménez López, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara y Carlos Torres Piña.

Justificaron inasistencia Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretario; Raúl Gerardo Cuadra García y Jorge Humberto López Portillo Basave.

En virtud de que se contó con el registro de asistencia de 18 diputados y de que se integró el quórum reglamentario, se procedió a leer el orden del día.

Lectura del orden del día

La secretaria María Antonieta Pérez Reyes leyó el orden del día en los siguientes términos: 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum; 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 3. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del 17 de junio, 30 de agosto y 22 de septiembre de 2010; 4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen; 5. Dar cuenta al pleno de la comisión de los diputados que fueron designados por sus grupos parlamentarios para la integración del grupo de trabajo para estudio de la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas y se reforman, adicionan, y derogan diversas leyes; 6. Dar cuenta al pleno de la comisión sobre las contestaciones por las dependencias en relación con puntos de acuerdo aprobados por ella, para su conocimiento; 7. Asuntos generales; y 8. Clausura.

El orden del día fue aprobado en los términos propuestos.

Lectura y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del 17 de junio, 30 de agosto y 22 de septiembre de 2010

El presidente, Ildefonso Guajardo Villarreal, sometió a consideración de los miembros de la comisión el punto número tres del orden del día, correspondiente a la lectura y, en su caso, a la aprobación de las actas de las sesiones del 17 de junio, 30 de agosto y 22 de septiembre del 2010. Al no haber observación alguna, y habiendo sido enviadas dichas actas con la anticipación debida para su análisis por parte de los miembros de la comisión, fueron sometidas a votación de manera conjunta, tras lo cual fueron aprobadas de manera unánime.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen

La secretaria María Antonieta Pérez Reyes abordó el siguiente punto en el orden del día, en los siguientes términos: “Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Competencia Económica. La Comisión de Economía acuerda lo siguiente: Primero. Se desecha la iniciativa proyecto de decreto que reforma los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Competencia Económica por las razones expuestas en las consideraciones del respectivo dictamen. Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido”.

El presidente formuló un comentario en términos de los antecedentes del dictamen y, en tal sentido, señaló que la iniciativa correspondiente en su momento fue enviada por el diputado priísta Pedro Ávila, misma en la que prácticamente pedía el restablecimiento del sistema de control de precios que fuera aplicado en el país en los años setenta.

El diputado Guajardo indicó que el secretario técnico y los demás economistas de la comisión coincidieron con el diputado Ávila respecto a la escasez de alimentos como un serio problema a escala global y a su impacto en el índice de precios al consumidor y en la canasta básica.

Sin embargo, el diputado Guajardo Villarreal expresó que el secretariado técnico coincidió en que el establecimiento de un sistema de control de precios recrudecería las condiciones de escasez generadas en los sectores productivos, como sucedió en el pasado, por lo que la minuta se rechazaba.

Seguidamente, el presidente cedió la palabra al diputado Hernández Hernández.

El diputado Jorge Hernández Hernández se manifestó de acuerdo con el sentido del dictamen diputado Ávila en cuanto a su diagnóstico, que no así con su propuesta respecto al control de precios.

Con relación a las consideraciones planteadas en el preámbulo del dictamen, el diputado Hernández consignó algunas precisiones, entre ellas el hecho de que los 380 mil empleos que el gobierno federal pronosticó en enero no suman lo que realmente requiere el país en materia de generación de empleos, además de que solicitó reordenar el preámbulo del dictamen y añadir a él seis consideraciones:

Primera. Consideramos que el crecimiento de la economía mexicana no se refleja en una mejora de los niveles de bienestar de la población, Cualquier encuesta de percepción así lo refleja en últimas fechas. Este crecimiento está sustentado entre muchos de los sectores, principalmente en el sector automotriz, que si bien ello no es negativo per sé, está sujeto a la volatilidad de la economía estadounidense principalmente, la cual está lejos de mostrar signos claros de una recuperación sostenida. Cualquier shock que pudiera existir en la economía de Estados Unidos puede afectar severamente la economía nacional.

Segunda. La creación de 730 mil empleos no compensa el significativo rezago que arrastra el mercado laboral en México. Cabe preguntar ¿a cuanto equivalen esos 730 mil empleos en función de la población económicamente activa, que según las encuestas del Inegi han manifestado buscar en empleo en los últimos meses? la incorporación a la informalidad con sus efectos nocivos sobre la seguridad social y evasión fiscal, en el mercado laboral es muestra inequívoca de que el discurso triunfalista del gobierno está muy lejos de satisfacer las expectativas de la población. Se anuncian 730 mil mientras que hay más de 5 millones de personas que están buscando empleo en el país. El fenómeno de inseguridad pública no es ajeno a la insuficiencia en la creación de empleos competitivos y bien remunerados, particularmente en el grupo más vulnerable que son los jóvenes,

Tercera. Las rigideces de las finanzas públicas y el marco regulatorio mexicano y su efecto sobre los niveles de competitividad en la economía mexicana en sectores estratégicos como el energético, el de telecomunicaciones, el de transporte y el financiamiento en las empresas, son signos evidentes de que el gobierno no ha tenido una visión de largo plazo que se requiere para llevar a México a un contexto de competitividad en el entorno internacional y el de generación de empleos permanentes y bien remunerados. Esto en bienestar de la población en general y no de unos cuantos concentrados en sectores principalmente oligopólicos.

Cuarta. Las cifras oficiales señalan que en noviembre se habían registrado 962 mil nuevos empleos; es decir, en diciembre se perdieron 232 mil 155 empleos. Sin duda, la tasa de desempleo va en aumento, por lo que no hay realmente signos positivos en cuanto al empleo.

Quinta. Tomando en cuenta que durante la crisis de 2008-2009 se perdieron más de 700 mil empleos de los que se han generado, podemos decir que apenas se están recuperando los empleos perdidos el cierre de 2010, es decir, la creación de empleos es nula respecto a los que se perdieron durante la crisis.

Sexta. En términos del indicador global de la competitividad publicada por el Foro Económico Mundial, el desempeño de la economía nacional, en este rubro, indica un deterioro evidente con relación a los países con los que compite México, deterioro que se traduce en una caída de 6 posiciones en el último año, de pasar del número 60 al 66.

Por último, el diputado Hernández señaló que era necesario plantearse estrategias distintas al control de precios, con el fin de reducir los precios de la canasta básica.

El presidente cedió la palabra al diputado Velasco Lino para continuar el debate.

El diputado José Luis Velasco Lino, haciendo referencia a la propuesta de la iniciativa, en la cual se pretende marcar algunas prácticas del siglo pasado en la política económica de nuestro país de las cual se ha demostrado no son efectivas, aseguró que los productos de la canasta básica se deben regir por la ley de la oferta y la demanda y que por ello coincidía con el dictamen negativo presentado por la secretaría técnica.

El presidente cedió la palabra el diputado Ramón Jiménez.

El diputado Ramón Jiménez López señaló que observaba tres posiciones asumidas por el PRI: por una parte, la del diputado Ávila, congruente con la situación del país; una posición neoliberal, planteada por la secretaría técnica; y por último, una posición intermedia, que coincidía con el diagnóstico del diputado Ávila, pero que discrepaba de su propuesta de solución.

El diputado Jiménez dijo que si sólo se aprovechaba una parte del planteamiento del diputado Ávila, pero sin atacar de fondo los planteamientos del modelo neoliberal, se podría incurrir en una posición demagógica al atacar al gobierno federal, al tiempo de señalar que el PRI, con mayoría en la Cámara, no daba el paso necesario, lo que se podía traducir en una posición de complicidad con el gobierno.

Expresó que compartía los argumentos ofrecidos por el diputado Hernández, al tiempo de señalar que el gobierno federal no ha sido capaz de proponer medidas concretas para impulsar el desarrollo regional ni sectorial del país, además de prevalecer el serio problema de los 7 millones y medio de jóvenes que no tienen trabajo y tampoco estudian.

El diputado Jiménez López propuso que se analizara más a fondo la problemática del caso, al mismo tiempo que se propusieran medidas orientadas a revertir la dramática situación del país y que no se rechazara sin más el punto de vista del diputado Ávila, de manera que, por el contrario, se estableciera contacto con él, con el fin de que acudiera a la Comisión a de exponer sus argumentos y se planteara una modificación de su solicitud.

El diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez señaló que el PRI estaba formado por distintas corrientes y grupos de opinión. Respecto a la iniciativa presentada por el diputado Ávila y en alusión a lo planteado por el diputado Jiménez López, opinó que sin distingos partidarios se debía coincidir con urgencia en atender el desempleo y la carestía alimentaria y las condiciones que enfrentan millones de familias en este país; tras lo cual señaló que no era el momento de hablar de complicidades, pues se trataba de lograr una mayor eficacia en el trabajo parlamentario, de manera que se impulsaran acciones que beneficiaran a la población; ello quizás mediante el redireccionamiento de políticas del gobierno federal para generar más empleos y abatir la carestía alimentaria en beneficio de las familias mexicanas.

El diputado Rosas propuso la formación de un grupo de trabajo sobre la carestía alimentaria para que, ya con los insumos y los datos necesarios, se propusiera un estudio a fondo y a partir de ello se propusieran acciones concretas.

La diputada Susana Hurtado Vallejo, con referencia a lo dicho por el diputado Jiménez López, afirmó que no era el momento de privilegiar visiones partidarias, sino de trabajar al interior de la Comisión bajo un mismo esquema y en contribución al desarrollo de la economía nacional; por otra parte, señaló que no estaba de acuerdo con la existencia de tres esquemas al interior del PRI, sino, en todo caso, con la de tres puntos de vista.

Dijo que coincidía con que se efectuara una revisión estratégica con el fin de reajustar la iniciativa de ley conforme a las propias necesidades económicas de la población ante la carestía alimentaria y que, en tal sentido, la tarea de los miembros de la comisión era hacer un análisis al respecto.

Por último, refirió que el Ejecutivo federal no está llevando a cabo las funciones que le corresponden y que en tal sentido tocaba a los legisladores señalárselo.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández expresó que la iniciativa en cuestión trataba un asunto de suma importancia, esto es, la manera en que se reglamentaría una parte del artículo 28 y el 26 de la Constitución, que establece un sistema de planeación que no se está cumpliendo a cabalidad el espíritu de la promoción de la economía y en defensa de las clases populares y de la nación.

Dicho esto, la diputada Martínez y Hernández señaló que le parecía que no había que rechazar la iniciativa aprobando el dictamen en sus términos, sino desarrollar un estudio más profundo con el propósito de reglamentar los artículos básicos de consumo popular.

El diputado José Antonio Arámbula López manifestó estar de acuerdo con los términos del dictamen y señaló que el control de precios en ocasiones y etapas anteriores se ha traducido en crisis, generado más perjuicios que beneficios. Respecto a las seis consideraciones planteados por el diputado Jorge Hernández Hernández, y coincide con el diputado Salomón en que se trata de un tema importante, manifestó que los cinco primeros estaban fuera de contexto y que, en realidad, se traducían en golpes al Ejecutivo federal, por tanto no estaba de acuerdo, al tiempo de manifestar que era necesario fomentar la economía, la inversión y el empleo.

En suma, el diputado Arámbula aseveró que era necesario atenuar lo planteado en la iniciativa con respecto al control de precios y que, en todo caso, había que cerrar filas en torno a la Ley Federal de Competencia Económica, enviada por el senado, con respecto a los cambios introducidos en la minuta.

El diputado Ramón Jiménez López señaló que coincidía con lo planteado por el diputado Rosas Ramírez, en el sentido de que la Comisión de Economía, como poder autónomo respecto al Ejecutivo federal, contribuyera a redireccionar la política económica.

Afirmó que de asumirse de manera ortodoxa los planteamientos neoliberales se estaría quedando en el pasado y que, en tal sentido, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos subsidiaba a sus agricultores, lo que representaba una ruptura con el punto de vista ortodoxo neoliberal que dichos gobiernos habían implantado en otros países; en tal sentido señaló que el control de precios en determinado momento también podría ser un subsidio del gobierno federal a los sectores más desprotegidos y no sería algo negativo ni constituiría una medida en contra de los cánones económicos, sino de los cánones económicos neoliberales.

El diputado Jiménez López agregó que algunas medidas del pasado en México dieron importantes resultados y eran rescatables en las nuevas circunstancias, de manera no mecánica.

Señaló que hubo gobiernos priístas nacionalistas y que en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se inició la aplicación de las políticas neoliberales.

Por último, sobre la coyuntura presente expresó que la cuestión electoral debía orientarse con base en principios y que al respecto estaba contra las alianzas entre izquierda y la derecha.

El diputado Jorge Hernández Hernández se dirigió al diputado Arámbula y señaló que las seis consideraciones propuestas para sumarse a las 20 planteadas por el diputado Ávila en la iniciativa no tenían como propósito atacar al presidente Calderón, en cambio, hacían referencia a temas económicos como los empleos generados y los perdidos, la competitividad del país a nivel internacional, la canasta básica y los productos agropecuarios, así como los índices de crecimiento.

Por último, dijo que se sumaba al planteamiento de la creación de un grupo de trabajo que ayudara a formular una estrategia económica en materia de control de precios.

El presidente formuló una propuesta por parte de la presidencia de la comisión en el sentido de establecer que la propuesta del diputado Salomón Rosas respecto a la conformación del grupo de trabajo se votara en asuntos generales, al tiempo de señalar la necesidad de hacer una serie de referencias técnicas con respecto a lo discutido.

Al respecto, el diputado Guajardo Villarreal se refirió al hecho de que el diputado Jiménez López había planteado muy buenos ejemplos de política pública alternativa para remediar el problema de la carestía de los alimentos vinculados a la posibilidad de ejercer subsidios a favor de los menos favorecidos y, con relación a ello, agregó que, lo mismo en una perspectiva ortodoxa que heterodoxa, se han utilizado esquemas denominados impuestos negativos, en virtud de los cuales, en lugar de cobrárseles, se favorece con subsidios a quienes están por debajo de un ingreso mínimo con el fin de que utilicen dichos subsidios para satisfacer sus necesidades en el mercado.

El presidente señaló que ésa era una opción de política pública perfectamente probada, versus la política pública de control de precios en un esquema tradicional, y recordó que hubo épocas en el país en que, al sujetar el precio de la tortilla, por ejemplo, tenían lugar fenómenos en virtud de los cuales resultaba más barato alimentar a los cerdos con tortillas que comprar el grano para alimentar a los cerdos y se distorsionaba un objeto de subsidio orientado al sector popular.

Respecto a la propuesta de crear un grupo de trabajo antes de dictaminar la iniciativa, el diputado Guajardo expresó su deseo de que se fortaleciera el proceso de análisis y el de compartir su punto de vista; en tal sentido, comentó que a escala mundial el problema de la crisis alimentaria y de la carestía de precios, eran temas de debate y que el problema era un problema de efecto sobre la oferta, pues el cambio climático ha vulnerado radicalmente las capacidades productivas del campo en el mundo, lo que está ocasionando un problema por la escasez en la oferta.

Agregó que a ese fenómeno se suma el hecho de que la estrategia de conversión de energías de carbono a energías sustentables está suponiendo el uso de granos, lo que origina su escasez y se refleja en el incremento de los precios.

Planteó que se reservara el dictamen, se fortaleciera el diagnóstico sin adjetivarlo y en su momento se lo compartiera con el diputado Ávila, proponente de la iniciativa, en la comprensión de que lo que estaba ocurriendo no era un fenómeno exclusivo del país, sino parte de la economía mundial, agravado por las circunstancias particulares de la economía mexicana.

La secretaria María Antonieta Pérez Reyes abordó el proyecto de dictamen siguiente, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de impulsar y fomentar el empleo en los jóvenes universitarios, presentada por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN.

Leyó el resolutivo de referencia: “La Comisión de Economía acuerda lo siguiente: Primero. Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para impulsar y fomentar el empleo de los jóvenes universitarios, en virtud de que sus propuestas ya se encuentran contempladas en otros cuerpos normativos. Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido”.

El presidente sometió a consideración el referido dictamen.

El diputado José Antonio Arámbula López expresó, respecto a la iniciativa, que le parecía que había elementos rescatables en ella y que en tal sentido opinaba que no se desechara en su totalidad; por el contrario, se formara un equipo de trabajo con el fin de mejorarla, en la medida en que quizás podía ir dirigida a fomentar el apoyo de las incubadoras de empresas acreditadas en las universidades y ya no de manera general a las universidades del país o al sector universitario sin más, ello al tiempo de señalar que se invitara a la diputada proponente a participar en dicho proceso de mejora.

Señaló que generalmente los apoyos son destinados a las mismas empresas de menor tamaño, es decir, a las que tiene mayor capacidad de gestión, y que, por otra parte, el porcentaje de los negocios que no prosperan en el curso de los dos primeros años de existencia es alto.

Dijo que era su convicción que en el caso de los jóvenes con preparación académica y con relación a las incubadoras universitarias, el índice de permanencia de dichas empresas podía ser mucho mayor si se las apoyaba.

El diputado Sergio Gama Dufour dijo que, en el mismo sentido que lo manifestaba el diputado Arámbula, opinaba que la iniciativa tenía aspectos muy rescatables y que a fin de que la comisión presentara resultados, debía rescatarse el espíritu de las iniciativas recibidas. Opinó que la iniciativa podía quedar pendiente para ser reestructurada.

El presidente, atendiendo a lo expuesto por los diputados que lo precedieron en el uso de la palabra, propuso que en el caso de las dos últimas iniciativas se las dejara pendientes con el fin de mejorarlas, de manera que fueran abordadas de nuevo en la próxima reunión de la comisión.

La secretaria María Antonieta Pérez Reyes abordó el proyecto de dictamen relativo al proyecto de iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel García Granados, del PRI, por el que se proponía reformar el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La diputada leyó el resolutivo, en los siguientes términos: “La Comisión de Economía acuerda: Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona una fracción al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido”.

El presidente pidió que el asesor jurídico del secretariado técnico de la comisión expusiera el sentido de la propuesta de reforma y las razones del sentido del dictamen, que recomendaba desecharla.

El ciudadano Andrés Alejando Pérez Frías señaló que el autor de la iniciativa proponía que se facultara a la Secretaría de Economía la capacidad de acordar con las entidades federativas, con el gobierno del Distrito Federal y con los municipios del país la celebración de convenios para incentivar fiscalmente a las empresas que utilizan como proveedores a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Indicó que dicha facultad ya se establece en el artículo 12 de la ley referente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que establece que en materia de coordinación y desarrollo a la competitividad de las empresas de menor tamaño la secretaría tendrá la responsabilidad de acordar con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, la celebración de convenios. Ello, sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes en la materia.

La secretaria María Antonieta Pérez Reyes, en atención de lo solicitado por el presidente, sometió a consideración de los miembros de la comisión la propuesta de dictamen, que fuera votada de manera unánime y favorable en sus términos.

La diputada abordó el dictamen relativo al punto de acuerdo propuesto por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del PAN, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarias de Economía, y de Energía, a acreditar organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, que regula las lámparas fluorescentes compactas comercializadas en el territorio nacional. “La Cámara de Diputados acuerda: Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que por conducto de las Secretarías de Economía, y de Energía acredite organismos de certificación que verifique el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 y la NOM-028-ENER/2010, de todas las lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional. Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia respecto al cumplimiento de las NOM mencionadas: eficiencia energética y requisitos, autobalastradas, límites y métodos de prueba; la NOM eficiencia energética de lámparas para uso general, límites y métodos de prueba.

El presidente que estaba a consideración del Pleno de la Comisión el referido dictamen y al no haber comentarios por parte de sus miembros pidió a la secretaria María Antonieta Pérez Reyes que se lo sometiese a votación.

La secretaria solicitó el voto del proyecto de dictamen en el sentido presentado, siendo éste aprobado de manera unánime.

Abordó el siguiente proyecto de dictamen, de la proposición con punto de acuerdo propuesto por la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Profeco a tomar las medidas necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos a Grupo Mexicana, y a vigilar que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, a fin de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra.

Seguidamente, la secretaria leyó el resolutivo: “La Cámara de Diputados acuerda: Primero Se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que en el ámbito de sus atribuciones tomen las medidas y acciones necesarias para resarcir a los usuarios que compraron boletos de Grupo Mexicana, vigilando que la empresa reembolse todos los gastos en que incurrieron los consumidores, con objeto de protegerlos integralmente de los daños causados por la quiebra. Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía y con la mayor brevedad emitan un informe detallado a esta soberanía sobre las acciones tomadas para dar atención y solución a los consumidores afectados por la cancelación de vuelos de Grupo Mexicana”.

El presidente señaló que el dictamen estaba a consideración de los miembros de la comisión.

El diputado Ramón Jiménez López dijo que estaba a favor del dictamen en sus términos y solicitó que la secretaría técnica aclarara cuál era la personalidad jurídica de la empresa, y en el mismo sentido expresó su voto de confianza para que se hiciera ese ajuste de carácter técnico.

La secretaria María Antonieta Pérez Reyes, después que el diputado Guajardo Villarreal instruyese a la secretaría técnica respecto a la solicitud planteada por el diputado Jiménez López, sometió a votación el dictamen, que fue aprobado de manera unánime.

Dar cuenta al pleno de la comisión de los diputados que fueron designados por sus grupos parlamentarios a fin de integrar el grupo de trabajo para el estudio de la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas y se reforman, adicionan, y derogan diversas leyes

El presidente, con referencia al quinto punto del orden del día, comentó al pleno de la comisión que a partir de la propuesta que se hiciera de la integración del grupo de trabajo para el estudio de la minuta de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se habían recibido los respectivos oficios enviados por todas las fracciones parlamentarias con vistas a formar el mencionado grupo.

Mencionó que el PAN había nombrado a Luis Enrique Mercado y Raúl Gerardo Cuadra; el PRD, a Vidal Llerenas Morales; y el PRI, a Jorge Juraidini, Alejandro Cano y David Penchyna. Mientras, el PT todavía no había nombrado a alguien de manera oficial, pero que se anticipaba que esa persona sería la diputada Ifigenia Martínez; y asimismo señaló que Nueva Alianza hasta el momento no había nombrado a nadie.

Dar cuenta al pleno de la comisión sobre las contestaciones por las dependencias con relación a puntos de acuerdo aprobados por ella, para su conocimiento

La secretaria María Antonieta Pérez Reyes abordó el siguiente punto en el orden del día, respecto al cual el presidente pidió al secretariado técnico que hiciera una relatoría de lo que se estaba distribuyendo entre los miembros de la comisión.

El ciudadano Andrés Pérez Frías confirmó que, en efecto, se habían distribuido los oficios de las contestaciones expedidas por parte de las diferentes dependencias del gobierno federal con relación a cada una de las proposiciones con punto de acuerdo que les fueran dirigidas.

En respuesta de la instrucción del diputado Guajardo, el asesor jurídico señaló que en ese momento se distribuiría la lista correspondiente.

Asuntos generales

La secretaria María Antonieta Pérez Reyes señaló al presidente que había quedado pendiente la votación de los proyectos de dictamen números uno y dos, que éste pidió a la secretaria que fueran sometidos a votación.

Dicho esto, la secretaria sometió a votación la creación del grupo de trabajo sobre el tema de la carestía de los alimentos, a fin de analizar el fenómeno y de aportar propuestas para hacer frente al problema. Se aprobó de manera unánime la creación del grupo.

El presidente pidió al diputado Enrique Salomón Rosas que, con apoyo del secretario técnico de la comisión, coordinara el referido grupo para convocar a la primera reunión.

La secretaria María Antonieta Pérez Reyes sometió a votación la formación del grupo de trabajo para el análisis de la Ley de Desarrollo para la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, a fin de de fomentar el empleo entre los jóvenes universitarios. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

El presidente propuso al pleno que dicho grupo fuera coordinado por las diputadas Sánchez o Antonieta Pérez o por el diputado Arámbula, de acuerdo con lo que los miembros de la comisión resolvieran.

Tras preguntar a los miembros de la comisión si deseaban exponer algún asunto, manifestó su deseo de compartir con ellos una reflexión sobre el reto por afrontar en los siguientes tres meses en materia de agenda legislativa, en la medida en que previsiblemente un porcentaje muy elevado de la productividad de la Cámara durante ese periodo correría por cuenta de la Comisión de Economía, en el contexto del procesamiento de tres iniciativas fundamentales para el futuro del país: la primera de ellas, la correspondiente a la Ley Federal de Competencia Económica, devuelta por el Senado, y recibida de manera incompleta con respecto a la versión enviada por la Cámara de Diputados, con sólo 10 artículos de veintitantos, por lo que la comisión podría reelaborar en forma amplia dicha minuta.

El diputado Guajardo señaló que la segunda iniciativa correspondía a la Ley de Asociaciones Público Privadas, en la que habría que invertir más tiempo, en razón de que varias fracciones parlamentarias se pronunciaron porque en torno de ella se realizaran seminarios para debatirla y enriquecerla.

Señaló que el tercer reto correspondía al tema de las acciones colectivas, con implicaciones de gran trascendencia, en la medida en que la incorporación de dicha figura legal significará la reformulación del esquema legal en el derecho mexicano en materia de demandas, de manera que un grupo de afectados tendría la posibilidad de ver resarcidos daños en materia económica y de otra índole, por medio de una sola demanda.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda tomó la palabra para manifestarse como miembro de la Comisión de Economía y de la de Agricultura, y señalar que en esta última había inquietud con respecto a la posible suscripción de tratados de libre comercio con Brasil, Colombia y Perú.

Refirió que dicha comisión había decidido sumarse a las tareas que desempeña el Senado de la República y, por tanto, establecer un frente común. Sostuvo que la Comisión de Economía debía participar en ello, a fin de discutir lo que al parecer presentaba señalados avances por la Secretaría de Economía.

La diputada Ramírez Pineda propuso que se valorara la creación de un grupo que cumpliera dicho objetivo, en el seno de la propia comisión, a fin de unir esfuerzos.

El presidente aclaró que las tres iniciativas de ninguna manera eran los únicos puntos por atender como parte del agenda legislativa y que, en tal sentido, había que recordar que en el programa de trabajo de la comisión para ese año se plantearon otros temas, como la Ley de Comercio Exterior y la incorporación de la comisión al análisis de los tratados comerciales.

Señaló que hubo un acercamiento por la subsecretaria de Comercio Exterior, Beatriz Leycegui, para convenir la creación de un grupo de alto nivel con la participación del Senado y de la Cámara Diputados en el contexto del llamado cuarto de junto, no sólo para opinar sino como parte del grupo de consulta de las negociaciones comerciales y los tratados internacionales, quedando por definir los procedimientos de participación.

Clausura

Tras haberse agotado los temas del orden del día, y con la anuencia de los miembros, el presidente dio por terminada la reunión de trabajo a las 13:45 horas.

La Mesa Directiva de la Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios.