Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a Pemex y a la PGR a dar a conocer los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado por Bernardo de la Garza Hesles a la empresa extranjera KBC Advanced Technologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría General de la República que envíen a esta soberanía los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado por Bernardo de la Garza Hesles a una empresa extranjera denominada KBC Advanced Tecnologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. Los regímenes democráticos deben asegurar un ejercicio transparente de la función pública y una verdadera rendición de cuentas, así como un equilibrio entre los poderes que integran al Estado, ya que la irresponsabilidad del servidor público erosiona el Estado de derecho y actúa contra la democracia.

Los servidores públicos deben salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones y, por ende, deben manejar con eficacia, economía, transparencia y honradez; los recursos económicos de que disponga la federación.

Segunda. Recientemente hemos podido conocer a través de diversos comunicados de la Secretaría de la Función Pública así como en distintos medios de comunicación, las investigaciones que se están realizando a funcionarios de Petróleos Mexicanos por presuntos señalamientos de corrupción y colusión con empresas que se han visto beneficiadas con millonarios contratos otorgados de manera discrecional y poco transparente.

Según declaraciones del titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas: “las investigaciones en la paraestatal duraron dos años y derivado de las mismas, en diciembre de 2010, se determinó multar e inhabilitar a 14 empleados de Pemex-Refinación” imponiéndoles una multa histórica de 5 mil 134 millones de pesos. 1

Tercera. Tras las sanciones administrativas impuestas a los ex trabajadores de Petróleos Mexicanos por conductas irregulares, la Secretaría de la Función Pública y Procuraduría General de la República investigan el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado por Bernardo de la Garza Hesles por 42 millones de dólares a una empresa extranjera KBC Advanced Tecnologies Inc, en áreas estratégicas. Conforme a lo anterior y atendiendo los informes de empleados de plataformas y refinerías de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República investigan la celebración de dicho contrato celebrado sin licitación y asignado en forma directa por parte de dicho funcionario quien en ese entonces era subdirector de Producción de Pemex Refinación y actualmente ocupa la Dirección Comercial de Petróleo Crudo de la Paraestatal. 2

Adicionalmente, se ha informado que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación indagan sobre una serie de accidentes y paros de producción durante la administración de Bernardo de la Garza Hesles, lo que evidenciaría las deficiencias en dicha administración; sostienen los quejosos: “debido a los accidentes y paros, la producción en el último año se desplomó de un millón 300 mil barriles diarios a un millón 100 mil barriles”. 3

La Subdirección de Producción de Pemex es la que mayor valor agregado le da al crudo que es procesado.

Las deficienciencias del funcionario citado han causado un severo daño patrimonial al país, pues ha sido el responsable de:

• De incrementar el índice de frecuencia de accidentes de la subdirección de producción el cual fue de 1.06, el más alto en los últimos 4 anos. En el año 2009 dicho índice únicamente fue de 0.51, lo que implica un incremente del 100% en accidentes en las refinerías del país.

• Se incremento el índice de paros no programados del sistema nacional de refinerías; es decir paros por accidentes en las plantas, el cual por mala operación y planeación fue de 9.6 en el 2010, en el año 2009 dicho índice fue de 3.5, lo que implica que se triplicaron los paros en las refinerías del país.

• En 2010 se registró la mayor pérdida de los últimos 10 años en ganancias petroleras, ya que se perdieron 52,696,200 dólares mensuales.

Lo anterior demuestra que el funcionario ha cometido una serie de negligencias derivadas de su falta de capacidad para desempeñar el cargo, mismas que han causado daños patrimoniales y actos de corrupción.

Cuarta. Dado lo anterior, considero que es menester solicitar un informe tanto a la Secretaría de la Función Pública como a la Procuraduría General de la República y a la propia paraestatal, a efecto de esclarecer estos presuntos hechos de corrupción.

En términos del artículo 37 fracciones I, IV, VI, VII y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública es competente para conocer del asunto, ya que concierne a ésta dependencia:

“Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;

...

IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;

...

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración Pública Federal;

VII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

...

XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;”

Respecto a la solicitud dirigida a la Procuraduría General de la República, su Ley Orgánica manifiesta en el artículo 4o., fracción I, apartado A, incisos a) y b), como facultad del Ministerio Público de la Federación:

“Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

”I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

”A) En la averiguación previa:

”a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

”b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

”...”

De igual forma es competente Petróleos Mexicanos, ya que como lo estipula el artículo 2o. de su propia ley orgánica, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las actividades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Quinta. En materia de servidores públicos, tanto la Constitución Política como la ley de la materia regulan, en términos generales, los sujetos, obligaciones, responsabilidades y sanciones en materia de disciplina administrativa en el servicio público; en ese sentido las sanciones previstas en el artículo 13 de dicho ordenamiento legal tiene como razón de ser el castigar el incumplimiento de la función pública que tienen asignada sus agentes, es decir, los servidores públicos, cuando éstos se apartan de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.

A este último respecto, debe tenerse presente que para calificar una conducta como grave la autoridad no podrá actuar de manera arbitraria sino que para ello habrá tenido que atender al contenido mismo de los autos y al material probatorio recabado durante la instrucción del procedimiento disciplinario, el cual debe ser idóneo y suficiente para acreditar objetivamente dicha gravedad. Al respecto el artículo 109 fracciones II y III señala:

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

...

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Sexta. Por los argumentos anteriormente vertidos, no es posible referirnos de un gobierno transparente sin exigir la rendición de cuentas de quienes ejercen el servicio público; dado que la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia constituyen elementos que debemos concebir en una cultura democrática. Como señaló Arturo González de Aragón, ex auditor superior de la Federación: “Sólo una ciudadanía honesta, bien informada y participativa es capaz de juzgar la actuación del gobierno. Sin transparencia y sin acceso a la información pública es imposible exigir cuentas a los gobernantes”

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública, a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría General de la República que envíen a esta soberanía los avances y, en su caso, el resultado de la investigación sobre el presunto otorgamiento de un contrato directo asignado por Bernardo de la Garza Hesles a una empresa extranjera denominada KBC Advanced Tecnologies Inc., en áreas estratégicas de explotación petrolera.

Notas

1. Periódico Milenio, 27 de enero de 2011.

2. El Sol de México, 20 de febrero de 2011.

2. El Sol de México, 20 de febrero de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2011.

Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)