Que expide la Ley de Seguridad Nacional y abroga la actual, a cargo del diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, y suscrita por Teresa del Carmen Incháustegui Romero y Juan Enrique Ibarra Pedroza, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT, respectivamente

El 28 de abril de 2010, fue turnada a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional aprobada en el Senado de la República, tras un año de discusión a partir de la iniciativa presentada por Felipe Calderón Hinojosa que pretendía regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se pone a debate la orientación de la política reactiva de seguridad nacional que incrementado de manera exponencial los niveles de violencia.

Bajo una serie de críticas sobre la incompatibilidad de las reformas aprobadas y diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversos estudiosos han manifestado que “vuelve a la ley confusa ya que no se tienen claros los límites y alcances de cada una” 1 de ellas al equiparar la seguridad nacional y seguridad pública.

Con esta confusión de conceptos de seguridad pública y seguridad nacional se pretende legalizar la participación de las fuerzas armadas en la investigación de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado y en tareas de inteligencia, que corresponden a instancias de carácter civil; ello desvía los fines de defensa de la soberanía nacional para los que fueron creadas.

Por lo tanto, la iniciativa propone reorientar la Ley de Seguridad Nacional a las causas que propician la violencia mediante la obligación del Estado de incorporar políticas integrales en materia de seguridad nacional y Establecer las bases para definir, coordinar y operar instancias y autoridades en materia de seguridad nacional, bajo principios democráticos de legalidad, responsabilidad, confiabilidad, lealtad, transparencia, rendición de cuentas, coordinación y cooperación institucionales, así como de respeto a los derechos humanos y las garantías individuales y sociales.

Exposición de Motivos

I. Transición del concepto de seguridad nacional al enfoque de seguridad integral

La reconfiguración del capitalismo tras el derrumbe de la bipolaridad generó importantes cambios geopolíticos con un consecuente proceso de transformaciones económicas y sociales a escala planetaria, en donde el predominio de la economía estadounidense se impuso e intensificó las desigualdades entre los países ricos y el resto del mundo, de tal forma que se han definido nuevos niveles en los problemas y limitaciones para todo el conjunto de las instituciones modernas.

La organización de las sociedades modernas en Estados-nación constitucionales, tal y como surgieron a finales del siglo XVIII y se extendieron y permanecieron en sus bases originarias en el mundo hasta la primera mitad del siglo XX, se ha visto afectada por una serie de profundos cambios. Las funciones generales del Estado se caracterizan por la limitación territorial, la organización normativa de la relaciones de sus ciudadanos, la administración fiscal y el monopolio de la fuerza en cuanto a la seguridad, finalidad que ha sido la de garantizar las condiciones generales de reproducción de la sociedad. 2

Esta orientación institucional que parte de las primeras declaraciones de derechos humanos como la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, asociaban entre otros principios las concepciones de “felicidad” y “seguridad”, 3 y atribuían al pueblo el derecho perseguir esos fines; asimismo, en el artículo segundo de la Declaración de los Derechos del hombre se inscribe como parte de los derechos naturales e imprescriptibles de la persona humana el concepto de seguridad.

Esta afirmación convierte a la seguridad en un derecho ciudadano que no se delega ya a un poder absoluto y define por lo tanto las condiciones y los límites dentro de los cuales se puede realizar la seguridad. El Estado –y no el soberano– se convierte entonces en garante de este valor al que se refieren Maquiavelo, Hobbes y Weber como el monopolio de la violencia. Para la realización de este fin, la estructuración del poder tiene un papel central en la organización de los procesos sociales y perfila la construcción de un conjunto de instituciones disciplinarias orientadas a la producción y reproducción de condiciones objetivas y subjetivas necesarias para el mantenimiento del orden social.

Pero no sólo es la imposición de la fuerza, sino también la incorporación de componentes de justicia social, igualdad y libertad los que permiten sustentar materialmente la cohesión social. Esta construcción social ha logrado la solución de los problemas de legitimación y estabilización del orden social, al mismo tiempo que a través de las instituciones, proporciona formas de integración y solidaridad abstracta.

El Estado entonces debe otorgar a sus miembros una condición de pertenencia que incentive capacidades legales de acción y participación en la esfera pública y privada para su pleno desarrollo, mediante un proceso de igualdad jurídico-política que complemente las libertades individuales y los derechos civiles. Ello permitiría que las formas de pertenencia individual se articulen con otras de tipo cultural, correspondientes a una construcción de identidad colectiva o comunitaria a través de mecanismos de cohesión social, sin necesidad del uso de medios coercitivos.

Este factor de cohesión social asociado también a la seguridad nacional se sustentó durante largo tiempo en la concepción de soberanía y preservación de la seguridad territorial-militar, que durante mucho tiempo permitió proteger el territorio y los intereses propios de las naciones. Sin embargo, también fue usado como discurso de legitimación para otros fines que, bajo el pretexto de la preservación del Estado, se impuso por encima de los ciudadanos, lo que derivó en una fetichización 4 del Estado y se estableció como un espacio divergente por encima de otras esferas de la realidad social.

La conservación del Estado justificó muchos de los regímenes autoritarios en América Latina, que invocaban la “Doctrina de Seguridad Nacional”; 5 en la que se preservó la seguridad de las élites por encima de la de la ciudadanía. La Seguridad Nacional en la mayoría de los países respondió entonces al contexto político de la bipolaridad de la Guerra Fría: entre el sistema capitalista liderado Estados Unidos, y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como contraparte. 6

Dada la posición hegemónica de los Estados Unidos en el continente, dicho país impuso sus objetivos de defensa en la planeación estratégica–militar de algunos países de América del Sur; su propósito: proteger sus propios intereses económicos y estratégicos en la región.

La seguridad en el continente se tornó inseparable de la seguridad norteamericana, y dentro de este contexto fue invocada para justificar desde programas de desarrollo económico hasta violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. Las tensiones crecientes producidas por la Guerra Fría sirvieron para justificar la imposición por parte de los Estados Unidos de un consenso estratégico e ideológico en las relaciones con América latina.

En esta coyuntura, las relaciones militares adquirieron una acentuada orientación ideológica-política. En gran parte de los regímenes militares de América Latina se la oposición fue considerada como “enemigo interior” y de esta manera cualquier adversario que operaba dentro de las fronteras de la nación podía ser una amenaza a los supuestos intereses nacionales; en defensa de tales, se legitimaron acciones represivas contra la población civil que se antepusieron a los derechos humanos y democracia.

En México no se instauró formalmente una dictadura militar a diferencia de otros países de la región, pero se estableció un régimen autoritario y antidemocrático que ejerció durante décadas el discurso de la preservación de la seguridad nacional y la paz social, usando así la fuerza de Estado mediante represiones, hostigamientos, desapariciones forzadas y toda clase de violaciones de los derechos humanos en contra de sus opositores políticos.

El primer antecedente de la existencia de un mecanismo de seguridad nacional fue el departamento de confidencialidad creado en 1929. A fínales de la década de los años treinta se convirtió en la Oficina de Información Política y Social que tenía como función la obtención de información de las actividades de los grupos considerados disidentes del gobierno.

Esta política, como señalan algunos autores, se recrudeció a partir de la década de los años cuarenta, en el sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, en donde se propone la adición al Código Penal del delito de espionaje en tiempos de paz y se adiciona el de disolución social. 7

Las próximas tres décadas no presentarán cambios sustanciales en política de seguridad nacional; hasta los años ochenta, la intensificación de las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos incide significativamente en la reorientación del Plan Nacional de Desarrollo. 8

El fin de la bipolaridad constituida a partir de la Guerra Fría y la deconstrucción de los Estados-nación en las últimas décadas desplazó el objeto de la seguridad nacional hacia la “guerra contra crimen organizado”. México quedó dentro de esta lógica. Este cambio también se justificó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando ocurrieron derivaciones jurídicas como la Ley Patriota, con una profunda influencia de autores como Jakobs y el derecho penal del enemigo. 9 La renovada “Doctrina de Seguridad Nacional”, así como la integración de concepciones como sociedades del riesgo, han influido progresivamente en los marcos normativos de la región.

De esta forma se encubre la estrategia geopolítica de dominación y contención de Estados Unidos hacia los gobiernos de izquierda en América Latina, que por medio de legislaciones de emergencia han encubierto nuevas formas de autoritarismo que alteran las reglas ordinarias penales y las garantías constitucionales, y autorizan en muchos casos la vulneración de derechos humanos.

Bajo esta concepción, el objeto de amenaza de la seguridad nacional entonces se desplaza al narcotráfico, que reduce el objeto de la Seguridad nacional a la guerra contra el crimen organizado y la seguridad del gobierno.

En contraposición al enfoque reduccionista y de carácter reactivo que reproduce la violencia, se propone en la presente iniciativa un rediseño de la seguridad nacional con enfoque transversal que permita la construcción de una Seguridad Integral , que parte de la protección de libertades vitales con naturaleza inclusiva y multidimensional. Por lo tanto, la nueva Ley de Seguridad Nacional obedece a la aplicación de políticas públicas de seguridad dirigidas a afrontar las condiciones que propician la violencia y las vulnerabilidades económico-sociales y las debilidades institucionales.

La orientación de la propuesta obedece al convencimiento de que el objeto de protección de la seguridad del Estado no puede estar por encima de los derechos de la persona, y obedece también a la comprensión de que la seguridad no depende únicamente de las fuerzas armadas y esto deriva sin duda de una visión transversal de la seguridad.

Por lo tanto, la construcción de una seguridad integral implica estar libre de temores y libre de necesidades, al abordar la noción de seguridad humana es posible identificar la congruencia entre seguridad y desarrollo.

Estos principios incluyen tanto fines como medios y se refieren a la protección bajo las cuales se generan las condiciones adecuadas en el uso de mecanismos coercitivos hacia la población civil, teniendo como base la primacía de los derechos humanos, y es precisamente esta categoría la que distingue la concepción de la seguridad humana de las concepciones tradicionales basadas en el Estado.

Este enfoque fue propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el informe “Nuevas dimensiones de la seguridad humana” (1994), que menciona cuatro características.

I. La seguridad humana es una preocupación universal. Se refiere a todas las personas, tanto de países ricos como pobres.

II. La seguridad humana tiene un carácter interdependiente. Cuando la seguridad de la población está amenazada en cualquier parte del mundo, es probable que todos los países se vean afectados.

III. Es más efectivo velar por la seguridad humana mediante la prevención temprana que con una intervención posterior. La seguridad implica ciertamente la respuesta ante el riesgo, pero, sobre todo, debe referirse a medidas para prevenirlo que incluyan la reducción de factores de vulnerabilidad.

IV. La seguridad humana está centrada en el ser humano; se preocupa por la forma en que las personas viven en una sociedad, la libertad con que eligen diversas opciones o derechos, el grado de acceso al mercado, a las oportunidades sociales y a una vida en conflicto o en paz. Implica que las personas tengan opciones y ejerzan sus derechos en forma segura y libre, y que puedan confiar en que las oportunidades que tienen hoy no desaparecerán.

Dentro de la asimilación de los derechos humanos se incluyen los derechos económicos y sociales. Esto significa que los derechos humanos tales como el derecho a la vida, la vivienda, la libertad de opinión, deben ser respetados y protegidos, incluso durante el desarrollo de los conflictos.

Lo anterior tiene profundas implicaciones tanto en la política de seguridad como en las políticas para el desarrollo.

Hablar de seguridad nacional significa avanzar hacia la creación condiciones que permitan salvaguardar la protección de la vida y el patrimonio de las personas, así como amenazas de carácter político, económico, alimentario, de salud y ambiental.

II. Disposiciones normativas internacionales orientadas a una seguridad integral

En el orden jurídico internacional no se encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social. Sin embargo, puede entenderse que ese derecho surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, en los términos del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos : “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Asimismo, el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre menciona que: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; así como el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos : Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículo 9 “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad”.

Por lo tanto, si bien no se puede referir expresamente a la existencia del derecho a la seguridad frente a la violencia, si se puede argumentar que los Estados se encuentran obligados a garantizar los derechos que pueden ser afectados como son el derecho a la vida, la integridad física, el uso pacífico de sus bienes, el derecho a la libertad personal, el de libertad de reunión y asociación, así como los asociados con el desarrollo integral de la persona que se encuentra en el marco de la concepción de seguridad humana.

Desde esta perspectiva, los Estados están obligados el garantizar a la población condiciones de seguridad, no sólo desde los derechos humanos; sino también desde los derechos económicos, sociales y culturales. En este tenor, se han establecido una serie de observaciones especialmente orientadas a respetar, proteger y cumplir las obligaciones que implican la adopción de medidas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario y judicial para salvaguardar estos derechos.

III. Contenido de la iniciativa

a. Definición de la seguridad nacional

En la propuesta se define a la Seguridad Nacional como el conjunto de condiciones y acciones de carácter político, económico, social y cultural, así como los de Defensa Nacional que se requieren para garantizar la soberanía, la independencia y la promoción de los intereses de la nación mexicana, fortaleciendo las capacidades institucionales y de la sociedad en general, para hacer frente a riesgos y amenazas que puedan vulnerar la existencia del Estado, impidiéndole el cumplimiento de sus fines.

Las acciones o programas que se realicen para garantizar la seguridad nacional tienen como objetivo primordial la protección de la vida y el patrimonio de las personas en relación a cualquier amenaza crítica de naturaleza política, económica, alimentaria, de salud, ambiental, o las provenientes de actividades ilícitas.

Los bienes tutelados entonces son proteger la estabilidad, integridad y soberanía de la nación así como la Independencia nacional, preservar el Estado democrático y de derechos, mantener los Poderes de la Unión establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Otro de los preceptos importantes es el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como evitar los conflictos armados internos tendientes a desestabilizar el orden jurídico nacional y la paz de las partes integrantes de la federación, además de las violaciones a los derechos humanos.

Aunado a ello, dentro de los objetivos de la propuesta se encuentra el de hacer frente a graves circunstancias que perturben el orden público, a la intervención extranjera que ponga en riesgo la soberanía, la independencia y la integración de la Nación mexicana., así como mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

También en la propuesta se establece que para la elaboración de la agenda nacional de riesgos, se tomará en cuenta tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el programa respectivo, considerando en la Agenda, la aplicación de políticas públicas y acciones que representen riesgos desde un enfoque mucho más integral, cercano a la seguridad humana partiendo para ello de los siguientes puntos:

a) Aspectos de suficiencia alimentaria.

b) Medioambiente, accidentes o desastres naturales.

c) Emergencias de salud pública.

d) Delincuencia organizada.

e) Tráfico ilegal de drogas y fenómenos asociados.

f) Conflictos armados.

g) Terrorismo.

h) Actos y decisiones de funcionarios públicos que vulneren la seguridad nacional.

Otro de los puntos importantes de la iniciativa es que se establecen una serie de gradualidades en el manejo de riesgo como son la prevención, mitigación, planificación y contingencia del riesgo que permitan establecer políticas públicas estratégicas a largo plazo.

b. Consejo de Seguridad

La figura del Consejo de Seguridad Nacional se preserva con los miembros actuales, pero se adiciona: la Secretaría de la Función Pública, la Comisión de Nacional de Derechos Humanos, así como un órgano consultor de especialistas en la materia y representantes de la sociedad civil para ser parte del Consejo de Seguridad Nacional.

Se establece la facultad de emitir las declaratorias de afectación, sancionar y revisar programa de seguridad propuesto por el poder ejecutivo, así como el proponer políticas y programas en materia de seguridad nacional.

Además de ello, sesionar, deliberar y emitir los acuerdos, dar seguimiento a las declaratorias de coordinación y acción federal, en donde el gobierno federal será responsable de la implantación.

c. Control parlamentario

Se propone controles parlamentarios como que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que tendrá atribuciones para solicitar al consejo un informe general anual sobre el desarrollo de las políticas y programas y acciones en materia de Seguridad Nacional, así como revisar las declaratorias.

La facultad de solicitar información al Consejo de Seguridad las veces que considere necesarias una vez concluida las declaratorias señaladas en los capítulos con la finalidad de revisar que éstas hayan respetado los derechos humanos de la población en general.

También se establece la facultad de ordenar y supervisar la realización de las revisiones, auditorías y procedimientos que se practiquen a cualquier instancia del denominado Sistema Nacional.

d. Sistema Nacional de Inteligencia

En el Sistema Nacional de Inteligencia comprende al conjunto de organismos de inteligencia del Estado de orden civil y militar, los cuales operarán bajo un marco de cooperación interinstitucional con el fin de dirigir y ejecutar las actividades de inteligencia para la Seguridad Nacional que deriven en información necesaria para el Estado mexicano.

El objeto del Sistema Nacional de Inteligencia propuesto es contribuir en la cooperación e integración de los organismos e instancias del Estado, cuyas funciones consistan en recolectar, procesar, diseminar y utilizar la información necesaria para la toma de decisiones; conformar un sistema que garantice la eficiencia y permanencia en la operatividad de los organismos de inteligencia del Estado; delimitar la correcta ejecución de los órganos e instancias señaladas en la presente Ley en las tareas de inteligencia asegurando su operatividad dentro de la jurisdicción y competencia asignada a cada instancia de acuerdo a la normatividad aplicable; asegurar la coordinación interinstitucional y el control uniforme en el manejo de la información en la materia y fortalecer los mecanismos de capacitación y profesionalización del personal asignado a labores en la materia.

e. Derechos humanos

Se establece en la propuesta la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante voz pero sin voto en las deliberaciones y tratamiento de los asuntos del consejo en los términos del Reglamento de Operación Interna así como, en tanto organismo constitucional autónomo, actuará en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos realizará un informe de evaluación, y eventuales recomendaciones, respecto de la aplicación de las declaratorias que emita el consejo a fin de que al término de su vigencia señale, en su caso, el estado que observa la salvaguarda de los derechos humanos en la entidad o región donde fueron aplicadas las acciones contingentes objeto de las mismas. Los informes que de esta manera se emitan deberán tomarse en consideración, además de la opinión que exprese su representante en las deliberaciones respectivas, en la implementación de acciones que se deriven del contenido de declaratorias posteriores.

f. Participación ciudadana en el Consejo de Seguridad

Se propone que las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar su solicitud de inscripción ante el Consejo de Seguridad, para ser consideradas como sujetos invitados en términos de la presente ley.

El pleno del Consejo de Seguridad deberá elegir anualmente al menos a dos organizaciones por sus méritos y trabajos en materia de derechos humanos y seguridad nacional, para conformar la lista de posibles invitados a participar en las sesiones de éste.

Las organizaciones de la sociedad civil se comprometerán a mantener la confidencialidad y reserva de los asuntos que en el mismo se traté, a fin de preservar la seguridad nacional.

La información que se genere en materia de seguridad nacional, será resguardada por el consejo o, en su caso, por las autoridades responsables en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El Consejo de Seguridad contará con una Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual dará atención a las solicitudes relacionadas con el tema de seguridad nacional con independencia de la entidad gubernamental a la que corresponda dar trámite a la petición.

g. Transparencia y rendición de cuentas

Las Unidades de Transparencia de las entidades y dependencias deberán remitir la petición dentro de los dos días siguientes a la fecha en que la recibieron, a la Unidad de Transparencia del Consejo de Seguridad, asimismo deberán notificar al peticionario de dicha remisión.

En caso de que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, total o en forma parcial, no puedan ser llevarse a cabo por la naturaleza misma de preservar la seguridad nacional, el Consejo elaborará un informe que presentará ante el Congreso de la Unión que explique dicha situación.

Frente a la tentación de la regresión autoritaria y los desafíos de la gobernabilidad de una incipiente democracia, la concepción de Seguridad Nacional debe responder a un verdadero Estado democrático, respetuoso los derechos humanos que se rija bajos los principios: de legalidad, confiabilidad, transparencia y rendición de cuentas que responda de manera efectiva con un Proyecto Nacional de Seguridad a largo plazo y a los retos que las sociedades contemporáneas exigen.

Los suscritos, diputados Alejandro Encinas Rodríguez, Teresa Incháustegui Romero y Juan Enrique Ibarra Pedroza integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a esta soberanía la iniciativa con proyecto

Decreto que reforma, adiciona y deroga la Ley de Seguridad Nacional

Ley de Seguridad Nacional

Título primero

Capítulo primero
Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza y objeto de la ley:

La presente ley es de orden público, de aplicación general y tiene por objeto establecer el marco de atribuciones y facultades de las instancias federales y locales en el desarrollo de políticas y acciones en materia de seguridad nacional, así como los términos de coordinación institucional bajo los cuales las actividades que emprendan las instancias públicas responsables tendrán como finalidad la de salvaguardar la integridad territorial, y las capacidades de gobierno con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado democrático de derechos.

Artículo 2. La seguridad de la nación se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, confiabilidad, lealtad, transparencia, rendición de cuentas, respeto a los derechos humanos, garantías individuales y sociales, coordinación y cooperación institucionales en los términos que se disponen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas que regulan el servicio público.

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entiende por seguridad nacional al conjunto de condiciones de carácter político, económico, social, cultural y de defensa nacional que se requieren para ejercer la soberanía y garantizar el desarrollo integral, la independencia y la promoción de los intereses de la nación mexicana, así como para fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad en general para hacer frente a riesgos y amenazas que puedan vulnerar la existencia del Estado e impedir el cumplimiento de sus fines.

Las acciones o programas que se realicen para garantizar la seguridad nacional de conformidad con la presente ley y el marco legal aplicable, tienen como objetivo primordial la protección de la vida y el patrimonio de las personas respecto de amenazas críticas de naturaleza política, económica, alimentaria, de salud y ambiental, así como las provenientes de actividades ilícitas, o de conflictos políticos, étnicos o religiosos.

Artículo 4. Las acciones que para efectos de esta ley determinan su prioridad son proteger la estabilidad, integridad, independencia, así como la soberanía de la nación, son las siguientes:

I. Preservar el Estado democrático y de derechos.

II. Mantener los Poderes de la Unión establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Defender los recursos naturales propiedad de la Nación.

IV. Mantener la unidad de las partes integrantes de la Federación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Evitar los conflictos armados internos tendientes a desestabilizar el orden jurídico nacional y amenacen la integridad del territorio nacional y la paz. la paz de las partes integrantes de la federación.

VI. Evitar las violaciones a los derechos humanos.

VII. Hacer frente a graves circunstancias que perturben la paz y el orden públicos.

VIII. Enfrentar toda forma de intervención extranjera que ponga en riesgo la soberanía, la independencia y la integridad de la Nación mexicana.

IX. Mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

X. Así como todas aquellas que determine el Consejo de Seguridad Nacional con base en la Constitución y el orden jurídico existente.

Artículo 5. Para efectos de la presente ley se entiende por los siguientes términos:

a. Agenda. Agenda Nacional de Riesgos.

b. Amenaza. Actualización de la hipótesis de riesgo cuyo daño hacia la seguridad nacional sea inminente.

c. Consejo. Consejo de Seguridad Nacional.

d. Centro. Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

e. Declaratoria. Acto administrativo mediante el cual el consejo da a conocer las acciones a emprender para preservar la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

f. Derechos humanos. Aquellos derechos consagrados en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados ratificados.

g. Fuerza armada permanente. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en los términos del artículo 89, fracción VI, de la Constitución y de la presente ley.

h. Informe. Documento que describe las acciones determinadas por el Consejo de Seguridad Nacional así como sus resultados ante una circunstancia de riesgo o amenaza que pongan en peligro la seguridad nacional.

i. Ley. Ley de Seguridad Nacional.

j. Información. Toda aquella que haya sido clasificada como reservada o confidencial por las instancias respectivas y en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

k. Interés Nacional. Todo asunto o circunstancia cuya preservación o atención sea prioritaria para la viabilidad del Estado mexicano bajo los criterios del artículo 4 de esta ley.

l. Instancias federales. El titular del Ejecutivo federal y el Consejo de Seguridad, así como aquellas dependencias y entidades de carácter federal necesarias para salvaguardar la seguridad nacional del Estado mexicano.

m. Instancias locales. El Poder Ejecutivo de cada entidad federativa, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así como los poderes judiciales y demás instancias de la administración pública local.

n. Instancias municipales. Las autoridades previstas en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

o. Organismos constitucionales autónomos en materia de derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos en materia de derechos humanos previstos en el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

p. Poderes de la Unión. Ejecutivo federal y sus dependencias; el sistema judicial federal, Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial de la Federación y el honorable Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

q. Programa de Seguridad Nacional. Conjunto de objetivos, estrategias y acciones interinstitucionales que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo.

r. Riesgo. Es la posibilidad de que ocurra uno o más eventos no deseados que pudieran obstaculizar o impedir el logro de las metas y objetivos institucionales, así como las condiciones señaladas en el artículo 3 de esta ley.

s. Rendición de cuentas. Acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal que se presentan ante el Congreso de la Unión a fin de informar sobre los hechos y actos realizados para preservar la seguridad nacional.

t. Secretario Ejecutivo. Funcionario auxiliar del presidente del consejo y responsable de la organización y administración del consejo en los términos establecidos por la presente ley.

u. Secretario Técnico. Funcionario encargado de coadyuvar en la toma de decisiones del consejo como responsable de la coordinación del sistema de inteligencia nacional así como en el apoyo directo en las tareas de ese órgano en los términos de la presente ley.

v. Sistema Nacional de Inteligencia. Conjunto de instituciones encargadas de las actividades que permiten al Estado contar con la información para la toma de decisiones tendentes a salvaguardar la estabilidad, la integridad y soberanía así como la independencia nacional en los términos del artículo 4 de la ley.

w. Sociedad civil. Todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que estén legalmente constituidas, comprendan actividades en los términos del artículo 72 de la presente ley y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras disposiciones legales.

x. Transparencia. Acciones tendentes a informar de las acciones en materia de seguridad nacional en los términos de esta ley, del artículo 6o. de la Constitución y de la ley federal en la materia.

Artículo 6. Corresponde al titular del Ejecutivo federal la determinación de la política en materia de seguridad nacional.

Las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones realizarán de programas permanentes para ejecutar las acciones tendentes a mantener y preservar la seguridad nacional.

El Congreso de la Unión, en el ámbito de sus facultades, colaborará en las acciones necesarias para el mantenimiento de la seguridad nacional, así como en materia de responsabilidades de los servidores públicos involucrados en políticas y acciones en la materia.

Título Segundo

Capítulo Primero
Del Consejo de Seguridad Nacional

Artículo 7. El Consejo de Seguridad Nacional es el conjunto de instancias gubernamentales encargadas de la implantación de políticas, programas y acciones contingentes en la materia y de acuerdo con la ley.

Artículo 8. El Consejo estará presidido por el Presidente de la República y estará integrado por los titulares de:

a. Secretaría de Gobernación.

b. Secretaría de Relaciones Exteriores.

c. Secretaría de Seguridad Pública.

d. Secretaría de la Defensa Nacional.

e. Secretaría de Marina.

f. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

g. Secretaría de Desarrollo Social.

h. Secretaría de Salud.

i. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

k. Procuraduría General de la República.

m. Secretaría de la Función Pública.

n. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

o. Representantes de la sociedad civil de acuerdo con el artículo 73 de la presente ley.

p. Órgano consultor de especialistas.

Podrán integrarse a las sesiones del consejo, los titulares de aquellas dependencias gubernamentales que por la naturaleza de las consideraciones a tratar y a juicio del contenido de la convocatoria, según lo apruebe el propio consejo, deban estar presentes.

Artículo 9. Son atribuciones del consejo:

a. La determinación de la agenda de riesgos y amenazas a propuesta del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional en los términos del artículo 4 de la ley.

b. La formulación de las declaratorias previstas en la ley.

c. Sancionar el Programa de Seguridad Nacional propuesto por el Ejecutivo federal.

d. Discutir y proponer políticas, programas o acciones que complementen las estrategias principales en materia de seguridad nacional.

e. Sesionar, deliberar y emitir los acuerdos necesarios para el debido funcionamiento de sus funciones.

f. Conocer y analizar el contenido de los informes establecidos en la presente ley.

g. Exhortar a los miembros participantes del consejo para que cumplir con las obligaciones asignadas.

h. Invitar a expertos o especialistas en temas relacionados con la agenda, cuando así se requieran.

i. Dar seguimiento a las declaratorias de coordinación y de acción federal.

j. Participar en la formulación de la posición del Estado mexicano ante foros y organismos internacionales en materia de seguridad nacional.

k. Aprobar el informe que se presente a la comisión bicameral respecto de las declaratorias señaladas en la presente ley.

Artículo 10. El consejo está presidido por el titular del Ejecutivo federal quien se auxiliará de la Secretaría Ejecutiva del consejo para la organización y tratamiento de los asuntos que deba discutir y resolver en los términos de la ley.

I. El gobierno federal será responsable de la implementación de acciones y propuestas derivadas de las decisiones del consejo así como el funcionario encargado de garantizar el cumplimiento de la rendición de los informes sobre las políticas, programas y acciones en materia de seguridad nacional a las instancias que así lo requieran bajo los términos y condiciones establecidos por la ley.

II. El consejo contará con una Secretaría Técnica cuyo responsable será el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en su carácter de coordinación del denominado Sistema Nacional de Inteligencia en los términos de la presente ley.

III. La Secretaría Técnica del Consejo será la responsable de organizar y proporcionar la información que requiera el consejo así como de apoyar a la Secretaría Ejecutiva en las actividades que tiene bajo su responsabilidad.

Artículo 11. La Secretaría Ejecutiva es el órgano auxiliar de la Presidencia del consejo que tiene por objeto la realización de actividades técnico-administrativas que garanticen el desempeño y el cumplimiento de las responsabilidades del propio consejo.

El titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir los siguientes requisitos:

a. Ser mexicano por nacimiento;

b. Tener 30 años al momento de iniciar el encargo para el que fue designado;

c. Acreditar experiencia y conocimiento en materia de seguridad nacional, sea por su desempeño o formación profesional de cuando menos 5 años;

d. No haber sido sentenciado por ningún delito.

e. No haber ser militante de partidos político, ni haber figurado en órgano de dirección 5 años previos al momento de postulación

f. En caso de haber sido miembro de las fuerzas armadas debe tratarse de un oficial retirado del servicio activo, cuando menos, 5 años antes al momento de su postulación.

g. No ser ministro de culto.

El titular del Ejecutivo federal presentará una terna al Senado de la República, quien citará a comparecer a los candidatos ante las comisiones que considere pertinentes.

Dichas comisiones enviarán al pleno del Senado un informe a fin de analizar y discutir la viabilidad de los candidatos.

El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado por mayoría calificada por el Senado de la República; durará en su encargo 4 años susceptibles de ser prorrogados sólo por un periodo adicional, siempre que así lo disponga el Senado, una vez que haya evaluado su desempeño y la o las propuestas que para el efecto haya enviado el Ejecutivo federal.

Artículo 12. Son facultades de la Secretaría Ejecutiva:

a. La convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo;

b. Elaborar las actas de acuerdo de las sesiones.

c. Formular la propuesta de agenda anual de trabajo del consejo con base en los planteamientos del centro y las observaciones del presidente del consejo;

d. Revisar la información reunida y organizada por la Secretaría Técnica, con el fin de proporcionar elementos apropiados para la deliberación y, en su caso, toma de decisiones del consejo.

e. Coordinar el esquema de administración y control de riesgos establecido por la ley;

f. Instrumentar el procedimiento para la emisión de las declaratorias previstas por la Ley en caso de amenazas a la seguridad nacional;

g. Dar seguimiento a las decisiones y acuerdos del consejo;

h. Informar de manera periódica sobre el desarrollo y cumplimiento de las decisiones y acuerdos del Consejo con base al Reglamento de Operación Interna que apruebe el propio consejo;

i. Fungir como enlace del consejo con las dependencias y entidades de la administración Pública, con los tres órdenes de gobierno, con los demás poderes y organismos autónomos constitucionales;

j. Conservar y resguardar los documentos del consejo, así como los que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con el mismo.

k. Elaborar el informe que solicite la comisión bicameral respecto de las declaratorias de emergencia.

l. Proponer a los integrantes del órgano consultor de especialistas en los términos del Reglamento de Operación Interna del consejo.

m. Las demás que le encomiende el consejo, el titular del Ejecutivo federal, así como las derivadas del Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 13. La Secretaría Técnica del consejo tendrá a su cargo las siguientes funciones:

I. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el consejo, llevando su archivo y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo;

II. Realizar las acciones necesarias para la debida ejecución y seguimientos de los acuerdos del consejo;

III. Proponer al consejo políticas, lineamientos y acciones en materia de seguridad nacional;

IV. Proponer el contenido del Programa para la Seguridad Nacional;

V. Presentar al consejo la agenda nacional de riesgos;

VI. Elaborar los informes de actividades que ordene el consejo;

VII. Entregar en tiempo a la comisión bicameral la documentación e informes a las que se refiere la fracción II del artículo 35 de la presente ley;

VIII. Reunir y ordenar de manera sistemática la información proporcionada por las instancias gubernamentales que forman parte del Sistema Nacional de Inteligencia. Para ello contará con la debida e irrestricta colaboración de las instancias requeridas por el titular de la propia Secretaría Técnica;

IX. Administrar y sistematizar los instrumentos y redes de información que se generen en el seno del consejo;

X. Promover la ejecución de las acciones conjuntas que se acuerden en el consejo, de conformidad con las bases y reglas que emita y con respeto a las atribuciones de las instancias vinculadas;

XI. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la Seguridad Nacional por acuerdo del Consejo;

XII. Realizar el inventario de la infraestructura estratégica del país;

XIII. Solicitar información necesaria a las dependencias federales para la seguridad nacional que requiera explícitamente el consejo, y

XIV. Las demás que señalen las leyes y reglamentos, o que sean necesarias para cumplir las anteriores.

De la operación del consejo y sus determinaciones

Artículo 14. El consejo sesionará de manera ordinaria cada cuatro meses a lo largo del año calendario. En cada sesión ordinaria, previo a la propuesta y desahogo de la agenda propuesta por la Secretaría Técnica, se rendirá un informe ejecutivo sobre el desarrollo y cumplimento de acuerdos y decisiones determinadas por el consejo.

Artículo 15. Además de las sesiones ordinarias, el consejo se reunirá a propuesta del Presidente; del Senado de la República, por la demanda expresa de uno o más titulares del Ejecutivo en las entidades federativas; de una o más de las legislaturas estatales o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el caso de los titulares del algún Ejecutivo o Congreso de las entidades federativas, la solicitud de convocatoria estará sujeta a la valoración de procedencia por parte de la Secretaría Técnica, misma que se allegará de la información pertinente que justifique o niegue la necesidad de la convocatoria en cuestión y que se agregará como informe en la siguiente sesión que realice el consejo.

Artículo 16. Órgano consultor de especialistas e invitados al consejo. El órgano consultor de especialistas en temas de seguridad y nombrados a propuesta del secretario ejecutivo en los términos del Reglamento de Operación Interna del Consejo, coadyuvará con el propio consejo con propuestas, estudios específicos y aportará su opinión en la deliberación de los asuntos requeridos por el secretario ejecutivo.

En función de la naturaleza de los asuntos a tratar en las sesiones correspondientes y a propuesta de cualquiera de los miembros del Consejo, podrán participar por invitación expresa formalizada por la Secretaría Ejecutiva, representantes de cualquiera de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión, gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales, así como cualquier especialista o expertos de organismos nacionales o internacionales cuya presencia esté debidamente acreditada y justificada.

Asimismo, podrá invitarse a las sesiones que considere necesarias los representantes de organizaciones de la sociedad civil que hayan sido elegidos por el Consejo de Seguridad en términos del artículo 73 de esta ley.

Artículo 17. Determinación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional por parte del consejo. Derivado de la información, de los análisis que de las instancias de Seguridad, la Secretaría Ejecutiva someterá a consideración del consejo tanto asuntos concretos como las demandas específicas de instancias de otros órdenes oficiales de gobierno que ameriten la atención de dicho órgano a partir de establecer la necesidad de enfrentar una situación de amenaza a la seguridad nacional.

Artículo 18. Determinación del tipo de declaratoria. Una vez establecida por el consejo la necesidad de hacer frente a una situación de amenaza a la seguridad nacional, procederá a definir el carácter de la declaratoria de mérito con la que el Estado dispondrá de los recursos humanos y materiales para ello.

La declaratoria emanada del consejo será de acción federal o de coordinación de acciones con otras instancias gubernamentales.

Artículo 19. La declaratoria de coordinación federal consiste en la implantación de acciones por parte de los miembros del consejo, así como por dependencias y entidades de la administración pública federal, u otros Poderes de la Unión a fin de resguardar y mantener la seguridad nacional.

Artículo 20. La declaratoria de coordinación estatal y municipal comprende el conjunto de acciones y la determinación de las autoridades responsables de ejecutarlas a nivel federal y estatal, con el objetivo proteger la estabilidad, integridad y soberanía estatal así como la independencia nacional, en términos del artículo 4 de la presente ley.

Capítulo Segundo
Riesgos y amenazas

Artículo 21. En la elaboración de la agenda nacional de riesgos, se tomará en cuenta tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el programa respectivo.

De constituir problemas recurrentes y crónicos en la aplicación de políticas públicas, en la Agenda se considerarán los siguientes temas, entre otros:

a. Aspectos de suficiencia alimentaria;

b. Medio ambiente;

c. Cuestiones de salud pública;

d. Crimen organizado;

e. Tráfico ilegal de drogas y fenómenos asociados;

f. Conflictos armados;

g. Terrorismo.

Artículo 22. Acciones en caso de riesgo.

El consejo realizará periódicamente la evaluación de los sucesos y/o hechos de los cuales tenga conocimiento, mediante la identificación, medición y análisis de los riesgos relevantes que pudieran afectar la seguridad nacional, o en su caso alguno de las acciones previstas en artículo 4 de la presente ley.

Asimismo, el consejo dará seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está expuesta en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores que pueden provocarlos con la finalidad de definir estrategias y acciones para su control.

Artículo 23. Planificación de prevención de riesgo.

El consejo analizará y dará seguimiento a los hechos o sucesos que impliquen un riesgo, a efecto de monitorear su evolución, así como los sujetos involucrados elaborará un programa para cada uno de los riesgos que se presenten, el cual deberá elaborarse de conformidad, con los lineamientos que para el efecto se emitan.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional será el encargado de elaborar dicho programa, el cual será sometido al pleno del consejo a fin de que, en su caso, lo apruebe y proponga a los responsables de las acciones para prevenir dicho riesgo.

Artículo 24. Planificación de mitigación de riesgo

En caso de que se presente un riesgo inminente, el consejo analizará las acciones que se realizaron para prevenir dicha circunstancia, así como aquellas que no se llevaron a cabo.

Al respecto, el presidente del consejo convocará a una reunión extraordinaria a los miembros permanentes de dicho consejo, así como aquellos invitados que considere pertinentes para elaborar un programa que ayude a mitigar el riesgo, asimismo determinará a los responsables de las acciones a emprender.

Artículo 25. Planificación de contingencia de riesgo.

El presidente del consejo dará conocer al pleno, los resultados del Programa de Mitigación del Riesgo de conformidad con los lineamientos que para el efecto se emitan, evaluarán la información y se emitirá un informe al respecto.

Asimismo, el informe determinará las acciones han de preverse en el programa de contingencia del riesgo que se haya presentado. Dicho programa deberá de presentarse en el plazo señalado en los lineamientos, asimismo se evaluará periódicamente y dará seguimiento a las acciones que en el mismo se señalen.

Artículo 26. Acciones a implementar en caso de amenaza.

Ante el evento de acciones o hechos que impliquen daños inminentes a la Seguridad Nacional, el Consejo será el responsable de definir las medidas contingentes del caso en los términos y procedimientos previstos en la ley.

Capítulo Segundo
De la Coordinación Federal

Artículo 27. La participación de instancias del orden federal que no formen parte del consejo, será propuesta por cualquiera de los miembros del mismo, con la aprobación del Pleno, a fin de que asistan a las sesiones que se lleven a cabo y se determine aquellas acciones que debe emprender para salvaguardar la seguridad nacional.

Asimismo, se podrá señalar la participación de dependencias y entidades que no formen parte del consejo como responsables de acciones especificas señaladas en la Agenda de riesgos y amenazas, así como en los programas de administración de riesgos que al efecto se elaboren.

Artículo 28. El consejo determinará las dependencias o entidades que no formen parte del mismo y que serán partícipes en la declaratoria de coordinación, para lo cual citará a sus titulares con el objetivo de exponerle la situación que se presenta, así como las acciones que al efecto se hayan emprendido con base en los programas de riesgo o, en su caso, para solicitarle información específica.

El titular de la dependencia convocada a integrarse en las acciones de coordinación federal o en la declaratoria de coordinación federal tendrá las mismas obligaciones que los demás integrantes del Consejo de Seguridad, durante todo el proceso en el que se requiera su participación.

Capítulo Tercero
Coordinación estatal y municipal

Artículo 29. Las entidades federativas tendrán programas de administración de riesgos, en los cuales les darán seguimiento a todos aquellos hechos o acción que consideren deba ser objeto de análisis y supervisión por parte de la Secretaría Técnica.

El Poder Ejecutivo de las entidades federativas, en caso de que lo considere necesario, podrá hacer del conocimiento del Consejo de Seguridad un informe respecto de los programas. El secretario ejecutivo será el encargado de la recepción del informe y lo hará del conocimiento del Pleno en la sesión que para el efecto se convoque. En caso de urgencia se convocará una sesión extraordinaria en un plazo no mayor de 48 horas.

El secretario ejecutivo podrá rechazar las solicitudes notoriamente improcedentes.

El Consejo de Seguridad invitará a participar en la sesión al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa que haya presentado el informe, con el objeto de analizar si de la información que se presenta se deriva una amenaza a la seguridad nacional. El informe, si fuese necesario, podrá ser presentado por el secretario de Gobierno de la entidad.

El Consejo de Seguridad, una vez analizada la información presentada por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa, podrá emitir una opinión respecto de las acciones a implementar en la materia, la cual será en conjunto con el informe, elementos que se presentarán al Congreso local para los efectos que se señalan en el artículo 24 de esta ley.

Artículo 30. Solicitud ante el Consejo de Seguridad.

I. El titular de la entidad federativa remitirá el informe y la opinión, en su caso, del Consejo de Seguridad al Congreso local o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien analizará y determinará mediante votación de mayoría calificada la procedencia de la solicitud de declaratoria de coordinación dentro de un plazo no mayor a 72 horas, el cual podrá prorrogarse por una sola ocasión a instancias de la autoridad solicitante siempre que formule petición respectiva con los elementos que justifiquen, a juicio del consejo, dicha prórroga.

II. El Congreso local o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal remitirá al titular del Ejecutivo local, la solicitud de declaratoria de procedencia para efectos de que sea presentada ante el Consejo de Seguridad.

III. Los municipios podrán realizar el mismo procedimiento en términos de la presente ley.

IV. El Consejo de Seguridad podrá rechazar la solicitud formulada en los términos que se establecen en este precepto y señalando, en su caso, alternativas para la atención del planteamiento en otras instancias o con acciones de carácter oficial, sea en el nivel federal y estatal.

Artículo 31. Procedimiento de declaratoria de coordinación. El secretario ejecutivo, una vez que reciba la solicitud de procedencia, presentará al pleno del consejo el proyecto de decreto de declaratoria de coordinación, que contendrá la propuesta de acciones a implementar, así como las autoridades responsables de ejecutarlas en términos de su competencia para salvaguardar la seguridad nacional.

El proyecto de decreto deberá establecer las razones que configuran la justificación de la declaratoria por causas graves de perturbación al orden constitucional de acuerdo con la relación de hechos sustentados que confirmen la situación de riesgo o amenaza a la seguridad nacional y que no configuren circunstancias cuya naturaleza se encuentra limitada por el artículo 34 de la presente ley.

El titular del Ejecutivo local debe coordinarse con las instancias federales en la realización de las acciones que para el efecto se requieran garantizando la actuación de las autoridades que estén bajo su mando, así como de los demás poderes estatales.

Capítulo Cuarto
De la vigencia, implementación y terminación de la declaratoria

Artículo 32. La vigencia de la declaratoria se formaliza con su aprobación por parte del consejo y el secretario ejecutivo realizará las gestiones pertinentes a fin de que publique a la brevedad el decreto tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el órgano oficial de la entidad o entidades involucradas en dicha declaratoria así como su difusión en los medios de comunicación que estime pertinentes para garantizar el más amplio conocimiento social de la situación de mérito.

Artículo 33. En el caso que el contenido de la Declaratoria establezca la disposición de fuerzas armadas y o policiales de carácter federal, el emplazamiento de las primeras estarán sujetas a los términos de las leyes aplicables, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales.

Artículo 34. Bajo ninguna circunstancia el consejo emitirá una declaratoria en los términos de esta ley cuando se trate de conflictos laborales y de aquellos cuya naturaleza se relaciones con acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o en ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, cuyas manifestaciones se expresen en los ámbitos que garantizan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.

Artículo 35. La declaratoria aprobada por el consejo no podrá ser permanente así como, en su caso, indefinido el término de la delegación de facultades por parte de las autoridades estatales.

La declaratoria que apruebe el consejo establecerá de modo indicativo un plazo inicial de vigencia en la implantación de las acciones que tiendan a controlar la situación que dio motivo a la misma y en el cual, 48 horas antes de su cumplimiento, debe reunirse a efecto de valorar el informe que presente la Secretaría Ejecutiva sobre el estado que guarda la situación así como de las recomendaciones que se someta a consideración del Consejo, entre las cuales puede figurar la extinción de la declaratoria y sus efectos o la propuesta de mantenerla en tanto se cubra otro plazo definido por el órgano colegiado pudiendo reformular el contenido de las acciones originalmente planteadas.

El procedimiento del párrafo anterior se aplicará nuevamente en tanto, a juicio del consejo, haya concluido la circunstancia de riesgo o amenaza se emita el acuerdo que establezca su conclusión, o bien, proponga al Ejecutivo federal la implementación de otras medidas constitucionales que garanticen el restablecimiento del orden y la paz públicas.

Título Tercero

Capítulo Primero
Del control legislativo

Artículo 36. Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicameral integrada por tres Senadores y tres Diputados.

La presidencia de la comisión será rotativa y recaerá alternadamente en un senador y un diputado.

Artículo 37. La comisión bicameral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Solicitar del consejo un informe general anual sobre el desarrollo de políticas, programas y acciones en materia de seguridad nacional.

II. Revisar las acciones derivadas de las declaratorias en los siguientes términos:

a) Tendrá la facultad de solicitar información al Consejo de Seguridad las veces que considere necesarias una vez concluida las declaratorias señaladas en los capítulos segundo y tercero del Título Segundo, con la finalidad de revisar que las mismas se hayan dado en términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia y que se hayan respetado los derechos humanos de la población en general;

b) Solicitará por escrito al Consejo de Seguridad que se remita un informe respecto de las acciones implementadas durante las declaratorias. Al respecto, el secretario ejecutivo, previa aprobación del pleno del Consejo de Seguridad, en un plazo que no podrá exceder de 30 días deberá entregar dicho informe;

c) Tendrá un plazo de 45 días a fin de realizar las observaciones y cuestionamientos respectivos, al Consejo de Seguridad, a fin de que dé respuesta a los mismos en el mismo plazo; y,

d) En los casos que considere necesario la comisión bicameral podrá solicitar comparecer al secretario ejecutivo para dar cuenta sobre los asuntos por los que fue requerido.

e) Una vez que se tenga la respuesta del Consejo de Seguridad, la comisión bicameral elaborará un informe que hará del conocimiento del pleno del Congreso de la Unión.

III. Solicitar informes concretos al centro, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades

IV. Conocer el proyecto anual de la agenda nacional de riesgos y emitir opinión al respecto;

V. Conocer los informes que debe rendir el secretario técnico del consejo al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del Congreso en los términos del artículo 37 de esta ley.

VI. Conocer los reportes de actividades que envíe el centro al secretario ejecutivo;

VII. Conocer los informes generales de cumplimiento de las directrices que dé por escrito el secretario ejecutivo al centro;

VIII. Conocer de los acuerdos de cooperación que establezca el centro y las acciones que realice en cumplimiento de esos acuerdos;

IX. Ordenar y supervisar la realización de las revisiones, auditorías y procedimientos que se practiquen a cualquier instancia del denominado Sistema Nacional de Inteligencia en los términos de lo establecido en el Título Cuarto de esta ley;

X. Enviar al Consejo cualquier recomendación que considere apropiada, y

XI. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales.

Artículo 38. En los meses en que inicien los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, el Secretario Técnico del consejo deberá rendir a la comisión bicameral un informe general de las actividades desarrolladas en el semestre inmediato anterior.

La comisión bicameral podrá citar al secretario técnico para que explique el contenido del informe.

Artículo 39. Los informes y documentos distintos a los que se entreguen periódicamente, sólo podrán revelar datos en casos específicos, una vez que los mismos se encuentren concluidos.

En todo caso, omitirán cualquier información cuya revelación afecte la seguridad nacional, el desempeño de las funciones del centro y cualesquier funcionario perteneciente al Sistema Nacional de Inteligencia o la privacidad de los particulares.

Sólo en caso graves que atenten contra seguridad nacional podrá solicitar información reservada.

Artículo 40. La comisión bicameral deberá resguardar y proteger la información y documentación que se le proporcione, evitando su uso indebido, sin que pueda ser difundida o referida. En caso contrario, se aplicarán las sanciones que las leyes prescriban.

Capítulo Segundo
De la Subcomisión de Inteligencia

Artículo 41. La comisión bicameral contará con una Subcomisión de Inteligencia que se formará con cuatro de sus miembros respetando la naturaleza de su distribución original en cuanto al origen de los legisladores.

Artículo 42. La Subcomisión de Inteligencia tendrá las siguientes funciones:

I. Conocer e informar a la comisión del desempeño general del Sistema de Inteligencia Nacional a partir de los reportes proporcionados por el centro;

II. Preparar el contenido de la agenda de trabajo conjunto de la Comisión con el titular del Centro;

III. Requerir con la participación del centro reportes específicos de otras instancias del Sistema Nacional de Inteligencia a fin de allegar de mayor información a la comisión bicameral sobre temas relacionados con sus responsabilidades congresionales;

IV. Implementar audiencias privadas y confidenciales en los términos que establezca la comisión bicameral a efecto de ejercer sus atribuciones de supervisión y control del Sistema de Nacional de Inteligencia.

Título Cuarto

Capítulo Primero
Del Sistema Nacional de Inteligencia y su órgano coordinador

Artículo 43. El Sistema Nacional de Inteligencia comprende al conjunto de organismos de inteligencia del Estado de orden civil y militar, los cuales operarán bajo un marco de cooperación interinstitucional con el fin de dirigir y ejecutar las actividades de inteligencia para la seguridad nacional que deriven en información necesaria para el Estado mexicano.

El objeto del Sistema Nacional de Inteligencia es contribuir en la cooperación e integración de los organismos e instancias del Estado cuyas funciones consistan en recolectar, procesar, diseminar y utilizar la información necesaria para la toma de decisiones; conformar un Sistema que garantice la eficiencia y permanencia en la operatividad de los organismos de inteligencia del Estado; delimitar la correcta ejecución de los órganos e instancias señaladas en la presente Ley en las tareas de inteligencia asegurando su operatividad dentro de la jurisdicción y competencia asignada a cada instancia de acuerdo a la normatividad aplicable; asegurar la coordinación interinstitucional y el control uniforme en el manejo de la información en la materia, y fortalecer los mecanismos de capacitación y profesionalización del personal asignado a labores en la materia.

Artículo 44. El Sistema Nacional de Inteligencia estará compuesto por:

a. El centro;

b. Las secciones y áreas especializadas de las Fuerzas Armadas, incluida la del Estado Mayor Presidencial;

c. División de Inteligencia de la Policía Federal;

d. Unidades o áreas especializadas de la Procuraduría General de la República;

e. Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

f. Unidades o áreas de inteligencia de los gobiernos estatales.

Capítulo Segundo
De la coordinación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Artículo 45. El Sistema Nacional de Inteligencia será coordinado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, cuyo titular será designado directamente por el presidente de la República y con la ratificación del Senado.

El titular del centro deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 16 de la presente ley.

Artículo 46. El centro será el encargado de organizar y coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia.

Las instancias especializadas que forman parte del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán apoyo y productos de inteligencia al centro bajo los procedimientos y protocolos establecidos para ello. Asimismo, darán cumplimiento a las directrices establecidas en la materia, siempre que se dicten en los términos del artículo 2 de esta ley, sea por determinación del centro, del consejo o de la comisión bicameral a instancias y propuesta de la Subcomisión de Inteligencia.

Las instancias gubernamentales, tanto federales como estatales y municipales, que no formen parte del Sistema Nacional de Inteligencia estarán obligadas a colaborar con los requerimientos expresos de órganos especializados de dicho sistema.

Del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional

Artículo 47. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente al titular de dicha secretaría.

Artículo 48. Son atribuciones del centro:

I. Operar tareas de inteligencia como parte del sistema de seguridad nacional que contribuyan a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad y a fortalecer el estado de derecho;

II. Establecer las estrategias y mecanismos específicos que garanticen la adecuada coordinación de actividades de inteligencia respecto de los órganos o instancias pertenecientes al Sistema Nacional de Inteligencia;

III. Ejercer la supervisión sobre los órganos e instancias de Inteligencia que dependan en forma directa, en actividades o requerimientos que hayan sido impuestos por el consejo, y controlar la gestión sobre los recursos asignados a tal fin;

IV. Procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país;

V. Preparar estudios de carácter político, económico, social y demás que se relacionen con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre los riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

VI. Proponer al Consejo de Seguridad Nacional el establecimiento de cooperación internacional con el objeto de identificar posibles riesgos y amenazas a la soberanía y a la seguridad nacional.

VII. Adquirir, administrar y desarrollar tecnología especializada para la investigación y difusión confiable de las comunicaciones del gobierno federal en materia de seguridad nacional, así como para la protección de esas comunicaciones y de la información que posea;

VIII. Operar la tecnología de comunicaciones especializadas, en cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas o en apoyo de las instancias de gobierno que le solicite el consejo;

IX. Prestar auxilio técnico a cualquiera de las instancias de gobierno representadas en el consejo, conforme a los acuerdos que se adopten en su seno, y

X. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o le señale, en el ámbito de su competencia, el consejo o el secretario ejecutivo.

Capítulo Tercero
Sobre el personal del centro

Artículo 49. Los mecanismos y las reglas para la selección, ingreso, nombramiento, capacitación, promoción y profesionalización del personal del centro, se regirán por el Estatuto Laboral que al efecto expida el presidente de la República. En éste se garantizarán los mecanismos de capacitación y promoción para la seguridad laboral, así como los estímulos requeridos para un servicio confiable, profesional y de calidad por parte del personal del centro.

Artículo 50. Todas las funciones que desempeñen los servidores públicos del centro serán consideradas de confianza y están obligados a mantener reserva de la información y de los asuntos a los que tengan acceso, por la naturaleza de sus funciones. Sólo podrán rendir testimonio por escrito.

Artículo 51. Los servidores públicos del Centro estarán sujetos a los mecanismos de control de confiabilidad que determine el Estatuto.

Título Quinto

Capítulo Único
De la información y la inteligencia

Articulo 52. Se entiende por Inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional. Dicha información sólo podrá ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de Seguridad Nacional por las instancias autorizadas.

Articulo 53. Se entiende por contrainteligencia a las medidas de protección de las instancias en contra de actos lesivos, así como las acciones orientadas a disuadir o contrarrestar su comisión.

Articulo 54. Las instancias que realicen tareas de inteligencia operarán bajo métodos de recolección de información cuyo ejercicio no coaccione y violente los derechos humanos y las garantías individuales de la población.

Bajo ningún caso podrá obtenerse, producir o almacenar información sobre personas únicamente por su origen étnico, opinión política, cultura, preferencia sexual, creencia religiosa, actividad laboral o cualquier actividad lícita.

Artículo 55. Las instancias de inteligencia no podrán intervenir en las actividades internas de los partidos políticos y organizaciones sociales, asociaciones civiles legalmente constituidas, ni en las actividades de los órganos electorales a nivel federal o de las entidades federativas.

Titulo Sexto

Capítulo Primero
De la intervención en las comunicaciones entre particulares

Artículo 56. De la solicitud. En los casos de amenaza inminente a los que se refiere el artículo 4 de esta ley, el gobierno federal podrá hacer uso de los recursos que legalmente se encuentren a su alcance, incluyendo la información anónima.

Artículo 57. De conformidad con lo dispuesto por el párrafo decimotercero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto el centro como aquellas instancias que formen parte del Sistema Nacional de Inteligencia deberán, en su caso, solicitar en los términos y supuestos previstos por la presente ley, autorización judicial para efectuar intervenciones de comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional.

Se entiende por intervención de comunicaciones entre particulares a la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro que hace una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología.

Artículo 58. La solicitud a que se refiere el artículo anterior sólo procederá cuando se esté en uno de los supuestos que se contemplan en el artículo 4 de la presente ley. En ningún otro caso podrá autorizarse al centro la intervención de comunicaciones privadas.

El Poder Judicial de la federación, de acuerdo con su ley orgánica, determinará los juzgados que deban conocer de las solicitudes que en materia de seguridad nacional se presenten para intervenir comunicaciones privadas.

Artículo 59. Los procedimientos judiciales que se instauren para autorizar las solicitudes de intervención en materia de seguridad nacional no tendrán naturaleza contenciosa y sus constancias procesales carecerán de valor probatorio en procedimientos judiciales o administrativos.

Cuando el centro coopere en las actividades de procuración de justicia, las intervenciones de comunicaciones privadas en las que se preste auxilio técnico tendrán naturaleza distinta a las reguladas por este Capítulo y se ajustarán a los requisitos y formalidades que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Capítulo Segundo

Artículo 60. Del procedimiento de intervención de comunicaciones. El procedimiento tiene carácter reservado, por lo que las solicitudes se registrarán en un libro de gobierno especial que se manejará por el personal que para tal efecto designe el juez. No se permitirá el acceso a los expedientes a persona alguna, salvo al secretario del juzgado y a quien se autorice por escrito por parte del director general del centro.

Artículo 61. La solicitud a que se refiere el artículo 56 debe contener:

I. Una descripción detallada de los hechos y situaciones que representen alguna amenaza para la seguridad nacional en los términos del artículo 5 de esta ley.

Dicha descripción omitirá datos de identificación de personas, lugares o cosas cuya difusión indebida, ponga en riesgo su seguridad o la investigación en curso.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los datos de identificación omitidos en la solicitud, serán presentados en un sobre cerrado, relacionado con la solicitud que acompaña, el cual será debidamente identificado y señalado por el juez mediante acuerdo reservado que recaiga a la solicitud. El expediente que se forma con este motivo, se manejará en sigilo y se guardará en el secreto del juzgado;

II. Las consideraciones que motivaran la solicitud, y

III. El lapso de vigencia de la autorización que se solicita.

Artículo 62. Una vez presentada la solicitud, el juez debe proporcionar acuse de recibo y emitir dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la solicitud, una resolución fundada y motivada en la que puede otorgar o negar la autorización solicitada.

En caso de negarla, el juez señalará los motivos de su negativa y los requisitos que deben cubrirse para la procedencia de ésta.

La intervención puede aplicarse a comunicaciones y emisiones privadas, realizadas por cualquier medio de transmisión, conocido o por conocerse, o entre presentes, incluyendo la grabación de imágenes privadas

Artículo 63. El juez, al emitir la resolución que autorice la medida solicitada, en todo caso deberá precisar:

I. Los datos de identificación del expediente en que se actúa;

II. El tipo de actividad que autoriza;

III. El lapso durante el cual se autoriza la medida;

IV. En caso necesario, la autorización expresa para instalar o remover cualquier instrumento o medio de intervención, y

V. Cualquier apreciación que el juez considere necesaria.

Artículo 64. El control y la ejecución de las intervenciones en materia de seguridad nacional están a cargo del centro.

El juez podrá requerir informes periódicos respecto de la ejecución de la autorización, los cuales en todo momento deberán ajustarse a las prevenciones del artículo que antecede.

Artículo 65. Los datos que se obtengan de las actividades autorizadas mediante resolución judicial será información reservada que sólo podrá conocer el director general del centro, las personas que designe el consejo y los jueces federales competentes.

Capítulo Tercero

Artículo 66. De la vigencia de la autorización judicial: Las intervenciones se autorizarán por un lapso no mayor de ciento ochenta días naturales. Como casos de excepción debidamente justificados, el juez podrá autorizar prórroga a dicho plazo, hasta por un periodo igual al de la autorización original.

Artículo 67. La solicitud de prórroga se someterá al procedimiento a que se refiere la Sección II del presente capítulo, y en ella se deberán especificar las consideraciones que justifiquen que la intervención continúa siendo necesaria para investigar una amenaza a la seguridad nacional. En la descripción de los hechos que motiven la prórroga se aplicará lo dispuesto en la fracción I del artículo 61 de esta ley.

Capítulo Cuarto

Artículo 68. De las obligaciones en la intervención de comunicaciones. El personal del juzgado referido en el artículo 61 está obligado a mantener secreto del contenido de las solicitudes y resoluciones de autorización, así como aquella información generada por la aplicación de las mismas, de la que llegaren a tener conocimiento.

Artículo 69. Las empresas que provean o presten servicios de comunicación de cualquier tipo, están obligadas a conceder todas las facilidades y acatar las resoluciones por las que se autoricen las actividades materia del presente título.

Artículo 70. Toda información que se obtenga por medio de las actividades materia del presente capítulo es parte de la información del Centro, por lo que su destino final será determinado por el consejo. Las personas que participen en las diligencias de intervención de comunicaciones, excepto el personal instruido para ello por el director general del centro, se abstendrán de obtener o guardar original o copia de la información obtenida a través de tales medidas.

Artículo 71. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a las disposiciones de este capítulo, tendrán invariablemente el carácter de reservados. Su difusión no autorizada implicará responsabilidad en los términos de la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales aplicables.

Capitulo Quinto

Artículo 72. De los casos de urgencia. En casos de excepción, cuando el cumplimiento del procedimiento establecido en la Sección II del presente Capítulo comprometa el éxito de una investigación y existan indicios de que pueda consumarse una amenaza a la Seguridad Nacional, el juez, por la urgencia, podrá autorizar de inmediato la medida que se requiera.

Título Séptimo

Capítulo primero
Derechos humanos, protección de datos, acceso a la información y transparencia

Artículo 73. La participación de los organismos constitucionales autónomos en materia de derechos humanos, será en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la legislación aplicable.

El consejo informará de las declaratorias que emita, a fin de que el organismo constitucional autónomo en materia de derechos humanos de que se trate realice un informe de las acciones necesarias a efecto de mostrar, en su caso, que no hubo vulneración o restricción en el ejercicio y salvaguarda de los derechos humanos. Dicho informe deberá tomarse en consideración en la implementación de acciones que se realicen en las diferentes declaratorias.

En caso de que las acciones que recomienden los organismos autónomos constitucionales en materia de derechos humanos no puedan llevarse a cabo por la naturaleza de las acciones para resguardar y mantener la seguridad nacional, el consejo elaborará un informe que presentará ante el Congreso de la Unión, justificando la negativa de implementación de dichas acciones.

Artículo 74. Participación de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar su solicitud de inscripción ante el Consejo de Seguridad, para ser considerados como invitados en términos de la presente ley.

El pleno del Consejo de Seguridad deberá elegir anualmente al menos a dos organizaciones que por su méritos y trabajos en materia de derechos humanos y seguridad nacional, para conformar la lista de posibles invitados a participar en las sesiones del mismo.

Las organizaciones de la sociedad civil se comprometerán a mantener la confidencialidad y reserva de los asuntos que en el se traté, a fin de preservar la seguridad nacional.

Artículo 75. Información en materia de seguridad nacional, la información que se genere en materia de seguridad nacional, será resguardada por el consejo o, en su caso, por las autoridades responsables en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 76. Solicitudes de información en materia de seguridad nacional.

El Consejo de Seguridad contará con una Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual dará atención a las solicitudes relacionadas con el tema de seguridad nacional con independencia de la entidad gubernamental a la que corresponda dar trámite a la petición.

Las unidades de transparencia de las entidades y dependencias deberán remitir la petición dentro de los dos días siguientes a la fecha en que la recibieron, a la Unidad de Transparencia del Consejo de Seguridad, asimismo deberán notificar al peticionario de dicha remisión.

La Unidad de Transparencia del Consejo de Seguridad deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Asimismo, la Unidad de Transparencia del Consejo de Seguridad deberá rendir un informe anual a la comisión bicameral a fin de que lo analice y, en su caso, realice las observaciones pertinentes a dicho informe, las cuales se hará del conocimiento del pleno del Congreso de la Unión.

Artículo 77. Fuera de los casos y condiciones previstos por esta ley, ninguna persona estará obligada a proporcionar información a los servidores públicos adscritos al centro y a cualquiera de las instancias pertenecientes al Sistema Nacional de Inteligencia.

Artículo 78. Los datos personales de los sujetos que proporcionen información al Sistema Nacional de Inteligencia serán confidenciales. Cualquier falta a esta disposición será objeto de sanción penal de acuerdo con las determinaciones legales aplicables.

Artículo 79. En ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con amenazas a la seguridad nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales.

Artículo 80. Procedencia de responsabilidades. Los servidores públicos que participen en las acciones que establece la presente ley, estarán sujetas a responsabilidad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, así como de las demás disposiciones legales correspondientes.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir del inicio de la vigencia de esta ley, se derogan la Ley de Seguridad Nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de enero de dos mil cinco, así como las disposiciones legales que la contravengan.

En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias correspondientes, continuarán aplicándose los Reglamentos y Estatuto Laboral derivados de la Ley de Seguridad Nacional que se deroga con esta ley, en lo que no se opongan al presente ordenamiento.

Tercero. El Consejo de Seguridad Nacional expedirá Reglamento de Operación Interna que menciona la presente ley en un término de 180 días naturales posteriores a la sesión de instalación del consejo en cita.

Cuarto. La sesión de instalación del Consejo de Seguridad Nacional se llevará a cabo dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley.

Quinto. El titular del Ejecutivo federal expedirá el Estatuto Laboral del centro, dentro de los nueve meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación para surtir plenos efectos.

Sexto. El Ejecutivo federal expedirá y publicará el Reglamento de esta ley, dentro de los nueve meses siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento.

Séptimo. El Ejecutivo federal establecerá las medidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Octavo. El titular del Ejecutivo Federal de conformidad con el artículo 17 de la presente ley deberá remitir al Senado dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor, su propuesta para ocupar la Secretaría Ejecutiva.

Noveno. El Poder Judicial de la federación determinará los juzgados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 61, dentro de los 45 días siguientes a entrada en vigor de la presente ley.

Notas

1 Arias Sergio y Falcon Eduardo, Incompatibilidades de la minuta de la Ley de Seguridad Nacional con la Constitución General de la República , Coordinación de Seguridad Publica y Procuración de Justicia, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. LXI Legislatura, página 4, 2010.

2 Tirado Erubiel, Borrador de Nueva Ley de Seguridad Nacional, 2010.

Unzueta Victoria, Nota informativa propuesta Ley de Seguridad Nacional , 2010.

3 Habermas Jürgen, “Perfiles filosóficos-políticos”, Taurus, Madrid, España.

4 Bovero Michel, “¿Cuál libertad?, Océano, página 71, 2010.

5 La denominada Doctrina de la Seguridad Nacional, se inscribió en el contexto del conflicto que enfrentaba a los países centrales del sistema capitalista, liderados por los Estados Unidos, con los países ligados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

7 Aguayo Sergio, En busca de la Seguridad Perdida , Siglo Veintiuno, México, DF, 2002, página 109.

8 De la Madrid, Miguel, Plan de Desarrollo Nacional 1983-1988.

Informe “Nuevas dimensiones de la seguridad humana” ,1994), PNUD.

9 Jackobs, Gunther: Derecho Penal, Parte General: Fundamentos y teorías de la imputación . Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, SA, Madrid, 1995.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal ,a 24 de marzo de 2011

Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Teresa Incháustegui Romero, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica).