Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde lo necesario a fin de avalar y someter a consideración del pleno la petición de organizaciones campesinas nacionales para instalar una mesa de trabajo donde se discutan y convengan medidas que enfrenten la urgencia alimentaria del país, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamenatrios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que diversas organizaciones campesinas nacionales 1 han solicitado a esta Cámara de Diputados, que se instale una mesa de trabajo donde se discuta y acuerde lo necesario para enfrentar la emergencia alimentaria del país.
2. Que la Mesa de Trabajo, se plantea sea integrada por legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por los titulares de las dependencias federales y por las propias organizaciones campesinas nacionales.
3. Que para sustentar la petición anterior, se expresan una serie de elementos que caracterizan la situación de emergencia alimentaria por la que actualmente atraviesa el país, de donde se destaca lo siguiente:
a) Los cambios climáticos que han afectado recientemente al país, manifestados en las lluvias atípicas del año 2010 en el sur y sureste y las heladas en el norte y noroeste en el 2011. Esta circunstancia ha implicado en este año, el siniestro de alrededor de un millón de hectáreas, cerca del 70 por ciento con daño total y el resto de manera parcial, lo que significa sólo en maíz, la pérdida de alrededor de 5 millones de toneladas, de los 7 millones correspondiente al ciclo otoño-invierno.
b) Los aumentos de los alimentos en el mercado internacional, cuyo incremento, en relación al año anterior, es del orden del 32 por ciento, de acuerdo a la FAO y el Banco Mundial. Este fenómeno se explica básicamente por la reducción a nivel mundial de la producción agrícola, debido al cambio climático y a la creciente utilización de maíz para producir etanol por parte de Estados Unidos de América, EUA. Los escenarios indican que habrá menos disponibilidad de granos básicos y que se seguirán incrementado los precios.
c) Que la política de importación de alimentos y la cesión de soberanía alimentaria a las corporaciones nacionales, es contraria al interés nacional y atenta contra la seguridad nacional. Un solo dato ejemplifica esta circunstancia: el valor total de las importaciones de alimentos de EUA en 2010, es semejante al presupuesto actual asignado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentables, PEC.
d) Que la dependencia alimentaria se ha agudizado, siendo su expresión más dramática, que del total de los alimentos consumidos en el país, 42 por ciento proviene del extranjero, particularmente de EUA.
e) Que la pobreza extrema en el campo, representa alrededor del 70 por ciento de la población con pobreza alimentaria en el país. Cabe destacar que en este segmento de población se encuentran los jornaleros agrícolas, cuyos derechos laborales son violentados sistemáticamente, y subrayar además que la mano de obra infantil es explotada en condiciones semejantes.
f) Que el conjunto de factores enunciados se correlacionan estrechamente, provocando una situación de emergencia en la coyuntura actual, pero que constituyen las causas de fondo que han incrementado la pobreza extrema rural, la dependencia alimentaria del país, el creciente control de los procesos agro-alimentarios estratégicos por un pequeño conjunto de transnacionales, y en general han influido directamente en la disminución de las condiciones de vida de la población, en particular de la clase trabajadora.
g) Que los elementos citados en el inciso anterior, son el resultado de una política económica que ha marginado de sus propósitos, a los pequeños y medianos productores campesinos, que ha privilegiado los cultivos de exportación concentrados en un reducido número de productores capitalizados y ha preferido importar los alimentos básicos de la dieta nacional, en lugar de apoyar su producción nacional, lo que ha ido en menoscabo de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.
h) Que lo mencionado, implica la imperiosa necesidad de redireccionar el modelo alimentario nacional actual, mediante una política que privilegie la producción nacional y que ésta sea el sustento de la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.
Con base en las consideraciones previas, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero.
Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, para que participe en la Mesa de Trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y de las Organizaciones Campesinas Nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Segundo.
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que los titulares de las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, participen en la mesa de trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo federal y de las organizaciones campesinas nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Tercero.
I. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones conforme un Consejo Regulador Federal de la cadena productiva maíz-tortilla tradicional de nixtamal que planee, organice, controle y vincule a todos los agentes que interviene en la cadena productiva.
II. Que se integren a los productores de maíz directamente con los productores de masa, a través de la agricultura por contrato.
III. Se crea un fideicomiso entre los productores de la cadena maíz-tortilla tradicional de nixtamal con el gobierno federal, a fin de implementar un subsidio directo y focalizado a la población mas pobre, para la tortilla de nixtamal.
IV. Se implanten –de manera urgente– mecanismos para crear una reserva estratégica de maíz blanco.
V. Se formule la creación de una norma oficial mexicana (NOM) sobre las dos clases de tortilla en el mercado: la tortilla tradicional de nixtamal y la tortilla de harina de maíz, donde se especifiquen las características óptimas nutricionales, de salud e higiene, entre otras.
Notas
1 Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Central Campesina Cardenista, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Confederación Nacional Campesina, Central Campesina Independiente, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central de Organizaciones Campesinas y Populares y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de marzo de 2011.
Diputados: José Luis Jaime Correa, José Ramón Martel López, Emiliano Velázquez Esquivel, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Víctor Manuel Castro Cosío, César Francisco Burelo Burelo, Rigoberto Salgado Vázquez, Florentina Rosario Morales, José María Valencia Barajas, Pavel Díaz Suárez, Luciano Cornejo Barrera, Domingo Rodríguez Martell, Olga Luz Espinosa Morales, María Florentina Oceguera Silva, Silvia Puppo Gastélum, Ramón Jiménez Fuentes, Samuel Herrera Chávez, Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Sergio Lobato García, Julián Nazar Morales, José Alberto González Morales, Ricardo Urzua Rivera, María Isabel Merlo Talavera, Sofía Castro Ríos, Blanco Roberto Pérez de Alva, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Adriana Terrazas Porras, Teófilo Manuel García Corpus, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Joel González Díaz, Héctor Pedroza Jiménez, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Manuel Agüero Tovar, Francisco José Rojas Gutiérrez, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Rigoberto Salgado Vázquez, Ramón Ramírez Valtierra, Héctor Pedraza Jiménez, Antonio Benítez Lucho, José Luis Álvarez Martínez, José María Torres Robledo, Federico Ovalle Vaquera, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Leticia Quezada Contreras, Agustín Guerrero Castillo, Israel Madrigal Ceja, Indira Vizcaíno Silva, María Dina Herrera Soto, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Francisco Hernández Juárez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a cumplir el último párrafo del artículo 1o. constitucional, que prohíbe todo tipo de discriminación; y a vigilar la observancia de la Ley Federal del Trabajo para evitar en el ámbito laboral la discriminación por motivos de edad, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, 62, numeral 2, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el de la voz, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, diputado federal por el estado de Sonora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El trabajo es entendido como cualquier actividad realizada por el ser humano destinada a transformar, crear o producir algo nuevo y que se realiza en contraprestación a una remuneración.
El trabajo es un derecho fundamental, en el ámbito internacional se le ha dado amplia protección mediante diversas convenciones internacionales entre las que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y el Convenio número 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales México ha suscrito. Entre las principales obligaciones establecidas en estos documentos internacionales se encuentra la prohibición de discriminar por motivos de edad.
En el plano nacional y en concordancia con los documentos ratificados por nuestro país en esta materia, nuestra Carta Magna en su artículo 1o prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En el mismo sentido, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3o. establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Asimismo, no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.
En virtud de lo anteriormente expuesto, no nos explicamos por qué en nuestro país se observa una enorme discriminación al ejercer el derecho al trabajo. La realidad es que existe un gran índice de discriminación por origen étnico, por preferencias sexuales, por religión, por discapacidades, por opiniones, por doctrina política y por condición social entre otros.
En esta ocasión llamamos la atención de esta Honorable Cámara para coadyuvar a evitar la discriminación al trabajo por motivos de edad. Es práctica común encontrar que una de las principales limitantes observadas en la mayoría de las ofertas laborales es el requisito de tener entre 18 y 35 años, independientemente del tipo de trabajo o actividad que vayan a desarrollar y sus requerimientos específicos.
Aún cuando se considera este intervalo de edad para una posible contratación, las estadísticas sobre empleo nos muestran una situación diferente al poner en evidencia que millones de jóvenes son discriminados al solicitar un empleo por motivos de edad, lo que genera un enorme problema al país al contar con alrededor de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Ante la falta de oportunidades generada por la situación que atraviesa nuestro país, estos jóvenes enfrentan una grave situación de vulnerabilidad, a grado tal, que muchos de ellos se han visto empujados a engrosar el ya amplio sector del crimen organizado.
Por otra parte, nos encontramos con un gran número de mexicanos que rebasan los 35 años, mexicanos en plenitud laboral, o adultos mayores que dada la crisis económica han sido desplazados hacia la desocupación; es decir, gente con experiencia, incluso con capacitación de anteriores empleos cuyas capacidades no son aprovechadas por los empleadores, debido a criterios discriminatorios por motivos de edad.
En aras de la productividad, muchas de las empresas mexicanas no contratan a gente mayor de edad, porque el tiempo laboral efectivo a su jubilación será menor.
En este sentido, Carlos Odriozola, catedrático de postgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, en su artículo “La muerte laboral comienza a los 35 años” publicado el 22 de febrero de 2010 en CNNExpansión.com sostiene que: “Si tienes más de 35 años de edad y no cuentas con un trabajo digno es muy posible que no lo puedas encontrar en México, pues estás siendo víctima de una de las formas más comunes y graves de discriminación laboral que existen en nuestro país”.
Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 1 reportó que al segundo trimestre de 2010 la tasa de participación económica de los adultos mayores es de 39.3 por ciento. Conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el segundo trimestre de 2010, dos de cada cinco adultos mayores están insertados en el mercado laboral o buscan trabajo; esta proporción es la más alta en los últimos seis años
Se estima que el porcentaje de personas de 60 años o más en todo el mundo pasará de 10 a 22 por ciento entre el año 2000 y 2050, tiempo en que se prevé que la proporción de adultos mayores igualará la de niños de 0 a 14 años, lo que constituirá un precedente en la historia de la humanidad, pues por primera vez, los jóvenes y los viejos representarán la misma proporción demográfica. 2
Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de evitar la discriminación laboral por edad, acudimos para presentar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 1o de la Constitución General de la República, que prohíbe todo tipo de discriminación. Asimismo vigile el estricto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, a fin de evitar que cualquier individuo sea discriminado por motivos de edad en el trabajo.
Segundo. Se exhorta al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que de acuerdo con sus atribuciones garantice el derecho de todos los individuos residentes en territorio nacional a no ser discriminados por motivo de edad en los procesos de contratación.
Notas
1 http://www.inegi.org.mx/lib/olap/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regres o&c=10828
Consultado el 4-03-11
2 Fuente: Kofi, Annan, secretario general de las Naciones Unidas. Discurso inaugural con motivo del Año Internacional de las Personas de Edad, el 1 de octubre de 1998. Copyright ONU-División de Políticas Sociales y Desarrollo. Versión en español: Centro de Información de las Naciones Unidas para España.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2011.
Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a asignar mayores recursos al Programa de Subsidio a la Vivienda con cargo al PEF de 2011 para apoyar el acceso a la banda ancha en los hogares, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González, del Grupo Parlamentario del PVEM
Rodrigo Pérez-Alonso González, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en la fracción I del artículo 6 y fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las sociedades modernas se han transformado conforme las tecnologías evolucionan y la información se vuelve una herramienta de poder. Nuestro país no puede abstraerse de la realidad mundial de los países más desarrollados del orbe, en donde el acceso a los medios masivos de comunicación ha dejado de circunscribirse, desde hace un par de décadas, exclusivamente a los medios de comunicación tradicionales. El acceso a internet, en conjunto con sus herramientas de comunicación como el correo electrónico, los chats, las redes sociales y los servicios financieros, cambian los paradigmas de interacción social y nos trasladan a estadios más eficientes de convivencia con grandes ventajas en el desarrollo sociocultural y económico, insertándonos en la globalidad.
Esta realidad no es ajena a todos. Existen grandes desigualdades en este ámbito entre los que tienen acceso a estas tecnologías, y cuentan con sus beneficios y los que no. Eso es a lo que llamamos la brecha digital, la división entre quienes tienen acceso al nuevo mundo de las redes digitales de información y quienes no lo tienen.
El internet de banda ancha es una tecnología de propósito general que afecta significativamente la forma en la que la gente vive y trabaja. Es un impulsor clave del crecimiento económico y la competitividad nacional 1 , y pueden contribuir al desarrollo social y cultural. Sin embargo la nueva era digital divide no sólo a los países de altos ingresos, que son líderes de banda ancha, de los países de ingresos medianos y bajos que están rezagados de la banda ancha. Divide también el trabajo en los países y comunidades, separando a quienes pueden utilizar la banda ancha de aquellos que no pueden. Países, comunidades, empresas y personas que no tienen acceso a banda ancha pueden pasar por alto las oportunidades económicas y sociales que ésta ofrece. Las ciudades con internet de banda ancha atraen mayor número de empresas de servicios y así crean más puestos de trabajo que sus contrapartes 2 . Las comunidades también se benefician de un acceso a Internet más rápido: sus habitantes mejoran las oportunidades reales y virtuales para comunicarse entre sí y con los servicios de gobierno, así como con los funcionarios públicos3.
En el último año, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Portugal y Finlandia han adoptado medidas para ampliar el acceso de banda ancha y para reforzar las velocidades de conexión en sus paquetes de estímulo económico planificado. Por su parte Australia, Francia, Irlanda, Japón, Singapur y la República de Corea han anunciado planes de banda ancha independientes 3 .
La mayoría de esos planes intentan acelerar los vínculos existentes para construir redes de próxima generación con mayor rapidez en líneas fijas e inalámbricas. Otro objetivo común consiste en ampliar las conexiones de banda ancha a las zonas rurales donde aún no están disponibles en este momento, en algunos casos considerando la banda como un servicio universal.
No es casualidad que muchos de los paquetes de estímulo en los países mencionados tengan un enfoque en la creación de redes de banda ancha. En respuesta a la crisis financiera, los gastos de infraestructura pueden desempeñar un papel importante como un estímulo fiscal por ayudar a crear nuevos puestos de trabajo. En particular, nuevos proyectos de inversión de infraestructura de banda ancha pueden iniciarse de forma relativamente rápida, son intensivos en mano de obra y por lo tanto tienen considerable potencial en la generación de empleos en el corto plazo. Algunas estimaciones predicen que un estímulo de 5 millones de dólares crearía casi cien mil nuevos puestos de trabajo directamente en el corto plazo, y casi 2,5 millones de puestos de trabajo como efectos de la red 5 .Otros advierten casi quinientos mil puestos de trabajo conservado o creado directamente bajo una subvención de banda ancha de 10 millones de dólares 6 . Alemania, Irlanda, República de Corea, España y Estados Unidos mencionan específicamente la creación de puestos de trabajo en sus planes de banda ancha.
En México, existen 7.4 millones de hogares con computadora, lo que representa apenas 26.8 por ciento del total de hogares. Por otra parte, el número de hogares con acceso a Internet es de poco más de 5.1 millones de hogares en 2009, lo que representa 18.4 por ciento del total de hogares.
La tarea de cerrar la brecha digital en un país como México, con más de 50 millones de pobres y 6 millones de analfabetas, parece inmensa y casi inabordable. Sin embargo, la tarea se vuelve más digna de llevarse a cabo si se tiene en cuenta que en los países más desarrollados el término de analfabetismo ha ido cambiando, de manera que el analfabeta es aquel que, en efecto sabe leer y escribir, pero no sabe usar una computadora.
Existen esfuerzos por parte del sector privado que buscan influir en la disminución de la brecha digital en nuestro país, pero que deben respaldarse desde las instituciones públicas.
Una de las maneras en que se pueden implementar políticas públicas que promuevan la inversión en este tipo de infraestructura es montándose en programas de infraestructura aprobados ya en los esquemas de política gubernamental. De esta manera se minimiza la inversión, aumentándola marginalmente, aplicando más recursos a implementaciones incipientes y, en cierto sentido, experimentales, cuya finalidad sea la medición de dicha implementación muestral, para la evaluación de la nueva política pública y posterior análisis para implantarla de modo general.
Es así que en los programas de otorgamiento de viviendas del gobierno federal, como los realizados a través de los organismos nacionales de vivienda, mediante los cuales se da acceso a los trabajadores a un patrimonio, es factible montar una política pública de acceso a la era digital con la simple provisión de infraestructura básica y un nodo de Internet.
El objetivo es otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos, a través de un subsidio federal, para adquirir una vivienda e impulsar el avance digital en el marco del Desarrollo Humano Sustentable establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Vivienda conforme a lo establecido en los artículos 47, 54, 61, 62, 63 y 64 de la Ley de Vivienda:
Artículo 47. Los instrumentos y apoyos en materia de financiamiento para la realización de las acciones de vivienda serán el crédito, los subsidios que para tal efecto destinen el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como el ahorro de los particulares y otras aportaciones de los sectores público, social y privado...
Artículo 54. (...)
Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 61. Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el gobierno federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.
La Secretaría de Desarrollo Social deberá elaborar anualmente, una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.
Para la estimación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá considerar el rezago habitacional, las necesidades de vivienda, la condición de pobreza de los hogares, así como el grado de marginación de la comunidad rural o urbana, entre otros.
Dicha estimación se presentará conjuntamente con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que el Ejecutivo federal remita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quién deberá considerarla para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, tomando en cuenta los compromisos que, en su caso, deriven de los programas que se realicen en cumplimiento a lo dispuesto por el presente ordenamiento.
Artículo 62. Los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se sujetarán a lo que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Para el otorgamiento de los subsidios, las dependencias y entidades competentes deberán observar los siguientes criterios:
I. Atender a la población en situación de pobreza;
II. Los montos de los subsidios deberán diferenciarse según los niveles de ingreso de sus destinatarios, dando atención preferente a las familias con los más bajos ingresos;
III. Los subsidios deberán ser objetivos, identificarse y cuantificarse claramente, estableciendo los requisitos y criterios de selección que deben satisfacer los destinatarios;
IV. Los subsidios deberán ser establecidos con equidad, tanto para los hogares beneficiarios, como para las regiones, entidades federativas y municipios;
V. Los montos y procedimientos de asignación de los subsidios deberán ser transparentes, y establecer con claridad la temporalidad y responsables de su ejercicio, control y seguimiento, y
VI. Para distribuir los subsidios entre las entidades federativas, los municipios y los hogares a beneficiar, se deberán tomar en consideración las condiciones de rezago, necesidades habitacionales, modalidades de atención y el grado de marginación o pobreza, entre otros.
Artículo 63. Para garantizar la aplicación de los principios de equidad e inclusión social en el acceso a los subsidios, el gobierno federal elaborará reglas para su distribución atendiendo lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley.
Artículo 64. Las instancias que otorguen subsidios federales en materia de vivienda, deberán proporcionar la información de los beneficiarios a la comisión, quien la remitirá a la Secretaría de Desarrollo Social para su integración en el padrón único de beneficiarios previsto en la Ley General de Desarrollo Social.
Este proyecto concuerda plenamente con los objetivos que el gobierno tiene planteados dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) tales como el estímulo a sectores estratégicos para el crecimiento y desarrollo del país. El proyecto pretende crear la sinergia entre la industria de las telecomunicaciones, los servicios digitales de Internet, las instituciones de apoyo a la vivienda y los objetivos y estrategias del gobierno federal con el fin de promover el uso de las tecnologías de información para lograr el mejoramiento de la vivienda, específicamente los objetivos 11, 14 y 17 del PND:
Objetivo 11:
Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.
Estrategia 11.1: fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación desde el nivel de educación básica.
Estrategia 11.3: apoyar el desarrollo de conectividad en escuelas, bibliotecas y hogares.
Objetivo 14:
Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo...
Estrategia 14.2: promover la adhesión de actores en todos los niveles de gobierno y de la sociedad para el diseño y desarrollo de estrategias que faciliten el uso de las tecnologías de información y comunicación.
Estrategia 14.3: promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de conectividad que permita alcanzar una penetración superior a 60 por ciento de la población, consolidando el uso de la tecnología de los servicios en cualquier lugar, desarrollando contenidos de interés y de alto impacto para la población.
Estrategia 14.5: proponer esquemas de financiamiento y autosustentabilidad para fomentar la aplicación y desarrollo de proyectos en el uso de las tecnologías de la información y su continuidad operativa.
Estrategia 14.6: desarrollar mecanismos y las condiciones necesarias a fin de incentivar una mayor inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Objetivo 17:
Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.
Estrategia 17.2: ampliar la cobertura de atención y las opciones de financiamiento a la vivienda y construcción.
Estrategia 17.7: promover el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar vivienda progresiva y la producción social de vivienda, mediante nuevas alternativas de productos financieros y apoyos para la población de menores ingresos.
De esta manera, no sólo debe ser una prioridad, sino un compromiso y un deber para el gobierno federal, el destino y etiquetamiento de los recursos necesarios para impulsar este tipo de políticas públicas para los ciudadanos mexicanos.
Con mayores recursos para el Programa de Subsidio a la Vivienda, los organismos nacionales de vivienda serán capaces de poner en marcha programas similares a hipotecas verdes, pero con la finalidad de impulsar, en el sector residencial de México, el aprovechamiento de la conexión de banda ancha, a través del fortalecimiento de las acciones y mecanismos actualmente en operación y del diseño e implementación de esquemas nuevos e innovadores que lleven a este objetivo.
Para lograr lo anterior se propone exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal para que se asignen los recursos suficientes del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para que los organismos nacionales de vivienda, puedan operar y cumplir con el objeto, funciones y atribuciones mencionadas.
Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción I del artículo 6 y fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, para que se asignen mayores recursos para el Programa de Subsidio a la Vivienda, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con el propósito de dotar recursos suficientes a los organismos nacionales de vivienda para que tengan la capacidad de poner en marcha programas que promuevan el acceso a la banda ancha en los hogares.
Notas
1. OECD, Broadband and the Economy, Ministerial background report prepared for the OECD Ministerial Meeting on the Future of the Internet Economy, Seul, 17-18 enero 2009, disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/62/7/40781696.pdf
2. Forbes.com, America’s Most Wired Cities, january 2008, http://www.forbes.com/2008/01/09/wired-cities-wifi-tech-wireless-cx_ew_ 0110wired.html
3. Yongsoo Kim, Tim Kelly, and Siddhartha Raja. Building broadband: Strategies and policies for the developing world. Global Information and Communication Technologies (GICT) Department. World Bank enero 2010
4. Christine Zhen-Wei Qiang. Broadband Infrastructure Investment in Stimulus Packages: Relevance for Developing Countries.
5. Communications Workers of America. 2008. Proposals to Stimulate Broadband Investment. Letter to the House Speaker and Senate Majority Leader, 9 december 2008.
6. Atkinson, R., D. Castro and S. Ezell. 2009. The Digital Road to Recovery: A Stimulus Plan to Create Jobs, Boost Productivity and Revitalize America. Report by the Information Technology and Innovation Foundation, 7 january 2009. http://www.itif.org
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2011.
Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el decreto de la figura jurídica que respalde el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia, como una institución de educación superior; y al titular de la SEP, a emprender al respecto acciones para apoyar la labor del Ejecutivo, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Cora Cecilia Pinedo Alonso diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a emitir el decreto de creación de la figura jurídica que respalde el programa Educación Superior Abierta y a Distancia como una Institución de Educación Superior; y al Titular de la Secretaria de Educación Pública a que, de acuerdo a sus competencias, emprenda al respecto, las acciones correspondientes para apoyar la labor del ejecutivo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 señala, como su objetivo 3.6, la necesidad de “Impulsar la educación abierta y a distancia con criterios y estándares de calidad e innovación permanentes, con especial énfasis en la atención de regiones y grupos que carecen de acceso a servicios escolarizados”. Al respecto, señala como línea de acción: “Crear la Universidad Abierta y a Distancia para responder a la demanda de educación superior”.
2. La educación abierta y a distancia permite a todas luces incrementar la cobertura educativa. Pese a que en el nivel de educación superior los esfuerzos al respecto han sido plausibles, el 29.1 por ciento de cobertura que tenemos mucho nos aleja de países como Argentina, Chile, Estados Unidos, entre otros.
3. El programa Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD) pretende satisfacer las necesidades de educación superior de diferentes grupos de personas que, por circunstancias personales o sociales, no pueden acceder a la educación presencial.
4. El programa ESAD privilegia la oferta educativa pertinente y basada en las necesidades del mercado laboral: cuenta con 6 carreras de ingeniería, 6 de licenciatura y una de Técnico Superior Universitario.
5. Cuenta con 134 centros de acceso y apoyo universitario (CAAU) en todo el país, lo que garantiza que los alumnos tengan instalaciones para el uso de equipo de cómputo e Internet y asesorías personalizadas. Para finales de 2010 se estima contar con 120 centros más. En los CAAU se involucra a otros subsistemas de educación superior como el de los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas y las politécnicas.
6. El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, señaló a finales de 2010 que el programa contaba hasta el momento con una inversión de 250 millones de pesos.
7. El programa inició con un periodo llamado “propedéutico” en el que impartieron clase un total de 864 tutores (o docentes). En este proceso se evaluaron y seleccionaron los alumnos para la primera generación.
8. La primera generación del programa ESAD arrancó su primer cuatrimestre el 4 de junio de 2010 con poco más de 5 mil alumnos. De éstos, el 50 por ciento tiene entre 24 y 35 años, 6 de cada 10 son hombres, más del 40 por ciento vive en el Distrito Federal y su área metropolitana y 31.1 por ciento ya cuenta con estudios superiores inconclusos.
9. La segunda generación iniciará clases el 29 de noviembre del presente año. Con ello, se suman a esta oferta educativa un total de 40 mil alumnos más, que son apoyados en su educación por sus tutores y facilitadores.
10. De estos 40 mil nuevos ingresos al programa, el titular de la Secretaria de Educación Pública anunció que se reservaría al menos mil lugares a mexicanos que radican en el exterior y que no cuentan con recursos económicos para sufragar los costos de sus estudios superiores.
11. En diciembre de 2010, se llevó a cabo el vigésimo noveno Encuentro Internacional de Educación a Distancia. En dicho evento, el subsecretario de Educación Superior, señaló que “en 15 años la educación a distancia alcanzará tal cobertura, que una cuarta parte de los estudiantes que cursan universidad, lo harán a través de Internet”. Además de ello, destacó que actualmente “1 de cada 12 estudiantes opta por una de las diferentes modalidades de educación a distancia”.
12. Sin duda, el programa ESAD es una gran apuesta y debemos impulsar cualquier acción que garantice su permanencia a través del tiempo. No es menor que en la reciente Conferencia Mundial para la Educación Superior de la UNESCO, celebrada en 2009, se haya señalado que: “Los eventos de la década pasada ponen en evidencia que la Educación Superior y la Investigación contribuyen a la erradicación de la pobreza, al desarrollo sustentable y al progreso en el alcance de las metas de desarrollo consensuadas en el ámbito internacional, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Educación Para Todos; por lo que la agenda educativa mundial deberá reflejar estas realidades”.
Es así que se hace necesario abordar este nivel educativo desde la educación abierta y a distancia, incorporando las tecnologías de la información y la comunicación; con lo que se hará frente a la creciente demanda.
13. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, exhortamos a las autoridades competentes a que se garanticen que proyectos como el del programa ESAD formen, de manera oficial, parte de la oferta educativa de nivel superior que responde a las actuales necesidades y condiciones de la sociedad mexicana.
14. No permitamos un proyecto tan ambicioso y que muestra éxito en su etapa inicial resulte en el mediano plazo un “fraude” para quienes han confiado en él como única opción educativa.
15. No esperemos a que el proyecto al que se han comprometido miles de estudiantes y docentes, al que se le han invertido grandes recursos económicos y humanos, sea marginado al final del sexenio: Garanticemos certeza a las generaciones que actualmente están inscritas en este programa, y brindemos condiciones idóneas para que las generaciones venideras accedan a una IES y no a un Programa.
16. En Nueva Alianza, y apostamos porque en el resto de los grupos parlamentarios sea así; estamos a favor de cualquier modelo educativo que se caracterice por la vanguardia, innovación, aprovechamiento de los medios y las tecnologías de la información y la comunicación, en beneficio de todos aquellos mexicanos que deseen continuar sus estudios de nivel superior.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, sometemos a consideración de esta soberanía al siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Exhortamos al titular del Ejecutivo federal a emitir con la mayor brevedad el decreto de creación de la figura jurídica que respalde al programa Educación Superior Abierta y a Distancia como una Institución de Educación Superior, considerando en el mismo la situación de los docentes que conforman el programa, la forma en que se avalarán los títulos que obtendrán los alumnos al finalizar su formación y su incorporación al sistema de educación superior como un subsistema más.
Segundo. Exhortamos al titular de la Secretaría de Educación Pública a que, de acuerdo con sus competencias, emprenda las acciones correspondientes para que el titular del Ejecutivo federal cuente con la información y condiciones necesarias que le permitan emitir el decreto de creación de la figura jurídica que respalde al programa Educación Superior Abierta y a Distancia como una institución de educación superior que forme parte del sistema de educación superior.
Tercero. Se informe a esta soberanía los resultados obtenidos.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 24 de marzo de 2011.
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la CFE a enviar a esta soberanía un informe pormenorizado de las medidas de seguridad de la nucleoeléctrica de Laguna Verde; y a los tres niveles de gobierno, a contar con un programa de desalojo y protección de civiles en caso de accidente en la planta, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Gerardo del Mazo Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a enviar a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las medidas de seguridad con las que cuenta la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el pasado viernes 11 de marzo Japón sufrió un trágico sismo de 8.9 puntos en escala de Richter lo cual derivo en un maremoto que azotó las costas de este país dejando enormes daños.
2. Que una de las más graves consecuencias de estos dos desastres naturales en Japón, son los daños estructurales en la planta nuclear de Fukushima, lo que ha provocado una alerta mundial por la posible fuga radioactiva.
3. Aunque al 21 de marzo del presente el periódico universal publicó una nota donde un asesor de la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo: “entre los aspectos positivos está el descenso significativo” de la temperatura en los depósitos de combustible nuclear usado de la central, después de las operaciones de rociado de agua de las últimas horas.
4. Es preciso mencionar que en México contamos con una planta nucleoeléctrica ubicada en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios en el estado de Veracruz denominada “Central Nuclear Laguna Verde”. Esta planta cuenta con dos reactores los cuales cumplen con la finalidad de creación de energía eléctrica a través de un procedimiento de fisión. Es necesaria la vigilancia de dicha planta para poder prevenir y evitar catástrofes como la que está viviendo Japón en estos momentos.
5. Que el pasado 16 de marzo del presente año se realizo una visita a la ya mencionada planta nucleoeléctrica por parte del Gobernador de Veracruz en compañía del Secretario de Energía Federal y del Director General y Director General Adjunto del la Compañía Federal de Electricidad.
6. El periódico El Dictamen de Veracruz publicó en su ejemplar del 16 de marzo que “El gobernador Javier Duarte de Ochoa aseguró que la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde opera con todas las condiciones de seguridad y que los veracruzanos pueden estar tranquilos”.
7. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos indispensable conocer las medidas de seguridad de la planta nucleoeléctrica, para lograr obtener una cultura de prevención de desastres ambientales que a su vez afectan directamente a los seres humanos. Es importante vigilar y mantener las más altas medidas de seguridad así como planes de atención inmediata contra cualquier tipo de problemática ya sea causada por un desastre natural o por un error humano dentro de la planta nucleoeléctrica, por lo cual se solicita un informe detallado, con la finalidad de que todos los mexicanos conozcamos la situación en la que se encuentra la planta Laguna Verde.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la comisión federal de electricidad a enviar un informe pormenorizado a esta soberanía de las medidas de seguridad con las que cuenta la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde en el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios del estado de Veracruz.
Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Veracruz, al presidente municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y la Secretaría de Gobernación a diseñar y dar difusión al programa de emergencia, evacuación y protección de la población civil en riesgo, ante un eventual accidente en la nucleoeléctrica Laguna Verde.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 24 de marzo de 2011.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a instruir lo necesario para que las casetas de peaje sean sometidas a un proceso de modernización que mejore la eficiencia de su operación, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Gerardo del Mazo Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a instruir lo necesario, en uso de las atribuciones que la ley le confiere, a efecto de que las casetas de peaje instaladas en las carreteras del país sean sometidas a un proceso de modernización que mejore la eficiencia en su operación, y cumplan el objetivo permanente de beneficiar a los usuarios, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el costo relativamente alto del peaje no guarda congruencia con la calidad del servicio que se presta, ya que el usuario enfrenta incomodidades y trastornos, no sólo en el servicio mismo de la operación de las casetas sino en las condiciones de conservación y mantenimiento de las carreteras;
2. Que no todas las casetas están equipadas para recibir el pago mediante tarjetas de crédito, lo cual provoca trastornos a los usuarios, pues muchos de ellos pueden no contar en ese momento con efectivo al estar confiados en la modernidad de los sistemas de cobro;
3. Que la señalización debe estar en permanente revisión, de manera que contribuya a evitar accidentes de tránsito. Ha sucedido que por necesidades del intenso tráfico, se dispone la utilización de las casetas del contraflujo, y por una señalización deficiente el conductor de algún vehículo se desplaza por el carril contrario, con graves consecuencias;
4. Que las medidas de seguridad deben profundizarse, a fin de cuidar la integridad de los usuarios, procurándoles en lo posible condiciones de tranquilidad en sus traslados. Independientemente del costo del peaje, es una demanda muy sentida de los usuarios contar con seguridad hacia ellos, sus familias y sus pertenencias;
5. Que debe aumentarse la presencia de personal que auxilie a los conductores en el uso de los carriles para arribar a la zona de las casetas, sobre todo en tiempos de mayor aforo vehicular. En las largas filas de los vehículos, los conductores sólo respetan los carriles del paso con la tarjeta IAVE cuando ya se está prácticamente al alcance de la caseta; y
6. Que el proceso de modernización de las carreteras debe ser permanente, pues el mejoramiento de la eficiencia en el servicio cumplirá el propósito de ofrecer mayor economía, comodidad y seguridad a los usuarios.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a instruir lo necesario, en uso de las atribuciones que la ley le confiere, a efecto de que las casetas de peaje instaladas en las carreteras del país sean sometidas a un proceso de modernización, que mejore la eficiencia en su operación, y cumplan el objetivo permanente de beneficiar a los usuarios.
Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 24 de marzo de 2011.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero a emprender gestiones para dar reconocimiento oficial a la Universidad Intercultural del Sur, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Elsa María Martínez Peña, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. La educación intercultural garantiza la igualdad en el acceso a las oportunidades de desarrollo a aquellas comunidades y población cuya lengua materna no es el español. De igual forma, garantiza la preservación de las culturas y la atención de necesidades específicas de las regiones en las que se instalan.
2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 2, Apartado B, que “La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerá las instituciones y determinará las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.
3. De igual forma, en el artículo y apartado referido, en su fracción II, se señala que se deberá “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciéndolo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior...”
4. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del portal web de la Subsecretaría de Educación Superior señala que “la misión de las Universidades Interculturales es promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, particularmente, de los pueblos indígenas del país y del mundo circundante; revalorar los conocimientos de los pueblos indígenas y propiciar un proceso de síntesis con los avances del conocimiento científico; fomentar la difusión de los valores propios de las comunidades, así como abrir espacios para promover la revitalización, desarrollo y consolidación de lenguas y culturas originarias”
5. En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en su línea de acción 2.4, se señala, dentro de las prioridades, “promover la apertura y el desarrollo de instituciones y programas de educación superior que atiendan las necesidades regionales con un enfoque de interculturalidad, de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos para esos propósitos, y apoyar el fortalecimiento de los programas de atención a estudiantes indígenas”.
6. En atención a estos dos señalamientos -y al principio de justicia social, en Nueva Alianza consideramos prioritaria la atención de la educación intercultural de nivel superior en el estado de Guerrero; el cual cuenta con 2 universidades de este tipo: Una es la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), y la otra es la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur).
7. La UIEG, fundada a finales de 2006 de acuerdo a datos expuestos por la Red de Universidades Interculturales, cuenta en 2010 con una matrícula de 323 estudiantes en sus dos Licenciaturas: Desarrollo Sustentable, y Lengua y Cultura. De estos estudiantes, el 75 por ciento son hablantes de lenguas originarias (Me’phaa, Nahuatlajotolli, Tu’un savi, Amuzgo).
8. Por su parte, la Unisur es impulsada como proyecto alterno al de la UIEG a partir del 12 de octubre de 2007; y actualmente cuenta con una matrícula de cerca de 250 alumnos.
Pese a que no tiene reconocimiento oficial ni apoyo institucional, ha tenido logros significativos: Cuenta ya con 4 sedes en Santa Cruz del Rincón, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y Xalitla; lo que le ha permitido incrementar su matrícula, compuesta por alumnos de origen étnico diverso (nahuas, na savi, ñomndaa, me´phaa). En fechas recientes inauguraron una radiodifusora comunitaria.
9. Por su ubicación geográfica, tipo de población, riqueza lingüística, demanda y por principio de equidad y justicia social con su población indígena, el estado de Guerrero requiere de oferta educativa solida de nivel superior intercultural.
10. Es un hecho que en el Estado existen dos proyectos educativos que lejos de ser complementarios, nacieron divididos y politizados. Uno de ellos, cuenta con el respaldo de la Secretaria de Educación Estatal –el de la UIEG–; y el otro, el de la Unisur, ha avanzado con paso firme pero sin reconocimiento oficial ni apoyo institucional.
En diversos diarios locales y nacionales se ha hecho explicito el conflicto de grupos de poder desde la creación de ambas universidades interculturales en el estado.
11. En Nueva Alianza tenemos la certeza de que para emprender grandes cambios en las regiones con población indígena, es necesario dotarlas de espacios educativos eficientes y eficaces. Debe privilegiarse el ámbito educativo sobre el político y debe generarse un proceso integrador entre las instituciones de nueva creación y las ya existentes.
12. Al día de hoy, los cerca de 250 alumnos de la Unisur corren el peligro de culminar sus estudios sin ningún tipo de certificado que los avale. Permitir que esto ocurra es, sin duda, atentar contra el principio de equidad educativa. Sobre todo cuando la propia Unisur ha insistido a las autoridades competentes respecto de la necesidad de que sean reconocidos.
13. Ya existe una posible vía de solución a este problema, pero no se ha concretado. De acuerdo a declaraciones del Secretario de Educación del estado de Guerrero, “el rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, ha platicado con los estudiantes de la Unisur y la idea es que se sumen a esta universidad intercultural como una extensión” con el objetivo de que se abra la posibilidad de que sean reconocidas por la SEP.
14. Con la finalidad de que la oferta de educación intercultural sea creciente en las regiones que así lo requieren, como es el estado de Guerrero; y consientes de la existencia de una oferta educativa no oficial pero que cuenta con logros significativos y una matrícula cercana al 80 por ciento de la matrícula oficial, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza promovemos su integración y reconocimiento por parte de las autoridades competentes.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Guerrero a que emprenda las gestiones necesarias para que en un periodo no mayor a un ciclo escolar posterior a la emisión del presente punto de acuerdo, otorgue el reconocimiento oficial a la Universidad Intercultural del Sur, con el fin de que su oferta educativa obtenga la validez requerida por los reglamentos correspondientes, y se amplié y fortalezca la oferta educativa superior intercultural de la entidad.
Segundo. Se informe a esta soberanía a través de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de las acciones emprendidas y resultados obtenidos.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2011.
Diputada Elsa María Martínez Peña
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la SEP sobre el combate de la obesidad infantil, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
María del Pilar Torre Canales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El problema de la obesidad infantil ya ha sido reconocido como un problema de salud pública, por lo que su atención por parte de las autoridades gubernamentales debe ser prioritaria, oportuna y eficiente.
2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de las causas de la obesidad y el sobrepeso es la “modificación mundial de la dieta, con una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos ricos en grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes”.
3. Los niños de nuestro país pasan la mayor parte de su tiempo libre frente al televisor y sin la supervisión de un adulto, lo que los convierte en presa fácil para la captación de información respecto a la llamada “comida chatarra”.
4. Un programa académico de una universidad chilena, especializado en la promoción de la salud, señala que la Academia Norteamericana de Pediatría ha demostrado a través de numerosos estudios que “antes de los ocho años los niños no son capaces de ver la diferencia entre una emisión de televisión y una publicidad, lo consideran información verdadera”.
5. Pese a los esfuerzos realizados con la entrada en vigor de las nuevas normas respecto a la venta de alimentos al interior de los planteles educativos del país, no se ha logrado erradicar el problema de fondo, pues los niños y niñas siguen expuestos a publicidad que los incitará al consumo masivo de productos no saludables. La disminución en las porciones que se distribuyen de diversos alimentos en las escuelas, no garantiza que el niño consumirá sólo una.
6. En el artículo titulado “Publicidad de alimentos en la programación de la televisión mexicana: ¿Los niños están más expuestos?”, un grupo de especialistas exponen los resultados de su investigación, en la que destaca que “La publicidad presentada en la TV puede tener los siguientes efectos: Los niños piden con más frecuencia los productos anunciados y, por tanto, aumentan su consumo de botanas y otros alimentos promocionados, hecho que se refleja en el incremento de su ingestión de energía”.
7. Adicionalmente destacan una cifra preocupante, resultado de la observación de la programación de televisión abierta: “De los comerciales que anunciaban algún tipo de producto, 17.6 por ciento correspondió a alimentos y bebidas. El porcentaje de comerciales que promovían alimentos o bebidas fue mayor en los programas para niños que en los de audiencia general”.
8. Sin duda, el bombardeo publicitario al que están expuestos los niños y niñas es difícil de controlar sin una correcta educación para su discernimiento. A esta labor deben incorporarse tanto la Secretaria de Salud como la de Educación Pública y por supuesto los padres de familia o tutores.
9. La Ley General de Salud señala en su artículo 307 que “la publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos”.
10. Además, el artículo 115 señala que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo “II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables”.
11. Por otro lado, la escuela es uno de los espacios en los que pasan más tiempo los niños y niñas. Es ahí donde se les brindan herramientas para su sano desarrollo. Es así que, es dentro de ésta, donde la estrategia de concientización y discernimiento respecto a los efectos y consecuencias de la obesidad y la alimentación con altos índices de “comida chatarra”, debe ser intensificada.
12. El artículo séptimo de la Ley General de Educación señala que la educación tendrá como uno de sus fines el “Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud...”
13. La “hora del recreo” es el momento en el que los niños y niñas disfrutan de sus alimentos, el llamado “lonche”. Éste es en la mayoría de los casos, llevado desde el hogar, y son los padres o tutores quienes vigilan y deciden el contenido del mismo. Al respecto, hace falta una amplia campaña de orientación sobre qué alimentos son adecuados y las diversas formas y variedades de “lonches nutritivos”.
14. Adicionalmente, no se ha considerado el deterioro del poder adquisitivo y el incremento de los precios de la canasta básica. Dicho problema genera incertidumbre entre las familias mexicanas pues acceden a los alimentos de menor precio pero sin el conocimiento de las cantidades correctas de ingesta y combinación para una sana alimentación. Diversos nutriólogos destacan que para una alimentación balanceada, baja en grasas saturadas, azúcares, entre otros elementos causantes de la obesidad y el sobrepeso infantil; no se requiere que en el hogar se eroguen cantidades de dinero que están fuera del alcance de la mayoría de la población mexicana.
15. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de que las medidas hasta hoy tomadas e implementadas, si bien han posicionado el tema en las agendas de los gobiernos federal y estatal, se desarrollan en un espacio laxo, propicio para el incumplimiento y la simulación, así como de ignorancia parcial. Ello no beneficiará en nada a nuestros niños y niñas, quienes son el futuro del país.
16. Sin duda, consideramos que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, que han mostrado su compromiso para abatir el problema de la obesidad infantil de México, son pieza clave para que contemos con una sociedad sana y lista para ejercer una vida plena.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a consideración de esta soberanía l siguiente Proposición con
Puntos de Acuerdo
Uno. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública, a que dentro de las políticas emprendidas en materia de combate al problema de obesidad en la población infantil, den prioridad a la salud de niños y niñas sobre las posibles presiones de la industria de alimentos procesados, mejor conocidos como “alimentos chatarra”.
Dos. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que en concordancia con la normatividad que rige a dicha dependencia, impulse estrategias de difusión masiva que brinden a las familias mexicanas de todos los estratos socioeconómicos, información completa respecto a lo que se debe entender por “sana alimentación”; además de señalar la variedad de formas en las que pueden combinar los alimentos que les son asequibles.
Tres . Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a que intensifique los programas de orientación que se brindan en los centros escolares a los padres de familia y tutores para generar en los niños y niñas el hábito de la sana alimentación; y las diversas formas en qué ello puede lograrse.
Cuatro . Se informe a esta soberanía sobre los mecanismos que al respecto serán implementados y la forma en que serán evaluados los resultados y la efectividad de las acciones emprendidas.
Dado en la Cámara de Diputados, el 23 de marzo de 2011.
Diputada María del Pilar Torre Canales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar mecanismos para concienciar a los fumadores sobre los riesgos que el consumo de tabaco provoca en la salud, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
María del Pilar Torre Canales, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, a través del cual se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente los mecanismos necesarios a para concientizar a los fumadores sobre los riesgos que esa adicción provoca a la salud en base a la siguiente
Exposición de Motivos
El tabaquismo es reconocido desde hace varios años como un problema de salud pública, debido a que al consumo del tabaco se le relaciona con diferentes cánceres: pulmón, laringe, faringe, esófago, estómago, páncreas, hígado, colon, recto, riñón, vejiga, mama, aparato genital, linfático etcétera. Para abundar sobre la agresividad del uso de tabaco: en el humo de éste se encuentran numerosos compuestos químicos cancerígenos como el benceno, el benzopireno, el óxido nítrico, los derivados fenólicos y nitrosaminas, además de ser una fuente importante de nicotina, que se considera psicoadictivo.
En el país hay 11 millones de mexicanos adictos al cigarro, de los cuales 8.1 son hombres y 2.8 son mujeres. Estos 11 millones de fumadores en promedio consumen nueve cigarrillos al día; 10 los hombres y ocho las mujeres. Se estima que la mitad de estos 11 millones de fumadores morirá a causa de las enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. El estudio refleja que 3.8 millones de adultos mexicanos que están en edad de trabajar están expuestos al humo ajeno en sus espacios de trabajo y 17.3 por ciento son vulnerables al humo del cigarrillo en sus hogares.
Además, se comprobó que un fumador habitual gasta al mes aproximadamente 456.89 pesos en la compra de cigarros. A pesar de estas cifras, 98.1 por ciento de los mexicanos sabe y piensa que fumar causa serios daños a la salud.
Por ello, 72.1 por ciento de los fumadores en el país quiere dejar de fumar, pero sólo 32 por ciento de los que alguna vez fumaron diario lo pudo lograr en el último año, y 10.9 por ciento de los que habían fumado en los últimos doce meses tuvieron éxito en dejar de fumar 1 . Lo que revela que a través de campañas de concientización sobre este mal se lograrían resultados alentadores independientemente de las medidas legislativas que se implementen.
México es uno de los países con más graves problemas de salud pública originados por el tabaquismo, entre las acciones que actualmente se han instrumentado, se encuentra la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, protegiendo los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios libres de humo de tabaco, además se han orientado y difundido mensajes para disminuir el hábito de fumar, el conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 5.4 millones de personas que padecen cáncer de pulmón, cardiopatías y otras enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, y estima que de continuar así, para 2030 aumentará a poco más de ocho millones. El tabaquismo representa un problema de salud pública importante en todos los países. Además el consumo de tabaco es una ventana para el inicio del consumo de alcohol o drogas, y es factor de riesgo en seis de las ocho principales causas de defunción en el mundo.
El problema no para allí, porque estudios recientes indican que la exposición al humo de los cigarrillos fumados por otra persona y otros productos del tabaco, producen al año la muerte de miles de personas que no fuman. Pese a estas estadísticas y a numerosos avisos sobre los peligros de fumar, millones de adultos y adolescentes siguen fumando. Por lo que este problema se tiene que afrontar entre todos los sectores
Estamos conscientes que el problema no es fácil de resolver, porque se tienen que vencer inercias y resistencias de los fumadores, amén se trastocan los intereses de un negocio multimillonario que deja grandes ganancias no sólo a las tabacaleras, sino también al gobierno mexicano, pues los impuestos al tabaco son de hasta 170 por ciento; es también el gobierno mexicano quien ha través de medidas impositivas ha tratado de inhibir esta adicción.
Por lo que el camino a seguir no admite regreso. Debemos ser perseverantes y consistentes para lograr resultados favorables. Por ello en Nueva Alianza nos preocupa el bienestar de la sociedad mexicana y con sustento en ello promovemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Bajo el principio de respeto y colaboración de los Poderes de la Unión, se exhorta a la Secretaría de Salud, para que redoble sus esfuerzos e implemente los mecanismos necesarios para concientizar a los fumadores sobre los riesgos que esa adicción provoca a la salud de los mexicanos.
Notas
1. Según resultados de la más reciente Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS), que se levantó en 2009. Y de acuerdo con las estadísticas de la encuesta que realizaron el Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2011.
Diputada María del Pilar Torre Canales (rúbrica)
Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM
Conmemorar el Día Mundial del Agua es hacer conciencia sobre el almacenamiento, explotación, abasto, uso, conducción, cuidado, preservación y contaminación de un recurso que es imprescindible y que debe ser asumido, sin excepción alguna, como un compromiso en su máxima atención para hacer posible la viabilidad del desarrollo humano sostenible.
Y es que dentro de las diversas perspectivas más preocupantes en materia hídrica a nivel mundial, sobresale la relativa a la escases del agua para consumo humano producto de la sobrexplotación de mantos acuíferos y del consumo irracional en aglomeraciones urbanas para uso doméstico y actividades económicas diversas.
Cuando en países totalmente desarrollados se consumen en promedio hasta 300 litros diarios por persona, en países subdesarrollados sólo se consumen 25 litros. Paradójicamente en México, a pesar de ser un país clasificado como subdesarrollado, se consumen hasta 260 litros en zonas urbanas cuando la lógica de sustentabilidad nos marca un uso racional del recurso promedio diario de tan sólo 120 litros por persona.
Aunado a lo anterior, seguimos perdiendo más de 12 mil litros de agua por segundo lo que hace que el 40 por ciento del agua potable se pierda en fugas y que el 6 por ciento de la población urbana carezca del servicio. Por otro lado, sólo se cobra la mitad del líquido que llega al usuario y el saneamiento de aguas residuales sigue siendo marginal y altamente costoso para los gobiernos.
En consecuencia, es obvio que la degradación y deforestación de nuestros suelos y bosques; el consumo irrestringido y desproporcionado del agua; el desperdicio que se presenta en la conducción del recurso; el alto grado de subsidiariedad y de sobreconcesión; el ineficaz sistema de sanciones administrativas, económicas y penales para quienes derrochan o contaminan el agua, así como un gasto público limitado en infraestructura hidrográfica y de saneamiento, han hecho que el 75 por ciento de los mantos acuíferos en el país se encuentren sobreexplotados con un margen de retorno, a 15 años, de sólo el 25 por ciento si corremos con tal suerte.
Si bien es cierto que este tema es preocupante para unos, y omiso y hasta incómodo para otros, lo real es que no hemos asimilado seriamente lo grave que puede llegar a representar la escasez del vital líquido.
Y es que según datos oficiales de la misma Comisión Nacional del Agua sólo en poco más de trescientas localidades en 23 estados del país, se están promoviendo acciones de conservación del agua sin que ello signifique la gestión de una política integral que conlleve visos de coordinación intergubernamental; de un programa rector de cultura en la racionalidad en el uso del agua y de sanciones; y mucho menos, de una reconfiguración técnica en el aprovechamiento del recurso en la agricultura o para fines industriales en donde persiste un mayor uso del líquido; además de que, en lo más mínimo, se está alentando a la creación de medidas que analicen objetivamente las tarifas de costo-beneficio por extracción y suministro así como la proporcionalidad del líquido per-cápita de acuerdo a actividades y usos así como en el desaprovechamiento por el desperdicio en su conducción.
Ya atinadamente la Organización de Naciones Unidas expuso que “uno de los desafíos y retos que enfrentan las sociedades y gobiernos de todo el mundo es el tema del agua, problemática que exige hoy en día la máxima atención y compromiso decidido para hacerle frente con acciones científicas y tecnológicas, así como con políticas públicas eficientes y responsables.”
Es por ello que el día 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitió una histórica resolución al reconocer en forma explícita el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales (resolución 64/292).
Este paso fundamental adquiere por sí mismo un carácter vinculante y por tanto hace que sea de acatamiento obligatorio para todos los países. A partir de este momento cualquier acción u omisión por parte de empresas, particulares o gobiernos que afecte o limite el acceso de las personas al agua y al saneamiento podrá constituir una violación a los derechos humanos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, la salud física y mental de la persona.
Lo anterior en razón de que la ONU estima que para el año 2015, el 47 por ciento de la población mundial vivirá en zonas áridas y para 2030 unos 700 millones de personas podrían dejar sus lugares de origen por la escasez de agua y falta de saneamiento básico, siendo el apoderamiento del recurso hídrico motivo de turbulentos movimientos y disputas sociales y en donde la venta y comercialización del recurso no respetará derecho fundamental alguno.
En este sentido, el tema del agua y los recursos naturales para la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, son y seguirán siendo el eje vertebral de nuestro ideario y activismo políticos.
Por lo que aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado a los diversos órdenes gobierno del país, con especial atención a los Ejecutivos federal y estatales, a que contribuyan con acciones contundentes y oportunas que aminoren la sobrexplotación y el uso irracional del agua a través de medidas preventivas, incentivas y coercitivas así como políticas urgentes que hagan más oportuna la implementación de programas especiales en las zonas más críticas.
Con leyes efectivas y precisas, con una agenda plural y coordinada, con recursos presupuestarios óptimos, con personal capacitado, con métodos científicos y tecnológicos así como con esquemas alternos de organización social y productiva, creemos que podemos incidir de manera más definida y corresponsable en el cuidado, preservación y saneamiento de ríos, lagunas, cuencas y mantos acuíferos, así como en el impulso de una cultura ciudadana en el uso y aprovechamiento del agua, más aun cuando por nuestra indolencia, una de las consecuencias del cambio climático es la alteración de los ciclos hidrológicos originado por el calentamiento global.
Es por ello que para México, al igual que muchos países del mundo, resulta ineludible acatar la determinación de la ONU en cuanto a garantizar y socializar el derecho al acceso al agua y su saneamiento mediante la elaboración de instrumentos y mecanismos adecuados, que puedan comprender legislación, planes y estrategias integrales para el sector, incluidos los referentes al aspecto financiero para alcanzar paulatinamente la plena realización de las obligaciones de derechos humanos referentes al acceso al agua potable segura y los servicios de saneamiento, sobre todo, en las zonas en que actualmente esos servicios no se prestan o son insuficientes.
En tal virtud y en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, el Partido Verde Ecologista de México asume su responsabilidad al proponer en el corto plazo una reforma constitucional a efecto de que el derecho al acceso al agua y su saneamiento sea un derecho fundamental respetando los principios de no discriminación e igualdad entre los géneros.
¡Estamos seguros que con este tipo de acciones y con la voluntad de todos ustedes, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos lo van a agradecer cuando es una obligación moral, civil y de estado por nuestra parte!
¡Por su atención, muchas gracias!
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2011.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)