Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que forme un grupo plural, preferentemente con los legisladores que participarán en la quincuagésima Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, por celebrarse próximamente en esa nación, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes y del gobierno federal para ampliar y fortalecer los procedimientos de control y seguimiento parlamentario del tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM
Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. Durante los años 2009 y 2010 se implementó el programa “Rápido y Furioso” en el cual se enviaron ilegalmente casi dos mil rifles de grueso calibre a grupos que trabajan con la delincuencia organizada en México, según la oficina estadounidense de Alcohol, Tabaco y Armas, el objetivo era rastrear la cadena de contrabando; sin embargo, perdieron la huella del envío. Entre el arsenal se encontraban los fusiles de asalto AK47 comúnmente usados por los sicarios mexicanos, así como el rifle Barret calibre .50 capaz de atravesar blindajes.
2. Con fecha 15 de febrero de 2011, fue asesinado el agente Jaime Zapata, del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos denominado ICE, cuando circulaba por una carretera en San Luis Potosí, junto con el agente Víctor Ávila quien resultó herido. El arma empleada, fue importada de los Estados Unidos.
3. Desde el inicio de la lucha contra la delincuencia organizada iniciada por el gobierno de México, se han decomisado miles de toneladas de armas empleadas por los grupos delictivos, las cuales tienen su origen de comercialización y manufactura en el vecino país de los Estados Unidos de Norteamérica.
Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes:
Considerandos
Derivado de los últimos acontecimientos como el asesinato del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, quien falleció cerca de San Luis Potosí como consecuencia de un ataque con un arma de fuego que provenía precisamente, de Estados Unidos y del fracaso del operativo encubierto de nombre “Rápido y Furioso” información que fue dada a conocer por John Dodson, agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (BATF por sus siglas en inglés), en el que dicha oficina permitió a su delegación en Phoenix, Arizona, como parte de una estrategia del gobierno de EU, que traficantes de armas compraran y distribuyeran en México cerca de dos mil pistolas y fusiles para identificar y seguir la ruta de éstas y “ver hasta dónde llegaban” en su destino final, principalmente a cárteles de la droga y grupos de delincuencia organizada en México. SE PRESENTA UNA OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL PARA QUE SE CONFORME UN GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES, INTEGRADO PREFERENTEMENTE POR AQUELLOS QUE HAN DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS QUE SE CELEBRARÁ EN ESA NACIÓN EN LOS PRÓXIMOS MESES, A EFECTO DE QUE SE REÚNAN CON SUS CONTRAPARTES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL CONGRESO NORTEAMERICANO Y DEL GOBIERNO FEDERAL DE ESA NACIÓN, PARA AMPLIAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO AL TRÁFICO DE ARMAS, Y ANALIZAR OTROS TEMAS DE LA AGENDA COMÚN RELATIVOS A LA SEGURIDAD REGIONAL QUE PUEDAN SER ANALIZADOS CONJUNTAMENTE EN DICHO MECANISMO BILATERAL. Se propone que en dicha reunión se entregará un expediente de las 65,000 armas norteamericanas decomisadas incluyendo la pistola con la que fue asesinado JAIME ZAPATA y pedazos de las armas destruidas por la Secretaria de la Defensa, de manera simbólica.
México vive tiempos violentos que nos han llevado a realizar un recuento del número de muertos en nuestro país desde 2006, año por año, después mes por mes, semana por semana, hasta hacerlo día por día.
Repetidamente hemos levantado la voz, porque dicha violencia sería inexplicable sin las armas que se trafican a nuestro país provenientes de los Estados Unidos de América, 65,000 armas confiscadas adquiridas por los cárteles mexicanos en Estados Unidos.
En diciembre del año pasado, en Arizona, supuestos narcotraficantes mexicanos le quitaron la vida también con un arma de fuego estadounidense a Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza.
Estos hechos, sumamente graves y lamentables, han puesto de relieve la operación del crimen organizado en México con armas de los Estados Unidos. De la mano con esto, va el incremento en la violencia que vivimos en el país. Este panorama se torna mucho más lamentable, al enterarnos que el gobierno estadounidense no solo ha sido omiso y poco cooperativo en la materia, sino que peor aún, realizó un programa encubierto de tráfico de armas, sin participar de ello a las autoridades mexicanas.
De conformidad con información dada por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, en octubre de 2009, dicha oficina permitió a su delegación en Phoenix, Arizona, como parte de una estrategia del gobierno de EU, que traficantes de armas compraran y distribuyeran cerca de dos mil pistolas y fusiles para identificar y seguir la ruta de éstas y “ver hasta dónde llegaban” en su destino, principalmente a cárteles de la droga y grupos de delincuencia organizada en México. Hoy lo que sabemos, es que este programa fue un fracaso y que agentes de la propia BATF han apuntado la probable correlación entre el tráfico de armas y la creciente violencia y muertes en nuestro país. A pesar de todo, esa estrategia se mantuvo hasta septiembre de 2010, no obstante que ya desde el mes de marzo de ese año, había recibido varias críticas internas.
En la ONU se prepara ya una Conferencia Internacional que adopte un tratado que regule por primera vez el comercio mundial de armas convencionales. Quienes la impulsan consideran que la ausencia de normas contribuye al desvío de armas al crimen organizado, facilita la violencia y consecuentemente, la violación de los derechos humanos, además de amenazar la seguridad mundial. La propia Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en 2009 iniciar formalmente las negociaciones para elaborar un instrumento legal firme y sólido que regule la exportación de armamento para el 2012.
Para la materialización del presente punto de acuerdo es necesario requerir al Ejecutivo federal rinda al seno de esta Cámara de Diputados un informe detallado respecto a las 65,000 armas decomisadas por las fuerzas federales, toda vez que este documento será entregado a los legisladores Norteamericanos así como al representante de la Casa Blanca y del Departamento de Estado en las reuniones que se acuerden celebrar.
Así también, se deberá requerir al Ejecutivo federal que solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional, que en la próxima destrucción de armas de procedencia norteamericana que tenga a bien realizar, se resguarde un kilo del armamento destruido, para hacer una entrega simbólica a los legisladores norteamericanos, y lo cual representa el esfuerzo realizado por las autoridades mexicanas para el decomiso y destrucción de armas estadounidenses en un combate frontal al crimen organizado.
Para concluir y con el fin de materializar el objeto del presente, será necesario solicitar el auxilio del Ejecutivo federal para que nuestro embajador en Estados Unidos coadyuve en la logística necesaria para llevar a cabo dichas reuniones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno los siguientes
Puntos de acuerdo
Primero. Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a Comisión.
Segundo. Se solicita a la Junta de Coordinación Política, conforme un grupo plural de legisladores, integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la L Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos que se celebrará en esa nación en los próximos meses, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano y del gobierno federal de esa nación, para ampliar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento parlamentario al tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional que puedan ser analizados conjuntamente en dicho mecanismo bilateral.
Tercero. La integración de este grupo de trabajo será definida por la Junta de Coordinación Política con base en criterios de proporcionalidad.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que acuerde lo necesario a fin de avalar y someter a consideración del pleno la petición de organizaciones campesinas nacionales para instalar una mesa de trabajo donde se discutan y convengan medidas que enfrenten la urgencia alimentaria del país, a cargo de integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura, integrantes de diversos grupos parlamenatrios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que diversas organizaciones campesinas nacionales 1 han solicitado a esta Cámara de Diputados, que se instale una mesa de trabajo donde se discuta y acuerde lo necesario para enfrentar la emergencia alimentaria del país.
2. Que la Mesa de Trabajo, se plantea sea integrada por legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, por los titulares de las dependencias federales y por las propias organizaciones campesinas nacionales.
3. Que para sustentar la petición anterior, se expresan una serie de elementos que caracterizan la situación de emergencia alimentaria por la que actualmente atraviesa el país, de donde se destaca lo siguiente:
a) Los cambios climáticos que han afectado recientemente al país, manifestados en las lluvias atípicas del año 2010 en el sur y sureste y las heladas en el norte y noroeste en el 2011. Esta circunstancia ha implicado en este año, el siniestro de alrededor de un millón de hectáreas, cerca del 70 por ciento con daño total y el resto de manera parcial, lo que significa sólo en maíz, la pérdida de alrededor de 5 millones de toneladas, de los 7 millones correspondiente al ciclo otoño-invierno.
b) Los aumentos de los alimentos en el mercado internacional, cuyo incremento, en relación al año anterior, es del orden del 32 por ciento, de acuerdo a la FAO y el Banco Mundial. Este fenómeno se explica básicamente por la reducción a nivel mundial de la producción agrícola, debido al cambio climático y a la creciente utilización de maíz para producir etanol por parte de Estados Unidos de América, EUA. Los escenarios indican que habrá menos disponibilidad de granos básicos y que se seguirán incrementado los precios.
c) Que la política de importación de alimentos y la cesión de soberanía alimentaria a las corporaciones nacionales, es contraria al interés nacional y atenta contra la seguridad nacional. Un solo dato ejemplifica esta circunstancia: el valor total de las importaciones de alimentos de EUA en 2010, es semejante al presupuesto actual asignado al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentables, PEC.
d) Que la dependencia alimentaria se ha agudizado, siendo su expresión más dramática, que del total de los alimentos consumidos en el país, 42 por ciento proviene del extranjero, particularmente de EUA.
e) Que la pobreza extrema en el campo, representa alrededor del 70 por ciento de la población con pobreza alimentaria en el país. Cabe destacar que en este segmento de población se encuentran los jornaleros agrícolas, cuyos derechos laborales son violentados sistemáticamente, y subrayar además que la mano de obra infantil es explotada en condiciones semejantes.
f) Que el conjunto de factores enunciados se correlacionan estrechamente, provocando una situación de emergencia en la coyuntura actual, pero que constituyen las causas de fondo que han incrementado la pobreza extrema rural, la dependencia alimentaria del país, el creciente control de los procesos agro-alimentarios estratégicos por un pequeño conjunto de transnacionales, y en general han influido directamente en la disminución de las condiciones de vida de la población, en particular de la clase trabajadora.
g) Que los elementos citados en el inciso anterior, son el resultado de una política económica que ha marginado de sus propósitos, a los pequeños y medianos productores campesinos, que ha privilegiado los cultivos de exportación concentrados en un reducido número de productores capitalizados y ha preferido importar los alimentos básicos de la dieta nacional, en lugar de apoyar su producción nacional, lo que ha ido en menoscabo de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.
h) Que lo mencionado, implica la imperiosa necesidad de redireccionar el modelo alimentario nacional actual, mediante una política que privilegie la producción nacional y que ésta sea el sustento de la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.
Con base en las consideraciones previas, sometemos al pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Puntos de Acuerdo
Primero.
Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores, para que participe en la Mesa de Trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y de las Organizaciones Campesinas Nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Segundo.
Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que los titulares de las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, participen en la mesa de trabajo que se conformaría por representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, del Ejecutivo federal y de las organizaciones campesinas nacionales citadas en el texto de este documento, con el objeto de discutir y acordar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia alimentaria por la que atraviesa el país.
Tercero.
I. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en uso de sus atribuciones conforme un Consejo Regulador Federal de la cadena productiva maíz-tortilla tradicional de nixtamal que planee, organice, controle y vincule a todos los agentes que interviene en la cadena productiva.
II. Que se integren a los productores de maíz directamente con los productores de masa, a través de la agricultura por contrato.
III. Se crea un fideicomiso entre los productores de la cadena maíz-tortilla tradicional de nixtamal con el gobierno federal, a fin de implementar un subsidio directo y focalizado a la población mas pobre, para la tortilla de nixtamal.
IV. Se implanten –de manera urgente– mecanismos para crear una reserva estratégica de maíz blanco.
V. Se formule la creación de una norma oficial mexicana (NOM) sobre las dos clases de tortilla en el mercado: la tortilla tradicional de nixtamal y la tortilla de harina de maíz, donde se especifiquen las características óptimas nutricionales, de salud e higiene, entre otras.
Notas
1 Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Central Campesina Cardenista, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Confederación Nacional Campesina, Central Campesina Independiente, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central de Organizaciones Campesinas y Populares y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 15 de marzo de 2011.
Diputados: José Luis Jaime Correa, José Ramón Martel López, Emiliano Velázquez Esquivel, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Adán Augusto López Hernández, Víctor Manuel Castro Cosío, César Francisco Burelo Burelo, Rigoberto Salgado Vázquez, Florentina Rosario Morales, José María Valencia Barajas, Pavel Díaz Suárez, Luciano Cornejo Barrera, Domingo Rodríguez Martell, Olga Luz Espinosa Morales, María Florentina Oceguera Silva, Silvia Puppo Gastélum, Ramón Jiménez Fuentes, Samuel Herrera Chávez, Vidal Llerenas Morales, Avelino Méndez Rangel, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Sergio Lobato García, Julián Nazar Morales, José Alberto González Morales, Ricardo Urzua Rivera, María Isabel Merlo Talavera, Sofía Castro Ríos, Blanco Roberto Pérez de Alva, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Adriana Terrazas Porras, Teófilo Manuel García Corpus, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Joel González Díaz, Héctor Pedroza Jiménez, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Manuel Agüero Tovar, Francisco José Rojas Gutiérrez, Manuel Humberto Cota Jiménez, María Hilaria Domínguez Arvizu, Rigoberto Salgado Vázquez, Ramón Ramírez Valtierra, Héctor Pedraza Jiménez, Antonio Benítez Lucho, José Luis Álvarez Martínez, José María Torres Robledo, Federico Ovalle Vaquera, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Leticia Quezada Contreras, Agustín Guerrero Castillo, Israel Madrigal Ceja, Indira Vizcaíno Silva, María Dina Herrera Soto, Enoé Margarita Uranga Muñoz, Francisco Hernández Juárez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para investigar el destino de los recursos del Fondo de Ahorro Campesino de los ex Trabajadores Braceros y determinar la administración en que se extraviaron, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial para investigar el destino de los recursos del Fondo de Ahorro Campesino de los ex trabajadores braceros, así como determinar la administración en que se extraviaron, con base en las siguientes
Consideraciones
Habiendo pasado ya casi siete décadas desde que se firmó el convenio binacional entre México y Estados Unidos para que trabajadores mexicanos fueran a Estados Unidos a cubrir la escasez de mano de obra agrícola, derivada de su participación en la Segunda Guerra Mundial, sigue sin haber la claridad suficiente sobre el fondo “extraviado” durante alguna de las administraciones previas al año 2000.
Fueron alrededor de 5 millones de mexicanos los que trabajaron en los campos agrícolas estadounidenses de 1942 a 1964 con la promesa de que, a su regreso a México, el Gobierno Mexicano les devolvería el 10 por ciento de sus respectivos salarios que les fue retenido, y guardado en el entonces Banco de Crédito Agrícola, posteriormente Banrural.
Sin embargo, a 47 años de haber concluido el convenio, la sociedad mexicana sigue sin conocer en qué momento o momentos los ahorros de los trabajadores braceros fueron drenados hasta desaparecer por completo, así como tampoco el cómo es que desapareció el dinero del Fondo de Ahorro Campesino de los trabajadores braceros.
El día de hoy, la consolidación democrática exige otorgar a la ciudadanía la certeza sobre el destino de los recursos de la administración pública, y en este entendido, no sólo es menester el continuar trabajando para pagar a cada uno de los trabajadores braceros el dinero que se les debe, sino dar a la sociedad mexicana la verdad sobre el destino del fondo de ahorro, así como sobre durante cuál o cuáles de las administraciones citadas se malversaron los fondos, afectando a millones de trabajadores ex braceros.
La opacidad y la corrupción son dos de los peores enemigos de todo sistema político democrático, por lo que promover acciones que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas abonará el terreno hacia una mejor democracia mexicana, en la que las ciudadanas y los ciudadanos cuenten con la certeza de que las instituciones están a su servicio, y de que los recursos ejercidos por la administración pública tienen el destino correcto, en términos de lo que determinan las leyes y reglamentos.
Toda vez que los recursos del denominado Fondo de Ahorro Campesino de los ex trabajadores braceros no fueron utilizados como era debido, y que misteriosamente se extraviaron en actividades diferentes a las que estaba destinado resulta necesario dar a la ciudadanía la verdad sobre el destino de los recursos.
Existe una deuda histórica, no sólo con los braceros, sino con la sociedad mexicana en su conjunto. Hoy que la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con la verdad resultan tan fundamentales para la consolidación de nuestra democracia, y para seguir configurando una mejor ciudadanía, es menester que la sociedad mexicana sepa la verdad sobre el Fondo de Ahorro Campesino de los trabajadores ex braceros.
Así entonces, resulta indispensable investigar sobre la desaparición del fondo de ahorro de los ex trabajadores braceros, para que sea posible rastrear cabalmente en qué administración desapareció, así como saber qué uso se le dio.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la comisión especial o, en su caso, un grupo de trabajo para investigar el destino de los recursos del Fondo de Ahorro Campesino de los ex trabajadores braceros, así como determinar la administración en que se extraviaron.
Segundo. La Junta de Coordinación Política presentará al pleno una propuesta de integración plural de esta comisión especial.
Tercero. La comisión especial contará con un plazo para efectuar sus trabajos cuando se haya cumplido el objetivo por la que fue creada y presentará un informe de los resultados ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
Diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar la ley por la Cofetel, la Cofeco, la Profeco y la SCT, y terminar con las prácticas monopólicas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo a efecto de que, con las facultades que la ley le confiere, mediante la Cofetel, la Cofeco, la Profeco, la SCT, aplique la ley y termine de una vez por todas con las prácticas monopólicas, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
La confrontación entre los señores Carlos Slim Helú, Emilio Azcarraga Jean y Ricardo Salinas Pliego es en mucho responsabilidad de este Congreso. Así es, la falta de certidumbre jurídica, instituciones sólidas, con autoridad suficiente, instrumentos contundentes e independencia necesaria ha hecho que los dueños de los grandes monopolios, en la defensa de sus intereses, trasladen los perjuicios a la institucionalidad de nuestro país y a sus consumidores.
Es realmente vergonzoso observar a los monopolios acusándose los unos a los otros sobre responsabilidades en la falla de los servicios que prestan, las altas tarifas que cobran por éstos, la falta de mecanismos precautorios o compensatorios ante el abuso y daño ocasionado a los usuarios y que, tanto la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la propia Secretaría de Telecomunicaciones (SCT), el Ejecutivo y el Legislativo, se reduzcan a observar y ser dueños de lúcidas indignaciones.
En este poder se encuentra durmiendo el sueño de los justos dos minutas fundamentales que pueden revertir este gran problema, a saber, la Ley Federal de Competencia Económica y la que da origen a la ley secundaria que regula el 17 constitucional en materia de acciones colectivas.
Las prácticas monopólicas absolutas que en la mayor parte del mundo se sanciona con cárcel, en nuestro país se reducen a multas irrisorias en comparación con las utilidades obtenidas por el abuso a los consumidores y el dominio que tienen en el mercado. Y teniendo la posibilidad de rectificar esta situación otorgando certidumbre mediante la modificación a la legislación.
La Comisión de Economía tiene un papel fundamental en la dictaminación de las dos leyes. Respetuosamente solicito a su presidente pueda informar siquiera de las fechas y ruta que llevan la discusión de las mismas. No esperemos a que los órganos reguladores se deslinden de su responsabilidad con el argumento de que somos nosotros quienes incumplimos por no dotar de nuevas leyes para sancionar a los monopolios.
Recientemente se presento iniciativa de reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de Telecomunicaciones, Federal de Competencia Económica, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Federal de Instituciones de Fianzas, General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, con objeto de obsequiarles independencia, de los regulados y dotarlos de dientes en sus facultades.
Con el mayor respeto que me merecen los compañeros que defienden intereses de sectores, no podemos negar que existe ya en el Congreso una telebancada y si esto ocurre en el sector de las telecomunicaciones, los hay también en un sector absolutamente sensible y delicado: el de los alimentos. El mundo tiene hoy 7 mil millones de personas y de seguir creciendo en los mismos porcentajes el abasto de alimentos para poder cubrir la demanda parecerá insuficiente en 2050. En México, somos 112 336 538 de personas, de acuerdo al censo recientemente dado a conocer y la falta de certeza para tener una reserva de alimentos no esta claro. Por ello, en no pocas ocasiones caemos en el juego de la especulación de quienes controlan este mercado, los productores pierden, los consumidores pierden y las autoridades tan sólo observan.
En el tema de servicios financieros la historia no cambia mucho. Los abusos en las comisiones que cobran los bancos, la falta de certeza para los usuarios y prácticamente la falta de eficacia de la Condusef, y es una confesión de parte, pues han manifestado el bajo número de recursos de queja y la poca cantidad de conciliaciones que logran.
El pasmo en el que se encuentra Mexicana de Aviación, sea por la irresponsabilidad y engaños de los secretarios del Trabajo y el ex de Comunicaciones y Transportes o por las fallas de PC Capital, o incluso por la obscura administración del señor Gastón Azcarraga, han hecho no sólo que miles de trabajadores se encuentren totalmente en la incertidumbre, además los usuarios están sujetos a la voluntad ominosa del monopolio en el mercado llamado Aeroméxico.
Y podríamos seguir con cada sector observando que son unos cuantos —monopolios— quienes dominan, abusan y en no pocos casos, perjudican la competencia y lesionan a los consumidores. Con el mayor respeto me permito disentir de la opinión de nuestro presidente de la Cámara en el sentido de que “el gobierno federal intervenga como mediador” en el choque entre Telmex y las televisoras Televisa y TV Azteca o más aún, cuando señala que “respecto a la postura de la Cámara de Diputados, observa muy de cerca la situación y que intervendrá solo en caso necesario”.
Insisto con el mayor respeto, disiento y le recuerdo que la Cámara de Diputados tiene en sus manos dos minutas pendientes que habrá que dictaminar y poner orden en materia de competencia y defensa de los derechos de los usuarios.
Buscaremos y dialogaremos con organizaciones de consumidores a fin de crear entre todos el frente nacional contra los monopolios del que ya tenemos avances. Por las anteriores consideraciones, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a efecto de que, con las facultades que la ley le confiere, mediante la Cofetel, la Cofeco, la Profeco, la SCT, aplique la ley y termine de una vez por todas con las prácticas monopólicas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la publicación y difusión en las escuelas públicas de la Enciclopedia de México, en homenaje del intelectual José Rogelio Álvarez, a cargo de la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6o., fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno una proposición con punto de acuerdo con relación a la publicación y difusión en las escuelas públicas del país de la Enciclopedia de México, elaborada bajo la coordinación del escritor José Rogelio Álvarez, como homenaje póstumo a este académico recientemente fallecido, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 10 de marzo del presente año, el pleno de la Cámara de Diputados rindió un homenaje al escritor, periodista, académico, cronista e impulsor cultural José Rogelio Álvarez Encarnación, quien falleció el pasado 2 de marzo.
En esta tribuna, el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, recordó la obra del autor y dijo que fue un “hombre generoso que amó al país, un hombre de letras, que impulsó no sólo la cultura y las letras en Jalisco, sino en todo el país. Tenía una identidad regional, pero ello no le impidió promover las artesanías, la cultura y la literatura de todo el país”.
En su turno, el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del PT, expresó que José Rogelio Álvarez “no fue un hombre del poder e ideológicamente se declaró liberal y revolucionario. Un hombre honesto, probo, que amó y aportó mucho a este país”, subrayó y recordó que las comunicaciones en Jalisco deben mucho a este hombre, especialmente por la extensión de las carreteras hacia la costa del Pacífico en la región de Puerto Vallarta.
Por mi parte, como compañera de José Rogelio Álvarez en la Facultad de Economía de la UNAM, al unirme al homenaje en este mismo recinto propuse que las autoridades educativas realicen una edición de la Enciclopedia de México , en mi concepto la obra cumbre del homenajeado, para que sea distribuida en las escuelas públicas del país, como un homenaje al ilustre jalisciense, misma proposición que ahora formalizo.
Al igual que mis compañeros diputados de Jalisco, de donde era oriundo José Rogelio Álvarez, recuerdo con agrado su presencia inteligente, dinámica, sus impulsos juveniles como líder estudiantil y sus fructíferas aportaciones en su madurez, al servicio público de la educación y de la cultura del país.
José Rogelio Álvarez destacó en su larga y fructífera vida profesional como servidor público, empresario, antropólogo, académico, escritor e historiador. En esta breve semblanza refiero sólo algunos de los aspectos más destacados de su vida.
José Rogelio Álvarez nació en Guadalajara, Jalisco, el 12 de junio de 1922. Hizo la carrera de Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y llevó cursos adicionales en la Escuela Nacional de Economía y en la de Antropología e Historia, de donde en 1953 se reintegró a Jalisco.
De 1967 a 1970 fue consejero del secretario de Educación Pública. Formuló algunos de los materiales fundamentales de la reforma educativa. Dirigió la revista El Maestro (24 números en un año) y escribió la memoria de la SEP bajo el título La educación pública en México 1964 a 1970 (dos tomos).
En 1969 empezó los trabajos para la elaboración de la Enciclopedia de México , obra que con este título, organizada en 12 tomos, apareció completa en 1977 y de la cual se editaron 140 mil colecciones. Rogelio escribió para cada uno de los 12 tomos que originalmente componen la obra un promedio de 250 cuartillas sobre temas de historia, política, economía y arte; aunque desde luego tuvo la colaboración de cuatrocientos especialistas de todo el país, reescribió buena parte de ese material. En años sucesivos la obra se actualizó y fue objeto de varias ediciones y reimpresiones.
La Enciclopedia de México es una obra clásica, resumen de tipo histórico sobre México, indispensable para la consulta e interpretación de los hechos y personajes que han forjado nuestro país.
En paralelo a esa labor, José Rogelio Álvarez, en 1978, fue consejero del secretario de Educación Pública, el maestro Agustín Yáñez, con quien también colaboró durante su gobierno en Jalisco. En ese carácter intervino en el diseño y creación de las Delegaciones Generales de la SEP en todos los estados de la república; en 1979 ocupó la Dirección General del Consejo Nacional de Fomento Educativo, donde consiguió que la Asociación de Banqueros de México emprendiera una campaña de captación de recursos en apoyo de las tareas de ese organismo.
Muchas otras referencias podrían hacerse a la trayectoria de brillante intelectual y honesto servidor público, José Rogelio Álvarez. Baste recordar que fue miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y de la Academia Mexicana de la Lengua, donde realizó importantes aportaciones. Por ellas, recibió el Premio Jalisco en 1977; la medalla Benito Juárez de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1993; el Premio Ciudad de Guadalajara en 1994; y el doctorado honoris causa de la Universidad de las Américas en 1995.
Sin embargo, está aún pendiente el reconocimiento y homenaje que requiere su enorme aportación para el conocimiento de nuestro país y su historia, que debe estar al alcance de todos nuestros niños y jóvenes.
En virtud de los anteriores considerandos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o., fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Se exhorta atenta y respetuosamente al Ejecutivo federal a efecto de que por conducto de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y las demás dependencias que corresponda se realice una edición de la Enciclopedia de México que sea distribuida a las bibliotecas de las escuelas públicas, lo cual será de invaluable utilidad en la formación de los niños y jóvenes de nuestro país. Ello constituirá un merecido reconocimiento a la trayectoria académica del escritor e historiador jalisciense José Rogelio Álvarez Encarnación, quien coordinó la creación y edición de esta magna obra.
Dado en el Palacio Legislativo, sede de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, a 17 de marzo de 2011.
Diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a revisar e implantar con la UNAM procedimientos para la modernización y eficacia del Sistema Sismológico Nacional; y a los gobiernos de los estados, a realizar acciones a fin de instalar una estación sismológica en cada entidad federativa, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Gerardo del Mazo Morales, diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo previsto por la fracción I del artículo 6o., 65 y en los numerales 1 y 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición, con carácter de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México nos solidarizamos y lamentamos la tragedia que envuelve a nuestro país hermano Japón, quien ha sufrido en menos de un siglo cuatro tragedias que han marcado históricamente a esa entrañable nación amiga. Ese pueblo tan ejemplar ha hecho acopio de gallardía y de entereza para superar extraordinariamente las expresiones que la madre naturaleza le ha impuesto.
A escasos cinco días de ocurrido el gran terremoto que sacudió la costa oriental de ese país, los saldos de la catástrofe continúan en aumento, crece la cifra de decesos, los daños materiales se incrementan, el número de damnificados no se puede precisar, aunado a lo anterior sube la expectación por la tensa situación que se mantiene en torno al reactor nuclear de Fukushima, en fin las calamidades se presentan en cadena.
Los mexicanos hemos dado muestras de auxilio y solidaridad con otras naciones hermanas que han sido asoladas por fenómenos naturales de la misma magnitud, como por ejemplo dimos muestras de hermandad con los chilenos, en su momento lo hicimos con Indonesia y claro está, no olvidamos el sismo ocurrido en Haití.
Los terremotos, lluvias, huracanes son algunos de los fenómenos naturales que siempre han estado presentes en el planeta. Su impacto sobre las poblaciones y la destrucción que generan a su paso, son resultado de factores preexistentes en la comunidad determinados por la situación de vulnerabilidad en la que viven miles de hombres y mujeres debido a la pobreza y a la inexistencia o debilidad de políticas de prevención, lo que ocasiona que estas amenazas se conviertan en desastres.
Cuando las poblaciones conocen las amenazas a las que están expuestas y, sobre todo sus capacidades y recursos disponibles para enfrentarlas, aumentan sus posibilidades de prevenir el impacto de los desastres causados por las personas o por fenómenos naturales. Todos los esfuerzos educativos que tengan como objetivo la prevención de los desastres, son una apuesta por el desarrollo y por la vida. Entre mayor sea la educación y organización de una comunidad, mayores serán sus capacidades para prevenir, reducir, mitigar y recuperarse de los efectos de los fenómenos naturales.
Prevenir los desastres constituye una importante acción humanitaria, un acto de responsabilidad y una inversión a favor del desarrollo. Es más eficiente reducir los riesgos ante los desastres que reponer las pérdidas que causan a su paso.
México es un país que ha enfrentado en los últimos años los efectos de inundaciones y lluvias que dañan la infraestructura y lo más doloroso, cuestan vidas, ante hechos como estos, es pertinente que se insista en que es la prevención y el diseño de programas que preparen a la población para enfrentar estas contingencias, las acciones que pueden hacer menos costoso el fenómeno.
Nuestras experiencias están vivas en la memoria de millones de mexicanos, recordamos el sismo del 19 de septiembre de 1985, que afectó la zona centro de México, y que ha sido el movimiento telúrico más significativo y destructivo de la historia de nuestro país, siendo la capital la que resultó más afectada, dejando miles de pérdidas humanas y daños incuantificables en edificios y viviendas.
Una realidad es que México, se encuentra ubicado en una de las zonas de mayor actividad sísmica, donde se producen más de 80 por ciento de los terremotos del planeta. Esta región va desde el sur del continente: Chile, Perú, Ecuador y Colombia, pasando por Centroamérica hasta los Estados Unidos, cubriendo las islas Aleutianas y baja por las costas de Japón, China, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda.
De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), México ha presentado un aumento en el número de sismos de casi 400 por ciento, en relación con lo registrado hace cinco años en territorio nacional, simplemente para el mes de agosto del año pasado, habían ocurrido dos mil 145 movimientos telúricos, de los cuales 440 fueron en Oaxaca, en Guerrero 385 y en Chiapas 354.
En 2009, en el país se reportaron mil 238 temblores; en 2008, mil 29; en 2007, un total de 716; en tanto que en 2006 fueron 540.
En México no podemos quedarnos indiferentes e insensibles ante los acontecimientos de los que hemos sido testigos, no debemos quedarnos con los brazos cruzados, esperando a que surja la tragedia, por ello considero que debemos contar con instrumentos que permitan prevenir un desastre, aún y cuando algunas entidades no tienen problemas de sismos de manera frecuente, debe haber una vigilancia permanente.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, el suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Primero. La Cámara de Diputado del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México revise y se implementen los mecanismos necesarios para la modernización y eficacia del Sistema Sismológico Nacional, e informe a esta soberanía a la brevedad posible sobre el avance de tales acciones;
Segundo. Asimismo se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados para que realicen las acciones y medidas necesarias, para que en cada entidad federativa se instale una estación sismológica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y locales, a los entes autónomos de la federación y de las entidades, a los municipios, a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y a las entidades de la administración pública paraestatal a cumplir las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a la implantación de la reforma constitucional en materia de fiscalización, evaluación y armonización contable
Los que suscriben el presente, diputados y diputadas federales en la LXI Legislatura, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento de la Implementación de la Reforma Constitucional en materia de Fiscalización, Evaluación y Armonización Contable, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante el pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se hace un respetuoso exhorto a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, a que den cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Congreso de la Unión y las entidades federativas, en forma conjunta y a través de lo que se denomina como “Constituyente Permanente”, han aprobado en los últimos años, reformas a la Constitución General, con el fin de mejorar el orden jurídico nacional en materia de transparencia, acceso a la información, fiscalización y armonización contable.
Este mecanismo de colaboración institucional para reformar la Constitución federal, ha construido un nuevo régimen de rendición de cuentas sobre los actos y recursos públicos, obligatorios tanto para los órganos federales como para los que integran las entidades federativas y los municipios.
El primer elemento de este nuevo régimen, lo fue la reforma al artículo 6o. de la Constitución federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de julio del año 2007, por medio de la cual, se establecen las bases y principios que deberán observarse por los diversos órdenes de gobierno, en materia de acceso a la información pública.
El segundo elemento, mismo que se aprobó en paquete, fueron las reformas constitucionales a los artículos 73, 74, 79, 116, 122 y 134, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de mayo del año 2008, las cuales están orientadas al gasto público e incluyen disposiciones, sobre presupuesto, armonización en la contabilidad gubernamental, fortalecimiento de los órganos de fiscalización, principios en la administración del gasto público, así como la evaluación de éste.
En este grupo de reformas, uno de los cambios más trascendentes en materia de rendición de cuentas hace referencia a la obligación de homogenizar los sistemas de contabilidad gubernamental. Hasta antes de la reforma citada, cada estado, y en muchos casos, cada municipio, había decidido libremente la forma de llevar a cabo la contabilidad de sus finanzas. Esto significaba que los registros contables de un municipio, cuando los tiene, no son comparables, ni los rubros incluidos en ellos son equiparables con los del municipio vecino. Esto se vuelve en la práctica un problema de transparencia, pues aunque un estado financiero sea público, no necesariamente se cuenta con los elementos de interpretación necesarios; también representa un problema de rendición de cuentas, pues las “cuentas” plasmadas en los registros contables no son confiables ni fidedignas.
La armonización de los sistemas de contabilidad permite comparar los documentos contables de varios gobiernos, y asegura que la información de un gobierno tiene el mismo significado que la de los demás. Para que la información sobre el ejercicio presupuestal, los ingresos, los egresos, la deuda y el patrimonio sea efectivamente pública y transparente, es necesario que sea generada con base en criterios previamente definidos que aseguren que las cuentas públicas dispongan de datos fieles sobre las fuentes y los destinos del presupuesto, con mecanismos de actualización que muestren el valor de las deudas y el patrimonio de cada nivel de gobierno.
Los efectos de la armonización contable inciden no sólo en la transparencia de la información oficial sobre los recursos presupuestales sino, también, en muchos otros componentes de la rendición de cuentas: las evaluaciones y las auditorías; la explicación del ejercicio del gasto y de su eficiencia y eficacia; la calidad del gasto público y la relación costo-beneficio de las políticas públicas y programas del gobierno.
Por todo lo anterior, y una vez agotado el procedimiento constitucional respectivo, el día 31 de diciembre del año 2008, se publicó en el Diario oficial de la Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Dicha ley, tiene como objeto central, establecer parámetros generales para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.
Es importante destacar, que se prevé un sistema de contabilidad gubernamental que constituye el eje sobre el cual debe girar la contabilidad en los diversos órdenes de gobierno del Estado mexicano. Con este sistema, se exige la aplicación de principios y normas contables generales y específicas bajo los estándares más exigentes nacionales e internacionales. Asimismo, al no existir la sincronía necesaria entre los registros contables y los presupuestarios, la ley exige que los gobiernos federal, estatales y municipales vinculen ambos registros.
Otro elemento sustancial de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo es el establecimiento de controles adecuados sobre los bienes destinados a un servicio público, por lo que su articulado obliga a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a llevar registros contables, en cuentas específicas del activo, de los bienes muebles e inmuebles, incluyendo equipo de cómputo y vehículos.
Adicionalmente, en el registro patrimonial se incorporan diversas disposiciones respecto a la forma en que debe llevarse el control de los bienes, ya que existen casos, como lo son los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en los que no puede determinarse un valor y, por ende, deben formar parte de un registro auxiliar. Por otra parte, no es posible llevar un registro adecuado de los bienes si, al mismo tiempo, no existe la obligación de levantar un inventario, por lo que la Ley contiene disposiciones al respecto.
Toda vez que la Ley en cuestión es de carácter general, y que la contabilidad requiere del dinamismo necesario para adaptarse a los nuevos avances y desarrollos técnicos y metodológicos, se incorporó en dicho ordenamiento jurídico, un mecanismo para la creación de disposiciones y lineamientos por parte del Consejo Nacional de Armonización Contable. Dicho consejo, está conformado por la federación, las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
De esta forma, el consejo se convierte en el ente rector en la materia, cuyas decisiones, tienen carácter obligatorio para los diversos órdenes de gobierno, según lo señalan los artículos 7 y 9 de la ley, debiendo adoptar e implementar éstos, las decisiones que tome el consejo.
La propia ley establece en sus artículos 14 y 15, el procedimiento que debe seguirse para la emisión de disposiciones y para el seguimiento de su cumplimiento. Lo anterior, con el fin de brindar certeza jurídica en cuanto a la eficacia y obligatoriedad de las disposiciones que emita el consejo.
En atención a lo anterior, y cumpliendo con las formalidades previstas por la ley, el consejo emitió de 2009 a la fecha las disposiciones que enseguida se relacionan, las cuales deben ser cumplimentadas por los entes públicos en los plazos establecidos por éste en los acuerdos a que se hace referencia en cada uno de los documentos, y por los previstos en el ordenamiento jurídico en cuestión:
1. Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
2. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
3. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos
4. Clasificador por Objeto del Gasto
5. Clasificador por Rubros de Ingresos
6. Plan de Cuentas
7. Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos
8. Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas
9. Clasificador por Objeto del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida Genérica)
10. Clasificador por Tipo de Gasto
11. Clasificación Funcional del Gasto
12. Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto
13. Manual de Contabilidad Gubernamental
Compañeros legisladores, sin duda la contabilidad gubernamental debe servir para dos propósitos fundamentales. El primero, convertirse en una herramienta útil para la toma de decisiones sobre las finanzas públicas. El segundo, informar y rendir cuentas a la población sobre el ejercicio de los recursos públicos. Por ello, y ante la falta de cumplimiento a las disposiciones generadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable citadas en el párrafo anterior, es que se surte la obligación de este órgano del Poder Legislativo federal, en exhortar el cumplimiento cabal de la ley.
Queremos hacer hincapié, en que el proceso de reformas a la Constitución federal, conlleva necesariamente la aprobación de la mayoría de los órganos legislativos de las entidades federativas, según lo señala el artículo 135 de nuestra norma máxima, por lo que en forma explícita, dicho orden de gobierno se obliga a cumplir con los mandatos constitucionales correspondientes.
Al aprobarse la reforma a la fracción XXVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se dota al Congreso de la Unión de atribuciones para expedir la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debe quedar claro que existe un compromiso expreso por las entidades federativas y los municipios, en cumplir con los mandatos constitucionales y las leyes que de ellos se deriven.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.
Punto de Acuerdo
Los integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a la implementación de la reforma constitucional en materia de fiscalización, evaluación y armonización contable de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales; a que den cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Diputados: Gastón Luken Garza (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), David Penchyna Grub, Alfredo Javier Rodríguez Dávila.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales a implantar políticas de ahorro y austeridad para contribuir al pago de los apoyos sociales a los ex trabajadores migratorios mexicanos, a cargo de la diputada María Sandra Ugalde Basaldúa, del Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar políticas de ahorro y austeridad para coadyuvar al pago de los apoyos sociales a los ex trabajadores migratorios mexicanos (de 1942 a 1964), con base en las siguientes
Consideraciones
La problemática del pago del fondo de ahorro a los ex trabajadores migratorios mexicanos o braceros que trabajaron en los campos de Estados Unidos, con motivo del convenio binacional vigente de 1942 a 1964, afecta a todas las entidades federativas, pues muchas de ellas son cuna de los braceros que en su momento laboraron en Estados Unidos.
En la administración del presidente Vicente Fox Quesada se creó el Fideicomiso 2106 del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964), con la finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra dicho fondo, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos que la misma ley determina.
Si bien la ley establece en su artículo primero que será el Ejecutivo federal quien constituirá el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, establece también en su artículo 4o., fracción II, y V, párrafo segundo, las aportaciones que realicen los gobiernos de los estados y el Gobierno del Distrito Federal para incrementar el patrimonio del fideicomiso.
De las aportaciones del gobierno federal para solucionar la problemática del pago a los trabajadores ex braceros o a sus familiares, se ha dado un incremento de casi un 300 por ciento respecto al ejercicio anterior, pasando de trescientos millones de pesos a mil doscientos millones de pesos para 2011.
Podemos así afirmar que el Ejecutivo federal ha hecho su parte para dar solución a la problemática de la deuda a los trabajadores ex braceros, sin embargo se considera que es justo y oportuno que las entidades federativas tomen las medidas de ahorro, austeridad y previsión de recursos para coadyuvar a incrementar el patrimonio del fideicomiso, a fin de dar solución a la problemática que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo.
En la lógica de pleno respeto a las atribuciones de las entidades federativas, se apela a los principios de solidaridad y subsidiaridad para dar cumplimiento cabal y oportuno a la problemática del pago a los ex trabajadores braceros y subsanar con ello la deuda histórica que tiene con ellos el Estado mexicano.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implementar políticas de ahorro y austeridad para coadyuvar al pago de los apoyos sociales a los ex trabajadores migratorios mexicanos (de 1942 a 1964).
Palacio legislativo de san Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
Diputada María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a iniciar la construcción de infraestructura deportiva en las escuelas de nivel básico carentes de ella, a rehabilitar los espacios deportivos de las instituciones públicas de todo el país y a destinar el presupuesto necesario para ampliar las horas de clase de educación y cultura física en los planteles de nivel básico, a fin de contribuir a las acciones para atender adecuadamente la obesidad infantil, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, propone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., párrafo tercero; que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; en atención a este precepto constitucional, en la presente administración se han implementado diversas medidas y acciones públicas que pretenden prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad infantil; claro ejemplo de esto es la presentación del Programa Nacional para el combate de la Obesidad Infantil a cargo del presidente Felipe Calderón Hinojosa y 2 que realiza la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.
El presente punto de acuerdo tiene la intención de reforzar las medidas de prevención y tratamiento de la obesidad infantil tal es el caso del Programa Nacional Contra la Obesidad Infantil el cual se aplicará en las escuelas y cuyo objetivo primario es la prevención y el combate de la obesidad infantil en nuestro país; ya que de acuerdo a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad infantil se ha convertido en un serio problema de salud a nivel mundial, para el año 2005 se reportó que en todo el mundo había al menos 20 millones de menores de 5 años con sobrepeso; estudios recientes realizados en distintos países demuestran que entre 5 y 10 por ciento de los niños en edad escolar padecen obesidad, y en los adolescentes la proporción aumenta hasta situarse en cifras de entre 10 y 20 por ciento.
En México para 2006 los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición reportaron que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años, fue de alrededor de 26 por ciento, para ambos sexos, 26.8 por ciento en niñas y 25.9 por ciento en niños. De acuerdo a esta encuesta se encontró que el incremento más alarmante fue en la prevalencia de obesidad en los niños (77 por ciento) comparado con las niñas (47 por ciento); los resultados señalan la urgencia de aplicar medidas preventivas para controlar la obesidad en los escolares ya que representa alrededor de 4 158 800 escolares en el ámbito nacional con sobrepeso u obesidad; lo que nos indica que actualmente, siete de cada 10 adultos y alrededor de tres de cada 10 escolares y adolescentes tienen un peso excesivo, que pone en riesgo su salud a lo largo de la vida.
Ahora bien, es de vital importancia procurar que se cuente con los medios y recursos necesarios que permitan avanzar en el combate a la obesidad y debemos procurar y vigilar que todas las escuelas públicas del país cuenten con los espacios necesarios para poder desarrollar actividad física y asimismo contar con el personal adecuado para la impartición de dichas actividades.
Para los diputados del Partido Acción Nacional es de vital importancia proteger, atender, y promover la salud física de los niños y jóvenes mexicanos. Por ello dirijo el presente punto de acuerdo, con la finalidad de que se considere la creación y rehabilitación de espacios deportivos en todas las escuelas públicas del país y así contar con los espacios necesarios para que se les proporcione actividad física a los alumnos de las escuelas de nivel básico; además de asignar presupuesto para la ampliación de horas clase de educación deportiva.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que inicie la construcción de infraestructura de espacios deportivos en aquellas escuelas públicas de nivel básico que no cuentan con dichos espacios; y asimismo implemente las acciones necesarias para proporcionar la rehabilitación correspondiente a los espacios deportivos ya existentes en las escuelas públicas de todo el país.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que designe el presupuesto necesario para la ampliación de horas de clase de educación y cultura física en escuelas públicas de nivel básico; con la finalidad de contribuir a las acciones públicas para prevenir la obesidad infantil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que utilice 1 por ciento de los ingresos petroleros excedentes para ampliar el número de beneficiarios del Programa de Coinversión Social del Indesol, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada María Isabel Merlo Talavera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 6o. y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a destinar 1 por ciento de los excedentes monetarios derivados de la exportación de petróleo al programa de Coinversión Social de Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
Consideraciones
En México existe una gran cantidad de organizaciones que realizan las actividades que el estado no puede o ha dejado de realizar, la mayoría opera con recursos propios o con donativos de particulares, muy pocas tienen acceso a presupuesto público, ya sea por la complejidad de las convocatorias y reglas de operación o por el poco presupuesto que se asigna en este rubro.
A nivel federal existe el programa de Coinversión Social mediante el cual se busca contribuir a la igualdad de oportunidades construyendo capital social mediante el fortalecimiento de los actores sociales, quienes ejecutan proyectos de manera conjunta, para atender necesidades de los grupos sociales en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social.
Factores como pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género y vulnerabilidad social, son un caldo de cultivo que potencializa la generación de recursos humanos para las bandas delictivas. Por lo tanto debemos combatir estos factores como una acción de prevención.
Debemos trabajar no sólo en lo urgente o coyuntural, es imprescindible trabajar en lo importante y por ello es necesario centrar una parte importante de los esfuerzos gubernamentales en la prevención.
Las organizaciones de la sociedad civil, tienen una serie de cualidades que les permiten insertarse de mejor forma en la colectividad, por lo que generan en muchas ocasiones mejores resultados que las acciones gubernamentales.
Algunas de las cualidades que destacan de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son:
Flexibilidad. Dado su pequeño tamaño en comparación con la estructura del estado, responden sin dilación a necesidades cambiantes, aportando novedosos acercamientos a nuevas circunstancias y a problemáticas emergentes. Pueden asimismo hacer más con recursos limitados, y formular y llevar adelante proyectos sociales con métodos no convencionales.
Empatía y compromiso. Quienes trabajan en las organizaciones sin fines de lucro son normalmente personas que sienten un marcado compromiso con aquellos a quienes sirven o por quienes luchan. Por lo mismo, ayudan a generar autoestima y sentido de dignidad en las personas con las que trabajan para motivarlas a salir adelante.
Credibilidad y confianza. Las organizaciones, al trabajar con sectores vulnerables de la población, legitiman sus acciones y generan confianza y aceptación con las personas con las que trabajan y con la sociedad en general.
Aproximación holística a la problemática social. Frecuentemente, las OSC tienen la habilidad de aproximarse de manera más integral y flexible a los problemas sociales que atienden, en comparación con los gobiernos o las empresas. Pueden, por lo mismo, tender un puente entre lo social y lo económico, así como unir el servicio con el empoderamiento, que son parte del esfuerzo en la reducción de la pobreza y el combate a la discriminación y exclusión.
Destrezas especiales. Las organizaciones aportan servicios profesionales: médicos, trabajadores sociales, expertos en empleo y capacitación, abogados, psicólogos, comunicadores y educadores, entre muchos otros, así como algunas destrezas humanas, como la sensibilidad para atender a quienes sufren, organizar a la comunidad y motivar a las personas a realizar los cambios necesarios para mejorar su calidad de vida.
Adicionalmente, tienen una serie de aportes intangibles:
• Impulsan el sentido de autonomía personal, en el cual el ciudadano no es ni vasallo ni súbdito, con las personas que trabajan.
• Sensibilizan a la sociedad sobre derechos sociales que deben ser respetados.
• Desarrollan un sentimiento de vínculo cívico conciudadano, con los que se comparten proyectos comunes.
• Promueven la participación responsable en el desarrollo de esos proyectos, es decir, promueven la conciencia, no sólo de derechos sino también de responsabilidades.
• Contribuyen al desarrollo de legislación y de instituciones públicas para enfrentar las metas emergentes en materia social.
• Participan en la observación y seguimiento de procesos electorales, de ejercicio del gasto público y de rendición de cuentas de las instituciones públicas.
Aun con todas estas características que tienen las organizaciones de la sociedad civil, no son lo suficientemente apoyadas ya que la limitación de recursos impide que puedan potencializar aun más sus actividades.
El gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), cuenta con el programa de Coinversión Social que emite entre otras, las convocatorias para acceder a los recursos de los programas de asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables, Equidad de Género, Ciudad Juárez y Espacios Públicos, estos programas generan inercias de colaboración entre sociedad civil, gobierno y ciudadanía.
Los cuatro programas trabajan a nivel de atención y prevención, siendo estos dos aspectos fundamentales para elevar la calidad de vida de los mexicanos beneficiarios, al tiempo que generan ciudadanía responsable y comprometida con su entorno, inculcando valores como el respeto, la tolerancia, la honradez entre otros. Que evitan que los niños, los jóvenes y adultos en etapa productiva no sean presas fáciles de las bandas delictivas.
Sin embargo la limitante presupuestal año con año deja fuera una gran cantidad de proyectos que son considerados como Elegibles no Apoyados, esto quiere decir que cumplen los requisitos que las reglas de operación establecen pero el presupuesto no alcanza para poder apoyarlos. Esto produce frustración en quienes participan dentro de las OSC, ya que con todo y su interés en apoyar a personas en situación de vulnerabilidad no pueden hacerlo como quisieran ya que sólo pueden hacer hasta donde sus propios recursos les permitan.
En virtud de lo anterior y sumado al incremento en el precio del barril petróleo, a causa de los problemas que enfrentan países productores de este recurso en el continente africano, es que tenemos una oportunidad de apoyar a quienes más lo necesitan.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece los mecanismos y acciones que se deben llevar a cabo con los ingresos excedentes.
En los Criterios Generales de Política Económica, presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sustento del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la cotización del petróleo se consideró en 63 dólares por barril, como promedio para todo el año de 2011. En la Ley de Ingresos 2011 se fijó un precio de 65.20 dólares por barril de petróleo.
Sin embargo la situación que se vive a nivel internacional ha llevado a que se incremente el precio del petróleo y si consideramos que el Ejecutivo federal estimó la producción en 2,550 millones de barriles diarios en 2011, podemos decir que se ha generado una cantidad importante de recursos adicionales que van a formar parte del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, al que tiene acceso el presidente de la República y que podría ser utilizada una parte para ampliar los recursos del programa de Coinversión Social específicamente en la atención de los proyectos que sean considerados como Elegibles no Apoyados y que su actividad se centre en acciones de prevención de conductas antisociales, uso y abuso de drogas, promoción de la equidad de género y prevención de la violencia en cualquiera de sus formas.
Actualmente Indesol, emitió su primer bloque de convocatorias que cerró el pasado tres de marzo, sin embargo hace falta que sean evaluados los proyectos que las OSC presentaron y está próxima a emitir su segundo y tercer bloque de convocatorias, por lo que existe el tiempo necesario para poder implementar acciones para que haya más organizaciones beneficiarias.
La acción que se propone no impactaría significativamente las finanzas nacionales, ya que el aumento en el precio del energético ha tenido beneficios para México. De acuerdo con reportes del Banco de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) aportó 750 millones de dólares a las reservas internacionales del país en las operaciones del 14 al 18 de febrero. Esto significó 78.45 por ciento del total de 956 millones de dólares en que incrementaron las reservas.
La diferencia que existe entre el precio de mercado y el que se utilizó para fines presupuestales se va ampliando, lo que supondrá un beneficio para las finanzas del gobierno federal durante este año. Por ejemplo el 14 de marzo del presente año, el barril de petróleo cerró por encima de los 100 dólares, es decir 35 dólares por encima de lo estimado. Según datos del director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, México tiene de 45 a 50 millones de dólares adicionales por la exportación diaria de 1.5 millones de barriles de petróleo.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal utilice 1 por ciento de los ingresos petroleros excedentes, con la finalidad de ampliar el número de beneficiarios del programa de Coinversión Social de Indesol, específicamente para apoyar los proyectos que sean considerados como Elegibles no Apoyados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
Diputada María Isabel Merlo Talavera (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SEP medidas que permitan crear una unidad responsable de las universidades politécnicas del país, a cargo del diputado Jorge Romero Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Jorge Romero Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La fracción XXV del artículo 73 constitucional establece la facultad del Congreso mexicano para legislar a fin de establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la república, para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con ella.
En 2002, la Secretaría de Educación Pública realizó un estudio sobre nuevas opciones de educación superior, para tal efecto se averiguaron las experiencias de países de primer mundo como Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón, donde la educación basada en competencias es el eje de los nuevos modelos de educación, ya que se centran en la evidencia del desempeño. No se separa el saber del saber hacer, el esfuerzo queda centrado en los resultados de los educandos, cuando éstos se desempeñan profesionalmente en el campo laboral.
Con base en los resultados de este estudio, se decidió realizar un proyecto específico para definir un modelo pedagógico que permitiera crear una nueva opción de educación superior. Este hecho trajo como consecuencia la creación del Subsistema Nacional de Universidades Politécnica (UUPP), que actualmente suma 41 instituciones, distribuidas en 23 estados de la república, que atienden a 54 mil estudiantes y que a través de sus egresados, profesores e investigadores prestan servicio al sector productivo de bienes y servicios, así como a la sociedad en general.
Este hecho amplía las expectativas de los jóvenes mexicanos, por la cobertura al dar servicio a bachilleres en edad de educación universitaria; y la equidad que en materia de calidad las UUPP ofertan a través de la educación superior politécnica, tanto en las principales ciudades del país como en ciudades de desarrollo medio; además de la ampliación de las expectativas de desarrollo profesional en el campo laboral, de jóvenes entre 20 y 22 años.
El reto de estas nuevas universidades es formar a los profesionales superiores que están representando el detonador de desarrollo que el país requiere en estos tiempos. Su compromiso concreto es formar individuos que sean capaces de combinar la teoría y la práctica para generar riqueza, para garantizar que su formación universitaria les permita disfrutarla dichosamente y que dentro de una escala apropiada de valores son capaces de compartirla con la sociedad en un clima de paz.
Para ello, las universidades politécnicas establecieron como objetivos prioritarios: el de impartir educación de buena calidad en los niveles de licenciatura y postgrado en especialidades tecnológicas; el de formar profesionales, docentes e investigadores con elevado compromiso social; el de ejecutar programas de investigación y desarrollo tecnológico en las áreas de conocimiento en las que de manera paralela ofrecen formación superior universitaria; el de promover la vinculación, cooperación e intercambio con instituciones educativas estatales, nacionales y extranjeras, así como con los sectores público, privado y social; y el de instaurar programas de difusión y extensión universitarias para el fortalecimiento institucional y los vínculos con la comunidad.
El modelo educativo basado en competencias de las universidades politécnicas se orientó de tal manera que permite ofrecer a los estudiantes que hayan egresado de educación media superior, una alternativa de formación profesional que les permite incorporarse en cuarenta meses al trabajo productivo profesional; además de que el modelo de las UUPP provea sus egresados las herramientas formativas para que tengan la posibilidad de establecer un negocio propio, que a su vez genere espacios laborales para los niveles operativos.
En consecuencia se creó la Coordinación de Universidades Politécnicas, que funge como unidad de previsión de la problemática que entraña necesidades y satisfactores inherentes a un subsistema de educación superior; responsable de la planeación del desarrollo de cada una de las universidades ubicadas en el interior del país, así como de la ubicación de las nuevas instituciones; encargada de la organización de los aspectos financieros, de infraestructura, de equipamiento, académicos, de investigación y del consenso de todas y cada una de las partes implicadas en la creación, apoyo y sostenimiento de las instituciones que integran el subsistema; esta coordinación está autorizada para dirigir y normar el nuevo modelo educativo de vanguardia tanto en otros países como en el nuestro, conforme lo exige la normatividad de la Dirección General de Profesiones; además la Coordinación de Universidades Politécnicas, es la encargada de gestionar y coordinar la transferencia de las ministraciones financieras para la infraestructura de cada institución, así como para su operación en el ámbito del gobierno federal y de los estatales.
Actualmente, las universidades politécnicas son organismos públicos descentralizados, de los gobiernos de los estados, con personalidad jurídica y patrimonio propio y se encuentran integradas a la Coordinación de Universidades Politécnicas.
El financiamiento de la operatividad de las universidades politécnicas recibe apoyo en partes iguales del gobierno estatal y del federal. Sin embargo, este financiamiento es canalizado directamente a través de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, con la unidad responsable (UR) número 514.
Toda vez que en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública no se ha considerado una dirección o coordinación general de universidades politécnicas y como consecuencia tampoco cuenta con un número de UR.
En tal circunstancia y ante la imposibilidad jurídica para legislar en materia de reglamentos internos de las dependencias de la administración pública federal, se propone exhortar de manera respetuosa al Ejecutivo a reformar el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de que se adicione una unidad administrativa o UR para las universidades politécnicas, a efecto de que el subsistema de UUPP deje de estar supeditado al proceso del trámite administrativo que realice la Coordinación General de Universidades Tecnológicas con fundamento en los artículos 17, 18, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Lo anterior, en razón de que la independencia de su UR permitiría al subsistema de universidades politécnicas buscar relaciones nacionales e internacionales con instituciones de interés para su consolidación y tendría la posibilidad de firmar toda clase de acuerdos y convenios que a su interés favorezcan, en aras de cumplir cabalmente el objeto de su creación.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea lo siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la Secretaría de Educación Pública las acciones pertinentes para modificar el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública a efecto de que se considere la figura de una unidad administrativa o unidad responsable para las universidades politécnicas, a efecto de que el subsistema de UUPP deje de estar supeditado al proceso del trámite administrativo que realice la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las modificaciones pertinentes al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública para integrar en su articulado la Dirección General de Universidades Politécnicas.
Dado en el salón de sesiones de Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 17 de marzo de 2011.
Diputado Jorge Romero Romero (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a especificar el criterio de inseguridad pública y conferirle prioridad en las reglas de operación del programa federal Rescate de Espacios Públicos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El problema de la inseguridad en México ha ido incrementándose notoriamente en los últimos 5 años y, aún cuando se han invertido millones de pesos para ampliar el número de efectivos de la policía, su adiestramiento y equipamiento, han sido medidas insuficientes, ya que los problemas de seguridad se han atendido desde una perspectiva puramente policial, e incluso militar, sin reconocer que esta problemática debe ser abordada desde todos los frentes posibles.
Las cifras que arroja la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad (Ecosep) 2011 comprueba que la percepción de inseguridad entre la población se ha ido incrementado considerablemente. Un ejemplo de ello es que durante el primer mes de 2011, el indicador mostró 98.2 puntos, en el mes siguiente disminuyó a 97.6, lo que significa que aumentó la sensación de inseguridad entre la población. 1
En esta tesitura, se puede afirmar que la percepción de que una zona o área determinada es más o menos peligrosa, incide en la decisión de transitar, habitar, o invertir en ella, además de que no siempre se basa en datos reales, sino más bien en la percepción que se tiene de la misma y en el temor a ser asaltado, agredido, secuestrado, etcétera, por lo que la gente se ha tenido que recluir en espacios privados y/o cerrados, generando una privatización de los espacios de recreación y esparcimiento de la ciudadanía, por lo cual se debilitan y fragmentan los lazos sociales.
Por otro lado, este fenómeno no solo perturba directamente a la población, su patrimonio y su futuro; su influencia también es un problema que afecta de manera directa las finanzas públicas ya que el enorme y creciente presupuesto que se destina a combatir este problema, bien podría ser aprovechado en otras áreas como educación, salud, combate a la pobreza, incrementar la productividad o mejorar la infraestructura social, por decir algunos ejemplos.
Muestra de ello es que, con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, se estima que el costo de la inseguridad en México sobrepasa el 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) lo que equivaldría a más del doble de lo que se destina para educación en un año. 2 La inseguridad genera pérdidas y gastos en un sinnúmero de situaciones: la pérdida de vidas humanas, la destrucción de infraestructura, disminución de la confianza para las empresas que tienen interés en invertir en nuestro país y, como ya se dijo, la desviación de recursos para otros sectores, además de afectar a la institucionalidad del Estado, las libertades sociales y el modo de vida de las y los ciudadanos. Todo lo anterior tiene una alta relación con el incremento en la pobreza, el desempleo y la desigualdad, lo que a su vez alimenta el círculo vicioso de la violencia y la criminalidad.
Por otro lado, gracias al rápido y desordenado crecimiento de las ciudades se ha dejado de lado la creación de espacios públicos suficientes y apropiados para la creciente población. La sociedad, en especial las y los jóvenes, se desarrollan e interactúan en su comunidad en los espacios públicos. Por ello destaca la importancia de generar políticas públicas integrales que combatan dicho problema desde diferentes ámbitos, reconociendo que uno de los vectores más importantes para la inhibición de conductas criminales es precisamente la creación y recuperación de espacios públicos; toda vez que existe una necesidad de contar con espacios que coadyuven a establecer lazos de convivencia y sano entretenimiento entre los ciudadanos, entendiendo que la seguridad la producen las personas y el uso que se le da a los espacios en donde se desarrollan dichas actividades.
Toda la población tiene derecho a espacios públicos seguros, sin embargo, el problema de inseguridad en los mismos incide en la población más vulnerable: niñas, niños, adolescentes, mujeres y ancianos, ya que el temor a transitar en zonas y horarios determinados, debido al riesgo que pueden correr por ello, restringe su derecho a transitar libremente por el territorio nacional, tal como lo establece el artículo 11 constitucional y el cual se ve coartado por miedo al asalto, robo, rapto, al abuso sexual, etcétera.
La creación y rehabilitación de espacios públicos de calidad, dotados con los elementos necesarios, propicia la base de un sano esparcimiento para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, con lo cual se puede lograr una verdadera prevención del delito y la consecuente disminución de personas involucradas en actividades ilícitas, que muchas veces desemboca en su incursión al crimen organizado desde muy temprana edad.
Asimismo, la consecuencia en la inseguridad de un crecimiento urbano mal planificado, del mal diseño de los espacios públicos y su consecuente deterioro, de la inadecuada iluminación de calles, parques y centros de recreación, de la mala planificación de las actividades de ocio y sano esparcimiento en las comunidades, así como las inadecuadas respuestas del Estado ante esta problemática y la escasa participación proactiva de la ciudadanía, nos coloca en una situación propicia para el desarrollo de actividades y comportamientos antisociales. Es por ello que se debe apuntar hacia la prevención de dichos comportamientos, a través de la creación y recuperación de espacios que propicien el sano y normal desarrollo de las diversas actividades de la ciudadanía, protegiendo sus vidas, sus derechos y sus bienes.
El programa Rescate de Espacios Públicos busca precisamente ese objetivo, es decir, la protección, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos que se encuentran con problemas de deterioro, abandono e inseguridad para contribuir a la disminución de la pobreza urbana y la prevención de conductas antisociales, en donde a su vez se realicen actividades artísticas, culturales, cívicas, deportivas y de esparcimiento, y con ello detonar la identidad comunitaria y la cohesión social.
El programa mencionado establece dentro de sus criterios de cobertura a aquellos espacios públicos que, como ya se dijo, presentan problemas de deterioro, abandono o inseguridad, sin embargo, y en general, la aplicación del término inseguridad en la redacción es ambigua puesto que no se establece con claridad y se interpreta como la inseguridad de las características físicas del lugar y no como los índices delincuenciales de la zona.
Lo que se busca con este punto de acuerdo es esto precisamente, que se identifique el criterio de inseguridad pública, considerado como la propia inseguridad que se vive en muchas áreas de las comunidades urbanas, y a su vez, que se le dé prioridad a aquellos espacios públicos dentro de los municipios donde los índices de violencia, delincuencia y criminalidad son más altos que en otras zonas del país. Es innegable que los efectos nocivos de la delincuencia en el crecimiento económico y el combate a la pobreza son considerables y, por consiguiente, el control de la delincuencia sólo mejorará a través de la reducción de los delitos cometidos en calles, parques, casas, escuelas, etcétera.
Lo anterior es imprescindible dado el clima de violencia que se vive en el país y, por ello, es necesario que se multipliquen los esfuerzos, no solo a través de medidas puramente policiales, sino desde todos los frentes posibles, con el apoyo y coordinación entre Estado y sociedad, para lograr con ello un impacto positivo en el bienestar social y en el crecimiento económico.
Por lo anteriormente expuesto propongo ante el pleno de esta honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que especifique y priorice el criterio de inseguridad pública en las reglas de operación del programa federal Rescate de Espacios Públicos.
Notas
1 Juan Antonio Zúñiga M, “Empeora la percepción sobre condiciones de seguridad en el país, reporta el Inegi”, México, La Jornada en línea, 11 de marzo de 2010. URL:
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/11/index.php?section= politica&article=015n1pol
2 Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)