Que expide la Ley Federal de Atención para las Mujeres en Reclusión, a cargo de Paz Gutiérrez Cortina y suscrita por Josefina Vázquez Mota, diputadas del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, Josefina Eugenia Vázquez Mota y Paz Gutiérrez Cortina, diputadas de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Atención para las Mujeres en Reclusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el transcurso de los años, la mujer ha sido eliminada del discurso de las ciencias penales, como la criminología, y del derecho punitivo, lo que ha traído como consecuencia lógica su invisibilización en los sistemas penitenciarios de prácticamente todo el planeta.

A finales del siglo XIX, César Lombroso, fundador de la criminología positivista a partir de una postura antropológica, incorpora a la mujer delincuente imponiéndole estereotipos en razón al sexo y denigrando su persona a un sitio a inferior en la escala evolutiva, argumentando que la mujer no siente pena y por ello es insensible a la de los demás y asimilando a la mujer delincuente a los hombres, e incluso superponiéndola como más viciosa que el hombre. No obstante, sus defectos son minimizados mediante la maternidad, la piedad, la necesidad de pasión, y su inteligencia menos desarrollada.

Es bajo estas teorías predominantes, aun durante los siglos XX y XXI en que a la mujer privada de su libertad no se le otorga un espacio en la agenda penitenciaria de prácticamente ningún país, mostrando un recrudecimiento de su situación en Latinoamérica.

En México, la incorporación de la mujer privada de su libertad en los estudios sociológicos y jurídicos se remonta a la década de los años setenta, sin embargo, la atención que merece aun se encuentra en un compás de espera principalmente por dos cuestiones.

La primera, se atribuye a la conceptualización estereotipada de la mujer en el deber ser, lo que se espera de ella es un comportamiento puro, acorde a las normas sociales establecidas, imponiéndole la sociedad una dura carga moral, en la que su posición de subordinación en las relaciones de poder impuestas por los hombres, magnifican la trascendencia de la mujer que transgrede la norma jurídica, lo que implica que transgrede también las normas sociales, mereciendo ante los ojos de una sociedad predominantemente androcéntrica, un doble castigo, por ser mujer y por ser delincuente.

Aunado a lo anterior, la mujer no ocupa un lugar preponderante en el sistema penal, por una razón numérica, ya que no ocupa cifras mayores en las estadísticas de la población penitenciaria y en ese entendido terminan siendo invisibilizadas y por ende una población discriminada, incluso de los informes institucionales y en muchos casos de los emitidos incluso por instancias de derechos humanos, en los que no se ven reflejadas, convirtiéndolas en un interno más.

La realidad que viven las mujeres en el cautiverio de una prisión es más desoladora de lo que se piensa. Desde un enfoque de género, las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, son víctimas de constantes violaciones a sus garantías individuales, lo cual se refleja mediante actos de violencia físicos, mentales, psicológicos, morales y sexuales, que se originan desde el momento de su detención, la inequidad en la imposición de las sentencias con respecto a los hombres, hasta su internamiento en los centros de readaptación social.

Generalmente, las mujeres que viven en reclusión, han vivido situaciones de pobreza, en muchos casos extrema, ignorancia, violencia, en otros casos viven en zonas rurales o marginadas; donde el control social por parte de la religión, los usos y costumbres, la familia y pareja imponen la idea de que cuando una mujer comete un delito, es visto como un pecado y por consiguiente debe compurgar su sentencia, penitencia. En estas condiciones, es el mismo entorno social el que las destierra de su mundo, situación que se recrudece aún más cuando se encuentran en centros de readaptación que se localizan fuera de su estado, contraviniendo el artículo 18 constitucional, párrafo 6, ya que el olvido y el abandono se vuelven una práctica cotidiana.

Por otra parte, es un hecho que las mujeres que se encuentran en reclusión son las que no contaron con los recursos económicos para cubrir los montos de la caución o sobrellevar un proceso, ni con el apoyo de la familia.

Otra situación recurrente es la de los casos de mujeres que no tienen conocimiento de las causas que las han llevado a permanecer en reclusión, debido a que muchas de ellas no hablan el castellano haciendo caso omiso a lo estipulado en los códigos de procedimientos penales federal y estatales, en el sentido de proporcionar un interprete a la inculpada/procesada, en las diligencias practicadas tanto en la averiguación previa como en las diversas etapas del proceso.

En muchos de los ilícitos cometidos por una mujer, existe la presencia de un hombre, ya sea hijo, padre, pareja, hermano, amigo, quienes obligan, convencen, seducen, o a quien se protege ya sea por afecto o por ser víctimas de algún tipo de violencia (física, mental, emocional, moral), y sin o con la voluntad se ven involucradas en hechos delictivos; o bien, aunque en el menor de los casos, las mujeres que con o sin previa denuncia de violencia familiar cometen homicidio o lesiones en contra de su agresor, situación límite que se presenta por la defensa de ella misma pero primordialmente de sus hijos.

Asimismo, es evidente que el aumento en el número de delitos cometidos por mujeres se debe a diversas causas, tales como la falta de empleo, o empleos mal remunerados, ya que hoy la mujer se ha convertido en la proveedora en la familia, sea por abandono de la pareja, por obligación con los padres o simplemente por la probada feminización de la pobreza. Es importante destacar que el mayor número de delitos cometidos son básicamente los patrimoniales y contra la salud, principalmente en su modalidad de transporte de drogas, tal es el caso de las llamadas burreras o mulas, mujeres primordialmente indígenas, sin instrucción, que conforman el último y más vulnerable eslabón del narcotráfico.

En los centros femeniles de readaptación social existe una acumulación de discriminaciones que se entrelazan vulnerándola más, ya que, aparte de su condición de delincuente se agrega la de ser indígena, extranjera; con otra lengua o dialecto; analfabeta; por profesar una religión distinta a la mayoritaria; por tener alguna discapacidad; ser adulta mayor; por su condición social principalmente las mujeres que desde niñas han vivido en situación de calle o institucionalizadas; por su orientación sexual, o por su calidad de inimputable.

Conforme a las estadísticas penitenciarias, generalmente ocupan los porcentajes más bajos, actualmente conforman el 5.12 por ciento del total de la población en la República Mexicana. De los 455 centros de readaptación social, 236 son mixtos, es decir hay internas e internos, lo que provoca que tengan que vivir su proceso o compurgar su sentencia en pequeños lugares improvisados, como bodegas o galerones, que pertenecen al área asignada a los hombres, lo que da pie a múltiples abusos de los propios internos hacia las mujeres, ya que al cohabitar en el mismo espacio físico, independientemente de estar separados por rejas o paredes, se reproducen los estereotipos de género repitiendo los roles sociales impuestos a la mujer (lavar ropa, cocinar, coser, bordar), los cuales acepta y realiza ya sea por necesidad económica, soledad o temor al maltrato. Asimismo, se ven obligadas a compartir las áreas de servicio, como son los sanitarios, regaderas, servicios médicos, áreas escolares, patios y cocinas, contraviniendo el artículo 18 constitucional. En cuanto a la separación de hombres y mujeres para compurgar su pena. Únicamente 13 centros son exclusivos para internas 1 , sin embargo estos centros exclusivos para mujeres tampoco son óptimos, ya que los centros son espacios pensados para hombres, por lo que no atienden los requerimientos de la interna ni las de sus hijos, esto en el caso de que le sea permitido mantenerlos con ellas.

Respecto a los servicios médicos, la situación es muy grave, ya que los centros, no cuenta con un servicio especializado para las internas, en la mayoría no hay ginecólogos, ni pediatras, ni instrumental medico básico, medicamentos ni personal capacitado, y la información que se brinda a las internas sobre enfermedades cervicouterinas, menopausia, cáncer de mama, etcétera dependerá más de la buena voluntad del personal operativo que de una obligación realizar, ya que en las secretarías de salud, autoridad competente en la materia, argumenta que los (as) médicos no aceptan laborar en los centros.

En cuanto al tratamiento para su reinserción social, existen también diversas discriminaciones algunas de ellas carentes de perspectiva de género que no han sido atendidas.

Un factor importante que ha menguado el desarrollo educativo de las internas, se relaciona con su baja calidad y nula eficiencia en los programas educativos, ya que no se han implementado los mecanismos necesarios para sensibilizar y motivar la participación de las internas en las actividades académicas, ni adecuar los planes de estudio a las condiciones de la población, por lo cual se puede observar que la interna que accede a los estudios, lo hace más bien para obtener algunos beneficios, (reducción de su condena). Además de estas circunstancias, otro obstáculo que ha impedido el desarrollo académico de las internas, tiene que ver con el beneficio que les representa el realizar algún tipo de actividad laboral ya que al desempeñar actividades de este tipo, las autoridades computan el tiempo trabajado para una disminución de la pena, además, por escasos que sean, obtienen algunos recursos económicos por la prestación de sus servicios. Esta situación es de clara discriminación ya que además de la situación de abandono que viven, y por la cual dependen de lo que puedan obtener ellas mismas, en la mayoría de los casos las internas son el principal sustento de la familia, lo que implica una doble carga para ellas.

Con respecto a la capacitación para el trabajo, es donde se presenta una gran desigualdad con respecto a los talleres que se imparten. En el caso de las secciones varoniles, mientras que a los internos se les capacita en algún oficio como puede ser la carpintería, mecánica, industrial, de autoconsumo, empresarial, contabilidad básica, entre otros, los talleres o propiamente dicho las actividades ocupacionales dirigidas a las internas, están estereotipadas, ya que son una reproducción de los roles de género, lo que además de hacerlos ineficaces, carecen de perspectivas para obtener recursos. Por lo que la intención de estas actividades, tienen como finalidad el mantenerlas ocupadas, en lugar de otorgarles una capacitación laboral adecuada. Así, entre las actividades dirigidas a las internas, se pueden encontrar los talleres de macramé, rafia, popotillo, bordado, repujado, pasta italiana en reducidos casos corte y confección.

Por consiguiente, al no representar un beneficio para las internas las opciones de trabajo que brinda el sistema, generalmente las mujeres, y en especial en los centros mixtos, realizan otras actividades como la limpieza, cocinar, lavar y zurcir la ropa de los internos, recibiendo cantidades irrisorias por la prestación de sus servicios, y que al no existir una verdadera industria penitenciaria, estas opciones sin duda, les retribuye más que la hechura de bolsas de rafia o los bordados, porque aunado a lo anteriormente descrito, si la interna no cuenta con la visita de algún amigo o familiar simplemente no pueden obtener la materia prima ni mucho menos comercializar sus productos.

En lo que respecta a los centros de readaptación social donde existe algún tipo de industria penitenciaria, se presentan todo tipo de violaciones a las internas trabajadoras, ya que al no estar incorporadas en la Ley Federal del Trabajo, no se les concede ningún tipo de derecho como trabajadoras. Aunado a lo anterior los salarios que reciben, al no estar regulados continuamente se viola su derecho de obtener un salario digno y por supuesto son insuficientes lo que representa un problema social, ya que un alto porcentaje de las mujeres privadas de su libertad son el sostén económico de su familia (generalmente se encargan de la manutención de sus hijos, ya sea que éstos se encuentren con ellas, si el centro lo permite, o de los que se encuentren fuera). Asimismo, las contadas empresas maquiladoras que se encuentran en los centros de reclusión generalmente se instalan en centros varoniles.

En cuanto al comportamiento que la interna muestra al interior de los centros femeniles, es importante resaltar que si bien es más demandante que el hombre en la exigencia de prestación de servicios, principalmente médicos, también lo es que es mucho más fácil de controlar, por lo que la gobernabilidad de los centros no se ve afectada, y en caso de amotinamiento, lo que ha sucedido en contadas ocasiones en décadas, este será para mostrar su inconformidad sobre la atención que recibe y no para fugarse.

La situación de los hijos, es sin duda el aspecto que genera mayor preocupación ya que en el caso de la mujer privada de su libertad, se refleja inmediatamente en la disolución del núcleo familiar (lo que no sucede con los hombres en la misma situación). En estudios realizados en México se ha comprobado que cuando un hombre va a prisión, los hijos quedan al cuidado de la madre, frecuentemente compartiendo el mismo techo con los hermanos. Cuando la madre va a prisión, en cambio, los niños no quedan normalmente bajo el cuidado del padre, por lo que pierden tanto al padre como a la madre, y a menudo también a los hermanos, pues estos suelen repartirse entre los familiares o enviarse a alguna institución 2 .

Y es en este sentido que se presenta una de las mayores polémicas que genera la situación de las internas ya que en algunos casos, dependiendo del centro de que se trate, se permite tener consigo a sus hijas e hijos menores, sin embargo existe una disparidad absoluta en cuanto a las edades en que pueden permanecer con sus madres, ya que mientras en una entidad sólo pueden permanecer los primeros meses de vida, en otros como el Distrito Federal la edad máxima en la que se les permite tenerlos es hasta los 5 años, esto por citar sólo ejemplos que permiten observar la disparidad en los criterios, en otras entidades simplemente no se permite que los menores permanezcan con sus madres, bajo el argumento de que los centros de readaptación social no son lugares adecuados para la niñez debido a las condiciones en que se vive, es pues un reconocimiento tácito de las autoridades de la vulnerabilidad que se vive.

Cabe señalar que en el caso de que sí se les permita permanecer a su lado, no cuentan con recursos especiales para ellos, duermen en las camas asignadas a sus madres, comen de la comida dispuesta para ellas, no cuentan con servicio médico pediátrico ya que dependen del servicio médico del centro que no cuentan ni con el personal calificado, instrumental ni medicamento pediátrico, por otra parte, en cuanto al aspecto escolar sólo en algunos casos se cuenta con los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), donde las carencias de materiales didácticos, juegos y personal calificado son absolutas.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, un estado democrático, está obligado a resolver los problemas sociales que aquejan a su población, la seguridad pública, es, sin duda, uno de los mayores retos del estado, y el sistema penitenciario debe constituir una prioridad para fortalecer la reinserción de quienes se encuentran en él. El no atender la problemática de las mujeres privadas de su libertad, como observamos impone costos sociales muy elevados, y mientras continué invisible en el marco jurídico nacional, esta situación se perpetuará, y las consecuencias cada vez se recrudecerán más.

Asimismo, México ha adquirido compromisos internacionales que no puede ignorar en materia de derechos humanos, y los diagnósticos que se realizan en esta materia a nivel nacional, arrojan continuamente los mismos resultados en donde observamos la denigración de la persona sujeta al sistema penitenciario, sin que se le brinde la atención a que como sujeta de derechos le corresponden.

El principio pro personae de derechos humanos nos impone la obligación de acudir a la norma más amplia, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Es decir, el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, es estar siempre a favor de la persona.

En este sentido instrumentos internacionales reconocidos y /o ratificados por el Estado mexicano como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual México se adhirió el 24 de marzo de 1981, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al que México se adhirió el 23 de marzo de 1981, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración de Beijing, y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (1977), así como nuestra Carta Magna, imponen y proponen los derechos que son inalienables, imprescriptibles e indivisibles a la persona, y que por ende, protegen también a las mujeres privadas de su libertad.

Sin duda, las niñas y niños inmersos, pero invisibles en el sistema penitenciario, son la deuda mayor, atendiendo al interés superior que nos merece una infancia que carece de todo, y que al no formar parte de los diagnósticos e indicadores quedan fuera de las políticas y programas que tienen por objeto beneficiar a la niñez mexicana, dejándolos en total indefensión, tendiendo consecuencias trascendentales en la prevención del delito, ya que al no darles nada, no es posible que se les exija una conducta adecuada, porque simplemente no tienen acceso a los derechos más fundamentales que toda personas debe tener, derechos que les han sido reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño(1989) y por el Estado mexicano en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por otra parte, en la actualidad el marco legal nacional es sujeto a una serie de modificaciones en las que el marco crítico normativo del género se encuentra presente, ya que existe una deuda con la mitad de la población que si bien de iure , ha intentado garantizar la salvaguarda de toda la población, de facto, es indudable que no ha sido así, poniendo a la mujer en muchos casos en un estado de indefensión que han tenido como consecuencia un incremento en la violencia contra ella en muchos aspectos, en el caso de las mujeres privadas de su libertad y acorde a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Convención Belem do Pará (1994), la violencia institucional a que por décadas se ha enfrentado, en un sistema pensado y creado para los hombres, exige una respuesta impostergable y un reconocimiento a ser sujeta al respeto y reconocimiento de sus derechos, independientemente de su condición jurídica y libre de discriminaciones primordialmente en razón a su género.

Reconociendo que una de las principales causas de la generación de discriminación acumulada que enfrentan las mujeres privadas de su libertad es la invisibilización desde el contexto legal, pese a la existencia de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, siendo este el principal ordenamiento jurídico en que se fundamenta la readaptación social en México, toda vez que éste documento no responde a las necesidades reales de las personas que se encuentran en situación de reclusión y las mujeres no son consideradas como sujetas de derechos en este ordenamiento. Aunado a lo anterior, esta ley, únicamente toma en consideración, por su propia naturaleza a las personas sentenciadas, dejando fuera de su ámbito a las personas procesadas, quienes en la realidad conforman aproximadamente 40 por ciento de la población penitenciaria en la República Mexicana, conforme a los datos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública.

La falta de un ordenamiento legal en el cual se contemple a las mujeres internas en los centros de readaptación social, es un requisito sine quanon para que las diversas instituciones tanto a nivel federal como estatal, involucradas en la atención que como principio se les debe brindar, conforme al marco internacional, no se vean obligadas a cumplir cabalmente con las atribuciones que les competen.

Por ello como parte de la armonización legislativa que reconoce los derechos de las mujeres de iure y de facto, la Ley para la Protección de las Mujeres y sus hijas e hijos privadas de su libertad, obedece al reconocimiento de facto con perspectiva de género y para garantizar el interés superior de la infancia, que establezca las condiciones mínimas que se deberán observar durante la estancia de las mujeres y sus hijas e hijos en los centros femeniles de readaptación social en el país.

Anteproyecto

Ley Federal de Atención para las Mujeres en Reclusión

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el honorable Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

Decreto

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Se expide la Ley de Atención para las Mujeres en Reclusión

Título I

Capítulo 1Disposiciones Generales

Artículo 1o. La presente ley es de interés público, tiene por objeto establecer la organización, operación y administración del sistema penitenciario, respecto de las mujeres en reclusión, para garantizar sus derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación, seguridad, disciplina, y orden.

Artículo 2o. La federación, las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal, en sus respectivas competencias, expedirán los instrumentos jurídicos y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en reclusión, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

Artículo 3o. Todas las medidas que se deriven de la presente ley, como la capacitación para el trabajo, la educación, salud y deporte, procurarán el tratamiento, la reinserción social y la prevención de la comisión de delitos de las mujeres en reclusión.

Artículo 4o. Serán principios rectores de la presente ley los siguientes:

I. Legalidad;

II. Igualdad;

III. Equidad;

IV. Imparcialidad;

V. El respeto a la dignidad humana;

VI. La no discriminación;

VII. El interés superior de la infancia, y

VIII. La tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.

Artículo 5o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Ley: Ley de Atención para las Mujeres en Reclusión;

II. Centro(s) Femenil(es) de Reinserción Social: Los lugares en que las mujeres serán recluidas con carácter preventivo y el sitio de ésta será distinto para la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta por la autoridad competente.

III. Titular del Centro Femenil de Reinserción Social: La denominación que corresponda a la máxima autoridad de cada uno de los centros de reinserción social;

IV. Mujer en reclusión: La mujer que se encuentra privada de su libertad en un centro de reinserción social sea, indiciada, procesada o ejecutoriada.

Artículo 6o. Todos los centros femeniles de reinserción social deberán contemplar en su espacio arquitectónico, establecimientos adecuados para el desarrollo laboral, de capacitación y de educación; así como los espacios recreativos, deportivos y de salud idóneos para las mujeres en reclusión, sus hijas e hijos.

Artículo 7o. El alojamiento de la mujer en reclusión en el centro de observación y clasificación será por tiempo determinado, durante el cual se someterá a estudios médicos, sicológicos y sociales los cuales permitirán a las autoridades realizar un diagnóstico para clasificar y en su caso implementar el tratamiento individualizado, realizado el diagnóstico integral, se ubicará a la mujer en reclusión en la estancia que corresponda, procurando integrarla a un grupo cuyas características sean similares.

Capítulo 2Autoridades y personal adscrito

Artículo 8o. Todo centro femenil de reinserción social tendrá la obligación de señalar en su reglamento interno que estará al frente de una titular, contará con subdirectoras(es) y responsables de área necesarios, en el cual se enumerarán cuidadosamente sus responsabilidades, y en su caso la cobertura de ausencias.

Las autoridades y personal adscrito a los centro femeniles de reinserción social deberán:

I. Capacitarse y actualizarse periódicamente para seguir laborando en ellos.

II. Respetar la dignidad de las mujeres en reclusión y sus derechos fundamentales, libres de todo estereotipo de género y violencia.

Artículo 9. Tanto las autoridades como el personal adscrito a cada uno de los centros femeniles de reinserción social, deberán reunir el perfil, conforme a sus cargos, atribuciones, obligaciones y prohibiciones, siendo determinante el no contratar a personas integrantes de las fuerzas armadas, cuerpos policiacos y que tengan antecedentes penales.

Asimismo, tanto las autoridades como el personal adscrito a cada uno de los centros femeniles de reinserción social para continuar formando parte del personal del centro, deberán tomar cursos de capacitación continuos e incluir un programa de capacitación en derechos humanos de las mujeres y en el tema de género para todas/os las/os funcionarias/os

Artículo 10. El personal de custodia que entre en contacto con las mujeres en reclusión deberá ser preferentemente femenino.

Artículo 11. Tanto las autoridades como el personal adscrito a cada uno de los centros femeniles de reinserción social, se comprometerán a desempeñar su trabajo y prestar sus servicios con dignidad, buscando la seguridad y la custodia sin actos de violencia, teniendo como norma el respeto a los derechos humanos, la eliminación de los estereotipos de género, y la no discriminación por condición económica, social, de edad, etnia, religión, orientación sexual o discapacidad.

Título II

Capítulo 1Consejo técnico interdisciplinario

Artículo 12. Todo centro femenil de reinserción social contará con un consejo técnico interdisciplinario con las siguientes funciones:

Consultivas, necesarias para la aplicación individual del sistema-técnico-científico progresivo.

Ejecución de medidas preliberacionales, concesión de la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria.

Atención a actos de violencia institucional y de género cometidos por personal del centro femenil de reinserción social contra las mujeres en reclusión.

Podrá sugerir también a la autoridad ejecutiva del centro femenil de reinserción social medidas de alcance general para la buena marcha del mismo.

El consejo, será presidido por la o el director del centro femenil de reinserción social o por la o el funcionario que le sustituya en sus faltas, se integrará con personal de superior jerarquía y en todo caso formarán parte de él, especialistas en medicina y educación básica y cuando no los hubiere el consejo se compondrá con la persona que esté a cargo de la dirección del hospital y dirección de la escuela federal o estatal de la localidad y a falta de estos funcionarios, con quienes designe el Ejecutivo del estado.

Artículo 13. El tratamiento de las mujeres en reclusión deberá tener como finalidad la reinserción social.

El tratamiento deberá ser integral, técnico-científico progresivo, basado en un modelo de intervención con un enfoque de género que permita a las mujeres en reclusión plantearse su proyecto de vida desde la autodeterminación y la autonomía.

Las mujeres procesadas y sentenciadas con problemas graves de salud física y/o psicológica recibirán tratamiento especial y por separado cuando sea necesario, según la gravedad del problema y sus posibles consecuencias para el resto de la población de las mujeres en reclusión.

Este tratamiento especial será de carácter técnico-científico, deberá ser autorizado por la titular, previa sugerencia o solicitud del personal especializado y con la supervisión del consejo técnico interdisciplinario.

En los casos que procedan, el otorgamiento de los beneficios preliberacionales se regirá de acuerdo a la normatividad vigente en la época de la comisión del delito.

Artículo 14. Las medidas que se apliquen con arreglo a esta ley y que tiendan a proteger los derechos y condiciones de las mujeres en reclusión, en particular a las embarazadas, las madres lactantes o de aquéllas que tengan a sus hijos e hijas menores de tres años viviendo junto con ellas dentro del centro, las adultas mayores, las que tengan alguna discapacidad, las que padecen alguna enfermedad grave, no se considerarán discriminatorias.

Tampoco se considerará discriminatorio facilitar el ejercicio de los usos y costumbres de las mujeres en reclusión, siempre y cuando éstos no alteren la seguridad del centro femenil de reinserción social.

Artículo 15. Las mujeres en reclusión que se encuentren en estado de gravidez deberán ser atendidas por personal médico especializado con la periodicidad establecida por la Norma Oficial Mexicana NOM 007-SSA2-1993: atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio al recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, o su actualización correspondiente. Asimismo, deberán recibir los complementos alimenticios necesarios y la alimentación apropiada que garanticen la salud y sano desarrollo del embrión.

Artículo 16. La dirección del centro femenil de reinserción social propiciará la cooperación de aquellas instituciones culturales, educativas, sociales y asistenciales existentes, y que con carácter voluntario coadyuven a las tareas de reinserción social de las mujeres en reclusión.

La dirección del centro femenil de reinserción social deberá propiciar la educación básica obligatoria para aquella mujer en reclusión que no la hayan cursado o concluido. Para ello, se deberán hacer convenios con instituciones educativas, en su caso.

Los programas educativos y de recreación deberán estar exentos de los estereotipos de género y de elementos que discriminen a las mujeres en reclusión por el hecho de serlo o por atributos como condición económica, social, edad o étnica.

Para las mujeres en reclusión de nuevo ingreso se promoverá la impartición de un curso de inducción o talleres que les ayuden a comprender y a ubicar su nueva circunstancia de vida y a tener una convivencia respetuosa entre ellas.

En ningún caso el trabajo que desarrollen las mujeres en reclusión será denigrante, vejatorio o abusivo.

Artículo 17. El trabajo de las internas en los reclusorios se ajustará a los siguientes lineamientos:

La capacitación y el adiestramiento de las internas tendrán una consecuencia ordenada para el desarrollo de sus aptitudes y habilidades propias;

En ningún caso el trabajo que desarrollen las internas será denigrante, vejatorio o abusivo.

La participación de las internas en el proceso de producción no será obstáculo para que realicen actividades educativas, artísticas, culturales, deportivas, cívicas, sociales y de recreación.

Artículo 18. Las actividades laborales fomentarán la participación y la formación de las mujeres en reclusión en trabajos productivos, económicamente rentables y que les den la posibilidad de ser independientes económicamente una vez que se encuentren en libertad. En ningún caso se impedirá la participación en ninguna profesión por el simple hecho de no ser considerada como no tradicional de las mujeres.

Ninguna mujer en reclusión podrá desempeñar funciones de autoridad, ejecutivas o cargo alguno en el trabajo que realice dentro de la institución.

Artículo 19. Los cuidados posteriores al parto, puerperio y del/la recién nacido/a deberán ser observados por el servicio médico del centro femeniles de reinserción social.

Las niñas y los niños nacidas/os dentro del centro femenil de reinserción social, deberán ser inscritos ante el Registro Civil, sin especificar el lugar en el que nacieron, sobre todo si nacieron en el interior de las instalaciones.

Por ninguna razón deberá hacerse distinción del trato entre las y los niños nacidos dentro de los centros femeniles de reinserción social, con aquéllas/os nacidas/os fuera.

Las mujeres en reclusión podrán conservar la custodia de sus hijas e hijos en el interior de la institución, hasta los tres años de edad.

Artículo 20. El titular del centro femenil de reinserción social deberá registrar de forma permanente a las niñas y los niños que se encuentren en el interior, especificando en un expediente sus condiciones, sexo, la fecha de su ingreso y la fecha en la que tendrán que egresar, dar seguimiento a su estado de salud físico, de crecimiento y desarrollo y psicológico. Posterior al egreso de las niñas y los niños, se propiciará mantener el lazo materno-infantil.

Artículo 21. Es responsabilidad de la dirección del centro femenil de reinserción social celebrar convenios de colaboración con la Secretaría de Educación Pública para que éste cuente con los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), los cuales deberán instalarse al interior del centro, y ser exclusivamente para las y los hijos de las mujeres en reclusión.

Artículo 22. La titular del centro femenil de reinserción social deberá realizar las gestiones necesarias para que las niñas y los niños reciban todas las vacunas, conforme lo establece la Secretaría de Salud; asimismo, las y los menores de dos años deberán recibir la revisión médica habitual establecida por la misma secretaría, para vigilar su desarrollo físico y mental.

En caso de que se detecten enfermedades contagiosas, congénitas o degenerativas en los infantes se deberán canalizar a los servicios de salud especializados y mantener informada a la madre y a la institución en que se encentra, en todo momento sobre el estado de salud de su hija o hijo.

La dieta de la población infantil deberá ser valorada y establecida por el servicio médico, y deberá garantizarse la calidad e higiene en la elaboración de los alimentos.

Al cumplir las y los infantes la edad permitida para permanecer con la madre serán entregados a la familia de la mujer en reclusión o del padre previa valoración psicológica y de trabajo social, en caso de no existir éstas, a una institución del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o a una organización de la sociedad civil debidamente acreditada, que tengan programas de atención a infantes en esta situación, de la cual saldrán para incorporarse al hogar familiar con su madre cuando ella cumpla con su sentencia. Asimismo, las autoridades del centro deberán solicitar a dichas instituciones que les informen de la situación de las y los niños para que, a su vez, las madres estén al tanto de sus hijas e hijos mientras salen del centro femenil de reinserción social.

Artículo 23. Los servicios médicos del centro femenil de reinserción social vigilarán por la salud física y mental de la población carcelaria, de sus hijas e hijos, y por las condiciones higiénicas y sanitarias dentro del establecimiento.

El centro femenil de reinserción social contará con servicios médicos generales y facilitará el acceso a las/los especialistas en ginecología y obstetricia, pediatría, odontología, psicología y psiquiatría, o de alguna otra especialidad en su caso.

El personal médico, preferentemente deberá ser de sexo femenino.

Cuando el personal médico de la institución lo determine necesario en virtud del tratamiento administrado, o en caso de emergencia, la mujer en reclusión deberá ser trasladada a un centro especializado para continuar su tratamiento.

Artículo 24. Las mujeres en reclusión tendrán derecho al libre ejercicio de su sexualidad. Las mujeres en edad reproductiva podrán optar por el ejercicio de la maternidad cuando así lo decidan.

La dirección deberá brindar información relativa a los diferentes métodos anticonceptivos disponibles y asegurar que los mismos se hagan llegar de manera gratuita a las mujeres en reclusión de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993: de los Servicios de Planificación Familiar; o su actualización correspondiente.

Se les proporcionará información fidedigna y oportuna sobre las infecciones de transmisión sexual, tales como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el virus del Papiloma Humano (VPH), así como otros temas relacionados con su salud, como cáncer cervicouterino, cáncer de mama, climaterio, menopausia, osteoporosis, y enfermedades crónicas como diabetes mellitus, e hipertensión arterial.

Artículo 25. A las mujeres en reclusión con alguna enfermedad mental se les proporcionará el tratamiento psiquiátrico adecuado, así como un espacio digno que cuente con los requerimientos necesarios para su rehabilitación, buscando en todo momento evitar la discriminación por su condición de salud.

Título IIIComunicación con el exterior

Artículo 26. El centro femenil de reinserción social deberá facilitar a las mujeres en reclusión el ejercicio de su derecho a la comunicación con el exterior, permitiendo de manera controlada el uso del teléfono y del servicio de correo postal, así como el acceso a la información y la cultura a través de los medios de comunicación electrónico e impresos, periódicos, revistas, libros, radio y televisión.

La titular del centro femenil de reinserción social deberá autorizar y reglamentar la visita íntima, la familiar, de defensoras y defensores, interpretes capacitados de lenguas indígenas y personas que no tengan parentesco con la mujer en reclusión e interreclusorios, que reciban las mujeres en reclusión ésta no deberá basarse en criterios parciales, ni discriminatorios en su detrimento.

Las mujeres en reclusión que no reciban visita familiar podrán dedicarse a actividades recreativas o bien quedar sujetas a una programación de tipo terapéutico.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal emitirá el reglamento de la ley dentro de un plazo de seis meses a partir de su publicación.

Notas

1. Estos Centros se encuentran en Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Morelos, Querétaro, Sonora y Zacatecas y el Distrito Federal

2. Puglia 1987, Azaola y Yacamán 1996, Bisgaard 1999, Payá 2001.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.

Diputadas: Josefina Eugenia Vázquez Mota, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica).