Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a adoptar medidas para atender los problemas de calidad en las redes de telefonía móvil, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Gerardo Flores Ramírez, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 65, fracción II, párrafo cuatro y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto para consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor literal de las siguientes

Consideraciones

Los servicios de telefonía móvil se han convertido desde hace varios años en un recurso indispensable para el quehacer cotidiano de millones de familias mexicanas, así como también para la realización de prácticamente cualquier actividad, ya sea productiva, educativa o de esparcimiento.

Al cierre de 2010, había ya en nuestro país un poco más de 90 millones de usuarios de telefonía móvil, de los cuales, prácticamente 80 millones son usuarios de prepago. Diariamente, los mexicanos cursamos cerca de 545 millones de minutos en llamadas, ya sea para estar en contacto con nuestros seres queridos, para contactar clientes o proveedores, para hacer consultas de información, para realizar operaciones financieras, y desde luego, para reportar emergencias o incidentes que ponen en riesgo su seguridad.

Ello sin duda nos da una idea clara sobre la importancia que la telefonía móvil tiene en la vida diaria de todos nosotros. Sin embargo, no debemos soslayar también lo que este servicio representa como negocio para quienes nos ofrecen este servicio. Para empezar, el año 2010 les generó ingresos ligeramente superiores a los 200 mil millones de pesos, lo que significa, que en promedio los operadores de telefonía móvil en nuestro país obtuvieron alrededor de 552 millones de pesos diarios de nosotros los usuarios, mismos que se concentran prácticamente en los 2 proveedores más importantes en nuestro país.

Cabe mencionar que de los poco más de 90 millones de usuarios, cerca de 25 millones se ubican en el área metropolitana del Distrito Federal, donde recientemente se han resentido reiterados problemas de calidad en el servicio de los concesionarios de este servicio.

Son precisamente los usuarios el motivo de este punto de acuerdo. ¿Cuántos de los propios miembros de esta soberanía, en los últimos dos meses no hemos tenido problemas con nuestras comunicaciones a través del teléfono móvil o celular? No somos los únicos, allá afuera en las calles de esta ciudad o en muchas otras de nuestro país, existe un gran número de compatriotas que intenta e intenta una y otra vez comunicarse a su trabajo o con su familia y no tiene éxito, ya sea que pretenda usar los servicios de voz o incluso los de datos.

Versiones sobre esta situación hemos escuchado o leído muchas, pero el hecho se encuentra en que el ciudadano no sabe a qué autoridad recurrir para quejarse o bien la autoridad reguladora no es clara al informar que acciones ha implementado ante un hecho que representa una problemática social, en virtud del alcance, uso y crecimiento que tiene hoy en día un celular o aparato móvil, según quieran denominarlo.

De lo que se trata es dejar en claro, primero, cuál es el marco legal de referencia el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado, con apego a lo dispuesto en las leyes, tiene la facultad, en casos de interés general, de concesionar la prestación de servicios públicos, fijando las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios.

La Ley Federal de Telecomunicaciones dispone en su artículo 1 que es de orden público, y en su artículo 7 que tiene, entre otros objetivos, regular el uso, aprovechamiento y explotación de las redes públicas de telecomunicaciones; promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional, y fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios.

Dentro de sus redes, los concesionarios del servicio local móvil cuentan con sistemas de registro por medio de los cuales pueden obtener, de manera eficiente, ágil, confiable y oportuna, información diversa acerca del desempeño y calidad en la prestación de los servicios concesionados.

Asimismo, considerando que si bien el Plan Técnico Fundamental de Calidad de las Redes del Servicio Local Móvil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto del 2003 (en lo sucesivo el Plan de Calidad) fija los parámetros técnicos que deberán cumplir los sistemas de telecomunicaciones de las redes móviles, éste no hace mención de parámetros que reflejen la percepción real de los servicios recibidos por parte de los usuarios.

Ello ha derivado en que durante años, los usuarios de servicios de telefonía móvil en nuestro país no conozcan con detalle mediciones objetivas sobre el desempeño de los diferentes operadores en materia de calidad de sus servicios. El asunto no es menor, pues se trata de información que de estar a disposición del público sería, sin lugar a dudas, uno de los factores centrales en la toma de decisiones de los usuarios sobre con qué operador contratar el servicio de telefonía móvil, o bien, a que red convendría moverse como usuario.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe información disponible que es frecuentemente utilizada por el órgano regulador de las telecomunicaciones en ese país, la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones). Tan es así, que en el curso del 2010, se tuvo conocimiento que el operador AT&T Wireless estaba teniendo un desempeño deficiente, medido a través del indicador conocido como “porcentaje de llamadas caídas”, que a marzo de 2010 se ubicaba en 4.5 por ciento, mientras que para el caso de su más fuerte competidor, el operador conocido como Verizon, este indicador se ubicaba en 1.5 por ciento.

Para un operador que opera en un mercado en competencia, cualquier información pública que permita que sus usuarios conozcan que tiene un desempeño en términos de calidad mucho peor que el de sus principales rivales, existen dos alternativas: 1) Bajar sus tarifas para compensar a los usuarios por el deficiente servicio o 2) Invertir recursos importantes para cerrar la brecha de calidad que lo separa de sus rivales.

En el caso de AT&T en los Estados Unidos, este operador determinó hacer frente a los problemas de calidad destinando 2 mil millones de dólares para mejorar su red de telefonía móvil.

Esta referencia es desde luego importante para el caso de México, pues de acuerdo con la actuación reciente de las autoridades, pareciera que hay una determinación a medias para atender esta problemática. En este sentido, se pueden citar sendos comunicados emitidos el pasado 4 de febrero del presente, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en los que se dio cuenta de una reunión celebrada por los titulares de la SCT, Cofetel y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) “...con los representantes de las cuatro empresas que prestan en el país el servicio de telefonía móvil Iusacell/Unefon, Nextel, Telcel y Telefónica México”.

En los comunicados, se señala de manera expresa: “En dicha reunión, el secretario Dionisio Pe?rez-Ja?come Friscione conmino? a las empresas a superar las afectaciones de calidad procurando en todo momento salvaguardar los intereses de los usuarios.”

La redacción del comunicado deja ver con claridad que en esa reunión hubo un gran ausente: el consumidor. El tema preocupa porque en nuestro país existen ya diversas agrupaciones que pueden ser consideradas para ser convocadas a este tipo de reuniones. La omisión en este tenor de la SCT, de Cofetel y Profeco es inaceptable.

El asunto debe ser desde luego motivo de preocupación para la Cámara de Diputados, pues en nuestro mandato de representar los intereses del pueblo de México, resulta inaceptable que ante un problema de esta naturaleza, que afecta negativamente el bienestar de los consumidores, las autoridades se reúnan a solas con los representantes de los proveedores del servicio, sin incluir a los consumidores, y simplemente se limiten a emitir un comunicado que dé cuenta en forma generalizada sobre lo abordado en la misma, y peor aún, que nos enteremos por medio de dichos comunicados que el titular de la SCT simplemente se haya limitado a conminar a los operadores a superar los problemas de calidad.

En este sentido, los mexicanos debemos saber con total transparencia qué fue lo que se discutió en dicha reunión, si los titulares de la SCT y Cofetel solicitaron a los operadores información sobre planes de inversión en el corto plazo para superar los problemas de calidad, etcétera.

En este orden de ideas, también es relevante hacer referencia al Plan de Calidad, apenas aprobado por el pleno de la Cofetel el pasado miércoles 23 de febrero, que si bien es cierto representa un avance importante en comparación con el Plan anterior que no contemplaba la verificación periódica del desempeño de las redes de telecomunicaciones, así como tampoco la publicación periódica de los indicadores de calidad, cuestiones que si contempla el nuevo plan.

Sin embargo, no establece mecanismos que permitan evaluar los eventuales daños causados por incumplimientos y fallas, ni contempla un tabulador de sanciones aplicables por interrupciones o deficiente calidad en el servicio imputables a los propios concesionarios.

No obstante lo anterior, habrá que estar atentos a la eficacia de este nuevo instrumento que seguramente será combatido ante el Poder Judicial por más de un operador de servicios de telefonía móvil, tal como recientemente lo hizo uno de dichos operadores con relación a la recomendación hecha por la Cofetel a la SCT para que proceda a imponer sanciones por problemas de calidad en el servicio de telefonía móvil.

El artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, es muy claro al señalar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigilará que los concesionarios y permisionarios proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten.

En consistencia con lo que señala en las primeras consideraciones, el 87 por ciento de los usuarios de telefonía móvil se ubican en el segmento de prepago y las tarifas por las llamadas que realizan son descontadas del saldo de sus cuentas en el preciso instante en que la comunicación es concretada.

El restante 13 por ciento son clientes de pos-pago cuyas llamadas son descontadas automáticamente de una bolsa de predetermianda de minutos por las que los concesionarios de telefonía celular reciben una tarifa base mensual y cuando el volumen de esta bolsa es agotado, la red tarifica y carga una tarifa específica por cada minuto adicional consumido por los clientes.

Las fallas presentadas en los últimos meses en las redes móviles en la mayoría de los casos obligan a los usuarios a efectuar más de una llamada para poder entablar una comunicación aceptable. Sin embargo, los sistemas de medición de las redes catalogan cada una de estas llamadas interrumpidas como una llamada concretada, y como tal es descontada del saldo de los usuarios, aun cuando, por causas imputables a las deficiencias en la red, la llamada concretada tenga una duración mínima de uno o dos segundos.

Es pertinente también hacer mención del hecho de que cualquier usuario que llame de un teléfono fijo a un teléfono móvil “el que llama paga” necesariamente se ve afectado por la interrupción de llamas, ya que, al igual que sucede en los sistemas de tarificación de las redes móviles, la llamada es contabilizada como concretada en la red fija en el preciso momento en que es efectúa la conexión, independientemente de que por causas imputables a la red, esta sea interrumpida inmediatamente después.

Aún cuando la posible interferencia causada por sistemas de radiocomunicaciones, autorizados o no autorizados, tiene como consecuencia la interrupción de las comunicaciones inalámbricas los usuarios afectados deben de cubrir puntualmente sus adeudos a sus proveedores de servicios –o efectuar recargas de tiempo aire en el caso de los usuarios de prepago– si es que desean mantener la continuidad del servicio, sea este deficiente o no.

Si bien la actualización y modernización de los sistemas de telecomunicaciones de las redes concesionadas es una práctica común que tiene como objetivo final el mejoramiento en la calidad y la diversidad de los servicios ofrecidos al público, los usuarios tienen el derecho a contar con parámetros y estándares mínimos de calidad en los servicios que reciben y pagan.

Los costos del orden cualitativo, cuantitativo o económico en que incurren los usuarios debido a interrupciones en el servicio no imputables a ellos mismos deben de ser resarcidos en forma proporcional a su magnitud y con la misma prontitud y rectitud con la que los propios concesionarios cobran a sus clientes por los servicios prestados.

Derivado de lo anterior, someto para consideración de esta soberanía con carácter de obvia o urgente resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que determinen con firmeza y oportunidad los parámetros mínimos de calidad que deberán observar tanto las redes de servicios de telecomunicaciones como los servicios proveídos por los concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones autorizados para tales efectos de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones, los reglamentos y las demás normas vigentes en la materia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor, a que tomen las acciones pertinentes para realizar una medición y cuantificación oportuna, precisa y en términos reales del daño económico causado a los usuarios de servicios de telecomunicaciones a raíz de las fallas que se han presentado de manera ostensible en los meses recientes en las redes de los proveedores servicios concesionados.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que con base en los resultados de las mediciones a que se refiere al párrafo anterior proponga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sancionar a aquellos concesionarios cuyas redes presenten un mal funcionamiento y causen afectaciones directas a la economía de sus clientes por causas imputables a los propios concesionarios de telecomunicaciones.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que atienda las solicitudes de sanción presentadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones descritas en el párrafo que antecede para que, con montos equivalentes al daño económico nominal causado a los usuarios por las interrupciones de servicios, aplique las sanciones económicas correspondientes a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, independientemente de las sanciones que imponga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en virtud de los problemas de calidad de las redes móviles, y conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, lleve a cabo los procedimientos administrativos necesarios y ordene a los concesionarios del servicio móvil la bonificación monetaria que corresponda a los usuarios, como consecuencia de la deficiente prestación del servicio que reciben de los concesionario señalados.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el marco de sus atribuciones y en beneficio de los consumidores, haga las gestiones necesarias para garantizar la convergencia plena de todas las redes de telecomunicaciones, para que puedan prestar todos los servicios que la tecnología les permita, sujeto a las mejores prácticas internacionales y al cumplimiento, por parte de todas esas redes, de las obligaciones en materia de competencia previstas en el actual marco legal, así como las que proponga la Comisión Federal de Competencia.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 3 de marzo de 2011.

Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica)