De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante ese órgano legislativo al comisionado del Instituto Nacional de Migración
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 30 de septiembre de 2010, el diputado Rubén Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular del Instituto Nacional de Migración ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que informe sobre las acciones que se han emprendido para el combate del creciente secuestro de migrantes, así como las acciones realizadas respecto de las propuestas que le hiciera la CNDH en su informe especial sobre los casos de secuestro a migrantes.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para estudio y dictamen.
Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
La finalidad del punto de acuerdo propuesto es que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Secretaría de Gobernación, comparezca ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para informar “detalladamente sobre las acciones que en el ámbito de su competencia ha emprendido para el combate del creciente secuestro de migrantes y particularmente las acciones realizadas respecto de las propuestas que le hiciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Informe especial sobre los casos de secuestros a migrantes”.
Consideraciones
México, en su condición de país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, posee responsabilidades múltiples en materia de derechos humanos.
La masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, a finales de agosto de 2010, donde perdieron la vida 72 migrantes procedentes de Centroamérica y Sudamérica, no es un hecho aislado.
Numerosos casos reportados en los medios de difusión masiva y las recomendaciones al respecto emitidas por la CNDH dan testimonio de que México tiene gran déficit en materia de respeto de los derechos humanos de los migrantes.
En el asunto que nos ocupa resulta de suma importancia conocer del comisionado del INM las acciones que realiza éste en la problemática expuesta por el proponente.
La pertinencia de la comparecencia que se solicita encuentra su fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en el párrafo 4 refiere la facultad de las comisiones ordinarias para solicitar la comparecencia de servidores públicos de distintas dependencias ante la propia comisión.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cita al comisionado del Instituto Nacional de Migración a que comparezca ante la Comisión de Derechos Humanos con objeto de que informe detalladamente sobre las acciones que en el ámbito de su competencia ha emprendido para el combate del creciente secuestro de migrantes y particularmente las acciones realizadas respecto a las propuestas que le hiciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Informe especial sobre los casos de secuestros a migrantes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos
Diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica).
De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y a Ferronales a agilizar el trámite de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares en Tijuana, Baja California
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número 60-II-1-2398, de fecha 14 de abril de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 5357, que contiene una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) a fin de agilizar el trámite de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares de Tijuana, Baja California, presentada por el diputado Ricardo Franco Cázarez, del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 11 de diciembre de 2008.
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió, como parte de los asuntos para dictaminar, la proposición con punto de acuerdo referida.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta bajo los siguientes
Considerandos
Primero. Que debido a la dinámica de crecimiento urbano de Tijuana, que ha ocasionado que a lo largo de los años se hayan conformado asentamientos humanos en superficies sin planeación y sin cumplir con los principios legales correspondientes, existe la imperiosa necesidad de regularizar estos predios ante la demanda de sus posesionarios por la incertidumbre jurídica que esta situación representa para sus familias, siendo éste su único patrimonio, así como la inserción al desarrollo urbano ordenado y armónico, y con ello potenciar el valor del patrimonio, garantizar la transmisión de dominio sin conflicto y acceder a fuentes formales de financiamiento que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida y los habitantes de la municipalidad vivan mejor.
Segundo. Que con relación a lo anterior, se hace indispensable tomar las medidas necesarias para ordenar el crecimiento urbano y sus asentamientos humanos en Tijuana, mismos que se encuentran ubicados principalmente en zonas de desarrollo urbano acelerado, con el objeto de insertarlos al desarrollo urbano ordenado, para con ello evitar la especulación que propicia el desarrollo urbano y la vivienda. Es de urgente prioridad social solucionar y prevenir el indebido crecimiento de los asentamientos humanos en Tijuana, resulta imprescindible la planificación para el ordenamiento de éstos mediante la regularización de la tenencia de la tierra y su inserción al desarrollo urbano, para su equipamiento urbano y consecuentemente, otorgar certeza jurídica a los posesionarios que acrediten debidamente la posesión como manera de adquirir la propiedad.
Tercero. Que en las consideraciones del punto de acuerdo, el diputado proponente señala: “Resulta prioritario atender las demandas de tenencia y propiedad de la tierra mediante la celebración del convenio establecido entre la Corett y Ferronales, a fin de que las familias que carezcan de seguridad jurídica por no contar con un documento legal que las acredite como propietarias de las tierras en que actualmente se encuentran sólo en posesión; esto es, a fin de que los posesionarios se conviertan en legítimos propietarios”. Asimismo, expresa la necesidad de dar cumplimiento al convenio de colaboración celebrado el 24 de septiembre de 2007, en donde la Corett declara que es objeto suyo “regularizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables la tenencia de la tierra donde haya asentamientos humanos irregulares de propiedad federal”, así como en coordinación con Ferronales declara en el punto III.1 que “es su interés otorgar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra a nivel nacional sobre los inmuebles propiedad de Ferronales”, a través de la consolidación de su patrimonio inmobiliario, regularizando los asentamientos humanos irregulares o, en su caso, constituyendo reservas territoriales para el desarrollo urbano o la vivienda.
Cuarto. Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, es necesario reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren su nivel de vida y garanticen alimentación, salud, educación y una vivienda digna, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. De igual modo, se establece como prioritario afianzar una cultura de legalidad para que los mexicanos vean protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica.
Quinto. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 de Baja California, en el eje denominado “Desarrollo regional sustentable”, establece como una de sus prioridades el ordenamiento territorial y desarrollo urbano. En los últimos años, la población de las cabeceras municipales del estado ha mantenido elevada tasa de crecimiento. Adicionalmente, los altos costos de la infraestructura y la falta de aplicación de estrictas políticas públicas para la utilización de reservas territoriales han provocado, entre otras situaciones, un incremento en la demanda de suelo apto para el desarrollo urbano y en consecuencia se han ocupado zonas de riesgo y sin servicios, resultando en asentamientos irregulares de difícil acceso y factibilidad de servicios. De esta manera, es importante establecer una política estatal de promoción de la adquisición de reserva territorial en condiciones adecuadas para ser desarrolladas en el corto y mediano plazo, primordialmente como uno de los principales insumos para el desarrollo urbano sustentable. Para el cumplimiento de este objetivo es importante hacer copartícipe a la sociedad, sobre todo al sector privado, de tal manera que se puedan unificar esfuerzos y recursos para incrementar la reserva territorial que redunde en el fomento de la actividad económica en la ciudad, así como desarrollar suelo urbano para uso habitacional.
Sexto. Que el Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana en el eje de desarrollo urbano y regional, considera impulsar acciones para el control de asentamientos humanos irregulares. Tiene como líneas estratégicas: 1. Identificar y proteger áreas susceptibles de invasión para evitar en lo posible, asentamientos humanos irregulares en éstas. 2. Coordinar, con las instancias competentes en los diferentes órdenes de gobierno, acciones para el resguardo, protección, preservación y liberación de zonas de riesgo y derechos de vía. 3. Promover con los gobiernos estatal y federal, la asignación de suelo urbano y vivienda a la población de escasos recursos.
Séptimo. Que la Corett es una entidad paraestatal sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social, creada mediante decreto con fecha 6 de noviembre de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 del mismo mes y año; que tiene entre sus funciones principales el regularizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios ejidales, comunales y de propiedad federal, así como coadyuvar con los gobiernos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, cuando lo soliciten, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en sus procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra, así como de adquisición, administración y enajenación de suelo y reservas territoriales para desarrollo urbano y la vivienda.
Octavo. Que para poder llevar a cabo sus funciones la Corett ha celebrado múltiples convenios de colaboración con el Registro Agrario Nacional, así como con Ferronales, en liquidación, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 14 de junio, 24 de septiembre y 25 de septiembre de 2007, respectivamente.
El objeto de los convenios de colaboración es el sumar acciones con la finalidad de regularizar los asentamientos humanos irregulares, para que con ello los posesionarios y sus respectivas familias tengan certeza y seguridad jurídica en el lote que poseen, que en general son predios aptos para el crecimiento urbano ordenado, los cuales a la fecha no han sido posible su regularización, lo que coadyuvará al reordenamiento y desarrollo urbano armónico de los municipios, trayendo consigo el ordenamiento urbano correctivo y preventivo.
Noveno. Que el 9 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la regla 04/08, “Regla para la adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano y la vivienda”, cuyo objeto es establecer el procedimiento que realiza la Corett para la adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano y vivienda.
Décimo. Que en consideración de lo anterior y tomando en cuenta que es impostergable dar solución al problema de los asentamientos humanos irregulares, la Corett y Ferronales deben agilizar el procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra en Tijuana, Baja California, uniendo esfuerzos para lograr una regularización integral que tome en cuenta los aspectos administrativos, jurídicos y urbanos necesarios para el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano, la expedición de escrituras y la dotación de servicios públicos municipales.
El pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 9 de febrero del año en curso dictaminar la procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social emite el siguiente
Dictamen
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de poderes, hace un respetuoso exhorto a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra y a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a concretar el convenio y llevar a cabo acuerdos necesarios para agilizar el trámite de la regulación de la tenencia de la tierra, en asentamientos irregulares en Tijuana, de Baja California.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a mejorar los servicios bibliotecarios destinados a invidentes
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo Nacional de Cultura y las Artes (Conaculta) a mejorar los servicios bibliotecarios para la población invidente, en particular los ofrecidos en la Biblioteca de México, presentada el 8 de abril de 2010, por el diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
Antecedentes
A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos les fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la SEP y al Conaculta a mejorar los servicios bibliotecarios para la población invidente, en particular los ofrecidos en la Biblioteca de México, presentada por el diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 8 de abril de 2010.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
Descripción de la proposición
En la proposición, presentada por el diputado José Trinidad Padilla López manifiesta preocupación por la poca atención que brindan las bibliotecas públicas a los grupos de población minoritaria, en particular, de los invidentes. Asimismo, pone especial interés en la Biblioteca de México, la cual recibe diariamente “en promedio 23 personas en esa condición”. A pesar de que ésta cuenta con una sala para personas invidentes, los servicios son muy limitados, los libros en braille son pocos, no se tiene actualizado el equipo especial y los espacios físicos no son los más adecuados para el libre tránsito de estas personas.
Aunque se cuenta con la Ley General de Bibliotecas y La Ley General de Personas con Discapacidad, aún sigue existiendo un déficit en la atención de servicios bibliotecarios en personas con esta discapacidad.
Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los lineamientos establecidos en las Leyes Generales de Bibliotecas, y de las Personas con Discapacidad respecto a los servicios bibliotecarios ofrecidos a las personas con discapacidad en las instituciones que forman la red nacional de bibliotecas públicas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a tomar las medidas conducentes que permitan mejorar sustancialmente el servicio en la sala de invidentes de la Biblioteca México, toda vez que constituye el centro de información del Distrito Federal al que concurre la mayor cantidad de usuarios en esta condición, mediante el incremento del acervo especializado, la adquisición de equipo tiflotecnológico, la adecuación de las instalaciones físicas y la capacitación del personal encargado del área.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública incorporar en el acervo de la Biblioteca México ejemplares de todos los libros que ésta edita en sistema braille, incluidos los libros de texto de la educación primaria.
Consideraciones de la comisión
Los miembros de esta comisión reconocen la importancia de mejorar los servicios bibliotecarios para los grupos minoritarios, como los invidentes. La educación es un derecho que deben recibir todos las personas (primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Esta educación “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia” (Segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). El sentido fundamental de la educación, es garantizar que todas y todos aprendan a ser, a conocer, a hacer y a vivir juntos 1 . En la actualidad, los actores involucrados en el ámbito educativo han estado trabajando para que se cumpla dicha máxima “Educación para todos”. De acuerdo con el Informe de Seguimiento de Educación para Todos en el mundo 2010, la “marginación de los niños discapacitados limita sus opciones y aumentan la probabilidad de que pasen la vida adulta en la pobreza, lo que entraña costos más altos para la sociedad” 2 . Por lo que en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, y en el Programa Sectorial de Educación, PSE, 2007-2012, se propone la reducción de las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas, a través de mejoras sustanciales a la calidad y pertinencia de la educación. (Objetivo 10 del PND y Objetivo 2 del PSE). Por tanto, la educación debe ser inclusiva donde se brinde “una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación” 3
La inclusión educativa es integrar a todo ser humano al proceso de enseñanza-aprendizaje, con todo lo que implica, métodos, usos del conocimiento, herramientas, recursos. Uno de los recursos más importantes para que las personas perfeccionen sus conocimientos, ejerzan sus derechos de manera democrática y tengan un papel activo en la sociedad, es la biblioteca. De acuerdo con la UNESCO, la biblioteca como centro de información permite crear y consolidar el hábito de la lectura, apoyar a la educación, estimular la imaginación y creatividad, sensibilizar en cuanto a la ciencia, artes y la cultura, y contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las nociones básicas de informática 4 . En consecuencia, las bibliotecas públicas representan un papel muy importante en las personas, ya que ofrecen acceso a una serie de conocimientos, ideas y opiniones. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas, “la biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber”. Por tanto, “debe contar además con servicios específicos para quienes por una u otra razón no puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos” 5 . Conforme a la Ley General de las Personas con Discapacidad en el artículo 11, las personas tienen derecho a recibir información, y se establece que en el “Sistema Nacional de Bibliotecas, salas de lectura y servicios de información de la Administración Pública Federal se incluirán, entre otros, los equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de Escritura Braile, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con discapacidad” (segundo párrafo, artículo 11).
Las personas con discapacidad son una minoría considerable, en México en el año 2000 se tenía un porcentaje de 1.84 por ciento de la población total del país, mientras que en el 2003, representaba el “9 por ciento de la población total del país, ...por lo cual se estima que el número de personas con discapacidad podría llegar a ser de alrededor de 9.7 millones en todo el país” 6 . La Red Nacional de Bibliotecas, es un sistema de coordinación que opera los servicios bibliotecarios en el ámbito Federal, Estatal y Municipal. Está dirigida por la Dirección General de Bibliotecas en relación con las Coordinaciones Estatales de Bibliotecas Públicas y del Distrito Federal 7 . La Red Nacional está integrada por 7 mil 298 bibliotecas 8 , de las cuales sólo el 0.66 9 por ciento cuentan con material en Braille. Entre ellas, se encuentra la Biblioteca de México que ofrece entre sus áreas para el servicio bibliotecario, una sala Braille. Las colecciones para los invidentes son audiolibros en literatura, psicología y ciencias aplicadas; Braille consulta: diccionarios; Braille general: libros de ciencias sociales, literatura e historia; y Braille infantil: diccionarios y libros de ciencias sociales, ciencias puras, literatura e historia 10 . Sin embargo, la Biblioteca de México cuenta con el mayor afluente de usuarios con discapacidad visual, por lo cual dicho acervo resulta insuficiente, falta incrementar el número de ejemplares especializados (leyes, educación, matemáticas, español, los libros de la SEP, entre otros) que apoyen todos los niveles educativos; así como también, equipos tiflotecnológico y personal encargado del área.
Por otra parte, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos han recibido reiteradas quejas sobre el servicio proporcionado en la Biblioteca de México a este tipo de usuarios. Vale la pena mencionar que el Conaculta –como órgano coordinador de la Red Nacional de Bibliotecas a través de la Dirección General de Bibliotecas– ha reportado subejercicios significativos que a juicio de esta Comisión, podrían utilizarse en colecciones, material o equipos especiales para los grupos minoritarios: en el primer semestre de 2007 se tenía un avance del 24 por ciento (ejercido 734 millones de los tres mil 36 millones de pesos [mdp] destinados) 11 ; y en el tercer trimestre del año 2008, se tenía un subejercicio de 513.4 mdp 12 .
En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los lineamientos establecidos en las Leyes Generales de Bibliotecas, y de las Personas con Discapacidad respecto a los servicios bibliotecarios ofrecidos a las personas con discapacidad en las instituciones que forman la red nacional de bibliotecas públicas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a tomar las medidas conducentes que permitan mejorar sustancialmente el servicio en la sala de invidentes de la Biblioteca México, toda vez que constituye el centro de información del Distrito Federal al que concurre la mayor cantidad de usuarios en esta condición, mediante el incremento del acervo especializado, la adquisición de equipo tiflotecnológico, la adecuación de las instalaciones físicas y la capacitación del personal encargado del área.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública incorporar en el acervo de la Biblioteca México ejemplares de todos los libros que ésta edita en sistema braille, incluidos los libros de texto de la educación primaria.
Notas
1 Delors, Jacques (s.f.) Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. La educación encierra un tesoro. Santillana, Ediciones UNESCO. Extraído el 13 de julio de 2010, desde http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
2 UNESCO (2010) Informe de seguimiento de educación para todos en el mundo 2010. Página 242. Extraído el 13 de julio de 2010, desde http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187865S.pdf
3 UNESCO (2009) Informe final la educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Página 19. Extraído el 13 de julio de 2010, desde http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182999s.pdf
4 Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2001) Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas. Extraído el 13 de julio de 2010, desde http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html#1
5 Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2001) Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas. Extraído el 13 de julio de 2010, desde http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html#1
6 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONADIS (2010) Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Pronadis. Extraído el 15 de julio de 2010, desde http://www.conadis.salud.gob.mx/interior/programas/pronaddis.html
7 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta (2010) Dirección General de Bibliotecas. Extraído el 14 de julio de 2010, desde http: //65.99.205.133/ dgbcona/ index.php?option=com_content&task= view&id =63&Itemid=112
8 Conaculta (2010) Sistema de Información Cultural. Extraído el 14 de julio de 2010, desde http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?table=biblioteca&l=&a mp;estado_id=&Itemid=296
9 48 espacios bibliotecarios de la Red Nacional de Bibliotecas cuenta con colecciones en Braille, información proporcionada por el subdirector de bibliotecas del Distrito Federal, Javier Castrejón Acosta.
10 Biblioteca de México José Vasconcelos (2010) Sala Braille. Extraído el 15 de julio de 2010, desde http://www.bibliotecavasconcelos.gob.mx/Vasconcelos/ServiciosB/Braille. html
11 Cámara de Diputados (2007) Prevén diputados citar a funcionarios de Hacienda y Conaculta para que expliquen subejercicio de gasto en cultura. Extraído el 15 de julio de 2010, desde http://www3.diputados.gob.mx /camara/005 comunicacion/b agencia de noticias/003 2007/008 agosto/10 10/2095 prevén diputados citar a funcionarios de hacienda y conaculta para que expliquen subejercicio de gasto en cultura.
12 Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2008) Subejercicios presupuestarios al tercer trimestre de 2008. Extraído el 15 de julio de 2010, desde http://www.cefp.gob.mx/notas /2008 /notacefp0712008.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de febrero de 2011.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica) Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo por el que se solicita al Banco de México y a la Condusef información sobre las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés de garantía prendaria
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social le fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio y dictamen el punto de acuerdo arriba señalado, con fecha 21 de diciembre del año 2009, mediante oficio número D.G.P.L.. 61-II-4-236.
Esta comisión con las facultades que le confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1 y 2 fracción XVI, 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la minuta de referencia presentan a la consideración de esta honorable Cámara, el siguiente dictamen conforme a los siguiente
Antecedentes
Primero. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 15 de diciembre del año 2009, el diputado Ovidio Cortázar Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, emitan las disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera, y al Banco de México, para que estudie y evalúe la formal incorporación al sistema financiero mexicano, de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.
Segundo. En esa misma fecha, mediante oficio D.G.P.L. 61-II-4-236, la presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.
Tercero. El día 13 del diciembre de 2010, el pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados contando con la asistencia de diputados aprobó por unanimidad de los presentes, el dictamen que hoy sometemos a su consideración, de acuerdo con los siguientes
Considerandos
I. Para mayor entendimiento, esta dictaminadora considera importante desagregar la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en virtud de que este mismo consta en dos partes esenciales: siendo la primera la solicitud a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que emitan disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, no reguladas por la legislación financiera; y la segunda la solicitud al Banco de México para que estudie y evalúe la formal incorporación al sistema financiero mexicano, de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.
II. Entrando al estudio del primer punto referente a solicitar a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que emitan disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, no reguladas por la legislación financiera, esta dictaminadora considera pertinente, señalar que la intención primordial del diputado Ovidio Cortázar Ramos, en su proposición con punto de acuerdo es la de regular la actividad financiera, entendiéndose por ésta, aquella que delinea una actividad comercial, como son los altos intereses que cobren por los vencimientos de los contratos de adhesión, suscritos por los usuarios.
En consecuencia, la actividad descrita en el párrafo anterior, sobre las casa de empeño, es regulada por el Código de Comercio vigente, específicamente en el artículo 75, que a la letra dice:
Artículo 75. La ley reputa como actos de comercio:
Fracción X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de venta de pública almoneda.
Asimismo es importante recalcar que la facultad para legislar sobre materia de comercio es única del Congreso de la Unión, como lo determina el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción X, la se transcribe para mayor entendimiento:
Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:
Fracción X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.
Situación restrictiva para que esta Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, pueda solicitar a las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que emitan disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, no reguladas por la legislación financiera, pues si bien la legislación financiera, no contempla a estas personas, esto no quiere decir que sean los Congresos estatales quienes tengan facultades para regularlas.
De igual manera, de conformidad con las reformas al Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2006, las operaciones de las casa de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda se consideran actos de comercio.
Sin embargo, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 65 Bis estableció que sólo los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, tienen la obligación de registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
Al respecto, más allá de formular a las legislaturas de las entidades federativas una solicitud respecto de un asunto que debe ser de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, lo que requiere el mercado y los consumidores, es sujetar a una misma regulación a todos los prestadores de servicios prendarios. Por ello, se considera que, lo oportuno en el presente caso, es establecer una regulación con base en la actividad y no con fundamento en la naturaleza de las instituciones.
Es decir, que se modifique la redacción actual del artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para que de manera expresa se regule también a las asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada que realizan de manera habitual y profesional contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.
Lo anterior, no sólo sujetará a dichas instituciones a la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2006, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria” (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007), sino que fortalecerá a todo el sector prendario en su conjunto en beneficio de la población consumidora de este tipo de servicios.
Ahora bien, del estudio de la presente proposición con punto de acuerdo, esta dictaminadora encontró que en estados como Chiapas, Tabasco y Baja California entre otros, cuentan con una ley local que regula a las casas de empeño, pero esta regulación sólo es en cuanto a la apertura, instalación y funcionamiento, de los establecimiento mercantiles que otorguen préstamos de dinero al público mediante la celebración de contratos con mutuo con interés y garantía prendaria, pero no regulan la actividad comercial.
Por lo que a consideración de esta dictaminadora, en cuanto al primera parte de la proposición con punto de acuerdo, no es procedente solicitar a entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que emitan disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, no reguladas por la legislación financiera, ya que éstos no cuentan con facultades para tal efecto.
Por lo anteriormente expuesto, se podría recomendar a las entidades federativas y/o a la asamblea legislativa del Distrito Federal, para que regulen en materia de funcionamiento y operación de las casas de empeño, cuya finalidad sea ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria en sus legislación local, considerando, como unos de los requisitos, sine qua non , en su marco de actuación, lo preceptuado por el artículo 65-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, servicio de mutuo con interés y garantía prendaria.
Con su aplicación se dará certeza jurídica a los usuarios de los servicios que prestan estos establecimientos mercantiles, por ser preponderantemente comercial, con independencia de los requisitos que dispongan los ordenamientos legales que rigen en los estados de la Republica y Distrito Federal.
III. Ahora bien, en cuanto a la segunda parte de la proposición con punto de acuerdo referente a solicitar al Banco de México, para que estudie y evalúe la formal incorporación al sistema financiero mexicano, de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.
Esta Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, considera importante solicitar al Banco de México, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) la información de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, asimismo la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, realizará los estudios detallados en donde se determinen la factibilidad de incorporar al sistema financiero mexicano a las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, lo anterior para darle seguridad y certeza jurídica a los usuarios.
De acuerdo con las consideraciones y razonamientos antes expuestos, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Dictamen
Único. Se solicita al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la información que detenten sobre las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, asimismo la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, realizará los estudios detallados en donde determine, entre otras cosas, la factibilidad de incorporar al sistema financiero mexicano a las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los 22 del mes de Febrero del año dos mil once.
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social
Diputado: Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), presidente; José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, secretarios; Manuel Humberto Cota Jiménez, Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Roberto Rebollo Vivero, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Gerardo de los Cobos Silva, Leandro Rafael García Bringas (rubrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Luciano Cornejo Barrera.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a los proyectos turísticos del Fonatur en Huatulco, Oaxaca
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fueron turnados para estudio y elaboración del dictamen correspondiente los expedientes números 1160 y 1177, que contienen la proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar la comparecencia del procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Huatulco, Oaxaca, presentada por el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7; 86; 94; 103; y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 20 de enero de 2010 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar la comparecencia del titular de la Profepa para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fonatur en Huatulco, Oaxaca. La propuesta fue turnada a la Tercera Comisión de la Permanente.
Segundo. En sesión celebrada el 1 de febrero de 2010 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f, y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con los números de expediente 1160 y 1177, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Ramírez Puga, quien manifiesta en el punto de acuerdo que las bahías de Huatulco se han consolidado como un destino turístico importante en el país que recibió en la temporada vacacional de diciembre de 2009 a 26 mil 769 visitantes, quienes generaron una derrama económica por 302 millones 169 mil pesos, además de ser un centro turístico que se caracteriza por su interés por el cuidado y la preservación del ambiente, lo que le ha permitido obtener por cuarto año consecutivo la certificación Green Globe.
No obstante lo anterior, el crecimiento de este destino turístico se ha limitado por la clausura que la Profepa ha realizado de diversas obras promovidas por el Fonatur en la zona, por lo que el diputado promovente estima oportuno solicitar la comparecencia del titular de aquélla para que informe a esta soberanía por qué han sido cancelados los proyectos del Fonatur en Huatulco, Oaxaca.
En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere el siguiente resolutivo:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del procurador federal de Protección al Ambiente para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Huatulco, Oaxaca.
En atención de dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis.
El Fonatur 1 forma parte del sector público paraestatal y, por decreto presidencial del 22 de febrero de 2001, se encuentra bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo y ajusta sus acciones al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Turismo. 2
La Ley General de Turismo faculta en el artículo 44 al Fonatur para “elaborar estudios y proyectos que permitan identificar las zonas y áreas territoriales y de servicios susceptibles de ser aprovechadas en proyectos productivos y de inversión en materia turística; coordinar con las autoridades federales, de los estados, de los municipios y del Distrito Federal las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, los permisos o las concesiones que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión turística, así como la prestación de servicios turísticos”. 3
En ejercicio de esas atribuciones, el Fonatur ha creado centros integralmente planeados en Los Cabos, Ixtapa, Loreto, Huatulco y Litibú-Nayarit.
En marzo de 2008, el presidente Calderón anunció el inicio del proyecto Renacimiento de Huatulco, a través de la implantación de una serie de acciones de corto y mediano plazos, con la finalidad de convertir la zona en uno de los principales polos de desarrollo turístico.
A efecto de iniciar el proyecto, 12 secretarías de Estado, entidades del gobierno federal, los gobiernos estatal de Oaxaca y municipal de Santa María Huatulco e integrantes de la iniciativa privada firmaron un convenio interinstitucional para promover el turismo en las bahías de Huatulco, 4 materializando así una de las prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012: “hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento de la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional”.
Posteriormente, en la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el gobierno federal señaló que el proyecto Renacimiento de Huatulco estaba centrado en duplicar la oferta hotelera con al menos 2 mil 500 cuartos más al final del sexenio, a través de los cuales se generarán 11 mil 650 empleos directos y 36 mil 116 indirectos, con una inversión de 610.6 millones de pesos en 2008, cifra 5 veces mayor que el promedio registrado desde 2000.
La inversión permitió iniciar la construcción de obras públicas por 350 millones de pesos y se canalizó inversión privada para 75 por ciento de la meta de nuevos cuartos. 5
Estas acciones y el número de secretarías participantes dan cuenta del esfuerzo que el gobierno federal, en coordinación con el estatal y el municipal, la iniciativa privada y la sociedad civil, ha emprendido en favor del desarrollo del turismo de la zona.
La propia Secretaría de Turismo ha reconocido Renacimiento de Huatulco como uno de los proyectos más importantes en materia turística para hacer frente a la crisis mundial y anunció una inversión de 108 millones de dólares por el gobierno federal y de alrededor de mil 408 millones de dólares de inversión privada. Lo anterior, a fin de impulsar nuevos destinos turísticos de playa y consolidar diversas ciudades de los litorales del Pacífico como opciones para incrementar el número de turistas nacionales e internacionales.
Respecto a lo expuesto por el diputado promovente de que el proyecto Renacimiento de Huatulco ha sido limitado por la clausura que la Profepa ha realizado de diversas obras, ésta informó en un boletín oficial que el 9 de febrero de 2010 se llevó a cabo la primera fase de una operación en Oaxaca, en la que se inspeccionaron 14 proyectos turísticos en Huatulco, de los cuales 7 tuvieron que ser clausurados de forma total temporalmente, pues no contaban con autorización de la Semarnat, en cuanto al cambio de uso de suelo forestal y de impacto ambiental, así como de zona federal marítimo-terrestre.
La Profepa informó que los proyectos clausurados son Club de Playa Celeste Beach, Millenium del Mar, Inmobiliaria Clau Pacific, Niza Doó, Sueño del Mar, Desarrollos Chahué y Camino Santa Cruz-La Crucecita. Este último fue doblemente clausurado porque se encontraron irregularidades en materia de impacto ambiental y forestal, haciendo la aclaración de que en el proyecto, a cargo del Fonatur, se impuso una multa de 1 millón de pesos y se ordenó la reparación de los daños ocasionados a los ecosistemas del lugar, ya que al parecer se desgajó un cerro, perdiendo con ello flora y fauna importantes del lugar. 6
En reconocimiento de la importancia de la conservación y la preservación de los recursos naturales del país, esta comisión legislativa estima procedente solicitar al titular de la Profepa que remita a esta soberanía información detallada sobre las causas de la clausura de los proyectos del Fonatur y que envíe la documentación que lo acredite, antes de determinar si es oportuna o no la comparecencia de su titular.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informe a esta soberanía de las causas que motivaron la clausura de proyectos turísticos desarrollados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Huatulco, Oaxaca; y del estado actual de los procedimientos iniciados y envíe la documentación correspondiente.
Notas
1 El 28 de enero de 1974 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del Fonatur, que se formalizó mediante contrato de fideicomiso el 29 de marzo del mismo año, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único del gobierno federal; y Nacional Financiera, SA, como fiduciaria.
2 http://www.fonatur.gob.mx/es/index_quienes_somos.asp
3 Ley General de Turismo, artículo 44, fracciones I y III.
4 Disponible en http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Boletin_Conjunto_Anuncia_el_Pre sidente_Calder
5 Gobierno federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, “Segundo Informe de Ejecución 2008”, México, DF, marzo de 2009, página 242.
6 http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/ComunicacionSocial/BoletinesdeMedios/ CP-031-09.html
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a implantar acciones para promover el uso racional del agua
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1800, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores, a los alcaldes, a las instituciones de educación básica, media, media superior y superior, a las empresas paraestatales y a los organismos públicos autónomos y desconcentrados a implementar acciones que ayuden a desarrollar la conciencia sobre el grave problema hídrico, formar una cultura del agua e impulsar un compromiso por su cuidado y uso racional en México, presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 7 de abril de 2010, el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores, a los alcaldes, a las instituciones de educación básica, media, media superior y superior, a las empresas paraestatales y a los organismos públicos autónomos y desconcentrados a implementar acciones que ayuden a desarrollar la conciencia sobre el grave problema hídrico, formar una cultura del agua e impulsar un compromiso para su cuidado y uso racional en México.
Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
En el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, el diputado Jiménez Merino refiere que durante este siglo se han intensificado los efectos del deterioro ambiental tras la combinación de distintos factores; tales como el calentamiento global, la destrucción de bosques tropicales y la desertificación, por citar algunos ejemplos.
En ese sentido, señala que uno de los efectos producidos por el deterioro del planeta Tierra que preocupa a la población mundial, es el de la escasez de agua, principalmente, en los países en desarrollo.
Al respecto, estudios realizados en la materia demuestran que diversos cuerpos de agua se comparten en al menos 145 países, dependiendo unos de otros, en algunos casos, de manera casi total. Asimismo, es oportuno valorar, los distintos usos de los que es objeto ese vital líquido, pues de éste depende la producción de alimentos, la generación de energía, la estabilización del clima, así como el crecimiento económico y seguridad, haciendo evidente que de continuar las tendencias de uso irracional del recurso, la permanencia del hombre en la Tierra estará en riesgo.
A mayor abundamiento, el diputado promovente refiere que esta situación prevalece a nivel internacional, a consecuencia de acciones de manejo inadecuado del recurso cuyo origen va desde lo cultural, hasta lo político y económico, incidiendo de manera importante en el deterioro de las condiciones que permiten la conservación del agua que, aún en reconocimiento de su necesidad se ha reducido en disponibilidad y calidad de forma considerable.
En ese sentido, el diputado Jiménez Merino centra su proposición en un análisis territorial, haciendo referencia a que en nuestro país la reducción en la disponibilidad del agua tiene como factores de incidencia la insuficiente e inadecuada educación ambiental y cultura, así como uso irracional y poco sustentable del recurso hídrico, rebasando la capacidad natural de renovación.
En ese contexto, el diputado promovente y los diputados que se adhirieron a su propuesta manifiestan su preocupación y urgencia por diseñar e implementar acciones que coadyuven a resolver el complejo problema de conservación y cuidado del agua, involucrando de manera corresponsable a todos los sectores de la sociedad.
En virtud de lo anterior el diputado promovente sugiere los siguientes resolutivos:
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal; a los titulares de los gobiernos estatales y Municipales; así como a los titulares de las instituciones de educación básica, media superior y superior; y de las empresas paraestatales y organismos públicos autónomos y desconcentrados para que en el marco de sus responsabilidades constitucionales, asuman un mayor compromiso por el agua y promuevan entre otras acciones:
1. Que los tres órdenes de gobierno hagan un mayor esfuerzo presupuestal para mejorar el acceso de la población a mayores cantidades de agua de mayor calidad, así como atender las necesidades de tratamiento de aguas residuales, drenaje, protección y recarga de acuíferos, tecnificación del riego agrícola y protección de humedales, ríos, lagos y lagunas.
2. Que los tres órdenes de gobierno promuevan y apliquen programas para captar y aprovechar la lluvia en las construcciones presentes y futuras para abastecer una parte de las necesidades e impulsar proyectos de autoproducción alimentaria, especialmente para las familias más pobres.
3. Que los tres órdenes de gobierno promuevan acciones de retención de agua en las partes altas de las cuencas y con ello reducir las inundaciones y garantizar el abasto directo de agua para la población, recargar los acuíferos, abastecer el ganado, promover la acuacultura y desarrollar proyectos productivos en forma integral.
4. Que los tres órdenes de gobierno establezcan los mecanismos de prevención y atención de daños por fenómenos meteorológicos, cada vez más inciertos e intensos provocados por el cambio climático, tales como la sequía, inundaciones, huracanes, ciclones, tormentas tropicales, heladas, vientos y granizadas.
5. Que la Secretaría de Educación Pública establezca las acciones necesarias para incorporar en los contenidos del sistema educativo nacional, temas y asignaturas relativas al conocimiento, manejo, conservación y uso racional del agua.
6. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, promuevan la organización social a través de las cuencas, y ésta sea la unidad de planeación ambiental y socioeconómica; así también, que los programas de reforestación se hagan con especies regionales de interés económico, de mayor eficiencia biológica y rentabilidad por sus múltiples usos y rápido crecimiento como bambú o jatropha, y se dé prioridad a la recuperación vegetal de las áreas de recarga de las fuentes de agua.
7. Que la Sagarpa y la Semarnat fortalezcan los programas y acciones para revertir la erosión del suelo, la desertificación y la pérdida de agua en las cuencas, fortaleciendo una cultura de conservación de estos recursos.
8. Que la Sagarpa implemente y fortalezca programas de abastecimiento de praderas mejoradas y tecnificación ganadera para incrementar la productividad pecuaria y de manera especial, reducir la erosión del suelo y el agua, a favor de la recarga de acuíferos. De la misma forma y en coordinación con la Conagua, revisen los paquetes tecnológicos para hacer un uso más eficiente y productivo del agua, especialmente donde el recurso es escaso.
9. Que la Comisión Nacional del Agua, implemente acciones conjuntas con las autoridades de las entidades federativas y municipales para establecer medidas que permitan la protección de los acuíferos, creando la figura de santuarios y reservas de agua, para lo cual deberán destinar recursos y apoyos que permitan dar sustentabilidad al recurso hídrico.
De igual forma, deberán fortalecer el concepto de manejo de cuencas, a fin de otorgarle autonomía y sea la unidad básica de planeación para el desarrollo social y económico.
10. Que las universidades públicas revisen la formación más pertinente de los recursos humanos que permitan atender la problemática de la insuficiencia de agua, así como establecer mecanismos de vinculación que garanticen a los pobladores hacerse del conocimiento suficiente para atender el abasto de agua, la recarga de los acuíferos, el aprovechamiento y manejo racional del agua y el tratamiento de las aguas residuales.
11. Que los gobiernos de las entidades federativas asuman el compromiso de implementar programas, estrategias y acciones que permitan resolver el problema del abasto de agua, así como los efectos negativos derivados de una red insuficiente de alcantarillado y drenaje, que no permite realizar un adecuado tratamiento y rehúso de las aguas residuales todos nos preocupamos por el abasto de agua, casi nadie se preocupa por las aguas después de que han sido utilizadas.
12. Que los Congresos locales, asuman el compromiso de revisar y adecuar el marco normativo aplicable al rubro del agua, el drenaje y el alcantarillado públicos, así como del manejo de cuencas y la conservación del agua, con el objetivo de eficientar estos elementos en beneficio de sus habitantes.
Segundo. Que el Ejecutivo Federal promueva la firma de un acuerdo nacional por el agua, que permita antes de 18 años, garantizar el acceso al agua potable a 10 millones de mexicanos, acceso a drenaje a 22 millones de personas; certidumbre de abasto de agua de calidad a 72 millones que viven en regiones de escasez; dar tratamiento y rehúso a la totalidad de las aguas residuales; tecnificar cinco millones de hectáreas agrícolas y seguridad alimentaria a 6 millones de familias en pobreza y recuperar la soberanía alimentaria en Trigo, Arroz, Soya, Carne y Leche. Estamos preocupados por nuestros hijos y nietos, estamos urgidos de acuerdos y consensos para el desarrollo.
En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar el siguiente análisis.
El agua constituye uno de los elementos más comunes en la Tierra, se le ubica en estado líquido en lagos, ríos y presas, así como en depósitos subterráneos (llamados acuíferos) y se le encuentra del mismo modo en mares y océanos circundantes; también existe como vapor en estado gaseoso; además de cubrir las regiones polares y las montañas más altas en forma de hielo o nieve, lo que representa su estado sólido.
Existen en nuestro planeta 400 millones de kilómetros cúbicos de agua aproximadamente. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) refiere a modo de ejemplo “...si la superficie de la tierra fuera “lisa” (esto es que no tuviera ni montañas ni barrancas), esa cantidad de agua sería suficiente para cubrirla con una capa de 2.7 kilómetros de espesor: unas nueve veces la altura de la Torre Eiffel o 14 veces la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México...” 1
No obstante que, como se sabe, el agua representa el elemento más frecuente en la Tierra, sólo el 2% de éste, constituye lo que llamamos agua dulce, lo que quiere decir que contiene pocas sales disueltas y por tanto, es susceptible de ser utilizada para cubrir las necesidades básicas de los seres humanos. Además de ser un mínimo porcentaje el que se encuentra bajo esta condición, vale mencionar que del mismo, su mayoría está disuelta en capas de hielo y glaciares, que se ubican principalmente en la Antártida y Groelandia, sin dejar del lado, el porcentaje que se queda en depósitos subterráneos que son profundos y por tanto, no accesibles en muchos casos a ésta, de tal forma que únicamente el 0.3% del agua dulce, es accesible a través de ríos y lagos. 2
Como parte de este escenario, varios factores han contribuido a la complicada labor de hacer llegar el agua de forma equitativa, de tal manera que se garantice su utilización, permitiendo la supervivencia del mundo a razón del mismo, pues se valora que en los últimos cien años, los problemas de contaminación, aunados al muchas veces inadecuado e incluso escaso tratamiento del agua, han reducido su disponibilidad en el planeta. 3
En este sentido, es de señalar que de acuerdo con algunos investigadores, al año 2005, era posible que aproximadamente tres millones de personas padecieran la carencia del vital líquido, además de prever que este rubro, sería uno de los más importantes, debido a que la situación actual entorno al agua, pone el tema como uno de los 10 objetivos del milenio, 4 buscando resolver y mitigar la escasez de ese recurso de manera urgente, pues, se tiene conocimiento que diversos países del mundo, han llegado a enfrentar problemáticas verdaderamente serias debido a esta situación. Tal es el caso de África, que debido a su ubicación geográfica, presenta características específicas de clima y orografía, que han intensificado la escasez del agua a consecuencia de las pocas precipitaciones pluviales que se presentan en ese lugar.
Del mismo modo, se dice que únicamente dos terceras partes de la población del mundo se ubican en zonas que pueden recibir precipitaciones pluviales importantes cada año, lo que hace notorio el desequilibrio en este rubro. Por ejemplo podemos mencionar la región del Amazonas, en la que, en contradicción con África, recibe el 20% de precipitación pluvial anual a nivel mundial, y cuenta con una población mínima, en relación a otras en las que prevalece la carencia de este recurso, debido también al incremento de la población, siendo el caso, como ya se dijo de África y el Medio Oriente, que se caracterizan por su elevada tasa poblacional, ubicada en un 2.6% al año, lo cual agudiza el problema para el suministro de agua en esa región. 5
En ese contexto, los diversos gobiernos nacionales, se han reunido para generar estrategias que permitan encontrar soluciones a tan complejo problema, por lo que, entre otros eventos, en el año 2006, se realizó el “IV Foro Mundial del Agua”. En ese foro, se generaron compromisos, a través de los cuales se pretende asegurar el abastecimiento de agua a todos los habitantes del planeta; los dos acuerdos más importantes versaron en la “...autosuficiencia en agua, en alimentos y en fomento a la educación ambiental”, 6 situación que también es considerada por el diputado promovente.
A escala menor, la situación de México no es más alentadora a la del resto del mundo; pues diversos estudios demuestran que en nuestro país también existe baja disponibilidad del recurso, lo cual significa que se encuentra lejos de la buena disponibilidad que países como Canadá y Brasil tienen.
En relación a la precipitación pluvial que persiste en México, vale mencionar que las lluvias en su mayoría ocurren sólo durante la menor parte de meses en el año, aunado a que las mismas, se presentan con un impacto torrencial que ocasiona que las aguas se escurran rápidamente de los ríos y arroyos hacia el mar, sin que puedan ser aprovechadas.
Asimismo, el aprovechamiento por disponibilidad del agua en el país, tiene desequilibrios importantes a considerar, pues también influye el número de habitantes que existen en la zona centro y norte del mismo, en contraste con la frontera sur, en la que la disponibilidad es mayor, teniendo como caso extremo la zona del Valle de México. Situación lógica, si valoramos que la misma se ubica como una de las ciudades con más habitantes en el mundo, por lo que la disponibilidad del agua, extremadamente baja, con 192 metros cúbicos anuales por habitante.
Con lo analizado hasta ahora, se puede observar claramente que el problema de disponibilidad de agua en México, como en muchas otras partes del mundo, tal y como lo refiere el diputado promovente, es un asunto serio. Debido a esto, y a los encuentros internacionales relativos al tema, en los que continuamente participa nuestro país, es que el Gobierno, en sus tres órdenes, ha buscado la generación de estrategias que permitan la mitigación de la problemática que ya se muestra, incluso de manera marcada en algunas regiones de México, recurriendo a factores que permitan concientizar a la sociedad, procurando además, que los mismos sean difundidos hacia todos los sectores de la población.
De este modo, el gobierno en sus distintas administraciones, ha creado figuras institucionales que tengan como objetivo preservar el preciado recurso del agua. Así, dentro de las más destacadas, encontramos en 1917 la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946, y en 1972; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; todas éstas precedentes a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que actualmente opera con esa función en nuestro país.
El organismo en comento, tiene entre sus facultades, las de preservación y administración de las aguas nacionales, propiciando el uso sustentable de las mismas y la participación social.
La Conagua tiene también como prioridad, la valoración del agua como un recurso de bienestar social, en el que se incluyen servicios básicos, como tratamiento de aguas residuales, servicios de agua potable, y sistemas de alcantarillado que deben ser proporcionados a la población, además de considerar este recurso como parte de los insumos económicos principales en nuestro país. Pues de él dependen en gran medida, sectores como el agrícola, el energético y el industrial, que proveen de vida las grandes ciudades en México. Para cumplir con sus objetivos, la Conagua se dividió administrativamente en trece regiones hidrológicas, a fin de tener más control, 8 con lo que queda colmado el punto 1 de las responsabilidades que el promovente señala como propuesta para implementar acciones que llevan a “un mayor compromiso por el agua”.
Asimismo, uno de los elementos fundamentales, referido también por el diputado promovente, es el relativo a la educación y cultura ambiental, para lo cual, la Conagua en coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), establecieron como concepto de “cultura del agua”, “...el proceso continuo de producción, actualización y transformación individual y colectiva de valores, creencias, percepciones, conocimientos, tradiciones, aptitudes, actitudes y conductas en relación con el agua en la vida cotidiana...” 9
En este sentido, es oportuno mencionar que dentro de las acciones que realiza el Gobierno Federal, está el involucrar a la sociedad como corresponsable dentro la aplicación y desarrollo de las políticas públicas de aprovechamiento sustentable del agua, a través de la educación formal y no formal, en la que resulta necesario involucrar a los medios de comunicación, como un elemento que promueve y propicia la sensibilización en el uso racional del recurso en estudio.
En este sistema, se incluyen también los centros educativos, aunque, es importante resaltar, que es reciente que los programas de educación básica incluyen temas para concientizar a jóvenes y niños de la importancia de preservar los recursos naturales, por lo que es evidente que tampoco se ha tenido el impacto esperado.
Sin embargo, en la intención de cubrir esos espacios fundamentales, existen programas de federalización que van encaminados a generar líneas estratégicas. En ese contexto, se implementó el Programa de Cultura del Agua, impulsado también, en cumplimiento de las facultades que la ley atribuye a la Conagua.
El objetivo general de dicho Programa, se describe a la letra “...contribuir a generar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales, en coordinación con las entidades federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable de la nación...” 10
Es propicio transcribir lo anterior, porque el concepto propone en gran medida la solución a una parte de la problemática planteada por el diputado Jiménez Merino, sobre todo en lo relativo a educación ambiental, en la que necesariamente deban participar los tres órdenes de gobierno para la generación del impacto requerido debido a la gravedad del caso en estudio.
Asimismo, se hace mención a la existencia de convenios firmados entre la Secretaría Educación Pública (SEP), el IMTA y la Conagua, a partir de los cuales, se incluyó desde hace tiempo en los libros de texto gratuito, un material que explica a detalle información sobre el manejo del agua, e incluso se han generado, en el marco de dichos acuerdos, talleres que se imparten por especialistas en el tema a los maestros adscritos a la SEP. 11
En este sentido, la solicitud del Diputado promovente, respecto a involucrar a las instituciones de educación básica para generar conciencia sobre el manejo adecuado de los recursos hídricos y fortalecer a la sociedad con información que le permita generar mejores condiciones en el uso racional del agua, se ve colmada en gran medida.
No obstante lo anterior, es importante señalar que existe la posibilidad de que no se de seguimiento a dichos programas, lo que permitiría contar con estadísticas sobre los beneficios obtenidos en la implementación de los mismos. En ese sentido, esta Comisión Lagislativa considera procedente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que instruya a las autoridades competentes se lleve a cabo una revisión y evaluación de las políticas públicas en materia de educación ambiental y conciencia hídrica, a efecto de detectar deficiencias.
Ahora bien, respecto al segundo resolutivo en el que el diputado promovente considera oportuno fortalecer y ampliar las políticas públicas en materia de agua, considerando que las mismas deberán ir dirigidas a todos los sectores de la sociedad.
Del mismo modo, uno de los puntos fundamentales que el promovente plantea es la preocupación por que existan instrumentos que permitan la creación de compromisos que otorguen sustentabilidad en el presente y futuro del manejo de los recursos hídricos, para lo cual, existen ya algunos elementos que pudieran constituir las bases en este sentido, tales como la Agenda del Agua 2030.
Ese documento, del cual se cuenta con un primer borrador, y que ha tenido como objetivo que el Ejecutivo Federal impulse a los mexicanos a participan uniendo esfuerzos coordinados a fin de garantizar el uso racional y sustentable del recurso hídrico, considerando los principales problemas a combatir. 12
En este sentido, esta comisión considera importante incluir en sus puntos resolutivos uno que permita el seguimiento de los objetivos planteados en la Agenda en comento, y de ser posible se valore la creación de Acuerdos coordinados con los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar el futuro de los recursos hídricos del país, tal y como es planteado por el diputado Jiménez Merino.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a:
a) Reforzar y canalizar debidamente las políticas públicas establecidas en materia de agua, a fin de que las mismas sean dirigidas a cada uno de los sectores de la sociedad y generar conciencia en los usos y distribución de ese recurso.
b) Coordinar esfuerzos con el Instituto Mexicano del Agua, a fin de ampliar y fortalecer las políticas públicas en materia de educación ambiental y conciencia hídrica que permitan detectar resultados de los programas aplicados y posibles deficiencias en la implementación de los mismos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que se analice la viabilidad de crear un Acuerdo Nacional a favor del Agua, que permita sentar las bases para contar con un compromiso que otorgue sustentabilidad al presente y futuro de los recursos hidráulicos disponibles.
Notas
1 ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el Mundo. Semarnat 2007. pp. 84.
2 Ibídem
3 Semarnat, La Gestión Ambiental en México. P. 241.
4 http://www.undp.org/spanish/mdg/goallist.shtml.
5 http://www.pnuma.org/recnat/esp/documentos/cap1.pdf
6 Op. Cit. p. 3
7 Semarnat. Op. Cit. P. 92.
8 Comisión Nacional del Agua. Disponible en: http://www.cna.gob.mx/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=627017f9-7e2f-44ba- ba8c25e28baf085d%7C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ACERCA%20DE%20Conagua% 7C1%7C0%7C0%7C0%7C0.
9 Comisión Nacional del Agua. Cultura del Agua. Disponible en: http://www.cna.gob.mx/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=1e59126b-b0ab-4 bdb-9f7c-79d47d53fab7|CULTURA DEL AGUA|7|0|0|0|0.
10 Ídem
11 http://anea.org.mx/docs/Gonzalez-CulturaAgua.pdf
12 Agenda del Agua 2030. Documento de Discusión. Para su consulta en http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Temas/primerborrador.pdf.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 8 de febrero del 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a coordinar acciones que permitan la conservación de los recursos hídricos y de biodiversidad del parque nacional Barranca del Cupatitzio
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3184, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Michoacán, realicen las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 4 de noviembre del 2010, el diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Michoacán, realicen las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio.
Segundo. Con fecha 4 de noviembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Fernando Espino Arévalo, quien expone en su Punto de Acuerdo la actual situación de México en relación a la problemática de cambio climático, como consecuencia de las actividades humanas cotidianas, la industria y otros factores que han creado un cuadro incierto para la supervivencia de futuras generaciones en el mundo.
En este sentido, el diputado promovente, refiere que la reducción de diversas especies de vida silvestre en el planeta, hace urgente la implementación de mecanismos que conserven y preserven el medio ambiente.
Al respecto, en México se ha creado un importante marco jurídico que permite y promueve la coordinación de los distintos actores sociales, a través de convenios de colaboración.
Bajo esta condición, el diputado Espino señala que se han protegido numerosos espacios naturales en los que subsiste una cantidad importante de biodiversidad, a fin de que éstos sean conservados y en su caso, puedan ser aprovechados de manera sustentable.
Entre otros casos, el promovente hace referencia de manera particular al parque nacional Barranca de Cupatitzio, decretado como tal por el Presidente Lázaro Cárdenas en el año de 1938, otorgando a los habitantes en Michoacán el soporte legal para disfrutar de ese lugar, con la obligación de preservarlo a través de las distintas instituciones involucradas para tal fin.
No obstante lo anterior, debido a que la situación natural de ese parque nacional, ha sido gravemente alterada por la actividad humana entre otros factores, aunado a que es esa área natural protegida, es la más pequeña del país, por sus dimensiones, lo cual no la limita en su riqueza biodiversa, al estar dividida en dos secciones. La primera, denominada Área de Montaña, con una extensión de 438.55 hectáreas, y la segunda, designada Área de Río, la cual se encuentra al Oriente, con una extensión de 19.66 hectáreas.
Asimismo, el parque representa un “polo de atracción turística”, que genera de manera directa e indirecta cerca de 200 empleos, amén de ser considerada una zona de alta captación de agua que es utilizada en las zonas urbanas de la región.
Del mismo modo, el promovente señala la importancia de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, como eje rector de planeación y regulación del mismo, enfocado a promover el desarrollo de flora, fauna, piscicultura, turismo alternativo, educación ambiental, el crecimiento profesional y desarrollo humano de los habitantes de ese lugar, propiciando la participación en el desarrollo e instrumentación de programas específicos en materia de conservación.
En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere los siguientes resolutivos:
Primero. Este órgano legislativo exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de lo dispuesto por el Convenio de Concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC.
Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el titular del gobierno del estado de Michoacán, establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.
Tercero. Que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el titular del gobierno del estado de Michoacán, establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.
Cuarto. Que este Órgano Legislativo solicite al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determine lo preciso para que cualquier modificación o adición que se o pretenda realizar al Convenio de Concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC, éstas deberán contar con la aprobación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados.
En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar el siguiente análisis.
El estado de Michoacán, se sitúa en la región centro-oeste de la República Mexicana, colinda al oeste con el Océano Pacífico, hacia Colima y Jalisco, y al sur, con el Océano Pacífico hacia Guerrero. Está conformado por la Sierra Madre del Sur y el sistema volcánico transversal o cordillera neovolcánica, localizada al sur de la altiplanicie mexicana, conformada como consecuencia de la aparición de numerosos volcanes, entre los que sobresale el Paracutín.
Una de las riquezas de mayor importancia para el Estado de Michoacán, es la red fluvial que prevalece en ese lugar y que tiene como arterias principales dos de los ríos más importantes del país; el Lerma y el Balsas. Por otra parte, subsisten dos ríos que desembocan directamente en el Océano Pacífico, además de una importante red de lagunas internas, ubicadas algunas de ellas en las partes más altas del eje volcánico transversal. 1
Se considera que en ese eje volcánico se concentra un número considerable de especies de mamíferos, gran cantidad de endemismos en México. Es en esta zona, se ubican la mayor cantidad de áreas naturales protegidas decretadas en los años 30 y 40. Lo anterior fue así, con la finalidad de proteger el importante sistema de cuencas hidrológicas que alimentan las ciudades en la región.
Dentro de esos antiguos parques es que podemos ubicar el del parque de la Barranca Cupatitzio, caracterizado por estar dentro de la Ciudad de Uruapan, sin que la cercanía con la zona urbana limite su riqueza de especies de mastofauna que subsisten en la región; pues en este sentido, se sabe que de las 160 especies de mamíferos que se registran en Michoacán, el 20%, que implican 32 especies, cohabitan en el parque.
El parque se ubica en el límite de los municipios de Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, con una extensión de 458.21 hectáreas, está conformado por dos polígonos, que tienen una separación de un kilómetro entre sí. Uno de los polígonos cuenta con 438.55 hectáreas y se conoce como área de montaña, que se caracteriza por la constitución de un domo y cono volcánico que comprende además algunas cañadas de pendientes fuertes, distinguiéndola del otro polígono que la conforma, porque este último es más pequeño, al contar con 19.66 hectáreas, con una topografía de barrancas y plantas principalmente, al contar con 19.66 hectáreas, con una topografía de barrancas y plantas principalmente, que se encuentra rodeada por la zona urbana de Uruapan y en donde nace el río Cupatitzio. 2,3,4
En relación a la vegetación que predomina en el parque, corresponde al bosque de coníferas con dosel cerrado, específicamente bosque de pino y de pino-encino, así como algunas especies de bosque mesófilo de montaña, del cual se sabe que actualmente es de los más restringidos en la República Mexicana y, en esta zona están distribuidas en barrancas, donde el estrato arbóreo presenta una altura promedio de 15 m., aunque hay pinos dispersos en el lugar que alcanzan hasta los 30 metros de altura. 5
Asimismo, el área de río del parque es visitada por más de 750,000 personas al año, por lo que se registran menos especies que en el área de montaña, en la que se tiene una extensión 22 veces mayor, donde la vegetación está en conexión con la del norte y poniente, con muy poco actividad humana. 6
De acuerdo a la actualización de inventarios de especies, realizado por la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio), en el parque habitan 120 especies de aves, 50 especies de mamíferos y 300 de plantas vasculares, como indicadores de la biodiversidad que prevalece en el parque nacional Barranca de Cupatitzio, no obstante su reducida extensión.
Atendiendo a las características e importancia de esa área, su administración, conservación, restauración y vigilancia, han quedado a cargo de un Patronato que conforma el honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, celebrado mediante convenio con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el año de 1979 para después conformar, con la finalidad de dar certeza en los objetivos del Plan de Manejo de Conservación del parque, la figura de Asociación Civil, que más tarde se consolidó con la firma de un convenio entre el Patronato, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
En virtud de lo anterior, la Comisión Legislativa que elabora el presente dictamen, estima pertinente dirigir un respetuoso exhorto a la Semarnat, a fin de garantizar la conservación del parque nacional Barranca el Cupatitzio, pues es en la actualidad un área de reserva de vida silvestre que requiere la implementación y seguimiento de los resultados de políticas públicas ya existentes, que permitan la conservación de esos ecosistemas, y contribuyan a la preservación de las Áreas Naturales Protegidas en el país.
Asimismo, se sabe que una de las principales casusas de afectación para los ecosistemas forestales, es el cambio de uso de suelo, que se encuentra relacionado con los sistemas hídricos, pues la pérdida de superficie forestal en una localidad, no solo reduce el abastecimiento de productos forestales y la recarga de los acuíferos de la zona, sino también afecta la capacidad de los bosques en relación a la crecida de los ríos, propiciando inundaciones en las zonas donde éstos vierten sus aguas, 7 por lo que ésta Comisión valora pertinente el exhortar respetuosamente a la Semarnat para que en coordinación con el Titular del Gobierno de Michoacán establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.
Del mismo modo, esta Comisión estima que se requiere promover la coordinación del patronato en el parque a fin de promover la participación de la Comisión Nacional del Agua, para garantizar la calidad de los recursos hídricos que existen en el lugar.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión, nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de lo dispuesto por el convenio de concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del parque nacional Barranca del Cupatitzio, A.C.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con el titular del gobierno del estado de Michoacán, establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con el Patronato del Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, analice la posibilidad de que la Comisión Nacional del Agua se integre al Patronato, y se garantice la conservación de los recursos hídricos del lugar.
Notas
1 Enciclopedia de los Municipios de México. Para su consulta en http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/michoacan/medi.htm
2 Ídem
3 Riqueza de Mamíferos del parque nacional Barranca del Cupatitzio, Michoacán, México. Gilberto Chávez León y Sergio Zaragoza Rivera. Para su consulta en http://www.ejournal.unam.mx/bio/BIO80-01/BIO080000112.pdf
4 Arboles Tropicales. Para su consulta en: http://citrouv.edu.mx/annexus/personal/lab/arbolkey/bos_meso.htm
5 Revista mexicana de Biodiversidad 80: 95-104, 2009. Pág. 100. Para su consulta en http://www.ejournal.unam.mx/bio/BIO80-01/BIO080000112.pdf. Pág. 100
6 Ídem Pág. 101
7 ¿Y el Medio Ambiente? Problemas en México y el Mundo. Semarnat. Pág. 33.
Dado en el salón de plenos de la honorable cámara de Diputados el día 8 de febrero del 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a informar sobre los resultados y efectos de los programas forestales implantados
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3255, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal un informe sobre los resultados obtenidos durante los últimos cinco años con la operación de los programas de restauración, reforestación y recuperación de los ecosistemas forestales y de las cuencas hidrológico-forestales.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 11 de noviembre del 2010, la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal un informe sobre los resultados obtenidos durante los últimos cinco años con la operación de los programas de restauración, reforestación y recuperación de los ecosistemas forestales y de las cuencas hidrológico-forestales.
Segundo. Con fecha 12 de noviembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud de la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, quien expone en su punto de acuerdo la importancia de conocer los resultados e impactos de los programas enfocados a los ecosistemas forestales y en las cuencas hidrológico-forestales, en particular, en lo que se refiere al porcentaje de sobrevivencia de los árboles plantados, pues se considera importante no sólo el hecho de reforestar, como parte de los trabajos que realiza la Comisión Nacional Forestal (Conafor), sino además, el poder dar mantenimiento a las reforestaciones, como lo establece la ley para la prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos forestales.
En virtud de lo anterior, la promovente sugiere el siguiente resolutivo:
Único. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal que presenten a esta soberanía, en un plazo no mayor a quince días, un informe sobre los resultados que se han obtenido durante los últimos cinco años con la operación de los programas de restauración, reforestación y recuperación de los ecosistemas forestales y de las cuencas hidrológico-forestales, señalando las superficies reforestadas y su ubicación; las especies plantadas, indicando si se trata de especies nativas o no; el tiempo durante el cual se les da mantenimiento, y el porcentaje de sobrevivencia de las plantas sembradas, así como el impacto cuantitativo y cualitativo estimado que dichos programas han tenido sobre los ecosistemas forestales y las cuencas hidrológicas-forestales, y la situación actual de la sobreexplotación de los acuíferos; y con base en ello definan acciones y propuestas específicas sobre la materia que requieran recursos presupuestales adicionales, para gestionar su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
En atención a dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar el siguiente análisis:
En México existe una gran gama de tipos de vegetación que abarca desde desiertos, hasta las grandes selvas que existen en el país, con una cantidad entre 25,000 y 30,000 especies vegetales, lo cual muestra la importancia de conservar las extensiones de bosque que representan beneficios económicos, ecológicos y sociales.
En este sentido, no obstante la riqueza de calidad de vida que brindan los bosques a los seres humanos, estos no siempre son debidamente aprovechados, al avocarse únicamente a la explotación maderable no controlada, lo que ha propiciado la disminución de estos ecosistemas.
Debido a lo anterior, y a que es vital que los recursos forestales sean preservados mediante la implementación de políticas de gobierno que permitan su conservación, es que en el año 2001, mediante decreto presidencial publicado con fecha 4 de abril se creó la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 1 como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene la difícil labor de desarrollar, impulsar y favorecer las actividades productivas y de conservación y restauración de zonas forestales, además de tener participación en los programas y políticas de desarrollo forestal sustentable.
En este contexto, actualmente la Conafor ha publicado información que especifica que para el año 2007, la superficie de ecosistemas forestales, consistía en 69.2 millones de hectáreas, principalmente en lo que respecta a bosques templados y selvas. Sin embargo, durante 1993, se contaba con 69.2 millones en esta categoría, lo cual implica una pérdida importante.
En el mismo sentido, la deforestación de bosques y selvas en México, pasó de 354,035 hectáreas anuales en el período 1993-2000 a 155,152 hectáreas anuales de 2002 a 2007, este último período, referido por la diputada promovente. 2
El cambio de uso de suelo, representa uno de los factores de mayor consideración en la deforestación de bosques en México, pues estos ocurren a favor de usos agropecuarios, y una vez que han sido impactadas las zonas forestales, más tarde se convierten en manchas urbanas-industriales, lo cual es propicio debido a las necesidades económicas que imperan en las zonas rurales, que obligan a desarrollar actividades productivas no sustentables, dejando en desventaja la conservación de estos ecosistemas.
En relación a esto, es de reconocer la necesidad de que la Conafor refuerce sus bases metodológicas para avanzar en el consenso de la cuantificación y valoración cualitativa en los cambios de zonas forestales, a fin de aumentar la precisión en los datos con que se cuenta, para lo cual ese órgano desconcentrado trabaja en coordinación con instituciones como el Inegi, el INE y la Conabio, así como instituciones y centros académicos especializados en información de usos de suelo, vegetación y recursos forestales, logrando avances en la implementación de sistemas de medición que sean efectivos y confiables. 3
Del mismo modo, con la finalidad de reducir la degradación de los ecosistemas forestales, y promover su conservación, existen otras instancias del gobierno federal que contribuyen a la complementación de la tarea encomendada por ley a la Conafor, tal es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre otras con las que también se han adicionado instrumentos de política en materia de bosques y cambio climático.
De esta manera, el 5 de junio de 2009 “se puso en marcha” el programa Pro Árbol, implantado por la Semarnat, a través de la Conafor, con la intención de inducir en las zonas forestales con índices importantes de marginación y pobreza, el uso y manejo adecuados, propiciando la expansión económica a través de la sustentabilidad de sus recursos naturales, impulsando el empleo rural, la capacitación y asistencia técnica en las categorías de planeación y organización forestal (estudios regionales forestales, programas de manejo forestal y planeación comunitaria); producción y productividad forestal (cultivo forestal, ejecución de proyecto de turismo de naturaleza y plantaciones forestales comerciales); conservación y restauración forestal (reforestación, restauración de suelos, prevención y combate de incendios forestales, sanidad forestal y servicios forestales) e incremento en el nivel de competitividad (equipamiento y caminos forestales, desarrollo de la cadena productiva federal, auditoría técnica preventiva y certificación forestal). 4
Dentro del programa Pro Árbol se considera también una partida de apoyo para las acciones preventivas de incendios forestales, pues como lo refiere la diputada promovente, la ocurrencia de incendios representa una de las principales amenazas para los sistemas forestales del país. Por ello, se han generado estrategias que permitan combatir ese problema, prevaleciendo el hacerlo de manera preventiva, para lo cual se consideró el incluir programas de participación social que permitan que los dueños o poseedores de predios puedan verse beneficiados económicamente, al tiempo que se propicia la conservación de un considerable número de hectáreas forestales que pertenecen, en muchas ocasiones a comunidades indígenas en México. 5
No obstante las estrategias generadas a través de los programas de conservación y restauración de suelos forestales, existen deficiencias en la implementación de los mismos, que no han permitido obtener resultados óptimos, lo cual se ve reflejado en la pérdida constante de zonas forestales en México. En este sentido, al realizar un análisis del impacto que tiene el programa Pro Árbol, se encontró como principales puntos deficientes los siguientes:
“...
• La matriz de indicadores no guarda correspondencia con los objetivos del Programa, razón por la cual, se requiere su modificación.
...
• A pesar de que se tiene claramente identificada la población potencial y la población objeto, se requiere cuantificarlas, con el fin de determinar el impacto que el Programa tiene en la mejora de su calidad de vida...” 6
De acuerdo con datos del Sistema Nacional Forestal, en México la afectación anual de vegetación forestal de 1991 a 2006, como consecuencia de incendios forestales, oscila entre las 200,000 y 300,000 hectáreas, siendo distinto el dato en años en los que debido a las afectaciones por cambio climático, esa condición se ha incrementado. Así, entre 1998 y 2007, se obtuvo un resultado de 8,444 incendios forestales a nivel nacional, con una afectación media de 32 ha por incendio. 7
En relación a la problemática de los sistemas hidrológico forestales, existe las Norma Oficial Mexicana NOM- 060-SEMARNAT-1994, 8 que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua, por el aprovechamiento forestal. En esa norma, se describen de manera específica las formas de aprovechamiento de las zonas forestales, con la finalidad de prevenir que éste sea desmedido y como consecuencia, se vean afectados también los sistemas acuáticos, aledaños a los forestales.
Asimismo, como parte del trabajo que realiza la Conafor con la finalidad de asegurar la conservación y buen uso de los ecosistemas forestales en México, se ha propiciado el contar con sistemas de información que permitan tener una valoración del impacto real que se tiene en los distintos programas implementados para este fin, para lo cual existe también el Sistema Nacional de Información Forestal, que, de acuerdo al artículo 35 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal. En ese sistema existe gran parte de la información que solicita la diputada promovente.
En este sentido, la Conafor cuenta con información forestal detallada sobre los resultados y cambios que se presentan en el rubro forestal en sus distintas vertientes. Sin embargo, en el caso del Sistema Nacional de Información Forestal, 9 que es el documento oficial más completo generado al respecto, la información contenida es de carácter técnico.
Por lo anterior, esta comisión legislativa valora procedente la solicitud de la diputada Trigueras, en el sentido de requerir a esa dependencia federal información simplificada relativa a los resultados obtenidos en la implementación de los programas que opera la Conafor para la conservación y restauración de zonas forestales y en su caso, la relación de estos con los sistemas de cuencas hidrológicas, así como la participación que ese órgano desconcentrado tiene en la aplicación de la NOM-060-SEMARNAT-1994, presentando acciones y propuestas a favor de la conservación de esos ecosistemas, en base a las experiencias y resultados obtenidos en la actualidad.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal a fin de que proporcione a esta soberanía información simplificada relativa a los resultados e impactos obtenidos en la implantación de los distintos programas que opera relativos a la conservación y restauración de suelos y ecosistemas forestales, haciendo mención también de la forma en que esa dependencia participa en la aplicación de la NOM-060-SEMARNAT1994, relativa a las medidas de mitigación en los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua, por el aprovechamiento forestal.
Notas
1 Conafor. “Usos y conocimiento de los recursos forestales”. Para su consulta en http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/index.php?option=com_conten t&task=view&id=21&Itemid=22.
2 Visión de México sobre REDD+, Hacia una estrategia nacional. Semarnat. Página 13.
3 Idem
4 Conafor. Programa Pro Árbol. Para su consulta en http://www.diamundialdelmedioambiente.gob.mx/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=158&Itemid=141&lang= es.
5 Evaluación de diseño. Programa presupuestario S226. Pro Árbol, “Apoyo para las acciones preventivas de incendios forestales”. Página 2. Para su consulta en http://www.semarnat.gob.mx/programassubsidios/evaluaciones/evaluacion20 09/Documents/diseno/Conafor/S226_Dise%C3%B1o_completo.pdf.
6 Ídem. Página 3.
7 Ídem. Página 8.
8 Semarnat. Normas Oficiales Mexicanas. Para su consulta en http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mex icanas%20vigentes/NOM-ECOL-060.pdf.
9 Conafor. Sistema Nacional de Información Forestal. Para su consulta en http://www.conafor.gob.mx/portal/
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).
De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las dependencias gubernamentales e instituciones educativas los planes de desarrollo ejidal y comunal de los núcleos agrarios
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada la propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunales de la república para análisis y estudio, a fin de emitir el dictamen correspondiente.
De conformidad con los artículos 39, numeral 3, 44 y 45 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a su consideración el dictamen mediante el cual se aprueba el punto de acuerdo mencionado, que se realiza conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada el 28 de abril de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados, tuvo conocimiento de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunales de la república, presentada por los diputados Francisco Alberto Jiménez Merino, Cruz López Aguilar, María Hilaria Domínguez Arvizu, Óscar García Barrón, Felipe Cervera Hernández, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Óscar Aguilar González, Julieta Octavia Marín Torres, Héctor Velasco Monroy, Guillermina Casique Vences, Guadalupe Pérez Domínguez, Jenny de los Reyes Aguilar, Gerardo Sánchez García, Carlos Cruz Mendoza, Narcedalia Ramírez Pineda, Manuel Humberto, Cota Jiménez, Margarita Gallegos Soto, Isabel Merlo Talavera, Leticia Robles Colín, Roberto Rebollo Vivero, Fermín Montes Cavazos, Antonio Aysa Bernat, Héctor Fernández Aguirre, Jaime Sánchez Vélez, Rosalinda Mazarí Espín, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Silvio Lagos Galindo, Violeta Avilés Álvarez, Julián Nazar Morales, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Cuauhtémoc Salgado Romero, Delia Guerrero Coronado, David Hernández Vallín, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. Con la misma fecha, con el oficio número DGPL 61-II-3-522, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Reforma Agraria el duplicado del expediente número 2160, con esta propuesta, para análisis, estudio y emisión de dictamen.
3. Con fecha 3 de mayo de 2010, la mesa directiva de esta Comisión de Reforma Agraria distribuyó copia del expediente a los integrantes para su conocimiento, análisis y opinión para dictamen.
4. En sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2011, la Comisión de Reforma Agraria, previa distribución del expediente entre los diputados integrantes por su mesa directiva, e integración de las opiniones recibidas con suficientes días de anticipación, sometió a análisis y aprobación la propuesta de dictamen, misma que fue aprobada.
Contenido de la propuesta
En la exposición de motivos, los diputados autores de la propuesta comentan que México cuenta con 31 mil 480 ejidos y comunidades agrarias, que incluyen a aproximadamente 3 millones 100 mil sujetos agrarios, quienes poseen 103 millones de hectáreas, que representan 53 por ciento del territorio nacional.
Que se repartió la tierra y se ha regularizado a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) y se ha entregado la carpeta básica que describe en términos generales sus características y recursos, pero no se ha contado con un programa de desarrollo sustentable.
Que con excepción de la atención al establecimiento del libro de contabilidad, la atención a asambleas, la credencialización de las mesas directivas, así como Programas de la Mujer, Joven Emprendedor Rural, Fondo de Tierras y Atención a Conflictos Agrarios, con presupuestos muy limitados, en realidad no hay un plan de desarrollo específico para los ejidos y comunidades agrarias de México, existiendo un menosprecio y un trato como mexicanos de segunda clase por parte de los gobiernos de los diferentes órdenes y tendencias políticas.
Que hay un desconocimiento de los recursos naturales existentes, así como de las potencialidades de los propios núcleos agrarios. La falta de un plan ha dificultado que los ejidatarios y comuneros puedan aprovechar sus riquezas, imposibilita la implementación de acciones que favorezcan e impulsen el crecimiento y desarrollo de éstos.
Que lo anterior ocasiona un grave deterioro ambiental que pone en riesgo la sustentabilidad de las generaciones futuras; provoca que se reproduzcan modelos productivos de bajo nivel tecnológico, bajos rendimientos y niveles productivos y, reducidos ingresos para miles de familias que dependen de las actividades primarias.
Que a la fecha no hay información útil que permita identificar de manera clara los elementos más importantes que los núcleos agrarios tienen para su desarrollo, más allá de la carpeta básica que cuando mucho describe generalidades sobre la vegetación, la tierra, las masas de agua, los minerales y las colindancias.
Que en 70 por ciento de los núcleos agrarios; esto es, más de 22 mil ejidos y comunidades, los jóvenes no se están integrando a las actividades del campo; hay una grave desvinculación generacional que pone en riesgo la continuidad de este tipo de figuras agrarias. De igual forma, ante la falta de apoyos y alternativas, la migración de la población rural se ha venido incrementando de manera preocupante. El proceso de expulsión poblacional no se ha detenido, y ahora son las mujeres y los menores quienes están aumentando el porcentaje de migración.
Que no se puede hacer un plan de trabajo porque no se tienen los elementos básicos para tomar decisiones e incidir en procesos de desarrollo sustentable. Los asesores técnicos no cuentan con un instrumento informativo elemental para iniciar planes de mejora productiva y socioeconómica.
Y que sin embargo, es muy urgente promover un incremento importante de la productividad agropecuaria, forestal y acuícola de los ejidos y comunidades agrarias de México, para lo cual se requiere desarrollar una ficha descriptiva, sencilla, en no más de una hoja tamaño carta por los dos lados, que contenga una radiografía del núcleo agrario con información útil para tomar decisiones y diseñar un Plan de Acciones de Mejora Productiva y Ambiental mediante el cual se logren aprovechar sus potencialidades en beneficio de los sujetos agrarios.
Que el contenido del estudio que se propone debe incluir
• Diagnóstico: Qué producen y hacen actualmente.
• Problemática productiva: Qué limita las actividades económicas en el campo.
• Problemática ambiental y socioeconómica: que está deteriorando los recursos naturales y amenazando el futuro de las nuevas generaciones.
• Recursos naturales disponibles: con qué se cuenta para sobrevivir y desarrollarse.
• Actividades productivas potenciales: qué se puede producir de acuerdo a las posibilidades ambientales, a las necesidades de autoconsumo y a la demanda de los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
• Acciones de mejora productiva: Cómo hacer mejor lo que ya se hace, aprovechando al máximo lo que se tiene.
Consideraciones
En el análisis de la propuesta se hicieron las siguientes consideraciones:
Primera. Que el diagnóstico de la situación prevaleciente en el campo presentada por la propuesta, da cuenta de que existe un problema, una crisis en los ejidos y comunidades del país, derivado de que no están articuladas las disposiciones de la Ley de Planeación, de Ley Agraria, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta última prevé en la fracción I de su artículo 41 que a la Secretaría de la Reforma Agraria corresponde “aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional así como las leyes agrarias y sus reglamentos; y en su fracción VIII. Resolver conforme a la ley las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales.
Segunda. El artículo 5 de la Ley Agraria en vigor señala que las dependencias y las entidades competentes de la administración pública federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo; pero no especifica cuáles son las dependencias competentes para estos propósitos.
Tercera. La Ley Agraria no especifica cuáles son las dependencias y entidades competentes para sus propósitos, pero la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal identifica a la Secretaría de la Reforma Agraria para el cumplimiento de sus mandatos y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dispone en su artículo 1o., que es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable, y que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable es competente para este propósito (artículo 10) y de esta comisión es parte la Secretaría de la Reforma Agraria (artículo 21) y en el artículo 2o. establece que los ejidos y comunidades son sujetos de esta ley.
Cuarta. Que según esta última legislación, el desarrollo rural sustentable incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural. Que las dependencias competentes son las que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, que son, según el artículo 21, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de la Reforma Agraria; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.
Quinta. Respecto a la planeación del desarrollo rural, ésta está considerada en primer término en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo primero. Pero en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 la sustentabilidad no está referida al desarrollo rural sino al desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental; y la sustentabilidad ambiental es uno de los cinco ejes en torno de los cuales se articulan las estrategias y los objetivos nacionales y todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía, son centrales en el proceso que favorece el desarrollo humano sustentable. Es decir, el desarrollo rural sólo existe en el plan y si existe, existe subordinado a la sustentabilidad ambiental.
Sexta. En la fracción II del artículo 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se establece: “En los programas sectoriales se coordinará y dará congruencia a las acciones y programas institucionales de desarrollo rural sustentable a cargo de los distintos órdenes de gobierno y de las dependencias y entidades del sector”; es decir, no hay un programa nacional para el desarrollo rural sustentable de mediano y largo plazos de carácter transversal.
Séptima. En la fracción V del mismo artículo 13 se prevé: “A través de los distritos de desarrollo rural se promoverá la formulación de programas a nivel municipal...” Esta promoción podría extenderse a ejidos y comunidades en tanto sean partes integrantes del nivel municipal; pero así como a los municipios se les apoya con asesoría técnica y recursos del gobierno federal a través de la Sagarpa, podría disponerse de asesoría técnica y recursos del gasto público federal para apoyar la formulación de programas ejidales y comunales.
Octava. En el artículo 24 se establece que con arreglo “a los principios de federalización se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano; en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas”, y no se prevé la integración de Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable en ejidos y comunidades por no formar parte de las figuras de los órdenes de gobierno.
Novena. En el artículo 26 se dispone: “En los consejos estatales se articularán los planteamientos, proyectos solicitudes de las diversas regiones de la entidad, canalizados a través de los distritos de desarrollo rural. Los consejos municipales definirán la necesidad de convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas sectoriales, mismos que se integrarán al programa especial concurrente. De la aplicación de esta ley, existe un consejo de desarrollo rural sustentable por cada municipio y un plan de desarrollo rural sustentable por cada municipio.
Décima. No hay derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 un programa nacional de desarrollo rural sustentable 2007-2012, o un programa sectorial de desarrollo rural sustentable 2007-2012, sólo existe para los propósitos del desarrollo rural sustentable el programa especial concurrente, con horizonte anual igual que el Presupuesto de Egresos de la Federación. No hay mediano y no hay largo plazos.
Undécima. Esta comisión reconoce que el objeto de la Ley de Planeación es el desarrollo nacional. El proceso no obliga a ejidos y comunidades a hacer un plan para cada uno, ni al gobierno federal a hacerlo por ellos. El proceso es obligatorio para el gobierno federal, se realiza en coordinación con las entidades federativas que tienen sus propias leyes y sus propios planes, y de manera concertada e inducida con los sectores social y privado. Los ejidos y las comunidades están considerados en el sector social, consecuentemente opinan, proponen, pero a ellos no obliga este proceso y son objeto de concertación de compromisos o convenio y también de inducción.
La legislación manda a la administración pública federal a organizar sus acciones en el Plan Nacional de Desarrollo; pero no la obliga a hacer planes estatales ni municipales para estos órdenes de gobierno, mucho menos para ejidos y comunidades que no son órdenes de gobierno. No obstante, el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dispone que “los distritos de desarrollo rural coadyuvarán en el fortalecimiento de la gestión municipal del desarrollo rural sustentable e impulsar la creación de los consejos municipales... y apoyarán la formulación y aplicación de programas concurrentes municipales del desarrollo rural sustentable”. Esto es justamente lo que hay que hacer en los ejidos y comunidades, apoyar su formulación siempre y cuando lo consientan, lo demanden, y por información disponible y la estrecha relación con ellos, la Secretaría de la Reforma Agraria sería la más indicada. La faculta la Ley Agraria, Ley de Desarrollo Rural Sustentable al ser parte de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Duodécima. Sin embargo, el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ya establece la capacitación como una vía para este propósito al prescribir: “Las acciones y programas en capacitación, asistencia y transferencia de tecnología se formularan y ejecutaran bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación. Se deberán vincular a todas las fases del proceso de desarrollo, desde el diagnostico, la planeación, la producción, organización, la transformación, la comercialización y el desarrollo humano; incorporando, en todos los casos, a los productores y a los diversos agentes del sector rural, y atenderán con prioridad a ejidos y comunidades y a los que se encuentran en zonas con mayor rezago económico y social.
Decimotercera. La propuesta de este punto de acuerdo es muy pertinente si se toma en cuenta todo lo anterior, constituye una reacción ante esta situación de crisis en el campo, considerando que la Ley Agraria desde 1992 no previó disposiciones para la instrumentación de sus propósitos de desarrollo rural y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 2001 limita los esfuerzos de planeación de este desarrollo a los ámbitos federal, estatal y municipal como órdenes de gobierno y no incluye en estos procesos de planeación a sus principales sujetos: los ejidos y las comunidades. Pero puede apoyarlos con capacitación y los planes ejidales y comunales serían verdaderos instrumentos de concertación entre los ejidos y las comunidades con los distintos órdenes de gobierno.
Decimocuarta. Que en vista de lo anterior, principalmente de que no hay legislación expresa para elaborar o apoyar la elaboración de planes de desarrollo de ejidos y comunidades, es viable, necesaria y urgente la realización de lo propuesto por el punto de acuerdo, a reserva de que la Comisión de Reforma Agraria proponga a través de sus integrantes una iniciativa de reforma y adiciones de las Leyes Agraria, de Desarrollo Rural Sustentable, y Orgánica de la Administración Pública Federal para allanar este vacío jurídico que excluye y margina a ejidos y comunidades de modo que permita reorientar las atribuciones de la Secretaría de la Reforma Agraria hacia los propósitos del desarrollo rural integral sustentable.
En razón de lo expuesto, la Comisión de Reforma Agraria somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a efecto de que
1. En coordinación con las dependencias gubernamentales e instituciones educativas elabore los planes de desarrollo ejidal y comunal de los núcleos agrarios existentes en el país.
2. Lo anterior será presentado al menos en una ficha que destaque los recursos naturales disponibles, las principales actividades productivas, la problemática ambiental, la problemática y potenciales de la actividad productiva, así como un plan de 10 mejoras sustantivas y de 10 acciones de capacitación y asesoría para mejorar su productividad y procurar el desarrollo sustentable en el corto, mediano y largo plazos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2011.
La Comisión de Reforma Agraria
Diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas, Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Felipe Cervera Hernández, Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Gumercindo Castellanos Flores, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva.
De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Reforma Agraria a emitir y poner en marcha con la mayor brevedad una política que oriente el desarrollo agrario y el ordenamiento territorial
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria a emitir y poner en marcha, con la brevedad posible, una política de Estado tendente a orientar el desarrollo agrario del país y el ordenamiento territorial.
De conformidad con los artículos 39, numeral 3, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a su consideración el dictamen mediante el cual se aprueba el punto de acuerdo antes mencionado, que se realiza bajo los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada el 29 de abril de 2010, el pleno de esta honorable Cámara de Diputados tuvo conocimiento de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria a emitir y poner en marcha, con la brevedad posible, una política de Estado tendente a orientar el desarrollo agrario del país y el ordenamiento territorial, presentada por el diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. Con la misma fecha, con oficio número D.G.P.L. 61-II-8-465, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Reforma Agraria el duplicado del expediente número 2360 conteniendo esta propuesta, para análisis, estudio y emisión de dictamen.
3. Con fecha 3 de mayo de 2010, la Mesa Directiva de esta Comisión de Reforma Agraria distribuyó copia del expediente a los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria para su conocimiento, análisis y opinión para dictamen.
4. En sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2011, la Comisión de Reforma agraria, previa distribución del expediente entre los integrantes por su Mesa Directiva, e integración de las opiniones recibidas con suficientes días de anticipación, sometió el proyecto de dictamen a estudio y aprobación, en su caso, el cual fue aprobado.
Contenido de la propuesta
En su exposición de motivos, el promovente refiere que en diciembre de 1991, la LV Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la modificación del artículo 27 constitucional y la expedición de una nueva Ley Agraria. Con ello se dio por terminado el principal proceso justicialista del siglo XX en México, el reparto agrario, y a la vez se reformó el sistema de propiedad, con lo cual se abrieron las puertas de los ejidos y de las comunidades a los mercados de tierras.
Que al igual que la ley del 25 de junio de 1856, mejor conocida como Ley Lerdo, la reforma constitucional de 1992 puso a circular las tierras de los ejidos y de las comunidades, incorporándolas virtualmente al comercio inmobiliario. Dicha medida desamortizó 103 millones de hectáreas que antes de ahí no se podían vender, ni ceder, ni rentar, ni dar en usufructo, ni aportar en sociedad, ni ofrecer en garantía.
Que hasta el 6 de enero de 1992 en los mercados de tierras de nuestro país, solamente circulaba la propiedad privada, la cual apenas rebasaba los 74 millones de hectáreas. Con la publicación de las reformas al artículo 27 de la Constitución federal, dicho mercado se elevó a más de 170 millones de hectáreas, lo que representa un aumento cercano a 150 por ciento, aumento suficiente para trastocar cualquier mercado.
Que a diferencia de la Ley Lerdo que puso la propiedad en el mercado de manera directa y forzosa, la desamortización detonada en 1992 la hizo circular de forma indirecta y voluntaria, es decir, condicionada, ya que la sujetó a su regularización y al libre albedrío de los afectados.
Que la reforma desamortizó virtualmente la propiedad de los núcleos agrarios porque la incorporación legal de las tierras del sector social a los mercados formales inmobiliarios no se dio de manera automática y directa, sino que se le ligó a su previa regularización. Dicho de otro modo, para que cualquier operación jurídica con la tierras ejidales fuera legal era necesario que primero deslindaran, delimitaran, destinaran, asignaran y titularan las tierras de los núcleos agrarios, de acuerdo con el procedimiento señalado en la ley de la materia.
Que esto constituyó un gran acierto de quienes nos precedieron en la LV Legislatura, ya que de no haber sido así lo más seguro es que se hubiera desencadenado una desamortización totalmente anárquica, desordenada y fuera de control que muy probablemente hubiera agudizado los problemas que se quisieron remediar. En cambio, al sujetar la circulación de las tierras de los ejidatarios y comuneros a su previa regularización, se impuso un candado que impidió su venta desbocada e indiscriminada.
Que en los hechos, esta medida dio lugar a la puesta en marcha del programa agrario más ambicioso de las dos últimas décadas, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), el cual operó hasta 2006 habiendo alcanzado a regularizar a más de 90 por ciento de los núcleos ejidales.
Que por desgracia, lo que con ello se logró se está yendo por la borda debido a que no bien se acaba de normalizar la situación legal de las tierras ejidales cuando inicia una transferencia irrefrenable de parcelas y terrenos de uso común que obviamente propicia que los peces grandes devoren a los pequeños, permitiendo que quienes más tienen más acaparen, sobre todo las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, las que a diario se quedan con las mejores tierras de los núcleos ejidales a cambio de un simple plato de lentejas.
Que nadie ignora que los principales beneficiados con la desamortización agraria en curso no han sido los propietarios de la tierra, sino los dueños del capital. Estos han medrado con la situación a la sombra de la necesidad campesina y la falta de conocimiento del marco jurídico vigente, ante la lenta movilidad y capacidad de reacción de las autoridades del ramo, en especial, de la Procuraduría Agraria, tan joven y tan burocratizada.
Que de esta suerte, lo que debió haber sido una desamortización ordenada y equilibrada —económica y ambientalmente hablando— se convirtió en una romería sin control que dejó escapar la irrepetible oportunidad histórica de inducir el ordenamiento del territorio nacional a través de la regularización planificada de la propiedad ejidal. Al no haberlo hecho así, el gobierno federal permitió que fuesen las fuerzas del mercado las que dictaran el rumbo de la desamortización agraria las que, desde luego, se desarrollan de manera anárquica.
Que amplias áreas otrora ejidales localizadas en la periferia de los centros urbanos han pasado a manos de inmobiliarias privadas o se han fraccionado clandestinamente, la mayoría de las mejores playas del país han sido transferidas a corporaciones hoteleras y turísticas, enormes superficies ejidales de uso agrícola se han vendido a particulares o se encuentran rentadas en bloques de ingentes dimensiones, grandes extensiones ubicadas en zonas agrícolas de riego han devenido campos de golf, numerosos ejidos situados cerca de las grandes ciudades se han subdivido en millares de fincas de fin de semana, todo esto sin que se haga a la luz de una política de Estado en materia agraria que ordene y conduzca el proceso de desamortización de la propiedad ejidal y de la comunal.
Que en particular, en Morelos, el tráfico irregular de tierras se ha vuelto pan de todos los días. Tanto a nivel parcelario como a nivel de núcleo, el mercado inmobiliario presenta una intensa actividad informal no exenta de abusos y despojos. Los tribunales agrarios están saturados de conflictos nacidos al amparo de la nueva irregularidad, mientras que la Procuraduría Agraria, de por sí con escasa eficacia operativa, se encuentra enfrascada en funciones que no corresponden a los entes de su naturaleza, como la organización y la capacitación, en perjuicio de la rectoría que debe ejercer la Secretaría de la Reforma Agraria.
Que en tanto la estructura de la tenencia de la tierra se encuentre en un movimiento tan intenso como el que hoy experimenta, es necesario que el Estado incida en el proceso de transferencia y conversión de la propiedad a fin de evitar desequilibrios sociales que a largo plazo pongan en riesgo la estabilidad política del país. De ahí la importancia de que el gobierno federal intervenga en el proceso operando como regulador de los mercados y compensador de los desbalances económicos y sociales.
Que la desamortización es un proceso fundamental que repercutirá forzosamente en la estructura agraria del país. Si ya conocemos las desastrosas consecuencias que tuvo la desamortización detonada a mediados del siglo XIX es importante que tomemos la precauciones necesarias para que con la desamortización actual no vuelva a ocurrir lo mismo. Aunque no se vea, el campo mexicano está registrando un intenso proceso de transferencia de la propiedad que tiende a modificar a fondo la estructura de la tenencia de la tierra. Hay que evitar que esa modificación se dé de nuevo a costa de los que menos tienen. Ello demanda que esta soberanía formule un efectivo llamado al Ejecutivo federal para que actúe al respecto y sin dilación alguna.
Consideraciones
En el análisis de la propuesta se hicieron las siguientes consideraciones:
Primera. Que el diagnóstico de la situación prevaleciente en el mercado de tierras presentada por la propuesta, da cuenta de que es necesario hacer un análisis más profundo de este fenómeno. Existen estudios que muestran una apreciación diferente del mercado de tierras. Actualizar el diagnóstico es condición necesaria para diseñar cualquier política al respecto. Quizá sea esto lo primero que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes: la Secretaría de la Reforma Agraria y en particular, la Procuraduría Agraria, que a esta última, la Ley Agraria en su artículo 135 le establece como función, la defensa de los derechos de los ejidatarios y comuneros, entre otros sujetos sociales.
Segunda. Que la Secretaría de la Reforma Agraria está facultada para atender el exhorto planteado en esta proposición con punto de acuerdo. La Ley Orgánica de la Administración Pública federal, en su artículo 41, fracción VIII, otorga a la Secretaría de la Reforma Agraria, la atribución de resolver conforme a la ley las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales.
Tercera. Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reconoce a la Secretaría de la Reforma Agraria como parte de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable según los artículos 10 y 21de esta ley y el artículo 5o. del mismo ordenamiento, en su fracción I, establece que serán considerados prioritarios las políticas, acciones y programas orientados conforme a esta fracción, a promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo al no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso.
Cuarta. Que la Ley General de Asentamientos Humanos en sus artículos 42 fracción III y 43, establecen tanto la participación de la autoridades agrarias como los requisitos, de la incorporación de terrenos ejidales y comunales, al desarrollo urbano y la vivienda.
Quinta. México cuenta con 31,480 ejidos y comunidades agrarias que incluyen a aproximadamente 3 millones 100 mil sujetos agrarios, quienes poseen 103 millones de hectáreas, y este número de hectáreas de propiedad social, representan el 53 por ciento del territorio nacional. La venta de tierras ejidales y comunales ¿han hecho que disminuyan los ejidos, las comunidades, los sujetos agrarios o las proporciones antes descritas? Los datos censales muestran que los ejidos y comunidades no han disminuido de 1991 al 2001. Por el contrario, estos han aumentado. El censo que este año se realiza, puede confirmar esta tendencia.
Sexta. En efecto, a partir de la Ley Agraria de 1992, la adopción del dominio pleno total —para todo el ejido o la comunidad— o parcial —sólo para algunas parcelas— es el que da la posibilidad real de mercantilizar la tierra de propiedad social. Respecto a la tendencia del número de núcleos agrarios que han asumido el dominio pleno existen registros que informan que en 1993, un año después del inicio de la vigencia de la Ley Agraria, sólo ocho trámites de esta naturaleza fueron registrados. Cinco años después, para agosto de 1998 ya sumaban 552. Quince años después, se reconocen más de 3mil.
Séptima. Otra forma de ver este asunto podría ser el siguiente: según información de la Procuraduría Agraria, de los integrantes de los ejidos incorporados al Procede, hasta junio de 2010 se han enajenado de forma acumulada 561,710 derechos agrarios de parcelas ejidales, observando este fenómeno una tendencia creciente o ascendente desde 1993 hasta 2009 que alcanza un número máximo de 54,420 derechos parcelarios enajenados en este último año.
Octava. Una imagen de concentración de tierras probablemente de propiedad privada que refleje los cambios en la tenencia entre las formas de propiedad, particularmente cambios de la propiedad social a la propiedad privada, podría ser el siguiente: Según datos censales, en el segmento de tierras productivas identificadas como “unidades de producción” las que acusan un tamaño de más de 20 hectáreas, han aumentado en un 1por ciento de 1991 al 2007.
Novena. De acuerdo con estos datos, los 103 millones de hectáreas de propiedad social no están totalmente en el mercado de tierras, lo están solamente 2 millones 317, 264 hectáreas de 3mil 485 núcleos agrarios sobre las cuales se ha adquirido el dominio pleno para 105 mil 572 beneficiarios. El mercado no está todavía trastocado y este mercado no es todavía una romería sin control, pero esta Comisión reconoce que preventivamente se precisa la intervención de las autoridades competentes para evitarlo.
Décima. Respecto al desventajoso y desordenado mercado de tierras ejidales involucrados en los procesos de urbanización, este es histórico y previo a la reforma a la Ley Agraria de 1992. Según la Secretaría de la Reforma Agraria, históricamente, 1,191 núcleos agrarios se han considerado urbanos o comprendidos dentro de la mancha urbana; sin embargo en 6,194 núcleos se han presentado asentamientos humanos irregulares. Los estados que históricamente han presentado mayor proporción de asentamientos irregulares son en este orden, de mayor a menor: Morelos, Nayarit y el Distrito Federal, entidades cuyas áreas ejidales se han ocupado en un elevado porcentaje.
Undécima. La gran mayoría de los ejidos en los que se ha agotado el trámite del dominio pleno, comparten una característica, se trata de ejidos inmersos o cercanos a zonas urbanas. Están localizados en municipios comprendidos en alguna de las 58 zonas metropolitanas más grandes del país. El resto de los núcleos ejidales que han autorizado la adopción del dominio pleno, se encuentran cercanos a asentamientos humanos considerados urbanos, algunos de ellos en ciudades que, aunque no se encuentran en el listado de las grandes urbes del país, no dejan de tener gran relevancia como Los Cabos, en Baja California Sur; Puerto Vallarta; Lagos de Moreno y Chapala, en Jalisco; San Juan del Río, Querétaro; Guasave y El Fuerte, en Sinaloa; Huatabampo y Aguaprieta, en Sonora; Huamantla, Tlaxcala; o Jerez, Zacatecas, por citar algunas.
Duodécima. Ya en la primera década de vigencia de la Ley Agraria de 1992, Arturo Warman –quien en ese entonces fungía como Procurador Agrario- señalaba que el cambio de dominio de parcelas ejidales se decidió para incorporarse con legalidad y ventajas al desarrollo urbano. Con este propósito se constituyeron sociedades mercantiles y se conformaron inmobiliarias ejidales con cientos de socios, todos ejidatarios, para urbanizar la tierra y recibir el precio justo. De cualquier forma —dice— “no se ha dado el cambio generalizado de dominio pleno en ejidos rurales. La “privatización” no está sucediendo”.
Decimotercera. Desde los primeros años de vigencia de la Ley Agraria de 1992, se percibió que los ejidos que cambiaron el régimen de propiedad de su superficie, su condición era de núcleos conurbados. Ante estos hechos se consideró por los estudiosos de estos asuntos, que bajo esas condiciones, la incorporación potencial de la superficie ejidal y comunal al mercado de tierras difícilmente derivaría en la acumulación generalizada de predios por parte de la iniciativa privada. De cualquier forma se reitera, el diagnóstico de esta iniciativa constituye un llamado de atención y se estima que es urgente confirmar o negar esta hipótesis y el punto de acuerdo que se estudia, ayudará a lograr este propósito y a tomar las medidas de política necesarias.
En razón de lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Reforma Agraria somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Esta soberanía, por conducto de su Presidencia, exhorta al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y a las entidades sectorizadas a emitir y poner en marcha, con la brevedad posible, una política de Estado que tienda a orientar a corto, mediano y largo plazos, el desarrollo agrario del país e induzca el ordenamiento territorial, a través del proceso de desamortización, a fin de que el perfil cuantitativo y cualitativo de la estructura de la tenencia de la tierra y su composición social y geográfica, en los años venideros responda a las directrices de los grandes objetivos nacionales en materia de desarrollo rural.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2011.
La Comisión de Reforma Agraria
Diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas, Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Felipe Cervera Hernández, Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas, Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Gumercindo Castellanos Flores, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilera (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva.
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que informe con oportunidad sobre la existencia de un plano proyecto para construir un penal de máxima seguridad en Campeche
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fueron turnadas el pasado 13 y 15 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y de la Dirección General de Desarrollo Penitenciario presente a la Cámara de Diputados un informe sobre la viabilidad, estadística penitenciaria y el impacto social en que se fundamenta la probable construcción de un Centro Penitenciario en el estado de Campeche y a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, a dar seguimiento a los proyectos para la construcción de futuros centros federales de readaptación social; la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a desistir de su pretensión de construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, y la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a suspender la construcción de un penal federal en Campeche hasta que se determine, no sólo su factibilidad sino los efectos que tendría en la zona, y de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determine la participación de la comunidad y las instituciones académicas, en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, con las instituciones de seguridad pública de la federación, el estado de Campeche y los municipios, en el ámbito de su competencia, coordinándose para integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines, formulando políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como los programas y estrategias en materia de seguridad pública.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Publica somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 13 de diciembre de 2010, el diputado José Ignacio Seara Sierra del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y de la Dirección General de Desarrollo Penitenciario presente a la Cámara de Diputados un informe sobre la viabilidad, estadística penitenciaria y el impacto social en que se fundamenta la probable construcción de un centro penitenciario en el estado de Campeche y a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, a dar seguimiento a los proyectos para la construcción de futuros centros federales de readaptación social.
II. En esa misma fecha, el diputado Oscar Román Rosas González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República, desistir de su pretensión para construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche.
III. Posteriormente, el 15 de diciembre de ese mismo año, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a suspender la construcción de un penal federal en Campeche hasta que se determine, no sólo su factibilidad sino los efectos que tendría en la zona, y de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determine la participación de la comunidad y las instituciones académicas, en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, con las instituciones de seguridad pública de la Federación, el estado de Campeche y los municipios, en el ámbito de su competencia, coordinándose para integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines, formulando políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como los programas y estrategias en materia de seguridad pública.
IV. Ese día, el presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dichas proposiciones con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
V. El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstenciones.
Contenido de las proposiciones con punto de acuerdo
1. En la proposición del diputado José Ignacio Seara Sierra se indica que una de las más importantes exigencias en materia de seguridad pública es la de generar mayor infraestructura, vigilancia y salubridad en las diversas áreas destinadas a la prevención y readaptación social, a lo cual el gobierno federal ha adoptado mayores compromisos como respuesta al constante crecimiento de la población penitenciaria ya que es el principal problema que enfrentan las autoridades de los distintos centros de reclusión en nuestro país.
Asimismo detalla que la insuficiencia de espacios carcelarios afecta a 53 por ciento de los centros de reclusión a nivel nacional, lo que significa que en algunos penales de los estados de la república la sobrepoblación ha alcanzado límites que prácticamente inhabilitan cualquier medida de readaptación como lo ha referido la Secretaría de Seguridad Pública Federal en los casos de la Cárcel Distrital de Chiapas de Corzo, la Cárcel Distrital Copainalá o la Cárcel Guamúchil Salvador Alvarado, entre otras.
Cita que en el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto de 2008, en el marco de la vigésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Ejecutivo federal, los gobernadores, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, medios de comunicación y organizaciones civiles, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En dicho acuerdo se establecieron mecanismos entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano donde se establece el compromiso de fortalecer el sistema penitenciario para los cuales se construirán dos centros federales de readaptación social de alta seguridad, incluyendo módulos especiales para secuestradores en un tiempo de ejecución de dos años.
Por lo anterior, se ha manejado de manera informal a nivel estatal la probabilidad de que en el estado de Campeche se construya uno de éstos centros de internamiento generando con ello reacciones en la sociedad así como entre los distintos entes políticos manifestando lo desfavorable de esta decisión de ser cierta, ya que se considera que se atraería a delincuentes de alta peligrosidad o nuevas actividades delictivas que más que beneficiar perjudicarían de la misma forma que se ha dado en las comunidades cercanas a otros centros penitenciarios de la misma categoría, por lo que la sociedad campechana se manifiesta con una gran negativa a dicha eventualidad.
En síntesis el proponente reconoce los grandes avances que ha tenido el gobierno federal en cooperación con las diversas entidades que conforman nuestro país para el combate a la delincuencia y el reforzamiento de la seguridad, justicia y legalidad, por tanto solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública que, de ser Campeche el próximo lugar de residencia del centro federal de readaptación social de alta seguridad, publique de manera oficial dicho fallo junto con los estudios de viabilidad, impacto social, así como las estadísticas penitenciarias que fundamenten la disposición de referencia.
2. En cuanto a la proposición del Diputado Oscar Román Rosas González, refiere que en últimas fechas se ha dado a conocer en diferentes medios informativos la pretensión del gobierno federal para construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, cuya finalidad es recluir a delincuentes de alta peligrosidad, que no pueden purgar sus condenas en otro tipo de reclusorios.
Señala que la noticia ha sacudido a la sociedad campechana, que de inmediato ha repudiado este proyecto, ya que Campeche necesita una refinería que permita al país reducir la tasa de importaciones de productos petrolíferos; necesita mayores apoyos para el campo que ayuden a mejorar la producción y consoliden la agroindustria; necesita infraestructura hidráulica que lleve agua potable a todas sus poblaciones; y necesita más carreteras y mejores puentes que comuniquen a la población.
En conclusión puntualiza que Campeche necesita inversión productiva que genere empleos y mejore la economía de sus habitantes, y no el traslado de problemas que se generan en otras latitudes del país, que con seguridad contaminarán el tejido social.
3. Finalmente la proposición de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata postula que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consecuentemente explica que sobre el tema especifico del penal federal en Campeche, no ha habido ningún anuncio oficial ni detalles de la obra; por ello es indispensable que los campechanos conozcan las consideraciones por las que están tomando la decisión, pero sobre todo si ya se tiene un estudio, no sólo del impacto económico de esa edificación sino de la afectación social y las repercusiones que podrían tener para Campeche, considerada una de las entidades con los más elevados índices de seguridad.
Esgrime que la decisión del gobierno federal debe ser analizada con la sociedad campechana que ha iniciado una serie de acciones públicas no sólo desde manifestaciones y volanteo, sino también de quejas y campañas en las redes sociales en espera de que haya una respuesta favorable del gobierno federal.
La proponente deja en claro que no se trata de politizar el tema, pero la información que se tiene hasta ahora es que la edificación ya fue concursada y está lista para su inicio y fue asignada en ese procedimiento a empresarios del centro del país.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.
Consideraciones
1. Partiendo de estos antecedentes, la Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.
2. A grandes rasgos, los objetivos de estas proposiciones consisten en:
• Exhortar al presidente de la República para que desista de su pretensión de construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche.
• Requerir a la Secretaría de Seguridad Pública informe sobre la existencia de un plan o proyecto sobre la construcción del penal.
• Solicitar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para que, de confirmarse la construcción del centro federal de readaptación social de alta seguridad en el estado de Campeche, la propuesta sea presentada a la ciudadanía campechana para su consulta y determinación democrática de aceptación o negación del mismo.
3. En el marco de la vigésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; el cual establece compromisos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, Poderes de la Unión y sociedad civil.
Dentro de los acuerdos emitidos se encuentra el denominado
XIII. Fortalecer el Sistema Penitenciario
La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a construir dos centros federales de readaptación social de alta seguridad, incluyendo módulos especiales, para secuestradores.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública concibe la misión del sistema penitenciario como:
“Proteger a la sociedad contra la delincuencia, mediante el confinamiento de los infractores en ambientes controlados de reclusión, que sean seguros, humanos, eficientes y sustentables; que den tranquilidad a la sociedad y garanticen el cumplimiento de las sentencias; así como generar las condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte, que permitan a los sentenciados recuperar su libertad y convertirse en ciudadanos útiles para sí mismos y para la sociedad, respetuosos de la ley y del orden social”
Partiendo de estos antecedentes, los legisladores integrantes de la comisión que suscribe, consideran que la eficiencia en el manejo del sistema penitenciario es un eje fundamental por medio del cual debe regirse la actuación de la administración pública, ya que de lo contrario, se coadyuvaría a la inseguridad interna, al deficiente manejo estructural, técnico y operativo que fomenta la corrupción e incidentes penitenciarios, como los motines y las fugas.
4. Respecto al tema que nos ocupa, es importante aclarar que el gobierno federal discrecionalmente no puede construir un penal sin que previamente exista el consentimiento y autorización, en este caso, del gobierno estatal. Es decir, la Secretaría de Seguridad Pública y el gobernador celebran un convenio que deberá ser aprobado por el Congreso local y en consecuencia, proceder a la construcción del mismo. Al respecto, el artículo 30 Bis, fracciones XX, XXIII y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala como facultades de la Secretaría de Seguridad Pública:
“Artículo 30 BIS.
...
XX. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación.
XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;
...
XXVI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, y
...”
Además, dicho proyecto debe ser ventilado ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por ser la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en materia de seguridad pública. Lo anterior en términos del artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Este Consejo está construido por
“Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por:
I. El presidente de la República, quien lo presidirá;
II. El secretario de Gobernación;
III. El secretario de la Defensa Nacional;
IV. El secretario de Marina;
V. El secretario de Seguridad Pública;
VI. El procurador general de la República;
VII. Los gobernadores de los estados;
VIII. El jefe de gobierno del Distrito Federal, y
IX. El secretario ejecutivo del sistema.”
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 21 la coordinación que los tres órdenes de gobierno deberán establecer para cumplir con los objetivos en materia de seguridad pública:
“
...
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”.
5. Respecto al exhorto que se hace a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para que dé seguimiento a los proyectos para la construcción de centros federales de readaptación social y presentar a la ciudadanía campechana una consulta y determinación democrática de aceptación o negación del proyecto, los artículos 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala lo siguiente
“Artículo 157.
1. Las comisiones tendrán, en su caso las siguientes tareas:
I. De dictamen legislativo;
II. De información;
III. De control evaluatorio, conforme al artículo 93 de la Constitución;
IV. De opinión,
V. De investigación.”
En consecuencia, la Comisión de Seguridad Pública carece de las facultades para llevar a cabo consultas ciudadanas, ya que las principales tareas que le son encomendadas son las de dictamen legislativo, información, control evaluatorio, opinión e investigación.
6. En virtud de los argumentos anteriormente vertidos, esta comisión dictaminadora considera viable aprobar la presente proposición en sentido positivo únicamente para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, notifique a esta soberanía si existe un proyecto para construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, y de ser así, envíe un informe sobre la viabilidad, estadística penitenciaria e impacto social en que se fundamente la construcción del centro penitenciario de referencia.
7. Esta soberanía estará atenta al cabal cumplimiento que la autoridad exhortada le dé al resolutivo de este instrumento legislativo.
Con base en lo expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, notifique a esta soberanía si existe un proyecto para construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, y de ser así, envíe un informe sobre la viabilidad, estadística penitenciaria e impacto social en que se fundamente la construcción del centro penitenciario de referencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrero Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la república a cubrir todos los gastos de manutención de los reos federales en centros penitenciarios estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública, a realizar acciones para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada, el pasado 13 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a cubrir la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales en centros penitenciarios estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar las acciones pertinentes para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha 13 de diciembre de 2010, la Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a cubrir la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales en Centros Penitenciarios Estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar las acciones pertinentes para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
II. En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
III. El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. La diputada iniciante manifiesta que uno de los retos que enfrenta la seguridad pública en México radica en la ineficiencia de su sistema penitenciario, el cual carece de los elementos y estrategias necesarias para poder lograr una verdadera reinserción social de las personas que cumplen alguna sentencia. Esta situación es resultado de distintas condiciones que afectan el desarrollo de las tareas en los centros de readaptación social, como son el hacinamiento escasa infraestructura, falta de recursos presupuestales, desorganización y deficiencias en los programas diseñados.
Dicha problemática se agudiza cuando los centros penitenciarios estatales tienen que custodiar reos federales, lo cual tiene implicaciones directas en su funcionamiento, ya que la infraestructura, capital humano y presupuesto no son suficientes para llevar a cabo los objetivos del sistema penitenciario, que se encuentran señalados en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.
La referida ley en su artículo segundo expone que el sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente, sin embargo en la práctica esto no sucede, por lo menos, de la forma esperada, ya que la sobrepoblación provocada por la custodia de reos federales en instalaciones penitenciarias de los Estados y el Distrito Federal, así como la falta de recursos materiales generan condiciones de insalubridad, inseguridad, violencia, violación a los derechos humanos y posibilita las condiciones para que los reclusos caigan en conductas no propicias para su reinserción a la sociedad.
2. Señala que la presencia de reos federales en centros penitenciarios estatales, en la práctica complica su trabajo, pues representan una importante carga presupuestal, que tienen que solventar las Entidades Federativas, y propicia la convivencia de delincuentes de alta peligrosidad relacionados con el crimen organizado con reclusos vinculados al fuero común.
Lo anterior ha generado que los centros penitenciarios se conviertan en universidades del crimen, donde personas que están llevando un proceso o pagando alguna pena por delitos considerados menores adquieran prácticas y conocimientos que les permitan realizar actividades delictivas más peligrosas e importantes, como el narcotráfico.
Por otro lado, la mayoría de las cárceles están diseñadas para albergar reos de baja peligrosidad, sin embargo tienen que custodiar delincuentes peligrosos que requieren un trato y condiciones de infraestructura especiales. Lo anterior propicia a que sean más frecuentes casos como el del penal de Cieneguillas, Zacatecas, donde 53 presuntos integrantes de los Zetas fueron liberados por un comando armado el 16 de mayo de 2009.
3. Puntualiza que en la práctica es posible identificar numerosos casos de reos federales en convivencia con presos del fuero común, pero también son preocupantes las cifras de penales estatales o del Distrito Federal que tienen que custodiar a delincuentes procesados por delitos del fuero federal.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 44 mil 446 personas están encarceladas por su implicación en delitos federales. Estos reos corresponden al 19.9 por ciento del total de la población carcelaria del país, la cual es de 222 mil 771 internos. De estos últimos 34, 952 reos federales se encuentran a cargo de penales estatales, por lo que el sistema penitenciario federal sólo está a cargo de 9 mil 494 de estos presos, es decir el 21.3 por ciento.
4. Detalla que la ley no establece la obligatoriedad de la Federación para hacerse cargo de la manutención de sus reos, por lo que las Entidades Federativas tienen que realizar un esfuerzo presupuestal importante, que merma las finanzas de sus respectivos sistemas penitenciarios. En el caso de Nuevo León el costo diario de manutención de un interno federal es de 173 pesos, sin embargo la aportación federal es de tan sólo 50 pesos, lo cual evidencia el esfuerzo que tienen que realizar las Entidades Federativas para poder solventar los gastos de una responsabilidad que es evidentemente de la Federación.
5. Finalmente manifiesta que aunque exista una partida presupuestal para el pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales, el cual para el Presupuesto de 2011 es de 932 millones 500 mil pesos, es insuficiente para mantener la estadía de reos federales en centros penitenciarios de las entidades federativas, situación que adquiere mayor preocupación si se analiza que dichos recursos son los mismos que en 2010, pero en términos reales es menor si se considera la inflación.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.
Consideraciones
1. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente Dictamen.
2. El objetivo del presente punto de acuerdo, consiste en solicitar al gobierno federal, cubra la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales que se encuentran en centros penitenciarios de las Entidades Federativas y que los internos recluidos por delincuencia organizada, sean trasladados a centros especiales de alta seguridad.
3. Esta comisión dictaminadora hizo un análisis sobre la situación actual del sistema penitenciario en donde se observa lo siguiente:
• En el país existen 429 centros penitenciarios de los cuales el 74% corresponden a Gobiernos Estatales, el 21% a Gobiernos Municipales, el 2.3% al Gobierno del Distrito Federal y el 1.8% al gobierno federal.
• Los centros penitenciarios en su conjunto, tienen una capacidad de 181,581 espacios, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
a) 7% gobierno federal
b) 12% Gobierno del Distrito Federal
c) 79% Gobiernos Estatales
d) 2% Gobiernos Municipales1
La población penitenciaria a diciembre de 2010 se estimaba en 222, 330 reos, de los cuales el 80% corresponde a sentenciados del fuero común y el 19.8% del fuero federal. 2
La tendencia poblacional del Sistema Penitenciario en el país, refleja que del año 2006 a diciembre de 2010 ha presentado un crecimiento del 6%, siendo la población del fuero común la que más ha crecido (10%), pues de tener en 2006 160, 923 sentenciados a diciembre de 2010, paso a ser de 178,160 sentenciados. 3
La sobrepoblación en los Centros Penitenciarios ha disminuido con respecto a 2006, pues de tener una sobrepoblación de 45, 211 (27%), reos a diciembre de 2010, se tuvo una sobrepoblación de 40,749 reos (22%).
Dichas cifras sobre el Sistema Penitenciario en el país muestran que se han tenido avances en la materia, sin embargo existe una problemática en las entidades federativas, pues si se hiciera el ejercicio de trasladar a todos los reos del fuero federal a centros penitenciarios especializados, en las cárceles del país habría una sobrepoblación de 9, 600 reos, 4 lo cual representa una sobrepoblación del 5.7%; problemática que de no atenderse oportunamente, puede desembocar en un conflicto de seguridad severo en los Estados de la República.
4. En cuanto al objetivo de la propuesta consistente en que el Gobierno se haga cargo de los reos del fuero federal, es conveniente puntualizar que el “Socorro de Ley”, consistente en el pago que la Federación hace a las entidades para sufragar la manutención de los internos del fuero federal en los Centros de Readaptación Social, una vez que se hace un balance de los internos del fuero común recluidos en los CEFERESO’S; 5 como acertadamente lo señala la proponente, el monto por este concepto es de 932, 500,000 millones de pesos, mismo que no ha registrado variaciones desde el año 2009; sin embargo vale la pena dilucidar que, en el marco de la entrega de resultados de los 200 días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se convino que el monto por reo del fuero federal, en Centros Penitenciarios Estatales, sería de 50 pesos diarios*.
Si tomamos en cuenta que a finales de 2008 existían 51, 369 reos federales y hoy la cantidad de reos en dichos Centros Penitenciarios supera los 44 mil, podemos determinar que a pesar de no incrementar la partida para el “Socorro de Ley”, ésta se ha incrementado por reo, pues con la disminución de la población de reos federales en los Centros Penitenciarios Estatales, dicho recurso pasa a ser de 50 a 57.8 pesos por reo.
5. Respecto a la pretensión consistente en trasladar a los reos del fuero federal a Centros Penitenciarios Federales, existen distintos ordenamientos jurídicos que establecen la posibilidad de que dichos reclusos purguen sus condenas en jurisdicciones diversas; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 18, tercer párrafo, establece que la Federación, los Estados y el Distrito Federal tienen la facultad de celebrar dichos acuerdos:
“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
La federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
La reclusión de reos federales en centros penitenciarios locales se basa en criterios que establece la Secretaría de Seguridad Pública a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Asimismo, es importante acentuar que la reclusión de reos federales en centros penitenciarios locales se basa en criterios que establece la Secretaría de Seguridad Pública a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este orden de ideas, en la exposición de motivos se cita el artículo 3º cuarto párrafo de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, el cual instituye:
“Artículo 3o. Podrá convenirse también que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaría de Seguridad Pública, ello sea posible.”
De la misma forma, en relación con los acuerdos suscritos por la federación con las entidades federativas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 18, fracción VII, 30 y 31 establecen la facultad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para celebrar esta clase de convenios:
“Artículo 18. Corresponde al secretario ejecutivo del Sistema:
VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;
...
Artículo 30. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.
Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.
...
Artículo 31. Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:
VI. Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;”
En los artículos anteriormente referidos se aprecian las facultades del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, mismas que además de establecer la facultad para celebrar acuerdos de coordinación, colaboración y concertación, establecen los criterios para eficientar dichos acuerdos a efecto de valorar la situación y peligrosidad de cada reo; por lo tanto, depende de las autoridades antes descritas y de los convenios que la Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal tengan entre sí, el resguardo de los reos federales.
6. El artículo 6º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados ratifica en su primer párrafo, que en el caso de reos de alta peligrosidad, el traslado depende de diversos criterios y convenios.
Lo anterior coincide con la Estrategia 6.1 del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla la modernización del sistema penitenciario, estableciendo:
“Se recuperará el sentido original de los centros penitenciarios como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados. Se invertirá en la infraestructura necesaria para asegurar que los centros penitenciarios cuenten con la tecnología que garantice la seguridad al interior de los mismos.
...se adoptarán lineamientos y metodologías operativas para el traslado de reos y su separación de acuerdo con su perfil criminológico y peligrosidad. Se generará inteligencia de orden criminal a partir de una efectiva vigilancia de los internos. ...“
De igual forma, el artículo 18, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el objetivo de la Estrategia Federal del Sistema Penitenciario es recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la reinserción social de los reclusos, así como generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros:
“Artículo 18. ...
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”....
...
7. En las primeras consideraciones hace alusión de cifras que muestran como se ha reducido el número de reos federales mientras que el número de reos del fuero común va a la alza, lo cual demuestra que no todas las personas que purgan condenas en prisión tienen relación con la delincuencia organizada.
Partiendo de lo anterior, es menester puntualizar que la reducción en la sobrepoblación de los Centros Penitenciarios obedece a diversas reformas realizadas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales en agosto de 2009, mismas que tuvieron por objeto modificar el tratamiento legal que se da a consumidores de drogas. Para ello, se definieron las dosis máximas que puede aportar un individuo y se establecieron penas menores para portadores consumidores que se tradujeron en beneficios de adecuación de la pena decretados por un juez y la colusión anticipada de la sentencia.
8. Finalmente es importante puntualizar que esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la propuesta de la proponente respecto al “socorro de ley”, claro ejemplo de ello fue que el pasado 27 de octubre de 2010, la Comisión que suscribe presentó, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la solicitud de ampliación de presupuesto a distintos rubros del Ramo 36, incluida la partida para la manutención de reos federales “socorro de ley”. La ampliación planteada fue de 500 millones de pesos, mismos que significaban 98.11 pesos por reo para el ejercicio fiscal 2011, es decir prácticamente el doble que lo destinado en 2010; desafortunadamente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no incluyó la ampliación solicitada dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, por lo tanto, esta Comisión considera asequible aprobar el presente dictamen en sentido positivo exhortando al Titular del Poder Ejecutivo a efecto de que considere ampliar los recursos destinados al multicitado “socorro de ley” para el Ejercicio Fiscal 2012.
Con base en lo expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, la asignación de recursos que permitan asumir por parte del gobierno federal los gastos generados de la manutención de reos federales que se encuentran recluidos en los centros de readaptación social estatales y a que dé cabal cumplimiento a lo mandatado en el artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.
Nota
1 Fuente:
1. Cálculos Elaborados con Información de las “Estadísticas del Sistema Penitenciario 2010”, Secretaria de Seguridad Pública.
2. Cuarto Informe de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública.
3. Calculo Elaborado con Información del Cuarto Informe de Gobierno de la SSP y con datos de la Estadística Penitenciaria 2010 SSP.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al del Distrito Federal a considerar la permanencia del personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información en la Plataforma México
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada el pasado 11 de noviembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, con base en el artículo 7, fracción VI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promuevan la capacitación, certificación, registro, profesionalización y permanencia del personal operativo del programa Plataforma México.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Publica a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha 11 de noviembre de 2010, el Diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, con base en el artículo 7, fracción VI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promuevan la capacitación, certificación, registro, profesionalización y permanencia del personal operativo del programa Plataforma México.
II. En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
III. El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 22 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. El diputado proponente manifiesta que en el mes de marzo de 2007 se puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, misma que contempla siete ejes de acción para mejorar la seguridad y procuración de justicia.
A efecto de fortalecer dicha estrategia y con el objeto de dotarlo de la normatividad necesaria para conseguir sus objetivos, el 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que sirve como guía rectora para regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2. Señala que parte fundamental de Plataforma México ha sido la modernización de la Red Nacional de Telecomunicaciones para la Seguridad Pública, la cual, está diseñada en dos planos: el horizontal para equipar con tecnologías de comunicaciones, voz, datos e imágenes a las estaciones de policía federal; y el vertical, que atiende el ámbito local mediante convenios de coordinación con los ejecutivos estatales, para conectar a las entidades federativas y a los municipios a dicha plataforma y alinear en un solo sentido sus sistemas de información, producción de reportes y registro de datos.
3. Puntualiza que la referida red nacional de interconexión está compuesta por enlaces y equipos de telecomunicaciones con tecnología de punta que permiten la transmisión de aplicaciones de voz, datos, video y radiocomunicación en tiempo real a los usuarios interconectados a los 32 C4’s; 44 subcentros adscritos a los C4, por medio de los cuales se abarcan 863 puntos de conexión que corresponden a las dependencias de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
4. Detalla que en relación con las aplicaciones y bases de datos, Plataforma México alberga el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), previsto en los artículos 117 a 121 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual opera hoy en día en Instituciones de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal, Procuración de Justicia, instalaciones estratégicas y Centros de Prevención y Readaptación Social, logrando una interacción preactiva de la información para apoyar las labores de la Seguridad Pública, teniendo durante el año 2009 un total de 1,798,990 consultas realizadas.
5. Especifica que otro de los sistemas de información de alta tecnología, es el Informe Policial Homologado (IPH), como reporte único en materia de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno, previsto en el artículo 112 de la Ley en cita; mismo que al mes de diciembre del año 2009 reporta ingresados más de 718,813 informes operando en las 32 entidades federativas, con lo que se apoya en las labores de inteligencia y el cruce de detenciones administrativas con datos criminales de todo el país y el extranjero en cuestión de segundos. Y por lo que respecta al cardes policial, al mes de diciembre de 2009 contaba ya con 469,046 registros de policías en todo el país, de los cuales 36,923 corresponden a los integrantes de la Policía Federal.
6. Describe que entre otros avances se pusieron en marcha los sistemas de información geográficos para los aplicativos de secuestro, extorsión y denuncia ciudadana, y se actualizó la información cartográfica del inventario urbano del país con capas de información tales como aeropuertos, carreteras federales, estatales, municipales, secretarías de estado, zonas militares y zonas navales, conformando un total de 4, 458,430 elementos en la geo-base de datos.
7. Refiere que se realizó la capacitación en el aplicativo del Sistema Nacional de Información Penitenciaria de las 32 Direcciones o Coordinaciones Generales de los Sistemas Estatales Penitenciarios. La conectividad de estas direcciones o coordinaciones generales se encuentra al 84% que representa 27 estados conectados directamente a la Plataforma México para el intercambio de información en esta materia.
8. Finalmente manifiesta que para la implementación de los diversos sistemas de información los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales de manera coordinada como lo dispone el artículo 7 fracción VI de la mencionada Ley, han puesto en marcha programas de capacitación y profesionalización dirigidos al personal operativo de sus Centros de Captura y de sus Unidades de Análisis de la Información, responsables de cargar la información. Por tal motivo el proponente considera necesario hacer un exhorto respetuoso a los gobiernos de las entidades federativas a que consideren la permanencia del personal operativo de sus Centros de Captura y de sus Unidades de Análisis de la Información encargadas del sistema de Plataforma México, de acuerdo con lo señalado por el artículo 88 inciso B y demás relativos y aplicables de la Ley en la materia, tomando en consideración su experiencia en la compilación, procesamiento, análisis e integración de la información que se reporta a la infraestructura tecnológica denominada Plataforma México.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.
Consideraciones
Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente Dictamen.
Segunda. El objetivo del presente punto de acuerdo consiste en exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a que consideren la permanencia del personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información encargadas del sistema de Plataforma México, de acuerdo con lo señalado por el artículo 88, inciso B, y demás relativos y aplicables de la ley en la materia, tomando en consideración su experiencia en la compilación, procesamiento, análisis e integración de la información que se reporta a la infraestructura tecnológica denominada Plataforma México.
Tercera. Tal y como cita el proponente en la exposición de motivos de la proposición, objeto del presente análisis, Plataforma México forma parte esencial de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia. Se fundamenta en el diseño e instrumentación de un modelo vanguardista de desarrollo tecnológico y comunicaciones cuyo propósito es fortalecer la seguridad ciudadana. Consiste en la interconexión de redes de dependencias e instituciones vinculadas directamente al ámbito de Seguridad Pública, que propicien y faciliten el intercambio de información de sus diferentes bases de datos a fin de optimizar la eficacia de estrategias y operativos para enfrentar a la criminalidad.
El Programa opera a nivel nacional y contempla las siguientes tres etapas:
Etapa 1. Red de datos encriptada. En esta fase se incorporan las 32 entidades federativas y al menos los 150 municipios de mayor incidencia criminal del país a una moderna red de telecomunicaciones, en donde toda la información viaja de manera segura y confidencial. Es mediante esta Red de Datos que se tiene acceso a las Bases de Datos y Sistemas de Seguridad Pública.
Etapa 2. Sistema Único de Información Criminal (SUIC). Mediante este sistema se proporciona a las dependencias responsables de la Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno, sistemas para el registro, uso y explotación de información, como herramientas de apoyo para la generación de inteligencia policial.
Etapa 3. Equipamiento de estaciones de policía. En esta etapa, se integra y aprovisiona de tecnología a las estaciones de policía para que tengan acceso ágil a las bases de datos y sistemas de Plataforma México.
Sin duda, el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Federal ha avanzado, por un lado en la transición de un modelo de reacción a un modelo de investigación y por otro, en su equipamiento con más y mejor tecnología e infraestructura para facilitar el análisis de inteligencia en el combate a la criminalidad.
A través de Plataforma México hoy es posible acceder al Sistema Único de Información Criminal que alberga la base de datos sustantiva más importante del país en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y cuenta con conexión en todos los Estados de la Republica y los 150 municipios con mayores índices delictivos.
Según datos del Cuarto Informe de Gobierno, a julio de 2010, se encuentran conectadas a Plataforma México 907 instituciones de Seguridad Pública Federales, Estatales y Municipales de las 32 entidades federativas, además de todas las Procuradurías Generales de Justicia Locales, las Secretarías de Seguridad Pública y 30 de las 32 Secretarías de Finanzas.
Sólo en 2009 se realizaron 2 millones 85 mil 708 consultas y durante 2010, al 31 de julio, se llevaron a cabo un millón 995 mil 463 visitas de información por parte de las Instituciones de Seguridad Pública de todo el país.
Por lo anterior, las herramientas tecnológicas de punta se han convertido en la pieza medular para el intercambio de información delictiva entre los tres órdenes de gobierno. Durante el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 2010 se concluyó la conectividad al Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México, a través de la interconexión de bases de datos de las instituciones de gobierno, corporaciones policiales y centros penitenciarios de las 32 entidades federativas y 291 municipios, entre los cuales se encuentran, como ya se citó con antelación, los 150 con mayor índice delictivo. Además se logró la conectividad con 22 Direcciones Generales de Prevención y Readaptación Social.
En consecuencia, el Centro de Inteligencia de la Policía Federal abre posibilidades inéditas para el intercambio de información entre las corporaciones municipales, estatales y federales, así como la cooperación internacional.
Cuarta. En relación con lo anterior, es menester precisar que la Policía Federal ha fortalecido su estructura, mejorado su organización interna, e impulsado un nuevo modelo de desarrollo policial, en torno a seis divisiones, tal y como lo estipula el artículo 5 del Reglamento de la Policía Federal:
a) Inteligencia
b) Investigación
c) Seguridad Regional
d) Científica
e) Antidrogas
f) Fuerzas Federales
Para optimizar el despliegue territorial de la Policía Federal, con una visión de proximidad social, se crearon las coordinaciones estatales, con la función de desarrollar, implementar, dirigir y supervisar los operativos realizados para prevenir y combatir los delitos federales en cada circunscripción territorial, en apoyo a las autoridades Federales, Locales y Municipales.
Según datos del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Calderón, desde diciembre de 2006 se han incorporado a la Policía Federal más de 7 mil jóvenes con formación universitaria, que cubren el perfil de investigador, para integrarse a la policía científica. Asimismo, se ha ampliado el diseño curricular y se ha reactivado la Academia de Policía para la formación y capacitación de policías federales y locales.
Quinta. El razonamiento esgrimido en el párrafo precedente, se robustece si se toma en consideración que en relación con el artículo 2o. de la Ley de la Policía Federal, esté organismo desconcentrado es el encargado de aplicar y operar la política de Seguridad Pública en materia de prevención y combate de delitos. A la letra dicho precepto manifiesta:
“Artículo 2. La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, y sus objetivos serán los siguientes:
I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;
III. Prevenir la comisión de los delitos, y
IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables”.
En este orden de ideas, el artículo 43 de la Ley de la Policía Federal precisa que la Policía Federal se auxiliará de las policías estatales y municipales para la consecución de las acciones encaminadas a cumplir las distintas tareas de Seguridad Pública:
“Artículo 43. En los casos en que resulte necesario, la Policía Federal podrá auxiliarse con:
I. El personal técnico especializado de la Secretaría;
II. Las policías del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, en los términos que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
III. Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales;
IV. El Servicio de Protección Federal, y
V. Los particulares que presten servicios de seguridad privada, sin que puedan sustituir en sus funciones a las instituciones de seguridad pública.”
De la misma forma, como lo indica el artículo 7 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios deben coordinarse para: “Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública”:
“Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:
I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;
II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;
III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;
IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;
V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;
VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;
VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;
IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;
X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;
XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;
XIII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y
XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública”.
Sexta. En consecuencia, los integrantes de esta Comisión estiman que el exhorto es viable ya que, como se afirmó con antelación, Plataforma México alberga el Sistema Único de Información Criminal que contiene la base de datos sustantiva más importante del país en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, ya cuenta con conexión en todos los Estados de la Republica y los 150 municipios con mayores índices delictivos.
Dado lo anterior, mediante la profesionalización se optimizará el sistema de inteligencia para mejorar la investigación en el combate a la delincuencia y el crimen organizado y por ende, en la eficiencia de la integración de la averiguación previa del proceso penal que actualmente representa un grave problema.
Con base en lo expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a considerar la permanencia del personal operativo de sus Centros de Captura y de sus Unidades de Análisis de la Información encargadas de la compilación, procesamiento, análisis e integración de la información que se reporta a la infraestructura tecnológica denominada Plataforma México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en abstención), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica en abstención), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada el pasado 15 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar a esta soberanía sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incorporación de un sistema de seguros que considere el fallecimiento y la incapacidad total o permanente de elementos de seguridad acaecidos en el cumplimiento de sus funciones.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 15 de diciembre de 2010, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar a esta soberanía sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incorporación de un sistema de seguros que considere el fallecimiento y la incapacidad total o permanente de elementos de seguridad acaecidos en el cumplimiento de sus funciones.
En la misma fecha, el presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.
El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstenciones.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. La diputada proponente señala que la policía es una herramienta del Estado moderno que tiene dos funciones primordiales: por un lado, mantener el orden social a través de la aplicación de la ley; y, por otro, luchar contra la delincuencia. Ésta implica a su vez varios aspectos: en primer lugar, la represión al delito (a través de la detención y entrega de los culpables al sistema judicial); y, en segundo, la prevención en materia de vigilancia y disuasión de los agentes delictivos.
Asimismo indica que la principal misión de los elementos de seguridad es garantizar la integridad y los derechos de las personas, prevenir delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
2. Reitera que los profesionales que integran estos cuerpos deben asumir riesgos inherentes a la naturaleza de los trabajos que realizan, dadas las funciones que tienen encomendadas.
3. Señala que según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, han sido asesinados 208 policías federales por integrantes del crimen organizado de diciembre de 2006 a junio de 2010.
Igualmente, los estados donde mayor número de elementos han sido ejecutados por miembros del crimen organizado son Michoacán, 56; Chihuahua, 24; Distrito Federal, 20; Sinaloa, 15; Baja California y Guerrero, 6; y Tamaulipas, 4. De esos 208 elementos, 34 tenían entre 21 y 25 años; 66, entre 26 y 30; y 59, entre 31 y 35.
En este tenor, la Secretaría de la Defensa Nacional (que integra al Ejército y la Fuerza Aérea), tenía registrados a 191 militares fallecidos en operaciones de combate del narcotráfico. De ellos, 8 eran jefes, 35 oficiales, 1 cadete y 148 elementos de tropa.
4. Puntualiza que dado el destacado trabajo que desempeñan estos agentes y los riesgos a que se enfrentan día con día, considera necesario revalorar y dignificar al servidor de la seguridad pública para atraer a esta actividad a mexicanos que encuentren en ella un proyecto digno de vida profesional, sentando las bases de seguridad y reconocimiento social que merecen. Para ello es preciso reforzar la carrera policial, sustentándola en un régimen de prestaciones económicas y sociales congruente con la importancia y el riesgo de su labor. Al respecto, la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, que “las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes instaurarán sistemas complementarios de seguridad social”.
En congruencia con lo anterior, cita que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en los artículos 45 y 84 lo siguiente:
“Artículo 45. Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y los municipios generarán de acuerdo con sus necesidades y con cargo a sus presupuestos una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
“Artículo 84. La remuneración de los integrantes de las instituciones policiales será acorde con la calidad y el riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.
De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que consideren el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.
Para tales efectos, la federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas.”
5. Como se desprende de lo anterior, la proponente refiere que hay disposiciones legales cuyo fin es precisamente establecer un régimen de prestaciones que dé seguridad a los agentes. Sin embargo, la realidad es que día tras día los medios de comunicación hacen del conocimiento público que gobiernos municipales dejan de pagar las pólizas de los seguros de vida de los elementos de seguridad pública municipal, dejando a ellos y a sus familias en total estado de desprotección.
6. Finalmente considera indispensable que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto y solicite información al Secretariado Ejecutivo respecto al cumplimiento que están dando la Federación, los Estados y los Municipios, a la obligación contenida en el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.
Consideraciones
1. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.
2. El objetivo del presente punto de acuerdo, consiste en solicitar información al Secretariado Ejecutivo respecto al cumplimiento que están dando la Federación, los Estados y los Municipios, a la obligación contenida en el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a los sistemas de seguros para los familiares de los policías en caso de fallecimiento o incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.
3. Tal y como cita acertadamente la proponente, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política y 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan la obligación de las Instituciones de Seguridad Pública de garantizar las prestaciones de los trabajadores. De igual manera, no debemos dejar de lado que los servidores públicos, incluyendo los cuerpos policiales, cuentan con seguridad social a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
En este sentido, los elementos policiales que integran la Secretaría de Seguridad Pública Federal así como los servidores públicos en general, cuentan con un seguro de vida institucional, retiro, seguro de responsabilidad civil y asistencia legal, gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2010, que incluye los mecanismos para su respectivo trámite:
“Por disposición del Ejecutivo federal
Artículo 29. Los seguros se otorgan con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los servidores públicos.
Las condiciones que de manera general se encuentran establecidas en los seguros de personas que otorgan como una prestación las dependencias y entidades a los servidores públicos, aplican a la totalidad que integra el grupo asegurado conforme al anexo 4. Estos seguros son los siguientes:
I. El seguro de vida institucional tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros de fallecimiento o de incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, de conformidad con las disposiciones aplicables.
La suma asegurada básica será el equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual y la prima correspondiente será cubierta por las dependencias y entidades.
La suma asegurada básica podrá incrementarse por voluntad expresa del servidor público y con cargo a su percepción, mediante descuento en nómina. Las opciones para incremento de la suma asegurada serán de 34, 51 o 68 meses de percepción ordinaria bruta mensual.
Aquellos servidores públicos que con motivo de incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, hayan cobrado la suma asegurada correspondiente y se reincorporen a laborar en la misma dependencia o entidad, o en otra diferente, serán sujetos del otorgamiento del seguro de vida institucional con una cobertura por fallecimiento, sin el beneficio de la incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total.
Los contratos o las pólizas del seguro de vida institucional con beneficios adicionales no cubrirán: doble indemnización, pago de pérdidas orgánicas, pago de gastos funerarios, entre otros;
II. El seguro de retiro se otorga en favor de los servidores públicos que causen baja de las dependencias y entidades y se ubiquen en los años de edad y de cotización que establece la Ley del Instituto, con el propósito de hacer frente a las contingencias inherentes a la separación del servicio público.
Para el otorgamiento de esta prestación, el pago de la prima correrá a cargo del servidor público en un 50 por ciento y el otro 50 por ciento por parte de la dependencia o entidad que corresponda.
Cuando por el comportamiento de la siniestralidad se requiera modificar los porcentajes antes señalados, se solicitará la autorización de la secretaría.
En el caso de los servidores públicos que opten por el sistema de pensiones basado en cuentas individuales a que se refiere la Ley del Instituto, la suma asegurada se otorgará conforme a lo establecido en el anexo 5 A del Manual.
En el caso de los servidores públicos que opten por el sistema de pensiones previsto en el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto, la suma asegurada se otorgará conforme a lo establecido en los anexos 5 B al 5 D del Manual;
III. Se podrá otorgar, en su caso, un seguro conforme al “Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores públicos de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2005, o conforme a las disposiciones que lo sustituyan;
IV. El seguro de gastos médicos mayores cubre a los servidores públicos de mando y de enlace, así como a su cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo, en términos de las disposiciones aplicables, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización.
La suma asegurada básica conforme al anexo 4 del Manual tiene un rango de 74 a 333 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, dependiendo del puesto que ocupe el servidor público, cuya prima, así como las de su cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo, en términos de las disposiciones aplicables, son cubiertas por las dependencias y entidades.
El servidor público puede voluntariamente incrementar la suma asegurada hasta 1000 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal o, en su caso, podrá contratar potenciaciones ilimitadas y hacer extensiva la suma asegurada básica a que se refiere el párrafo anterior para proteger a sus ascendientes en primer grado; en ambos casos, el servidor público deberá pagar la prima correspondiente a través de descuentos quincenales que le aplique la dependencia o entidad, y
V. El seguro de separación individualizado es un beneficio del seguro de vida correspondiente, el cual tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos de mando y de enlace y proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, en el momento de su retiro por haber causado baja en la dependencia o entidad, o en el lapso en que se reincorpore al mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público.
Las dependencias y entidades cubrirán un monto equivalente al 2, 4, 5 ó 10 por ciento de la percepción ordinaria del servidor público que se incorpore al mismo, según corresponda, en función de la aportación ordinaria que éste haga de acuerdo a su elección. Asimismo, el servidor público podrá aportar recursos adicionales para incrementar la suma asegurada en los términos establecidos en la póliza correspondiente, por los cuales las dependencias y entidades no aportarán cantidad alguna.
La secretaría podrá determinar el procedimiento para cambiar la administración de este seguro a un esquema de cuentas individuales por servidor público”.
En este orden de ideas, el multicitado artículo 84 de la ley en comento efectivamente prevé el establecimiento de sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones; para ello, la federación, las entidades federativas y los municipios promoverán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las adecuaciones legales y presupuestarias.
4. Ahora bien, en cuanto al exhorto que la proponente pretende hacer al Secretariado Ejecutivo para que informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento del artículo 84 de esta ley, en términos del artículo 17 es viable ya que el secretariado es el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que goza autonomía técnica, de gestión y presupuestal y cuenta con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. Además el artículo 18, fracciones XIX y XX, cita como prerrogativas del Secretariado Ejecutivo:
“Artículo 18. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:
...
XIX. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta ley;
XX. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;
...”
Acorde con el argumento anteriormente esgrimido, el artículo 144 de la ley en comento prevé que en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley se procederá a la cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, sin tener el carácter de recuperables o acumulables. En consecuencia dichos recursos permanecerán en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad. El artículo 144, fracciones IV y IX revelan:
“Artículo 144. El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:
...
IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;
...
IX. Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública.
...”
5. En consecuencia, efectivamente el Secretariado Ejecutivo está facultado para elucidar sobre la pretensión de motiva esta proposición, por ende esta Comisión Dictaminadora, en un ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas en el manejo de recursos federales, estará atenta al cabal cumplimiento del presente acuerdo.
6. Finalmente es importante señalar que el pasado 09 de diciembre de 2010, en el desarrollo de la XII Sesión Plenaria de esta Comisión, se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Sergio González Hernández por el que exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a que otorguen, a los elementos encargados de la Seguridad Pública, un seguro de vida y de gastos médicos mayores e informe los familiares de policías caídos en el cumplimiento del servicio la documentación que exige la aseguradora para el trámite del pago del seguro de vida, tales como: el acta de defunción del fallecido, acta de nacimiento original o copia certificada del mismo y para la identificación de cada beneficiario (acta de nacimiento original o copia certificada e identificación con fotografía), a fin de que se agilice la tramitación y el pago del seguro de vida institucional correspondiente.
Por las argumentaciones anteriormente vertidas, es evidente que la materia del presente dictamen coincide plenamente con la propuesta del Diputado Sergio González, por ende, en un ejercicio plural e incluyente, y dada la viabilidad jurídica del mismo, es de aprobarse en los términos la presente propuesta.
Con base en lo expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Único. Se exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento que la Federación, los Estados y los Municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a los sistemas de seguros para los familiares de los policías en caso de fallecimiento o incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrero Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mesas de negociación y verificación de perjuicios para resarcir los daños provocados a las viviendas circundantes de la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa Ecatepec Morelos, México
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formen mesas de negociación y verificación de perjuicios, para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen
Antecedentes
1. A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 61-II-6-0491, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formen mesas de negociación y verificación de perjuicios, para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, presentada por el diputado Jorge Hernández Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2010.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.
De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
La proposición del diputado Jorge Hernández refiere que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inició en 2008 la ampliación de la autopista México-Pachuca, de cuatro a ocho carriles, con el fin de agilizar la circulación de los 100 mil vehículos que diariamente transitan por esta vialidad, consignando la construcción de dicha obra a la empresa ICA, SA de CV, y se prevé que dichas obras concluirán en 2012.
Expone también que durante el proceso de construcción se han presentado graves deterioros que afectan a la ciudadanía, tales como la fractura y deterioro del pavimento en las calles circundantes de las diferentes colonias, donde se llevan a cabo las obras, presentándose también daños severos en los hogares de los ciudadanos.
Asimismo se presenta la demolición de puentes peatonales que unen a las comunidades; devastación de los árboles que por naturaleza del municipio proliferaron en las últimas seis décadas; falta de planeación integral para contrarrestar los hechos naturales tales como la contención de las aguas pluviales o las denominadas aguas broncas. Se han afectado y derribado: alumbrado público, banquetas, guarniciones, alcantarillas, drenaje y pavimento, sin que la constructora haga la sustitución o arreglo de las mismas, ocasionando un problema de inseguridad e higiene para la comunidad.
El diputado Hernández Hernández agrega también que por motivo de las obras, se ha generado una mayor contaminación atmosférica y auditiva, que ha generado un alto índice de enfermedades respiratorias y nerviosas, principalmente en los grupos vulnerables de niños y gente de la tercera edad, y se ha llevado a cabo la modificación del medio urbano sin contar con la aceptación de los vecinos.
Derivado de lo anterior, el Diputado Hernández Hernández propone exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, forme mesas de negociación y verificación de perjuicios para resarcir el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca con motivo de las obras descritas, en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec.
Consideraciones de la Comisión de Transportes
Al respecto, la Comisión de Transportes reconoce que la ampliación de esa vía ha generado una diversidad de problemas para los habitantes de esa zona del municipio de Ecatepec de Morelos, en el estado de México.
Cabe recordar que en mayo pasado, en esa zona se colapsó una vivienda dejando dos trabajadores muertos y tres personas heridas, poniendo en alerta a los residentes que colindan con la autopista México-Pachuca y a las autoridades.
Sin embargo, a raíz de ese lamentable acontecimiento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las autoridades municipales efectuaron recorridos por la zona, detectando otros siete puntos de riesgo por daños estructurales. Asimismo, se estableció una mesa técnica de trabajo para responder a la preocupación de los vecinos, en torno a la seguridad de sus viviendas que se encuentran a las orillas de la autopista México-Pachuca.
Como resultado de las medidas anteriores, se conformó un comité de protección civil y evaluación de probables afectaciones a viviendas aledañas a la zona de obras de la vía de cuota.
Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el municipio acordaron la ejecución de un plan para la construcción de muros de contención, repavimentación de calles afectadas por el paso de maquinaria pesada, la reparación de viviendas afectadas, la implementación de un programa de protección civil, la revisión de un proyecto hidráulico de la región por los escurrimientos naturales de aguas broncas de la sierra de Guadalupe, revisión de la altura de los puentes para permitir el paso de unidades de emergencia y servicio, así como la construcción de paraderos de transporte.
Cabe hacer mención que la construcción de las viviendas se hizo sobre el derecho de vía, 1 el cual pertenece a la federación, por lo que la autoridad municipal no previó la problemática.
En consecuencia, la comisión que suscribe considera necesaria la aprobación de la proposición con punto de acuerdo en análisis, toda vez que a pesar de que se acordó la mesa de trabajo, aún o se han visto resultados y la población continúa afectada.
Por las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formen mesas de negociación y verificación de perjuicios para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec.
Notas
1. Se entiende por derecho de vía a una parte del suelo, de propiedad privada, que tiene un uso limitado por una reglamentación de carácter local o nacional. Se trata, por lo general, de franjas de terreno por donde pasan infraestructuras de propiedad del estado o de compañías concesionarias. Los usos permitidos para estas áreas dependen del motivo por el cual han sido declaradas de uso limitado.
Dado en Palacio Legislativo a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana, Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente-Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del secretario de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del titular de la Secretaría de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-3-525, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo a instruir al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del Titular de la Secretaría de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto, presentada por el diputado Patricio Chirinos del Ángel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 21 de abril de 2010.
En sesión ordinaria de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el Punto de Acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
En la exposición de motivos de la proposición, se establece que: la modernidad en la infraestructura carretera, resulta en la actualidad de vital importancia para el desarrollo y crecimiento económico de toda sociedad. La región de la Alta Huasteca de Veracruz, no queda excluida de este principio, sin embargo, es de reconocerse que todo proyecto u obra de infraestructura deberán ejecutarse bajo una adecuada planeación desde el punto de vista técnico y financiero.
El legislador indica que esta obra reviste gran importancia por el impacto que representa para el desarrollo de las Huastecas, primeramente la veracruzana, la tamaulipeca, en donde colindamos con los municipios de Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Ciudad Mante, y la Potosina con los municipios de Tamuín, Ébano y Ciudad Valles, y el gran número de comunidades aledañas, debiendo mencionar que está es vía de comunicación con los estados de la frontera y el vecino país del norte.
Asimismo, se expone que esta obra carretera tiene como propósito, mejorar e impulsar la actividad de la región norte, máxime que aquí se encuentra el asiento de compañías plataformeras, de garantizar el tránsito seguro de las personas, como la gran cantidad de estudiantes que a diario acuden a Tampico y Madero a realizar sus estudios, así como los transportes, el intercambio comercial de bienes y servicios reduciendo tiempos y costos, motivar y promover el crecimiento de las actividades económico productivas, de los ganaderos, agricultores, pescadores, empresarios y beneficiar a más de 450 mil habitantes.
Concluye el legislador señalando que el retraso de esta obra de infraestructura ha despertado importantes reclamos e inconformidades de los sectores social, comercial y agropecuario, de la población generalizada y de las autoridades municipales de la región de la Alta Huasteca, que han sido acogidos por el que esto suscribe, y que ante el clamor nos han obligado a exponerlos en esta soberanía, con la finalidad de encontrar una pronta y favorable solución a esta problemática, producto de la ineficiencia de la administración pública federal.
Consideraciones de la comisión
Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, no se etiquetaron recursos para esta carretera, por lo que se ha retrasado esta obra de infraestructura.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se le asignaron 50 millones de pesos, por lo que pueden continuar con la obra anteriormente descrita.
Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora, considera pertinente aprobar el punto de acuerdo en estudio, derivado de la importancia que tiene para el desarrollo de la zona de las Huastecas.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de agilizar la entrega de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 con el objeto de concluir de manera urgente el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, de los municipios de Pánuco; Tampico, y Ciudad Cuauhtémoc de la zona de la Huasteca; asimismo, solicitarle que instruya al secretario de la Función Pública su intervención a fin de supervisar física y financieramente este proyecto.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ordenar una auditoría y, en su caso, iniciar procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños respecto al primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ordenar una auditoría y, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños respecto al primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de constructora Diamante, por las deficiencias que presenta; y a exigir al Grupo Mexicano de Desarrollo que acelere los trabajos a fin de concluir el segundo tramo.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ordenar una auditoria y, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños respecto al primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de constructora Diamante, por las deficiencias que presenta; y a exigir al Grupo Mexicano de Desarrollo que acelere los trabajos a fin de concluir el segundo tramo, presentada por el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 8 de diciembre de 2009.
En sesión ordinaria de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el Punto de Acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo:
El legislador establece que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar 64 de 125 países, atendiendo la competitividad de su infraestructura. Por sectores, ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras.
Se menciona también que en 2006, el Congreso local de Guerrero, emitió un acuerdo parlamentario, exhortando respetuosamente “a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable Congreso de la Unión, para que en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destinaran los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, como una obra de alta prioridad”, el cual fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado el lunes 10 de noviembre de 2006.
Asimismo, la exposición de motivos del punto de acuerdo en comento, señala que dicha obra representa una necesidad estratégica para detonar el desarrollo, que permitirá el incremento en la generación de bienes y/o servicios que constituyen el fundamento de otras actividades derivadas de ellos, así mismo, fue producto de la solicitud de amplios sectores poblacionales, que por años habían visto pospuesta, la posibilidad de contar con una mejor vía de comunicación y conectividad con el resto de la ciudad, y de mejorar las condiciones de desarrollo y calidad de vida.
Concluye la exposición de motivos puntualizando que como consecuencia de la construcción, se han realizado marchas y bloqueos de la vía, en protesta por la lentitud de los trabajos.
Consideraciones de la comisión
Esta comisión dictaminadora considera viable la aprobación del punto de acuerdo en comento, toda vez que la construcción ha generado un reclamo generalizado de la sociedad, en especial de los prestadores de servicios turísticos, comerciantes y habitantes de la zona poniente de Acapulco, por las graves irregularidades y malas condiciones en que se encuentra ya, la primera etapa de la ampliación de la carretera Mozimba Pie de la Cuesta, las cuales se hicieron evidentes a partir de las primeras lluvias en el puerto, generando el taponamiento de canales pluviales, y con ello, la inundación de la vía.
Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora, considera pertinente aprobar el punto de acuerdo en estudio, derivado de la importancia que tiene para la economía de la zona.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordene una auditoría y, en su caso, inicie un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños, del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de la constructora Diamante, que, a solo unos meses ya presenta deficiencias como baches y hoyos y exija al Grupo Mexicano de Desarrollo acelere los trabajos, incremente el personal y las jornadas laborales, del segundo tramo, a efecto de que estén disponibles y liberados los dos sentidos de esa importante vía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público un estudio integral que determine la viabilidad de reducir el peaje para motocicletas
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen, dos proposiciones con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de las proposiciones señaladas y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-6-0186, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país, presentada por el diputado José Guadalupe Vera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2009.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.
A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-6-0487, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Caminos y Puentes Federales, y el Fondo Nacional de Infraestructura, reduzca el cobro de peaje en un 50 por ciento a las motocicletas, presentada por el diputado Jorge Arana Arana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2010.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento los siguientes contenidos de las proposiciones con punto de acuerdo citadas:
La proposición del diputado José Guadalupe Vera Hernández plantea que las carreteras constituyen un pilar clave para el desarrollo y progreso de los países, fomentan la actividad económica incentivando la competitividad y la productividad de las entidades federativas, permiten la comunicación entre las comunidades de las distintas regiones, promueven el libre tránsito de personas, incentivan el turismo, y son fuentes generadoras de empleos.
Las autopistas cobran un peaje con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el que establece que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, y corresponde a la SCT establecer las bases generales de regulación tarifaria.
Las motocicletas son un medio de transporte accesible para las esferas sociales que no tienen en México recursos suficientes para comprar autos. Son duraderas, fáciles de reparar y de adaptar a las necesidades de cada usuario, además de que siempre han sido parte imprescindible de la sociedad, pues permiten proporcionar servicios de comunicación que no están accesibles a otros tipos de vehículos.
Es por ello que el diputado proponente solicita que se lleve a cabo un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.
Por su parte, el diputado Jorge Arana Arana expone en su proposición que actualmente, cada vez más la motocicleta se está convirtiendo en el vehículo alternativo en nuestro país, ya que no congestiona las arterias viales, desgasta menos el pavimento, reduce la contaminación, disminuye el consumo de gasolina y ahorra tiempo.
Asimismo, en México el interés por el uso de motocicletas ha tenido un crecimiento significativo como en Asia y Europa, convirtiéndose además en una moda. Es ya muy común ver circular motocicletas por las calles e incluso por carreteras, debido a la baja en sus precios, planes de financiamiento accesibles y mayor utilización como medio de transporte.
No obstante al desarrollo de este medio de transporte, la disparidad de trato para el motociclista sigue siendo un grave problema. Por ejemplo, el costo del seguro de una moto, si es que se proporciona, es muy alto; la tenencia no es barata; no existen estacionamientos para ellas; no se tiene ninguna recompensa en el precio de gasolina, aún cuando gasta y contamina menos que un auto compacto y, si se utiliza una carretera, la cuota es la misma que la de un automóvil.
En ese sentido el Legislador exhorta a que se reduzca en un 50 por ciento el cobro de peaje a las motocicletas.
Consideraciones de la comisión
En relación con la proposición del diputado José Guadalupe Vera Hernández, la comisión que suscribe considera que es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer las bases y en su caso llevar a cabo la autorización de las tarifas de peaje por conducto de su Comité Técnico en aquellas obras carreteras concesionadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y para los caminos y puentes concesionados a terceros.
Es importante mencionar que las motocicletas por sus dimensiones, por su maniobrabilidad y por su precio, son en la mayoría de los países del mundo alternativas no sólo válidas y aceptadas, sino inclusive muy razonables, para el transporte cotidiano de las familias. Algunas son económicas, tanto para adquirirlas como para mantenerlas, por mencionar un caso, las de baja cilindrada pueden rendir hasta 25 kilómetros por litro, situación que permite que se conviertan en una opción para la gente de bajos recursos.
Por ello, es necesario que el gobierno federal junto con la red de concesionarios de las carreteras, realicen un estudio integral para evaluar la pertinencia de reducir el peaje de las motocicletas que circulan por las autopistas del país.
En ese sentido, la Comisión de Transportes considera viable la presente propuesta toda vez que actualmente, el mayor daño o desgaste que reciben las carreteras es por el peso de los vehículos que transitan en ellas, por lo que la tarifa de peaje a pagar por parte de las motocicletas debe ser menor, ya que no generan afectación alguna a la estructura o desgaste de la carpeta de rodamiento por donde transitan.
Ahora bien, en cuanto a la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge Arana Arana, se considera también que es facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establecer las bases generales para la regulación tarifaria. Por otro lado, la autorización de las tarifas de peaje es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en aquellas obras carreteras concesionadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos Conexos (Capufe) y para los caminos y puentes concesionados a terceros, a través de los Comités Técnicos.
Aunado a lo anterior, actualmente dichos comités están integrados por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Función Pública y el concesionario respectivo.
Resulta adecuado mencionar que la reducción de las tarifas de peaje a motocicletas, no representarían pérdidas a los concesionarios respectivos, sino que al reducir las mismas, se estaría fomentando el uso de este medio de transporte, el cual se considera como muy poco contaminante, económico y eficiente.
Por consiguiente, esta Comisión de Transportes, considera que son de aprobarse las dos proposiciones con punto de acuerdo en análisis, toda vez que es necesario apoyar e impulsar el desarrollo de este medio de transporte en nuestro país, aplicándose al mismo, una tarifa diferenciada al momento de utilizar su infraestructura, por lo que sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice y entregue a esta soberanía en un plazo razonable, un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.
Segundo. Asimismo, para que en el mencionado estudio se contemple la posibilidad de reducir en un 50 por ciento el cobro de peaje a las motocicletas que transitan por las carreteras de cobro en el territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de obra en la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo de la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
1. A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-2-435, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo de la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora, presentada por el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de fecha 16 de marzo de 2010.
2. En sesión ordinaria del 24 de marzo de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.
De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
Expone la proposición del diputado Arturo Guillén Medina, que la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes lleva a cabo la modernización y ampliación de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, que forma parte del corredor México-Nogales con ramal a Tijuana, en el estado de Sonora, en una longitud de 143 kilómetros del tramo Caborca-Sonoyta, y 192 kilómetros del tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado, ejecutándose trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, estructura, obras complementarias y señalamientos.
Agrega que en el tramo Caborca-Sonoyta se tiene un avance de obra equivalente a 71 por ciento de la longitud total y el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado presenta el 25.5 por ciento de la longitud total.
Asimismo, señala que en este tramo se registra un crecimiento considerable del volumen de tránsito vehicular, siendo la única ruta de comunicación hacia el noroeste del país, por lo que se han suscitado numerosos accidentes de tránsito derivados de la obra de modernización de la carretera con resultados fatales para un gran número de personas.
En ese sentido, señala el diputado Guillén Medina que la carretera en referencia, por ser una ruta internacional por la cual se transportan una importante cantidad de productos y servicios, requiere de obras con mayor celeridad para la pronta terminación del proyecto y reducir de ese modo, el índice de accidentes fatales.
Por ello, plantea solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que agilice y aumente los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, en Sonora.
Consideraciones de la Comisión de Transportes
Sobre el particular, la Comisión de Transportes conviene en mencionar que la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca es una carretera que brinda servicio a un tránsito promedio anual de 6 mil 800 vehículos, por lo que en 2005 se proyectó la ampliación a dos carriles por sentido de esa importante vía.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto de modernización y ampliación implicará para la federación un costo total de alrededor de 2 mil 700 millones de pesos, de los cuales, a la fecha, se han presupuestado mil 475 millones, es decir, 55 por ciento del total, faltando la asignación de mil 225 millones de pesos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, para la conclusión de la obra, estimándose que el tramo Caborca-Sonoyta se concluya en el ejercicio fiscal 2011, mientras que el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado en 2012.
El objetivo de la obra descrita es incrementar el índice de servicio y calidad con el que se transportan personas y mercancías disminuir accidentes entre vehículos, la disminución de atropellamientos a personas y animales, además de mejorar la comodidad a los conductores que usan esa vialidad, trayendo con esto, beneficios económicos y el desarrollo de la región.
Asimismo, cabe mencionar que varios municipios sonorenses que se verán favorecidos con la modernización de dicha carretera han iniciado la planeación de importantes proyectos de infraestructura para detonar el desarrollo regional cuando se concluyan las obras de ampliación en la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideramos adecuado aprobar la proposición con punto de acuerdo en análisis con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad con que transitan los usuarios de esa vía de comunicación, por lo que sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considere la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, en el estado de Sonora.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales a implantar medidas para solucionar la demora en el cobro en las casetas de San Marcos y San Martín, en la carretera México-Puebla
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a implantar las medidas necesarias para solucionar el problema que genera la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, quienes presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
1. A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número DGPL 61-II-8-130 , que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a implantar las medidas necesarias para solucionar el problema que genera la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla, presentada por el diputado Juan Pablo Jiménez Concha, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 8 de diciembre de 2009.
2. En sesión de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
Las carreteras de México constituyen el motor de la economía nacional y es el medio de traslado más utilizado que tiene nuestro país. La red federal de carreteras está constituida aproximadamente por 48 mil 456 kilómetros, de los cuales le corresponden a carreteras libres 40 mil 888 kilómetros, y a las autopistas de cuota le pertenecen aproximadamente 7 mil 568 kilómetros, y el 65 por ciento es de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), y el restante 35 por ciento a la red concesionada.
El tránsito vehicular de la red operada por Capufe en 2008 registró 430 millones 275 mil vehículos, que posibilitaron la captación aproximada de 22 mil 287.9 millones de pesos, resultado de los cruces vehiculares en las plazas de cobro a través del sistema automatizado de pago, actualmente el 78 por ciento del total de carriles cuenta con tarjeta IAVE con el propósito de diversificar los tipos de pago en las plazas de cobro a partir de 2008.
Sin embargo es insuficiente este servicio en las casetas de pago de San Marcos y San Martín, de la autopista México-Puebla, debido a la afluencia de vehículos que provienen de carreteras troncales, que llevan como destino el Distrito Federal o la ciudad de Puebla, y a la lentitud o número insuficiente de casetas receptores de pago de los derechos, lo que propicia que se presenten accidentes cuando el automovilista o transportista busca recuperar el tiempo que perdió.
Consideraciones de la comisión
La Comisión de Transportes conviene en señalar que es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes y servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares. Asimismo, el vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.
En coincidencia con el diputado Jiménez Concha, la autopista México-Puebla es una de las carreteras que utilizan miles de conductores y resienten una elevada cantidad de horas-hombre perdidas, que se traducen en importantes montos económicos desperdiciados inútilmente, se pierde tiempo, combustible y desgaste de unidades vehiculares, pero sobre todo en el retraso y frustración de los conductores por los compromisos contraídos en cada uno de sus destinos, resultado del lento cobro de cuotas en las casetas de la citada autopista.
Asimismo, cabe mencionar que en consecuencia se tienen que hacer largas filas de kilómetros en ambos sentidos, tanto del lado México-Puebla como de Puebla-México, acción que incrementa la contaminación ambiental, por el combustible que inútilmente gastan los vehículos que esperan su turno de pago.
Es por ello que esta Comisión de Transportes considera viable la propuesta en análisis, toda vez que la parte medular de la misma propone implantar las medidas necesarias para que el problema que se presenta en las casetas citadas anteriormente, se solucione.
Por lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a implantar las medidas necesarias para que el problema que genera la demora que se presenta en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla se solucione.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de que por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Aeronáutica Civil se establezcan procedimientos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional; y se exhorta al titular de dicha dependencia a realizar acciones e implantar medidas para prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecios con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo a fin de que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional y la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.
La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confiere los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la Proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Transportes fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. 61-II-4-595 que contiene la proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional presentada por la diputada Georgina Trujillo Zentella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2010 y el expediente No. 61-II-8-546, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el 6 de octubre de 2010.
En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 30 de septiembre de 2010, la diputada Georgina Trujillo Zentella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional y en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 6 de octubre de 2010, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.
Con fecha 30 de septiembre y 6 de octubre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar las proposiciones con punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el contenido respecto de la proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.
1. A partir del 12 de mayo de 1995, con la publicación de la Ley de Aviación Civil, se estableció un nuevo marco regulatorio para el transporte aéreo en México, que introdujo nuevos conceptos, entre los que destaca la liberación de tarifas de los servicios domésticos.
2. Asimismo, para evitar prácticas monopólicas y asegurar una competencia efectiva en el mercado, la Ley de Aviación Civil establece un mecanismo de vigilancia, corrección y regulación a través de la Comisión Federal de Competencia, con el objetivo de que se establezcan bases de regulación tarifaria en casos excepcionales.
Sin embargo, después de la liberación de las tarifas se han suscitado eventos en el mercado que han puesto de manifiesto la necesidad de un procedimiento de monitoreo de precios, que detecte oportunamente tendencias que amenacen el eficiente progreso de los servicios de transporte aéreo, así como una regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.
3. Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años, derivado del aumento en la demanda de boletos en las diferentes temporadas vacacionales, lo que ha provocado el encarecimiento de las tarifas aéreas: hasta tres veces más que el precio regular.
Asimismo, la suspensión de manera indefinida del Grupo Mexicana (Mexicana de Aviación, Mexicana Link y Mexicana Click), el pasado 28 de agosto, ha perjudicado a los viajeros, ya que además de la saturación, otro problema ha sido el precio del pasaje, toda vez que en algunos destinos ha habido aumentos hasta del 100 por ciento. Por otro lado, otra de las razones ha sido que los pasajeros que ya no pueden tomar los vuelos directos que operaba en exclusiva Mexicana, ahora son obligados a recurrir a viajes con escalas, lo que aumentó los costos de las rutas y saturó los aviones.
Ahora bien, respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, se hace de su conocimiento el siguiente contenido.
1. La línea aérea Mexicana de Aviación está teniendo serios problemas de operación. Dicha línea enfrenta en este momento un juicio de concurso mercantil que pone en riesgo su permanencia en el mercado; en ésta misma problemática, se encuentran sus filiales con las cuales se cubrían las necesidades de transportación aérea nacional e internacional.
2. Por lo anterior, el futuro de los trabajadores es incierto, más aun la adecuada transportación de millones de personas y sobre todo, que merma los ingresos a las arcas del país, ya que es una de las empresas que generaba recursos a los diversos sectores productivos del país; los sectores más afectados son a todas luces el turismo, los comercios y el transporte de mercancías.
3. En el marco de sus atribuciones, la SCT tiene la obligación de consolidar las áreas estratégicas en la materia y garantizar los medios necesarios para que el transporte de personas y mercancías, se mantenga en niveles óptimos, lo que implica, que pese a las dificultades que vive actualmente Mexicana, evite que se cobren con ese pretexto sobreprecios o se pretenda aplicar un aumento considerado en el precio de las tarifas comerciales; así como que se inicie una política de sobre venta que puede dejar a muchos pasajeros en tierra.
4. Parte de los ejes rectores de la Secretaría, encontramos que el Estado tiene la obligación de emitir los instrumentos jurídicos que normen las actividades económicas y sociales de los particulares, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados y generar el máximo beneficio para la sociedad.
5. Sin embargo, es posible que no toda la regulación responda a los fines deseables, pese a ello, si no se ejercen las facultades de manera adecuada, dicha situación, puede traducirse en mayores costos para la sociedad, barreras a la inversión y al comercio. En otras palabras, pérdida de competitividad.
Consideraciones
1. Esta Comisión de Transportes considera que de conformidad con la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, siendo estas las legislaciones aplicables al caso concreto, los concesionarios y permisionarios tienen la facultad de fijar libremente las tarifas por los servicios que presten, satisfaciendo las condiciones de calidad, competitividad, seguridad y permanencia al otorgar la prestación del servicio.
Asimismo, dichas tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.
2. Por otro lado, la Secretaría cuenta con la facultad para negar el registro de las tarifas, cuando considere que las mismas implican prácticas predatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios.
De lo anterior, dicha dependencia podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para el otorgamiento de los servicios respectivos, para efecto de ordenar dichos niveles y para fomentar la sana competencia.
3. Ahora bien, en el presente caso es importante conocer, la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia, siendo la misma una institución autónoma y eficiente, la cual tiene como objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para contribuir al bienestar de la sociedad.
4. Por lo anterior, cuando la Secretaría, por sí o a petición de parte afectada, considere que no existe competencia efectiva entre los diferentes concesionarios o permisionarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia, para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria. La regulación tarifaria o de precios que llegue a aplicarse, se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
Aunado a lo anterior, los prestadores de servicios sujetos a alguna regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita en su momento su opinión, respecto a la subsistencia de tales condiciones.
5. De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes considera viable aprobar las proposiciones con punto de acuerdo en comento, pero con modificaciones, exhortando a la vez a la Dirección General de Aeronáutica Civil para efecto de que intervenga junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las solicitudes propuestas. Asimismo, al tener la Secretaría la facultad para limitar el precio de las tarifas aéreas, es obligación de la misma, evitar que las líneas aéreas arbitrariamente impongan tarifas a los usuarios de dicho medio de transporte de una manera arbitraria y excesiva, en consecuencia al proceso de concurso mercantil que actualmente vive la compañía Mexicana de Aviación.
Aunado a lo anterior, se solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia, para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria.
Por lo expuesto, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional, previamente obtenida la opinión por parte de la Comisión Federal de Competencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de la Madrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno de la ciudad a recibir en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial Supervía Poniente
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0507, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible reciba en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado “Supervía Poniente” y se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionará el desarrollo de dicha obra, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
1. Con fecha 20 de abril de 2010, la diputada Leticia Quezada Contreras presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible reciba en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado “Supervía Poniente” y les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de dicha obra.
2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que el proyecto de la Supervía Poniente tiene su antecedente directo en tiempos de la Regencia del Distrito Federal, por lo que en ese entonces se sostuvieron reuniones de trabajo con las autoridades de la ciudad y con las autoridades federales para hacer de su conocimiento la oposición que había al proyecto.
Dicho movimiento culminó el 22 de agosto de 1992, día en que se publicó en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal la exclusión de la avenida Luis Cabrera del proyecto de súper vialidades.
4. Al enterarse que se desarrollaría la Supervía Poniente, los habitantes de las zonas afectadas comenzaron a organizarse nuevamente en 2008, con la finalidad de tener un acercamiento con los funcionarios del gobierno del Distrito Federal para conocer los impactos ambientales, económicos y viales que puede conllevar una obra de tal magnitud. Gracias a ello, se estableció una mesa de trabajo cuyo compromiso principal era dar a conocer los alcances de la obra; sin embargo, no se concluyeron dichas labores.
5. La diputada enfatiza que en la construcción de la democracia es indispensable contar con la participación efectiva de los ciudadanos en la ejecución de este tipo de obras y, a este respecto, menciona que la consulta ciudadana es una figura que permite cogobernar favoreciendo una toma de decisiones democrática, por lo que es necesario activarla para darle viabilidad a las políticas públicas.
6. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario:
a) Exhortar respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que a la brevedad posible reciba en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado Supervía Poniente y se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de dicha obra.
b) Exhortar al gobierno del Distrito Federal para que someta a consulta ciudadana la obra denominada Supervía Poniente a fin de conocer la opinión de los vecinos afectados por la obra.
Consideraciones
I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en el derecho que tienen los habitantes del Distrito Federal a ser informados sobre los actos administrativos de carácter general que expida el jefe de gobierno, así como sobre la realización de obras y las instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con las mismas. Asimismo, tiene que ver con la obligación de la administración pública local de promover y apoyar la participación social en los proyectos estratégicos urbanos, específicamente en proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos.
III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:
El 6 de enero de 2011, el licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, remitió a esta Cámara de Diputados la contestación del jefe de gobierno en atención a la solicitud de información realizada por diferentes miembros de esta honorable legislatura relativa a la Supervía Poniente (Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3187-I, del miércoles 26 de enero de 2011).
En dicho documento se menciona que “el gobierno de la Ciudad de México ha sido y es respetuoso de los derechos de libertad de expresión, de manifestación, de reunión, de información, de participación, de seguridad jurídica y de acceso a un medio ambiente sano de todas y cada de las personas, en lo individual y en lo colectivo que han manifestado su oposición o su adhesión al proyecto de la Supervía Poniente. Además, se detallan las acciones que el gobierno de la ciudad ha emprendido en materia de participación ciudadana.
No obstante lo anterior, el pasado 20 de enero la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio a conocer la recomendación 1/2011, que se desprende de diversas quejas presentadas ante ese organismo por la realización de la obra vial denominada “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México” (Supervía Poniente).
En dicha recomendación se constataron diversas irregularidades cometidas a lo largo del proceso para otorgar el título de concesión respectivo. Sin embargo, esta dictaminadora únicamente hará referencia a las violaciones cometidas a los derechos de información y participación ciudadana de los vecinos afectados por la obra, atendiendo a la materia del presente dictamen.
IV. De la recomendación emitida por la CDHDF destacamos lo siguiente:
a) El gobierno capitalino violó el derecho a la participación de los ciudadanos al no dar respuesta a las solicitudes de audiencia pública formuladas hasta en dos ocasiones por las personas habitantes de las delegaciones La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, aún cuando dichas solicitudes cumplieron con los requisitos de forma establecidos en el capítulo IX de la Ley de Participación Ciudadana.
b) Se acreditó que la autoridad local omitió realizar el proceso de consulta ciudadana respecto a la manifestación de impacto ambiental en su modalidad específica (MIAE), incumpliendo con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, el cual señala que la realización de la consulta es una obligación y no una facultad discrecional de la autoridad; obligación cuyo cumplimiento cobra especial relevancia por la preocupación que genera el desarrollo de la obra en las mencionadas delegaciones.
c) La CDHDF estimó que se violó el derecho a la información de las personas, en razón de que el actuar de la autoridad fue contrario a los principios rectores de este derecho. Situación que además impidió el goce de otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Al respecto, el organismo destacó que las propias autoridades del gobierno capitalino reconocieron que no proporcionaron información suficiente y oportuna a las personas potencialmente afectadas por la obra, impidiendo que su opinión fuera incorporada y valorada en la fase de proyección de la misma. Muestra de ello es que hasta el 30 de junio de 2010, y después de reiteradas solicitudes de información, la autoridad comenzó a hacer pública parte de la información relativa al proyecto; y que hasta el 28 de julio de 2010 el gobierno entregó por primera vez información del proyecto a los vecinos de forma directa.
Por ello, la CDHDF concluyó que la autoridad debió asumir un papel proactivo para la difusión de información clara y precisa sobre el proyecto con el propósito de que las personas estuvieran en posibilidad de ejercer otros derechos como el de participación, el derecho al medio ambiente, al agua y a la vivienda. Pero, contrario a esa actitud de apertura, la autoridad no brindó explicación alguna sobre sus decisiones y actos, principalmente por lo que se refiere a: las alternativas de desarrollo urbano que tomó en cuenta antes de llevar a cabo la Supervía Poniente; las razones por las que optó por el régimen jurídico de concesión por adjudicación directa; y los argumentos por los cuales se dio el visto bueno al proyecto.
d) Con base en distintas opiniones técnicas, la CDHDF constató que la evaluación de los efectos ambientales de la Supervía Poniente es deficiente e incompleta, por lo que no es posible determinar con precisión los alcances, los impactos y la magnitud de las afectaciones que generará. En consecuencia, es imposible determinar la viabilidad y efectividad de las medidas de mitigación establecidas por la autoridad del Gobierno del Distrito Federal.
V. Debido a que se acreditaron diversas violaciones a los derechos humanos, la CDHDF recomendó al jefe del gobierno del Distrito Federal:
“Primero. Ordene la suspensión de la obra Supervía Poniente hasta que se lleve a cabo una consulta pública, a fin de garantizar una participación amplia y plural en la que se recojan y consideren las preocupaciones, opiniones y propuestas de las personas afectadas por la obra, principalmente de las y los peticionarios de la presente Recomendación, y se valoren distintas alternativas de movilidad sustentable en el sur-poniente de la Ciudad de México.”
“Segundo. Con la finalidad de que las personas tengan elementos de juicio para la consulta pública, el Gobierno del Distrito Federal deberá contar con las evaluaciones y valoraciones adecuadas y suficientes, las cuales implican:
a) Se elabore un diagnóstico sobre necesidades de movilidad de personas que refleje las prioridades sustantivas de las y los habitantes y transeúntes de la zona sur-poniente de la Ciudad de México.
b) Una vez que se tenga dicho diagnóstico, se valoren alternativas de movilidad sustentable de acuerdo con los resultados de éste;
c) Cualquier proyecto de movilidad que se genere deberá contar con una manifestación de impacto ambiental completa, elaborada y evaluada de acuerdo con la Ley Ambiental del Distrito Federal a la luz de los estándares internacionales más altos en la materia y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.”
“Tercero. Se garantice la transparencia en los procedimientos que se generen en el cumplimiento del Primero y Segundo puntos recomendatorios. Asimismo, conforme a su deber de hacer efectivo el goce del derecho a la información, implemente un mecanismo de orientación a la ciudadanía, permanente y sencillo, para que pueda acceder a la información pública que debe estar disponible, así como a los servicios, trámites y programas gubernamentales relacionados con sus derechos.”
VI. Esta dictaminadora no soslaya el hecho de que la información es imprescindible para garantizar el ejercicio de diversos derechos, ya que propicia que las personas puedan participar en las decisiones o actos que llegarán a afectarlos. Por esta razón, el derecho a la información es considerado una condición fundamental de la democracia constitucional y se encuentra contemplado tanto en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal como en la Ley de Participación Ciudadana.
En el primero se establece que es obligación de la autoridad informar oportunamente a la población sobre las afectaciones ambientales que podrían resultar a causa de una obra pública, así como las acciones que se realizarán para prevenirlas, mitigarlas y, si procede, reparar el daño ambiental. Por su parte, la Ley de Participación Ciudadana dispone que los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a ser informados sobre la realización de obras y servicios de la administración local mediante la difusión pública y el derecho a la información; asimismo, reconoce el derecho de las personas a emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas de interés público o general.
Además, el artículo 12 de la citada ley señala que los ciudadanos del Distrito Federal tienen, entre otros, los siguientes derechos: a) promover la participación ciudadana a través de los instrumentos y mecanismos que establece dicho ordenamiento; b) participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones de gobierno; y c) ejercer y hacer uso de los instrumentos, órganos y mecanismos de participación ciudadana, entre los que se encuentra la consulta ciudadana y la audiencia pública, mecanismos que –según la CDHDF– son los disponibles para las personas peticionarias con relación a la Supervía Poniente.
A través de la consulta pública, el jefe de gobierno y los jefes delegacionales someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal. En tanto que, a través de la audiencia pública, los habitantes del Distrito Federal pueden, entre otras cosas, recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la administración pública y presentar al jefe de gobierno o al jefe delegacional las peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración pública a su cargo.
VII. Esta dictaminadora resalta que la autoridad capitalina ha iniciado la construcción de una obra sin haber acatado cabalmente las leyes aplicables. Además, enfatiza que la realización de una consulta pública y, por ende, el cumplimiento de la normatividad, no puede estar sujeta a los costos que esto pueda representar para el gobierno de la ciudad, ya que se continuarán vulnerando los derechos de los ciudadanos bajo el cobijo de argumentos económicos.
Esta comisión no pasa por alto que diversos ciudadanos han mostrado su interés para que la obra siga su curso. Por esta razón, se considera pertinente actualizar uno de los planteamientos realizados por la diputada proponente en el sentido de que la consulta ciudadana no sólo esté dirigida a los afectados por la Supervía Poniente, sino que también incluya a los ciudadanos que se verán beneficiados por ésta.
En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración de la Honorable Asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible celebre una audiencia pública con los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial “Supervía Poniente” con el propósito de que se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionará el desarrollo de dicha obra.
Segundo. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a someter a consulta ciudadana la obra “Supervía Poniente” a fin de conocer la opinión de los ciudadanos afectados y beneficiados por la misma.
Tercero. La Comisión del Distrito Federal integrará un grupo de trabajo sobre la obra “Supervía Poniente”, cuyos objetivos serán la obtención de información, el acercamiento y la realización de reuniones de trabajo con todas las partes involucradas, así como la búsqueda de soluciones a los conflictos que se han generado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica en abstención), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica en abstención), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).