- De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a realizar acciones para continuar la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en Agua Dulce, Veracruz
- De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera urgente el exagerado incremento de la tarifa para establecimientos comerciales y de servicios en Morelos
- De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir por la Subsecretaría de Desarrollo Rural la declaratoria de contingencia climática para efectos de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños por la sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó diversos municipios de Puebla
- De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas
- De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado de las obras marítimas y de dragado
- De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno de Baja California a concluir la ampliación de carriles en el cruce internacional Puerta México; y al Ejecutivo federal, a ordenar la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en ese lugar hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en El Chaparral
- De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes pase por la región de los Altos Sur, Jalisco
- De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revocar la concesión de Ferrosur, SA de CV, actualmente Ferromex, y a solicitar la donación de los segmentos de vía en desuso y abandonados del tramo San Antonio Nanahuatipan-Oaxaca de Juárez
- De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar medidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata
- De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar la propuesta de exentar del pago de peaje el servicio de transporte escolar
- De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a designar un comisionado especial para atender y resolver en definitiva los conflictos agrarios en Morelos
- De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario a analizar la viabilidad de reubicar el Unitario Agrario del distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí
- De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno capitalino a analizar la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula los vehículos con permiso de internación temporal
- De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno local a entregar el subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad
- De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil local a dar a conocer el sistema de alertamiento temprano de sismos
- De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a Liconsa a disponer el funcionamiento del centro de abasto en Naucalpan de Juárez, México
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la publicación del programa de manejo del área natural protegida Cuenca Alimentaria del Distrito Nacional de Riego 043, fracción Sierra de Vallejo-Río Ameca
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a implantar acciones permanentes que inhiban la tala inmoderada en el parque nacional La Malinche
- De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar las condiciones necesarias para que las organizaciones no gubernamentales promuevan y defiendan los derechos humanos en México
- De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que corrija los señalamientos de la autopista Saltillo-Monterrey y regrese al peaje original en tanto se concluyan las reparaciones
De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a realizar acciones para continuar la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en Agua Dulce, Veracruz
Honorable asamblea:
La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85 y 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada en La Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2010, el diputado Leandro Rafael García Bringas presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a implementar los mecanismos institucionales necesarios para la realización de acciones que atiendan a la mitigación, saneamiento, seguridad y protección ambiental, específicamente en el municipio de Agua Dulce, Veracruz.
2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
II. Objeto y contenido de la proposición
El objeto de la proposición materia del presente dictamen, busca atender la problemática derivada del derrame de hidrocarburos ocurrido en el año 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz.
Para ello, el diputado Leandro Rafael García Bringas propone que esta soberanía exhorte a Petróleos Mexicanos a implementar los mecanismos institucionales necesarios para la realización de acciones que atiendan la mitigación, saneamiento, seguridad y protección ambiental en el municipio referido.
En la exposición de motivos, el promovente hace alusión a las acciones emprendidas para la atención de zonas afectadas por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el año 2007.
Destaca que a partir de la declaración de zona de desastre ambiental y social emitida por la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz, se implantaron acciones de emergencia debido a la magnitud del evento a fin de restablecer el equilibrio ecológico del lugar, de lo cual se dio constancia mediante el levantamiento del acta circunstanciada única de inicio de trabajos el 4 de septiembre de 2008 por parte del ayuntamiento de Agua Dulce, Veracruz.
Agrega el diputado que, no obstante las acciones implantadas por Pemex, actualmente existen manifestaciones tanto sociales como de autoridades locales que, de acuerdo con el diputado, evidencian una serie de hechos y omisiones que han impedido que el problema haya sido corregido totalmente, y señala que las tareas de recolección iniciadas por Petróleos Mexicanos a partir del día 13 de diciembre de 2007, han sido suspendidas y olvidadas a la intemperie y sin la vigilancia adecuada.
En virtud de lo anterior, el diputado García Bringas somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, a que, a través de sus órganos correspondientes, realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como para que refuerce la vigilancia en sus instalaciones petroleras a fin de evitar sucesos semejantes en otras regiones del país.”
III. Consideraciones
Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación del diputado Leandro Rafael García Bringas respecto de la problemática que presenta el municipio de Agua Dulce, Veracruz, toda vez que resulta innegable que el desarrollo de las actividades petrolera e industrial, ha tenido implicaciones negativas como las que señala el promovente.
Por tanto, como resultado del estudio y análisis de la proposición materia del presente dictamen, esta comisión dictaminadora considera viable su aprobación en virtud de coincidir en lo general con los argumentos expuestos, así como la intención establecida en el punto de acuerdo.
Segunda. Respecto del evento al que se refiere el diputado, de acuerdo con información hemerográfica, 1 en 2008 el gobierno municipal de Agua Dulce contrató los servicios de Resources For Life (RFL), esta empresa destaca que el hidrocarburo encontrado proviene de la fuga que se presentó tras el choque de las plataformas petroleras Usumacinta y Kab 121 en la sonda de Campeche el 24 de octubre del 2007.
Igualmente, se encuentran documentados diversos eventos que tienen su origen en el desarrollo de las actividades petroleras que se llevan a cabo en la región como el ocurrido en el año 2005 2 cuando debido a la contaminación clausuraron cuarenta pozos artesianos los cuales abastecían de agua natural a los habitantes del municipio referido.
Este tipo de situaciones, derivadas de las actividades que lleva a cabo Petróleos Mexicanos, se presentan con frecuencia en diversos municipios del estado de Veracruz.
Al respecto, en el documento Emergencias ambientales en México, análisis nacional y estatal, elaborado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se destaca que Veracruz es la entidad federativa que más emergencias ambientales ha reportado ante esta instancia durante el periodo que comprende los años 1993 a 2009, con el mayor número de afectados en cuanto a defunciones, lesionados, intoxicados y evacuados.
Tercera. Por lo que se refiere a las acciones que en su momento Pemex implantó en el municipio de Agua Dulce, en el informe de Pemex Desarrollo Sustentable 2008 en el apartado de protección al entorno natural, impactos ambientales por fugas y derrames se hace referencia de la restauración de la cuenca baja del Río Coatzacoalcos mediante el Programa de Restauración de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos, región a la que pertenece el referido municipio. Es importante señalar que este programa lo coordina la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la participación de Petróleos Mexicanos.
Adicionalmente, de acuerdo con información de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del gobierno de Veracruz, se encuentra en proceso de decreto el ordenamiento ecológico de la cuenca baja del río Coatzacoalcos. Este programa tiene su origen en 1995, cuando el gobierno del estado en coordinación con la Semarnat y Pemex, solicitó la realización del estudio cuyo propósito era diseñar el Programa de Ordenamiento Ecológico para aquélla región.
Para el tema que nos ocupa es importante señalar que la delimitación del área de ordenamiento ecológico se realizó con base en criterios geográficos y administrativos entre los cuales se destacan los siguientes:
La región posee una gran riqueza y diversidad de ecosistemas terrestres y acuáticos.
En ella interactúan ecosistemas de gran belleza escénica y también de alta fragilidad, registrándose cerca de 2,500 especies de plantas vasculares y un listado de fauna potencialmente presente que incluye 656 especies de vertebrados terrestres.
La disponibilidad de recursos naturales es condicionante del desarrollo de la región.
Cuarta. Es importante mencionar que los derrames de hidrocarburos, por las sustancias que involucran, pueden poner en peligro los lugares donde se producen, la integridad de los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales. Asimismo, cuando un derrame de hidrocarburos permanece sin ser atendido puede causar daños constantes y crecientes al suelo y a otros recursos naturales con repercusiones negativas en la economía de la región, como por ejemplo el turismo y la pesca, así como derivar en consecuencias adversas para la salud de la población.
En virtud de lo anterior, resulta evidente que se deben instrumentar medidas y acciones para proteger y conservar los recursos naturales de la región, así como en los casos que lo requieran, considerar la restauración y/o la remediación ecológica.
En conclusión, la que dictamina reconoce la problemática expuesta en la proposición materia del presente dictamen y respalda la petición del diputado Leandro Rafael García Bringas a fin de atender la problemática que presenta el municipio de Agua Dulce, Veracruz derivada de la actividad petrolera desarrollada por Petróleos Mexicanos.
Por los razonamientos expuestos la Comisión de Energía de esta honorable Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta soberanía el siguiente:
IV. Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, a que, a través de sus órganos correspondientes, realice las acciones necesarias para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el municipio de Agua Dulce, Veracruz, así como para que refuerce la vigilancia en sus instalaciones petroleras a fin de evitar sucesos semejantes en otras regiones del país.
Notas
1 “Pemex contaminó con metales pesados el río Tonalá: Profepa”, La Jornada , México, DF, sábado 24 de enero de 2009, año 25, número 8778.
2 “Agua Dulce: clausuran 40 pozos por contaminación”. El Universal, México, DF, 29 de enero de 2005, visible en http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=56205&tabla=estados
Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de enero de 2011.
Se adjuntan al presente dictamen las firmas aprobatorias de la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Energía.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.
De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera urgente el exagerado incremento de la tarifa para establecimientos comerciales y de servicios en Morelos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía, correspondiente a la LXI Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2010 se presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar una revisión urgente del exagerado incremento de la tarifa de energía eléctrica de establecimientos comerciales y de servicios en Morelos, suscrita por los diputados Jaime Sánchez Vélez, Luis Félix Rodríguez Sosa y José Manuel Agüero Tovar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.
II. Objeto y contenido de la proposición
La proposición materia del presente dictamen tiene como objeto central exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que revise el incremento de la tarifa de energía eléctrica de establecimientos comerciales y de servicios en Morelos.
Para ello, en la exposición de motivos, los promoventes destacan que los sectores productivos del estado de Morelos han visto afectados sus ingresos por factores tales como: la inseguridad pública, la caída en la afluencia de turismo y el incremento en el cobro del suministro de energía eléctrica.
Asimismo los promoventes refieren que esta problemática derivó en que los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Temixco presentaran quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor e iniciaron una defensa jurídico-legal contra la Comisión Federal de Electricidad, por los incrementos de hasta 500 por ciento en los recibos de luz.
Por último, señalan que respecto del cambio de medidores mecánicos a electrónicos, este es impuesto por la CFE al usuario, y que adicionalmente en el monedero electrónico se trata de imponer al consumidor un seguro de vida.
En virtud de lo anterior, los diputados José Manuel Agüero Tovar, Luis Félix Rodríguez Sosa y Jaime Sánchez Vélez someten a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo:
“Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar de manera urgente el exagerado incremento de la tarifa de energía eléctrica, el cobro del cambio de medidores y la contratación de un seguro de vida a establecimientos comerciales y de servicios en Morelos.”
Una vez expuestos los antecedentes, objeto y contenido de la proposición que promueven los diputados Jaime Sánchez Vélez, Luis Félix Rodríguez Sosa y José Manuel Agüero Tovar, los integrantes de esta Comisión de Energía formulan el presente dictamen bajo las siguientes:
III. Consideraciones
Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación de los diputados promoventes en lo que concierne a la situación económica de los habitantes de Morelos, toda vez que la inseguridad pública que se ha presentado en los últimos meses ha impactado de manera directa al turismo y con ello a diversas actividades económicas en la entidad.
Por otra parte, en cuanto al punto de acuerdo plasmado en la proposición en comento, esta comisión dictaminadora estima propicio respaldar y aprobar la petición de los promoventes en el sentido de exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que se revise el cobro por consumo de energía eléctrica aplicada al comercio; se notifique al usuario los criterios bajo los cuales se cobrará el cambio de medidores y, por último, se verifique que ha quedado sin efecto la contratación del seguro de vida mediante el Programa monedero electrónico en Morelos.
Segunda. Señalan los promoventes que en Morelos se ha presentado el cobro del cambio de medidores por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al respecto, de acuerdo con el boletín de prensa de CFE de fecha 17 de enero 2011, ha comenzado a llevarse a cabo el proceso de modernización del servicio eléctrico el cual incluye un programa de instalación de medidores electrónicos en sustitución de los medidores electromecánicos tradicionales.
Con base en esta información, los medidores electrónicos ofrecen los siguientes beneficios: mayor exactitud en la medición del consumo; lectura del consumo en pantalla digital, evitando posibles confusiones con la lectura de manecillas; desconexión automática del servicio al detectarse variaciones de voltaje, para la protección de aparatos electrodomésticos; lectura del consumo eléctrico por parte del cliente por medio de la utilización de una tarjeta con chip, lo que le permitirá controlar y racionalizar su consumo de electricidad.
Asimismo, hasta la fecha se han instalado 234 mil medidores electrónicos en la zona del Valle de México y 2.4 millones en el resto del país, empero, de acuerdo con este boletín este cambio ha sido sin ningún costo para el cliente 1 .
En virtud de lo anterior, los integrantes de esta comisión consideran propicio exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a revisar los motivos que han dado origen al señalamiento de los promoventes respecto del cobro por el cambio de medidor que ha realizado la CFE, así como informar al usuario las circunstancias bajo las cuales se cobrará este instrumento.
Tercera. Por otra parte, en lo que concierne al seguro de vida que menciona el promovente, con el lanzamiento del Programa Monedero Electrónico se incluía un seguro de vida.
No obstante mediante un comunicado de prensa fechado en Monterrey, Nuevo León, el 19 de Febrero de 2010 se dio a conocer la cancelación de este seguro. A continuación se inserta el referido comunicado.
“Cancela CFE la incorporación del seguro de vida y servicio de asistencia al monedero CFE.
• La modalidad en que fue afiliado este seguro al Monedero CFE, no estaba contemplada en el contrato con el operador.
• No se permitirá la oferta de ningún bien o servicio que implique costos a los usuarios sin la aceptación previa del cliente
La Comisión Federal de Electricidad informa, que el día de hoy determinó, la cancelación de la incorporación del seguro de vida y servicio de asistencia al Programa Monedero CFE, en virtud de que la modalidad en que fue afiliado este Seguro, no estaba contemplada en el contrato con el operador del Monedero, según lo establecido en el permiso para la implantación de un Plan de Beneficios para el usuario de CFE, en el Programa Monedero CFE, otorgado el 3 de abril de 2009.
Asimismo, reitera que ha hecho del conocimiento del operador del monedero, que CFE no permitirá la oferta de ningún bien o servicio que implique costos a los usuarios sin la aceptación previa del cliente.
Como se dio a conocer en su momento, la empresa Axcentric obtuvo la concesión para operar el programa Monedero CFE, a través de la licitación pública número LPN-SD-001/0, empresa que es responsable de ofrecer la afiliación al programa a empresas privadas, tales como tiendas departamentales, supermercados, restaurantes, entre otros, que beneficien a los clientes de la CFE, a través de la acumulación de puntos que, una parte, puedan acreditarse en compras futuras en los establecimientos incorporados y, otra parte de los puntos, en el pago del servicio de energía eléctrica.
La afiliación de empresas al programa debe sujetarse a la autorización previa de la CFE, a fin de que se aseguren los beneficios a los clientes establecidos en el programa.
CFE en atención de sus facultades hará una evaluación de las distintas opciones existentes en materia de seguros y programas de asistencia, y analizará la pertinencia de su implementación en el futuro.”
En suma el seguro de vida que señalan los promoventes de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad ha quedado cancelado y en todo caso se analizará la pertinencia de implementarlo en el futuro. Asimismo se destaca que CFE no permitirá la oferta de ningún bien o servicio que implique costos a los usuarios sin la aceptación previa del cliente, por lo que bajo esta premisa la que dictamina considera pertinente que exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que se verifique que ha quedado sin efecto la contratación del seguro de vida en Morelos.
En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Energía de la honorable Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía el siguiente
IV. Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad a que se proceda a la revisión de la aplicación correcta de las tarifas del servicio público de energía eléctrica a establecimientos comerciales y de servicios en el estado de Morelos.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a revisar los motivos que han dado origen al señalamiento de los promoventes respecto del cobro a los establecimientos comerciales y de servicios por el cambio de los medidores del consumo de energía; asimismo, que se verifique que ha quedado sin efecto la contratación del seguro de vida mediante el Programa Monedero Electrónico en Morelos.
Nota
1 http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletin/index.alia?docID=8479&se cID=2
Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de febrero de 2011.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra, José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en abstención), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán, Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir por la Subsecretaría de Desarrollo Rural la declaratoria de contingencia climática para efectos de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños por la sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó diversos municipios de Puebla
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a emitir por la Subsecretaría de Desarrollo Rural la declaratoria de contingencia climática para efectos de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños causados por la sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 102, 157,176, 180 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta este dictamen, a partir de los siguientes
Antecedentes
El 13 de diciembre de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a emitir por la Subsecretaría de Desarrollo Rural la declaratoria de contingencia climática para efectos de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños causados por la sequía atípica, impredecible y no recurrente que afectó diversos municipios de Puebla, a cargo del diputado Malco Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Con base en los antecedentes anteriores, los integrantes de la comisión hemos tenido a bien formular las siguientes
Consideraciones
Que el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la relevancia que tiene para la nación el desarrollo rural, destacando la importancia de la participación y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados, y que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. Señala que fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable determina en el artículo 5o.: “En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:
”I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;
”II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable;
”III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país;
”IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y
”V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.”
Que uno de los grandes obstáculos que tiene el sector agropecuario es su alta vulnerabilidad a las condiciones climáticas, ya que 75 por ciento de la superficie sembrada en el país corresponde a tierras de temporal, con 16 millones 283 mil hectáreas.
Que en noviembre de 2010 arribaron al país frentes fríos, destacándose por su crudeza los números 7 y 8, que afectaron principalmente a Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Que debido a la altura de la sierra norte de Puebla, las temperaturas bajo cero y las corrientes de aire afectaron de manera drástica los municipios de la región.
Que a consecuencia del frente frío, la afectación de cosechas en la región mencionada, en particular la producción de jitomate, fue muy grave. Este caso se observó principalmente en Aquixtla, Chignahuapan, Zacatlán, Teziutlán, Zautla, Atempan, Xiutetelco, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, e Ixtacamaxtitlán.
Que según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, las heladas acabaron con 10 mil 500 hectáreas de diversos cultivos en la sierra norte del estado. Las temperaturas bajo cero propiciaron pérdidas de hasta 55 millones de pesos, tanto en cultivos de riesgo como en invernaderos. La misma secretaría arrojó un estimado de 25 mil toneladas de cultivo de riego y temporal que se perdieron por las heladas registradas y que alcanzaron hasta menos 2 grados Celsius en la región mencionada.
Que el presidente de los Productores de Invernaderos en Aquixtla, Alberto Nava Ruano, cuantificó la pérdida en 107.6 hectáreas de invernadero sólo en ese municipio. Aunque aún no se cuantifica el total de invernaderos afectados en la región, la mayoría tiene pérdidas de cien por ciento en las cosechas.
Que la afectación meteorológica ha producido una pérdida estimada de más de 300 empleos en la región.
Que se estima que las bajas temperaturas continúen, y como la principal actividad económica es la agricultura, es prioritario que se implante el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.
Que el objetivo específico del programa es “apoyar a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de contingencias climáticas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles”. Esto, conforme al anexo 70 de las reglas de operación de los programas de la Sagarpa, que además cumplan el requisito de ocurrir en municipios incluidos en el diagnóstico climatológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado, y cumplan las características establecidas para el sector a que pertenezca, independientemente del tipo de apoyo que se solicite.
Que en el anexo 70 de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas se establece en el inciso b) que la helada atípica e impredecible “ocurre cuando, en determinada región, se presentan bajas temperaturas iguales o menores que el punto de congelación del agua, dando como resultado daños en las plantas, por la formación intracelular de cristales de hielo en los tejidos, marchitez, órganos reproductores deshidratados, granos chupados o su muerte. Para efectos de las presentes reglas, la helada ocurre cuando los efectos de las bajas temperaturas afectan la etapa fenológica de los cultivos, pastizales y plantaciones en un lapso que les provoque daños irreversibles”.
Que la mayoría de los productores agrícolas de la región corresponde a pequeños propietarios que no cuentan con más de 20 hectáreas y subsisten con bajos ingresos, por lo que se vuelve urgente que sean apoyados de manera inmediata a través del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas de la Sagarpa.
Que la región de la sierra norte de Puebla cumple los requisitos, pues el diagnóstico climatológico de la Conagua considera los municipios que mencionó como “dictaminados con presencia de helada” en 2010.
Que con base en ello, es necesario que la Sagarpa emita la declaratoria, conforme a las Reglas de Operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, y que éste entre en operación inmediata y puedan los pequeños productores recibir apoyos económicos en la región.
Con base en los antecedentes y las consideraciones expuestos, los integrantes de la comisión tenemos a bien poner a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a emitir por la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Comisión Dictaminadora del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas la declaratoria de contingencia climática para efectos de la ejecución del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, en virtud de los daños de la helada atípica, impredecible y no recurrente que afectó Aquixtla, Chignahuapan, Zacatlán, Teziutlán, Zautla, Atempan, Xiutetelco, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, Puebla.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita que se implanten acciones para que los agricultores afectados en la región puedan recibir los apoyos a que se refiere el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2011.
La Comisión de Agricultura y Ganadería
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; Óscar García Barrón, Joel González Díaz (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda, Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Fernando Santamaría Prieto, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confiere los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la Proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Transportes fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente número 61-II-4—375 que contiene la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como por diputados de diversos grupos parlamentarios en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2010.
En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 17 de marzo de 2010, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como por diputados de diversos grupos parlamentarios, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentaron la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Con fecha 17 de marzo de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
1. Nuevo Laredo es una de las ciudades fronterizas más importantes de México dado el volumen del tráfico comercial que tiene lugar cada día; por ello la Aduana de Nuevo Laredo es la primera en América Latina.
2. El aeropuerto internacional Quetzalcóatl o aeropuerto internacional de Nuevo Laredo, está situado a 7 kilómetros de la ciudad, muy cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, a lado opuesto de Laredo, Texas y es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, una entidad del gobierno federal, la cual depende directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
3. El Quetzalcóatl, es un aeropuerto cuya infraestructura se considera fundamental para el desarrollo y crecimiento de la economía de nuestro país, toda vez que forma parte de los aeropuertos con clasificación de internacional.
Asimismo, la nueva terminal intermodal de carga aérea que se encuentra en proceso de funcionamiento aprovechará al máximo las ventajas comparativas y competitivas de esta frontera haciendo más competitivo nuestro sistema aduanero dentro de una economía internacional globalizada fortaleciendo el comercio exterior y manteniendo a Nuevo Laredo como la mejor aduana de América Latina.
4. Es por ello importante mencionar, que la ciudad y su economía, se han visto mermados ante la escasa posibilidad del funcionamiento del aeropuerto, en condiciones de vuelos nocturnos y bajo situaciones meteorológicas que, aunque no nulifican las operaciones normales de otros aeropuertos, sí lo hacen en Nuevo Laredo debido a que no cuenta con sistemas de aproximación de vuelos y trayectorias de aterrizaje que le dé un mayor grado de seguridad a estas operaciones.
5. Las condiciones meteorológicas en el país, se presentan como la principal causa de demoras en los vuelos, constituyendo sin duda, un alto costo para la economía de las aerolíneas. Ante esta situación, la industria aeronáutica ha creado valiosos instrumentos de apoyo para la navegación, como lo es el sistema de aterrizaje por instrumentos, conformado principalmente por dos equipos, un localizador y uno de trayectoria de planeo; el primero indica al piloto y al avión, el eje de la pista, mientras que el segundo le da la trayectoria o pendiente de aterrizaje.
Consideraciones
1. El crecimiento de la productividad en el transporte aéreo a nivel mundial ha sido fruto de las nuevas tecnologías incorporadas a la renovación y expansión continua de la flota y de los sistemas más eficientes de apoyo terrestre y a la navegación.
2. El sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS, Instrument Landing System) es un conjunto de estaciones transmisoras de radio empleadas para guiar a la aeronave hacia la pista de aterrizaje de un determinado aeropuerto, especialmente durante los momentos de visibilidad limitada.
3. El desarrollo del ILS fue impulsado por la publicación de los estándares de señales por parte de la Organización Internacional de Aviación Civil, creada en 1944, para garantizar la compatibilidad de señales en vuelos internacionales, sin entrar en cuestiones de fabricación y diseño.
4. Esta Comisión de Transportes considera que este tipo de instrumentos de ayuda aérea, brindan una mayor seguridad tanto a los aviones como a los pasajeros al momento del aterrizaje, es por ello que sin duda estamos hablando de infraestructura que elevaría la competitividad de la región, así como el abrir nuevas oportunidades de negocios.
5. Asimismo, esta comisión dictaminadora considera que en el campo de la seguridad operacional una forma de mejorar los sistemas de transporte es mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas en diversas áreas del sector aeronáutico, por lo que considera viable la aprobación de la presente propuesta, para efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, modernice e instale a la brevedad posible en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl, los denominados sistemas de aterrizaje por instrumentos, con el objeto principal de salvaguardar, esencialmente la vida de los usuarios, personal aéreo y de tierra.
6. De lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideran necesario aprobar, la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas, toda vez que es necesario llevar a cabo la modernización de dicho sector para efecto de generar una mayor competitividad en el mercado.
Por lo expuesto, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares modernice e instale a la brevedad posible en el aeropuerto internacional Quetzalcóatl, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sistemas especializados para aterrizaje por instrumentos, con el objeto principal de salvaguardar, esencialmente, la vida de usuarios, personal aéreo y de tierra.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud, Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de la Madrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado de las obras marítimas y de dragado
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un informe detallado de las obras marítimas y de dragado programadas para el presente ejercicio fiscal, así como de los presupuestos asignado y ejercido con cargo a ellas en los últimos cinco años.
La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y, conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los integrantes reunidos en pleno, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Transportes, que suscribe, fue turnado para estudio y dictamen el oficio número DGPL 61-II-5-687, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar mediante la SCT un informe detallado de las obras marítimas y de dragado programadas para el presente ejercicio fiscal, así como de los presupuestos asignado y ejercido con cargo a éstas en los últimos cinco años, presentada por el diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sesión celebrada el 22 de abril de 2010.
En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 22 de abril de 2010, el diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a presentar por la SCT un informe detallado de las obras marítimas y de dragado programadas para el presente ejercicio fiscal, así como de los presupuestos asignado y ejercido con cargo éstas en los últimos cinco años.
Con fecha 22 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
1. La exposición de motivos del punto de acuerdo que nos ocupa establece: “México cuenta con una extensa superficie marítima, formada por 3 millones 149 mil 920 kilómetros cuadrados (equivalente a 1.5 veces la superficie del territorio nacional), lo que nos sitúa en el noveno lugar por extensión marítima, entre los 130 países costeros del mundo. La extensión costera del territorio nacional es de 11 mil 122 kilómetros, de los cuales 7 mil 828, pertenecen al océano Pacífico; y 3 mil 294, al Golfo de México y mar Caribe”.
2. El legislador indica que México, además de contar con importantes puertos, tiene administraciones portuarias.
Por otra parte, define el dragado como la operación de limpieza de sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías y accesos a puertos. Señala que la actividad está considerada en la Ley de Puertos.
3. Para concluir, el legislador establece que la poca profundidad de los canales de acceso a las terminales portuarias impedirá en el futuro cercano el ingreso de grandes buques, con lo se perderán importantes oportunidades de inversión y negocios productivos requeridos para el país.
Consideraciones
1. Que los puertos son un conjunto de instalaciones y servicios que permiten el intercambio de mercancías entre medios terrestre y acuático a escalas nacional e internacional. Es la puerta por donde pasa la mayoría de los productos del comercio económico internacional, igual que la interfase entre el transporte terrestre y marítimo. Los puertos son parte de la cadena de transporte internacional y del comercio mundial. En el pasado, la mayoría de los puertos fue administrada por los gobiernos. La tendencia de los últimos años en el plano internacional es que los puertos se privaticen y tengan un componente privado y público.
Los puertos marítimos destinados al embarque y al desembarque de grandes volúmenes de carga son otra parte importante de la infraestructura de México. El aumento del transporte de mercancías por vía marítima y la ventajosa posición geográfica de México, pues tiene más de 11 mil kilómetros de costa en los litorales del Pacífico y Atlántico, brindan a los puertos mexicanos la oportunidad de explotar el tráfico marítimo en la zona y aprovechar su vecindad con Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo. Sin embargo, pese a que incluyen más de 20 grandes puertos de altura, que movilizan grandes volúmenes de productos petroleros, agrícolas y minerales, cumplen estándares internacionales de seguridad y están provistos de equipos de alta tecnología para la revisión de mercancías, los puertos nacionales padecen de burocracia, tramitología, falta de inversiones y descoordinación.
Dos de los sectores más dinámicos a escala mundial son el transporte marítimo y los puertos. En los próximos años ingresarán en la flota mundial los megaportacontenedores de 9 mil 200 TEU (unidad de medida de caja de 20 pies); para ello, las mayores navieras del mundo ya realizan fuertes inversiones en capacidad portuaria. La importancia estratégica de los puertos para México se observa no sólo por realizar 80 por ciento de su comercio por vía marítima sino por el potencial que representan la movilización y el almacenaje de mercancías en una economía globalizada, actividad que ha permitido a naciones como Singapur convertirse en potencias económicas en el sureste asiático (Díaz-Bautista, A. “Los puertos en México y la política económica portuaria internacional”, en Observatorio de la Economía Latinoamericana, número 92, 2008).
2. Que se entiende por dragado la operación de limpieza de los sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías o accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río y, con ello, la capacidad de transporte de agua, evitando así las inundaciones aguas arriba. Asimismo, se pretende con eso aumentar el calado de esas zonas para facilitar el tráfico marítimo por ellas sin perjuicio para los buques, evitando el riesgo de encallamiento.
Las obras de dragado tienen una importante participación en todo trabajo portuario o costero, por lo que las embarcaciones mayores requieren mejores puertos debido a los canales de acceso.
Hay actualmente una nueva generación de buques cargueros, conocidos como pospanamax . La razón principal detrás del vertiginoso crecimiento de la flota de buques pospanamax es el ahorro que se genera con las economías de escala al transportar grandes volúmenes de carga.
En el espacio de una década, la flota mundial de buques portacontenedores ha crecido a ritmos extraordinarios. Ello se debe principalmente a que la contenerización no sólo ha influido en el mercado de carga general sino que también ha incursionado en productos a granel (líquidos y secos) y ha brindado la oportunidad de intercambiar bienes no tradicionales de exportación. El transporte en contenedores ha pasado a ser una forma de embalaje apropiada para el desplazamiento y la distribución de variados bienes. Por otra parte, uno de los efectos de la globalización de la industria marítima se ha reflejado en los procesos logísticos y en la cadena de suministro, lo cual se manifiesta en los requerimientos en el transporte. Por esa razón, los puertos mexicanos deben estar en óptimas condiciones para competir a escala internacional.
3. Que el artículo 16 de la Ley de Puertos establece:
Artículo 16. La autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo federal, que la ejercerá por conducto de la secretaría, a la que, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias de la administración pública federal, corresponderá
I. a VI. ...
VII. Autorizar las obras marítimas y el dragado, con observancia de las normas aplicables en materia ecológica;
Derivado de lo anterior, la secretaría es la autoridad competente para conocer con relación a la materia.
4. Que los puertos que cuentan con infraestructura adecuada reciben embarcaciones de nueva generación, lo cual –por ende– los posiciona como puertos más competitivos. Tal es el caso del puerto de Singapur, en el que cerca de 140 mil buques usan las instalaciones. En cualquier momento del día coinciden más de 800 barcos en ese puerto que, como principal centro de traspaso de contenedores del mundo, cuenta con 300 líneas marítimas, que lo conectan con 600 puertos.
La autoridad portuaria de Singapur opera las 6 terminales de carga del puerto, el primero del mundo en superar 1 millón de contenedores TEU, ofrece servicio de gestión de 84 contenedores de tercera generación por hora y barco, y más de 50 por ciento de los contenedores son traspasados en menos de 3 días.
Con base en lo anterior, la comisión dictaminadora considera pertinente aprobar el punto de acuerdo en estudio, derivado de la importancia que tiene para el sector y las implicaciones en la materia.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta al Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el informe detallado de las obras marítimas y de dragado programadas para el presente ejercicio fiscal, así como de los presupuestos asignado y ejercido con cargo a éstas en los últimos cinco años.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno de Baja California a concluir la ampliación de carriles en el cruce internacional Puerta México; y al Ejecutivo federal, a ordenar la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en ese lugar hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en El Chaparral
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana a concluir la ampliación de carriles en el cruce internacional Puerta México; y al Ejecutivo federal, a ordenar la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en ese lugar hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en El Chaparral.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, con número de oficio D.G.P.L. 61-II-8-397, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana a concluir la ampliación de carriles en el cruce internacional Puerta México; y al ejecutivo federal, a ordenar la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en ese lugar hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en El Chaparral, presentada por el diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el día 22 de abril de 2010.
En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 22 de abril de 2010, el diputado Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana a concluir la ampliación de carriles en el cruce internacional Puerta México; y al Ejecutivo federal, a ordenar la aplicación parcial del sistema de supervisión y control vehicular en ese lugar hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en El Chaparral.
Con fecha 22 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo
Descripción de la proposición
El diputado Eduardo Ledesma Romo expresa en su proposición que con la implantación del Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) en Tijuana, ha aumentado el tiempo de espera en el cruce fronterizo Puerta México, razón por la cual el tiempo de espera del cruce fronterizo de San Isidro a Tijuana ha aumentado considerablemente en los últimos meses, impactando tanto la actividad económica de la región, como la vida cotidiana de estudiantes, trabajadores y miles de personas que cruzan diariamente la frontera.
El diputado Ledesma Romo agrega que el desconocimiento del gobierno federal de la dinámica fronteriza ha afectado gravemente los cruces, sobre todo porque se desconoce la importancia de atravesar diariamente la frontera para trabajar, estudiar, realizar visitas familiares o para el intercambio comercial de bienes y servicios.
Apunta también que cámaras empresariales, hoteleros, médicos, transportistas, y restauranteros se manifestaron en contra del lento cruce fronterizo que causa pérdidas económicas, mayor gasto de combustible y desgaste de las unidades vehiculares y que afecta por igual a visitantes y residentes de Tijuana que trabajan o estudian en San Diego, por lo que previamente a la implantación del Siave en Tijuana, organismos de Baja California, como la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación de Comerciantes Turísticos y la Cámara Nacional de la Industria Restaurante (Canirac), demandaron a la Administración General de Aduanas, el ajuste del Siave a la capacidad real de la Puerta México, ya que su implantación de acuerdo a lo previsto, daría lugar a aumentar hasta 6 horas el tiempo de espera para la inspección de los vehículos en horas de mayor afluencia vehicular.
Como respuesta a esta demanda se retrasó la implantación del Siave en Tijuana al mes de octubre de 2009 y se determinó en los primeros meses de este año, la ampliación de carriles en la Puerta México para corregir parte de las deficiencias del Siave, durante el ingreso de San Diego a Tijuana.
También señala la proposición del diputado Ledesma Romo, que de acuerdo con información de la administración de la Aduana de Tijuana, el Siave no funcionará de forma integral, mientras se llevan a cabo las obras para la ampliación de tres carriles, lo que ha originado largas horas de espera para ingresar a Tijuana que en “horas pico” se incrementa hasta dos horas y que dichas obras se llevan a cabo por parte del gobierno estatal para agilizar los trabajos y evitar la lentitud en la gestión de los recursos por parte del gobierno federal.
Consideraciones
Sobre el particular, la comisión que suscribe considera pertinente aclarar que el Siave o Sistema de Aforo Vehicular posee equipo para inspeccionar vehículos en un lapso de ocho segundos. Captura la foto de la unidad y los datos de las placas que servirán para hacer un cruce de información entre las bases de datos oficiales y determinar si el automóvil tiene reporte de robo, si ha sido utilizado en algún ilícito o está boletinado, de acuerdo con un reporte oficial del Servicio de Administración Tributaria.
El sistema de control de vehículos incluye una báscula instalada en el piso con un programa de revisión del peso del vehículo para determinar si su volumen y dimensión corresponden a los estándares y, en caso contrario, enviarlo a una segunda revisión más minuciosa ante la sospecha de que pueda llevar ocultas, armas o cualquier otra mercancía ilegal.
Para ello, la unidad deberá transitar a una velocidad no mayor de 10 kilómetros por hora, a través del área de revisión que consta de un semáforo fiscal, dispositivos digitales que dan lectura a las placas, equipados con vídeo instalados en un arco, así como a un costado del carril, donde se toma una fotografía instantánea del automotor.
El Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) es uno de los proyectos de modernización que se han puesto en marcha en las veintiún aduanas fronterizas del país, a fin de que los aproximadamente 90 millones de vehículos que ingresan de Estados Unidos a México, sean sometidos a un proceso de medición de riesgo, en un tiempo promedio de ocho segundos.
Su puesta en marcha tiene el propósito de que la aduana mexicana cumpla su función de forma más eficiente en la detención de tráfico ilegal de mercancías, armas, sustancias y personas. Sin embargo, este Sistema está diseñado para una revisión de vehículo por vehículo, lo que representa la revisión de 56 vehículos por minuto, y de 3 mil 360 vehículos por hora, si todos los carriles están funcionando.
Por otra parte, cabe recordar que a las pocas semanas de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciara e implantara el Siave en algunas fronteras del país, las quejas ciudadanas por las largas filas y horas de espera estuvieron a la orden del día; sin embargo, la autoridad manifestó que existían retrasos para iniciar operaciones, producto de ajustes al sistema que opera las plumas tipo esclusas que serían calibradas por la empresa contratada para instalarlas.
Asimismo, la Comisión de Transportes no puede dejar de reconocer que Tijuana es una de las fronteras más visitadas de mundo y que los retrasos en el cruce de vehículos que ocasiona la mala implantación del Siave, se refleja en una importante merma para la economía de esa región de nuestro país, así como para el comercio, el turismo y los servicios que ingresan a nuestro territorio por dicha frontera.
Al respecto, se ha demostrado por parte del CCE que el tiempo efectivo de revisión equivale a 14 segundos, es decir, el doble de lo previsto, tiempo que se traduce hasta en casi 16 horas para cruzar la frontera y, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Asociación de Gobiernos de San Diego y el Departamento de Transporte de California, el costo de los tiempos de espera en la frontera, representan tan solo para la región Tijuana-San Diego 5.1 mil millones de dólares al año. Lo anterior, sin contar el grave problema de contaminación y deterioro ambiental que generan los vehículos.
Sin embargo, la Comisión de Transportes también conviene en señalar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleva a cabo la edificación del cruce fronterizo El Chaparral, en la misma zona de San Isidro en Tijuana, para complementar la infraestructura del cruce fronterizo ya existente.
Dicho proyecto se desarrolla en terrenos desocupados por el recinto fiscal comercial y será el nuevo acceso de vehículos ligeros a Tijuana con 19 carriles de entrada para revisión primaria y 24 espacios para revisión secundaria, triplicando con ello la capacidad actual del cruce existente en Puerta México. Contempla además la construcción de un cruce peatonal en ambas direcciones con sus respectivas instalaciones de inspección migratoria. Asimismo, con esta obra se espera despresurizar a corto plazo el tránsito local vehicular y de transporte público generado por las colonias aledañas.
Por ello, en coincidencia con la proposición del diputado Ledesma Romo, resulta fundamental que el gobierno federal considere el impacto social y económico que han tenido los retrasos a consecuencia de la instalación del Siave, y que éste no funcione al 100 por ciento hasta en tanto no entre en operación el cruce fronterizo de El Chaparral con 19 carriles.
Si bien la medida adoptada por el gobierno federal atiende a la creación de una frontera segura y competitiva, esta Comisión considera que no se puede apostar al éxito de una política pública federal en perjuicio de la dinámica fronteriza de nuestro país sin el pleno conocimiento de las necesidades de la actividad económica y social que se vive en la frontera. Resulta fundamental que la protección de la seguridad nacional se lleve a cabo sin frenar el desarrollo de las ciudades fronterizas y con el menor número de afectaciones a la frontera más transitada de México.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno el punto de acuerdo con modificaciones, honorable asamblea
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que ordene la aplicación parcial del Sistema de Supervisión y Control Vehicular en la Puerta México, hasta que se concluya la construcción del nuevo cruce internacional en el puente fronterizo El Chaparral, para aumentar los carriles de ingreso a México, a fin de evitar que la inspección vehicular en la aduana fronteriza de Tijuana afecte aún más el intercambio comercial, turístico, de negocios, y necesidades de la región.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Baja California y a las autoridades municipales de Tijuana para que redoblen los esfuerzos para concluir las obras de ampliación de los tres nuevos carriles de acceso en el cruce internacional, conocido como Puerta México, a fin de disminuir las largas filas de espera para ingresar a territorio mexicano que sólo han causado pérdidas económicas, mayor gasto de combustible y desgaste de las unidades vehiculares, afectando por igual a visitantes y residentes de Tijuana que trabajan o estudian en San Diego.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe del Servicio de Administración Tributaria para que tome las medidas necesarias a fin de que la revisión del funcionamiento y tiempos de espera vehicular conforme al Sistema de Supervisión y Control Vehicular en la Puerta México, no demora más de 5 segundos por automóvil, a efecto de proponer los ajustes que sean necesarios en la aplicación del proyecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes pase por la región de los Altos Sur, Jalisco
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar mediante la SCT que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes pase por los Altos Sur, Jalisco.
Esta comisión, que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, con número de oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0577, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal a garantizar mediante la SCT que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes, pase por los Altos Sur, jalisco, presentada por el diputado José Luis Iñiguez Gámez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en sesión celebrada el 29 de abril de 2010.
En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 29 de abril de 2010, el diputado José Luis Íñiguez Gámez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar mediante la SCT que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes pase por los Altos Sur, Jalisco.
Con fecha 29 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
1. El legislador argumenta en la exposición de motivos que “la región de Los Altos Sur, Jalisco, cuenta con 6,667 kilómetros cuadrados representando el 5 por ciento de la superficie de la entidad. Los municipios que se sitúan en esta latitud son Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo”.
2. La exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo en comento señala que en la región de Los Altos Sur, la población total alcanza 350,694 habitantes, concentrando un poco más de 5 por ciento de la población total del estado.
Bajo ese tenor, el ferrocarril constituye un medio de transporte indispensable para detonar a toda esta zona de los de Los Altos Sur Jalisco, por lo que es de alta prioridad que el proyecto del ferrocarril Guadalajara-Aguascalientes considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, con una inversión de 200 millones de dólares, en donde el esquema de financiamiento es privado, y en el que se tienen programado construir 195 kilómetros de vías férreas en el tramo El Castillo-Encarnación de Díaz pase por esta región.
3. En la proposición con punto de acuerdo determina que los impactos positivos que implica este proyecto para Los Altos Jalisco, se encuentra la creación de al menos un ferropuerto de gran escala para el manejo óptimo de cereales y productos agroalimentarios, da la posibilidad de establecer un corredor industrial para reposicionar al sector pecuario a ser aún más competitivo, favorecería a un crecimiento alternativo al agropecuario en la economía regional, se descentralizarían las actividades económicas, además de crear más y mejores empleos.
4. Concluye el legislador estableciendo que “con la creación de la vía del tren y el ferropuerto se alcanzan otras ventajas y beneficios para los productores, como lo son disminución de las tarifas de transportación férrea, compras en común de altos volúmenes de productos, ahorros en fletes y maniobras, reducción de tiempos de transportación, reducción de costos en la adquisición de insumos, y abaratamiento de granos e insumos agropecuarios”.
Consideraciones
1. Que se entiende por ferrocarril, en el sentido amplio del término, el sistema de transporte terrestre guiado sobre carriles o rieles de cualquier tipo, aunque normalmente se entiende que los rieles son de acero o hierro, que hacen el camino o vía férrea sobre la cual circulan los trenes. Dentro de esta clasificación se incluyen medios de transporte que emplean otros tipos de guiado, tales como los trenes de levitación magnética.
El ferrocarril forma parte de una amplia gama de transporte terrestre en todo el mundo, ya sea marítimo y aéreo que, en su conjunto, permite y realiza el transporte de personas y mercancías del lugar donde se encuentran al lugar donde quieren ir o donde son necesarias. En la actualidad se emplea una conjunción de medios (marítimos, carreteros, ferroviarios, etcétera) actuando coordinadamente para este fin.
2. Que desde su origen el ferrocarril ha sido un importante medio de transporte para el movimiento de carga y pasajeros, ha contribuido a los procesos de expansión de una infraestructura industrial y a impulsado el desarrollo regional al abrir enlaces de comunicación.
Sin embargo, la Infraestructura Ferroviaria, ha quedado abandonada en nuestro país, ocasionando un alto rezago en el que la cobertura y explotación de la misma no existe en todo nuestro país.
3. Que en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, el Ejecutivo federal estableció que “la infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las Naciones están claramente correlacionadas con el grado de desarrollo de su infraestructura. Los países con que competimos están dando la más alta prioridad a la modernización de su infraestructura, porque saben que es una condición para triunfar en la economía global. México no puede ni debe quedarse atrás”.
Asimismo, en ese mismo programa nacional, dentro del apartado referente a “visión sectorial”, se aducen las siguientes estrategias:
I. Ampliar el sistema ferroviario promoviendo la sustitución de la estructura radial por una estructura de red que mejore su conectividad.
II. Desarrollar corredores multimodales para hacer más eficiente el transporte de mercancías, dando especial atención a los corredores que unen a los puertos del Pacífico con los del Atlántico y con las fronteras.
III. Impulsar el desarrollo de trenes suburbanos de pasajeros que reduzcan de manera significativa el tiempo de traslado de las personas entre sus hogares y sus centros de trabajo y estudio.
IV. Atender los problemas de interconexión ferroviaria en puertos, fronteras y zonas metropolitanas.
V. Mejorar la convivencia del ferrocarril en las zonas urbanas.
Sin embargo, a pesar de que en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, se propone ampliar el sistema ferroviario, desarrollar corredores multimodales, atender problemas de interconexión ferroviaria en puertos y fronteras, aún queda mucho por hacer, considerando que el transporte ferroviario puede incrementar la calidad de vida de las poblaciones aledañas, así como mejorar la logística traducida en incremento al comercio internacional y por ende fomento a la economía nacional.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno de la honorable asamblea el punto de acuerdo:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el proyecto considerado en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 del ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes pase por la región de Los Altos Sur del estado de Jalisco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud, Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revocar la concesión de Ferrosur, SA de CV, actualmente Ferromex, y a solicitar la donación de los segmentos de vía en desuso y abandonados del tramo San Antonio Nanahuatipan-Oaxaca de Juárez
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferrosur, SA de CV, actualmente Ferromex, así como solicitar la donación de los tramos de vía en desuso y abandonadas del tramo comprendido a partir de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión que suscribe de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con número de oficio D.G.P.L. 61-II-6-0585, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal a revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferrosur, SA de CV, actualmente Ferromex, así como solicitar la donación de los tramos de vía en desuso y abandonadas del tramo comprendido a partir de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la ciudad de Oaxaca de Juárez, presentada por la diputada Martha Ifigenia Martínez y Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2010.
En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 30 de septiembre de 2010, la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno federal, revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferrosur, SA de CV, actualmente Ferromex, así como solicitar la donación de los tramos de vía en desuso y abandonadas del tramo comprendido a partir de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Con fecha 30 de septiembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
1. Establece la Legisladora en la exposición de motivos del punto de acuerdo en comento que “el 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, como parte del proceso de desincorporación de bienes públicos del Estado que no supieron utilizarse en beneficio de la nación. Este hecho se sumó a una estrategia implantada con la supuesta finalidad de hacer más eficiente el sistema ferroviario nacional de carga y de pasajeros”.
2. En noviembre de 2004 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria y las bases correspondientes a la licitación para concesionar la operación de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros. Por ello, después del proceso mencionado, la misma Secretaría otorgó el título de concesión el 11 de octubre de 2005 a favor de Ferrosur, SA de CV (hoy Ferromex), con una vigencia de 30 años.
3. Por otra parte, señala la exposición de motivos que “la situación operativa de la línea Sur-Oaxaca se caracteriza por lo siguiente: el concesionario opera la línea sólo parcialmente; y en el caso del tramo Sánchez-Oaxaca no se brinda ningún servicio, lo que ha ocasionado que el robo de rieles, durmientes y accesorios se dé con frecuencia”.
Ante la situación, la SCT como autoridad reguladora, ha buscado poner una solución y que el concesionario opere con respeto de lo establecido en el título de concesión.
4. Concluye el legislador la exposición de motivos considerando que: algunas autoridades municipales del estado de Oaxaca han firmado un acuerdo de colaboración intermunicipal con el objetivo de invertir recursos en la construcción de un camino rural sobre la vía en desuso, el cual servirá para tener intercomunicación y desarrollar una política de desarrollo regional. Asimismo, se prevé la venta de los desechos ferroviarios y el ingreso de éstos canalizarlo para realizar obras en beneficio de los habitantes de los municipios y de su actividad productiva.
“Este camino será el detonante de la regeneración de la actividad.”
Consideraciones
1. Que el servicio de transporte ferroviario es de competencia federal y las vías férreas que se utilizan para su prestación son consideradas vías generales de comunicación cuando se cumple con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que a la letra dice:
Artículo 3. Las vías férreas son vías generales de comunicación cuando:
I. Comuniquen entre sí a dos o más entidades federativas;
II. En todo o parte del trayecto, estén dentro de la zona fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo de las costas, con excepción de las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país y que no operen fuera de los límites de las poblaciones, y
III. Entronquen o conecten con alguna otra vía férrea de las enumeradas en este artículo, siempre que presten servicio al público. Se exceptúan las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país.
Son parte integrante de la vía general de comunicación ferroviaria el derecho de vía, los centros de control de tráfico y las señales para la operación ferroviaria.
Artículo 4. Son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares.
Corresponderá a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.
En todo caso, las autoridades que conozcan de las controversias proveerán lo necesario para que no se interrumpa la prestación del servicio público de transporte ferroviario.
De lo anterior, se desprende que siendo de jurisdicción federal las vías de comunicación ferroviarias, son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como vigilar, regular y cancelar el cumplimiento de los títulos de concesión mediantes los cuales se presta dicho servicio, como lo establece el artículo 6 del mismo ordenamiento legal.
Artículo 6. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
...
II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación.
2. Que el diseño estratégico de la apertura a la inversión privada del sistema ferroviario nacional, incluyó por una parte, un esquema de segmentación regional con tres ferrocarriles: a) Ferrocarril del Pacífico del Noroeste, hoy Kansas City Southern México; b) Ferrocarril del Pacífico Norte, hoy Ferromex; y c) Ferrocarril del Sur, hoy Ferrosur. Por la otra, un conjunto de “líneas cortas”, entre las que pueden citarse línea Coahuila-Durango, ferrocarril Chiapas-Mayab, ferrocarril chihuahua-Pacífico, ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y línea Sur-Oaxaca.
Por cada una de esas unidades de negocio, el gobierno federal otorgó los respectivos títulos de concesión. Para el caso de los tres ferrocarriles troncales, las concesiones son por 50 años prorrogables por otro periodo igual. Las concesiones se otorgaron exclusivamente para el servicio público de carga. En el caso de las “líneas cortas”, el esquema de concesión es de 30 años, prorrogable por un periodo igual. Algunas diferencias entre las “líneas cortas” se refieren a que en los casos del ferrocarril Chihuahua-Pacífico y de la línea Sur-Oaxaca, las respectivas concesiones incluyen tanto el servicio público de carga como el de pasajeros. Adicionalmente, para el caso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la concesión fue para una empresa paraestatal del gobierno federal.
3. Que las concesiones otorgadas se dieron a través de licitación pública internacional, que se destinaron a los tres ferrocarriles troncales. Posteriormente, se fueron dando los correspondientes a las “líneas cortas”.
En el caso específico de la “línea corta” Sur-Oaxaca, esta unidad de negocios cubre turas de los estados de México, Morelos, Oaxaca y Puebla, y conecta con la terminal ferroviaria del valle de México.
Asimismo, Ferrosur obtuvo la concesión de la línea Sur-Oaxaca, la empresa fue adquirida por Ferromex. Si bien este proceso de compra o fusión todavía presenta cuestionamientos legales por la Comisión Federal de Competencia, Ferrosur opera conforme a las directrices de Ferromex.
4. Que ante la situación, la SCT como autoridad reguladora ha buscado poner una solución y que el concesionario opere con respeto de lo establecido en el título de concesión.
5. No obstante lo anterior y en el entendido de que es claro que la intervención oportuna y adecuada de la SCT para solucionar la problemática planteada por la proposición sometida a esta dictaminadora redundará en una mejoría en las condiciones del transporte público y las comunicaciones de las comunidades afectadas, es menester realizar precisiones al acuerdo que se emite, toda vez que la proposición habla de la posible revocación de una concesión a Ferromex cuando quién formalmente es titular de la citada concesión es la empresa Ferrosur, SA de CV.
6. En tal sentido, es necesario precisar que si bien Ferrosur, SA de CV, al no explotar ni prestar el servicio ferroviario en el tramo comprendido entre la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la Ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca tal empresa está incurriendo en una causal que podría tener como consecuencia la revocación de la concesión que le fue otorgada, también es cierto que está Soberanía desconoce las razones y circunstancias específicas por las cuales no se presta el servicio público de transporte ferroviario en el tramo ya mencionado, así como si tal circunstancia es de conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y si dicha dependencia ha ya tomado, o no, las medidas que resulten aplicables.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo con modificaciones:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revise la situación jurídica y operativa que guarda la concesión otorgada a Ferrosur, SA de CV, respecto de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y pasajeros en dichas vías y, de existir fundamento jurídico para ello, se revoque el Título de Concesión respectivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de diciembre de 2010.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud, Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García, María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar medidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a tomar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Transportes fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con número de oficio D.G.P.L. 61-II-2-545, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a tomar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional, presentada por la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el día 28 de abril de 2010.
En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 28 de abril de 2010, la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a tomar a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional.
Con fecha 28 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
1. Establece la Legisladora en la exposición de motivos del punto de acuerdo en comento que: “en relación con la prestación de este servicio de autotransporte, tanto de pasajeros como de turismo se han detectado un sinnúmero de casos de empresas que, sin reunir con los requisitos que exigen las normas oficiales, se dedican a la prestación de tales servicios”.
2. Asimismo, las empresas conocidas como “piratas” o quienes se dedican a esta actividad, al hacerla apartada de las normas aplicables al caso, evidentemente no prestan ni la más mínima preocupación o consideración en que las con las que prestan el servicio cuenten con las especificaciones técnicas mínimas que exigen el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, ello sin dejar de mencionar que tampoco se contrate una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros o póliza de seguro de viajero, lo que incluso ha traído como saldo numerosos accidentes.
3. Finalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de su programa de trabajo 2009, en el cual contempla abatir la irregularidad de vehículos, principalmente dedicados al servicio de pasaje regular, a efecto de contar con un servicio moderno y confiable, en un entorno de certidumbre jurídica y competitiva, empero, no se señala medidas eficaces tendientes a solucionar la problemática de los autotransportes “pirata”.
Consideraciones
1. De la misma forma, resulta importante tomar en consideración, que este precepto, pero en su fracción XII también contempla el concepto de terminales, definiéndolas como las instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de viajeros, y en su fracción XIII establece la definición de tránsito como la circulación que se realice en las vías generales de comunicación.
Ahora bien, en relación con la presentación de este servicio de autotransporte, tanto de pasajeros como de turismo se han detectado un sinnúmero de casos de empresas que, sin reunir con los requisitos que exigen las normas oficiales, se dedican a la prestación de tales servicios.
Esta situación que de por si es problemática en virtud de realizarse al margen de los marcos legales, también traen repercusiones en ámbitos de índole de seguridad de quienes lo utilizan, así también como en lo económico y pérdida del empleo.
2. En algunos estados de la República Mexicana, pequeñas centrales camioneras “pirata” operan, donde salen autobuses en condiciones deficientes, repletos de migrantes.
Aunque estas empresas ofrecen tarifas por debajo de las que mantienen las líneas regulares que operan en las centrales camioneras, incumplen con requisitos como los seguros de viajero, arcos detectores de armas, exámenes para los operadores y revisión mecánica de las unidades.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno el siguiente punto de
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura exhorta al Ejecutivo federal a tomar, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las medidas pertinentes para detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses pirata en el territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar la propuesta de exentar del pago de peaje el servicio de transporte escolar
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar la propuesta de exentar del pago de peaje al servicio de transporte escolar.
La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ella realizaron los miembros, presenta a esta a asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión que suscribe de Transportes fue turnado para estudio y dictamen el expediente número 61-II-6-0663, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar la propuesta de exentar del pago de peaje al servicio de transporte escolar, presentada por el diputado Roberto Pérez de Alva, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en sesión celebrada el 28 de octubre de 2010.
En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 28 de octubre de 2010, el diputado Roberto Pérez de Alva, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar la propuesta de exentar del pago de peaje al servicio de transporte escolar.
Con fecha 28 de octubre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
1. La problemática que padecen los estudiantes de bajos recursos que se encuentran alejados de sus centros de estudio, independientemente del nivel educativo que estén cursando, radica en que no obstante se han organizado para rentar o comprar transportes escolares que los trasladen a sus centros de estudio que muchas veces se encuentran a varios de cientos de kilómetros, tienen que pagar diariamente los derechos por el uso de carreteras que se exige en las casetas de peaje, en los dos sentidos de su cotidiano traslado.
2. El resultado de lo anterior es que la asistencia a la escuela se hace muy cara para los modestos ingresos familiares y, por ello, tenemos el grave problema de que la gente en edad de estudiar va a la escuela cuando puede, su asistencia y educación es irregular y la gran mayoría deserta antes de cumplir los 12 años de escolaridad obligatorios.
3. A lo largo de los años hemos visto que una de las respuestas más comunes de los gobiernos federal, estatales y municipales respecto a la inasistencia escolar en zonas aisladas y marginadas, ha sido instrumentar políticas de construcción de caminos que comuniquen las comunidades aisladas con sus cabeceras municipales y estos a su vez con la capital del estado donde se encuentran aglomerados los centros de estudio.
4. Esta política ha representado un avance importante, sin embargo, consideramos que las posibilidades de acción no debe limitarse al mantenimiento, modernización o construcción de caminos, ya que su sola existencia no garantiza que los alumnos acudan a la escuela.
Consideraciones
1. La educación en México representa la puerta más segura al desarrollo y al progreso de sus ciudadanos, asimismo, la fuerza que convoca a las familias y a las comunidades para construirse un mejor futuro.
2. La política educativa actual, conlleva el compromiso de elevar la calidad de la educación, abatir disparidades de atención, acentuar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, brindar una educación integral que equilibre la generación de valores ciudadanos, y la adquisición de competencias y conocimientos. Así, el gobierno federal, se ha propuesto brindar una educación relevante, pertinente y útil, que promueva el desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida de los mexicanos.
3. De conformidad con el cuarto informe de labores de la presente administración, uno de los compromisos más fuertes de este gobierno federal, es la educación, no sólo por lo que representa para México en el terreno económico, social, científico y cultural sino por lo que significa también para la formación de mejores ciudadanos, más capaces, críticos y participativos.
4. Ahora bien, de la exposición de motivos de la presente propuesta se desprende que muchas de las carreteras de cuota, que actualmente son utilizadas como la única vía para llegar a los centros educativos, ocasionan el incremento del costo del servicio de transporte, afectando consecuentemente la economía de las familias. Por ello, el objetivo principal que se persigue con la presente proposición con punto de acuerdo es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la de Hacienda y Crédito Público, considere la propuesta de exentar del pago de peaje a los transportes escolares, que provienen de zonas alejadas de sus centros de estudio en los dos sentidos de su cotidiano traslado y que requieren circular por la red nacional de carreteras de cuota para llegar a su destino, esto durante todo el año escolar y evitando desproteger a los usuarios en cuestión, de los beneficios de los seguros carreteros correspondientes.
5. Por ello, la Comisión de Transportes considera vital el contenido de la presente propuesta, toda vez que al exentar del pago de cuotas de peaje a los transportes escolares, se reducirían los costos evidentemente para aquellos estudiantes, que no cuenten con los recursos suficientes y que se encuentren alejados de su centro de estudio.
6. Por lo expuesto, la Comisión de Transportes considera viable la presente proposición con punto de acuerdo, toda vez que en ella se plantea exhortar al Ejecutivo federal a considerar a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público exentar del pago de peaje durante todo el año escolar a los transportes escolares que provengan de zonas alejadas de su centro de estudio en ambos sentidos de su cotidiano traslado, y que requieran circular por el tramo carretero respectivo de la red nacional de carreteras de cuota, bajo operación de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para llegar a su destino.
Asimismo, en caso de que las vías de comunicación sean de competencia estatal o se encuentren concesionadas a particulares, se exhorta a las autoridades federales citadas, a que lleven a cabo las negociaciones con los titulares de los derechos para sensibilizarlos sobre la problemática y que éstos consideren de igual forma la exención del pago de peaje a los transportes escolares que provienen de zonas alejadas de su centro de estudio en ambos sentidos, de su cotidiano traslado, durante todo el año escolar.
Por lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a consideración de la asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a considerar exentar del pago de peaje durante todo el año escolar a los vehículos de transporte escolar en ambos sentidos de su traslado, y que requieren circular por la red nacional de carreteras de cuota, bajo operación de Caminos, Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo negociaciones con los particulares, los estados y los municipios que tengan a su cargo títulos de concesión para operar y explotar caminos federales, de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de considerar la exención del pago de peaje a los vehículos de transporte escolar en los dos sentidos de sus traslado, durante todo el año escolar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, a 14 de diciembre de 2010.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a designar un comisionado especial para atender y resolver en definitiva los conflictos agrarios en Morelos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Reforma Agraria le fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria, a que designe un delegado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios más graves que existen en el estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De conformidad con los artículos 39, numeral 3, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 80, 81, 82, 84, 85, 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados la Comisión de Reforma Agraria somete a su consideración el dictamen que se realiza con base en los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010, el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, tuvo conocimiento de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria, a que designe un delegado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios más graves que existen en el estado de Morelos presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. Con la misma fecha, con oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0775, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Reforma Agraria el duplicado del expediente número 3687 conteniendo esta propuesta, para análisis, estudio y emisión de dictamen.
3. Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica de esta Comisión de Reforma Agraria distribuyó copia del expediente a los diputados integrantes para su conocimiento, análisis y opinión para dictamen.
4. En sesión ordinaria celebrada el lunes 31 de enero de 2011, la Comisión de Reforma Agraria, previa distribución del expediente entre los diputados integrantes por su Mesa Directiva, e integración de las opiniones recibidas con suficientes días de anticipación, sometió a análisis y aprobación la propuesta de dictamen, misma que fue aprobada.
Contenido de la propuesta
En las consideraciones de su proposición con punto de acuerdo, el diputado promovente, anota que en el estado de Morelos se registran añejos problemas de límites territoriales con los estados de México, Puebla y Guerrero y que tienen casi desde la fundación del estado, pues Morelos formaba parte del estado de México.
Son los comuneros y ejidatarios –afirma– quienes reclaman sus tierras, que consideran pertenecen al estado de Morelos y la Delegación de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, no han tomado las determinaciones sobre los casos que los comuneros y ejidatarios han puesto a su consideración.
Esta falta de atención hace latente que existan graves problemas agrarios. Estos ascienden a 21 problemas entre conflictos agrarios, invasiones, asentamientos irregulares y conflictos internos, entre estos problemas el del municipio de Temoac es ya uno de los conflictos más serios pues reclaman más de mil hectáreas del estado de Puebla.
En el año 2008, el secretario de la Reforma Agraria y el gobernador de Morelos, firmaron el convenio de coordinación para resolver, los cuatro conflictos agrarios más importantes en el estado de Morelos que se originaron en problemas de indefinición de límites y posesión de tierras, en los cuales se involucran 3 mil 200 hectáreas.
A pesar de este convenio subsisten lamentablemente los conflictos enumerados y que son: 1) Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán contra San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco, 2) Tlayacapan contra San José de los Laureles, 3) el municipio de Jiutepec (Tejalpa) contra el municipio de Tepoztlán (Santa Catarina), 4) Ejido de Jiutepec contra el ejido Emiliano Zapata.
No tener a la fecha una respuesta favorable para los comuneros involucrados, trae consigo problemas entre las comunidades, que en algunos casos han llegado a la violencia, sin que las autoridades municipales, estatales y federales logren intervenir decidida y definitivamente a dar una solución final, a través de las instituciones correspondientes.
Consideraciones
Primero. Uno de los objetivos centrales de la reforma del marco legislativo agrario de 1992, fue la procuración y administración de justicia en el campo. Esta reforma a la legislación agraria, se fundamentó en la consideración de “apremiante” y “una solicitud reiterada de los campesinos” la solución de conflictos limítrofes ancestrales.
Segundo. Una de las reformas más relevantes de esta transición fue la creación de un órgano de procuración de justicia agraria y de una aparato de justicia de gran alcance para resolver los conflictos en el campo mexicano, los tribunales agrarios. La Ley Agraria derivada de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 constituye la mayor evolución en cuanto a establecer vías para la solución de conflictos agrarios.
Tercero. La reforma incorporó cambios trascendentales en materia de justicia agraria. La transformó de su carácter administrativo para convertirla en justicia agraria jurisdiccional creando por primera vez en la historia de México, los Tribunales Agrarios y la respectiva regulación de los procedimientos respectivos. Todo ello para hacer ágil y eficiente la defensa y protección de los derechos de los hombres del campo.
Cuarto. Pero desde sus orígenes, el nuevo modelo de procuración y administración de justicia agraria fue invadido por controversias agrarias en las que predominan los conflictos individuales o que involucran derechos individuales en proporciones muy superiores a las controversias agrarias que involucran derechos colectivos de los ejidos y comunidades. Desde la primera década de actuación de la Procuraduría Agraria en el marco de este modelo de justicia agraria, pudo observarse que los conflictos agrarios que se refieren a límites territoriales entre ejidos y comunidades no superaban el tres por ciento.
Quinto. Por su parte, en los tribunales agrarios, a dieciocho años de su fundación se han operado cambios significativos en el número y tipo de asuntos que han atendido y que actualmente atienden. En los primeros años, su desempeño se centraba en la atención a los problemas relacionados con la ejecución de sentencias pendientes sobre acciones de dotación y ampliación de tierras, pero desde aproximadamente 1997 hasta el presente, la actuación de los tribunales opera principalmente en la atención de asuntos de controversias en materia agraria sobre todo de tipo individual.
Sexto. En el año 2010, la Procuraduría Agraria programó una meta de 20 mil 500 acciones de conciliación en materia de procuración de justicia agraria, los Tribunales Agrarios en ese año tenían 39 mil 789 asuntos en trámite. Agrupando estos datos como conflictos en atención por las instancias de procuración y administración de justicia agraria y suponiendo que fueran diferentes estarían en atención 60,289 conflictos agrarios, de los cuales, los 521 que según la exposición de motivos del diputado promovente tiene identificados como conflictos agrarios la Secretaría de la Reforma Agraria, sólo representan el 0.0086 por ciento.
Séptimo. Como puede observarse, existe una colosal desproporción entre los conflictos agrarios que son los más relevantes para el país por sus efectos en la paz social y aquellos que son de interés más individual que colectivo y parece ser, que reiteradamente una y otra vez, tan frecuente como sea posible es preciso llamar la atención tan vigorosamente como se pueda para lograr que la actuación institucional del modelo de justicia agraria se centre en mayor medida y a la mayor brevedad, en lo que es importante y trascendente para el país y particularmente para los campesinos de México, porque sigue siendo “apremiante” y “una solicitud reiterada de los campesinos” la solución de conflictos limítrofes ancestrales.
Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Reforma Agraria somete a la respetable consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a que designe un comisionado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios en: 1) Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán contra San Miguel Huepalcalco, municipio de Ocuituco, 2) Tlayacapan contra San José de los Laureles, 3) el municipio de Jiutepec (Tejalpa) contra el municipio de Tepoztlán (Santa Catarina), 4) Ejido de Juiltepec contra el ejido Emiliano Zapata en el estado de Morelos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2011.
La Comisión de Reforma Agraria
Diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz, María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Felipe Cervera Hernández, Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, Héctor Fernández Aguirre, Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velazco Monroy, Fernando Santamaría Prieto, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Gumersindo Castellanos Flores, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Manuel Marroquín Toledo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica).
De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario a analizar la viabilidad de reubicar el Unitario Agrario del distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Reforma Agraria le fue turnada proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario para que reubique el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De conformidad con los artículos 39, numeral 3, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 80, 81, 82, 84, 85, 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a su consideración el dictamen mediante el cual se aprueba el punto de acuerdo antes mencionado, que se realiza bajo los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2010, el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, tuvo conocimiento de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario para que reubique el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. Con la misma fecha, con oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0739, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Reforma Agraria el duplicado del expediente número 3483 conteniendo esta propuesta, para análisis, estudio y emisión de dictamen.
3. Con fecha 15 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica de esta Comisión de Reforma Agraria distribuyó copia del expediente a los diputados integrantes para su conocimiento, análisis y opinión para dictamen.
4. En sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2011, la Comisión de Reforma agraria, previa distribución del expediente entre los diputados integrantes por su mesa directiva, e integración de las opiniones recibidas con suficientes días de anticipación, sometió a análisis y aprobación la propuesta de dictamen, misma que fue aprobada.
Contenido de la propuesta
En su exposición de motivos, el diputado autor de la propuesta, comenta que los Tribunales Agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para impartir justicia agraria en el territorio nacional a los núcleos agrarios, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cabe mencionar que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, atiende a 44 municipios de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 atiende a 20 municipios del estado de San Luis Potosí, concentrándose el mayor trabajo de justicia agraria en esa entidad federativa.
En estos 44 municipios se concentran 1,554 núcleos agrarios, de los cuales 1,322 son ejidos y 232 son comunidades, como se muestra en el siguiente cuadro:
Como se observa en los datos presentados y con el propósito de eficientar el adecuado desarrollo de las funciones jurisdiccionales, se propone la reubicación del Tribual Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a fin de que los juicios agrarios sean atendidos eficaz y expeditamente, dada la importancia, jurisdicción e influencia que se tiene en los núcleos agrarios de San Luís Potosí.
Consideraciones
En el análisis de la propuesta se hicieron las siguientes consideraciones:
Primera. El 6 de enero de 1992, se publicó la reforma del artículo 27 Constitucional. Entre uno de sus objetivos se identifica el de lograr una justicia real y de rápida ejecución en el campo. Nacieron con ella, los Tribunales Agrarios y la Procuraduría Agraria. Los Tribunales Agrarios están encargados desde esa reforma, de impartir la justicia agraria de manera ágil, con el fin de resolver los problemas que aquejan a los campesinos, así se asienta de manera clara en su Ley Orgánica.
Segunda. La Ley Orgánica en sus artículos 5o., 8o. fracciones I y II y 18 y el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, tienen por objeto definir la estructura orgánica de estos tribunales, mediante el establecimiento de las bases de organización y funcionamiento de los mismos. Los Tribunales Agrarios se dividen de conformidad con estos ordenamientos en Tribunales Unitarios Agrarios y Tribunal Superior Agrario.
Tercera. Los Tribunales Unitarios Agrarios son competentes, según esta legislación, para conocer, entre otros asuntos, de las controversias que surjan por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, y entre éstos y pequeños propietarios o sociedades, del reconocimiento del régimen comunal; la restitución de tierras, bosques y aguas a núcleos de población ejidal o comunal y las controversias en materia agraria entre los sujetos agrarios, así como entre éstos y los núcleos de población ejidal o comunal.
Cuarta. En cuanto a la organización de los Tribunales Unitarios Agrarios, es el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios el que específicamente tiene por objeto definir las bases de organización y funcionamiento de los mismos, según su artículo primero. Y de conformidad con su artículo 46, el Tribunal Superior Agrario hará la división del país en distritos de justicia agraria en los que ejercerán su jurisdicción los tribunales unitarios, tomando en cuenta los volúmenes de trabajo, los distritos podrán comprender una o más entidades federativas o regiones de éstas.
Quinta. Es pues, el volumen de trabajo, la base legal para determinar el distrito judicial agrario. A la fecha existen 49 Tribunales Unitarios Agrarios ubicados en todo el país y 2 subsedes: una subsede en Aguascalientes correspondiente al distrito judicial 1 ubicado en Zacatecas, Zacatecas, y otra subsede en Campeche, correspondiente al distrito judicial 34 de Mérida Yucatán.
Sexta. En cuanto al volumen de trabajo, el distrito judicial 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, no forma parte de los 21 distritos judiciales que concentran el mayor volumen de trabajo y que encabeza el distrito judicial 46 con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, que al mes de agosto de 2010 tenía 1,416 asuntos en trámite. En cambio, el distrito judicial 30 con sede en Ciudad Victoria Tamaulipas, sí está en el grupo de los distritos judiciales de mayor concentración con 807 expedientes. Si a este volumen de trabajo, se le suma el del distrito judicial 43 con sede en Tampico, que son a la misma fecha 662, los dos distritos judiciales suman un volumen de trabajo de 1,469 expedientes, un volumen mayor, al del distrito judicial de mayor concentración, el de Huajuapan de León, Oaxaca.
Séptima. No es pues, el número de municipios el que determina la ubicación de los distritos judiciales, sino el volumen de trabajo. El distrito judicial 43, encabeza el grupo de aquellos que al mes de agosto de 2010, registraron los menores volúmenes de trabajo.
Octava. Por último, el distrito judicial 43 se ubicó en Tampico, Tamaulipas, recientemente, el 12 de noviembre de 2007 fecha en que entró en vigor el acuerdo del Tribunal Superior Agrario de fecha 13 de septiembre de 2007 que modificó el diverso aprobado de fecha 16 de agosto del mismo año, trasladando este distrito judicial con la misma competencia territorial, de su sede en Pánuco, Veracruz, a su ubicación actual. Pero También, mediante el mismo acuerdo, se trasladó el distrito judicial 45 con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a otra ubicación. Es decir, Ciudad Valles ya tuvo un Tribunal Unitario Agrario, pero que atendiendo al mismo criterio, “los volúmenes de trabajo y requerimientos de este importante servicio público, el Tribunal Superior Agrario tomó en cuenta para su reubicación.
En razón de lo expuesto, esta Comisión de Reforma Agraria somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Tribunal Superior Agrario para que analice la viabilidad de reubicar el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a fin de eficientar las actividades y la justicia agraria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2011
La Comisión de Reforma Agraria
Diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz, María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera, Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno capitalino a analizar la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula los vehículos con permiso de internación temporal
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 numeral 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado, para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-5-716, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal, presentada por el diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 28 de abril de 2010, el diputado Gumercindo Castellanos Flores presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emitiera el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
A través del oficio D.G.P.L. 61-II-5-739, la Mesa Directiva modificó el trámite anterior y ordenó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión del Distrito Federal con opinión de la Comisión Especial de la industria automotriz.
2. El 14 de diciembre de 2010, la Comisión Especial de la industria automotriz remitió a esta dictaminadora la opinión sobre la proposición con punto de acuerdo de referencia, en la cual “se pronuncia a favor de la iniciativa presentada por el diputado Gumercindo Castellanos Flores”.
3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, el diputado expone que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan nuestros connacionales al ingresar con su vehículo al Distrito Federal, es que son sujetos de extorsiones por parte de los oficiales de tránsito bajo el argumento de que están violando el programa Hoy no Circula, el cual desconocen por falta de información. Esto se ha convertido en una limitante para que nuestros paisanos ingresen a la capital, ya sea para realizar actividades turísticas o para visitar a sus familiares o amigos.
4. El proponente afirma que el Gobierno del Distrito Federal no tiene bien informada a la ciudadanía respecto a las disposiciones establecidas en el programa Hoy no Circula, lo que genera confusión e incrementa el número de paisanos que son extorsionados por los policías de tránsito bajo la amenaza de que serán remitidos al corralón por violar dicho programa.
5. El diputado manifiesta que el programa Hoy no Circula exenta a diversos vehículos, como son: los que portan la calcomanía doble cero, los destinados a prestar servicios médicos, seguridad pública, rescate, protección civil, servicios urbanos, entre otros. Por lo tanto, considera que también deben exentarse los vehículos extranjeros que porten permiso temporal a fin de apoyar a los paisanos que deseen visitar la zona metropolitana de la Ciudad de México.
6. Con el propósito de impulsar medidas que generen confianza en nuestros connacionales, el diputado propone lo siguiente:
a) Exhortar al gobierno del Distrito Federal para que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal.
b) Exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que realice una investigación y se deslinden responsabilidades a los agentes de tránsito que abusan y extorsionan a los conductores con placas extranjeras que circulan por su jurisdicción.
c) Exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que realice una investigación sobre el servicio que presta la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, ya que se han encontrado respuestas de intolerancia, despotismo y maltrato a la gente que llama por teléfono para pedir información sobre el programa Hoy no Circula.
Consideraciones
I. La comisión dictaminadora, tomando en cuenta el criterio emitido por la comisión opinante, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la inclusión de los vehículos que cuentan con permiso de importación temporal dentro de las causales de exclusión del programa Hoy no Circula.
III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:
Actualmente, todos los vehículos automotores ligeros de servicio particular y de carga (automóviles, camionetas tipo van y pick up) con placas de circulación del extranjero, que no porten el holograma de verificación vehicular “doble cero” o “cero”, deberán limitar su circulación de lunes a viernes de las 05:00 a.m. a las 11:00 a.m. En caso de incumplir con esta disposición, la policía del Distrito Federal remitirá al depósito vehicular a dichos vehículos con la multa correspondiente (20 días de salario mínimo, además de los costos del arrastre y piso derivados del envío del vehículo al depósito vehicular).
En el marco del programa Paisano, esta restricción sólo se suspende a finales de año como consecuencia de los acuerdos firmados entre la Secretaría del Medio Ambiente de la capital y el gobierno federal. Por ejemplo, del 1 de diciembre de 2010 al 9 de enero de 2011, los vehículos con placas extranjeras pudieron circular libremente, sin cumplir con el programa Hoy no Circula.
IV. Para emitir su opinión, la Comisión Especial de la industria automotriz tomó en cuenta el documento titulado Eficiencia del programa Hoy no Circula, el cual fue realizado por el Centro de Investigación y Análisis.
En dicho estudio se ilustran las ventajas y la eficiencia del programa en cuestión, así como el estimado del aforo vehicular que circula diariamente en la zona metropolitana. Igualmente, se muestra la relación que guarda la calidad del aire con la implementación del programa a través de los niveles del Imeca. Todo ello con el propósito de evaluar el saldo de los efectos derivados de la proposición objeto de análisis.
Los resultados del mencionado estudio fueron favorables a la proposición de mérito, mismos que a continuación se resumen:
– Al año 2010, en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) se estimó una flota vehicular de 4,033,873 vehículos. De ellos, el 89.4 por ciento son utilizados como unidades de transporte de pasajeros individual (autos particulares, taxis y motocicletas); 2.6 por ciento son unidades de transporte público de pasajeros (combis, microbuses y autobuses); y 8 por ciento es utilizado como transporte de carga (pick up, vehículos menores a 3 toneladas, tracto camiones y vehículos mayores a 3 toneladas).
– Del aforo vehicular total, en la ZMVM se verifican 3,676,185 unidades. De estos vehículos, el 60 por ciento está exento del programa Hoy no Circula (por haber obtenido los engomados de verificación cero o doble cero), mientras que el 40 por ciento restante presenta una restricción a la circulación un día a la semana (de lunes a viernes) por contar con holograma “dos”.
– Los resultados del programa Hoy no Circula son muy pobres comparados con los costos, ya que el programa ha propiciado la adquisición de más vehículos por familia a fin de resolver el problema de no contar con un vehículo el día que el auto principal sale de circulación (una encuesta muestra que el 46 por ciento de los automovilistas que tenían más de un vehículo en el año 2005 lo adquirieron con la finalidad de eludir el programa). Esta situación ha limitado los beneficios del programa porque los vehículos alternos son, por lo general, menos recientes y, por tanto, tienen tecnología anticontaminante menos eficiente en su diseño.
– En su análisis, el investigador Héctor Riberos Rotgé comenta que:
a) Las calcomanías cero y doble cero derogan el Programa, evitando que las autoridades tengan que reconocer el error de su implementación.
b) El Hoy no Circula debe ponerse en marcha sólo cuando ocurran contingencias ambientales, por lo que tampoco debió implementarse los sábados para los autos con holograma dos.
c) La cancelación del programa mostraría un gobierno sensible a los efectos de sus decisiones.
– En lo que respecta a la calidad del aire, el programa tiene muy poca injerencia sobre los niveles de la calidad de aire, ya que el otorgamiento de las calcomanías cero y doble cero tienden a reducir sus alcances.
– Por lo que hace a los ingresos derivados del turismo, se observa un mayor beneficio para la ciudad y la zona metropolitana: la derrama económica derivada del turismo en el Distrito Federal se estimó para el año 2010 en 1,500 millones de dólares y más de 2,500 millones si se suman los municipios conurbados.
– Sólo el 6 por ciento de los turistas que visitan la ciudad lo hacen en vehículos particulares, lo que permite pronosticar un escaso incremento tanto en los niveles de contaminación como en el incremento del número de vehículos en circulación.
– Los permisos de importación temporal de vehículos son sólo por 180 días para mexicanos con residencia legal (o por el tiempo que dure la calidad migratoria para el caso de extranjeros). Después de esos plazos, los vehículos deben regresar a su país de origen para evitar las sanciones correspondientes.
V. Con base en el análisis de los datos proporcionados por el Centro de Investigación y Análisis, la Comisión Especial de la industria automotriz se pronunció a favor de la iniciativa presentada por el diputado Gumercindo Castellanos Flores para exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal.
Esta dictaminadora coincide con la determinación de la comisión especial, considerando que los beneficios económicos que genera el turismo son mayores a los efectos causados en los niveles de contaminación por la internación de vehículos extranjeros, los cuales son mínimos de acuerdo al estudio antes citado.
VI. Por lo que hace a los resolutivos segundo y tercero de la proposición, esta comisión refrenda su compromiso por combatir la corrupción en todos los órdenes de gobierno y, en particular, por castigar a quienes extorsionen a nuestros connacionales. A este respecto, es necesario que el Gobierno del Distrito Federal adopte las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, evitando que el desconocimiento de los programas derive en prácticas de corrupción.
Sobre este tema, el Código Penal para el Distrito Federal lo siguiente:
“Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a ochocientos días multa.
”Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de edad, las penas se incrementarán en un tercio.
”Las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público o miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al miembro o ex miembro de corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.
”Además de las penas señaladas en el primer párrafo, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando en la comisión del delito:
”I. Intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos; o
”II. Se emplee violencia física.
”Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica”.
De esta manera, y con fundamento en lo dispuesto por la legislación penal, el gobierno capitalino tiene la obligación de perseguir los delitos de extorsión que se cometan en contra de nuestros connacionales. En particular, debe implementar un programa específico para castigar a los agentes de tránsito que se aprovechen de los conductores de vehículos con placas extranjeras.
Para ello, las autoridades capitalinas pueden poner en marcha acciones similares a las implementadas en el programa Paisano del gobierno de la república. Por ejemplo, pueden difundir una guía en la que se detalle la información necesaria para presentar una queja o denuncia contra algún servidor público; así como diseñar mecanismos para que las quejas o denuncias puedan presentarse en módulos especiales, por internet o vía telefónica. Esto en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 49 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual es aplicable a los funcionarios de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal:
“Artículo 49. En las dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.
”La Secretaría [Contraloría General del Distrito Federal] establecerá las normas y procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia”.
Adicionalmente, la Contraloría General del Distrito Federal tiene la atribución de investigar las conductas de los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; así como el trato respetuoso, diligente y recto que se debe a la ciudadanía, en los términos de los siguientes artículos de la citada ley:
“”Artículo 34. A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal, así como el desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativos, y la atención ciudadana. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
” ...XXVI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que correspondan en los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;...
”...XXXVIII. Determinar y conducir la política de atención ciudadana y normar, supervisar y evaluar la operación de las unidades de atención al público;...
” ...XLIII. Establecer las normas y procedimientos de evaluación de las aptitudes y el desempeño de los servidores públicos de la Administración Pública, y así como quien desee incorporarse, para su implementación a través de la unidad administrativa que al efecto se establezca;...”.
“Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
”I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;...
”...V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste...”
En este sentido, el artículo 105 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal dispone que corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades (adscrita a la Contraloría General):
– Conocer, investigar, desahogar y resolver procedimientos disciplinarios sobre actos u omisiones de servidores públicos adscritos a las dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, los órganos desconcentrados y entidades de la administración pública, que pudieran afectar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que tenga conocimiento por cualquier medio, para determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los términos de la ley de la materia.
– Ordenar la implementación de acciones de verificación en aquellas dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, los órganos desconcentrados y entidades de la administración pública que se determine conveniente, para prevenir y corregir conductas o actos contrarios a los principios que rigen la función pública del servicio.
VII. Por lo anterior, y con base en el análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, esta dictaminadora considera necesario actualizar los planteamientos realizados en los resolutivos segundo y tercero por el diputado proponente, en el sentido de exhortar al Contralor General del Distrito Federal a diseñar e implementar programas que permitan a los connacionales presentar quejas o denuncias en módulos especiales, por internet o vía telefónica, derivadas de extorsiones cometidas en su contra por los policías de tránsito.
También se considera necesario exhortar al contralor general a realizar una investigación sobre la conducta que observan los servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para determinar si tratan con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas que solicitan información sobre el programa Hoy no Circula.
En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que analice la posibilidad de exentar del programa Hoy no Circula a los vehículos que cuentan con permisos vigentes de importación temporal, con el propósito de beneficiar a los connacionales que visitan nuestro país.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Contralor General del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente un programa que permita a los conductores de vehículos con placas extranjeras presentar quejas o denuncias (ya sea en módulos especiales, por internet o vía telefónica), en contra de los policías de tránsito que cometan o hayan cometido extorsiones, a fin de que se realicen las investigaciones conducentes y se finquen las responsabilidades civiles, penales o administrativas correspondientes.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al contralor general del Distrito Federal para que se realice una investigación en la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a fin de determinar si los servidores públicos de esta dependencia tratan con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas que solicitan información sobre el programa Hoy no Circula, así como para determinar e imponer en su caso las sanciones que correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de febrero de 2011.
Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno local a entregar el subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-3-478, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a dar cumplimiento a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal con la finalidad de que las Delegaciones beneficiadas ejerzan este subsidio de manera autónoma, presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
1. Con fecha 20 de abril de 2010, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal C. Marcelo Ebrard Casaubon, a dar cumplimiento a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con la finalidad de que las dieciséis Delegaciones beneficiadas ejerzan este Subsidio de manera Autónoma, conforme a la fórmula que refleja los criterios que estableció esta honorable Cámara de Diputados en el PEF 2010.
2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que el nuevo esquema de convivencia social ha generado la violencia que sobrelleva la población mexicana, lo que se ha traducido en un grave problema de seguridad pública.
También señala que la delincuencia ha ido evolucionando hasta convertirse en un fenómeno transnacional que ha penetrado las diferentes esferas sociales, ya sea mediante el narcotráfico, la pornografía infantil, la trata de personas, el secuestro y el lavado de dinero.
4. La proponente menciona que un factor importante para atacar la delincuencia es la prevención del delito, pues sólo conociendo las causas que lo generan podemos atacar el problema. En este sentido, señala que la prevención del delito puede ser general, especial y social, ya sea que se dé antes de la comisión de los ilícitos; una vez consumados los mismos; o bien, mediante acciones que garanticen a la población el goce de sus derechos y libertades, así como la apertura de mayores oportunidades para la educación y el empleo.
5. Señala que, una vez elegidos los municipios y las delegaciones a los que se asignarán los subsidios federales en materia de seguridad pública, éstos se entregan a la Secretaría de Seguridad Pública local y no a los órganos político-administrativos, lo que impide que las delegaciones puedan manifestar sus necesidades fundamentales. Es decir, que las dieciséis delegaciones únicamente son testigos oculares del presupuesto que se les asigna sin que puedan intervenir para solicitar patrullas, radios, equipo o capacitación: “la policía delegacional no es la beneficiada, sino la del sector, que pertenece directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal”.
6. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a dar cumplimiento a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con la finalidad de que las dieciséis delegaciones beneficiadas ejerzan este subsidio de manera autónoma, conforme a la formula que refleja los criterios que estableció esta honorable Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010.
Consideraciones
I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere a la entrega del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con la finalidad de que las delegaciones beneficiadas lo ejerzan de manera autónoma.
III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:
Con el propósito de coadyuvar en el combate a la delincuencia, el gobierno federal apoya a las entidades federativas, a los municipios y a las delegaciones del Distrito Federal, mediante la entrega de recursos que se otorgan vía el Ramo 36 (Subsidio para la seguridad pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal o Subsemun), vía el Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal o FASP) y de manera residual a los municipios a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
El FASP se constituye con cargo a los recursos federales que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y se entregan mensualmente a los Estados y al Distrito Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en los criterios que determina el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Para ello, se utilizan criterios que incorporan el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios; y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones que con cargo al FASP reciban las entidades federativas se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; y al seguimiento y evaluación de los programas señalados.
Por su parte, el Subsemun es una aportación financiera del Gobierno Federal que se formaliza mediante convenios de adhesión celebrados con municipios y con el Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus delegaciones. 1 De manera similar al FASP, los recursos de este subsidio se destinan a los rubros de profesionalización, equipamiento e infraestructura de las corporaciones, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.
IV. En términos del artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tanto para el año 2010 como para el 2011, el otorgamiento de los subsidios al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, tiene como objeto fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
El mismo precepto señala que el Ejecutivo federal debe: a) establecer el porcentaje de participación que representarán las aportaciones de recursos que realice al fondo el Distrito Federal; y b) suscribir un convenio específico con el Gobierno del Distrito Federal a fin de que sus demarcaciones se adhieran al Subsemun.
En dichos convenios de adhesión se especifica que el otorgamiento de los recursos presupuestarios se efectúa por conducto de la Secretaría de Finanzas local. Además, se establecen las acciones programáticas a las que se destinará el subsidio en el marco de las políticas generales acordadas en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
V. El año pasado, al Distrito Federal se le asignó un monto por 338 millones 553 mil .01 pesos, obligándose a aportar de sus recursos presupuestarios la cantidad de 101 millones 565 mil 900 pesos como porcentaje de participación.
El depósito de coparticipación del 100 por ciento lo efectuó el Distrito Federal en una sola exhibición, con lo que se destinaron los siguientes recursos a las demarcaciones territoriales:
De conformidad con el “acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Subsidio para la seguridad pública de los municipios (Subsemun) y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y Modelo de Convenio de Adhesión”, los recursos deben utilizarse para lograr los objetivos específicos siguientes:
“I. Profesionalizar a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con base en la Carrera Policial y Programa Rector de Profesionalización que fue aprobado por la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, con fecha 02 de marzo de 2009 y ratificado en la Sesión XXVII del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de fecha 26 de noviembre de 2009, y demás disposiciones aplicables;
II. Promover la permanencia y la calidad del personal mediante la actualización y estandarización de niveles salariales y el fortalecimiento de los esquemas de prestaciones sociales y culturales, en los términos de las reglas de operación;
III. Dotar a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipales y del Distrito Federal, con el equipamiento básico para combatir la criminalidad;
IV. Brindar a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipales y del Distrito Federal, la formación básica y actualización policial que permita el desarrollo de habilidades y destrezas laborales, que potencien el enfoque o perspectiva de género;
V. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura municipal en materia de seguridad pública, para generar un ambiente laboral digno;
VI. Actualizar, homologar, ampliar y garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de los Municipios y del Distrito Federal, asegurando su interconexión a la Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
VII. Asegurar el suministro, intercambio, sistematización y homologación de la información en materia de seguridad pública a través de los lineamientos que expida el Centro Nacional de Información;
VIII. Promover y fortalecer la coordinación operativa y en materia de inteligencia entre las Instituciones de Seguridad Pública municipales y del Distrito Federal;
IX. Desarrollar áreas y sistemas de inteligencia policial;
X. Promover la identidad institucional en las Instituciones Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales de Seguridad Pública;
XI. Promover la realización de las evaluaciones de Control de Confianza, coordinadas o aplicadas por conducto de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Entidades Federativas;
XII. Impulsar la evaluación de estándares de competencia y del desempeño en el servicio, a fin de fortalecer la Carrera Policial;
XIII. Vincular a la ciudadanía en los procesos de prevención, combate a la delincuencia y evaluación de la actuación policial;
XIV. Impulsar la participación en todas las áreas de los cuerpos de seguridad pública de personal femenino, y
XV. Participar en la recuperación de espacios públicos y en programas preventivos”.
VI. Los recursos materia del Subsemun son ejercidos directamente por los Gobiernos Municipales, a excepción de aquéllos casos en que la seguridad pública municipal está a cargo del Gobierno Estatal. En tal supuesto, los recursos se ejercen por este último, en virtud de sus atribuciones y competencias.
Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el Subsemun se ejerce por el Gobierno de esa Entidad Federativa de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Por este motivo, el Distrito Federal se encarga de identificar las necesidades y prioridades en materia de seguridad pública para definir obras y acciones factibles de realizar de acuerdo a su capacidad administrativa, técnica y financiera.
Esto es así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, el cual señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios (sin hacer referencia a las delegaciones políticas), que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para cumplir los objetivos de la Seguridad Pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Cabe mencionar que durante los últimos años se ha ido configurando una tendencia para conformar mandos únicos policiales en los estados del país a fin de lograr la homologación de procedimientos, así como de operación, capacitación y actuación policial, como consecuencia del continuo deterioro estructural de las policías municipales a lo largo de los últimos años. De hecho, para continuar con estos esfuerzos de homologación, en el PEF de este año se incluyó la cantidad de 2 mil 400 millones de pesos para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, así como para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial.
VII. En otras palabras, en el Distrito Federal no hay Policías Delegacionales. La Ley de Seguridad Pública local señala en su artículo 5 que la Policía del Distrito Federal estará integrada por:
a) La Policía Preventiva, con todas las unidades y agrupamientos que prevea su reglamento, y
b) La Policía Complementaria, que estará integrada por la Policía Auxiliar, la Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento correspondiente.
Además, uno de los ejes de la reordenación que ha sufrido la policía capitalina consistió en la integración de los cuerpos policiales para que funcionen bajo un mando único, a cargo de la Subsecretaría de Operación Policial, evitando duplicidades y permitiendo una mejor coordinación, con una cobertura geográfica definida. Actualmente, la estructura territorial está dividida en 5 zonas y 15 regiones cada una con sus respectivos sectores.
VIII. Del análisis anterior se desprende que la policía capitalina está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, misma que, en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento a lo dispuesto por el PEF, debe canalizar los recursos del Subsemun para beneficiar a las 16 delegaciones políticas de conformidad con los fines establecidos en las normas arriba aludidas, así como en los convenios de adhesión respectivos.
Por ello, no es viable la petición de la diputada proponente de entregar los recursos del Subsemun a las 16 delegaciones beneficiadas a fin de que éstas lo ejerzan de manera autónoma. Sin embargo, sí es dable exigir mayor transparencia sobre el uso de los recursos y, sobre todo, sobre el beneficio que el Subsemun ha significado para cada una de las delegaciones del Distrito Federal. Además, es necesario que el Gobierno del Distrito Federal evite incurrir en subejercicios como ha sucedido en los años anteriores.
En este sentido, es menester precisar que los recursos del Subsemun nunca pierden su carácter de subsidio federal, por lo que su aplicación y control se sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Así, en materia de transparencia, el artículo 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, disponen:
“Artículo 106. Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
”La información a que se refiere el artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se pondrá a disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la misma fecha en que se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión.
”Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables.
”Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones competentes, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados”.
“Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61, entre otra, la información siguiente:
”... IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la ”Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto;...”.
Además, el artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental indica:
“Artículo 19. Las dependencias y entidades deberán publicar en sus sitios de internet a más tardar dentro de los primeros diez días hábiles del mes de julio de cada año, la información relativa a programas de estímulos, apoyos y subsidios. Dicha información deberá actualizarse cada tres meses y contener, por lo menos, los siguientes elementos:
”I. El nombre o denominación del programa;
”II. La unidad administrativa que lo otorgue o administre;
”III. La población objetivo o beneficiaria, así como el padrón respectivo con el nombre de las personas físicas o la razón o denominación social de las personas morales beneficiarias;
”IV. Los criterios de la unidad administrativa para otorgarlos;
”V. El periodo para el cual se otorgaron;
”VI. Los montos, y
”VII. Los resultados periódicos o informes sobre el desarrollo de los programas”.
A este respecto, es de destacar que en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2010, la Secretaría de Finanzas no hace referencia a los objetivos, acciones, metas, avances, ni al cronograma de trabajo a que se comprometió el gobierno capitalino por la aplicación de estos recursos.
La única información disponible es la relativa al porcentaje de recursos ejercidos, dada a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante una matriz general de cumplimiento de requisitos con corte al 26 de noviembre de 2010. En ella se muestra que los recursos ejercidos por el Gobierno del Distrito Federal para cada delegación oscila entre el 68.98 por ciento y el 93.41 por ciento, con un promedio de 84.7 por ciento, lo que significa un subejercicio del 15.3 por ciento
IX. Por lo anterior, y con base en el análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, esta Dictaminadora considera necesario actualizar los planteamientos realizados por la diputada proponente en el sentido de transparentar el ejercicio y destino de los recursos del Subsemun por parte del Gobierno del Distrito Federal.
Lo anterior, comprendiendo que la transparencia no se limita a ser un elemento disuasivo de la corrupción, sino que es primordial para eficientar el funcionamiento de los aparatos gubernamentales al permitir la canalización de los recursos públicos hacia los asuntos que más preocupan a la ciudadanía. Además, en materia de seguridad pública, la transparencia permitirá que los ciudadanos evalúen la actuación de las autoridades encargadas de velar por sus derechos y libertades.
En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a que, de conformidad con la legislación aplicable, publique el cronograma de trabajo, los objetivos, las acciones y las metas que se ha comprometido a cumplir en el marco de los convenios de adhesión que ha celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a informar a esta Cámara de Diputados sobre el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos a que se ha comprometido en el marco de los Convenios de Adhesión que ha celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el otorgamiento del Subsidio para la Seguridad Pública de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a destinar y ejercer oportunamente la totalidad de los recursos recibidos a través del Subsemun.
Nota
1 Los municipios y las delegaciones beneficiarios del subsidio se eligen a través de una fórmula que considera, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva; la cobertura a municipios con destinos turísticos; zonas fronterizas; municipios conurbados; así como grupos de municipios que por su proximidad geográfica se vean afectados por la alta incidencia delictiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de febrero de 2011
Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil local a dar a conocer el sistema de alertamiento temprano de sismos
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-3-391, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para que dé a conocer el sistema de alertamiento temprano con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todas las entidades federativas cuenten con esta tecnología a fin de reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta por parte de la población y el gobierno en caso de sismo, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
1. Con fecha 11 de marzo de 2010, el diputado Nazario Norberto Sánchez presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal para que dé a conocer el sistema de alertamiento temprano para prevenir sismos con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología en inmuebles cuya falla estructural o colapso represente un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable al contener sustancias tóxicas o explosivas así como en edificaciones que sean vitales para responder adecuadamente en caso de una emergencia. Asimismo, exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que informen a la Cámara de Diputados, específicamente a la Comisión Especial de Protección Civil, sobre los inmuebles en los que se ha instalado el sistema de alertamiento temprano.
2. Con misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que en uso de sus facultades y atribuciones emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. De conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva modificó el trámite dictado a la proposición con punto de acuerdo de referencia, mediante el oficio número D.G.P.L. 61-II-3-469, de fecha 15 de abril de 2010, para turnarla a la Comisión del Distrito Federal con opinión de la Comisión Especial en materia de protección civil.
4. El 5 de noviembre de 2010, la Comisión Especial en materia de protección civil remitió a esta dictaminadora la opinión sobre la proposición con punto de acuerdo de referencia, en la cual se sostiene que dicha proposición “sí es factible de aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados”.
5. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, el proponente refiere que México es uno de los países con mayor actividad telúrica ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a 60 por ciento de los movimientos sísmicos que ocurren en el mundo.
Entre 1899 y 1911, en la brecha de Guerrero ocurrieron 4 sismos cuyas magnitudes oscilaron entre 7.5 y 7.8 grados Richter, por lo que se espera que después de haber transcurrido 91 años desde el último sismo en ese lugar, se presente un sismo de gran magnitud que puede ocasionar graves daños en las zonas centro y oriente de la Ciudad de México, debido a que las edificaciones están asentadas en un suelo pantanoso y arcilloso susceptible a las ondas sísmicas de origen costero.
De acuerdo con estudios del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, el diputado señala que la recurrencia de la actividad y la intensidad sísmica se han elevado del año 2006 a 2010, periodo en que se registraron 6 mil 548 sismos.
6. El proponente lamenta que, pese al desarrollo científico y tecnológico, en la Ciudad de México prevalece gran vulnerabilidad urbana y social ante los sismos, lo que hace necesario el diseño de un sistema de alertamiento temprano que detecte el arribo de sismos provenientes de cualquier parte del país, ya que el Distrito Federal cuenta con un sistema cuyo objetivo es emitir avisos anticipados de movimientos telúricos provenientes de las costas de Guerrero.
7. La prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil: salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno. Por ello, el diputado sostiene que un instrumento de alertamiento temprano ayudaría tanto a reducir la vulnerabilidad como a mejorar la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo. Además, plantea que dicho sistema se elabore tomando en cuenta los más altos criterios técnicos y de ingeniería desarrollados en la actualidad, con la supervisión y asesoría de investigadores destacados en materia de ingeniería sísmica y sismología.
8. En virtud de lo anterior, para el proponente resulta necesario que se instale un sistema de alertamiento anticipado en todos los inmuebles cuya falla estructural o colapso represente riesgo de un número elevado de pérdidas humanas y económicas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia. Además, el diputado considera necesario:
a) Solicitar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal que dé a conocer el sistema de alertamiento temprano para prevenir sismos, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas o en las normas técnicas complementarias, para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo; y
b) Solicitar a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que informen a la Cámara de Diputados sobre los inmuebles en los que se ha instalado el sistema de alertamiento temprano.
Consideraciones
I. La comisión dictaminadora, tomando en cuenta el criterio emitido por la comisión opinante, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere principalmente a la instrumentación de un sistema de alertamiento temprano en el Distrito Federal que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, así como a su potencial funcionamiento en todas las entidades federativas.
III. La dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando:
Los sistemas de alerta temprana pueden ser una herramienta útil para reducir los daños producidos por los temblores si las ciudades están localizadas favorablemente con respecto a la fuente de los movimientos telúricos y si sus ciudadanos están debidamente entrenados para responder a los mensajes de dichos sistemas. 1
Tomando en cuenta lo anterior, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) diseñó el sistema de alerta sísmica (SAS), con el propósito de promover la investigación y el desarrollo de tecnología aplicada a la instrumentación sísmica para mitigar posibles desastres en la Ciudad de México.
Dicho sistema se basa en la idea de que los epicentros de los grandes terremotos producidos a lo largo de la zona de subducción que históricamente han causado daños en el Distrito Federal se localizan a distancias de 300 y 450 kilómetros, por lo que las ondas sísmicas destructivas por los temblores ocurridos a lo largo de la costa del Pacífico toman de 60 a 80 segundos en llegar al Distrito Federal; razón por la cual, la ciudad ocupa una situación geográfica única para el diseño y operación de un sistema de alerta temprana. 2
Dicho sistema, que opera de manera continua desde agosto de 1991, consta de cuatro unidades: detección sísmica, telecomunicaciones, un control central y un radio de alerta. El detector sísmico tiene 12 estaciones digitales a lo largo de 300 kilómetros de la costa de Guerrero con un espacio de 25 kilómetros entre cada una. Cada estación de campo monitorea la actividad sísmica dentro de un radio de 100 kilómetros y detecta y estima la magnitud de un temblor dentro de los 10 segundos posteriores al inicio del mismo. Si la magnitud estimada es mayor a 6, se envía un mensaje de alerta a través de la unidad de telecomunicaciones a la unidad de control central en la Ciudad de México. Una señal de alerta pública es enviada a través de una unidad de radio si dos o más estaciones de campo confirman el suceso. 3
IV. Aunque el SAS presenta algunas deficiencias técnicas, algunos autores opinan que su falla más importante es el número limitado de usuarios, así como la falta de un programa público de seguridad que promueva el uso responsable del sistema de alerta sísmica para fines de protección civil.
En la actualidad, el sistema sólo tiene 230 usuarios registrados: 25 estaciones de radio y televisión, 76 escuelas, 12 agencias de emergencia y protección civil, 4 oficinas del sistema Metro, 79 oficinas gubernamentales, 33 instituciones privadas, y sólo una construcción residencial. Estos números son muy bajos en comparación con el tamaño y número de población en el Distrito Federal: tan sólo 76 escuelas de 5,500 que aproximadamente existen en la ciudad utilizan el SAS, en tanto que sólo 12 oficinas responsables de la protección civil aprovechan este sistema, siendo que cada delegación cuenta con una oficina de protección civil. 4
Por ello, no sólo resulta urgente la implementación de una política que tenga como propósito incrementar el número de usuarios, sino también que permita identificar las instituciones e instalaciones críticas que pueden hacer uso de esta herramienta. 5
Debemos contar con un plan integral en el que participen los tres órdenes de gobierno que contemple no sólo los aspectos técnicos y científicos de un sistema de alerta temprana, sino que también incluya una estrategia estructurada y planeada para identificar aquellas instituciones e instalaciones que pueden beneficiarse del SAS. Este plan deberá priorizar las construcciones de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad, es decir, si se encuentran en pisos suaves, depósitos de agua, así como su capacidad de reaccionar ante las alertas de una manera organizada.
V. Por lo que se refiere a la aplicación del SAS en otras entidades de la República Mexicana, es de considerarse que los epicentros de la mayor parte de los terremotos de gran magnitud se ubican en la costa del Pacífico (a lo largo de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), aunque también se han presentado grandes sismos en el centro y el sur de Veracruz y Puebla, en Oaxaca, Chiapas, el estado de México y la península de Baja California, especialmente en la zona fronteriza con Estados Unidos.
Si bien es cierto que la mayoría de las zonas urbanas no están situadas a una distancia favorable de las regiones donde se producen los temblores para activar sistemas de alertas tempranas que sean efectivos, también lo es que durante los últimos años se ha registrado un rápido desarrollo en las metodologías de los sistemas de alerta temprana y su implementación alrededor del mundo. Un ejemplo de ello es el sistema de alerta sísmica de Oaxaca (SASO), el cual es una red que comprende 36 estaciones sísmicas distribuidas a lo largo del estado y que, debido a la corta distancia entre el epicentro y los centros poblacionales, utiliza algoritmos más avanzados que el sistema de la Ciudad de México.
VI. Finalmente, por lo que respecta a las autoridades encargadas de estos temas, es de señalar que en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable, la Secretaría de Protección Civil local es la encargada de precisar el establecimiento y la operación de los sistemas de monitoreo y alertamiento temprano de desastres en la capital. Mientras que, a nivel federal, la Secretaría de Gobernación es la institución facultada para coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil y, en consecuencia, es la dependencia responsable de dirigir los mecanismos y las políticas de prevención y atención de los riesgos, los desastres y las crisis consecuentes. Para ello, la Secretaría suma y coordina sus esfuerzos con los 31 gobiernos estatales y el Distrito Federal, los cuales cuentan con sus respectivos Sistemas Estatales de Protección Civil.
Del análisis de la información, los argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen y la opinión emitida por la Comisión Especial en materia de protección civil, se deriva que los planteamientos realizados por el diputado proponente deben actualizarse en los términos siguientes:
a) La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal debe diseñar un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México;
b) La Secretaría de Gobernación debe hacer extensiva la operación de los sistemas de alertamiento temprano en aquellas entidades federativas con riesgo sísmico, pues hay estados como Zacatecas, Durango, Sinaloa y Sonora en donde la sismicidad es más bien escasa.
c) El sistema de alertamiento temprano que se implemente en las entidades con riesgo sísmico debe contar con un plan que promueva el uso del sistema entre usuarios estratégicos, así como en instalaciones que sean identificadas como críticas por los Sistemas Estatales de Protección Civil.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a diseñar un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de extender la cobertura de las estaciones sensoras hacia otras regiones que generan sismos que pueden afectar a la Ciudad de México.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, haga extensiva la operación de los sistemas de alertamiento temprano en aquellas entidades federativas con riesgo sísmico.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas con riesgo sísmico a instalar el sistema de alertamiento temprano en instalaciones que sean identificadas como críticas por los Sistemas Estatales de Protección Civil, privilegiando las edificaciones cuya falla estructural o colapso representen un número elevado de pérdidas humanas y económicas, informando de ello a esta Cámara de Diputados.
Notas
1 W.honorableK. Lee y J.M. Espinosa-Aranda, “Earthquake Early-Warning Systems: Current status and perspectives”, en Early Warning Systems for Natural Disaster Reduction, Zschau, Jochen y N. Küppers, Andreas (editores), Alemania 1999.
2 Suárez, Gerardo; Novelo, David; y Mansilla, Elizabeth, “Performance Evaluation of the Seismic Alert System (SAS) in Mexico City: A Seismological and a Social Perspective”, en Seismological Research Letters, volumen 80, número 5, septiembre-octubre de 2009.
3 Las especificaciones más técnicas se han descrito en diversas publicaciones como J.M. Espinosa-Aranda, et al., “Evolution of the Mexican Seismic Alert System (SASMEX)”, en Seismological Research Letters, volumen 80, número 5, septiembre-octubre de 2009; y Espinosa-Aranda, et al., “Mexico City Seismic Alert System”, en Seismological Research Letters, volumen 66, 1995.
4 Op. Cit. Performance Evaluation of the Seismic Alert System (SAS) in Mexico City: A Seismological and a Social Perspective .
5 Allen, Richard M., Gasparini, Paolo, Kamigaichi, Osamu y Bose, Maren, “The Status of Earthquake Early Warning around the World: An Introductory Overview”, Seismological Research Letters, volumen 80, número 5, septiembre-octubre de 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).
Comisión Especial en materia de protección civil
LXI Legislatura Cámara de Diputados
De la Comisión Especial en materia de protección civil, sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob, a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico
Comisión de Distrito Federal de la Cámara de Diputados:
A la Comisión Especial en materia de protección civil de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión fue turnada para su opinión “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Secretaría de Gobernación (Segob) a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico”, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente u obvia resolución, a fin de exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales mexicanas o en las normas técnicas complementarias, para reducir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo, a raíz de las características orográficas del territorio y lo ocurrido recientemente en los pueblos hermanos de Haití y Chile, en sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados del martes 2 de febrero de 2010. La proposición con punto de acuerdo fue recibida por este órgano legislativo, de la LXI Legislatura, como asunto pendiente de estudio y opinión.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87 Y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 42 y 43 y demás aplicables de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial en materia de protección civil, previo estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento, emite la presente opinión de acuerdo a la siguiente
I. Metodología
Esta Comisión Especial en materia de protección civil de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se reunió para analizar y emitir la opinión respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las Entidades Federativas con riesgo sísmico, conforme al procedimiento que a continuación se describe:
1. En el capítulo “Antecedentes” se hace una breve exposición del proceso legislativo del punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico.
2. En el capítulo “Considerandos”, esta comisión expresa sus argumentos, jurídicos y fácticos, en que se funda la presente opinión.
3. En el capítulo “Opinión”, esta comisión expresa sus conclusiones, basándose en el capítulo de Consideraciones sobre la procedencia o improcedencia, según sea el caso, del proyecto en estudio.
II. Antecedentes
1. En sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados del martes 2 de febrero de 2010,el diputado Nazario Norberto Sánchez, en nombre propio, como integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las Entidades Federativas con riesgo sísmico.
2. Mediante oficio número W D.G.P.L. 61-II-3-470, de fecha 15 de abril de 2010, la secretaría técnica de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión del Distrito Federal, con opinión de la Comisión Especial en materia de protección civil de la LXI Legislatura, la proposición con punto de acuerdo en referencia.
III. Considerandos
1. Se sugiere cambiar el título de la presente “proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a informar con qué tecnología cuenta para la prevención de sismos, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico”; por el de “proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las Entidades Federativas con riesgo sísmico”.
Es necesario mencionar que la nominación propuesta se ha utilizado desde el inicio de esta Opinión hasta el final de ésta.
2. Que toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de vida, bienes y entorno como garantía individual consagrada en la Carta Magna.
3. Que México es uno de los países con mayor actividad telúrica ya que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que equivale a 60 por ciento de los movimientos telúricos que ocurren en el mundo.
4. Un sismo importante se registró el 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el océano Pacífico, frente a la desembocadura del río Balsas, entre los límites Michoacán y Guerrero, el cual según cifras oficiales ocasionó 6 mil muertos en el país.
5. Que lo que pasó en 1985 puede volver a suceder, como advierte la Asociación Mexicana de Ciencias, ya que en caso de un evento sísmico similar se registrarán graves daños en las zonas centro y oriente de la Ciudad de México, debido a que las edificaciones están asentadas en un suelo pantanoso y arcilloso muy susceptible a las ondas sísmicas de origen costero.
6. Que actualmente la Ciudad de México cuenta con el sistema de alerta sísmica (SAS), el cual opera desde agosto de 1991 y tiene como objetivo es emitir avisos anticipados de alerta sísmica a la Ciudad de México. Únicamente puede detectar sismos provenientes de las costas de Guerrero, en virtud de que es el sitio donde se encuentran las estaciones sensoras.
7. Que el SAS no cuenta con otro sistema que lo complemente para detectar los sismos provenientes de cualquier parte del país.
8. Que pese al desarrollo científico y tecnológico en la Ciudad de México prevalece gran vulnerabilidad urbana y social ante los sismos, por lo que resulta necesario contar con un sistema de alertamiento temprano que detecte el arribo de sismos provenientes de cualquier parte del país.
9. Que resulta necesario que el sistema de alertamiento anticipado se instale en todos los inmuebles cuya falla estructural o colapso represente riesgo de un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia.
10. Que un instrumento de alertamiento temprano anticipado ayudaría a reducir la vulnerabilidad y mejoraría la capacidad de respuesta de la población y del gobierno en caso de sismo.
11. Que dicho sistema se elabore considerando los más altos criterios técnicos y de ingeniería desarrollados en la actualidad, con la supervisión y asesoría de investigadores destacados en materia de ingeniería sísmica y sismología, a fin de tener seguridad de que no presente fallas y cumpla el cometido fundamental de emitir una alerta anticipada del arribo de las ondas destructivas asociadas a un sismo y;
12. Que la prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la protección civil: salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno.
Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Especial en materia de protección civil abajo firmantes emitimos la siguiente
IV. Opinión
En estricto cumplimiento de la normatividad vigente y con base en las consideraciones de hecho y derecho anotadas en el cuerpo del presente documento, consideramos que esta proposición con punto de acuerdo si es factible de aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados para exhortar a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribos de sismos provenientes de cualquier parte del país, con objeto de que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, se logre que todos los estados integrantes de la federación cuenten con esta tecnología, que deberá cumplir las especificaciones que determinen las autoridades en protección civil, de las normas oficiales mexicanas o de las normas técnicas complementarias en inmuebles cuya falla estructural o colapso represente un número elevado de pérdidas humanas y económicas, o que representen un riesgo probable por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como en edificaciones vitales para responder adecuadamente en caso de urgencia, y para que se exhorte respetuosamente a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a informar a la Cámara, específicamente a la Comisión del Distrito federal y a la Comisión Especial en materia de protección civil, en qué inmuebles de cada entidad fue instalado el sistema de alertamiento temprano.
Por lo anterior si es viable en los términos expuestos la “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal a tener un sistema de alertamiento temprano que detecte los arribas de sismos provenientes de cualquier parte del país, en complemento del sistema de alerta sísmica del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, a fin de reducir la vulnerabilidad de la población de la Ciudad de México; y a coordinarse con la Segob a efecto de hacerlo extensivo a las entidades federativas con riesgo sísmico”, presentada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Comisión Especial en materia de protección civil
Diputados: Fernando Morales Martínez (rúbrica), presidente; Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Avelino Méndez Rangel (rúbrica), secretarios; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), Joel González Díaz, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Rosario Brindis Álvarez, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica).
De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a Liconsa a disponer el funcionamiento del centro de abasto en Naucalpan de Juárez, México
Honorable Asamblea
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009.
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número DGPL-61-II-8-529, de fecha 30 de septiembre de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para estudio y dictamen, el expediente número 2802, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sedesol y al director de Liconsa dispongan el funcionamiento del centro de abasto situado en Avenida de la Cuesta esquina Avenida de los Maestros, San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, estado de México, presentado por el diputado Sergio Mancilla Zayas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes
Consideraciones
I. La propuesta con punto de acuerdo señala entre los antecedentes del programa de abasto de leche que en 1954 comenzó a operar en Tlalnepantla la que hoy es la planta de Liconsa que produce el mayor volumen de lácteo de todas sus unidades industriales. Apunta que esta planta que inicialmente tenía capacidad para rehidratar 30 mil litros diarios de leche, a la fecha tiene capacidad para producir 1 millón 230 mil litros de leche al día.
II. Asimismo se señala que por disposición del gobierno federal, en 1961 se constituyó la Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, SA, que en 1963 cambió su denominación por la de Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo, SA. Posteriormente, en 1972 se modificó para quedar como Leche Industrializada Conasupo, SA de CV. A partir de 1994, con su resectorización en la Secretaría de Desarrollo Social, cambió a su denominación actual de Liconsa, SA de CV.
III. El proponente señala que actualmente Liconsa está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa leche de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de millones de mexicanos en condiciones de pobreza, fundamentalmente de niños de hasta 12 años de edad, así como de otros sectores vulnerables de la población, como mujeres de 13 a 15 años, en estado de gestación y lactancia y de 45 a 59 años, enfermos crónicos, discapacitados y adultos de 60 y más años.
IV. El diputado Mancilla Zayas señala en su proposición que estudios elaborados por el Instituto Nacional de Salud Pública demuestran que los niños que consumen de manera constante la leche fortificada Liconsa tienen menores tasas de anemia, deficiencia de hierro y desnutrición crónica; alcanzan más estatura y masa muscular; despliegan mayor actividad física y registran mejor desarrollo mental. Toda la leche Liconsa está fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B12, nutrientes de los que la dieta de un gran número de mexicanos, especialmente niños, acusa déficit.
V. Por otro lado, en la exposición de motivos de la proposición se señala que la población objetivo del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, SA de CV, de conformidad con las reglas de operación vigentes, otorga mediante una transferencia de ingreso una dotación de leche de la más alta calidad nutricional, a precio subsidiado, a los hogares en condiciones de pobreza con niñas y niños de seis meses a doce años de edad, mujeres en período de gestación o lactancia, mujeres adolescentes de 13 a 15 años, mujeres de 45 a 59 años de edad, enfermos y discapacitados o ambas cosas, y adultos de 60 y más años, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos que justifiquen su condición.
VI. El Programa de Abasto Social de Leche opera en localidades, colonias, zonas urbanas, semiurbanas y rurales de las 32 entidades federativas, mediante los puntos de atención autorizados por Liconsa. Para ello, se seleccionan las localidades, colonias o zonas susceptibles de atender, considerando las microrregiones definidas por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, las cuáles fueron publicadas el 31 de enero de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, además de la información socioeconómica disponible del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
VII. La proposición con punto de acuerdo en comento señala que las reglas de operación del Programa, señalan que las solicitudes de instalación de los puntos de venta, podrán provenir de instancias de gobierno, así como de los propios estudios que elabore Liconsa. En todos los casos será necesario realizar el análisis de las características de la zona, mediante el levantamiento del “Estudio de factibilidad para la instalación de una lechería”, el cual es el instrumento metodológico que permite a Liconsa recabar la información básica sobre las características de las localidades o colonias, la población objetivo, los servicios urbanos, medios de transporte, particularidades del predio o local propuesto para operar el punto de venta, todo ello con el propósito de analizar la factibilidad de apertura. Para facilitar la operación y mejorar la atención al mayor número de familias, las lecherías o puntos de venta se situarán en localidades que brinden una mejor opción de acceso y funcionamiento de servicios públicos.
VIII. El diputado Mancilla Zayas señala que en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, fue autorizada la obra correspondiente a la lechería o centro de abasto correspondiente, mediante la aprobación del punto séptimo del orden del día de la trigésima segunda sesión ordinaria (pública de cabildo, resolutiva cuadragésima sexta, del día 5 de julio de 2007) con un techo financiero de 600 mil pesos.
IX. El legislador proponente señala que la fecha de terminación de la obra de referencia fue el 30 de julio de 2009, quedando pendiente sólo el estudio de factibilidad de Liconsa, para dotar de este importante servicio a la comunidad mencionada del Estado de México, por lo que propone exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al propio director del organismo disponga lo conducente para la pronta apertura del centro de distribución mencionado.
X. Toda vez que una de las facultades de la Comisión de Desarrollo Social es evaluar los programas sociales, conforme al tercer párrafo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, conforme lo señala el artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social, se considera fundada la proposición del Diputado Mancilla Zayas.
XI. Con este análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 9 de febrero del año en curso, dictaminar la procedencia del punto de acuerdo del proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las apreciaciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal y al director de la empresa de participación estatal mayoritaria Liconsa, SA de CV, para que se disponga el funcionamiento del centro de abasto situado en Avenida de la Cuesta esquina Avenida de los Maestros, San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, estado de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a la publicación del programa de manejo del área natural protegida Cuenca Alimentaria del Distrito Nacional de Riego 043, fracción Sierra de Vallejo-Río Ameca
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3329, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat para que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida el área de montaña que rodea a Puerto Vallarta, Jalisco, presentada por el diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero . En sesión celebrada el jueves 25 de noviembre de 2010, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat para que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida el área de montaña que rodea a Puerto Vallarta, Jalisco.
Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
En la proposición con punto de acuerdo el diputado promovente señala la importancia ambiental de la zona de 19 mil hectáreas de montañas que rodean la ciudad de Puerto Vallarta y los impactos irreversibles a los que está sujeta por la deforestación y los cambios de uso de suelo que existen en la zona, es por ello que señala la necesidad de proteger los ecosistemas y preservar los servicios ambientales que se albergan en dicha zona montañosa como área natural protegida.
En vista de lo anterior, el diputado exhorta a lo siguiente:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice el estudio previo justificativo que permita valorar la viabilidad de establecer como área natural protegida el área de montaña que rodea a Puerto Vallarta, Jalisco.
Segundo. Se exhorta al ayuntamiento de Puerto Vallarta para que en el ámbito de su competencia y de manera coordinada con las autoridades de los demás órdenes de gobierno, lleve a cabo las acciones que permitan proteger y conservar los ecosistemas de las montañas del municipio de Puerto Vallarta.
En relación con lo expuesto por el diputado promovente, cabe señalar lo siguiente:
Las áreas naturales protegidas de carácter federal son zonas terrestres o acuáticas representativas de los diversos ecosistemas del país, en las que el estado natural del medio no ha sufrido una alteración significativa. De forma particular la LGEEPA en su artículo 45 establece sus objetivos, dentro de los cuales podemos referir: la conservación, preservación y restauración de los ecosistemas y especies que ahí habitan; salvaguardar los entornos naturales; conservar los espacios propicios para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas, por citar algunos ejemplos.
Con la finalidad de asegurar el abastecimiento en cantidad y calidad de agua a los distritos nacionales de riego, el área de protección de recursos naturales de la cuenca alimentadora del distrito nacional de riego 043, fracción Sierra de Vallejo-Sierra de Vallejo-Río Ameca fue establecida originalmente como área natural protegida por decreto del Ejecutivo federal, el 3 de agosto de 1949, bajo la categoría de zona protectora forestal y de repoblación. El decreto quedó sujeto a las disposiciones de la Ley Forestal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1948 y las de su Reglamento.
Posteriormente, el 7 de noviembre de 2002, se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que los territorios a que se refiere el decreto presidencial de fecha 8 de junio de 1949, publicado el 3 de agosto del mismo año, se recategorizan como área de protección de recursos naturales. Dicho acuerdo establece en su artículo segundo que “El presente acuerdo no modifica en forma alguna las disposiciones contendidas en el decreto presidencial mencionado en el artículo que antecede, en consecuencia este instrumento tiene como único objetivo que en la sucesivo se aplique la normatividad prevista en las disposiciones jurídicas vigentes”.
Cabe señalar lo que establece el artículo 53 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), referente a la categoría de área de protección de recursos naturales:
Artículo 53. Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en otra de las categorías previstas en el artículo 46 de esta ley.
Se consideran dentro de esta categoría las reservas y zonas forestales, las zonas de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente cuando éstos se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones.
En las áreas de protección de recursos naturales sólo podrán realizarse actividades relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellas comprendidos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el decreto que las establezca, el programa de manejo respectivo y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
El área de protección de recursos naturales –cuenca alimentadora distrito nacional de riego 043, Fracción Sierra de Vallejo-Río Ameca, en los estados de Jalisco y Nayarit ocupa una superficie de 354,858.7 has abarca desde la parte costera de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a la parte más elevada en la convergencia del sistema montañoso de la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico Transversal, extendiéndose hacia el este, en la zona de transición entre las regiones neártica y tropical, resultando en una combinación de elementos de ambas afinidades, que se reflejan en una alta diversidad de ecosistemas y especies, únicos en el occidente de México.
El ANP se ubica en dos entidades federativas: Jalisco y Nayarit, y representa alrededor del 5 por ciento del territorio de Jalisco y más del 12 por ciento de Nayarit. Por lo que hace a Jalisco contempla a los siguientes municipios y superficie:
Municipio Superficie dentro del Áreas Naturales Protegidas, ANP (hectáreas)
San Sebastián del Oeste 82 mil 349.2
Guachinango 37 mil 891.3
Mascota 33 mil 422.6
Mixtlán 26 mil 720.0
Atenguillo 26 mil 236.3
Cuautla 17 mil 428.6
Puerto Vallarta 11 mil 680.4
Ameca 6 mil 790.9
Hostotipaquillo 4 mil 810.7
Ayutla 1 mil 82.4
Magdalena 829.0
Tomatlán 611.1
Tecolotlán 282.5
Atengo 144.0
Superficie en Jalisco 251 mil 179.0
La localización geográfica del área es la siguiente:
Fuente: Conanp 1
La principal importancia de dicha ANP estriba en su función como proveedora de agua a las zonas bajas de los valles y zonas lacustres utilizadas con fines productivos, habitacionales y turísticos. Es parte de la cuenca río Ameca-Atenguillo, el principal río de esta cuenca es el río Ameca, el undécimo en importancia de escorrentía en la vertiente Pacífico de nuestro país, sus aguas nacen en las zonas más elevadas de la región Sierra Occidental, en Jalisco y recorren aproximadamente 200 kilómetros, recogiendo las aguas de los ríos Atenguillo y Mascota, y desemboca en la bahía de Banderas; entre los estados de Jalisco y Nayarit, abasteciendo de agua dos grandes centros turísticos de relevancia internacional: Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. De estas aguas depende directamente el distrito nacional de riego 043, las cuales, aunadas a los mantos freáticos de Puerto Vallarta y Ameca abastecen de agua potable, de riego y de uso industrial a 38 municipios de Jalisco y Nayarit. 2
El diputado promovente señala su preocupación por la protección de la zona de montaña que rodea Puerto Vallarte es de señalar que esta área natural protegida abarca una zona de montañas graníticas, 3 cuya composición florística y riqueza que se presenta, se considera en gran medida única para la parte occidental del país, esto se debe sobre todo a la convergencia en esta región de la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico. El ANP pertenece a la gran unidad fisiográfica del territorio mexicano de la Sierra Madre del Sur que abarca parte del estado de Jalisco en el sector occidental. Por otra parte, el papel que juega el Eje Neovolcánico es de corredor biológico entre la vertiente del Pacífico y la vertiente del Golfo. 4
Los tipos de vegetación presentes en el área de estudio son: a) Bosque tropical caducifolio b) Bosque tropical subcaducifolio, c) Bosque de encino, d) Bosque mixto de pino-encino, e) Bosque mesófilo de montaña, f) Bosque de coníferas g) Bosque de galería, h) Vegetación acuática y subacuática, i) Palmar Natural y j) vegetación sabanoide. 5
No obstante que la zona montañosa de Puerto Vallarta se encuentra contemplada dentro del polígono del área natural protegida, para lograr el desarrollo sustentable dentro de esta zona, se necesita implementar estrategias y mecanismos institucionales que propicien la protección de los ecosistemas de la zona para favorecer la retención de la humedad, la recarga de los acuíferos, la prevención de la erosión, la mejora de la calidad del aire, el sostenimiento y mejoramiento de poblaciones y comunidades biológicas de flora y fauna silvestre, lo cual se logra a través del programa de manejo, pues en un ejercicio de planificación, normará las actividades cotidianas de la sociedad, involucrando obligatoriamente un proceso de participación de todos los sectores de la misma ANP.
En ese sentido, es de señalar lo que establece el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en que se establece que los programas de manejo deben ser elaborados dentro del plazo de un año, contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva, artículo que a la letra precisa:
Artículo 65. La Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate...
Por lo anterior, es necesario saber cuáles son las razones que han impedido la elaboración y publicación del programa de manejo del área natural protegida “área de protección de recursos naturales de la cuenca alimentadora del distrito nacional de riego 043, fracción Sierra de Vallejo-río Ameca”. Asimismo, esta comisión dictaminadora considera necesario exhortar a que se elabore, publique e implante el programa de manejo de la zona.
De acuerdo con lo antes expuesto, los integrantes de la comisión dictaminadora legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a informar a esta Soberanía, las razones que han impedido la elaboración y publicación del programa de manejo del “Área de Protección de Recursos Naturales de la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043, fracción Sierra de Vallejo-Sierra de Vallejo-Río Ameca” así como a elaborar, publicar e implementar dicho Programa de manejo.
Nota
1 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 2006. Memoria Técnica de Cálculo del Área de Protección de Recursos Naturales “Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego Nayarit”, en lo respectivo a las subcuencas de los ríos Ameca, Atenguillo, Bolaños y Grande de Santiago” en Jalisco y Nayarit. México, DF, 38 páginas con 4 anexos.
2 Comisión Nacional del Agua. 2007. Cuencas hidrológicas con su disponibilidad media anual de aguas superficiales publicada (Actualización al 30 de junio de 2008). Subdirección General Técnica. México, DF, http://www.conagua.gob.mx.
3 Cordones montañosos y macizos formados por cuerpos intrusivos de rocas macrocristalinas ácidas y mesocíclicas, es decir, granitos, granodioritas, y sienitas. Universidad de Guadalajara. 2000. Instituto de botánica. Departamento de botánica y zoología, CUCBA. Jalisco-Costa Norte. Patrimonio ecológico, cultural y productivo de México. www.cucba.udg.mx/esp/divcsbio/depcsbz/depbz/depbz.html
4 Ibídem.
5 Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Editorial Limusa. México, DF, página 432.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el 8 de febrero del 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvares Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a implantar acciones permanentes que inhiban la tala inmoderada en el parque nacional La Malinche
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 2857, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a implementar un programa contra la tala ilegal, y realice un proyecto integral con el objeto de reforestar el parque nacional La Malinche en el estado de Tlaxcala.
Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 100, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero . El 6 de octubre del 2010, la diputada María Elena Perla López Loyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a implementar un programa contra la tala ilegal y a realizar un proyecto integral con el objeto de reforestar el parque nacional La Malinche, en el estado de Tlaxcala.
Segundo. Con fecha 6 de octubre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud de la diputada María Elena Perla López Loyo, quien expone en su punto de acuerdo la problemática de la tala ambiental en nuestro país, al considerar que éste es uno de los temas relacionados con el crimen organizado en nuestro país, al estar sólo por debajo del narcotráfico, el tráfico de armas y el secuestro.
Asimismo, la diputada señala que esa actividad se ha visto favorecida por la falta de alternativas de desarrollo económico, propiciando la organización y proliferación de bandas delictivas que se dedican a extraer, transformar y comercializar ilegalmente la madera.
Del mismo modo, se hace referencia a que en México, existen 20 zonas críticas de tala ilegal, entre las que se encuentra el parque nacional La Malinche ubicada en el estado de Tlaxcala, el cual comparte territorio con el estado de Puebla y se ubica como uno de los volcanes más elevados del país, que permite la regulación del clima, y surte agua y hábitats a gran cantidad de especies animales y vegetales.
En este sentido, la diputada promovente hace también referencia a que, esa es una de las zonas naturales más deforestadas por la tala clandestina, la cual ha causado erosión en los suelos, lo que implica la pérdida de flora y fauna que habita en esas regiones, así como la disminución del caudal en los lagos y ríos de la región, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno del estado de Tlaxcala.
En virtud de lo anterior, la diputada promovente sugiere los siguientes resolutivos:
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se tomen las medidas necesarias y se emprendan las acciones a fin de impedir la tala ilegal e inmoderada de árboles en las áreas circundantes al volcán La Malinche, en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.
Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente elabore un informe detallado sobre las acciones que realiza permanentemente para evitar la tala clandestina e inmoderada de árboles en áreas naturales protegidas como el volcán La Malinche en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.
Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rinda informe sobre los programas de reforestación que realiza en áreas dañadas por la tala clandestina e ilegal en las zonas circundantes al volcán La Malinche en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.
En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar el siguiente análisis:
El estado de Tlaxcala está compuesto por llanos extensos alternados con edificios volcánicos, lomeríos y sierras que forman rocas ígneas extrusivas o volcánicas, es decir, que se forman cuando el magma o roca derretida, sale a la superficie de la tierra, como el volcán La Malinche, que cuenta con una altitud de 4,400 metros sobre el nivel del mar. 1
Su vegetación es la propia de climas fríos, en la que resaltan los árboles de oyamel, encino y enebro, predominando la región boscosa conocida como “La Malintzi”, en la que se encuentran principalmente el pino, y en menor cantidad el encino.
En esa zona, actualmente se llevan a cabo programas implementados por los gobiernos federal y estatal para la recuperación de los terrenos y la vegetación, destacando la reforestación y el control de la erosión. 2
El 99.2 por ciento del estado de Tlaxcala cuenta con un clima templado subhúmedo, el 6 por ciento, presenta clima seco y semiseco, y el 0.2 por ciento presenta clima frío, localizado en la cumbre de La Malinche.
En relación con la flora y fauna que prevalece en el lugar, como ya se mencionó, en las montañas altas subsisten árboles de bosque de pino, encino, oyamel y zacatón; en los valles y planicies especies agrícolas, forrajeras y pastizales introducidos por el hombre.
En Tlaxcala se ubica también la sierra de Tlaxco-Caldera-Huamantla, se eleva desde los llanos, hasta unos 3,400 metros sobre el nivel del mar, sirviendo de frontera del lado noreste del estado y hacia el estado de Puebla. En esta sierra nacen varios ríos pequeños y el denominado río Zahuapán. Sin embargo, debido a que las montañas obstaculizan el paso de vientos húmedos del Golfo de México, existe sequedad tanto en esa parte, como en los llanos de Huamantla. 3
En ese estado, se han decretado dos áreas naturales protegidas; a decir, La Malinche o Matlalcuéyatl y Xicoténcatl.
De acuerdo a lo planteado por la diputada promovente, basaremos el desarrollo de este dictamen en el área natural protegida La Malinche, la cual se localiza en el Municipio de Tlaxco, rodeada de otros llanos y montañas que conforman un importante ecosistema. En él se recolectan las aguas de las serranías circundantes ubicadas a las faldas de ese volcán, en las que además se extiende un llano ancho y alargado, conocido como el “Gran Llano de Huamantla”. El caudal de las aguas, ha sido ya modificado por la explotación desmedida de los recursos naturales en el lugar, además de otros factores, pues se sabe que en tiempos pasados, probablemente alojó un lago que se prolongaba hasta el estado de Puebla, permitiendo que ésta que es la zona más seca en Tlaxcala sea menos árida.
Como parte de este complejo sistema, se encuentra en la región, lo que se conoce como “El bloque Tlaxcala”, ubicado entre “La Sierra Nevada y las faldas del volcán de La Malinche. Esta región, debido a su relieve, no retiene agua, ya que la misma, escurre por los arroyos o se infiltra entre las rocas para quedar en los llanos más bajos de otros lugares. Las tierras del bloque en Tlaxcala, se caracterizan por ser agrestes y con suelos muy frágiles, por lo que se valora necesario cuidar de ellos.
El volcán La Malinche es un enorme pico con extensas laderas, que domina el panorama tlaxcalteca. Mide 4,460 metros sobre el nivel del mar, sobresaliendo unos 2,300 metros arriba de los llanos que lo rodean.
En las faldas de este volcán, surgen algunas cumbres y bosques que cuentan en la parte baja con árboles de encinos, y a medida que va subiendo, se encuentran los pinos y oyameles y la cumbre nevada
En sus laderas, el clima es más templado, pero también es el más lluvioso, por ese motivo, de La Malinche bajan arroyos en todas direcciones, de los cuales algunos sólo llevan agua en las épocas lluviosas del año, pero es también a las faldas de este importante volcán que surgen manantiales, unos de agua potable y otros de aguas termales que salen a la superficie. 4
Por todo lo anterior, y debido a la importancia que guardan estos ecosistemas, considerado en su momento como un “Museo Viviente de flora y fauna naturales”, la Malinche fue decretado como parque nacional por el entonces Presidente de la República Lázaro Cárdenas. 5
Ese volcán, representa un gran interés para el estado de Tlaxcala, no sólo por los muchos beneficios ecológicos que proporciona, sino también por el importante aporte económico que otorga a los habitantes de la región, debido principalmente al aprovechamiento de madera extraída de la zona, que permite la elaboración de muebles o herramientas, así como plantas medicinales, comestibles y usadas en cultos religiosos, además de resinas, leña y carbón.
En este sentido, se sabe que en algunos tiempos las regiones de montaña en Tlaxcala estaban pobladas por un extenso bosque con vida forestal de muy buena calidad, como aun se observa en los lugares en los que debido a su condición de geografía, no han sido afectados por el hombre, estimando que 2,600 de los 4,000 km2 en el estado, se encontraban en esta condición de riqueza natural.
Del mismo modo, durante la colonia y el porfiriato, el consumo de madera fue aun más elevado, debido a la construcción de diversas vías ferroviarias y la instalación de fábricas textiles, con la consecución del desmedido crecimiento demográfico en la región, explotando principalmente árboles de oyamel, ocote, sabino y pino. 6
Actualmente, la insuficiencia de ingresos de los pobladores en esa área, los obliga a la sobreexplotación de estos valiosos recursos.
Derivado de lo anterior, y debido a la sobreexplotación en la zona, comenzaron a surgir una serie de conflictos que obligaron a los gobiernos a suspender la tala de árboles para los pobladores de ese lugar, propiciando más tarde el decreto a parque nacional, sin que, como ya se dijo, esto lograra frenar la explotación irracional de los bosques en ese volcán.
Así, en febrero de 1996, se oficializa la transferencia de la administración de ese Parque a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, con el objetivo de redimensionar los límites del mismo, y realizar de manera coordinada las acciones de saneamiento y conservación del lugar, estableciendo programas de restauración forestal, vigilancia, zonas de recreación ecológica monitoreo ambiental y educación ecológica que procuren la conservación de este importante lugar. 7
Se planteó la creación de un Comité Técnico Estatal, integrado de manera permanente, en el que participan los distintos ordenes de gobierno en base a sus atribuciones, y la Sociedad Civil, con la finalidad de crear un programa integral que tenga como objetivo el cuidado, protección y promoción de La Malinche.
De lo anterior, se puede observar que los distintos gobiernos han intentado llevar a cabo acciones que permitan la concientización de la problemática ecológica que enfrenta el volcán, sin que se logren obtener los resultados deseados, pues, en tanto no se involucre a los habitantes en la conservación del lugar y se genere un programa de subsistencia para los pobladores, será difícil obtener resultados que permitan la conservación de ese parque nacional.
Del mismo modo, es preciso señalar que en los informes de actividades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los últimos años, se muestra que es necesario intensificar los esfuerzos en esa zona, a fin de garantizar la conservación de un ecosistema con las características que éste muestra.
Asimismo, en relación a los programas de conservación y reforestación implementados para ese parque nacional, a pesar de ser considerados en distintas administraciones, la falta de instrumentos de seguimiento y evaluación de esos programas, tampoco permite resultados contundentes en relación con las formas de sobreexplotación que, como ya se dijo, sobrepasan los esfuerzos.
En ese contexto, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen, estima procedente dirigir un respetuoso exhorto a la Semarnat, para que rinda un informe sobre los programas de reforestación que realiza en áreas dañadas por la tala clandestina e ilegal en las zonas circundantes al volcán La Malinche e informe a esta Soberanía sobre las acciones que realiza en ese parque nacional.
Del mismo modo, esta comisión legislativa, valora pertinente exhortar a la Profepa para que en coordinación con los gobiernos de los Estados de Tlaxcala y Puebla, se emprendan acciones permanentes para impedir la tala ilegal e inmoderada de árboles en las áreas circundantes al volcán La Malinche en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Semarnat, para que rinda un informe sobre los programas de reforestación que realiza en áreas dañadas por la tala clandestina e ilegal en las zonas circundantes al volcán La Malinche e informe a esta Soberanía sobre las acciones que realiza en ese parque nacional.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que, en coordinación con los gobiernos de los Estados de Tlaxcala y Puebla, se emprendan acciones permanentes para impedir la tala ilegal e inmoderada de árboles en las áreas circundantes al volcán La Malinche en el estado de Tlaxcala y parte del estado de Puebla.
Notas
1 Cuéntame, Información por entidad del Inegi, para su consulta en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tlax/territorio/re lieve.aspx?tema=me&e=29.
2 Gobierno de Tlaxcala. Para su consulta en: http://www.tlaxcala.gob.mx/geografia.html.
3 Enciclopedia de los municipios de México. Para su consulta en http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/tlaxcala/regi.htm.
4 Ídem.
5 Decreto que declara parque nacional La Malinche o Matlalcuéyatl. Para su consulta en http://148.206.53.231/bdcdrom/GAM06/GAMV15/root/docs/PRG-176.PDF.
6 Instituto Nacional de Ecología. La Malinche, una visión retrospectiva de su deterioro y conservación- Para su consulta en http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/161/malinche.html.
7 Ídem
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).
De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar las condiciones necesarias para que las organizaciones no gubernamentales promuevan y defiendan los derechos humanos en México
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada el pasado 13 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales ejerzan la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido positivo al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 13 de diciembre de 2010, la diputada Diana Patricia González Soto, en nombre de los diputados coahuilenses del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que en México las organizaciones no gubernamentales ejerzan la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para estudio y dictamen.
III. El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 24 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Contenido de la proposición con punto de acuerdo
1. La proponente manifiesta que la inseguridad en México se ha convertido en el principal problema para la sociedad, en todos los niveles y en todos los ámbitos de actividad.
2. Señala que la participación de la sociedad civil en el diseño de estrategias y solución a éste y otros problemas que nos aquejan es determinante. Una forma de participación de la sociedad civil es a través de la sociedad organizada y que mejor que a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Desde su creación, las ONG han jugado un papel fundamental por ello han sido reconocidas por este organismo internacional quienes las definen como cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel local, nacional o internacional.
Que con tareas orientadas y dirigidas por personas con un interés común, las ONG realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias, llevan los problemas de los ciudadanos a los Gobiernos, supervisan las políticas y alientan la participación de la comunidad. Proveen de análisis y experiencia, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayudan en la supervisión e implementación de acuerdos internacionales.
3. Puntualiza que el financiamiento de sus actividades proviene de diversas fuentes que pueden ser particulares, estados y otras administraciones públicas, organismos internacionales, empresas, otras ONG, entre otros.
4. Detalla que en México como en otras partes del mundo las ONG, han adquirido gran importancia. El trabajo de estos organismos ha rendido frutos en diferentes aspectos en la vida política, económica y social y se concentran en la defensa por los derechos humanos de la mujer, los niños, los indígenas entre otros, así como en la defensa por la democracia a través del voto.
5. Describe que muchos de los cambios que se viven en México se deben a la labor de las ONG a la participación de los ciudadanos que aspiran a una mejor comunidad, sin embargo, sus actividades se han visto afectadas debido al clima de inseguridad que impera en el país y a la falta de garantías para realizar sus trabajos, por ello muchas de estas ONG están restringiendo sus actividades de apoyo comunitario afectando con ello a miles de personas que viven bajo niveles de extrema pobreza.
Destaca que no sólo es la delincuencia organizada quienes agreden y amenazan sino agentes estatales, policías ministeriales y militares.
En octubre pasado, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH), emitió un reporte donde indicó que el incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado ha intensificado la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos; por lo que la ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño e implementación de algunas políticas de seguridad puede llegar a ocasionar restricciones de derechos indispensables para que ejerzan su labor. Asimismo señaló que la labor de los defensores no está debidamente reconocida ni valorada por las autoridades y la sociedad en general.
6. Finalmente la diputada proponente coincide con el alto comisionado de la ONU en México respecto a que los defensores tienen que hacer frente a muchos de los prejuicios que aún subsisten en torno a los derechos humanos, ya que considera que no se han valorado las aportaciones que hacen con su actividad al fortalecimiento de la democracia, al combate de la impunidad, a la protección de los derechos de las víctimas, a generar espacios de diálogo y rendición de cuentas, a dar voz a los que no la tienen y en general, a trabajar por una sociedad más justa.
Los propios medios de comunicación señalan que la inseguridad que impera en al menos ocho regiones del país ha paralizado actividades sociales gratuitas que ofrecían asociaciones médicas y religiosas de los Estados Unidos, sobre todo en ciudades fronterizas de los estados de Chihuahua y Tamaulipas. Por citar un ejemplo, durante 45 años, médicos del Instituto Shriners atendieron a familias de escasos recursos de Ciudad Juárez, hasta 2008 se efectuaron infinidad de cirugías y regalaron prótesis a miles de infantes, la ayuda comenzó a trastocarse justo cuando recrudeció la violencia. En 2009 acudieron sólo en una ocasión, una vez de las cuatro anuales que acostumbraban.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.
Consideraciones
1. Partiendo de estos antecedentes, la Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.
2. En el caso a estudio, el objetivo que persigue el presente proyecto radica en solicitar al Ejecutivo federal que garantice la seguridad de las organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales a efecto de que puedan ejercer plenamente la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
3. Tal y como cita la proponente, las organizaciones no gubernamentales (ONG) han adquirido gran importancia en nuestra sociedad ya que se ocupan de una gran variedad de asuntos comunitarios.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales han estado presentes desde la segunda mitad del siglo XIX, por citar un ejemplo, en 1840 se reunió la Convención Mundial contra la Esclavitud que provocó la movilización internacional para acabar con el comercio de esclavos.
En la actualidad las organizaciones no gubernamentales juegan un papel oficial, ya que el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas encomienda al Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) que “adopte las medidas necesarias para la consulta con las organizaciones no gubernamentales”.
La actividad de las ONG permite los contactos y acuerdos transfronterizos sin que los gobiernos se vean involucrados. Son admitidas como integrantes en las relaciones internacionales y, al influir sobre las políticas nacionales y multilaterales, adquieren un mayor protagonismo.
4. Delimitando el objeto de estudio del presente dictamen, la intención de la proponente, constitucionalmente es viable, ya que el artículo 6o., primer párrafo, de la Constitución Política, consagra la libertad de expresión y las organizaciones no gubernamentales son una expresión organizada de la sociedad que asumen tareas públicas sin recibir alguna contraprestación:
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
...
De igual forma, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ratifica esta garantía:
“Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
A su vez, el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre indica:
“Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.”
Finalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos detalla en el artículo 19, numerales 1 y 2:
“Artículo 19
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
...”
Cabe señalar que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con ésta, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.
El texto es muy claro: los Tratados Internacionales a los cuales se ha adherido México, forman parte de la ley suprema de toda la Unión y, en consecuencia, la normatividad contenida en los anteriormente citados en materia de prevención del delito, es ley suprema de toda la Unión, teniendo por imperativo expreso del artículo 133 constitucional, una jerarquía inferior a la Constitución, pero superior a la de las leyes secundarias federales y locales. Este rango jerárquico ha sido jurisdiccionalmente resuelto. Al respecto, en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el siguiente criterio jurisprudencial al respecto:
Registro número 172667.
Localización: Novena época, instancia: Pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación, XXV, abril de 2007, página 6, tesis: P. VIII/2007, tesis aislada, materia(s): constitucional.
Supremacía constitucional y ley suprema de la unión. Interpretación del artículo 133 constitucional
A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de “supremacía constitucional” implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución general de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la ley suprema de la unión, esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se sitúa en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.
Amparo en revisión 120/2002. McCain México, S. A. de C. V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.*
5. Respecto al exhorto dirigido al Ejecutivo federal para garantizar la seguridad de las organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales, de igual forma resulta procedente, ya que el artículo 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica la prerrogativa del presidente de proteger la seguridad nacional:
“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:
...
VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.
....”
En este sentido, el artículo 2 de la Ley de Seguridad Nacional confirma esta facultad constitucional:
“Artículo 2. Corresponde al titular del Ejecutivo federal la determinación de la política en la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.”
6. Una vez valoradas las anteriores consideraciones, esta comisión dictaminadora estima oportuno aprobar la presente proposición en sentido positivo, toda vez que el Estado Mexicano debe continuar trabajando para resguardar la integridad y los derechos de los activistas que constituyen las organizaciones no gubernamentales (ONG), ya que el trabajo de las ONG en ocasiones, interfiere con intereses políticos o económicos.
7. Esta Soberanía estará atenta al cabal cumplimiento que la autoridad exhortada le dé al resolutivo de este instrumento legislativo.
Con base en lo expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a garantizar, en el marco de sus atribuciones, las condiciones de seguridad necesarias para que en México, las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales puedan ejercer plenamente la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos.
Nota
* En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por McCain México, SA de CV, se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.
De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que corrija los señalamientos de la autopista Saltillo-Monterrey y regrese al peaje original en tanto se concluyan las reparaciones
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Transportes fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que se revisen y corrijan los señalamientos de la autopista Saltillo-Monterrey, y que intervenga para que se regrese a la tarifa original de peaje de dicha vía en tanto se concluyen las reparaciones.
La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ella realizaron los miembros reunidos en pleno, presenta a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. A la Comisión de Transportes fue turnado para estudio y dictamen el expediente número DGPL 61-II-3-853, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que se revisen y corrijan los señalamientos de la autopista Saltillo-Monterrey, y que intervenga para que se regrese a la tarifa original de peaje de dicha vía en tanto se concluyen las reparaciones, presentada por el diputado Hugo Héctor Martínez González, del Partido Revolucionario Institucional, en sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2010.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.
De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:
El diputado Hugo Héctor Martínez González plantea en la proposición que diversos municipios de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se vieron abatidos por la entrada del huracán Álex, que se presentó en julio del año pasado y que ocasionó a su paso fuertes inundaciones y destrucciones en las obras de infraestructura con la consecuente afectación de la sociedad que residía en esos lugares.
La cantidad de agua que trajo el huracán Álex a la región sureste de Coahuila ocasionó diversos daños a la autopista Saltillo-Monterrey, como derrumbes, deslaves y otras afectaciones tanto a esta vía como a la carretera libre y, en consecuencia, generó severas demoras a particulares y al transporte de pasajeros.
Derivado de esas afectaciones, menciona el diputado Martínez González, la calidad del servicio disminuyó, pero la cuota de peaje permaneció sin cambio, hasta que el pasado 28 de octubre la empresa operadora anunció un incremento de 11 pesos, para pasar de 49 a 60, aun cuando las condiciones de seguridad para los usuarios no mejoraron.
Asimismo, expone la propuesta, los señalamientos de la autopista Saltillo-Monterrey en el tramo correspondiente a los entronques hacia la carretera libre a Monterrey y Ramos Arizpe-Matehuala-México generan una confusión que resulta en un costo adicional, ya que al obedecer el señalamiento ubicado en el lugar, se rodea la ciudad de Ramos Arizpe y se tiene que realizar un nuevo pago, incrementando además el tiempo del recorrido.
Ante esa situación, agrega el diputado Héctor Martínez, el 25 de agosto de 2010 los diputados del Congreso de Coahuila solicitaron mediante un punto de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajar las cuotas en la autopista Saltillo-Monterrey en tanto termina de ser reparada.
Por tanto, el diputado Martínez González propone que en respaldo de la propuesta del Congreso de Coahuila, se exhorte al secretario de Comunicaciones y Transportes a regresar a la tarifa original del peaje en la autopista Saltillo Monterrey en tanto se concluyen las actividades de reparación de dicha autopista y se corrijan los señalamientos de la dicha vía.
Consideraciones de la comisión
La comisión que dictamina coincide en que una de las consecuencias del cambio climático es la presencia de fenómenos atmosféricos más frecuentes e intensos, que afectan las actividades económicas en todo el territorio nacional y la infraestructura con que se dispone para realizarlas.
En los primeros días de julio de 2010, la autopista Saltillo-Monterrey fue objeto de las intensas lluvias del huracán Álex, que provocó daños graves en diversos tramos que obligaron al cierre total.
Las secuelas de los destrozos de este fenómeno meteorológico aún hoy se hacen evidentes en una parte de dicha autopista, por lo que los automovilistas que viajan de Monterrey a Saltillo tienen que ser desviados a un tramo en sentido contrario para seguir su camino y luego reincorporarse a su sentido original, a causa de las obras de rehabilitación que se llevan a cabo con el fin de que esta importante vía de comunicación esté en condiciones óptimas de operación y garantice la seguridad de sus usuarios.
Sin embargo, la comisión que suscribe considera pertinente recordar que la autopista fue inaugurada el 9 de noviembre de 2009, con un costo inicial por peaje de 39 pesos, el cual fue modificado en enero de 2010; es decir, casi dos meses después, para pasar a 49 pesos. Posteriormente, como expone el diputado Martínez González en la proposición, en octubre del mismo año la tarifa se incrementó nuevamente para pasar a 60 pesos, pese a las malas condiciones que presenta la autopista. Esto significa que en menos de un año, la tarifa que aplica en la autopista Saltillo-Monterrey se incrementó en 54 por ciento.
En consecuencia, la comisión que dictamina coincide con la inquietud del diputado proponente en el sentido de que resulta preocupante para los usuarios que transitan por esa vía los recurrentes incrementos en las cuotas de peaje, ya que los costos para el transporte de mercancías, bienes y pasajeros, no corresponden con la calidad del servicio y las condiciones actuales de tránsito constituyen un riesgo para éstos, además de que se genera incertidumbre respecto a los costos de distribución y transporte en la región.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes coincidimos en que es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo en análisis, respaldando la preocupación de los ciudadanos que viven, trabajan y se transportan entre los estados de Coahuila y Nuevo León, por lo que sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la tarifa de peaje en la autopista Saltillo-Monterrey, basada en criterios de eficiencia, seguridad y comodidad para los usuarios.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar y corregir por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los señalamientos de la autopista Saltillo-Monterrey.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 8 de febrero de 2011.
La Comisión de Transportes
Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).