Del Congreso de Colima, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Secretarios de la Mesa Directiva de la

Honorable Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión

Por este conducto me permito informarles que la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, aprobó por unanimidad, y con las facultades que le otorga la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviar a esa honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa por la que se propone la reforma del artículo 363 y la adición de los artículos 5 y 7 Bis, todos del Código de Comercio; así como la reforma a la fracción VI del artículo 170, y la adición del artículo 291 Bis, ambos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Anexo al presente copia de los acuerdos correspondientes.

Sin otro particular, solicitamos que se dé el trámite legislativo correspondiente a la iniciativa en comento.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Colima, Colima, 15 de febrero de 2011.

Diputado Enrique Rojas Orozco (rúbrica)

Secretario

Diputado Leonel González Valencia (rúbrica)

Secretario

Honorable Congreso de la Unión

Presente

Los suscritos, diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto relativo a reformar el artículo 363, y adicionar los artículos 5 Bis y 7 Bis, todos del Código de Comercio; así como reformar la fracción VI del artículo 170 y adicionar el artículo 291 Bis, ambos relativos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Corresponde al Estado, por conducto de sus autoridades y, en este caso, por sus representantes, velar por el interés general y, en consecuencia por el bienestar de sus gobernados. En esa tesitura, compete al Estado, entre otros puntos, la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución, reza el artículo 25 de nuestra Ley Fundamental.

De la misma forma el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Para dar cumplimiento a este mandato constitucional, todos quienes detentamos responsabilidades públicas estamos obligados a definir el marco normativo y programático a través del cual debe desenvolverse la actividad económica bajo tres premisas: primero, lograr el crecimiento económico de todos los sectores de la sociedad y, con ello, el desarrollo del país; segundo, que dicho desarrollo se logre en un marco de plena equidad y justicia conmutativa, de modo que un sector no crezca a consecuencia del detrimento de otro; y, tercero, que todos los individuos y familias tengan posibilidades reales de desarrollo sin sacrificar o poner en riesgo su estabilidad y patrimonio.

Una de las funciones y responsabilidades de nosotros como legisladores y por ende representantes populares, comprometidos con la sociedad colimense, es revisar de manera constante y permanente nuestro marco normativo, no sólo el estatal sino también el del ámbito federal.

Producto de esa revisión y además, gracias a la participación de la sociedad organizada, es que damos cuenta de una serie de deficiencias en diversas leyes del ámbito federal, particularmente en la materia mercantil, o del ramo económico, las cuales han provocado incertidumbre y zozobra, circunstancia contraria al objeto de toda normatividad, que es la de brindar legalidad y seguridad jurídica en el gobernado.

Nos queda claro que la ley es la expresión de la voluntad popular, en esa tesitura, la ley debe ser redactada en la forma más inteligible, de tal manera que sea bien comprendida por todos los integrantes de la sociedad a quienes va dirigida, y en esa misma proporción deben generarse todos los actos jurídicos que produzcan efectos entre los individuos, en tal virtud que se debe garantizar que en el caso de los formatos o cualquier tipo de documento en forma de contrato o convenio, éstos deben estar redactados con tal claridad que no haya la menor duda de su contenido, así como de sus límites y alcances, además de que debe ser concisos, visibles y legibles, esto es, que sean de fácil lectura y comprensión, a efecto de ser puntual respecto de los derechos y obligaciones que nacen del acuerdo de voluntades.

Lo anterior no se cumple en la gran mayoría de los casos sujetos a contrataciones mercantiles relativos a la adquisición de bienes o servicios, ya que por lo común éstos van dirigidos al público en general quien no está familiarizado con negociaciones sobre los términos y condiciones de los contratos que van a suscribir, y en donde también es común la utilización de contratos de adhesión cuyas cláusulas ya están redactadas de antemano. A ello hay que agregar la circunstancia de que esos contratos redactados previamente y a los cuales se adhiere la parte adquiriente, como actos jurídicos, no cumplen con esa máxima de seguridad para las personas al no estar redactados en términos claros, concisos y de modo que faciliten la lectura, de modo que el adherente tenga plena conciencia sobre los términos y condiciones en que se está obligando.

Como una respuesta inmediata a esta problemática que se presenta en la sociedad, en perjuicio del patrimonio de gran número de familias, con este proyecto se pretende reformar diversos artículos del Código de Comercio, con el objeto de que quede debidamente regulado el uso y contenido de los formatos que contienen diversos tipos de contratos y convenios, los cuales independientemente de su naturaleza, deben ser redactados de manera clara y concisa, además de ser legibles de tal forma que no quede lugar a dudas sobre su contenido, y sobre todo, prohibiendo, bajo pena de nulidad, el uso en cualquier tipo de contrato, de la letra que por su tamaño, característica y grafía no facilite su lectura.

Esta reforma pretende, a través de esta iniciativa, dar claridad y precisión al uso de los contratos de cualquier naturaleza, los cuales deben ser redactados de tal forma que se evite la oscuridad y ambigüedad, que puede resultar del mal empleo de las palabras mismas como de su colocación y tipografía.

Otro punto no menos importante es lo relativo a establecer límites a los intereses que entre particulares se pactan, y para tal efecto se declaran como de interés público, no siendo superior en ningún caso al fijado por el Banco de México, pero en caso de excederse a manera de penalización será fijado el interés legal, que será el seis por ciento anualizado, pues recordemos que el Estado es quien lleva la rectoría en materia económica y ésta debe hacerse, si bien teniendo como meta el crecimiento económico, más bien teniendo como objeto el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad que posibiliten que el individuo y la familia logren su realización y no que, por el contrario, en cada operación en que intervengan por necesidad para el mejoramiento de sus condiciones patrimoniales, exista la zozobra de perder ese patrimonio que representa la base de la seguridad y desarrollo individual y familiar.

Así, con esta reforma se prohíbe terminantemente toda capitalización de intereses y que, en caso que tal circunstancia se pacte, será bajo pena de nulidad, esto es, no surtirá efecto alguno cuando se capitalice el interés.

Paralelo a ello, se plantea establecer un requisito adicional a la institución del pagaré, esto es, que cuando se suscriba este título de crédito sea ante la presencia de dos testigos, con la finalidad de evitar el abuso de éste en cuanto a su uso, pues es recurrente que se firma en blanco con consecuencias sumamente negativas al pasivo, quien por desconocimiento o necesidad no se fija en el pacto del interés excesivo que se impone en muchas ocasiones en contra de la voluntad del suscribiente.

Por último, se estipula que al considerarse al interés moratorio como causa de utilidad pública, se impone como límite máximo al pactado entre particulares al que emita el Banco d México, y que en caso que exceda, se deberá considerar que se pactó el interés legal, como penalización al exceso que se le quiso imponer al pasivo.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma el artículo 363, y se adicionan los artículos 5 Bis y 7 Bis, todos del Código de Comercio; para quedar como sigue:

Artículo 5 Bis. Todo documento proveniente de cualquier acto de comercio deberá revestir las formalidades que la ley disponga, pero en todo caso, deberá ser por escrito y de manera clara y concisa, además de ser legible y visible de tal forma que no quede en duda su contenido.

Queda prohibido, bajo pena de nulidad, el uso de formatos cuyo contenido esté redactado con letra que por su tamaño, características y grafía no facilite su lectura.

Artículo 7 Bis. Los intereses que bajo cualquier denominación se pacten o convengan, y para los efectos de este código, se consideran de interés público, en consecuencia, sujeto a los límites que establezcan las leyes respectivas.

Artículo 363. Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses. Queda prohibida toda capitalización de intereses, pero en caso que se pacte, será bajo pena de nulidad.

El interés pactado será proporcional, previo estudio, a las posibilidades del deudor, pero en ningún caso será superior al fijado y publicado por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 170 y se adiciona el artículo 291 Bis, ambos relativos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; para quedar como sigue:

Artículo 170. El pagaré debe contener:

De la I a la V. ...

VI. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, los cuales, en todo caso y bajo pena de nulidad, lo harán ante la presencia de dos testigos.

El interés que se pacte será dentro de los límites al que emita y publique el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación, y en caso que exceda, se deberá considerar que se pactó el legal.

Artículo 291 Bis. Toda operación de crédito que se celebre deberá ser por escrito y de manera clara y concisa, además de ser legible y visible de tal forma que no quede a lugar de duda su contenido. Queda prohibido, bajo pena de nulidad, el uso de formatos cuyo contenido esté redactado con letra que por su tamaño, características y grafía no facilite su lectura.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se faculta a esta soberanía para que envíe la presente iniciativa con proyecto de decreto a todas y cada una de las legislaturas de las entidades federativas de la República y, en uso de sus atribuciones y de considerarlo así conveniente, se sumen a esta propuesta y la hagan suya.

Atentamente

Colima, Colima, a 15 de febrero de 2011.

Diputados: Rigoberto Salazar Velasco (rúbrica), José Manuel Romero Coello (rúbrica), Mónica Adalicia Anguiano López (rúbrica), Mely Romero Celis (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Ernesto Germán Virgen Verduzco (rúbrica), Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes (rúbrica), Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), María del Socorro Rivera Carrillo (rúbrica), Víctor Jacobo Vázquez Cerda (rúbrica), Alfredo Hernández Ramos (rúbrica), José Guillermo Rangel Lozano (rúbrica), Nicolás Contreras Cortés (rúbrica), Olaf Presa Mendoza (rúbrica), Leonel González Valencia (rúbrica), Salvador Fuentes Pedroza (rúbrica), José Luis López González (rúbrica), Luis Alfredo Díaz Blake (rúbrica), Raymundo González Saldaña, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Milton de Alva Gutiérrez (rúbrica; sin violentar disposiciones legales aplicables).