Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3211-II, martes 1 de marzo de 2011


Dictámenes negativos de proposiciones

Dictámenes negativos de proposiciones

De la Comisión de Desarrollo Social, referente a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Sedesol a tomar las medidas conducentes para fortalecer la operación del programa de adquisición de leche nacional a cargo de Liconsa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio 61-II-2-571 de fecha 29 de abril de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 2386, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a tomar las medidas conducentes para fortalecer la operación del programa de adquisición de leche nacional a cargo de Liconsa, presentado por el diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con esto antecedentes, la Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. El diputado Baltazar Martínez Montemayor, señala en su proposición con punto de acuerdo, que nuestro país es envidiable por la gran cantidad de productos que se crean o fabrican en su territorio. Señala que se cuenta con todos los climas, una amplia vegetación, suficiente cantidad de agua, colindancia con dos océanos, un extenso territorio, pero además se cuenta con un importante número de técnicos especializados para llevar a cabo un sinfín de proyectos y con suficiente mano de obra para realizarlos; es decir, hay todo lo que se requiere para ser un país autosuficiente.

II. Bajo las consideraciones del diputado proponente, lo que falta es organización entre los ámbitos de gobierno y los sectores económicos del país para trabajar en conjunto, analizando las problemáticas que enfrentamos y las soluciones que hay que implantar por el bien social, laboral y económico de cada una de las familias que viven en México. Concluye que el país es rico en muchos aspectos; entre ellos, el sector agrario y ganadero.

III. La proposición señala que desafortunadamente para los productores, en muchas empresas y en el propio gobierno se da preferencia a la importación de artículos, en lugar de consumir los hechos en casa. Se señala que un ejemplo muy claro es la contradicción que hay entre los primeros lugares que tenemos a escala mundial como importador de leche, pero por otro lado se tiene un considerable número de ganaderos mexicanos que por falta de mercado tienen que tirar la producción; muchos de ellos se aproximan a la quiebra.

IV. El diputado Martínez Montemayor, señala que es alarmante conocer que de la leche que comercializa el programa Liconsa, de la Secretaría de Desarrollo Social, aproximadamente 10 por ciento es de productores mexicanos, mientras que el restante se importa de países como Nueva Zelandia, Irlanda y Uruguay. La proposición apunta que aunque el argumento siempre ha tenido que ver con los precios, en el fondo resulta mucho más caro, si se importa la leche. Bajo la perspectiva del proponente, se está dejando empobrecidas a miles de familias. Para que subsistan y logren mejorar su calidad de vida, resulta urgente destinar un programa de apoyo asistencial.

V. El diputado proponente señala que de consumir más productos mexicanos se incrementaría la calidad de vida de varias familias, se detonarían económica, social y culturalmente muchas regiones del país, y no sería necesario destinar dinero para su supervivencia, pues se convertirían en autosuficientes.

VI. Además, señala el proponente, con el incremento de ingresos, los productores mexicanos comprarían más reses, ofrecerían mejores precios, darían un mejor servicio a los clientes y fortalecerían el sector lechero del país, tan necesitado.

VII. La Comisión de Desarrollo Social hace un reconocimiento al trabajo legislativo y a la preocupación del diputado Martínez Montemayor, sin embargo información de la Secretaría de Desarrollo Social muestra que la compra de leche a productores nacionales se ha incrementado de 2007 a 2010 en 70 por ciento.

VIII. Información de Liconsa señala que la compra que realiza esta empresa de leche nacional ha registrado una tendencia creciente e inversamente proporcional a la compra de leche en polvo de importación. En 2001, de los 934.3 millones de litros de leche adquirida por el Programa de Abasto Social de Leche, sólo 24.9 millones eran comprados a productores nacionales. Para julio de 2010, la proporción se invirtió y se compraron 631.5 millones de litros a productores nacionales y sólo 383.9 millones de litros en el extranjero.

IX. Liconsa informó que para el cierre del año 2010, compró a ganaderos nacionales la cifra récord de 698 millones de litros de leche, cerca del 70 por ciento de los requerimientos de su Programa de Abasto Social y con lo cual se disminuyeron de manera importante las importaciones de leche en polvo. Por lo anterior, se considera que la motivación de la proposición con punto de acuerdo en comento pierde sustento y viabilidad.

X. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 9 de febrero del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud del análisis realizado, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a tomar las medidas conducentes para fortalecer la operación del programa de adquisición de leche nacional a cargo de Liconsa, presentado por el diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de abril de 2010.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).

De la Comisión de Desarrollo Social, respecto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de Liconsa

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I; 158, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio 61-II-1-080 de fecha 6 de octubre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 252, que contiene una proposición con punto de por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de Liconsa, presentado por el diputado Antonio Benítez Lucho y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con estos antecedentes, la Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

I. El diputado Benítez Lucho señala que el desarrollo económico que requiere actualmente el país, como estrategia para frenar el avance de la recesión económica mundial, se basa en el fortalecimiento de la capacidad productiva de los sectores a través de la inversión en infraestructura que permita promover la comercialización de productos locales en mercados nacionales e internacionales, el incremento en la eficiencia de las cadenas de suministro, el apoyo para la formación de sociedades productivas que impulsen las economías de escala y la constante capacitación de productores, gestores y gobiernos locales para lograr un armónico crecimiento sostenido.

II. Las consideraciones de la proposición con punto de acuerdo señalan que desde 2004, la empresa paraestatal Liconsa opera el Programa de Adquisición de Leche Nacional (PALN), con el que contrajo y rehabilitó 49 centros de acopio en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Chihuahua, Campeche, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Aguascalientes y Oaxaca, mismos que integran la red de acopio y enfriamiento de leche fresca, con capacidad conjunta para manejar cerca de un millón 100 mil litros de leche diarios entre las 12 entidades antes mencionadas.

III. La proposición señala que el precio de leche al productor en el año 2005 quedó definido en 3.50 pesos por litro de leche caliente y 3.64 pesos por litro de leche fría, precios que han venido aumentando en forma gradual hasta llegar el 29 de abril de 2009 a 4.20 pesos por litro de leche fría y sin contemplar un precio por litro de leche caliente, dejando en evidencia la falta de interés por parte de Liconsa de comprar a los ganaderos que no cuentan con los medios para enfriar y transportar su producto.

IV. El legislador proponente señala que esta situación ha provocado que Liconsa sólo compre a 4 mil 500 productores de los 250 mil que conforman el sector lechero de México, a pesar de que ha ido subiendo su cuota anual de adquisición de leche de 370 millones de litros en 2007 a 640 millones de litros en el presente año. Para abastecer la demanda nacional de leche líquida y en polvo se requiere 11 mil 500 millones de litros de leche, produciéndose sólo 9 mil millones de litros, por lo que las importaciones ascienden a 2 mil millones de litros.

V. La proposición en comento propone como resolutivos los siguientes

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que modifique las reglas de operación de la empresa paraestatal Liconsa, con el objetivo de favorecer el mercado interno y apoyar a los productores nacionales de leche, haciendo efectiva la regulación del precio del producto y fomentando el desarrollo y formación de empresas integradoras a través del régimen de sociedad cooperativa, que generen economías de escala y permitan la comercialización del producto de manera integral.

Segundo. Se insta al Ejecutivo federal a evitar la importación de caseinato de calcio para la reconstitución de la leche que distribuye Liconsa en las comunidades de México, al amparo presupuestal de los programas destinados al combate a la pobreza, y apoye en su lugar la inversión en el mejoramiento de la infraestructura física de los productores nacionales.

Tercero. Se exhorta a la Sagarpa a que ponga en marcha un esquema de ganadería por contrato que asegure la producción planificada de leche en el territorio, garantice el consumo nacional y asegure su venta a precios accesibles a los mexicanos.

Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Sagarpa y de Sedesol, en coordinación con Liconsa, para establecer un programa de capacitación destinado a los productores nacionales de leche que les permita garantizar el correcto uso y manejo del lácteo, así como para que dichas instancias busquen, en su conjunto, diversificar las fuentes de financiamiento con instancias nacionales e internacionales para apoyar a la industrialización de la producción de leche en el país.

VI. El legislador remarca que la relevancia del punto de acuerdo que propone se centra en permitir reactivar las actividades agropecuarias e industriales, sobre todo en estados como Veracruz, donde se tienen importantes recursos naturales para coadyuvar al desarrollo de los distintos sectores productivos regionales y nacionales, sin dejar de mencionar que se cuenta con el capital humano necesario para operar y fortalecer las distintas iniciativas empresariales y gubernamentales.

VII. Tal es el caso de la producción de leche a través de la ganadería de doble propósito en Veracruz, siendo una de las principales generadoras de materia prima a nivel nacional para abastecer a empresas dedicadas a producir derivados lácteos y al mismo tiempo satisfacer parte de la demanda de leche para su consumo final. Veracruz ocupa el quinto lugar en producción de leche a nivel nacional sólo después de Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, produciendo un volumen diario estimado en más de un millón de litros, siendo en esta entidad donde se procesa el 50 por ciento del lácteo nacional en las plantas disponibles, algunas de ellas modernas y bien equipadas con tecnología de punta y otras de carácter artesanal.

VIII. Pese al avance de la industria pecuaria en los recientes años y de ser un importante referente nacional en la producción de leche, las cuencas lecheras de Veracruz en donde se concentran 16 centros de acopio que abastecerán a los mercados locales y nacionales, no cuentan con la infraestructura productiva ideal ni con esquemas de comercialización que permitan asegurar una producción sostenible que satisfaga la demanda de los grandes compradores nacionales como los son Liconsa, Grupo Industrial Lala, Nestlé y Alpura por mencionar a los principales.

IX. Por otro lado, la falta de organización entre los productores para ofrecer volúmenes de materia prima de manera integral ha debilitado la posibilidad de asegurar contratos de venta que permitan obtener ingresos constantes que promuevan la reinversión, el crecimiento en infraestructura y, por ende, la generación de empleos permanentes en la población. Compradores como Liconsa requieren de proveedores que sean capaces de asegurar un rango estable de producción de leche y un precio de compra competitivo que impida la alternativa de adquirir materia prima en mercados internacionales. Lamentablemente, en la actualidad es común que Liconsa ubique su cadena de suministro fuera del país.

X. La Comisión hace un reconocimiento de la labor legislativa y a la preocupación del legislador proponente, sin embargo, el programa de adquisición de leche nacional a cargo de Liconsa ha tenido incrementos anuales superiores a los 250 millones que han sido utilizados para adquirir específicamente leche nacional, por lo que la fundamentación planteada en el año 2009 queda sin fundamento.

XI. Bajo este contexto, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 9 de febrero del año en curso, dictaminar la no procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud del análisis realizado, esta Comisión de Desarrollo Social somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas de operación de Liconsa, presentado por el diputado Antonio Benítez Lucho y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 6 de octubre de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).

De la Comisión de Juventud y Deporte, relativo a la proposición con punto de acuerdo con la que se exhorta al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal, a considerar la inclusión de la ciudadana Yadira Lira Navarro como candidata al Premio Nacional del Deporte 2010

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 85, 157, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente No. 3201, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, considere la inclusión de la C. Yadira Lira Navarro al Premio Nacional del Deporte 2010, en virtud de su destacada trayectoria deportiva, presentado por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 9 de noviembre de 2010.

La legisladora destaca que el Premio Nacional del Deporte es el máximo reconocimiento al que un deportista pueda aspirar en el país. Asimismo, expresa que se trata de un premio que en sus inicios reconocía a aquellos deportistas no profesionales que lograban destacar, y que en los últimos años se han venido otorgando a deportistas profesionales que nada tienen que ver con el deporte amateur.

En este contexto señala que hace algunos días (previos al 9 de noviembre de 2010), una mujer mexicana obtuvo por segunda ocasión el campeonato mundial de karate en Belgrado, Serbia. Logro que en el 2004 obtuviera por primera ocasión en el mundial de la especialidad celebrado en Monterrey, México. Convirtiéndose en la primera mexicana en ganar dos veces un mundial en esta modalidad.

Siguiendo el orden de exposición de la legisladora, refiere que al igual que en 2004, se le ha negado a esta mujer (Yadira Lira Navarro) acceder al Premio Nacional del Deporte de este año no obstante ser una mujer con los mejores logros en la historia del karate mexicano, al ganar tres medallas, una de oro en 2004 en Monterrey; una de plata en Finlandia 2006 y una más de oro en esta ocasión, en Belgrado (2010).

La razón para dejarla fuera del Premio Nacional del Deporte, indica la promovente, es por las fechas de las competencias (éstas han sido en los meses de octubre y noviembre), que coinciden con los plazos de la convocatoria al premio, por lo cual no ha habido el tiempo necesario para proponerla a tan alta distinción.

Estos argumentos justifican su propuesta para exhortar “al C. Felipe Calderón Hinojosa titular del Ejecutivo federal considerar la inclusión de la C. Yadira Lira Navarro al Premio Nacional del Deporte 2010, en virtud de su destacada trayectoria deportiva y por los resultados obtenidos el pasado 30 de octubre de 2010 en el campeonato mundial de karate en Belgrado, Serbia”.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis del punto de acuerdo de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:

Consideraciones

La Comisión de Juventud y Deporte, previo análisis de los razonamientos expuestos y a la intención de la diputada, tiene a bien llevar a cabo la siguiente exposición a fin de resolver conforme a derecho.

Como lo indica la legisladora, el Premio Nacional de Deportes es el máximo reconocimiento al que un deportista pueda aspirar en el país.

En este sentido, los premios nacionales que actualmente se entregan por mandato legal, constituyen el reconocimiento público que hace el Estado a los mexicanos que por su desempeño, virtud, actuación, trayectoria y obras en alguna disciplina destacan de manera excepcional durante un periodo en el tiempo.

La diputada expresa que el Premio Nacional de Deportes es un premio que en sus inicios reconocía a aquellos deportistas no profesionales que lograban destacar, y que en los últimos años se han venido otorgando a deportistas profesionales que nada tienen que ver con el deporte amateur.

A este respecto, es importante precisar que el Estado Mexicano reconoce anualmente, desde el año de 1975, a los mexicanos que destacan por sus aportaciones dentro de las más de 15 disciplinas que contempla la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, entre ellas la del Premio Nacional de Deportes, para el cual se prevé en los artículos 56 y 57, la entrega del premio en dos campos; el de actuación y trayectoria destacada en alguna modalidad deportiva dividida en dos categorías, para el deportista, que a su vez prevé 3 modalidades, para el deporte no profesional, para el deporte profesional y para el deporte paralímpico, y como segunda categoría se reconoce al entrenador. El segundo campo se destina para el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes. Es decir, desde la creación del Premio Nacional de Deportes éste se ha entregado no solo al deportista destacado a nivel profesional, sino al amateur, al paralímpico y además al entrenador y a quien por fomentar el deporte, la protección o el impulso de la práctica de los deportes se hace acreedor.

Pero los reconocimientos públicos que hace el Estado, trascienden más allá de su esfera disciplinaria; constituyen, hoy más que nunca, un medio fundamental para impulsar y fomentar el desarrollo y la cohesión de la sociedad, lo que destaca más aún, la importancia de los premios.

Ahora bien, en cuanto a la propuesta de la diputada promovente de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, a fin de que considere la inclusión de la C. Yadira Lira Navarro al Premio Nacional del Deporte 2010, en virtud de su destacada trayectoria deportiva, especificando que es una mujer con los mejores logros en la historia del karate mexicano, al ganar tres medallas, una de oro en 2004 en Monterrey; una de plata en Finlandia 2006 y una más de oro en esta ocasión, en Belgrado (el 30 de octubre de 2010), y que es la primera mujer mexicana que ha ganado dos veces un mundial en esta modalidad, esta Comisión de Juventud y Deporte considera conveniente puntualizar lo siguiente:

Los diputados integrantes de este órgano legislativo reconocen la destacada trayectoria de la deportista guerrerense Yadira Lira Navarro en la disciplina de karate, a quien le envía la más amplia y calurosa felicitación, y la invitan a continuar su carrera deportiva y a seguir sumando triunfos, porque personas como ella son las que necesita nuestro país para salir adelante.

En cuanto a la propuesta para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a fin de que considere la inclusión de la C. Yadira Lira Navarro al Premio Nacional del Deporte 2010, ésta resulta inviable toda vez que, a fin de garantizar un estado de derecho y de justicia, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, así como la Convocatoria del Premio Nacional de Deportes 2010, prevén el procedimiento para proponer, y elegir a quienes recibirán el premio, así como las autoridades competentes en cada etapa del proceso.

En este orden de ideas, el artículo 61 de la ley referida dispone que los premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas registradas ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y reconocidas ante la Confederación Deportiva Mexicana, AC, o por los responsables de la información deportiva difundida por prensa escrita, radio o televisión, quienes lo podrán proponer a través de las asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas registradas.

Artículo 61. Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas registradas ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y reconocidas ante la Confederación Deportiva Mexicana, AC, o por los responsables de la información deportiva difundida por prensa escrita, radio o televisión, quienes lo podrán proponer a través de las asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas registradas.

Asimismo, la Convocatoria al Premio Nacional de Deportes 2010, en su base sexta prevé que las candidaturas deberán proponerse al consejo de premiación mediante carta emitida durante el presente año por alguna de las asociaciones deportivas.

Sexta. Las candidaturas deberán proponerse al Consejo de Premiación mediante carta emitida durante el presente año por alguna de las asociaciones deportivas a las que está dirigida la presente convocatoria.

Respecto a la autoridad facultada para determinar quien recibirá el premio, el párrafo segundo del artículo 61 de la ley en comento prevé que, será el jurado quien determinará el candidato que recibirá el premio.

Artículo 61. ...

Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación durante el mes de septiembre y a más tardar el 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días siguientes y a continuación los pondrá en manos del Jurado, que a más tardar el 10 de noviembre deberá haber entregado su dictamen al Consejo.

Asimismo la Convocatoria al Premio Nacional de Deportes 2010, en su base novena prevé que los jurados dictaminarán sobre los expedientes de candidaturas que les turne el consejo de premiación.

Novena. Los Jurados dictaminarán sobre los expedientes de candidaturas que les turne el Consejo de Premiación y formularán las proposiciones que a su juicio deban someterse, por conducto del Presidente de dicho Consejo, al Presidente de la República para su resolución final.

Por lo anterior, toda vez que la deportista Yadira Lira Navarro, no fue propuesta como candidata para recibir el Premio Nacional de Deportes 2010, por alguna asociación deportiva nacional, por asociación deportiva registrada ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y reconocida ante la Confederación Deportiva Mexicana, AC, ni por algún responsable de la información deportiva difundida por prensa escrita, radio o televisión, y en virtud de que el titular del Poder Ejecutivo federal no es la autoridad facultada por la ley para determinar quién es el ganador del premio, luego entonces resulta legalmente improcedente la propuesta de la legisladora promovente.

Finalmente, este órgano legislativo tiene a bien sugerir a la legisladora, considerar los razonamientos expresados y seguir los procedimientos legales establecidos en la forma y tiempo debidos a fin de impulsar la participación de la deportista Yadira Lira Navarro, quien tiene los meritos suficientes para participar en el proceso de determinación de los ganadores del Premio Nacional de Deportes, en la Convocatoria al Premio Nacional de Deportes del próximo año.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte emite el siguiente:

DictamenNOPropo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al C. Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal, considerar la inclusión de la C. Yadira Lira Navarro al Premio Nacional de Deportes 2010, en virtud de su destacada trayectoria deportiva y por los resultados obtenidos el pasado 30 de octubre de 2010, en el campeonato mundial de karate en Belgrado, Serbia, presentado por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 9 de noviembre de 2010.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil once.

La Comisión de Juventud y Deporte

Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera, Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Jesús Everardo, Villarreal Salinas, Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera, Diego Guerrero Rubio, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Laura Felicitas García Dávila (rúbrica).

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respecto a la proposición con punto de acuerdo relativa a la construcción y operación del viaducto elevado Bicentenario en el estado de México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 1081, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México a revisar el proyecto de viaducto elevado “Bicentenario” con el fin de no afectar al medio ambiente ni el libre tránsito en la zona, presentada por la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 100 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 15 de diciembre de 2009, la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de méxico a revisar el proyecto de viaducto elevado “Bicentenario” con el fin de no afectar al medio ambiente ni el libre tránsito en la zona.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud de la diputada Hinojosa Céspedes, quien manifiesta en su punto de acuerdo que cualquier acto de autoridad debe tener como premisa el respeto de las garantías constitucionales como la libertad de trabajo, industria, comercio y tránsito; el acceso a la información pública; la certeza jurídica; derecho de petición y a un medio ambiente adecuado; previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, refiere que el proyecto del gobierno del estado de México denominado “Viaducto Bicentenario” que se encuentra en construcción y que incluso, ha iniciado sus operaciones en su primera fase, debe garantizar el derecho a un ambiente limpio y saludable, sin embargo en su construcción se han talado árboles y afectado áreas verdes así como la imagen urbana de la zona.

En virtud de lo anterior la diputada promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a revisar el proyecto de viaducto elevado Bicentenario con el fin de no afectar al medio ambiente ni el libre tránsito en la zona.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a transparentar los recursos utilizados en la construcción, así como los avances del proyecto de viaducto elevado Bicentenario.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a conceder el derecho de audiencia a los vecinos, comerciantes y ciudadanos en general de la zona en donde se desarrolla el proyecto de viaducto elevado Bicentenario, con el fin de dar información veraz y oportuna de los pormenores de dicho proyecto.

En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente dictamen considera procedente antes de iniciar el análisis técnico jurídico de ese punto de acuerdo, señalar que se abocará exclusivamente a la parte ambiental de éste.

Lo anterior es así, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece las facultades y competencia de las Comisiones Ordinarias por correspondencia en lo general, con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ese sentido, a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde la dictaminación de las materias especificadas en el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Una vez hecha esa aclaración, esta comisión ordinaria procede a iniciar el siguiente análisis.

El Viaducto Bicentenario es una vialidad elevada que tiene como objetivo principal hacer eficiente la circulación vehicular sobre Periférico Norte desde Cuatro Caminos hasta Tepalcapa, en el estado de México. El viaducto elevado atravesará los municipios de Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, tendrá una longitud de 22 kilómetros, beneficiará a más de 9 millones de personas 1 y su costo actualizado al día 1º de enero de 2010 es de $1.32 pesos por km. por lo que el trayecto tendrá un valor total de 29.04. 2

Este proyecto forma parte de un programa de movilidad en el Valle de México, el cual incluye diversas vías de transporte público y particular, conformando un plan de inversión en el estado y tendrá los beneficios siguientes:

Beneficios

1. Recorridos de 15 minutos en promedio donde habitualmente son de 2 horas 15 minutos.

2. Mejorará la arquitectura de la zona, a través de programas de remodelación de fachadas a lo largo de la obra.

3. Incremento y cuidado de áreas verdes y jardines.

4. Eficiencia en actividades laborales, propiciando seguridad y confort en los traslados.

Beneficios inmediatos

1. Mejora la movilidad de la zona norte del Valle de México.

2. Eleva la calidad de vida.

3. Reduce tiempos de traslado y pérdidas de horas hombre.

4. Promueve el desarrollo y la competitividad de la región.

5. Eficiente la conectividad de los municipios aledaños.

6. Reduce emisiones contaminantes y consumo de combustible.

7. Apoya las medidas de reordenamiento urbano. 3

De forma particular, es preciso señalar que la iluminación del Viaducto Bicentenario está basada en energía solar, lo que la convierte en una solución sustentable y responsable con el medio ambiente. El alumbrado fotovoltaico es una propuesta moderna y vanguardista, destacada por el enorme ahorro energético que representará y su aportación significativa a la disminución de la huella de carbono en la zona donde se construye el Viaducto. 4

Ahora bien, según se lee en el portal de internet del proyecto, la concesión ha sido otorgada a la empresa OHL Concesiones 5 autorizando la construcción, explotación, conservación y mantenimiento de la vía por un período máximo de 30 años.

Al respecto, esta comisión legislativa considera que la construcción de dicha obra permitirá mejorar la calidad de vida de los que transitarán por esa vialidad, acortando las distancias y el tiempo de traslado; reducirá las emisiones a la atmósfera ocasionadas por el tráfico así como por el uso de tecnologías amigables con el ambiente.

En ese contexto y en el entendido de que el proyecto Viaducto Bicentenario es una obra sustentable que ya está en operación y en la cual se ha garantizado que no existan afectaciones al medio ambiente, a través de desarrollar mejoras en la arquitectura de la zona y programas de remodelación de fachadas, la inquietud de la diputada promovente queda atendida y en consecuencia, la comisión que elabora el presente dictamen estima que el punto de acuerdo ha quedado sin materia.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se declara sin materia la proposición con punto de acuerdo relativo a la construcción y operación del viaducto elevado Bicentenario en el estado de México.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Gobierno del estado de México, Proyecto Viaducto Bicentenario. Disponible en http://www.viaductobicentenario.gob.mx/

2 Viaducto Bicentenario, Grupo OHL. Disponible en http://viaductobicentenario.com.mx/tarifas.html

3 Gobierno del estado de México, Proyecto Viaducto Bicentenario. Disponible en http://www.viaductobicentenario.gob.mx/

Ver presentación Viaducto Bicentenario

4 Proyecto Viaducto Bicentenario. Disponible en http://viaductobicentenario.com.mx/medio-ambiente.html

5 El 21 de abril de 2008 OHL Concesiones obtuvo la concesión para el diseño, construcción y explotación del viaducto elevado que discurrirá sobre el Periférico Norte en la zona metropolitana de Ciudad de México hasta el km 44 de la autopista México-Querétaro, con una longitud total de 22 kms.

Disponible en http://www.ohlconcesiones.com/html/espanol/viaducto.html

Dado en el salón de plenos de la honorable

Cámara de Diputados el día 8 de febrero del 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica en abstención), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).

De la Comisión de Seguridad Pública, referente a la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que exhorte al secretario de Seguridad Pública a realizar lo conducente a fin de que los ex funcionarios públicos de Michoacán detenidos durante los operativos de fecha 26 de mayo y 29 de junio de 2009 sean trasladados al centro de readaptación social licenciado David Franco Rodríguez de la Ciudad de Morelia, Michoacán

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada el pasado 15 de diciembre de 2009, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, realice lo conducente, a fin de que los ex funcionarios públicos de Michoacán detenidos durante los operativos de fecha 26 de mayo y 29 de junio de 2009, sean trasladados al Centro de Readaptación Social “Lic. David Franco Rodríguez” de la Ciudad de Morelia, Michoacán.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido negativo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 15 de diciembre de 2009, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, realice lo conducente, a fin de que los ex funcionarios públicos de Michoacán detenidos durante los operativos de fecha 26 de mayo y 29 de junio de 2009, sean trasladados al Centro de Readaptación Social “Lic. David Franco Rodríguez” de la Ciudad de Morelia, Michoacán.

II. En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

III. El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido negativo por 21 votos a favor, 1 votos en contra y 0 abstenciones.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El diputado proponente manifiesta que el 26 de mayo de 2009, elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano realizaron un operativo en Michoacán, diligencia en la que en cumplimiento de diversas órdenes de localización y presentación emitidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, detuvieron a varios funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán.

2. Señala que el 16 de junio de 2009, el agente del Ministerio Público de referencia consignó la averiguación previa al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, que motivó la causa penal 2/2009 dentro de la cual, el 25 de junio de 2009 fueron detenidos otros 3 ex funcionarios públicos.

3. Puntualiza que los ex funcionarios michoacanos se encuentran confinados en el Centro de Readaptación Social “Venustiano Carranza” y en el Centro Federal de Readaptación Social 4 “Noroeste” respectivamente, ambos en el estado de Nayarit y radicados en los juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del mismo estado y uno más que se encuentra en el Centro de Readaptación Social de “Puente Grande”, en el estado de Jalisco.

4. Detalla que, mediante oficio de fecha 19 de noviembre de 2009, los procesados, con base en las normas y prácticas del sistema de prevención y readaptación social del país y en aras de mejorar las condiciones de confinamiento y defensa, solicitaron al C. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la procedencia de su traslado al Centro de Readaptación Social “Lic. David Franco Rodríguez” de la Ciudad de Morelia, Michoacán, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este tenor, el Senado ha apoyado esta moción mediante la creación del grupo plural para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los ex funcionarios.

5. Describe que el director general de Prevención y Readaptación Social en el estado de Michoacán, Dr. Jaime Álvarez Ramos, a petición del senador Carlos Sotelo García, en oficio DGPRS/4547/2009 de fecha 21 de noviembre de 2009, manifiesta al gobernador de Michoacán que no existe inconveniente en que se lleve a cabo el traslado de los ex funcionarios de referencia, si así lo consideran las instancias correspondientes, tomando en cuenta la calidad de procesados que guardan estas personas, ya que el penal en comento cuenta con la infraestructura, las condiciones y medidas de seguridad adecuadas para tal efecto. En el mismo sentido, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, en oficio GEM/103/2009 de fecha 23 de noviembre de 2009, manifiesta al C. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que no existe inconveniente para que los ex funcionarios de esa circunscripción puedan ser trasladados, ello en atención a la solicitud hecha por el senador Carlos Sotelo García.

6. En este tenor, el proponente refiere que el 30 de octubre de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la Recomendación 72/2009 que expone una serie de irregularidades y violaciones a las garantías de debido proceso, legalidad, presunción de inocencia, entre otras establecidas en la Constitución Política y diversos instrumentos regionales e internacionales, a la letra dice: “... que debe de hacerse efectivo el ejercicio pleno de las garantías procesales y evitar la criminizalización de personas respecto de las que no existen elementos suficientes para hacer probable responsabilidad”.

Indica que la situación que enfrentan los procesados al encontrarse lejos de sus comunidades dificultan su defensa ya que trae consigo un gasto oneroso, aún más que de acuerdo con las investigaciones que se realizaron por parte de la SIEDO, la mayoría de éstos carecen de recursos económicos.

7. De tal forma, considera que las personas detenidas en Michoacán que se encuentran recluidas en Tepic, Nayarit, sujetas a proceso, pueden ser trasladadas al estado de Michoacán, a fin de que su proceso sea substanciado en ese estado y ello les facilite el ofrecimiento de testigos o pruebas que pudieran rendirse a su favor considerando, según consta en las diligencias practicadas, que se les acusa por hechos ocurridos en su lugar de origen, por lo que la substanciación del procedimiento en un lugar distinto ha complicado su defensa, afectando su derecho a un debido proceso.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

1. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.

2. La finalidad de la propuesta materia del presente dictamen, radica en solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal el traslado de los ex funcionarios públicos de Michoacán, detenidos en el operativo realizado en dicha circunscripción el 26 de mayo y 29 de junio de 2009; al Centro de Readaptación Social “Lic. David Franco Rodríguez”, ubicado en la Ciudad de Morelia, Michoacán.

Por consiguiente, esta pretensión encuentra su fundamentación, en el artículo 18 constitucional, artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 3º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que externan la prerrogativa de la Secretaría de Seguridad Pública para determinar el traslado de reos.

En el ámbito internacional, la disposición 45.1) de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas señala que el traslado de reos se hará a expensas de la administración y en condiciones de igualdad para todos.

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que el exhorto que hace el proponente, jurídicamente es viable, ya que es la Secretaría de Seguridad Pública el órgano competente para deliberar esta pretensión, pero la propuesta ha quedado sin materia en virtud de las siguientes consideraciones.

3. El 26 de mayo y 29 de junio de 2009, tal y como cita el proponente, elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano realizaron un operativo en Michoacán, diligencia en la que, en cumplimiento de diversas órdenes de localización y presentación emitidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, detuvieron a 38 funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán.

El 16 de junio de 2009, el agente del Ministerio Público de referencia consignó la averiguación previa al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, que motivó la causa penal 2/2009.

4. El 29 de junio de 2009, durante el proceso de arraigo, fueron liberados los alcaldes Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortés Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista Tomatlán.

El 29 de enero del 2010, el Tribunal Unitario del Poder Judicial de la Federación con sede en Acapulco, Guerrero, ordenó la inmediata liberación de 12 de los procesados, entre ellos los ex presidentes municipales de Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez; de Uruapan, Antonio González Rodríguez; de Ciudad Hidalgo, José Luis Ávila Franco y de Tumbiscatío, Adán Tafolla. También fueron liberados el ex juez Jaime Liera Álvarez; la ex secretaria de Seguridad Pública estatal, Citlali Fernández González; el ex subprocurador de Justicia del estado, Ignacio Mendoza Jiménez; la ex policía ministerial Gabriela Mata; el ex síndico de Lázaro Cárdenas, Abel Salazar, el ex policía municipal de Lázaro Cárdenas, Baldomero Morales; el ex director de Seguridad Pública de Tumbiscatio, Roberto Rubio Vázquez y el ex director de Obras Públicas de Arteaga, Salvador Dionisio.

El 9 de marzo, el ex alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, se convirtió en el funcionario número 16 en ser liberado y el 23 de abril, tras ganar un amparo promovido ante el Juzgado Primero de Distrito de Morelia salió libre el ex alcalde de Apatzingán, Genaro Guízar.

El 11 de mayo fue liberado Ricardo Rubí Bustamante y el 21 de ese mes, Juan Gaona Gómez, ex jefe de Agentes de la Secretaría de Gobierno.

El 10 de junio de 2010, Ramón Ponce Ponce, ex asesor de la Procuraduría de Justicia fue liberado del Cereso Mil Cumbres y el 2 de julio de 2010, Mario Manuel Romero Tinoco, ex alcalde de La Huacana y académico de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo.

El 16 de agosto de 2010 fueron puestos en libertad Jairo Germán Rivas Páramo, Victorino Jacobo Pérez y José Lino Zamora, quienes eran alcaldes de Arteaga, director de Seguridad Pública de ese municipio y un abogado litigante, respectivamente. Posteriormente fueron liberados otros tres policías ministeriales. El 19 de agosto de 2010, fue el turno de Israel Tentory quien se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal; el 20 de agosto salió Lorenzo Rosales Mendoza, ex agente del Ministerio Público Federal, ya que el Juez Primero de Distrito en materia federal dictó sentencia absolutoria al no encontrar responsabilidad de las acusaciones en su contra y el 26 de ese mes Mario Bautista Ramírez, ex director de Seguridad Pública en la entidad también alcanzó la libertad.

El 2 de septiembre de 2010, el juez encargado estimó que la PGR no aportó pruebas suficientes para inculpar a Mariano Ortega Sánchez, alcalde de Lázaro Cárdenas, detenido por supuestos vínculos con La Familia y fue reinstalado en su cargo el 9 de septiembre de 2010 y el 24 de septiembre fue puesto en libertad uno de los funcionarios más importantes detenidos en el operativo, se trata de Miguel García Hurtado, ex procurador de Justicia del estado, así como los policías ministeriales, Irlanda Sánchez Román, Alfredo Ramírez García, Noé Medina García, Antonio Sánchez Gaytán y Faraón Martínez Molina.

Es decir, de las 38 personas aprendidas en ese operativo sólo queda una en prisión, Armando Medina Torres, ex presidente municipal de Múgica, Michoacán.

5. El 27 de enero de 2010, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán informó que Armando Medina Torres fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social número 2, en Puente Grande, Jalisco, al Centro de Readaptación Social “Lic. David Franco Rodríguez”, en Michoacán.

La transferencia se llevó a cabo mediante un acuerdo emitido por el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Nayarit y se ejecutó mediante un dispositivo especial de seguridad realizado por autoridades federales, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del estado solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de esa entidad, crear un mecanismo de supervisión permanente, que permitió certificar el régimen al que estaría sujeto el inculpado. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a través de agentes de la Policía Estatal Preventiva y guardias de Seguridad y Custodia del Cereso, desplegó un operativo especial para salvaguardar la seguridad física del interno trasferido.

6. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora reitera que el exhorto que el diputado proponente solicitaba realizar a nombre de esta soberanía ha quedado sin materia en virtud de que la pretensión ha sido consumada.

Con base en lo expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido negativo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, realice lo conducente, a fin de que los ex funcionarios públicos de Michoacán detenidos durante los operativos de fecha 26 de mayo y 29 de junio de 2009, sean trasladados al Centro de Readaptación Social “Lic. David Franco Rodríguez” de la Ciudad de Morelia, Michoacán.

Segundo. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Seguridad Pública.

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica en contra), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica),Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.