De la diputada Pilar Torre Canales, relativo a la segunda parte de la sesión ordinaria de 2011 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, efectuada del lunes 11 al viernes 15 de abril de 2011 en Estrasburgo, Francia

Los miembros de la delegación mexicana en el hemiciclo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Integración de la delegación

Senadores: Rosario Green Macías (PRI), presidenta de la delegación, Martha Leticia Sosa Govea (PAN), Humberto Aguilar Coronado (PAN), Alfonso Sánchez Anaya (PRD).

Diputados: José Luis Jaime Correa (PRD), Francisco Arturo Vega de la Madrid (PAN).

Temas de la agenda

• Sobreendeudamiento de los Estados: un peligro para la democracia y para los derechos humanos.

• La dimensión religiosa del diálogo intercultural.

• Combatir la pobreza.

• El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos de Georgia.

• La necesidad de evaluar los avances en la aplicación de la Convención de Berna.

• Educación contra la violencia en las escuelas.

• La protección de los niños y los jóvenes contra la obesidad y la diabetes tipo 2.

• Debate urgente: arribo masivo de migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo y refugiados a las costas del sur de Europa.

• Debate de actualidad: la situación en el norte de África.

• Las mujeres en el medio rural en Europa.

• Fortalecimiento de los mecanismos de prevención de la tortura en Europa.

• La pena de muerte en los países miembros y observadores del Consejo de Europa -una violación inaceptable a los derechos humanos.

• El agua: una fuente de conflicto.

• Niños no acompañados en Europa: cuestiones relacionadas con la llegada, la estancia y el regreso.

• Protección de las mujeres migrantes en el mercado laboral.

1. Textos aprobados por el pleno

Lunes 11 de abril

En la sesión de apertura, el presidente de la asamblea se refirió a las revoluciones en el mundo árabe y expresó el apoyo de los legisladores europeos a las legítimas aspiraciones de los pueblos árabes a sociedades más democráticas. Indicó que se están elaborando informes sobre la situación en el mundo árabe, en Marruecos y Túnez, que serán presentados en la sesión de junio de la asamblea.

Otro tema que se abordará en la sesión de junio será “Vivir juntos en el siglo XX”, relativo a la reforma del Consejo de Europa, con base en el informe del Grupo de Personas Eminentes (Group of Wise Persons) que será sometido al Comité de Ministros en la siguiente reunión ministerial (mayo de 2011, Estambul).

Por otro lado, la asamblea aprobó incluir un debate urgente sobre el “arribo masivo de migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo y refugiados a las costas del sur de Europa” y un debate de actualidad sobre “La situación en el norte de África”.

Asimismo, se tomó nota del informe de avances del Buró de la Asamblea y de la Comisión Permanente.

El primer tema de debate fue “Sobreendeudamiento de los Estados: un peligro para la democracia y para los derechos humanos”. El informe respectivo fue elaborado por el señor Pieter Omtzigt (Países Bajos, PPE/DC), con base en el cual la Asamblea adoptó la recomendación 1961 (2011). Subraya la necesidad de reparar el sistema de gobernanza política y económica y alerta sobre un peligroso círculo vicioso de deuda excesiva, amplios déficits presupuestarios y crecimiento económico magro que amenazan la calidad de vida de los ciudadanos. También deplora que los Estados hayan nacionalizado las deudas privadas y otras prácticas llevadas a cabo en el contexto de la crisis económica.

Por lo anterior, la asamblea recomienda que el Comité de Ministros solicite a los Estados miembros del Consejo de Europa asegurar la plena transparencia y la rendición de cuentas en materia de garantías soberanas y preparar planes para la reducción gradual de esas garantías; contener la erosión del nivel de vida y de los derechos socio-económicos de los ciudadanos, esforzándose por una distribución equitativa de los efectos de las medidas de austeridad entre la población y eximir a los grupos vulnerables del peso del ajuste; mostrar realismo en la elaboración de las estrategias dirigidas a reducir la deuda pública a través de la consolidación fiscal combinada con reformas estructurales, estímulos sostenidos de los sectores de crecimiento, mejora de la administración fiscal y refuerzo de la correlación entre el nivel de las prestaciones sociales y los ingresos del Estado; y vigilar de manera más cercana la integridad de los economistas que asesoran a las autoridades.

Martes 12 de abril

La dimensión religiosa del diálogo intercultural. La asamblea adoptó la recomendación 1962 (2011) con base en el informe de la señora Ann Brasseur (Luxemburgo, ALOE), relatora de la Comisión de Cultura, Ciencia y Educación. En el texto se menciona que las diferencias culturales entre personas de convicciones distintas tienen derecho a existir siempre y cuando sean compatibles con el respeto de los derechos humanos y con los principios que sustentan la democracia, además de que determinan la esencia de las sociedades plurales. Asimismo, se recuerda que la autonomía interna de las instituciones religiosas con respecto a la capacitación de los líderes religiosos, un principio inherente a la libertad de religión, está limitada por los derechos fundamentales, los principios democráticos y el estado de derecho.

Así, la asamblea recomienda a las instituciones y los líderes religiosos estudiar, de ser posible junto con y en el marco del diálogo interreligioso, la forma apropiada para mejorar la capacitación de los responsables religiosos en materia de conocimiento y entendimiento de otras religiones y convicciones y apertura, diálogo y colaboración entre comunidades religiosas; así como respeto a los derechos fundamentales, los principios democráticos y la primacía del derecho, como bases comunes para ese diálogo y esa colaboración.

Al Comité de Ministros, la asamblea le recomienda, entre otros, promover una genuina asociación para la democracia y los derechos humanos entre el Consejo de Europa, las instituciones religiosas y las organizaciones humanistas y no religiosas; establecer un lugar para el diálogo entre la Organización y representantes de alto nivel de las religiones y de las organizaciones no confesionales con el fin de dar una plataforma estable y reconocida formalmente a las relaciones existentes; desarrollar esta iniciativa en concertación con las partes interesadas como la asamblea Parlamentaria, la Unión Europea y la Alianza de Civilizaciones; continuar organizando reuniones dedicadas a la dimensión religiosa del diálogo intercultural; e invitar a los Estados miembros a apoyar proyectos específicos del centro norte-sur dirigidos a la dimensión religiosa del diálogo intercultural más allá de las fronteras de Europa.

La asamblea también invita al Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la Agencia Europea de Derechos Humanos a participar en programas conjuntos con el Consejo de Europa sobre la educación para una ciudadanía democrática, la educación en materia de derechos humanos y el diálogo intercultural e interreligioso. Igualmente, se exhorta a la Alianza de Civilizaciones a aplicar programas conjuntos con el Consejo de Europa destinados a aumentar los intercambios sobre sus actividades respectivas en Europa.

Combatir la pobreza. La asamblea aprobó la resolución 1800 (2011) y la recomendación 1963 (2011). Con base en el informe de la Comisión de Salud, Asuntos Sociales y Familiares, elaborado por el señor Volonté (Italia, PPE/DC).

En la resolución 1800 (2011), la asamblea llama a los Estados miembros del Consejo de Europa a, entre otros, comprometerse a poner fin a la pobreza, particularmente la pobreza infantil y la extrema para 2025; tomar acciones para combatir la pobreza de las mujeres y adoptar una perspectiva de género en todas las políticas y los programas nacionales dirigidos a erradicar la pobreza y la exclusión social; asegurar que las estrategias de reducción de la pobreza estén basadas en los principios de los derechos humanos; adoptar un plan de acción con metas específicas y cuantificables; fortalecer la asistencia y la cooperación internacionales para la disminución de la pobreza; promover inversiones en capital humano e infraestructura, sobre todo en las áreas desfavorecidas; aumentar las inversiones en educación para niños pequeños, la enseñanza y la escolarización; asegurar el derecho a una remuneración justa, por ejemplo reconociendo un salario mínimo; contribuir al desarrollo de la ciencia con el fin de difundir buenas prácticas y responder a las necesidades no satisfechas de las personas en pobreza; y prevenir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Por otro lado, la asamblea invita a los parlamentos nacionales a continuar promoviendo la firma, la ratificación y la implementación de los instrumentos de protección social del Consejo de Europa, como la Carta Europea Social revisada y sus protocolos, la Convención Europea sobre Seguridad Social y el Código Europeo de Seguridad Social. También se les convoca a propiciar la sensibilidad pública sobre los beneficios de la inclusión social y la necesidad de combatir la pobreza.

La Asamblea Parlamentaria hará un seguimiento de los avances en el combate a la pobreza, por lo que abordará el tema en el marco del debate bienal en materia de derechos humanos y sociales en 2013.

En cuanto a la recomendación 1963 (2011), la Asamblea Parlamentaria aconseja al Comité de Ministros tomar todas las medidas necesarias para promover la ratificación y la implementación de la Carta Social Europea revisada y sus protocolos y asegurar el seguimiento de la aplicación de la carta; solicitar a los Estados miembros tener debida cuenta de los principios y directrices para la integración de los derechos humanos en las Estrategias de Reducción de la Pobreza de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACHD) en el desarrollo de sus políticas públicas y en las respectivas decisiones presupuestarias; promover la firma, la ratificación y la instrumentación de los instrumentos de protección social del Consejo de Europa; asegurar que sus políticas y programas en el ámbito de la pobreza y la exclusión social consideren la dimensión de género; realizar acciones urgentes para instrumentar medidas transversales específicas dirigidas particularmente a la protección de las familias, los niños, las mujeres, los discapacitados, los ancianos, las minorías y los migrantes en situación de pobreza; diseñar y establecer instituciones efectivas, no burocráticas y accesibles (por ejemplo, defensores/mediadores de derechos) a los que las personas en estado de pobreza puedan dirigir sus preocupaciones, opiniones y demandas; y tomar debida cuenta del próximo debate bienal sobre el estado de los derechos humanos y los derechos sociales en Europa en la Asamblea Parlamentaria e informar sobre las medidas para salvaguardar los derechos humanos de las personas en pobreza antes de esos debates.

Miércoles 13 de abril

El cumplimiento de las obligaciones los compromisos de Georgia. La Asamblea Parlamentaria adoptó la resolución 1801 (2011), con base en el informe de los señores Kastriot Islami (Albania, SOC) y Michael Aastrup Jensen (Dinamarca, ALOE), relatores de la Comisión de Seguimiento. En la resolución se reconocen los esfuerzos significativos de las autoridades georgianas desde el último informe de seguimiento adoptado en 2008 a pesar del impacto y las consecuencias de la guerra con Rusia en agosto de ese año.

Entre los avances en materia de ambiente político se señalan las iniciativas para sobreponerse a la atmósfera de polarización y confrontación política y para fortalecer el papel de la oposición. Se recomienda la adopción, antes de las próximas elecciones, de un nuevo código electoral que incluya la igualdad de voto, la delimitación de los distritos electorales y la abolición de la prohibición de las candidaturas individuales.

En cuanto a las cuestiones constitucionales se da la bienvenida a las enmiendas del 15 de octubre que, entre otras cosas, garantizan la independencia del Poder Judicial, fortalecen sustancialmente el papel y las facultades del parlamento y permiten un mejor sistema de pesos y contrapesos entre los diferentes poderes. Por otro lado, la asamblea considera que falta aclarar o mejorar un cierto número de disposiciones para evitar tensiones sistémicas, por ejemplo, el procedimiento de moción de censura al gobierno fortaleciendo el papel del parlamento en él; la función del presidente en la negociación de los tratados internacionales; y el fortalecimiento del parlamento en las cuestiones presupuestales.

En materia de medios de comunicación, la asamblea considera que Georgia es un ejemplo para la región, pero debe mejorar en cuanto a transparencia y pluralismo. Recomienda que las autoridades pongan a disposición frecuencias adicionales para oferta pública; y que evalúen el marco para el acceso a la información pública con el fin de mejorarlo.

Con respecto a la autonomía local, se exhorta a las autoridades georgianas a instrumentar plenamente las recomendaciones de la Comisión de Venecia relativas a la organización del Poder Ejecutivo y la supervisión sobre las autoridades locales; mejorar las bases fiscales de las autoridades locales para fortalecer su independencia; y estudiar la posibilidad de introducir elecciones directas para alcaldes de todas las municipalidades o al menos para el resto de las ciudades grandes con gobiernos autónomos.

Otras recomendaciones van en el sentido de transferir la prerrogativa de la nominación de los jueces de la Suprema Corte del presidente al Consejo Superior de Justicia; remover o acortar el período probatorio para los jueces de acuerdo con las normas europeas; establecer criterios claros y detallados en la ley para la destitución de todos los fiscales; asegurar que la legislación existente para el combate a la corrupción sea implementada plena y consistentemente; evaluar el marco jurídico para el acceso a la información pública con miras a mejorar su implementación; revisar los criterios de sentencia obligatoria, que consideren sentencias alternativas y que desarrollen mejores y más claros criterios para la liberación temprana; continuar los esfuerzos para combatir el maltrato en las prisiones; intensificar sus esfuerzos para mejorar la participación de las minorías nacionales en la vida pública; avanzar en el combate a la marginalización de la población romaní; adoptar una ley específica sobre religión que ofrezca un estatus legal igualitario y apropiado, así como protección para todas las confesiones y creencias del país; y firmar y ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias sin demora.

La asamblea expresa su preocupación acerca de la manera en que las personas desplazadas internamente han sido desalojadas de sus residencias en Tbilisi y hace un llamado a las autoridades de Georgia para que aseguren que todos los desalojos cumplan con las normas internacionales.

Finalmente, la asamblea resuelve continuar su procedimiento de seguimiento respecto a Georgia y reafirma su disposición para ayudar al país a cumplir sus obligaciones y compromisos con el Consejo de Europa.

La necesidad de evaluar los avances en la aplicación de la Convención de Berna. La Asamblea Parlamentaria aprobó la resolución 1802 (2011) y la recomendación 1964 (2011), con base en el informe del señor Aleksei Lotman (Estonia, IUE), relator de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales. En la resolución 1802 (2011), la asamblea lamenta que el empobrecimiento de la biodiversidad biológica se esté llevando a cabo más rápidamente que la extinción natural, lo que ilustra la incapacidad política a nivel mundial para lograr los objetivos de biodiversidad y detener la pérdida de esa diversidad en el 2010, como lo estipuló la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica en 2002. Igualmente se refiere al principio 1 de la Declaración de Estocolmo (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 1972) que establece que «El hombre tiene un derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida satisfactorias, en un medio ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar. Tiene el deber solemne de proteger y de mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras».

También considera que las medidas de atenuación por reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero son indispensables para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente y la biodiversidad a mediano y largo plazo, pero que también es necesario aplicar medidas concretas para facilitar la adaptación de los ecosistemas naturales y gestionados a los fenómenos actualmente inducidos por el cambio climático.

Así, la asamblea estima que es esencial tomar medidas severas de protección de los hábitats, de la flora y de la fauna, y vigilar la buena gestión y la ampliación de las redes existentes de zonas protegidas para que las estrategias nacionales y europeas tengan éxito en la preservación de la biodiversidad a pesar de la evolución del clima.

Por otro lado, la asamblea saluda la iniciativa de la Unión Europea dirigida a elaborar su estrategia para la biodiversidad biológica después de 2010 en consulta con los ciudadanos, los socios, la administración pública, las empresas y la sociedad civil con el fin de intensificar los esfuerzos de la Unión Europea para frenar las pérdidas de diversidad biológica en el mundo.

Finalmente, la asamblea invita a la Unión Europea y a los Estados miembros concernidos del Consejo de Europa a intensificar sus esfuerzos para aumentar su contribución a la realización del objetivo de biodiversidad mundial fijado por las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, y sobre todo instrumentar las recomendaciones y las resoluciones del Comité Permanente de la Convención de Berna.

En cuanto a la recomendación 1964 (2011), la Asamblea Parlamentaria solicita que se lleve a cabo un balance de los progresos en la aplicación de la Convención .del Consejo de Europa relativa a la conservación de la vida salvaje y del medio natural de Europa (STE número 104, Convención de Berna). Exhorta al Comité de Ministros a invitar a la Federación de Rusia y a San Marino a firmar y ratificar la Convención de Berna; evaluar la eficacia de la Convención de Berna en África y, de ser el caso, invitar a más países a adherirse para completar la cobertura geográfica, estudiar las posibilidades de cooperación con la Convención Africana para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales (Convención de Argel) y a continuar e intensificar la cooperación con el Acuerdo sobre la Conservación de Aves Acuáticas Migratorias de África y de Eurasia (AEWA); llamar a las Partes y a los Estados observadores de la Convención de Berna a intensificar la cooperación con la Unión Europea con el fin de lograr la compatibilidad entre las zonas de interés especial para la conservación de la Red Esmeralda, en el marco de la Convención de Berna y los hábitats protegidos de la red Natura 2000, en el marco de la Directiva Hábitats de la Unión Europea, sobre todo en lo que concierne a la puesta en marcha de redes de espacios protegidos, la gestión de las zonas protegidas, y la protección de las especies.

De igual manera, la asamblea pide al Comité de Ministros llamar a las Partes y a los Estados observadores de la Convención de Berna a intensificar la instrumentación de las recomendaciones del Comité Permanente y, de ser necesario, incluir una aplicación eficaz de la legislación medioambiental, con el fin de combatir la pérdida de la diversidad biológica en el mundo, la desaparición de los hábitats y la fragmentación de los paisajes de Europa, y tratar los problemas de protección de la diversidad de los hábitats no vinculados a sitios protegidos específicos; utilizar el enfoque ecosistémico y preservar grandes redes de hábitats heterogéneos; e integrar la protección de la diversidad biológica y del paisaje en todos los sectores, y sobre todo la planeación del territorio, el desarrollo de las infraestructuras, la construcción, la explotación minera, la agricultura y la silvicultura, así como la protección del medio ambiente contra la contaminación incluyendo medidas de atenuación y de adaptación al cambio climático.

Educación contra la violencia en las escuelas. El informe respectivo fue elaborado por el señor Mike Hancock (Reino Unido, ALOE), relator de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familia. La Asamblea Parlamentaria adoptó la resolución 1803 (2011) y la recomendación 1965 (2011). En la resolución 1803 (2011), la Asamblea Parlamentaria muestra profunda preocupación por el hecho de que muchas escuelas en Europa siguen enfrentándose con actos severos de violencia. Si bien se considera que dichos eventos son poco frecuentes, la asamblea estima que merecen la mayor atención ya que siempre producen efectos muy significativos en las personas involucradas y su entorno más cercano, y que es de suma importancia abordar la violencia tan pronto como sea posible en la vida escolar de los niños e introducir y/o fomentar la educación contra la violencia en las escuelas. Los costos sociales y financieros excederán los costos de establecer programas más comprensivos para lidiar de manera efectiva con la violencia, sin mencionar el inaceptable sufrimiento de los niños que están expuestos a ese fenómeno, se indica.

Para los legisladores europeos, las sanciones son el último recurso y no un remedio, así que se prefiere la acción preventiva y el apoyo a las víctimas.

La asamblea adopta varios principios como guía para la educación contra la violencia en las escuelas y hace un llamado a los parlamentos miembros y observadores para ratificarlos a nivel nacional y a asegurar que las autoridades gubernamentales correspondientes apoyen administrativa, logística y financieramente a las escuelas, y que supervisen la implementación de esos principios, que incluyen medidas administrativas, de sensibilización y capacitación, de prevención y apoyo, el involucramiento de familiares y estudiantes, y supervisión y asesoría. Entre los principios se encuentran:

• Las normas disciplinarias y/o penales deben prohibir de manera clara todos los actos realizados que puedan ser considerados como “violentos” dentro de las escuelas;

• Se deben aplicar sanciones penales o disciplinarias que sean proporcionales a la gravedad de los actos;

• Todos los actos de violencia deben ser investigados y registrados, cuando son de naturaleza seria, deben ser reportados a las autoridades disciplinarias correspondientes;

• Se debe promover una cultura de democracia y de derechos humanos en las escuelas;

• La sensibilización acerca de la reducción de la violencia, la resolución de los conflictos por vías no violentas y los derechos de los niños, especialmente en las escuelas, deben ser parte de la currícula general de educación;

• Los profesores y el personal de las escuelas deben tener una capacitación obligatoria para entender mejor las diferentes formas de violencia y aprender a combatirlas;

• Los programas de capacitación para el personal de las escuelas deben tomar en cuenta las necesidades específicas con respecto a sus responsabilidades y también las necesidades de los estudiantes, especialmente de los que son más vulnerables;

• Los métodos de enseñanza deben ayudar a abordar las causas de la violencia;

• A nivel de la circunscripción de las escuelas, se deben establecer grupos especializados con conocimiento relevante y experiencia para dar consejo a las escuelas que enfrentan dificultades particulares;

• Las escuelas deben desarrollar proyectos prácticos y actividades extracurriculares sobre el problema de la violencia en las escuelas, acercando a profesores, estudiantes y padres de familia; se debe poner atención especial a que los medios de comunicación no aborden con sensacionalismo la violencia en las escuelas y la violencia social en la vida cotidiana;

• Al implementar proyectos y actividades específicos, las escuelas deben considerar la colaboración con ONG que tengan conocimiento y experiencia en el tema de la educación contra la violencia;

• Las autoridades nacionales deben establecer un sistema para centralizar información estadística referente a la violencia en las escuelas y los resultados obtenidos por las diferentes medidas implementadas para combatir este fenómeno; se deben realizar encuestas nacionales con el fin de identificar buenas prácticas.

Finalmente, la asamblea invita al secretario general del Consejo de Europa a asegurar que el trabajo sobre los niños y la violencia seguirá siendo una prioridad en los futuros programas de actividades del Consejo de Europa.

Por lo que respecta a la recomendación 1965 (2011), la Asamblea Parlamentaria considera que la violencia escolar es una violación a los derechos de los niños y recomienda que el Comité de Ministros presente la resolución 1803 (2011) a los ministros correspondientes, alentándolos a tomar en cuenta los principios contenidos y a comunicarlos a todas sus instituciones educativas; invite, a través de sus ministros de educación, a la próxima Conferencia Permanente de Ministros Europeos de Educación a planear, en cooperación cercana con la comisión correspondiente del Consejo de Europa, políticas educativas proactivas y holísticas contra la violencia en las escuelas y en la sociedad en general; ayude a los Estados miembros en áreas de conflicto o postconflicto para desarrollar proyectos escolares prácticos contra la violencia en las escuelas, dentro de las familias, en la sociedad y entre las naciones; ayude a los Estados miembros a promover una cultura de democracia y de derechos humanos en la escuela, de acuerdo con la Carta del Consejo de Europa para la Ciudadanía Democrática y la Educación para los Derechos Humanos; establezca una cooperación más cercana con y dé apoyo directo. a la Red Europea de Defensores del Menor (ENDC, por sus siglas en inglés) y a su secretariado; establezca una cooperación directa con la Comisión Europea respecto a su trabajo sobre una estrategia para la Unión Europea sobre los derechos del niño y busque ampliar este trabajo a todos los Estados miembros del Consejo de Europa; coopere con el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, y coordine la acción regional europea en ésta área, de manera más cercana; y emprenda, a través de sus ministros correspondientes, planes de acción nacionales contra la violencia en los nuevos medios de comunicación, de ser posible, cooperando con agencias y organizaciones para la protección de los niños, además de las compañías de medios de comunicación y de Internet.

La protección de los niños y los jóvenes contra la obesidad la diabetes tipo 2. La Asamblea Parlamentaria aprobó la resolución 1804 (2011) y la recomendación 1966 (2011), con base en el informe del señor Mike Hancock (Reino Unido, ALDE), relator de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familia. En la resolución 1804 (2011) subraya la importancia de salvaguardar la salud y el bienestar de los niños y los jóvenes al tiempo que lamenta el aumento de los casos de obesidad y diabetes que los afectan en Europa y otras partes. Destaca que ambas, prevenibles, pueden llevar a una crisis de salud pública, y que los Estados miembros del Consejo de Europa deben responder a esto de manera urgente.

La Asamblea Parlamentaria invita a los Estados miembros a considerar la prevención de la obesidad desde la perspectiva del derecho de los niños y los jóvenes a la salud y a un medio ambiente sano en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Asimismo los llama a tomar medidas urgentes para proteger a los niños y los jóvenes de la aparición y las consecuencias de la obesidad y la diabetes tipo 2, en particular medidas para promover hábitos nutricionales sanos, un estilo de vida y un medio ambiente saludables, tomando debida cuenta del principio de respeto al mejor interés del niño.

Respecto a los hábitos nutricionales se recomienda, por ejemplo, promover el amamantamiento desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, mejorar los alimentos escolares, regular el mercadeo de los alimentos, informar a los padres y los niños y jóvenes de los beneficios de los hábitos alimenticios saludables e invitar, alentar y tal vez obligar a los manufactureros y distribuidores de productos agroalimenticios a revisar la composición de algunos de sus productos y sus actividades de promoción del consumo de productos poco o nada sanos.

En materia de promoción de estilos de vida sanos, la asamblea recomienda medidas como el apoyo a las escuelas en la promoción de los hábitos alimenticios sanos y el ejercicio físico; y asegurar la plena participación en la sociedad de los niños y los jóvenes que padecen obesidad/sobrepeso y diabetes tipo 2 y luchar firmemente contra las medidas discriminatorias que afectan a las personas que sufren de obesidad.

Por lo que toca a la promoción de medio ambiente sano, la asamblea recomienda que los Estados miembros desarrollen políticas e iniciativas especificas y tomen medidas para mejorar la movilidad urbana.

Por otro lado, la asamblea invita a los Estados miembros a dar un tratamiento adecuado a los niños y jóvenes que padecen la obesidad y la diabetes tipo 2 y asegurar que las personas que están en riesgo de obesidad y/o de complicaciones vinculadas a esa patología tengan un acceso real a la asesoría médica y a los cuidados respectivos. También recomienda reforzar la capacidad de los Estados de llevar a cabo investigaciones y encontrar soluciones a esos problemas, particularmente mejorando sensiblemente la recopilación y el análisis de datos.

Por último, la asamblea estima que la participación de los niños y los jóvenes en el diseño de programas de salud pública dirigidos a ellos es una condición importante para su instrumentación exitosa, por lo que pide garantizar su plena participación en todas las acciones a realizar en los miembros del Consejo de Europa.

En la recomendación 1966 (2011), la asamblea llama la atención del Comité de Ministros sobre los peligros del aumento dramático en las tasas de obesidad y diabetes tipo 2 en Europa, particularmente entre los niños y los jóvenes. Se teme que los Estados miembros del Consejo de Europa enfrentarán un incremento espectacular en el gasto público en materia de salud en los próximos 15 a 20 años si no se toman medidas para contrarrestar las enfermedades relacionadas con la obesidad. Alerta sobre la necesidad de diseñar e instrumentar desde ahora una política general para prevenir que los niños y los jóvenes tengan sobrepeso y obesidad.

Por lo anterior, la asamblea recomienda al Comité de Ministros elaborar una serie de lineamientos para alentar a los Estados miembros y observadores a adoptar e instrumentar estrategias coordinadas que involucren a los sectores relevantes, tales como el de la salud pública, la educación, la juventud y el deporte, en la prevención y el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2 entre los niños y los jóvenes.

Jueves 14 de abril

Debate urgente: Arribo masivo de migrantes en situación irregular solicitantes de asilo y refugiados a las costas del sur de Europa. El informe respectivo fue elaborado por la señora Tineke Strik (Países Bajos, SOC), relatora de la Comisión de Migración, Refugiados y Población, con base en el cual la asamblea adoptó la resolución 1805 (2011) y la recomendación 1967 (2011). En la resolución 1805 (2011), la asamblea se refiere a los levantamientos populares en Túnez, Egipto y Libia este año y los consecuentes flujos de migrantes que huyen del peligro y la miseria hacia Europa. Alude a las condiciones en las que esos migrantes se trasladan al continente europeo y reconoce como primera prioridad responder a las necesidades humanitarias y la protección internacional de los migrantes que se encuentran ya en las costas europeas, principalmente en Italia y Malta.

La asamblea observa que, por el momento, los arribos no son lo que se esperaba y que es necesario hacerlo notar ya que los políticos, los medios de comunicación y otros no han precisado la información y la opinión pública está inquieta y pide respuestas desproporcionadas.

Por otro lado, la asamblea recuerda a los Estados miembros su obligación internacional de no devolver las embarcaciones con personas que necesitan protección internacional.

Igualmente, señala que nunca es demasiado pronto para abordar el origen de las olas de migrantes que arriban en botes, algunas de las cuales se pueden tratar rápidamente y otras que requerirán mayor tiempo por su complejidad. Para la asamblea, Europa debe invertir fuertemente, en sentido económico y democrático, en los países de origen de esos migrantes, a riesgo de que, en caso contrario, se agraven las consecuencias de la migración irregular.

Reconociendo que la situación en el norte de África concierne a todos los Estados miembros, llama a éstos a reconocer que el arribo de un amplio número de migrantes irregulares a las costas del Sur de Europa es responsabilidad de todos los Estados europeos y requiere una solución que considere una responsabilidad colectiva; proveer ayuda humanitaria urgente y asistencia a los migrantes que llegan a las costas del sur de Europa y otras fronteras; evitar la retención automática y utilizarla sólo cuando no haya una alternativa razonable, asegurando el cumplimiento de las normas de derechos humanos; garantizar que las personas vulnerables no sean detenidas y reciban cuidado y asistencia apropiados; garantizar el derecho de asilo; proporcionar pleno apoyo a las organizaciones nacionales e internacionales de ayuda humanitaria en el norte de África y los países europeos de arribo; y mostrar solidaridad en los retos que se enfrenten.

En cuanto al tratamiento de las causas originarias de arribo masivo de migrantes en situación irregular, buscadores de asilo y refugiados, la asamblea exhorta a los Estados miembros a proporcionar apoyo para la reforma económica, social, democrática y jurídica y al desarrollo en Túnez, Egipto y, de ser el caso, Libia; dar cauces legales. a la migración para las personas provenientes de los países afectados con el fin de reducir la presión de la migración irregular y los medios para ayudar a los países concernidos; y estar prestos para proporcionar ayuda sustancial a Libia para estabilizar el país tan pronto como salga del conflicto actual.

Por otro lado, la asamblea exhorta a la Unión Europea a que, en caso de un éxodo masivo de refugiados libios producto de un mayor terror del Coronel Gadafi o de una guerra civil, considere la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.

Finalmente, la asamblea recuerda a los Estados miembros las posibilidades de financiamiento del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y los exhorta a presentar proyectos para obtener préstamos que contribuyan a la creación de instalaciones de recepción e infraestructuras adecuadas para responder a las necesidades de las personas vulnerables.

En la recomendación 1967 (2011), la asamblea recomienda que el Consejo de Europa reúna a los responsables de la recepción y la detención administrativa en los Estados miembros con los órganos pertinentes del Consejo de Europa para examinar las buenas prácticas y los métodos de cooperación con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos mínimos y que se entienda con claridad qué es lo que se espera de los Estados miembros. También se invita al Comité de Ministros a analizar con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa la medida en la que éste puede apoyar a los Estados miembros en la recepción de migrantes irregulares y solicitantes de asilo y para la integración de aquellos que necesiten protección internacional.

Debate de actualidad: la situación en el norte de África. En este tipo de debates, la asamblea no adopta resoluciones ni recomendaciones. El orador designado por el Buró de la asamblea para iniciar el debate fue el señor Andreas Gross (Suiza, SOC), quien expresó que la mejor manera de prevenir que las personas busquen asilo es asegurarles tener una vida digna en sus propios países. La falta de la dignidad humana fue la razón de las agitaciones civiles y políticas recientes en Túnez, Egipto y Libia. Dijo que era deber de los europeos intentar mejorar la calidad de vida de los pueblos en esos países y apoyar a los que trabajaban por establecer la democracia y derrocar a los regímenes despóticos.

El señor Gross hizo un repaso breve de la situación en Egipto, Libia y otros países del mundo árabe (Bahrein, Argelia y Yemen), y de las causas que llevaron a las revueltas sociales.

En otro orden de ideas, el orador manifestó que las naciones europeas deben unirse y ayudar a esos pueblos, por razones de dignidad, valores y derechos humanos que deben ser aplicados universalmente. Destacó que la revolución en el norte de África y en Medio Oriente no tiene orígenes en diferencias religiosas, sino en la lucha por la dignidad del individuo y de las naciones. Igualmente, indicó que la ayuda a los líderes árabes no debe enfocarse en el ámbito militar y que se debe evitar el egoísmo de proteger la posición económica de Europa y que era de interés para los europeos que la democracia echara raíces en los Estados árabes.

A continuación, los representantes de los Grupos Políticos (Izquierda Unitaria Europea, Popular Europeo, Socialista, Demócrata Europeo y Liberales Demócratas) presentaron sus posiciones. Los cinco coincidieron en la necesidad de ofrecer la experiencia, los instrumentos y las instituciones del Consejo de Europa en apoyo a la construcción de la democracia en los países árabes del norte de África, por ejemplo, el estatuto de socio para la democracia en los casos de Túnez y Egipto. También destacaron el papel de la ONU en todas las acciones en la región.

Igualmente, coincidieron en que la situación en la región es compleja, por lo que el futuro era aún incierto en esos países.

El representante de la Izquierda Unitaria Europea, señor Kox, urgió a la OTAN a detener los bombardeos sobre Libia toda vez que la zona de exclusión aérea se había logrado; el de los demócratas europeos, señor Gale, expresó que las economías del Norte de África deben desarrollarse si no se quiere que continúe el arribo masivo de migrantes a Europa; y la de los liberales, señora Schuster, que la transformación de las sociedades no debe hacerse en detrimento de las minorías religiosas, étnicas, sexuales y otras.

En el debate general se resaltó que la lucha por la democracia en los países árabes del norte de África será larga, el uso de Internet y las redes sociales en las revoluciones en esa región, la prioridad de resolver políticamente los conflictos, que las acciones militares de la OTAN deben limitarse a la protección de la población civil, y el papel activo de las mujeres en los movimientos.

Las mujeres en el medio rural en Europa. El informe respectivo fue elaborado por la señora Carmen Quintanilla Barba, relatora de la Comisión de Equidad y Género, con base en el cual la asamblea adoptó la resolución 1806 (2011). En el texto, la asamblea destaca que las mujeres en el medio rural enfrentan desafíos fuertes respecto al logro de la equidad de género y el disfrute de sus derechos, situación mucho más grave en el caso de las mujeres de minorías étnicas. A pesar de las diferencias entre los Estados miembros, se identifican cuestiones de preocupación común (oportunidades limitadas de encontrar empleo, acceso reducido a los créditos y a la seguridad social, obstáculos al derecho a la propiedad y a heredar, entre ellos). Además de que esas mujeres son particularmente vulnerables a la violencia.

Por ello, la asamblea llama a los Estados miembros a considerar medidas jurídicas y políticas específicas enfocadas en la situación de las mujeres rurales dirigidas a avanzar en la igualdad de oportunidades; asegurar enfoques de género en la elaboración de las políticas con impacto en la situación de las mujeres rurales; promover una mayor participación de esas mujeres en la toma de decisiones; hacer un seguimiento de la correcta instrumentación de la ley por parte de los funcionarios encargados de la aplicación de la legislación; establecer campañas de visibilidad y sensibilización sobre los derechos de las mujeres del medio rural; aplicar presupuestos con perspectiva de género; elaborar estudios estadísticos sobre el impacto de la pobreza y la exclusión en las áreas rurales; asegurar que las mujeres no sean discriminadas en el acceso a la propiedad y los derechos de heredar; evaluar el valor del trabajo no remunerado o poco remunerado desarrollado en la granja durante el matrimonio con el fin de que se considere en caso de separación o divorcio; facilitar la obtención de microcréditos, fondos o préstamos a las mujeres rurales que deseen establecer una empresa; incrementar las oportunidades de trabajo en el hogar para las mujeres rurales; fortalecer la disponibilidad de servicios esenciales tales como guarderías, servicios sociales, para personas mayores o con discapacidades, de salud, con el fin de hacer más fácil la conciliación de la vida laboral y la vida familiar para las mujeres rurales; promover la escolarización, la educación para adultos y la capacitación vocacional para las mujeres y las niñas en las áreas rurales; establecer o alentar el establecimiento de oficinas de información y asociaciones de defensa que asesoren a las mujeres rurales sobre sus derechos y representación jurídica; e implementar programas y centros de reinserción de víctimas de trata en las zonas rurales, así como dispositivos de protección, servicios y refugios para las víctimas de violencia, incluida la violencia doméstica.

Un último llamado es para que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea continúen sus esfuerzos para garantizar un enfoque integrado de género en todas sus políticas y sus medidas, y hagan un seguimiento de la ejecución de la Directiva 2010/41 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad independiente.

La pena de muerte en los países miembros observadores del Consejo de Europa: una violación a los derechos humanos. La Asamblea Parlamentaria adoptó la resolución 1807 (2011), con base en el informe de la señora Renate Wohlwend (Liechtenstein, PPE), relatora de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. En el texto adoptado, la asamblea reitera su oposición por principio a la pena de muerte en cualquier circunstancia. Señala el orgullo de haber contribuido con éxito a erradicar ese castigo inhumano y degradante en casi toda Europa, haciendo de la abolición de la pena de muerte una condición para la adhesión al Consejo de Europa.

Igualmente refiere que la experiencia europea muestra de manera incontestable que la pena de muerte no es necesaria para frenar los crímenes violentos.

La resolución 1807 (2011) contiene apartados dirigidos a Estados Unidos, Japón (Estados observadores en el Consejo de Europa) y Belarús (país a1 que se suspendió su estatuto de invitado especial en la Asamblea Parlamentaria desde 1997). Hace referencia específica al caso “Avena y otros nacionales mexicanos”.

Respecto a Estados Unidos, la asamblea felicita a los estados que han abolido recientemente la pena de muerte (en particular Nuevo México, Nueva Jersey y Nueva York) e invita a los otros estados, así como al Estado federal, a seguir su ejemplo. Por otro lado, lamenta que la aplicación arbitraria y discriminatoria de la pena de muerte haya manchado la reputación de ese país, con el cual cuentan sus amigos para ser un modelo para los derechos humanos.

En cuanto a Japón, la asamblea espera que la reciente introducción del sistema de jueces no profesionales contribuya a acrecentar la sensibilización de la población respecto a la crueldad de la pena de muerte y a su falibilidad, promoviendo así su eventual abolición. Muestra decepción por la oportunidad pérdida de incluir ministros de justicia abiertamente abolicionistas en los gobiernos recientes y señala que las moratorias de hecho han estado seguidas, desgraciadamente, de una práctica atroz de ejecuciones efectuadas de la manera más secreta.

Respecto de Belarús, la asamblea, condena fuertemente la continuación de las ejecuciones desde 2008, que han causado mucho daño a la credibilidad de la solicitud de ese país de acercarse a la familia de los Estados europeos democráticos que protegen los derechos humanos y la dignidad humana. Asimismo, exhorta a las autoridades competentes a declarar una moratoria sobre las ejecuciones sin más demora y a tomar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en la ley.

En el caso Avena (México versus Estados Unidos de América) de la Corte Internacional de Justicia, la asamblea solicita urgentemente que la legislatura federal promulgue una legislación que autorice a los nacionales mexicanos condenados a muerte que no pudieron beneficiarse de la asistencia consular prevista por la Convención de Viena sobre relaciones consulares a ser nuevamente juzgados siguiendo los procedimientos adecuados.

De igual manera se insta a que todas las autoridades judiciales de los Estados Unidos tengan la posibilidad de garantizar que en el futuro todo nacional extranjero que pueda ser sujeto a la pena de muerte tenga el beneficio de una asistencia consular apropiada, de acuerdo con las obligaciones internacionales de los Estados Unidos en virtud de la Convención de Viena.

Se anexa al presente informe una traducción libre de la resolución 1807 (2011).

Fortalecimiento de los mecanismos de prevención de la tortura en Europa. El informe respectivo fue elaborado por el señor Jean-Charles Gardetto (Mónaco, PPE), relator de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. La asamblea aprobó la resolución 1808 (2011) y la recomendación 1968 (2011). En la resolución 1808 (2011) la asamblea invita a los Estados miembros del Consejo de Europa, que aún no lo han hecho, a firmar y a ratificar el Protocolo Opcional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) y a designar mecanismos nacionales de prevención independientes y con recursos adecuados, tan pronto como sea posible.

A los Estados Parte del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (ETS número 126) los exhorta a modificar ese Convenio para permitir la elección de los miembros del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) por la Asamblea Parlamentaria; a publicar automáticamente los informes de las visitas y de las observaciones de las partes interesadas, dando la posibilidad de que cada Parte solicite un aplazamiento de la publicación de hasta seis meses después de la entrega; y a hacer una petición general para que los futuros informes de las visitas del CPT sean publicados tan pronto como sea posible después de la entrega, excepto en los casos especiales en que la parte involucrada presente objeciones.

La asamblea hace llamados también a las delegaciones parlamentarias nacionales para que hagan los procedimientos de selección de los’ candidatos al CPT más transparentes y mejor adaptados a las necesidades de éste; a los parlamentos de los Estados Parte en el Convenio involucrados a acudir a sus gobiernos con respecto a las declaraciones públicas adoptadas por el CPT, en virtud del artículo 10 del Convenio, en caso de un déficit de la cooperación o ante la negativa a mejorar las condiciones en vista de las recomendaciones del CPT.

En la resolución también se exhorta al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa a informarse sobre las medidas adoptadas por los resultados obtenidos por el CPT con motivo de las visitas del Comisario al Estado involucrado, y mantenerse atento en las declaraciones públicas del CPT.

Al CPT se le pide continuar su cooperación basada en la búsqueda de las interacciones y en la acumulación de experiencias con los mecanismos previstos en el OPCA, en particular, la asistencia en el desarrollo de mecanismos nacionales de prevención.

Para finalizar, la Asamblea solicita a las instituciones competentes de la Unión Europea hacer referencia a los logros del CPT y usar sus conocimientos para crear interacciones y evitar la duplicidad en sus acciones para mejorar las condiciones de arresto en los Estados miembros de la Unión Europea.

Por lo que corresponde a la recomendación 1968 (2011 ), la Asamblea Parlamentaria invita al Comité de Ministros a presentar una proposición de proceso de enmienda del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (ETS número 126) para permitir la elección por parte de la Asamblea Parlamentaria de los miembros del CPT; y la publicación automática de los informes de las visitas y de las observaciones de las partes involucradas, proporcionando la posibilidad de que cada parte solicite el aplazamiento de la publicación hasta seis meses después de la entrega.

También le insta a colocar en su agenda y discutir con carácter de urgencia cualquier declaración pública adoptada por el CPT, en virtud del artículo 10 del convenio, y adoptar una resolución sobre su procedencia.

Viernes 15 de abril

El agua: una fuente de conflicto. El informe respectivo fue elaborado por el señor Bernard Marquet (Mónaco, ALDE), relator de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Territoriales. La asamblea adoptó la resolución 1809 (2011), en la que se subraya que siendo el agua esencial para la supervivencia humana un billón de personas en el mundo no tiene acceso al agua potable. Se recuerda el objetivo fijado en la Cumbre de Johannesburgo en 2002 de reducir a la mitad el número de personas sin acceso a agua potable para 2015, y a las propuestas hechas por los parlamentos en el quinto Foro Mundial del Agua en Estambul el 19 de marzo de 2009. Lamenta que en su informe (22 de marzo de 2009), los gobiernos hayan fallado al no reconocer que el derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano.

La asamblea también llama la atención al hecho de que la escasez de agua lleva a actos de violencia y conflictos que pueden amenazar la estabilidad política y social de un Estado. Concluye que el agua se ha convertido en una herramienta política y militar, así como en una nueva arma para los terroristas.

Así, la asamblea recomienda que las autoridades de los Estados miembros y no ­miembros reconozcan que el acceso al agua es un derecho humano fundamental (resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 28 de julio de 2010, y resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del 30 de septiembre de 2010); apliquen y, si es necesario, revisen las reglas de la legislación internacional sobre el agua; revisen los sistemas para el manejo conjunto de ríos y acuíferos transfronterizos; tomen las medidas necesarias para organizar las cuencas de los ríos; desarrollen cauces de agua internacionales; mejoren la transparencia y el flujo de información entre todas las partes interesadas; aseguren que las actividades llevadas a cabo en su país no dañen los recursos naturales de otros países; recurran a la Corte Internacional de Justicia para la solución pacífica de las disputas sobre recursos compartidos entre varios Estados; promuevan costos de agua más justos y provean servicios de distribución de agua de buena calidad y en cantidades suficientes, así como servicios de saneamiento aceptables y accesibles, como se recomienda en la resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos; provean a todos los ciudadanos los medios para solicitar rendición de cuantas a sus gobiernos y exigir acuerdos de indemnización, de ser el caso; establezcan un programa de asistencia y cooperación con países que sufren de escasez de agua; tomen medidas para controlar el uso de las aguas subterráneas para promover el ahorro y evitar desperdicios; introduzcan medidas para la desalinización del agua para transformar de manera económica el agua de mar en agua potable; revisen las prácticas de la agricultura y las políticas para asegurar que son viables, mediante el fomento de la inversión en sistemas de riego eficientes y la transferencia tecnológica entre países desarrollados y aquellos en desarrollo; establezcan un seguimiento estricto de los riesgos de la contaminación accidental; y establezcan una base de datos que contenga información meteorológica, hidrológica y socioeconómica.

Además, la asamblea recomienda que las autoridades locales y regionales garanticen a sus ciudadanos un sistema de tratamiento de aguas de buena calidad.

Niños no acompañados en Europa: cuestiones relacionadas con la llegada la estancia v el regreso. La relatora para este tema fue la señora Mailis Reps, de la Comisión de Migración, Refugiados y Población. La asamblea adoptó la resolución 1810 (2010) y la recomendación 1969 (2011). En el primer texto, la asamblea indica la creciente sensibilización respecto a la necesidad de abordar los problemas que enfrentan los niños migrantes no acompañados a su llegada y en su permanencia en Europa. Se calcula que habría hasta 100 mil niños en esa situación, cuyas edades van de los 14 a los 17 años, con medidas de protección y asistencia muy variables entre países que crean disparidades y diferentes interpretaciones del mejor interés del niño. Se reconoce que, en muchos casos, los niños son extremadamente vulnerables y enfrentan abuso, negligencia y se vuelven víctimas de las redes de traficantes y criminales.

La asamblea expresa que la protección de los niños, más que el control de la inmigración, debe ser la preocupación que guíe la manera en que los países se comprometen con los niños no acompañados. En ese sentido establece 15 principios comunes e invita a los Estados miembros a observarlos y trabajar juntos para lograrlos:

• Los niños no acompañados deben ser tratados primeramente y más que nada como niños, no como migrantes.

• El mejor interés del niño debe ser la primera consideración en todas las acciones respecto a los niños, sin importar el estatus migratorio o de residencia del menor.

• No debe negarse el acceso al territorio a ningún niño, ni debe ser deportado rápidamente en las fronteras de los Estados miembros.

• Los niños víctimas de trata deben beneficiarse de arreglos especiales en términos de identificación, recepción y protección.

• Todo niño no acompañado debe ser provisto inmediatamente de un tutor legal para salvaguardar el mejor interés del niño. El tutor legal debe ser independiente y tener la experiencia necesaria en el campo del cuidado de niños.

• Se debe proveer de asistencia legal, social y psicológica sin demora a los niños no acompañados.

• Todas las entrevistas con niños no acompañados que se refieran a detalles y antecedentes personales deben ser conducidas de manera individual por personal especializado y bien capacitado y en la presencia del tutor del niño.

• Se debe garantizar el acceso a procedimientos de asilo y protección internacional a todos los niños no acompañados.

• No se debe permitir la detención de niños no acompañados por motivos vinculados a la migración.

• La evaluación de la edad debe hacerse sólo en caso que haya dudas razonables sobre la minoría de edad de una persona.

• Se deben escuchar los puntos de vista del niño y darles el peso correspondiente en todos los procedimientos relevantes, de acuerdo con su edad y su madurez.

• Desde el primer contacto con el niño, el objetivo principal debe ser encontrar una solución duradera para los niños no acompañados.

• Se debe garantizar el acceso a un albergue apropiado, la educación, la capacitación vocacional y el cuidado de la salud a todos los niños no acompañados, sin importar su estatus migratorio y bajo las mismas condiciones que se dan a los niños de los ciudadanos.

• Se deben extender las posibilidades de reunificar a la familia, más allá de las fronteras del país receptor y con una perspectiva humanitaria, explorando vínculos con otros familiares dentro del país receptor y en terceros países, siempre guiándose por el mejor interés del niño.

• Debe tomarse en cuenta el mejor interés del niño en todos los pasos que lleven hacia el regreso del niño o niña a su país de origen. El regreso no es una opción si esto implica el riesgo de que se violen los derechos humanos fundamentales del niño.

Por otro lado, la asamblea hace un llamado a la Unión Europea (U E) a, entre otros, promover la plena instrumentación de su Plan de Acción sobre Menores no Acompañados; considerar nuevas normas legislativas para cerrar las brechas de protección existentes en el derecho de la UE para todos los niños no acompañados; adoptar e instrumentar normas y salvaguardas de procedimiento sobre la tutela y la asistencia jurídica para asegurar que los intereses de los niños no acompañados son salvaguardados durante todos los procedimientos administrativos y judiciales; abstenerse de apoyar o financiar la construcción de instalaciones de recepción con propósito de deportar a los niños a los países de origen que no tengan sistemas de protección adecuados; promover las buenas prácticas sobre el proceso de retorno en toda Europa; y asegurar la integración adecuada de los niños no acompañados en el país receptor, cuando esto haya sido considerado conforme al interés superior del niño.

En la recomendación 1969 (2011), la asamblea invita al Comité de Ministros a tomar nota de las recomendaciones de la asamblea a los Estados miembros, establecidas en la resolución 1810 (2011) e incitar a dichos Estados a cumplir con ellas. Adicionalmente, la asamblea exhorta al Comité de Ministros a recomendar a los Estados miembros cumplir con la observación general número 6 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con las directrices adoptadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), Unicef, Save the Children, el Programa Europeo de Niños Separados (SCEP, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones internacionales, y particularmente con las directrices 2008 del ACNUR sobre la determinación del interés superior del niño, las directrices de 2009 del ACNUR en cuanto a las solicitudes de asilo de niños y la cuarta versión de la Declaración de Buenas Prácticas del SCEP.

Se pide también al comité instruir al órgano relevante dentro del Consejo de Europa a establecer un grupo de trabajo que comprenda expertos en gobierno, miembros de la sociedad civil y representantes de las organizaciones internacionales relevantes y órganos del Consejo de Europa a examinar los 15 principios comunes, presentados en la resolución 1810 (2011), con miras a elaborar principios rectores en la protección de los niños no acompañados; integrar completamente las cuestiones relacionadas con los niños- no acompañados al proyecto transversal “Construyendo una Europa para y con los ­Niños” y en cualquier actividad futura llevada a cabo en el marco de ese proyecto y, en particular, contribuir al desarrollo de directrices comunes sobre la evaluación del interés superior del niño, la tutela legal de los niños no acompañados, la evaluación de la edad y la aplicación de una justicia adaptada a los niños en el caso de los niños no acompañados.

Otras recomendaciones van en el sentido de encontrar recursos para implementar proyectos de vida para menores no acompañados como una herramienta invaluable para encontrar soluciones duraderas para ellos; designar un solo interlocutor dentro del Consejo de Europa que asegure la coordinación y el seguimiento del problema de niños no acompañados en todos los Estados miembros del Consejo de Europa; y alentar a los Estados miembros a presentar proyectos al Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con miras a financiar o cofinanciar proyectos de vida para los niños no acompañados.

Protección de las mujeres migrantes en el mercado laboral. El informe correspondiente fue elaborado por la señora Pernille Frahm (Dinamarca, IUE), relatora de la Comisión de Migración, Refugiados y Población. La asamblea adoptó la resolución 1811 (2011) y la recomendación 1970 (2011). En la resolución 1811 (2011), la asamblea señala que más de la mitad de los 210 millones de migrantes del mundo y las tres cuartas partes de todos los refugiados son mujeres. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en 2010 las mujeres migrantes representaron 52.3 por ciento de los 69 millones de migrantes en Europa. Cada vez más, las mujeres están migrando en busca de oportunidades económicas.

En el texto también se destaca el papel esencial de las mujeres migrantes en los mercados laborales y la valiosa contribución a las economías y a las sociedades de los países receptores. Esto sin dejar de mencionar las dificultades a las que se enfrentan, por ejemplo el hecho de que migran por necesidad y a menudo tienen que abandonar a sus hijos a fin de encontrar trabajo para mantener a sus familias. Otras migran con sus familias y soportan la carga del trabajo pesado, así como los cuidados del hogar; encuentran trabajo en los roles tradicionales asignados a las mujeres con largas jornadas y salarios bajos. Muchas de ellas tienen un estatus legal irregular, son vulnerables al maltrato y tienen escasas prestaciones y pocos recursos para acceder a la justicia.

Adicionalmente, se señala en la resolución 1811 (2011) que un número importante de mujeres entran a los países receptores como cónyuges de los trabajadores migrantes, buscan trabajo en sectores irregulares y aceptan empleos por debajo de sus niveles de calificación. En la mayoría de los países, ellas pierden su estatus migratorio y el derecho a la protección si deciden abandonar a sus cónyuges o compañeros a causa de la violencia doméstica. Las mujeres solicitantes de asilo y las refugiadas son una categoría particularmente vulnerable de las mujeres en el mercado laboral.

Considerando todas esas situaciones, la Asamblea reconoce la necesidad de que los países receptores desarrollen y apliquen medidas para abordar de forma específica la protección de las mujeres migrantes en el mercado laboral, independientemente de su ocupación o estatus migratorio. En este sentido, pide a los Estados Miembros del Consejo de Europa: aumentar las oportunidades de migración legal para las mujeres y adoptar políticas de inmigración basadas en los derechos humanos que sean sensibles al género y al empoderamiento y que prevengan la migración ilegal, la explotación y la trata de personas; defender los derechos humanos fundamentales; promover la igualdad de oportunidades; y prevenir y combatir las prácticas de explotación en el mercado laboral.

Lo anterior con medidas como mejorar las leyes y las políticas que regulan la contratación y el empleo de las trabajadoras migrantes; diversificar y ofrecer nuevas oportunidades de empleo legal para las mujeres migrantes; impulsar en los países de origen la creación de un sistema de información único y eficiente sobre los empleos en el extranjero, enfocado en un número de empleos para las mujeres migrantes; instruir a los consulados en los países de origen para proporcionar información a las mujeres migrantes sobre los peligros de la trata de personas y la explotación, incluyendo información adecuada sobre los derechos legales y las posibilidades de reparación, y sobre las organizaciones de contacto en caso de una necesidad urgente; conceder un estatuto jurídico individual a las mujeres migrantes que se unan a sus cónyuges mediante la reunificación familiar; otorgar a las mujeres migrantes en situación irregular el acceso pleno a la atención de la salud, la educación y las condiciones laborales justas y asegurarse de que sean capaces de denunciar la violencia y la explotación sin temor a la deportación; establecer un marco jurídico que garantice a las mujeres migrantes el derecho a tener sus propios pasaportes y permisos de residencia, y hacer que la confiscación ilegal de estos documentos sea un delito penal; garantizar que a todas las mujeres migrantes, independientemente de su estatus jurídico, se les otorguen los mismos derechos que a los trabajadores nacionales; promover el empleo decente, humano, digno y remunerado de las trabajadoras migrantes; informar a las trabajadoras migrantes sobre sus derechos, los procedimientos de denuncia y la información de contacto de los grupos para los derechos humanos de los trabajadores; separar la inspección laboral de las facultades en materia de inmigración y del otorgamiento a los trabajadores indocumentados del derecho a denunciar los abusos sin temer por su residencia en el país receptor.

Por otro lado, la asamblea insta a los Estados miembros a reconocer el importante papel productivo y el valor social del trabajo doméstico, mediante el reconocimiento de este tipo de trabajo como un trabajo en la legislación laboral nacional; el apoyo a la elaboración de una nueva convención sobre los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y una recomendación complementaria sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos; el desarrollo de sistemas independientes de visado para los trabajadores migrantes domésticos y enfermeros que permitan la entrada legal, ofreciendo un contrato legal de trabajo; garantizar que las visas no estén vinculadas a patrones específicos y suprimir o excluir cualquier estipulación acerca de que los empleados deben vivir en la casa del patrón; otorgar a los trabajadores migrantes domésticos los derechos y la protección laborales; proteger a los trabajadores migrantes domésticos contra todas las formas de abuso y acoso; y garantizar su derecho a acceder a recursos legales contra los patrones que los maltraten.

En cuanto a la recomendación 1970 (2011), la asamblea considera que es esencial garantizar la protección de los derechos fundamentales de las mujeres migrantes en los Estados miembros del Consejo de Europa. Solicita al Comité de Ministros animar a los gobiernos de los Estados miembros a avanzar en la ratificación de los respectivos instrumentos de protección jurídica del Consejo de Europa; alentar a los gobiernos de los Estados miembros a participar activamente en la elaboración de la futura convención sobre los trabajadores domésticos de la OIT y a adherirse a sus disposiciones; lanzar una campaña para aumentar la sensibilización en los Estados miembros encaminada a reconocer la labor de los trabajadores domésticos como trabajo y a eliminar prácticas como la retención de pasaportes y/o salarios, y los abusos físicos, sexuales y psicológicos contra los trabajadores domésticos; y fortalecer la asociación entre los Estados miembros del Consejo de Europa y los países de origen con el objeto de respetar los derechos humanos de las mujeres migrantes, promover la equidad de género, especialmente en la legislación civil, y el empoderamiento de la mujer.

4. Actividades de la delegación mexicana

Además de la asistencia a los debates plenarios, la delegación mexicana llevó a cabo las siguientes actividades:

Martes 12 de abril

Entrega de ejemplares del manual para parlamentarios, Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual (Convenio de Lanzarote).

Se entregó al secretariado de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familia 4 ejemplares de la versión en español, elaborada en el Senado de la República, del manual. El secretariado entregó un ejemplar al parlamentario de contacto de España, senador Agustín Conde Bajén, y uno a la diputada María del Carmen Quintanilla. Asimismo, se solicitó al Senado proporcionar más ejemplares para la sesión de junio de la asamblea a fin de ponerlos a disposición de los parlamentarios en una mesa en la que se distribuirán materiales relacionados con la Campaña del Consejo de Europa para Detener la Violencia Sexual contra los Niños.

Adicionalmente, el secretariado de la campaña informó que en el boletín número 2 de la campaña se incluiría información sobre la presentación de la versión del manual en español. Ese boletín se distribuirá en la tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria en junio próximo.

Reunión informal con la titular de la Misión de México en Estrasburgo, ministra Lidia Madero

La titular de la Misión de México en Estrasburgo compartió con la delegación mexicana información sobre sus actividades de seguimiento de los temas de interés para México en el Comité de Ministros del Consejo de Europa:

• Posible adhesión de México a la Convención sobre la Prevención y Combate a la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.

• Posible adhesión de México a la Convención de Lanzarote.

• Posible visita de la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, señora Maud de Boer-Buquicchio, en noviembre de 2011. Ha sido invitada a participar en la 338 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (2 y 3 de noviembre, México, DF).

• Posible adhesión de México a la Convención sobre Acciones contra la Trata de Seres Humanos.

Miércoles 13 de abril

Segunda reunión de la Red de Contactos Parlamentarios para detener la Violencia Sexual contra los Niños

La senadora Martha Leticia Sosa Govea, punto de contacto para la Red por parte de México, participó en esta reunión que tuvo como tema principal “El combate a la pornografía infantil en Internet”.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familiares, señora Liliane Maury Pasquier, inició la reunión con un reconocimiento a la labor de la senadora Sosa Govea en la campaña e informó a los participantes de la traducción al español del manual, su presentación el 6 de abril de 2011 y la página de Internet sobre dicha campaña en México. Igualmente, comunicó que los Parlamentos de Serbia y de Chipre estaban por iniciar actividades dirigidas a la campaña.

Por otro lado, el senador Agustín Conde Bajén (España, PPE/DC) relator sobre “combate a la pornografía infantil en el marco de la campaña contra la violencia sexual hacia los niños”, expuso que el objetivo de su informe es hacer propuestas a los gobiernos para que la lucha contra ese fenómeno sea un hecho. Otro de los puntos importantes es lograr que las imágenes pornográficas de niños sean borradas de Internet. Solicitó que en la reunión de junio de la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Familia haya un experto sobre eliminación de imágenes para que dé su punto de vista.

De su lado, el señor John Carr, consejero principal en la iniciativa de protección de la infancia en línea de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Reino Unido) sobre el tema del combate a la pornografía infantil en Internet, refirió que cada vez que una persona ve una imagen de un niño víctima de pornografía, el niño está siendo victimizado nuevamente. Propuso como mejor opción borrar la fuente de las imágenes y bloquear como segunda opción. Puso como ejemplo la legislación y las acciones en Italia, Reino Unido, Suecia, Noruega y Dinamarca, que han encontrado vías para bloquear páginas sin que signifique poner en riesgo la libertad de expresión; cuando se avisa a la autoridad, en 6 horas son quitadas las páginas de la red. En Italia, según informó el señor Carr, por ley se bloquea un sitio en el que se detecta pornografía infantil. Declaró que el Consejo de Europa debe hacer que sus miembros bloqueen las páginas con pornografía infantil en su jurisdicción, y que una policía internacional podría lograr bloquear las páginas sin que el costo sea muy alto.

En las participaciones generales, los parlamentarios opinaron que los motores de búsqueda también tenían responsabilidad en cuanto a los sitios en los que se exhibe pornografía infantil; aludieron a lo que hay antes y después de las imágenes en Internet (redes, tráfico de menores, etcétera); y señalaron que es importante definir si se requieren mayores instrumentos jurídicos.

En esta reunión se circuló, para firma, la propuesta de resolución “La adopción internacional: garantizar el respeto del interés superior del niño”, que fue firmada por la senadora Sosa Govea. Este texto señala que toda adopción internacional debe desarrollarse conforme a diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, que subrayan el respeto al interés superior del niño y a procedimientos de adopción legales, transparentes y claros.

Al finalizar la reunión, la senadora Sosa Govea invitó al senador Conde Bajén y a la diputada Carmen Quintanilla a participar en el foro nacional que se planea organizar en México en el marco de la Campaña para detener la violencia sexual contra los niños.

Recepción ofrecida por la embajadora de España ante el Consejo de Europa

La delegación mexicana asistió a la cena ofrecida por la embajadora del Reino de España ante la Asamblea Parlamentaria, señora Marta Vilardell Coma, en honor de las delegaciones parlamentarias de España, México y Andorra. Esta fue en el contexto del término del mandato de la embajadora.

La delegación mexicana tuvo una conversación informal sobre las reglas para el acceso a los cargos en las organizaciones internacionales y el trabajo del Consejo de Europa con el señor Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, ex Director General de la UNESCO y ex miembro del Parlamento Europeo.

Jueves 14 de abril

Conversación informal con el señor Alan Meale miembro de la Subcomisión Ad hoc sobre Cambio Climático

El diputado José Luis Jaime Correa sostuvo una conversación con el señor Meale, en la cual el parlamentario británico reiteró la invitación a la delegación mexicana para seguir colaborando en el tema del cambio climático, en el marco de reuniones en Londres previas a la celebración de las sesiones parciales de la Asamblea Parlamentaria.

Entrevista con Sandra Babcock, abogada, Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Escuela de Derecho de la Universidad Northwestern

La señora Babcock solicitó esta entrevista con la delegación mexicana. Informó sobre su trabajo en el Programa de Asistencia Jurídica a mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos. Formó parte del equipo jurídico que llevó el caso “Avena y otros nacionales mexicanos” ante la Corte Internacional de Justicia, y señaló que se sigue abogando por que el Congreso estadounidense legisle para la aplicación del fallo de La Haya sobre ese caso.

La abogada estadounidense también participa en la puesta en marcha de la base de datos sobre pena de muerte (práctica y leyes en los Estados retencionistas).

El senador Humberto Aguilar Coronado aludió a la reforma a la Constitución Mexicana en materia de derechos humanos (8 de abril de 2011), su significado y la lucha de México contra la pena de muerte.

Entrevista con la secretaria general adjunta del Consejo de Europa, señora Maud de Boer-Buquicchio

La senadora Martha Leticia Sosa Govea entregó a la señora De Boer-Buquicchio un ejemplar de la versión en español del manual para parlamentarios sobre el Convenio de Lanzarote. Informó sobre los planes para llevar a cabo cuatro foros regionales y uno nacional en el marco de la Campaña para detener la Violencia Sexual contra los Niños e invitó a la funcionaria europea para que, aprovechando su visita a México en noviembre de 2011, participara en el foro nacional.

La secretaria general adjunta mostró su beneplácito por las actividades de la delegación mexicana en el marco de la Campaña y ofreció mantener abierta la posibilidad de participar en el foro nacional, así como los materiales gráficos con los que cuenta el Consejo de Europa para dicha campaña.

La pena de muerte en el mundo: Nuevos datos respecto a la práctica y las leyes de los Estados retencionistas de la pena capital

La delegación mexicana asistió a este evento paralelo a la sesión de la asamblea, que fue organizado por el Centro para los Derechos Humanos Internacionales de la Universidad Northwestern (CDHI) y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP).

Se contó con la participación de la señora Renate Wolhwend, relatora para el tema de la pena de muerte en los Estados miembros y observadores del Consejo de Europa.

El punto central del evento fue el lanzamiento de una nueva base de datos sobre las leyes y prácticas de los Estados que mantienen la pena capital (jurisdicción, procedimientos, condiciones del corredor de la muerte y evolución política). La base es producto del trabajo de dos años de investigadores internacionales que compilaron información de más de 90 Estados y dos territorios en los que la pena de muerte sigue incluida en las leyes y en la práctica.

De acuerdo con el CDHI y la WCADP, esa nueva fuente de información es un recurso invaluable para políticos, abogados, cortes, activistas y medios de comunicación que requieran datos sobre las tendencias políticas y jurídicas en el uso de la pena de muerte; y permitirá realizar análisis comparativos.

La presentación, hecha por la señora Sandra Babcock, fue de manera interactiva. Uno de los casos que retornó para mostrar el funcionamiento de la base de datos fue el de “Avena y otros nacionales mexicanos”, mismo que explicó brevemente. La abogada estadounidense reconoció la presencia de la delegación mexicana.

La señora Babcock abundó sobre los beneficios de la base de datos indicando que es necesaria para identificar una estrategia apropiada para la abolición; está basada en informes de medios e investigaciones; fue trabajada con abogados expertos en diferentes idiomas; y contiene recursos sobre las condiciones de prisión, la etnia de los condenados, la calidad de los medios para defensa, países en los que los nacionales de un país enfrentan pena de muerte en otro, por mencionar algunos.

La base también será presentada en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Gambia), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Ginebra) y en la reunión general de la Coalición (Marruecos).

Por su parte, la señora Wolhwend aludió al compromiso de moratoria y abolición de la pena de muerte para la membresía en el Consejo de Europa. Hizo un esbozo de su informe.

Por la delegación mexicana, el senador Humberto Aguilar Coronado agradeció el trabajo de la señora Babcock en defensa de los mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos, manifestó beneplácito por la base de datos e informó sobre la reciente modificación a la Constitución en materia de derechos humanos.

La señora Babcock declaró que México ha dedicado más recursos que cualquier otro país a la abolición de la pena de muerte.

Debate: “La pena de muerte en los países miembros observadores del Consejo de Europa -una violación inaceptable a los derechos humanos”

El diputado José Luis Jaime Correa participó en este debate a nombre de la delegación mexicana. Agradeció a la relatora, señora Renate Wohlwend, por su reporte, a la Asamblea Parlamentaria que el caso Avena y otros nacionales mexicanos haya sido objeto de análisis en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y las gestiones realizadas por la relatora y por el presidente de la comisión, señor Pourgourides, ante la Secretaría de Estado de Estados Unidos para el cumplimiento por parte de ese país del fallo de la Corte Internacional de Justicia relativo al caso Avena.

Indicó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia representa un importante aliciente para los que creen firmemente en el derecho y las instituciones internacionales.

Igualmente, expresó que los legisladores mexicanos se han pronunciado en todos los foros parlamentarios internacionales a favor de que el gobierno de Estados Unidos acate y dé pleno cumplimiento a la resolución de la Corte Internacional de Justicia del 31 de marzo de 2004. Añadió que se seguirá pugnando por garantizar la vigencia y el respeto de los derechos de los connacionales en cualquier parte del mundo.

Subrayó el rechazo a la pena de muerte por considerarla inhumana y alejada de las normas esenciales del derecho internacional. Coincidió con otros oradores en que no hay pruebas contundentes de que la aplicación de la pena capital disminuya la criminalidad.

Refirió que el Estado moderno tiene la obligación de garantizar la protección y la seguridad de la sociedad en su conjunto con una cultura de la prevención del delito y la reducción de las brechas de desigualdad social.

Finalmente, reafirmó el compromiso de México con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.

5. Personalidades invitadas

Las siguientes personalidades hicieron declaraciones ante el pleno de la asamblea:

• Señor Thorbjorn Jagland, secretario general del Consejo de Europa.

• Su beatitud patriarca Daniel de Rumania.

• Su eminencia cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Vaticano.

• Profesor Mehmet Gormez, presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos de la República de Turquía.

• Rabino en Jefe Berel Lazar, Gran Rabino de Rusia.

• Prelado Bernhard Felmberg, representante plenipotenciario del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania, en la República Federal de Alemania y en la Unión Europea.

• Señor Ahmet Davutoglu, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, presidente del Comité de Ministros.

• Señor Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía.

• Señor Thomas Hammarberg, comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos.

• Señor Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

Atentamente

Diputada Pilar Torre Canales