De la Comisión de Seguridad Pública, relativa a la decimosexta reunión ordinaria, efectuada el miércoles 27 de abril de 2011

En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las 11:15 horas del miércoles 27 de abril de 2011, y con la asistencia inicial de 25 legisladores, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública declaró abierta la sesión.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen.

Dictámenes de iniciativas

4.1. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 3 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

4.2. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 126 Bis en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

4.3. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 8 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal, presentada por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

4.4 Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 121 Bis y 121Ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

4.5 Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de seguridad social para policías, presentada por el diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

4.6 Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

4.7. Dictamen de las siguientes iniciativas en materia de ejecución de sanciones:

• Proyecto de decreto que expide la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado Alejandro Gertz Manero, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 18 Constitucional en Materia del Sistema Penitenciario, presentada por la diputada Adriana Sarur Torre, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Atención para las mujeres en reclusión, presentada por las diputadas Josefina Vázquez Mota y Paz Gutiérrez Cortina, integrantes del Grupo parlamentario del PAN.

4.8. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, presentada por el diputado José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Dictamen de proposición con punto de acuerdo

4.9. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implementación de la “policía social”, presentada por el diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Descripción de la reunión

Primero. A solicitud del presidente, el diputado Eduardo Yáñez Montaño, quien fungió como secretario, consultó a la asamblea si hubiera algún comentario sobre el orden del día y el acta de la sesión anterior. Acto seguido el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia solicitó el uso de la palabra para manifestar lo siguiente: En el orden del día preguntarle acerca de si ya esta comisión tiene previsto discutir y analizar el dictamen respecto a la Ley de Seguridad, porque fue turnada a esta comisión junto con otras cuatro comisiones.

Preguntarle qué usted sabe porque tenemos mucho temor en algunos grupos parlamentarios de que vaya a existir algún albazo, porque debe ser dictaminada esa iniciativa por esta comisión, por la Comisión de Justicia, por la Comisión de Gobernación, de Defensa Nacional y de Derechos Humanos. Preguntarle si usted tiene alguna información que nosotros no conozcamos respecto al dictamen de esa Ley de Seguridad Nacional.

A lo que el diputado presidente respondió: Con mucho gusto, diputado Cárdenas. Al respecto para aclarar su duda, y como queda plasmado con claridad en el orden del día que les fue proporcionado con anticipación y en los dictámenes que previamente, como siempre lo hacemos, fueron circulados a todos los integrantes, no se encuentra considerada la revisión para análisis del dictamen del tema de Ley de Seguridad Nacional para esta sesión.

Es obvio, notorio que se encuentra trabajándose un borrador por parte de los grupos parlamentarios que después será por supuesto revisado por las comisiones que tendremos que intervenir en su caso para dictaminarlo en el sentido que así lo decidamos. En ese entendido, para la fecha de hoy, que era su duda, no está considerado el tema.

Subsiguientemente, el diputado Cárdenas señaló: En torno al reglamento respecto a este punto, porque de acuerdo al Reglamento se podría declinar la competencia de la comisión. Sin embargo para que se declinara esa competencia debería existir la firma de la mayoría de los miembros de la junta directiva de la Comisión de Seguridad Pública.

Preguntarle si han discutido los miembros de la junta directiva la posibilidad de declinar la competencia en el conocimiento de ese dictamen

Por su parte el diputado presidente puntualizó: No, no lo hemos discutido. No ha sido tema en mesa directiva, no ha sido tema en sesión. Yo lo invito a que se deje de preocupar por ese tema en lo que respecta a la conducta de la mesa directiva de esta comisión, diputado Cárdenas, usted sabe cómo trabajamos aquí de manera ordinaria, cómo informamos con tiempo de los temas, cómo circulamos los dictámenes con tiempo. Cualquier decisión que se tomara sobre el tema de seguridad nacional, este pleno tendrá conocimiento primero antes que cualquier cosa.

¿Algún otro compañero legislador o compañera legisladora que tuviera algún comentario sobre el orden del día? De no ser así le pido, diputado secretario, si es tan amable de someterlo a consideración de los presentes.

En consecuencia se aprobaron por unanimidad tanto Acta de la Sesión anterior así como el orden del día.

Segundo. Posteriormente, el presidente instruyó a la secretaría para iniciar la presentación de los dictámenes enviados también con antelación a los integrantes de la comisión para someterlos a su respectiva votación:

Dictámenes de iniciativas

2.1. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 3 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Dictamen positivo.

A favor 20, 3 en contra, 0 abstenciones.

En cuanto a la discusión de este dictamen, el diputado Jaime Cárdenas solicitó el uso de la palabra para indicar: Estoy de acuerdo en el sentido del dictamen. El tema en el que no comparto totalmente el dictamen es en la expresión en lo general, como regla general. ¿Por qué? Porque esto implica un gradualismo.

Es verdad que el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución permite la celebración de convenios entre la federación y los estados para que reos de distintos ámbitos puedan compurgar sanciones penales en centros penitenciarios correspondientes a otra esfera competencial. Eso está previsto y se soluciona a través de convenios.

Pero hay casos tan graves como el del Distrito Federal en donde existe por ejemplo una gran cantidad en los centros penitenciarios del Distrito Federal, que son del ámbito local, donde compurgan penas sentenciados por delitos del ámbito federal.

A mí me parece que esto no es adecuado, que la federación debiera hacerse responsable plenamente de contener o de tener los centros penitenciarios suficientes para que los sentenciados por delitos del fuero federal compurgaran las penas en el ámbito federal y no en el ámbito del estado.

Sé que el dictamen trata de ir en ese sentido, de la Constitución, de la idea del convenio entre la federación y los estados, pero esto es incorrecto porque no solamente tiene un impacto presupuestal en las entidades federativas, como es el caso del Distrito Federal; un impacto presupuestal muy alto, sino que me parece indebido.

Además no son convenios —hay que decirlo— en los hechos. A pesar de lo que dice la Constitución, los convenios no son convenios donde las partes estén en igualdad plena de capacidades. La federación impone estos convenios a las entidades federativas para que en los centros penitenciarios del fuero común compurguen sanciones penales reos federales. Por eso estoy en contra de este dictamen.

Creo que debemos ir un paso más adelante y obligar a la federación para que en los centros federales compurguen las penas los reos que hayan recibido una sentencia en el ámbito federal.”

Subsiguientemente el diputado Arturo Santana Alfaro precisó: Gracias, presidente. Coincido con lo que acaba de comentar el diputado Jaime Cárdenas con relación al dictamen; sin embargo, también creo que hay que visualizar que el dictamen y la propuesta de reformas pretende, de alguna manera, darle algún inicio de solución a este gravísimo problema. Es algo que nosotros venimos reclamando, manifestando la pésima distribución o la mala distribución de los reos del orden común y los reos del orden federal.

Única y exclusivamente yo quisiera hablar un poquito del contenido de la iniciativa dentro de los considerandos hay cuestiones que desde mi punto de vista resultan confusas. Es el caso del párrafo que establece: los gobiernos estatales tienen a su cargo 320 centros penitenciarios, el Distrito Federal 8 y la federación 8. Sumado a lo anterior, hay 182 centros con sobrepoblación con internos del fuero común y del fuero federal; pero estos 182 son estatales, son federales o a qué se refiere. Creo que tendríamos que ser un poquito más precisos en esta exposición de motivos.

Otra observación que deseo plantear es: se plantea también que este fenómeno se resolvería paulatinamente con la creación de infraestructura, como se está llevando a cabo, así como la optimización de la existente, la aplicación de penas alternativas a la prisión y la aplicación de mecanismos más ágiles de impartición de justicia.

Recientemente participamos, también usted, presidente, participó en un foro en Cuernavaca, Morelos, y llegamos a un acuerdo en esta mesa del sistema penitenciario en el sentido de que tendríamos también que revisar lo que es el catálogo de delitos porque es un problema gravísimo también que tenemos. Todos los delitos los queremos tipificar como delitos graves, y es un grave problema también que ocasiona el hacinamiento en las prisiones, tanto del fuero común como del fuero federal en nuestro país.

Entonces, que pudiera agregarse también esta revisión de catálogo de delitos dentro de esta fundamentación relacionada con este asunto.

Por último, concluye el dictamen. Dice: haciendo un estudio del sistema penitenciario en el Distrito Federal, es decir, la mayoría de los internos recluidos en centros del Distrito Federal cometieron delitos del fuero común. Lo que hay que especificar también es que hay más de 4 mil reos del fuero federal. Si bien es cierto que la mayoría son del fuero común también lo cierto es que no se ha podido reivindicar esta situación y es una demanda añeja del gobierno del Distrito Federal para efectos de lograr una mejor redistribución de los reos que se encuentran en la Ciudad de México.

Es un asunto nada más de formas en cuanto a los considerandos en el dictamen. Evidentemente lo vamos a apoyar no porque sepamos que con esto se va a resolver el problema sino que es un mensaje para iniciar con la solución de este grave problema que tenemos en el sistema penitenciario mexicano”.

2.2. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 126 bis en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado Carlos Luis Meillón Johnston, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Dictamen negativo.

A favor 23, 0 en contra, 0 abstenciones.

2.3. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción III del artículo 8 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 12 de la Ley de la Policía Federal, presentada por los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

Dictamen positivo.

A favor 24, 0 en contra, 0 abstenciones.

2.4. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 121 Bis y 121Ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Dictamen negativo.

A favor 24, 0 en contra, 0 abstenciones.

2.5. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de seguridad social para policías, presentada por el diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Dictamen negativo.

A favor 23, 0 en contra, 0 abstenciones.

2.6. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Dictamen positivo.

A favor 23, 0 en contra, 0 abstenciones.

La diputada Incháustegui solicitó el uso de la palabra para expresar: Una precisión conceptual que quisiera poner a consideración de la diputada Gallegos, en términos de que el concepto que estaría preciso, más que equidad de género, es igualdad de género.

Porque equidad se refiere a un avance redistributivo e igualdad se refiere a una situación de igualdad de trato. Entonces, considero que podríamos ir con mayor precisión, porque sí, efectivamente, lo que corresponde es el tema de la igualdad de trato, porque en muchas situaciones, tanto desde el punto de vista de los equipamientos, de los centros, como de las propias normas disciplinarias con las que se tratan a reos y reas, si se advierte, por ejemplo, la discriminación de género.

Entonces, en ese sentido, me permitiría sugerir, con todo respeto, si se puede hacer el cambio al concepto de igualdad, no de equidad. Porque equidad, como decía, se refiere mejor dicho a distribuir cargas, beneficios, méritos, recompensas, etcétera, y la otra es igualdad de trato y de no discriminación.

Por su parte el diputado Jaime Fernando Cárdenas puntualizó: “Creo que sería importante ambas cosas, porque la equidad tiene una función de balance de derechos. Entonces, podría quedar equidad e igualdad. Dependiendo del caso concreto”.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena señaló: Perdón, si coincido con la moción de la diputada, porque poner perspectiva de género vendría a qué es lo que entiende la persona, podemos entender diferente Vladimir o yo, lo que es una perspectiva de género. En cambio los términos de equidad e igualdad, creo que son lo mismo para todos. Entonces, apoyo la moción de Tere, estaría de acuerdo para no generar ese vació que ella comenta. Es cuanto, presidente.

Por lo anterior el diputado presidente solicitó al área técnica de esta Comisión realizar la modificación de referencia.

2.7. Dictamen de las siguientes iniciativas en materia de ejecución de sanciones:

• Proyecto de decreto que expide la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado Alejandro Gertz Manero, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia.

• Proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del artículo 18 Constitucional en materia del Sistema Penitenciario, presentada por la diputada Adriana Sarur Torre, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM.

• Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Atención para las mujeres en reclusión, presentada por las diputadas Josefina Vázquez Mota y Paz Gutiérrez Cortina, integrantes del Grupo parlamentario del PAN.

Dictamen positivo.

A favor 17, 3 en contra, 3 abstenciones.

Respecto a este dictamen el diputado Cárdenas externó: Sí, presidente, entiendo la premura de tiempo por el transitorio de las reformas constitucionales y legales, pero me preocupa, porque es un tema muy importante, es un tema muy importante que tiene que ver con muchas cosas.

Por ejemplo, la introducción de un juez para determinar las preliberaciones, por eso no solamente se modifica o se aprueba esta ley, sino también se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, se está modificando el sistema tradicional donde era el propio Poder Ejecutivo el que determinaba las preliberaciones, ahora serán jueces especializados los que tendrán a su cargo la ejecución o las resoluciones en materia de ejecución de sentencias, pero es también muy importante no solamente por la introducción de este juez de ejecución de sentencia, sino es importante porque tiene que ver con algo fundamental que es la readaptación o la rehabilitación y la ley debería responder a una serie de preguntas que algunas sí las contesta pero otras no, de manera muy clara.

Según el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución, el sistema penitenciario se debe organizar con base en el trabajo. Muy bien, con base a la capacitación, la educación, la salud, el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Me pregunto en esta ley, ya vi que hay un apartado sobre el trabajo, sobre la capacitación, sobre la educación, sobre la salud, pero me pregunto cómo en esta ley se plantea que un sentenciado no vuelva a delinquir, porque esa es la finalidad constitucional de la reinserción social.

¿Qué se está haciendo aquí, qué se está proponiendo diferente a la educación, al trabajo, a la capacitación o a la salud o al deporte, para que un reo no vuelva a delinquir?

Y creo que no es suficientemente exhaustiva esta iniciativa o este dictamen, en esta materia. Luego por otro lado, las palabras no son gratuitas, tienen un sentido jurídico. Por ejemplo, el artículo 31 del dictamen, dice que los centros y las instalaciones penitenciarias, son estratégicas. Yo sé lo que quiere decir eso, pero no sé qué quieren decir los autores del dictamen.

En términos constitucionales, cuando se utiliza la expresión “estratégico”, no significa solamente que tiene relación con la seguridad nacional o con la seguridad pública. Estratégico quiere decir que corresponde de manera integral y exclusiva, al sector público, del desarrollo de toda la infraestructura de los centros penitenciarios.

Sin embargo, de acuerdo a lo que establece el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución que es cuando se explica en la Constitución lo que significa estratégico.

A cargo del Estado corresponde de manera exclusiva el desarrollo de determinadas áreas, o sea, ya sea de la economía o áreas que tienen que ver con la función pública.

Y esa determinación de lo estratégico, corresponde a la propia Constitución o a la ley, dice el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución.

Esto debe quedar muy claro, si es estratégico debiera existir un párrafo segundo en el artículo 31 que indicara que por ningún motivo la infraestructura penitenciaria puede privatizarse, por ningún motivo y no hay un señalamiento a ese respecto y sin embargo, por ejemplo, en la iniciativa de la diputada Sarur, se propone cierta privatización de los servicios penitenciarios.

A mí me preocupa ese tema de la privatización, de la infraestructura y de los centros penitenciarios en el país, cuando el artículo 31 del propio dictamen está indicando que se trata de una función, un área estratégica y estratégico no solamente tiene que ver con la seguridad nacional, estratégico tiene que ver con lo que dispone la Constitución en el párrafo cuarto del artículo 28, para que haya una exclusividad del Estado y del sector público en la realización de toda esa infraestructura estratégica.

Luego en el tema de los derechos humanos, de los sentenciados, compañeras diputadas, compañeros diputados, presidente, me preocupa mucho el tema de cómo se va a cumplir a cabalidad con el artículo 123 de la Constitución, porque la propuesta del dictamen, hasta donde pude leerlo, está proponiendo que haya una distribución del salario, no todo el salario se queda con el sentenciado. Hay una parte que se emplea para satisfacer las indemnizaciones o el resarcimiento de los daños ocasionados por el delito, creo que es el 40 por ciento.

Hay otra parte que se destina a las familias de los sentenciados, otra parte del salario que está orientado al mantenimiento de los centros penitenciarios y hay una pequeña parte que puede establecerse en un fondo, en una cuenta bancaria y dispondrá de él el sentenciado una vez que abandone el centro penitenciario.

Creo que debiera de haber un análisis muy cuidadoso de los derechos humanos de los sentenciados en los centros penitenciarios.

Sé que la iniciativa de Gertz Manero tuvo mucho cuidado en ello, pero a mí me gustaría tener esa claridad respecto a lo que establece, por ejemplo, documentos internacionales, tratados internacionales, declaraciones internacionales de la materia.

Tengo mis dudas, presidente. En este momento sé que ya no hay tiempo porque concluye el periodo ordinario, pero se trata de una reforma fundamental, una parte vertebral de la seguridad y de la justicia en este país, una es la policía, otra es el Poder Judicial, el Ministerio Público y ésta es la cuarta, los centros penitenciarios.

Entonces tiene que haber plena coincidencia con los derechos humanos de los sentenciados en prisión y desde luego, por ningún motivo pueden privatizarse esta estructura penitenciaria a empresas particulares porque entiende que el artículo 31, que se trata de una función estratégica del Estado y esa función estratégica debe derivar, todas las conclusiones constitucionales de lo que significa estratégico.

Entonces por lo pronto manifiesto que me voy a abstener, me voy a dar días para, si ustedes no la quieren retirar, porque ya no hay tiempo, para seguirla estudiando y en el momento de la votación, en el pleno, me pronunciaré al respecto.

En el marco de este análisis, la diputada Adriana Sarur Torre aseveró: Gracias, presidente. Todos sabemos que en el sistema penitenciario urge una reforma. Este conjunto de iniciativas estuvieron trabajando ya desde hace varios meses.

Quiero hacer una aclaración respecto de lo que comenta el diputado Cárdenas respecto a lo de la privatización. La iniciativa no incluye la privatización, incluye la participación de la industria privada, como ya actualmente se está haciendo.

Hace un año García Luna declaro que se iban a construir 12 centros penitenciarios con dinero de la iniciativa privada. Es algo que ya se está realizando actualmente incluida la participación de la industria privada, como ya actualmente se está haciendo.

Hace un año García Luna declaró que se iban a construir 12 centros penitenciarios con dinero de la iniciativa privada; es algo que ya se está realizando actualmente. De esta forma se está reglamentando algo que ya se está haciendo.

Una cosa es privatizar y otra cosa es que con recursos de la iniciativa privada se construya un centro penitenciario. Esto es para evitar la sobrepoblación que actualmente estamos sufriendo; tenemos un 21.7 por ciento de sobrepoblación en nuestros sistemas penitenciarios.

Tengo varios estudios considerados; uno me hizo favor de entregármelo el asesor, en donde muestran las participaciones de la iniciativa privada en diferentes sistemas penitenciarios a nivel mundial y muestran casos de éxito.

También sabemos que el secretario de Seguridad Pública firmó un pacto con Chile para mejores prácticas y para intercambio de información sobre estas concesiones de los sistemas penitenciarios. Ahorita mismo les hago llegar estos estudios a quienes les interese porque vale la pena revisarlos. No es privatizar el sistema penitenciario, es simplemente de manera indirecta que la iniciativa privada, con sus recursos, construya estos centros penitenciarios para terminar con el hacinamiento y la sobrepoblación que se está viviendo.

En lo referente a lo que comentó el diputado Cárdenas sobre la capacitación, el trabajo, esto es simplemente la reglamentación del artículo 18 constitucional que establece el trabajo en los centros penitenciarios, así como la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Aquí ya se está estipulando la ley reglamentaria para que sea de una forma regulada y que le cause un beneficio y un bien a los derechos humanos de los presos en nuestras cárceles. Aquí valdría la pena leer el artículo 121 que se refiere a la industria penitenciaria. Es cuanto, señor presidente.

Por su parte el diputado Arturo Santana Alfaro puntualizó: Gracias, presidente. Es de manera muy breve relacionado con el dictamen que se está presentando en relación con la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones. No me parece un tema menor; me parece un tema de la mayor importancia y creo que efectivamente hay una serie de dudas y no quiero ahondar en ello. Ya Jaime, ya la diputada Sarur han hablado en relación a ellas.

Entiendo también que esto es un concentrado de varias propuestas. Son de la diputada Sarur, de Alejandro Gertz Manero, de Paz Gutiérrez Cortina y Josefina Vázquez Mota.

Yo quisiera hacer una propuesta, diputado presidente. También tenemos un término para dictaminar, que deviene de la reforma al 18 constitucional. El término al parecer es al mes de junio y me parece que sería pertinente, y tomando en consideración también los argumentos que ha esgrimido el diputado Cárdenas, hacer una solicitud, con fundamento en el artículo 172 del reglamento, para efectos de que en una reunión de trabajo ex profeso para analizar esta ley y todo este articulado, se pueda, conforme a sus facultades, solicitar la presencia de los diputados proponentes ante el pleno de esta comisión para ver también todo lo que estaba comentando tanto la diputada Sarur, que también tendría competencia en este asunto, el diputado Gerz Manero, la diputada Gutiérrez Cortina y la diputada Josefina Vázquez Mota relacionado con todas estas dudas, con todos estos principios fundamentales incluso del derecho internacional, tratados internacionales de protección a los derechos humanos, etcétera, que puedan generar alguna confusión en la interpretación que le estamos dando al contenido de esta ley e incluso a la exposición de motivos.

Lo dejo sobre la mesa para ver la posibilidad de generar una reunión de trabajo ex profeso para analizar este asunto. Es cuanto, presidente.

La diputada Incháustegui expresó: Yo quiero abonar en la misma dirección. Me parece, efectivamente, que los temas son de gran trascendencia, hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que tengo dudas y me gustaría que lo reflexionáramos un poco más, con más serenidad y con todos estos elementos que se han venido citando aquí.

Me parece de fundamental importancia que el marco de normas internacionales sobre los derechos de los sentenciados esté reflejado bien en estas propuestas.

Creo que prisa no debe haber nunca, aunque sabemos que hay urgencia. La urgencia implica tomar las cosas con toda la importancia y relevancia que tienen, no hacerlo con el tiempo encima y estar legalizando hechos. Nuestra tarea es proyectar soluciones de largo plazo y poner todas las previsiones necesarias a la hora de tomar una decisión como ésta de conceder a los organismos o empresas privadas la posibilidad de administrar o establecer centros de reclusión, que es una cosa mayor porque nuestras normas regulatorias, en eso y en otras cosas, son, con perdón, siempre deficientes.

Hay muchas normas que tenemos que debieran ser materia de la conducción de las empresas privadas que no se cumplen. No es un prejuicio contra la iniciativa privada, que me merece todos mis respetos y yo también soy iniciativa privada, desde esa perspectiva. Pero sí en el sentido de que tenemos que tener mucho cuidado de que la normatividad sea pertinente, se aplique, no se lesionen derechos y que efectivamente se den garantías de un funcionamiento adecuado.

Me sumo a esta posición de revisar esto durante el período de sesiones y de pedir, presidente, la ampliación del plazo, conforme a las cuestiones reglamentarias.

Subsiguientemente el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez apuntó: Muchas gracias. Yo en el mismo sentido de la diputada Sarur. Creo que para todos es una realidad lo que estamos viviendo en nuestro país sobre el sistema penitenciario. Ahí están los hechos, ahí está la realidad de lo que nos cuesta y de lo ineficiente que es en todos los sentidos, desde instalaciones, hacinamiento, tratamiento y creo que aquí no es privatización.

Quiero decirles que ya ahorita se concesiona por un lado abarrotes del centro y se da otro tipo de concesiones porque no está regulado y porque tenemos ataduras, como mexicanos, de no aclarar las cosas y decirlas como son.

Hay que establecer la participación y con rigurosos trámites y reglas en este sentido. No estamos hablando de una privatización, estamos hablando de que precisamente estamos en un momento importante de nuestro país, cuando tenemos que tomar decisiones con visión de largo plazo y en ese sentido no se trata de darle negocio a alguien, sino de mejorar las condiciones de los centros de readaptación, mejorar las instalaciones, pero también reducir los márgenes de corrupción dentro, y cómo, pues teniendo la operación concentrada con reglas específicas y no a un amigo darle abarrotes y por otro lado se cobren los servicios de salud por abajo del agua y que se tengan comercio dentro y no sabemos quiénes son porque no hay reglas claras.

Es muy importante establecer que en la operación va a haber reglas específicas y tratos rigurosos para esa iniciativa privada que vaya a participar.

También hay que ser rigurosos, si vemos la constitución, en el trato digno que se les debe dar a los que estén recluidos porque no se está cumpliendo y estamos viendo lo que se dice en los medios, que es una realidad: cárceles que son escuelas del crimen y no podemos seguir con esas resistencias y ataduras mentales o políticas o jurídicas de no dar esos pasos que necesita el país.

Se va a establecer y clarificar lo que ya se hace, pero con reglas claras para disminuir la corrupción, pero también para que estos centros realmente sean centros de readaptación pagar, hacer nuestra declaración y todo es al último, resulta que al ser el último es de prisa, me parece que no es así. Yo considero que si el plazo cuando se planteó la reforma para que en junio de este año tuviéramos adecuado lo referente al artículo 18, no podemos llamar aprisa.

La diputada Adriana Sarur hace su propuesta en noviembre del año pasado. No es una prisa, no estamos aquí como se ha mencionado en fast track , es un proceso que se está agotando en este momento. Todo mundo reconocemos que el sistema penitenciario está colapsado, está colapsado, no podemos continuar con las mismas reglas sin tratar de modificar este sistema.

Tuve la oportunidad y ustedes fueron generosos al aprobar un punto de acuerdo en el que mencionaba el caso de las cárceles, dos cárceles en Durango, que en esos dos penales en Durango, en ocho meses hubo más de 67 muertos por motines, donde uno de los penales de Durango está ahorita en proceso la directora de un penal, porque salían los reos a delinquir como sicarios y regresaban nuevamente. El día de antier nos acaban, en Durango, de matar a un custodio más cuando ya nos mataron a un subdirector de un penal.

Las condiciones del sistema penitenciario no aguantan más, ha habido foros, ha habido reuniones, ha habido estudios, yo creo que esta propuesta si bien es cierto es perfectible como todas las demás, yo sí pediría que en estos momentos, como está en el orden del día la discutamos y la sometamos a consideración, señor presidente.

El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: A mí me parece que en efecto, el sistema penitenciario mexicano tiene un grave problema, tiene que ser revisado, a mí me llama mucho la atención que ante la corrupción que se genera en esos penales, concluyamos que hay que legalizar la corrupción, en vez que sea oculta, que la hagan los custodios o los reos, mejor que venga alguien de la iniciativa y que les venda los reos.

Yo les pregunto, díganme en qué penal, de esos que mencionan aquí que todos están privatizados, incluso dicen privatización en el documento que nos acaban de entregar, para no engañarnos. Es delegar una función del estado a la iniciativa privada, no me digan que ese es un asunto baladí, es para que ganen dinero, ellos van a hacer un negocio, no van a resolver un problema social, ellos van a tener una utilidad por cumplir una cuestión por tener recluidas a unas personas o a personas.

Eso es el asunto y se hace un necio ¿para quiénes? Ya se verá cómo se otorgan esas concesiones si es que se aprueba esta ley.

La otra que me parece también grave, es que se diga que un recluso va a tener que pagar doble, está recluido, estar preso, además que su trabajo le quiten el 40 por ciento y no por ganas, quien quiera trabajar, tú vas a tener que pagar de ese dinero y retribuirlo, es una doble pena. No hay ningún elemento que permita que eso que le van a hacer a fuerza, le disminuya su pena, por ejemplo, si me dicen que es muy necesario y que hay que sacar adelante esas cosas.

Yo, como lo señalan algunos diputados, tendríamos que discutirlo de manera abierta en el pleno para señalar nuestra posición, pero me parece que si bien esto es un asunto que es necesario atender, a mí me parece que deberíamos verlo de tal manera que ahora es el inicio de una discusión seria sobre este asunto, ya está presentada la propuesta.

Una persona que roba le dan tantos años de cárcel, además de esa pena, si él trabaja en el reclusorio, lo penan doble porque de su trabajo, de su fuerza de trabajo le van a quitar el 40 por ciento para que también resarcir el daño, se dice, entonces para qué está en la cárcel.

¿En qué sentido esa pena doble que le están dando va a determinar que disminuya su reclusión, no se dice nada de eso. Es una visión muy claramente insensible que los problemas de la delincuencia tienen que ver con la ausencia de oportunidades que en este país se manifiestan en muchas maneras, en la migración de mexicanos a Estados Unidos para encontrar trabajo, en la incorporación de millones de jóvenes, o de miles, por lo menos, a la delincuencia y muchos de ellos a la delincuencia organizada, porque no hay educación, no hay empleo y no hay otras alternativas, hay algunos genios que se les ocurre que lo más conveniente es hacer más penales, hacer más grave la ley, en vez de generar más educación, más empleo y otras alternativas.

Lo otro, los más geniales, donde dicen que estas funciones que tiene que tener el estado, las haga la iniciativa privada, es decir, legalicemos la corrupción en vez de que sea por debajo del agua y llevada a cabo por los directores de los penales, por los custodios o por los propios reos en combinación y en sociedad, que sea la iniciativa privada y que haga lo mismo en los centros penitenciarios, pero que alguien gane. Vaya forma de ver las cosas para solucionarla.

A mí me parece que si no se entiende que esto es la verdad, la peor manera de analizar cómo rehabilitar a los ciudadanos, porque aquí no se nota absolutamente nada que tenga que ver con ello, ni tratamiento psicológico, ni alternativas, ni nada, se está planteando hacer un nuevo negocio, que se encargue la iniciativa privada para que tengan una utilidad.

Todos los ejemplos que nos dan en este documento que nos enviaron, no es otra cosa que eso, la ratificación que son negocios de acciones que debe llevar a cabo el estado para que les haga la iniciativa privada y tengan una utilidad, si eso no es privatización, entonces tenemos una grave concepción de lo que significa el trabajo privado, el espacio privado y el trabajo público.

Por eso yo diría, creo que la cámara industrial de la industria penitenciaria, podríamos pensar en una nueva organización empresarial con ese nombre.

Yo solicitaría que sí tuviéramos prudencia para que este debate fuera más profundo y no cometeríamos la torpeza de hacer las cosas al vapor, como ya lo señalaba algún diputado y no veamos qué hay en el fondo, creo yo, algunos intereses, que a todas las acciones del estado le den como una oportunidad de negocios y no de soluciones de problemas o graves problemas sociales.

Ante esta alusión, la diputada Adriana Sarur Torre solicitó el uso de la voz para aclarar: Yo quiero preguntar al diputado Marín si leyó el dictamen, porque parece que no lo leyó. Y es nuestra obligación como diputados leer los dictámenes. Usted está discutiendo que en esta iniciativa se incluye la privatización del sistema penitenciario. En la página 26 del dictamen se señala... y sí planteé la privatización del sistema penitenciario. El análisis se hizo dentro de la comisión. Se llegó a la conclusión de que la administración de los centros penitenciarios corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, por tanto, al Estado.

En esta iniciativa se está rechazando la privatización del sistema penitenciario. Exclusivamente se estipula la participación privada en los servicios que de manera indirecta contribuyen al funcionamiento y operación de los complejos, centros e instalaciones penitenciarias, como actualmente se está haciendo sin una ley. Ése es un punto.

Otro punto que quiero aclarar es: desde cuándo el trabajo es un daño para las personas. El trabajo no es un castigo. En el artículo 24 del Código Penal se dicta que cualquier criminal debe pagar con la privación de su libertad y con la reparación del daño. El punto 6 del artículo 24 menciona la sanción pecuniaria es la reparación del daño. Entonces que un preso haya incumplido la ley y que esté privado de su libertad y que además tenga que reparar el daño... no implica que lo estemos castigando doblemente.

Nosotros con el erario público pagamos la estadía de estos presos en la cárcel. Por qué ellos no pueden pagar su estadía y la reparación del daño con el trabajo. Además el trabajo ennoblece al ser humano. Es una obligación de los presos trabajar. O qué, ¿los preferimos tener ociosos? Eso ya está en la ley constitucional. Simplemente se está dando un ordenamiento al artículo 18 de la ley reglamentaria.

No estamos inventando nada. Por favor le pido al diputado que lea la parte de la página 26, donde se niega la parte de la privatización del sistema penitenciario en este dictamen. El documento que yo les entregué es simplemente de apoyo, para ver los casos de éxito, las mejores prácticas a nivel internacional. No es la iniciativa. Entonces le pido más atención en su análisis. Gracias.

Ante estos argumentos el diputado presidente manifestó: Si me permiten, con las facultades de la presidencia, tengo ya muchos diputados apuntados. Voy a cerrar la lista de oradores hasta este momento. Porque ya estamos presionados por la sesión de pleno. Y les voy a pedir que en sus participaciones... si son tan amables de hacer sus planteamientos sobre el dictamen para poder avanzar, si hay algo que revisar, corregir, mejorar o revisar a detalle en los aspectos técnicos, como lo hemos hecho tradicionalmente en esta comisión.

Hago mención, y si me permiten, después de que cierre esta lista de oradores lo presentaría a disposición del pleno para su aprobación, en su caso. Tengo apuntados a los diputados Ernesto de Lucas, Tere Ochoa, Manuel Acosta, Arturo Santana, Jaime Cárdenas y Gustavo Ortega. Con esto cerraríamos el orden de oradores... debate. Cederíamos el uso de la voz al diputado Ernesto de Lucas.

El diputado Marín dijo: Me parece, y no es un asunto, disculpa, no es una cuestión personal. Es un asunto concreto. Si me están diciendo que sea una o dos o algunas de las actividades que en este momento las entidades públicas tienen como obligación llevar a cabo en el interior de los penales... Y que derivado de ellos aparecen mecanismos de corrupción, como tiendas, salones de belleza para atender a reclusos. Como en el caso de Succar Kuri, que lo llevan a desayunar barbacoa al restaurante de su preferencia. Ésos son fenómenos productos de la corrupción. Y que se combaten de otra manera.

Pero si me dicen que ceder y conceder esas actividades que ya se están llevando a cabo como producto de la corrupción y ceder esas actividades a la iniciativa privada. En primer lugar no sé cómo consideren ustedes la privatización, de algunas partes, si quieren, pero de actividades que tienen que llevar a cabo las entidades públicas, en este caso las penitenciarías o las cárceles. Son funciones públicas. Y ésa es una privatización. Le conceden, a partir de un fenómeno negativo, esa actividad a la iniciativa privada. No sé cómo se llame, pero en todo caso es concederles eso.

Y eso, desde mi punto de vista, es una actividad que no va al fondo y al combate de las cosas. Creo que el combate a la corrupción no se da haciendo las leyes más duras, porque quienes deben ejecutarlas están también corrompidos y permiten que la corrupción siga avanzando. Eso es otro tema.

El caso concreto de permitir esto y la doble tributación es ésa. No se está señalando de manera tajante qué se va a hacer con las utilidades con las que tiene que resarcir la gente que tiene que pagar una culpa. Estoy de acuerdo en que tiene que pagarla. Pero tiene que especificarse también cuáles son las cosas que tienen a su favor. Porque lo que están haciendo es generar ahí, que hay personas que por determinadas razones, circunstancias, cometen un delito y se vuelven el enemigo público número uno de la sociedad, independientemente de la pena o los daños que hayan ocasionado.

Y creo que al tenerlos de manera general así se comete un error, porque no se está buscando la rehabilitación de los reos. Creo que hay algunos que se rehabiliten. Pero si las condiciones que estamos viendo no son las de rehabilitación, las de tener la posibilidad de volverse a incluir en la sociedad y que participen de manera plena, estamos haciendo más complejo el sistema penitenciario, o lo estamos endureciendo más, para quienes salgan de ahí, estén en penitenciarías privadas, públicas o las que sean, van a seguir haciendo lo mismo, porque el último objetivo no es el de tener a los reos, sino el que se produzcan a través de estos mecanismos, participación de la iniciativa privada.

Y ciertamente, ahora no se pide la absoluta participación o el control de la iniciativa privada en las penitenciarías o las cárceles. Pero si se da este primer paso, desde luego que en la siguiente reforma que se pida va a aparecer nuevamente la intencionalidad de que es una función rentable, y que desde luego como el Estado no va a poder llevarla a cabo, dejemos es función pública a la iniciativa privada.

Me parece que hay muchos elementos. Insisto en que el documento que nos entregaron lo que hace es ratificar la intencionalidad de que participe la iniciativa privada en funciones públicas. Por eso me parece que esto debería discutirse con calma. Y si tenemos que solicitar más tiempo se solicita, y si se tienen que hacer los procedimientos que el reglamento señala, pues se hacen y seguimos discutiendo. Pero como siempre estamos al final, y es claro que es un asunto importante y deberíamos dedicarle un poco más de tiempo.

El diputado Ernesto de Lucas Hopkins dijo: Gracias. Creo que al margen del posicionamiento que cada quien pueda tener respecto a este tema particular, de los calificativos que se pudiera otorgar a esta iniciativa, lo que sí debemos dejar en claro es que ésta es una propuesta realista, que va acorde con una realidad innegable en el sistema penitenciario en nuestro país. El Estado ha demostrado incapacidad para llevar a cabo la verdadera, mejor dicho para lo cual están hechos los centros de readaptación, para eso, para una readaptación.

Después de todo lo que hemos vivido en las últimas tres décadas, después de todo lo que ha afrontado, y de la crisis que hoy por hoy trasciende al interior de los centros penitenciarios y empieza a salir ya de los mismos, sin duda requerimos explorar otras alternativas. Y esta que hoy se está presentando sin duda viene a representar un nuevo método y una nueva forma de poder atender ya una urgente necesidad en el sistema penitenciario.

Ya se demostró que el socorro de ley siempre va a ser insuficiente para dar una verdadera manutención a los presos. Batallan los estados para mantener a reos federales y reos del orden común. Se encuentran ya confusos, no se sabe ni quién es quién. No existe una verdadera organización al interior de este sistema y reos del orden común. Se encuentran ya confusos, no se sabe ni quién es quién. No existe una verdadera organización al interior de este sistema, por ello quiero felicitar a los promoventes y decirles que me sumo a esta propuesta y ojalá se pueda votar. Ya el sistema penitenciario no puede esperar más, es una bomba de tiempo que ya no tarda en estallar. Muchas gracias, presidente.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía afirmó: Gracias, presidente. Lo que yo veo aquí que está generando precisamente este tipo de diferencias es que al ser cuatro iniciativas que se están incluyendo en un solo dictamen atienden a diferentes aspectos. Yo creo que debemos de separarlos bien y ver qué es lo que está sucediendo.

Algo que ya se mencionó y que hizo hincapié el diputado Jaime Cárdenas acerca del artículo 31, creo que no debemos de perder de vista sobre los aspectos que son estratégicos y que corresponden al Estado. Al hablar lo de estratégicos vemos que eso está refiriéndose también a lo que va a atender a los derechos humanos de los internos.

Yo creo que en ese sentido no tenemos ningún inconveniente y todos estamos en esa parte a favor del dictamen, donde se crea —considero— parte de la confusión, y viene entonces en la siguiente modificación que hace la diputada Adriana Sarur con respecto a la iniciativa de la ley reglamentaria del artículo 18. Entonces no olvidemos que son dos cosas aquí ya, de entrada, en esta misma Ley Federal del Sistema Penitenciario.

Entonces donde dice: permitir la inversión privada no sólo para la construcción de cárceles. Yo creo que esto, la iniciativa privada lo viene haciendo siempre en una participación ante una licitación de una obra carretera, de lo que sea, entonces yo creo que ahí ya la iniciativa privada tiene, bajo ciertas características, bajo ciertas reglas de participación, una intervención de participar.

Pero no debemos olvidar que es una obligación del Estado la administración y la operación de las cárceles, entonces ahí es donde al abrir el abanico de las posibilidades de participación de la iniciativa privada, bueno, pues puede devenir después en la administración de la concesión de hacer un outsourcing, por ejemplo, de todos los custodios y después intervenir.

Yo creo que la iniciativa privada debe de intervenir también en cuestiones estratégicas, inclusive de condiciones de salud o de algún otro tipo de cosas, de cuestiones ecológicas, que a lo mejor pudieran verse en un momento dado como problemas del mismo hacinamiento.

Creo que debe de quedar muy claro y muy específico, en lugar de nada más que aparezca como en administración, operación interna y donde se permita la participación de la iniciativa privada en aquellos servicios que de manera indirecta contribuyen al funcionamiento. Yo creo que aquí ésta es la única parte que creo que necesita ser más específico.

Nos hemos centrado en esto, pero no hemos ido todavía a que incluye también la Ley Federal de Atención para las Mujeres en Reclusión y el proyecto de decreto de los artículos 25 del Código Penal, del 10 y el 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Yo creo que esta discusión es amplia, yo sí me sumaría a la sugerencia del diputado Santana. Creemos que es una exigencia también y una necesidad proveer de los instrumentos para darle viabilidad y también el sistema carcelario no puede esperar, pero también creo que debemos de ser mesurados en la forma en cómo lleguemos a un consenso general a que estemos todos de acuerdo en que seguramente sean detalles los que se tengan que pulir, y sabemos que se viene trabajando desde hace tiempo, pero el espíritu que inspira a los diputados en estas iniciativas debe de quedar claramente para todos y no prestarse a vagas interpretaciones que pudieran devenir en otro tipo de consecuencias. Por mi parte es cuanto, presidente.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez solicitó el uso de la palabra para hacer una rectificación: Perdón, nada más clarificando algo de mi comentario anterior. A ver, la iniciativa privada se encarga de financiar, de construir y de mantener la infraestructura de estos inmuebles que nos están costando permanentemente y la calidad desgraciadamente nos dice en los hechos de que no siempre se garantizan cuando se construyen bajo este modelo.

Además de eso, los servicios a los que yo me refiero: lavanderías, que lo pague el Estado; comida, que lo pague el Estado. Eso no lo pagan los reos, sino el Estado, lo que haces es mejorar la calidad, el servicio y optimizar los recursos. A lo que voy es que es una realidad que en las condiciones en las que viven los sentenciados es realmente inhumano.

No es doble pena, yo creo que aquí, bueno, no está el diputado, pero el trabajo yo también creo que dignifica y es una de las partes importantes; la capacitación, la salud, educación, etcétera. Yo creo que aquí no hay que olvidar que estamos hablando de una ley que está hablando de reinserción del sentenciado, que es la finalidad y pues ya se verá en el reglamento específico los detalles de cada uno de estos temas que estamos discutiendo.

Yo creo que en la forma en la que se está presentando este dictamen es correcta, porque no es obligar al Estado a concesionar, por lo tanto no es una privatización. Se le está dando la posibilidad al estado en que en algunas áreas pueda abrir esa puerta.

No podemos nosotros cerrar una puerta ante una situación en la que estamos viviendo. Creo que tenemos que dejar esa posibilidad, y obviamente sí exigir mucho más transparencia, todo el tema de la corrupción que se ha mencionado, claro que sí.

Hay muchos temas en función del Estado que participa y ayuda y facilita a la iniciativa privada. Están los patronatos. Los patronatos que tanto hemos impulsado, ahí están los patronatos y que al final del día terminan participando activamente, pero no lo tenemos reglamentado. Es decir, no podemos ver con esa resistencia a la iniciativa privada, cuando vamos a poner reglas muy claras y no es, por ningún motivo, legalizar la corrupción. Al contrario. Es poner reglas claras en este sentido. Muchas gracias.

A lo que el diputado Arturo Santana Alfaro señaló: Gracias, diputado presidente. Qué bueno, por una parte, que se reconoce ya el término de iniciativa privada, que finalmente algunos diputados no querían reconocer y ya se habla incluso de resistencia a la iniciativa privada.

Me parece que ya es un avance y que nos da la razón precisamente de lo que estamos nosotros fundamentando, pero quiero ir más allá. Diputado Bonifacio, no es una táctica dilatoria el tema. Lo que estoy planteando es el uso correcto del procedimiento que nos da facultades para solicitar.

No es un plazo el que se está solicitando siquiera. Se está solicitando la presencia de los promotores, porque no estamos hablando nada más de la iniciativa de la diputada Adriana Sarur y en ese sentido, diputado presidente, cómo podemos generar un debate si no están todos los interesados, todos los promoventes, que nos pudieran dilucidar esa serie de dudas que de alguna manera resultarían transversales.

Estoy seguro que el diputado Gertz Manero o la diputada Vázquez Mota o la diputada Paz Cortina no van a estar en todo de acuerdo con lo que está planteando la diputada Sarur, porque las cuestiones son propuestas transversales de un inicio.

Entonces si hablamos de un debate incluida la diputada Sarur, en su mayoría no están presentes. Por eso estamos nosotros planteando la posibilidad de recurrir a esta facultad que nos otorga el Reglamento.

Ahora bien, a lo mejor dentro de las dudas que tenemos en relación con lo que está exponiendo la diputada Sarur en este documento que nos acaban de entregar en estos momentos, podríamos nosotros dilucidar dudas, pero lo cierto es que nos lo acaban de entregar, esa es la situación. Es probable que podamos nosotros contestarnos algunas de las preguntas que nos estamos haciendo.

Compañeros diputados, se habla de que está cercano el plazo que tenemos para dictaminar. Cercano no es concluir, por eso estamos haciendo nosotros esta propuesta. Quiero decirles que ya escuché las propuestas de todos. El tema de la lavandería es importante, por supuesto que sí, diputado. El tema de las tienditas es importante, por supuesto. Pero yo creo que es más importante ver el tema legal que es el producto que vamos a obtener aquí.

Nosotros vislumbramos de entrada vicios de constitucionalidad por ejemplo. Aquí no nos va a dar tiempo ahorita -porque incluso ya nos están apresurando para ir a votar- y evidentemente sería un asunto o vario asuntos que tendríamos que tratar.

Yo creo que es una propuesta realista. Sí, me parece realista desde el punto de vista que se vea, pero lo cierto es que tenemos un problema gravísimo. Nosotros no estamos en contra de lo que están planteando, de los vicios ya existentes, porque la mayoría de las argumentaciones que he escuchado todos ya conocemos. Los vicios existentes, lo que tratamos nosotros de remediar con esto, no es por ahí, compañeros diputados. El tema es de carácter legal. El tema es de normatividad jurídica. Por ahí tenemos que empezar nosotros a trabajar.

Pero no podemos nosotros trabajar de esa manera si evidentemente –repito- no están la mayoría de los diputados, con todo respeto. Está la diputada Sarur, pero faltan otros tres diputados proponentes que tienen sus propias perspectivas, que tienen su propia visión respecto al tema penitenciario.

En ese sentido nosotros reiteramos esta propuesta. No estamos hablando de irnos al túnel del tiempo. Podemos citarnos la semana entrante ex profeso para ver este tema en particular, pero no cerrarnos a un asunto de que los tenemos que sacar hoy. A la mejor puede suceder que nos van a mayoritear, ahorita lo van a sacar y va a ser una discusión terrible en el pleno, va a ser un asunto que bien podemos sacar con los mayores acuerdos pero trabajándose con un debate serio, con un debate responsable y sobre todo con tolerancia, compañeros. Es lo único que estamos pidiendo nosotros. Es cuanto, diputado presidente.

A lo que el diputado presidente aclaró: Gracias, diputado Santana. Yo nada más reitero lo que había mencionado en atención a lo que comenta el diputado Santana. No es un dictamen que se trabajó sobre las rodillas, no es un dictamen de último momento y estamos listos para presentarlo.

Subsiguientemente el diputado Jaime Cárdenas afirmó: Eso es bastante discutible. Seguramente los promotores de las iniciativas no están trabajando sobre las rodillas o algunos miembros de la junta directiva, pero el resto de la comisión sí, porque tenemos en nuestras oficinas el dictamen definitivo desde hace 15 días más o menos y es un dictamen fundamental. Una semana. Una semana, los miembros que no somos de la junta directiva y que no somos los promotores de las iniciativas, tenemos una semana para atender un asunto fundamental del sistema de justicia en nuestro país.

Decía el diputado Herrera que está colapsado el sistema penitenciario. Está colapsado el país. ¿Por qué está colapsado el país? Porque no hay condiciones de democracia ni de justicia social. Esa es la razón. Porque no hay igualdad, porque no hay distribución adecuada de la riqueza y porque no hay un sistema democrático pleno, por eso está colapsado el país.

Esta iniciativa puede tener aspectos positivos pero yo veo, a la luz de lo que dijo la diputada Sarur, que la iniciativa privada puede construir centros penitenciarios –por ejemplo- y que ella considera que esto no es privatización. Para mí desde luego que es privatización. Se trata de cuestiones estratégicas del Estado que solamente pueden ser desarrolladas por el Estado. Es verdad, hay urgencia de construir muchos centros penitenciarios, vamos a suponer que exista esa urgencia. Si esa es la urgencia, entonces que el Estado en sus ámbitos correspondientes la federación o las entidades federativas, aprueben los presupuestos suficientes para construir estos centros penitenciarios.

Yo, como varios compañeros del PRD, considero que el asunto no es de más cárceles y de más penas. Por ejemplo, llama mucho la atención que esta Comisión de Seguridad Pública o la Comisión de Justicia no impulsen reformas, los dictámenes para las medidas alternativas de sanción en materia penal. Las sanciones no todas tienen que ser de cárcel ni compurgarse en los centros penitenciarios. Puede haber sanciones de carácter penal que se basen en la libertad de las personas que cometen los delitos y que impulsen su educación, el trabajo, en fin, otras medidas alternativas de sanción que por supuesto en esta iniciativa no están previstas.

Creo que el tema de la privatización, lo grave no es solamente que la iniciativa privada, como decía la diputada Teresa Incháustegui, se deba a un prejuicio de que la iniciativa privada vaya a aportar recursos para construir centros penitenciarios. Tiene que ver con la idea, con el concepto mismo del Estado. El Estado garantiza el interés general, el interés colectivo.

Por definición cuando un empresario participa en un proyecto de este tipo no ve por el interés general ni por el interés social ni por el interés colectivo. Ve por sus propios intereses. Hace un análisis de costo-beneficio. No está atendiendo adecuadamente el espíritu de interés general, del interés social.

Hay también una ausencia muy grave porque el párrafo dos del artículo 18 de la Constitución dice qué parte de la reinserción, de la rehabilitación de los sentenciados es que esas personas no vuelvan a delinquir y en este dictamen no hay una sola línea de cómo se propone legislativamente que las personas que compurgan sentencias de carácter penal no vuelvan a delinquir. Está incompleto, no está cumpliendo a cabalidad la letra y el espíritu del párrafo segundo de la Constitución.

Finalmente digo, presidente y compañeras diputadas, compañeros diputados, que por ejemplo el artículo 94, fracción V, del dictamen que sujeta el derecho al trabajo a los programas de los centros penitenciarios. Es decir, se va a modular el alcance del derecho al trabajo a lo que establezca un programa de trabajo. Esto viola totalmente los derechos humanos, porque los derechos humanos solamente pueden ser modulados, regulados en tratados o en leyes, no en los programas de los centros penitenciarios.

Sí hay cuestiones aquí muy preocupantes que no solamente tienen que ver con la privatización, el hecho de que la iniciativa privada construya centros penitenciarios, sino con los derechos humanos de los sentenciados y con la ausencia de medidas alternativas a las sanciones de prisión para las personas que cometen delitos.

Yo creo que debo rectificar mi posición y no solamente me voy a abstener, sino que voy a votar en contra si ustedes deciden votarlo en esta ocasión este dictamen.

Finalmente el diputado Ortega Joaquín expresó: Quisiera comentar que a veces es muy fácil venir y dar planteamientos simples. Puedo decirles que fui alcalde de un municipio y sí, verdaderamente el costo de la readaptación social es alto, sobre todo cuando tenemos problemas que muchas veces la mayoría de los reos no son del orden de delitos menores, muchos son del orden estatal y algunos serían del orden federal.

Es un problema el tema del costo de las cárceles para los gobiernos locales, obviamente para los gobiernos estatales. Tan es así, que la mayoría está con problemas de sobrepoblación y tan es así, que la mayoría están colapsados.

Es un problema que no podemos seguir ignorando y seguir aquí alargando, porque seguimos con ese México del mañana, mañana y nunca vamos a sacar los problemas que tenemos hoy y que mientras nosotros seguimos atrasando la solución de los problemas la delincuencia sigue avanzando. Hay cada día más reos en las cárceles y cada día se están sobrepoblando más.

Es muy fácil hablar y decir que una semana aquí regresamos sabiendo que la realidad es que el próximo periodo de sesiones empieza a partir de septiembre. Seamos realistas de que hay que atender los temas que se han presentado con anterioridad.

Yo quisiera felicitar a los que han presentado la iniciativa porque vieron más allá de lo que siempre estamos acostumbrados a ver. Creo que es una iniciativa innovadora.

Quisiera comentarles que hay que romper con muchos tabúes que tenemos del pasado. Se hablaba que lo0s aeropuertos no podían ser administrados por la iniciativa privada por ser estratégicos para el país. Yo les puedo hablar que el aeropuerto de Cancún era una puerqueza antes de que fuera manejado por Asur y no son un fanático de Asur. La realidad es que hoy por hoy es un aeropuerto mucho más funcional, mucho más eficiente, mucho más digno para ser el principal aeropuerto del país.

Se hablaba de que la telefonía era estratégica para el país y veamos hoy los servicios que tenemos con todo lo que podamos criticar, mucho menos malos que cuando los manejaba Telmex cuando era parte del gobierno.

Podemos hablar de muchos otros servicios más que antes eran manejados por el gobierno y que siguen siendo ineficientes como son muchos otros que siguen siendo manejados por el Estado.

Yo creo que una ventaja de esta iniciativa –lo digo a nivel personal- es que manejados por el gobierno y que siguen siendo ineficientes como son muchos otros que siguen siendo manejados por el Estado.

Yo creo que una de la gran ventaja de esa iniciativa —lo digo a nivel personal— es que el poder permitir que un trabajador, que un reo —perdón— pueda trabajar con condiciones laborales dignas, con condiciones y prestaciones sociales que pueda a 10 años, cuando salga de estar preso, en lugar de ser un preso que 10 años se dedicó a aprender más delitos, una gente que en 10 años pudo avanzar en profesionalizarse, en recibir capacitación, en aprender a hacer un oficio, en poder contar quizá con Seguro Social 10 años y que pueda tener más posibilidades también de que su familia tenga prestaciones laborales, que puedan tener acceso a Infonavit.

Que no en 10 años, una gente que sale de la cárcel sale a ver qué va a hacer en la vida, por eso vuelven a delinquir, pero si les damos opciones para que ellos puedan trabajar y puedan salir a ser gente productiva en el futuro, creo que da mucho más que lo que hoy tenemos y creo que esa iniciativa trata de romper precisamente con tabúes que no han funcionado por años.

Creo que si bien es perfectible, creo que es un buen paso, habla de dignificar el papel de las mujeres, darles mejores servicios. Creo que eso también es importante reconocerlo. Creo que sería una pena dejar esto para el futuro, cuando hoy tenemos la posibilidad de aprobarlo y, seamos realistas, si esto lo dejamos pasar, simplemente lo que hacemos es seguir postergando la pena que siguen pasando muchas personas.

Yo tuve la oportunidad de estar en el centro de readaptación norte de la Ciudad de México y la verdad es penoso ver cómo vive esa pobre gente. Muchas gracias.”

Finalmente se sometió a discusión el presente dictamen mismo que fue aprobado por mayoría.

Cuarta. El pleno de esta comisión decidió posponer la discusión de los siguientes asuntos para la próxima decimoséptima sesión plenaria:

• Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, presentada por el diputado José Luis Ovando Patrón, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

• Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implementación de la “policía social”, presentada por el diputado Camilo Ramírez Puente, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Quinto. Agotados los asuntos del orden del día, se dio por terminada la decimosexta reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, a las 13:26 horas del miércoles 27 de abril de 2011.

Los diputados que asistieron:

José Luis Ovando Patrón, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Sergio González Hernández, Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Felipe Amadeo Flores Espinosa, J. Eduardo Yáñez Montaño, Adriana Sarur Torre, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría, Salvador Caro Cabrera, Víctor Hugo Círigo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Fernando Franco Vargas, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Benigno Quezada Naranjo, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez.

Atentamente

Diputado José Luis Ovando Patrón (rúbrica)

Presidente

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica).