De la Comisión de Agricultura y Ganadería, correspondiente a la trigésima sexta reunión ordinaria, efectuada el lunes 31 de enero de 2011

A las 10:00 horas del 31 de enero de 2011, en el salón E del edificio G, primer piso, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de conformidad con la convocatoria emitida el 28 de enero del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:

1. y 2. Apertura de los trabajos y designación de secretario para la conducción de los trabajos

El presidente, ingeniero Cruz López Aguilar, dio la bienvenida a los integrantes.

A manera de introducción, señaló que esta es la última reunión del primer periodo legislativo; señaló que a este nuevo periodo que comienza, le quiere dar un énfasis muy particular al trabajo legislativo.

Indicó que en el planteamiento que se ha venido manejando de la reforma rural estructural hay una serie de propuestas, iniciativas de reforma y minutas que se tienen pendientes, de armonización del marco jurídico del campo y algunas cuestiones que podrían tener un impacto fundamental en el desarrollo de las regiones económicas del país en el área rural.

Comentó que la secretaría técnica de la comisión y el CEDRSSA están trabajando algunas reformas que son de la mayor importancia y que tienen que ver con la armonización del marco jurídico del campo.

Para la conducción de los trabajos propuso como secretario al diputado Rolando Zubía Rivera, propuesta que fue aceptada y aprobada por unanimidad.

3. Registro de Asistencia y Declaración de Quórum

El diputado Rolando Zubía Rivera manifestó que se contaba con la presencia de diecinueve diputados, seis inasistencias y tres justificaciones de veintiocho que conforman la comisión, por lo que declaró la existencia de quórum legal, expresando que “los acuerdos que en esta reunión se tomen son válidos y obligatorios”. A continuación se transcribe la relación de asistencia:

Diputado Cruz López Aguilar

Presidente A

Diputado Manuel Humberto Cota Jiménez

Secretario A

Diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate

Secretario A

Diputado Fermín Montes Cavazos

Secretario A

Diputado Luis Félix Rodríguez Sosa

Secretario A

Diputado Rolando Zubía Rivera

Secretario A

Diputado Sergio Arturo Torres Santos

Secretario J

Diputada Dora Evelyn Trigueras Durón

Secretaria A

Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo

Secretario A

Diputado José M. Torres Robledo

Secretario A

Diputado José Narro Céspedes

Secretario A

Diputado Óscar García Barrón A

Diputado Joel González Díaz NA

Diputada Narcedalia Ramírez Pineda A

Diputado Jorge Rojo García de Alba A

Diputado Gerardo Sánchez García A

Diputado Héctor Eduardo Velasco Monroy A

Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez J

Diputado José Tomás Carrillo Sánchez A

Diputado Alberto Esquer Gutiérrez NA

Diputado José Luis Iñiguez Gámez NA

Diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas J

Diputado Fernando Santamaría Prieto NA

Diputado Enrique Octavio Trejo Azuara A

Diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera NA

Diputado Ramón Jiménez Fuentes A

Diputado Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva NA

Diputado José María Valencia Barajas A

Diputado Liborio Vidal Aguilar NA

A: Asistencia

NA: No Asistió

J: Justificado

Se contó también con la presencia de los siguientes diputados:

Julián Nazar Morales, presidente de la Comisión Especial de Ganadería. Francisco Alberto Jiménez Merino, coordinador del Sector Agrario del PRI en la Cámara de Diputados.

4. Aprobación del orden del día

Para el desahogo de este punto, el diputado Rolando Zubía Rivera dio lectura al orden del día que les fue remitido de forma impresa y vía electrónica y lo sometió a consideración de los integrantes y fue aceptado en sus términos por unanimidad.

5. Lectura y aprobación de las actas de la trigésima tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta reuniones ordinarias, efectuadas el 7, el 8 y el 15 de diciembre de 2010, respectivamente.

En el desahogo de este punto, el diputado Rolando Zubía Rivera manifestó a los integrantes de la comisión que en virtud de que las actas les fueron remitidas de forma electrónica y todos contaban con un ejemplar impreso, dispensar su lectura y presentar sus observaciones si fuera el caso.

Al no inscribirse oradores, se sometieron a consideración de los diputados y fueron aprobados en sus términos por unanimidad.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos legislativos:

Minuta

6.1. Dictamen de la comisión de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

Para el desahogo de este punto del orden del día, el presidente dio lectura a los antecedentes; señaló que en sesión celebrada el 8 de Septiembre de 2005, el diputado Carlos Blackaller Ayala (PRI), en nombre de los diputados Lázaro Arias Martínez (PRI), José Rubén Figueroa Smutny (PRI), Rosalina Mazarí Espin (PRI), Marco Antonio Torres Hernández (PRI), Diego Palmero Andrade (PAN) y Antonio Mejía Haro (PRD), presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

El 12 de septiembre de 2005 fue aprobado el proyecto de decreto por 394 votos a favor y 1 en contra. Se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LIX Legislatura). El 13 de septiembre de 2005 la minuta fue recibida en la Cámara de Senadores (LIX Legislatura).

El 27 de abril de 2010 la colegisladora presentó dictamen por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, aprobado por 79 votos y 1 en contra. Se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 7 de septiembre de 2010 la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a esta Comisión de Agricultura y Ganadería para estudio y dictamen.

El presidente dio lectura al contenido de la minuta; señaló que la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar desechada por el Senado tiene como propósito de cambiar la naturaleza jurídica del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, pasando este de ser un organismo público descentralizado a un organismo interinstitucional de carácter consultivo.

Al cambiar la naturaleza jurídica del organismo, se desprende la necesidad de adecuar el título segundo de la ley por lo que respecta a las autoridades y órganos de gobierno en materia de la agroindustria azucarera; así como sus funciones.

Se crea el Comité de Fomento, Promoción y Defensa de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, el cual operará a través de una figura asociativa conforme a la legislación vigente en la materia y llevará a cabo los objetivos señalados en la ley, en términos prácticos, será un organismo de ejecución de programas que le señale la ley y el Comité Nacional.

El presidente indicó que dentro de las consideraciones destacan las siguientes:

Que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable tendrá la capacidad de formular los programas de apoyo y financiamiento dirigidos a la agroindustria de la caña de azúcar, así como las reglas de operación de éstos.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales son Organismos Descentralizados, las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:

I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;

II. La prestación de un servicio público o social; o

III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Que en el Pronac se encuentran definidos los lineamientos para mejorar la expansión, competitividad y rentabilidad del sector a través de los siguientes objetivos:

I. Fortalecer la política comercial.

II. Elevar la producción de caña de azúcar.

III. Incrementar la producción de azúcar.

IV. Aumento en la inversión y el empleo.

El presidente dio lectura a los razonamientos por los cuales la secretaría técnica propuso que se dictamine en el mismo sentido en que viene de la colegisladora.

Señaló que esta dictaminadora reconoce la importancia al haberse instalado el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, ingenios azucareros y productores de caña, desde la conformación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, publicada el 22 de agosto de 2005.

Que con ello, el Comité Nacional permite evaluar y hacer consideraciones para lograr consensos, así como emitir reglamentos y establecer acuerdos en el marco de la Ley, generando resultados positivos para el sector, de igual forma propone objetivos, viables y constructivos, que aceleran el desarrollo productivo de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar.

La instalación formal del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, representa un avance muy importante para la construcción de una agroindustria de la caña de azúcar fuerte, moderna y competitiva.

Dio lectura a las consideraciones que a la letra dicen:

Que la caña de azúcar es un área estratégica y prioritaria dentro de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que resulta conveniente que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, continúe siendo un organismo público descentralizado, donde se coordinen y realicen las actividades relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar y que para esto haya una obligación legal de participación de todas las dependencias públicas que tengan que ver con el desarrollo de la caña.

Que la adecuación de la estructura y funciones del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar deben plantearse a partir de una evaluación minuciosa y plural de los logros obtenidos y de los objetivos pendientes.

Que el Comité Nacional permite evaluar y hacer consideraciones para lograr consensos, así como emitir reglamentos y establecer acuerdos y está obligado a escuchar a todas las partes y a considerar las propuestas de todos los integrantes de dicho comité.

Finalmente señaló que por las consideraciones de hecho que motivan el presente estudio, y las de derecho que lo fundamentan, los integrantes de esta Comisión tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar por las razones expuestas en las consideraciones del presente dictamen.

El presidente externó que él agregaría a este razonamiento lo siguiente:

Que el Comité Nacional se ha convertido en una instancia en la que se dirimen cosas realmente importantes, y se le da cauce a la actividad tanto de la parte de producción como de la parte de agroindustria, además de ser un instrumento que ha sido clave en el avance de esta rama de producción tan importante para México.

Terminada la intervención, el diputado Rolando Zubía Rivera, invitó a los diputados a emitir comentarios al respecto y al no haber oradores inscritos, sometió a consideración de los integrantes, el presente dictamen y fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Iniciativas

6.2. Dictamen de la comisión de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Almacenamiento Rural y la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio

Para el desahogo de este punto, el presidente comentó que hay dos iniciativas que fueron turnadas a la Comisión de Agricultura y Ganadería en materia de almacenamiento rural; una elaborada por diputados del Grupo Parlamentario del PAN, y que se ha dado en denominar Ley de Almacenamiento Rural y la otra que es una Ley General de Almacenamiento.

Señaló que estos dos planteamientos han sido revisados de manera minuciosa por la secretaría técnica de la comisión para elaborar el dictamen que fue enviado a cada uno de los integrantes.

Indicó que la Ley General de Almacenamiento considera lo esencial y lo pertinente de las dos iniciativas, manteniendo el rigorismo que necesitan los almacenes de depósito para realizar su tarea financiera, la cual es vital y que incluso los almacenes de depósito, ya representa del orden del 90 por ciento de las cosechas que terminan en almacenes y del orden de 50,000 millones de pesos, lo cual denota que no se está hablando de cualquier cosa y que es un tema bastante avanzado.

Señaló que esto no quiere decir que no haya cuestiones que proponer, que actualizar y que mejorar; indicó que la Ley de de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito es el origen donde se define el rigorismo que hace falta para operar esta parte financiera que es fundamental, y que tiene que ver con certificados de depósito, con bonos de prenda, con las garantías y los fondos que hacen falta para proteger las operaciones que se hacen como consecuencia de la expedición de los certificados de depósito.

El presidente señaló que hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con la parte de capital social y el capital contable, que son aspectos que protegen las operaciones que se hacen como consecuencia no sólo de granos sino de las mercancías y bienes que se custodian o que se guardan y que se operan al interior de los almacenes de depósito; indicó que por ello se conserva cierto rigorismo en el planteamiento de esta Ley General de Almacenamiento.

Señaló que esta propuesta surge de la experiencia que se tiene del trabajo de muchas organizaciones que tienen que ver con el tema y que buscan una mayor participación de los productores organizados, además de dares flexibilidad en sus aportaciones.

Indicó que la Ley de Almacenamiento Rural, promovida principalmente por el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo prevé dos cosas que consideró muy pertinentes y dignas de incorporarse al planteamiento integral.

La primera tiene que ver con un sistema de información de reportes y volúmenes; la segunda con un trabajo de supervisión, sobre todo en materia de sanidad vegetal y animal.

Señaló que hasta el momento no se ha podido conseguir que se dé la participación y discusión del tema al seno de una reunión conjunta de las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Ganadería, para que se haga una negociación que permita esa integración; indicó que lo único que se tiene en este momento y en este tema, es la propuesta que hizo la secretaría técnica de la Comisión de Agricultura y Ganadería, la cual se envió a todos los integrantes de la comisión.

Señaló que la propuesta del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo plantea que la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito prevé todos estos requisitos y este rigorismo que es propio de las actividades financieras, y que le toca a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estar muy pendiente de lo que pase, y garantizar precisamente, que el depositario no tenga problemas, en caso de que se den algunas situaciones difíciles o complicadas.

Indicó que en dicha propuesta se plantea darle una cantidad importante de facultades a la Secretaría de Agricultura, e incluso modificar los montos en la parte del capital contable, en donde precisamente se encuentra el fundamento para conseguir la garantía de que no va a haber ningún daño de quienes colocan, y quienes resguardan estas mercancías.

Señaló que en base a lo anterior, él propone dar un plazo acotado de una semana, para analizar a detalle el tema en Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Ganadería.

Indicó que no debe pasar de esa fecha, para que tener una Ley General de Almacenamiento que tenga los dos aspectos de los que anteriormente se ha hablado y que tienen que ver con la parte financiera y agropecuaria, y la parte correspondiente a esta certidumbre que se tiene que dar en estas operaciones; señaló que si estos aspectos se relajan, a final de cuentas va a pasar como con otros instrumentos financieros que terminan actuando en contra de los beneficiarios.

El licenciado Rubén Treviño Castillo, secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería, hizo algunos comentarios sobre las características de las dos iniciativas.

Explicó la forma en cómo operan los almacenes de depósito; señaló que estos son instituciones de crédito, en donde llega un agricultor deposita ahí sus mercancías, con el propósito de conseguir un mejor precio en el mercado; indicó que a cambio de eso se le emite un certificado de depósito y un bono de prenda, el cual de inmediato puede ir a descontar a un banco, y con eso financia la parte final de la cosecha.

Señaló que el año pasado así se movieron más de 50,000 millones de pesos, y que se estima que el 93 por ciento de la cosecha comercializable funcionó a través de esos almacenes.

Indicó que la Ley de Instituciones de Crédito establece que únicamente estos almacenes son los que están autorizados o tienen capacidad jurídica para emitir esos certificados.

Comentó que para poder llegar a ser un almacén de depósito se requieren múltiples documentaciones e investigaciones muy particulares y precisas que realiza la Secretaría de Hacienda; señaló que el hecho de que la Secretaría de Hacienda esté tras de toda esta circunstancia de seguridad y certidumbre permite que la gente crea, y que los bancos crean en la calidad jurídica y financiera del certificado que se emite.

Señaló que entre los requisitos que establece la Secretaría de Hacienda, hay parámetros financieros para que tengan determinada capacidad económica, para poder emitir certificados.

Indicó que debido a lo anterior, se habla de una especie de monopolio de esos almacenes, siendo que no lo hay, porque en este momento operan cerca de 20 almacenes en México, y está la puerta abierta para que pueda haber más, sólo que, desde luego hay que pasar por todas esas revisiones que hace la Secretaría de Hacienda.

Señaló que lo que se ha hecho en esta iniciativa es bajar a un parámetro de 10 millones de pesos, de tal suerte que puedan incluirse a nuevos posibles almacenadores.

Consideró que la propuesta planteada por el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, baja demasiado el nivel del capital social, lo baja a 500,000 pesos, y lo lleva no sólo a personas morales, sino también a personas físicas; señaló que la Secretaría Técnica de la Comisión considera que esta cantidad es sumamente baja y garantiza muy poco la cosecha en caso de eventualidades; además de que habría muy poca viabilidad financiera en los bancos, para que aceptaran los certificados de depósito superiores a esa cifra.

Señaló que si esos certificados no están debidamente fondeados o muestran inseguridad se va a crear en el mercado una suerte de incertidumbre contra los certificados que históricamente, durante 80 años han demostrado su viabilidad y seguridad financiera; indicó que habría que ser cuidadosos en esa parte; no basta con bajar el nivel del capital social.

Indicó que otra cuestión que llama poderosamente su atención, es la relacionada con la función de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; señaló que el hecho de que la iniciativa del diputado Usabiaga Arroyo establezca que de aquí en adelante el control financiero y lo que deriva de él, lo realice la Sagarpa estaría violentando demasiado las normas, ya que estas funciones no están dentro de su competencia.

En cuanto al fondeo propuesto por el diputado Usabiaga Arroyo señaló que no lo podría fondear FIRA, ya que no encuentra de qué parte pudiera encontrar ésta, recursos por 50,000 millones de pesos para poder garantizar el comercio de estos certificados.

Señaló que la idea de crear un sistema nacional de información agropecuaria, es bien vista, por ello se rescató y se incluyó en el dictamen, sin embargo se le puso un candado para que se establezcan los términos en que habrá de constituirse el sistema de información, porque dadas las actuales condiciones de seguridad en México, puede llegar a la parte comercial y generar una situación que incremente los problemas de inseguridad en el área financiera y en el campo.

El diputado José Narro Céspedes comentó que es necesario fortalecer este sistema de almacenamiento, ya que si se reduce, se va a generar un cuello de botella en un aspecto que es fundamental y que tiene que ver con la comercialización de los productos; indicó que se requiere también, fortalecer las líneas de crédito, ya que dijo, es algo verdaderamente lesivo que el tiempo para liberar una línea de crédito sea tan largo; indicó que esto reduce la competitividad del sector.

El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino quiso compartir algunos conceptos que consideró fundamentales en cuanto al tema que se está tratando.

Señaló que el problema más importante de la comercialización de los productos del campo es la conformación de volúmenes, fundamentalmente la disposición de dinero para pagarle a los productores en forma inmediata; indicó que se ve con desagrado que aún cuando se forma un centro de acopio o se pone una bodega, la gente sigue yendo con el intermediario, porque éste paga diario y de inmediato; indicó que como no hay un volumen y una regulación suficiente, no hay fondos de financiamiento, por ello, la importancia del tema y de contar con una ley.

Señaló que el sistema de información planteado por el diputado Usabiaga Arroyo es un elemento fundamental, que debe considerarse dentro de la propuesta; coincidió en la importancia de ampliar la participación de otros actores en el almacenamiento, pero sin irnos hasta abajo, sino más bien buscar una forma intermedia, de tal manera que se abran esas posibilidades especialmente a organizaciones de productores y a quienes tienen la infraestructura y las posibilidades de hacerlo.

Finalmente, consideró que será un aporte importante, el tener un instrumento como es la Ley General de Almacenamiento.

El diputado Óscar García Barrón señaló que esta iniciativa viene a transparentar el almacenamiento y todo el proceso que conlleva, además de darle certidumbre al productor en la colocación de su producto.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, consideró que ninguna de las dos iniciativas está enfrentada, ya que una tiene una visión más apegada a la realidad y la otra tiene una visión más apegada al negocio en su conjunto, ya que usa el almacenaje como un método de financiamiento.

Señaló que hay una cuestión que no se tomó en cuenta en el dictamen y es la relacionada con que FIRA, a través del Fondo Nacional de Garantías, actúe como garante del valor de las cosechas nacionales año con año y que los certificados estén garantizados; de tal manera que el producto que esté en buenas condiciones, que cumple con las normas de calidad y que está a buen resguardo y en buenas condiciones para guardarse, pueda tener esa garantía de las garantías nacionales tal como se hace en otros países del mundo.

Para el resumen final, el diputado Rolando Zubía Rivera, cedió el uso de la voz al presidente, ingeniero Cruz López Aguilar, quien indicó que la primera propuesta que se está haciendo sobre el tema, es que se dé un espacio de tiempo entre el día de hoy y la reunión del próximo miércoles, para que ese día se pueda presentar un dictamen conjunto de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Agricultura y Ganadería.

Señaló que para que eso se dé, es necesario que las dos comisiones integren un grupo de trabajo, con el apoyo de los secretarios técnicos de ambas comisiones; consideró pertinente que en este grupo de trabajo se integre la participación de los diputados Alberto Jiménez Merino y Héctor Eduardo Velasco Monroy, por ser proponentes de dicha ley; propuso por parte de las organizaciones la participación del diputado José Narro Céspedes.

Terminada la intervención del presidente, el diputado Rolando Zubia Rivera sometió a consideración de los integrantes, dicha propuesta y fue aprobada por unanimidad.

6.3. Dictamen de la comisión a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo VIII Bis del artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Para el desahogo de este punto del orden del día, el diputado Rolando Zubía Rivera cedió el uso de la voz al presidente.

El presidente dio lectura a los antecedentes; comentó que el 1 de abril de 2009, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, acordó dar trámite de recibido a la iniciativa con proyecto de decreto y ordenó su turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Señaló que en el contenido dice que la presente iniciativa pretende que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación faculte a la Comisión Intersecretarial que promueva el proceso y uso de plaguicidas y sustancias tóxicas, el desarrollo y uso de fertilizantes orgánicos, a fin de disminuir los altos niveles de contenidos químicos en la tierra, en beneficio de los productores rurales.

Indicó que dentro de las consideraciones de dicha iniciativa, destacan las siguientes:

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable crea la Comisión Intersecretarial; y en el artículo 93 se establece que “con base en la información provista por el Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, la Comisión Intersecretarial fomentará la normalización, organizará y llevará a cabo las campañas de emergencia, y las campañas fitozoosanitarias, e impulsará los programas para el fomento de la sanidad agropecuaria, mediante la concertación con los gobiernos de las entidades federativas y los productores”.

Que el Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable señala en su artículo 4: “El Consejo Mexicano participará con la Comisión Intersecretarial, haciendo propuestas relativas a los programas, acciones y normas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales, el programa especial concurrente, así como de los sistemas y servicios especializados previstos en la ley.

“Asimismo, participará con la Comisión Intersecretarial en la coordinación de las actividades de difusión y promoción hacia los sectores sociales representados de los programas, acciones y normas relacionadas con el programa especial concurrente, así como de los sistemas establecidos en la ley.”

Que la Ley Federal de Sanidad Vegetal tiene como uno de sus objetivos la sanidad, inocuidad y calidad agropecuaria y alimentaria, bajo el establecimiento de los principios de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manejo, por ello la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación implanta el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Por otro lado, es importante mencionar que la Ley de Productos Orgánicos, tiene por objeto establecer una lista nacional de substancias permitidas, restringidas y prohibidas bajo métodos orgánicos así como los criterios para su evaluación a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Que existen diversas Normas que regulan varios aspectos del uso, producción y comercialización de los agroquímicos, estableciendo las prácticas a las que deberán someterse, insumos, equipos, transporte, materias primas, productos intermedios, productos terminados y subproductos en estado natural, semiprocesados o procesados.

Asimismo en la introducción de la Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.

También en el preámbulo de la Norma Oficial Mexicana NOM-182-SSA1-1998, Etiquetado de nutrientes vegetales.

En las consideraciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para la realización de estudios de efectividad biológica de plaguicidas agrícolas y su dictamen técnico.

Señaló que en base a lo anterior se plantean las siguientes consideraciones:

Del estudio realizado a la presente iniciativa se concluye que no se considera necesaria la adición del párrafo VIII Bis del artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, por las siguientes razones:

1. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece el compromiso de la Comisión Intersecretarial sobre la normalización y el fomento de la sanidad agropecuaria con la participación de los diversos órdenes de gobierno y los productores.

2. La Ley Federal de Sanidad Vegetal, tiene como objetivo tener el cuidado de la Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria, con los principios que se establecen en dicho marco legal de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manejo.

3. Entre uno de los objetivos de la Ley de Productos Orgánicos, es facultar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la autorización de las sustancias permitidas o restringidas a utilizarse bajo el sistema orgánicos, además de establecer criterios de evaluación de los mismos.

4. Existen suficientes Normas que regulan el uso, producción y comercialización de los agroquímicos, refiriéndose a estos a todos los pesticidas que se utilizan en el campo para controlar plagas y enfermedades y la nutrición por cualquier método de las plantaciones ó cultivos.

Finalmente, el presidente señaló que en virtud de todo lo antes expuesto, esta Comisión de Agricultura y Ganadería, tiene a bien proponer a esta Soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción VIII-Bis al artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, presentada por el diputado Juan Victoria Alva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Terminada la lectura del documento y al no haber oradores inscritos, el diputado Rolando Zubía Rivera, sometió a consideración de los integrantes el presente Dictamen y fue aprobado en sus términos por unanimidad.

7. Reglas de Operación de la Sagarpa

Diputado Fermín Montes Cavazos

Para el desahogo de este punto, el diputado Fermín Montes Cavazos, hizo un resumen de lo que ha pasado con las reglas de operación.

Señaló que después de una larga discusión con Sagarpa y con la Secretaría de Hacienda, se mandaron las reglas de operación a la Cofemer y esta última, en un procedimiento un poco usual, emitió el dictamen antes de la fecha; comentó que le externó a la Cofemer que no estaban a gusto con esto, ya que según el reglamento, tienen 10 días para opinar sobre las reglas de operación, sin embargo, ellos emiten un acuerdo sobre las reglas el 24 de diciembre, 6 días antes de que se terminara el plazo, por lo tanto las opiniones que se enviaron por parte de los Diputados no recibieron respuesta y no se pudo hacer nada en la Cofemer.

Señaló que entre las observaciones que se presentaron, destacan que el proyecto de acuerdo de las reglas de operación tiene varios problemas serios, con respecto al decreto, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo; el primer tema es referido a que en ninguna parte de las reglas de operación se expresa la concurrencia con las demás ramas del Ejecutivo Federal, y menos, con las entidades federativas, lo cual ocasiona duplicidades con otros programas del gobierno federal, como es el caso de Promusag, de Fappa, o sobre programas de Sedesol; señaló que esto ya ha sido observado por el Coneval en otras ocasiones y que no hay nada en las Reglas que obligue a hacer dicha transversalidad; indicó que se considera bajo este formato, solo las acciones de coordinación con otras dependencias incluyendo a las entidades federativas, para la integración del programa estatal concurrente, que es un señalado en el artículo 37 del PEF.

El diputado Fermín Montes Cavazos indicó que el proyecto es omiso, al no considerar la opinión de los Comités de Planeación para el Desarrollo o sus equivalentes, en torno a qué orden de gobierno le corresponde la ejecución de los Programas, como lo dispone el artículo 31 inciso 2) del PEF.

Señaló que en el marco de los considerandos de los acuerdos no se establece ni se hace alusión a los Programas y componentes que serán transferidos a las entidades federativas, con el objeto de darle claridad al beneficiario de la instancia a la que debe de acudir para acceder a los beneficios de los Programas.

El acuerdo no refiere a la facultad que el decreto de egresos le entrega a las entidades federativas, en coordinación con los Consejos Estatales de Desarrollo Sustentable para definir ubicación y fecha de apertura y cierre de ventanillas de atención a los ciclos agrícolas como está previsto en el artículo 38 del PEF.

El mismo artículo 38 refiere para la Sagarpa, que las reglas de operación deberán de contener procedimientos estandarizados y normatividad para el usuario separada de la gubernamental, así como la no publicación de Lineamientos complementarios, salvo en aquéllos casos en que se justifiquen por razones de mercado; indicó que en este contexto, los artículos relativos a la regulación estatal son más materia del convenio de coordinación, que de reglas de operación, toda vez que los Estados no son beneficiarios de los apoyos, sino solo instancias ejecutoras.

Señaló que en las reglas de operación, están adicionando los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 71 y 72, que son prácticamente artículos del convenio, y al anexárselos a las reglas complican su lectura y el beneficiario no va a entender por qué están ahí.

Manifestó que hubo un tema muy sensible, en el que no pudieron avanzar; señaló que en el decreto dejaron establecido que la Sagarpa haría la segunda ministración, una vez que se ejerciera el 70 por ciento; indicó que con lo que quedó establecido, se va a obligar a los Estados a darle el recurso al que tenga dinero, y que pueda pagar la contraparte.

Señaló que en el análisis que se hizo de las reglas de operación, el tema no fue solamente Sagarpa, ya que también se discutieron las Reglas de Operación de la Comisión Nacional del Agua.

Indicó que en las Reglas de Operación de Sagarpa, de CNA, en la cantidad de recursos que se otorgan de apoyo a los beneficiarios es igual para todos y la cantidad que dan por hectárea es la misma, entonces no reconocen lo que dice el PEF de las diferencias regionales, ni de las diferencias en el estatus social de la gente.

Señaló que cuando se publicaron las reglas de operación, cambiaron totalmente la estructura y borraron prácticamente de la coordinación a los estados, dando como consecuencia la centralización de los gastos; indicó que con esta situación, el gobierno federal es quien decide con quien ejerce el recurso e inclusive con las empresas que van a participar.

Indicó que habían logrado en los estados, que los productores formaran sociedades de producción rural que tuvieran el objetivo también de instalar sistemas de riego; señaló que eso abarataba mucho el costo, porque las empresas, generalmente suben los costos cuando saben que hay subsidios; señaló que como resultado de esta problemática tuvieron una reunión en Durango donde se mandó un documento por medio del diputado Óscar García Barrón para defender el tema ante la Comisión de Recursos Hidráulicos; indicó que ya se tuvo una mesa de negociación con la CNA sobre este mismo tema y que el día de hoy se va a definir la fecha para empezar a negociar las reglas de operación con ellos.

Señaló que a más tardar el 15 de febrero tendría que aprobarse al interior de la Comisión, un acuerdo que exhorte a la Sagarpa a mejorar las reglas de operación y quite el tema.

Comentó que hay otro tema que no estaba en la mesa, pero que consideró pertinente incluirlo en la discusión; es que se refiere a los convenios con los estados, que ya emitió Sagarpa y en donde no se reconoce lo establecido en el decreto de egresos, como por ejemplo, el establecimiento de ventanillas.

El presidente sobre el tema de reglas de operación señaló que se reunió con los agrónomos que están trabajando en la delegación de la Sagarpa en Baja California Sur, y ellos le comentaban que en las reglas de operación que están ya publicadas en la página de Sagarpa, prácticamente hay una concentración en el ejercicio y la operación de los programas y los presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados.

Señaló que en la firma de los convenios se está haciendo lo mismo que se ha hecho en ocasiones anteriores, de presionar a los gobernadores y presionar a los secretarios de Desarrollo Agropecuario, para aceptar estas disposiciones administrativas y este propósito de concentrar la operación de los programas a través de la delegación; indicó que están buscando la manera de que los firmen y además de que consoliden la propuesta que están haciendo.

Indicó que gracias a la propuesta que se hizo al interior de la Comisión de Agricultura y Ganadería, todavía tienen la posibilidad de inconformarse pedir una explicación de todas aquellas propuestas que los diputados hicieron y que no fueron atendidas en las reglas de operación.

Señaló que es preocupante que teniendo conocimiento de esta situación, tanto la Cofemer como las secretarías que participan en el programa especial concurrente, den por hecho de que están firmes las reglas de operación y que no hay absolutamente ningún pendiente que los obligue a hacer algún tipo de modificación.

Comentó que hay algunos aspectos y disposiciones administrativas que venían establecidos en los convenios y se incorporaron a las reglas de operación y que violentan lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Señaló que en los nuevos programas, no se van a aceptar más que reglas de operación y cualquier otro lineamiento no tiene ninguna validez.

Indicó que tampoco se está atendiendo los tiempos y la entrega puntual de los recursos, siendo que está más que claro que los recursos federales se deben de mandar independientemente de que se hayan hecho las aportaciones de los paripasos; señaló que está previsto también, que se deben establecer los calendarios y hacer los arreglos correspondientes para que los gobiernos de los estados hagan sus aportaciones; indicó que a pesar de lo anterior, prevalece la idea de que si los Estados no ponen por anticipado sus aportaciones, no se va a llevar a cabo el ejercicio de los recursos federales.

Señaló que todo este tipo de cuestiones están bien definidas en la redacción del decreto de Presupuesto de la Federación y no se están respetando; por lo anterior propuso tomar un acuerdo como comisión, para que comparezcan los señores secretarios de las dependencias que forman parte del programa especial concurrente para que expliquen la razón por la cual están asumiendo esa actitud.

El presidente señaló que tal pareciera que hay un tiempo para hacer negociaciones y otro tiempo que es inmediato después de la aprobación, para no atenderlas o no respetarlas y eso es absolutamente inaceptable.

Finalmente consideró que al primero que tienen que invitar a comparecer es al licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de la Sagarpa.

El diputado Julián Nazar Morales dijo coincidir con lo expresado por el presidente, pero además consideró que están obligados a dar una revisión a la asignación de los recursos, porque a raíz de que el gobierno ha estado incrementando los costos de los energéticos, todos los precios se han disparado; señaló que revisando los Programas que como Diputados lograron meter, a través de la propuesta de la Sagarpa, como es el caso del Promaf, que va enfocado a los productores de mediana y alta producción y el programa del Pesa la cual se le asignó una serie de recursos y una mecánica para poderlo operar con Lineamientos y hoy dan marcha atrás a todo.

Comentó que en el caso de algunos programas, la asignación presupuestal se mantuvo igual o se redujeron con respecto a lo aprobado el año pasado, provocando con ello, que los más pobres no tengan acceso a los recursos ya que se privilegia a los productores que tienen más hectáreas.

Por lo anterior, consideró urgente que se cite a comparecer a los secretarios de Sagarpa, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía y se les exhorte a acatar lo establecido en decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El diputado Óscar García Barrón comentó que hace algunos días, le pidió el diputado Fermín Montes Cavazos que lo representara en un foro, en Durango en donde se habló de las Reglas de Operación de la CNA, de los Programas de Recursos Hidráulicos.

Externó que como Diputado le dio pena que no se haya tomado en cuenta, la participación de la Comisión del Agua, para elaborar las reglas de operación; señaló que daba la impresión que el gobierno federal a través de la CNA estaba realmente ninguneando al Poder Legislativo.

Señaló que es lamentable que el gobierno federal no atienda las aportaciones que los Diputados y los representantes de la sociedad hacen para enriquecer las reglas de operación.

Señaló que en uno de los artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece que los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable tiene la obligación de tomar en cuenta las aportaciones de los Diputados Locales, en relación al trabajo que ese órgano realiza en el estado.

Indicó que en relación a este tema, él próximamente habrá de enviar o hacer llegar una iniciativa para reformar ese articulado y que los Diputados Federales, también tengan la posibilidad de aportar y formar parte del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; pidió el apoyo para impulsar dicha iniciativa.

El diputado José María Valencia Barajas manifestó su preocupación por el manejo centralizado de los recursos, ya que dijo, esto se presta a que se les dé un manejo clientelar.

El presidente sobre este tema, señaló que en una reunión que tuvo con el centro de estudios y con la secretaría técnica de la comisión, se habló de la necesidad de hacer una revisión jurídica de la calidad que tienen las reglas de operación y las normas de calidad; comentó que les pidió hacer una revisión, sobre toda la legislación que existe en la materia para ver dónde dice que el gobierno federal tiene la facultad de elaborar las reglas de operación, señaló que después del análisis se van a encontrar con la sorpresa que el Ejecutivo no tiene facultades.

Señaló que en este asunto, el gobierno federal tiene que entender que hay dos posiciones:

La primera, que como diputados pueden legislar sobre el tema, haciendo una revisión que no violente ni la Constitución, ni el marco jurídico y la otra es que los diputados y el gobierno federal se pongan de acuerdo.

Señaló que en lo personal, se inclina por la primera; indicó que en la reunión que se tenga con el Secretario de Sagarpa, debe plantearse con toda claridad que no se está buscando un enfrentamiento, pero sí una claridad jurídica para que no se diga que los criterios generales que se metieron en la redacción del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, contravienen las facultades que tiene el Ejecutivo federal.

Señaló que hay elementos para que como diputados, tengan incluso la posibilidad de elaborar y aprobar tanto reglas de operación, como normas de calidad.

El diputado Fermín Montes Cavazos, señaló que de acuerdo a lo establecido en el decreto, los diputados tienen que emitir una opinión ante la autoridad correspondiente; pidió llamar a comparecer al titular de la Cofemer, por violentar los tiempos.

Señaló que en el tema de las Reglas de CNA, está bien que se pida a la Comisión de Recursos Hidráulicos discutir dichas Reglas, pero también que oficialmente la Comisión de Agricultura mandara a un representante ante esa Comisión, ya que tienen mucho que ver con los ejercicios de los recursos de CNA; señaló que él ya se apuntó, pero que oficialmente la Comisión pudiera signar no nada más a una persona, sino varias personas, para tratar el tema.

El diputado Gerardo Sánchez García comentó que aparte de las dos vías propuestas por el presidente existe una tercera vía que es la administrativa.

Señaló que en el Plan Nacional de Desarrollo se menciona que la sociedad civil debe de participar de manera coadyuvante con el gobierno, a fin de tener un gobierno eficiente, y nos damos cuenta de que el Plan Nacional de Desarrollo no les interesa; señaló que se hizo un ejercicio de participación democrática en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, y las opiniones, tanto del Consejo, como de la Cámara de nada sirvieron tampoco.

Señaló que ante esto, se pueden tomar varias medidas y deben de agotarse todas; una, revisando la legislación con toda minuciosidad para ver hasta dónde está el alcance, y qué se podría hacer para llegar a una etapa de construcción de acuerdos en torno a las reglas de operación, y una tercera vía, que sería la impugnación de las Reglas por la vía administrativa.

El diputado Rolando Zubía Rivera consideró que el tema de las reglas de operación se está manejando políticamente para centralizar el gasto, ya que eso le da ventajas electorales al Ejecutivo; señaló que por ello, hay que insistir sobre el tema, en una forma inmediata; indicó que el próximo año hay que cabildear muy bien con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y si es necesario cambiar la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública, para que la potestad más importante de los diputados, que es dirigir el gasto de este país, se dé y que realmente se formen políticas públicas que apoyen a todos los ciudadanos que representan.

Finalmente, sometió a consideración de los integrantes las siguientes propuestas:

Primero, invitar a comparecer al secretario de Sagarpa y al secretario de Cofemer, para discutir el tema de reglas de operación y, segundo, la elaboración de un documento donde se especifique las facultades que les otorga el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para emitir opinión sobre el tema de las reglas de operación y fue aprobadas por unanimidad.

8. Asuntos generales

8.1. Presentación del Reglamento de la Cámara de Diputados

Diputado Cruz López Aguilar

Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día, el presidente señaló que en el nuevo reglamento hay una serie de cuestiones verdaderamente complicadas, como es el pasar lista al principio y al final de cada reunión; indicó que eso obligaría a que todos los diputados que participan a veces en tres comisiones, no podrían hacer su trabajo.

Señaló que si nos apegamos estrictamente a ese reglamento, no se pueden tener sesiones mientras el pleno esté trabajando; lo que implica que todas las comisiones tendrían que sesionar el miércoles, y las facilidades que existen de espacio y de atención que se requieren para que se lleven a cabo las reuniones en condiciones apropiadas, la logística y la capacidad que tiene la propia Cámara, no estaría en condiciones de poder apoyar a las comisiones ordinarias y especiales.

Indicó que ésos, solo son dos ejemplos de las inconsistencias que tiene el reglamento; dijo que entiende que eso proviene de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; señaló que lo que más le preocupa es que dicho reglamento, afectará considerablemente la actividad más importante que tiene la Cámara de Diputados, que es la de legislar y trabajar en Comisiones.

Señaló que como Comisión de Agricultura y Ganadería, a través de una revisión que haga la secretaría técnica, deben emitir una opinión, sobre el tema; comentó que cuando esto se aprobó no se consideró el impacto que pudiera tener en el trabajo legislativo de la Cámara; indicó que este asunto se debe abordar a mayor detalle en la próxima reunión, independientemente de las reservas que se hicieron.

El licenciado Rubén Treviño Castillo, secretario técnico de la comisión, señaló que este reglamento inhabilita los trabajos porque se privilegia el no trabajo.

Como ejemplo de esto, dijo que si los miembros de esta comisión faltan a más de dos reuniones a las que fueron convocados, se les va a quitar un día de dieta; si faltan cuatro veces, en automático quedan fuera de la comisión.

Indicó que hay comisiones que no convocan a reuniones, cuando tienen la obligación de efectuar cuando menos una reunión por mes, quien no convoque, no va a tener problemas, pero nosotros, que convocamos de tres a cuatro veces mensuales nos colocamos en la hipótesis de estar más fácil en la condición de que se descuente la dieta por faltar dos veces en el semestre o que quedar fuera de la comisión por faltar 4 veces.

Es muy discutible también que se establezca la preclusión para el caso de la facultad que tienen los diputados de legislar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en 45 días no sacamos un dictamen, se tiene por visto y se regresa al pleno. Evidentemente quien quiera o desee regresar un dictamen en los términos que se presenta sencillamente no lo discute en comisiones; señaló que la obligación de legislar jurídicamente es algo que no precluye.

Otro detalle del que habló, fue que ahora el presidente de la comisión tiene autoridad de que si alguno de los diputados se exaspera lo multe y se le descuente un día de dieta.

Indicó que a pesar de las reservas que se metieron, el reglamento se publicó; señaló que el dictamen que se presentó para discusión decía que entraría en vigor el día 1 de febrero, siendo que entró en vigor el 1 de enero.

Finalmente comentó que en la próxima reunión, expondría una propuesta para dar a conocer la problemática del Reglamento a profundidad.

El diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate señaló que es evidente que el Reglamento fue planteado para optimizar y para impulsar el trabajo legislativo y tristemente nos damos cuenta que es completamente lo contrario.

Dijo que ojalá que de esta comisión, como siempre se ha caracterizado en el trabajo constante, permanente y eficaz, se pudiera hacer una propuesta para que se someta al pleno y nuevamente si no retomar lo que hay, quedarse con lo que se tenía.

El diputado José Narro Céspedes propuso que la mesa directiva de la comisión, con la participación del Secretario Técnico, trabajar en una propuesta para llegar a la siguiente plenaria ya con algo definido.

Terminadas las intervenciones, el diputado Rolando Zubía Rivera, sometió a consideración de los integrantes las propuestas antes planteadas y fueron aprobadas por unanimidad.

8.2. Presentación del Cura Marcos Linares Linares, de Michoacán

Diputado José María Valencia Barajas

Antes de dar comienzo con el desahogo de este Punto del Orden del Día, el presidente, Cruz López Aguilar, aclaró que no invitaron al Cura, Marcos Linares por su condición de sacerdote; que él viene solo para explicar a detalle el esquema de empresa solidaria que tiene mucho que ver con la economía social y el desarrollo de los productores.

El diputado José. María Valencia Barajas hizo la presentación formal del Cura, Marcos Linares Linares, señaló que él es un luchador social que ha logrado consolidar algunas empresas sociales, en el Estado de Michoacán; indicó que la propuesta del Cura es una muy buena alternativa para ayudar a los pequeños productores.

El Cura Marcos Linares Linares, agradeció oportunidad de poder comentar su experiencia; señaló que desde hace diez años ha venido trabajando en un Programa de Empresas Solidarias en el municipio de Zamora, Michoacán, logrando consolidar a la fecha cuatro empresas de este tipo y generando cerca de 100 empleos directos.

Indicó que la empresa solidaria es una estructura que favorece el trabajo en equipo de los productores, para colocar sus productos en un buen mercado; señaló que con este tipo de empresas se combate el problema de los acaparadores y los bróker, ya que permite que los productores participen en los últimos eslabones de la cadena productiva.

Señaló que gracias al apoyo de los migrantes, se puede exportar a un mercado seguro, ya que lo que aquí se produce, lo compran los connacionales del otro lado.

Comentó que se requiere que haya promotores en el gobierno, que tengan esta visión; se necesitan políticas públicas para promover e impulsar este tipo de empresas; señaló que este tipo de políticas se deben construir no solo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba.

Finalmente señaló que lo que quieren los campesinos no es que el gobierno les dé, sino que su trabajo valga.

Terminada la intervención del Cura Marcos Linares Linares, el diputado Rolando Zubía cedió el uso de la voz al diputado José Narro Céspedes para tratar el tema de la comercialización del frijol.

En su intervención, el diputado José Narro Céspedes comentó que la cosecha del ciclo primavera-verano del frijol se dio en octubre del año pasado y que desde esa fecha se ha estado trabajando para poder definir el Programa de Apoyos a la Comercialización del Frijol.

Señaló que a la fecha no se ha liberado el Programa de Apoyos a la Comercialización, ni tampoco se han liberado las tarjetas de diesel, por lo que solicitó a la Comisión que se cite a comparecer al Secretario de Hacienda y al Secretario de Sagarpa, para que expliquen los motivos por los que ocurriendo esta situación.

El diputado Óscar García Barrón, coincidió con lo expresado por el diputado José Narro Céspedes, dejo en la mesa la propuesta para que se cite también a comparecer, al director de Aserca nacional.

El presidente señaló que la idea de traer a Marcos Linares era que los diputados conocieran los distintos enfoques en materia de economía social o de economía solidaria.

Consideró que el compromiso que el Cura Marcos Linares Linares, pidió por parte de la Comisión va en el sentido de establecer algún fondo que permita el impulso de la economía social solidaria; pidió que en lo que dejan perfectamente establecido esa voluntad, él se acercara al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de que conozca el detalle de los Programas.

Propuso que al menos una vez por mes, se tenga un invitado especial, para crear junto con ellos, una estructura programática presupuestal, que tenga que ver con la generación masiva de empleo en las zonas más pobres y al final juntarlos a todos, para que haya un intercambio de puntos de vista.

Terminada la intervención, el diputado Rolando Zubía Rivera sometió a consideración de los integrantes la propuesta para que se constituya un fondo para este tipo de esquemas que existen en las organizaciones de nuestro país y fue aprobada por unanimidad.

Antes de dar por clausurados los trabajos de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el presidente señaló que no debe pasar de esta semana para tener la reunión con el Secretario de Sagarpa, para tratar con él, el tema de las reglas de operación; consideró que no habría ningún inconveniente por parte del secretario para que lo acompañe el licenciado Manuel Martínez de Leo y vean este asunto de la comercialización del frijol, que tiene un retraso impresionante; indicó que como diputados, tratarán de que la Secretaría de Hacienda se actualice y se sensibilice, ya que hay algunas cuestiones que son verdaderamente urgentes que provienen del año pasado.

8.3. Fecha de la próxima reunión ordinaria de la comisión

Propuesta: 2 de febrero de 2011, 9:00 horas, zona C del edificio G.

Se tomó el acuerdo de reunirse en sesión ordinaria el próximo 2 de febrero de 2011, a las 9:00 horas, en la zona C del edificio G, planta baja.

9. Clausura

A las 13:24 horas del 31 de enero de 2011, y contando con la presencia de los 19 diputados que firmaron su asistencia, el presidente dio por clausurados los trabajos de la trigésima sexta reunión ordinaria.

La Mesa Directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería

Diputados: Cruz López Aguilar, presidente; Fermín Montes Cavazos, Manuel Humberto Cota Jiménez, Alfredo Francisco Lugo Oñate, Luis Félix Rodríguez Sosa, Rolando Zubía Rivera, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Dora Evelyn Trigueras Durón, Sergio Arturo Torres Santos, José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo (rúbricas), secretarios.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se instruye a la Secretaría Técnica, publicar la presente Acta en la Gaceta Parlamentaria.