Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la Segob la declaratoria de desastre natural en Chihuahua y Sonora, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios
Los suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación, emita la declaratoria de desastre natural en los estados de Chihuahua y Sonora, así como que sean aplicados oportunamente los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, de acuerdo con lo convenido con la Secretaría de Gobernación.
Segundo. Se exhorta a las Secretarías competentes del gobierno federal brindar la debida atención y medidas de auxilio a las familias de dichos estados, empleando estrategias emergentes, así como destinar recursos extraordinarios suficientes, aplicándose todos estos de manera coordinada con las autoridades de los gobiernos.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, se tomen las acciones conducentes a fin de llevar a cabo la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, de energía eléctrica y que se garantice el abasto de combustible en estos estados.
Cuarto. Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que otorgue a los consumidores de dichos estados un subsidio del 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, y un descuento del mismo monto en las tarifas eléctricas.
Quinto. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, gestione la autorización para la aplicación de los seguros agrícolas aplicables en los cultivos dañados por las heladas, tales como maíz, cártamo, trigo, papa, garbanzo, calabaza, chile, sandía, frijol, tomatillo, tomate y mango, a fin de resarcir parte de los efectos negativos que enfrentan las familias jornaleras del estado de Sonora.
Sexto. Se exhorta a las autoridades competentes, lleven a cabo la aplicación de medidas precautorias para evitar la falta de abasto de los productos mencionados en el mercado nacional, a fin de evitar un incremento en los precios finales de estos cultivos en aras de no dañar las economías familiares.
Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica)
Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática
Diputado Juan José Guerra Abud
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo
Diputado Reyes Tamez Guerra
Coordinador del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ de Chiapas a investigar y, en su caso, castigar a los culpables del accidente ocurrido el 28 de febrero de 2010 en Ocozocoautla, donde fallecieron 20 derechohabientes del ISSSTE; y a la delegación estatal de éste, a indemnizar a los familiares de las víctimas, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, diputado Gerardo del Mazo Morales, integrante del Grupo Parlamentaria del Partido Nueva Alianza a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6.1 y 65 fracción 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas a investigar, y en su caso, castigar a los culpables del accidente ocurrido en Ocozocoautla, Chiapas, el pasado 28 de febrero de 2010, donde fallecieron 20 derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); así como a la delegación de dicho instituto en el estado de Chiapas, a pagar las indemnizaciones correspondientes a los familiares de los derechohabientes fallecidos, con base en las siguientes
Consideraciones
El 28 de febrero de 2010, un grupo de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y sus familiares debían llegar al Distrito Federal para ser atendidos por especialistas, según la recomendación médica obtenida en los centros asistenciales del ISSSTE en Tapachula. En el autobús viajaban 42 personas, entre afiliados, pensionados y jubilados; algunos, por derecho, iban acompañados de algún familiar que habría de cuidarlos durante su estancia en la capital mexicana. El chofer del autobús, al tomar la ruta a la Ciudad de México, manejaba con exceso de velocidad, cuentan los sobrevivientes.
Casi saliendo de los límites del municipio de Ocozocoautla, el chofer manejó con mayor velocidad, hasta perder el control del volante, por lo que el autobús volcó y se arrastró casi cien metros sobre la cinta asfáltica. Los heridos alcanzaron a ver que el chofer rompió el parabrisas, salió y se subió a un tráiler que lo sacó del área.
Tanto los agentes del Ministerio Público e incluso, funcionarios del ISSSTE, pretenden esconder la realidad; es decir, favorecer a la empresa Autotransportes Pullman de Chiapas, S.A. de C.V., primero, para que no resulte sancionada como estipulan las cláusulas del contrato y segundo, para que no pague las indemnizaciones correspondientes, como marca la ley.
Incluso, los afectados manifiestan que el agente del Ministerio Público en Ocozocoautla se ha puesto del lado de la empresa y se ha negado incluso, a tomar la declaración de los sobrevivientes, quienes aseguran que el chofer manejaba con exceso de velocidad; en su lugar, se pretende dejar asentado en el acta ministerial que el accidente se debió a las malas condiciones de la carretera, con lo que salvarían a la empresa de transportes de pagar no sólo las indemnizaciones de rigor, sino las multas debidas, así como otras erogaciones por su irresponsabilidad.
La parcialidad de los supuestos servidores públicos adscritos a la procuraduría y de los funcionarios del ISSSTE en Chiapas, ha evitado que se haga justicia; la empresa transportista lo está aprovechando y, en lugar de pagar lo que marcan las leyes en la materia, pretende únicamente entregar entre 36 mil y 40 mil pesos a cada agraviado, lo cual es una burla para los afectados.
Asimismo, no se ha encontrado ninguna documentación oficial de la unidad, lo que ya constituye un grave delito y un evidente acto de corrupción entre el ISSSTE y la empresa citada.
Por las razones expuestas, solicito atentamente a esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, se dé trámite al siguiente punto de
Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, investigar exhaustivamente el accidente ocurrido, y, en su caso, castigar a los culpables del mismo.
Segundo. Se exhorta a la delegación del ISSSTE del estado de Chiapas a pagar las indemnizaciones correspondientes a los familiares de los derechohabientes fallecidos en dicho accidente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.
Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía a considerar en el proyecto de miscelánea fiscal de la federación de 2012 el otorgamiento de estímulos del ISR a los contribuyentes que empleen a mayores de 60 años, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación 2012, se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas mayores de 60 años. Lo anterior en base a los siguientes
Antecedentes
En la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del cinco de octubre de 2010, la suscrita presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación 2011, se considere otorgar estímulos fiscales del impuesto sobre la renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas mayores de 60 años.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva acordó fuera turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Consideraciones
El rápido envejecimiento de la población en los países que, como el nuestro, se encuentran en plena transición demográfica y epidemiológica, y la consecuente emergencia de los problemas específicos de la población anciana dan actualidad a esta temática. Por otra parte, las limitaciones en el crecimiento económico, las insuficiencias de los sistemas de pensiones, la ausencia de una política nacional en pro del abordaje frontal y directo para el estudio y solución de estos problemas que (si no morimos en la juventud o edad madura), nos atañen a todos, constituyen poderosas razones para que el gobierno, el sector académico y las organizaciones no gubernamentales se interesen y trabajen organizada y conjuntamente en favor de las personas de edad avanzada.
Los fenómenos asociados al avance de la transición demográfica es el rápido incremento de la población en edades avanzadas. La disminución de la mortalidad y la fecundidad tiende a transformar la pirámide de la población, estrechando su base y ampliando su cúspide. En el pasado, en la actualidad o en el futuro, bien sea rápida o lentamente, todas las naciones del mundo han enfrentado, enfrentan o enfrentarán de manera ineludible el envejecimiento demográfico.
La creencia de que este fenómeno y sus consecuencias son preocupación exclusiva de los países desarrollados se opone a las realidades y previsiones sobre la escala, características y heterogeneidad de este proceso en los países en desarrollo. Las sociedades envejecidas o en proceso de serlo están apareciendo gradualmente por todos los rincones del mundo.
La población mexicana atraviesa por una fase de plena y acelerada transición demográfica. Este proceso se inició en la década de los treinta con el descenso paulatino de la mortalidad, y posteriormente se acentuó, a mediados de los sesenta, con la declinación de la fecundidad. Estos cambios han implicado profundas transformaciones en la distribución por edades de la población. De hecho, transitamos en la actualidad de una población joven a otra más entrada en años.
El cambio demográfico en México se ha producido con tal velocidad que hoy nos encontramos ante la necesidad de atender los efectos del alto crecimiento poblacional del pasado y de preparar las respuestas institucionales y sociales para encarar los desafíos presentes y futuros que representa el envejecimiento demográfico. Este proceso seguramente influirá de distintas maneras y formas en la sociedad, la economía, la política y la cultura.
Debemos recordar que muchas de nuestras instituciones económicas y sociales han estado fundadas en una realidad fáctica que todavía mantiene su vigencia: el número de niños y adolescentes es significativamente mayor que el de los adultos mayores. De hecho, uno de cada tres mexicanos tiene en la actualidad menos de 15 años de edad, en tanto que uno de cada veinte tiene 65 años y más. Sin embargo, en el año 2050 esta composición se verá profundamente alterada: se prevé que uno de cada siete mexicanos estará en edades preecolares y escolares, mientras que los adultos mayores representarán a uno de cada cuatro habitantes del país.
Tarde o temprano, si primero no sobreviene la muerte, la vejez impone fatalmente el retiro del trabajo, convirtiendo a los adultos mayores en personas totalmente dependientes de los sistemas de transferencia. Cada sociedad dispone de mecanismos de redistribución de recursos que ponen de manifiesto los escenarios de vida a los que se enfrentan los adultos mayores. Ellos pueden subsistir de contribuciones suministradas por el estado, de recursos provenientes de sus hogares y redes sociales y familiares de apoyo, de sus ahorros e inversiones acumuladas o bien de la caridad pública. Tales opciones no son excluyentes, por lo que es muy frecuente la combinación de varias.
El aumento proporcional de la población adulta mayor se traduce en el incremento de las necesidades de los servicios de salud, asistencia, seguridad y protección social, con una repercusión importante en la economía de las naciones. El fenómeno, aunado a las crisis y a las reestructuraciones económicas, afecta directamente el mercado laboral, particularmente el de este grupo poblacional.
La falta de empleos es un problema que aqueja no sólo a los países subdesarrollados, sino también a los desarrollados, no sólo a las personas de edad avanzada sino también a los jóvenes. Pero la importancia del estudio del envejecimiento y el empleo, principalmente de las condiciones laborales, reside en el comportamiento diferencial del mercado de trabajo entre los menores y los mayores de 60 años, debido al perfil socio- epidemiológico particular de los adultos mayores.
En el caso de México, los adultos de 60 años y más se desenvolvieron en un modelo económico específico que les permitió, o no, desarrollar ciertas características, que en la actualidad repercuten en su inserción y en su permanencia en el mercado laboral. Además se han enfrentando a un cambio de modelo económico que inevitablemente los ubica frente a situaciones laborales adversas. Cabe resaltar que el trabajo para los adultos mayores, en la mayoría de los casos, es restringido institucionalmente debido a la edad, lo que hace aún más difícil su participación laboral.
La menor capacidad de generar ingresos propios, la insuficiente cobertura de los programas de seguridad social y los bajos montos de las pensiones, entre otros factores, propician un descenso relativo de su nivel de vida, pues en edades avanzadas disminuyen las posibilidades de cubrir los costos, lo que provoca que los adultos mayores busquen como opción un ingreso por medio del trabajo.
Las condiciones laborales para toda la población se han flexibilizado como consecuencia de los cambios tecnológicos y competitivos que se han establecido en la economía, mediante la eliminación de normas y reglamentaciones que hacían rígido el mercado e impedían la absorción de mano de obra (Lagos, 1994). Pero en general estos cambios en las condiciones laborales no son benéficos para la población, sobre todo para los adultos mayores.
La rapidez de envejecimiento en México exige que haya estudios que muestren la realidad de esta población en temas como el mercado laboral y las condiciones laborales, con el fin de hacerles frente y de promover una mejor calidad tanto en lo económico como en lo social.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en el proyecto de Miscelánea Fiscal de la Federación de 2012, se considere otorgar estímulos fiscales del Impuesto Sobre la Renta a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas de 60 años.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.
Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a sancionar a los servidores públicos que hayan incumplido el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el marco de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos que hayan incumplido las disposiciones contenidas en el artículo 77 de dicho ordenamiento.
El 7 de diciembre de 2010 se publicó el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 con la incorporación de la propuesta planteada por el grupo parlamentario del PRI en materia regulatoria de las reglas de operación. Esta propuesta constituye uno de los avances más importantes en materia de política social y de fomento, pues fortalece la obligación de dictaminar, autorizar y publicar las reglas de operación de los programas federales, de acuerdo al mandato del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ese es el mandato del Poder Legislativo, construir un diseño regulatorio sencillo, claro, realista, mínimo. Reglas de operación que permitan ejercer con eficiencia y eficacia los programas gubernamentales y los presupuestos que en esta asamblea aprobamos anualmente.
Lo importante en este trascendental paso administrativo, era señalar los tiempos de publicación, pero además, con mucha precisión, el contenido de cada una de las disposiciones y reglas de operación que es necesario cumplir para cada uno de los proyectos y programas de infraestructura social o productiva que inciden en el progreso y desarrollo de los pueblos o de los grupos sociales. El mandato es contundente: observar los criterios que emita la Secretaría de la Función Pública y los que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en su dictamen sobre cada una de las reglas de operación.
La burocracia ya no podrá inventar, ni hacer más complejos y engorrosos los trámites que llevan hasta la desesperación a los promoventes, sobre todo a los más vulnerables. Ya nadie podrá ensañarse con los más débiles. Al facilitarse los caminos para acceder a los programas gubernamentales, se podrán evitar también, los actos de corrupción.
Por eso nos interesa saber si, en diciembre, las reglas de operación fueron sometidas a su debido proceso y fueron publicadas como lo marca la Ley Federal de Presupuesto. Esta preocupación es justificada, pues contamos con la experiencia lamentable que cada año las dependencias del gobierno federal sólo cumplen con un cinco por ciento de las observaciones que les hace la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Tan ridículo porcentaje trae como consecuencia ineficiencia que las reglas de operación ejercidas indebidamente generen espacios inaceptables de poder y discrecionalidad para los funcionarios de las ventanillas de gestión; que, como señala la Coneval, el 87 por ciento de las reglas de operación no tengan establecidos claramente los resultados que buscan alcanzar y con ello, lo más grave, que se castigue severamente, con requisitos inalcanzables, a los que menos tienen en este país.
Por las preocupaciones expuestas, me permito proponer a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a aplicar las sanciones correspondientes, en el marco de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los funcionarios públicos que hayan incumplido las disposiciones contenidas en el artículo 77 de dicho ordenamiento, haciendo llegar a esta soberanía copia íntegra de los expedientes de estos casos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.
Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a considerar la construcción del centro de atención múltiple de educación especial en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y a otorgar mayores estímulos e incentivos fiscales a las escuelas de nivel básico y al personal docente que trabaje para que los niños con discapacidad logren su incorporación plena a los planteles regulares, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México viven alrededor de 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad; de ellas, 2 millones son estudiantes. En Guerrero se registran 50 mil 969 con algún tipo especificado de discapacidad y 40 mil 215 no se encuentran especificadas; esa situación las coloca como uno de los grupos de mayor vulnerabilidad en la sociedad. La Secretaria de Educación de Guerrero registró para el ciclo escolar 2009-2010 a 4 mil 335 alumnos que padecen algún tipo de discapacidad, de los que 2 mi 192 se encuentran escolarizados en los centros de atención múltiple de educación especial y 2 mil 143 integrados en la escuela regular.
Las personas con discapacidad carecen de oportunidades reales de trabajo y de posibilidades para acceder a la capacitación o educación formal. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura establece que 90 por ciento de niños con invalidez no asiste a la escuela. Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo entre esta población fluctúa entre 80 y 90 por ciento.
La Ley General de Educación establece en los artículos 39 y 40 que en el sistema educativo nacional quedan comprendidas la inicial, la especial y para adultos. Señala que la educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de edad, incluida la orientación a padres de familia o tutores para la educación de los hijos o pupilos.
Derivado de las modificaciones de dicha ley de 2000 y 2009, se incorporó la concepción de que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como con aptitudes sobresalientes. Este tipo de educación atenderá a los educandos de manera adecuada a sus condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Respecto a los menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos.
Del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se deriva el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, consistente en promover el acceso, la permanencia y el logro educativo de los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan discapacidad o aptitudes sobresalientes, a través del fortalecimiento del proceso de integración educativa y de los servicios de educación especial.
En La Montaña se concentra 85 por ciento de la población indígena de Guerrero, y particularmente en Tlapa de Comonfort, el cual cuenta con 65 mil 763 habitantes y es uno de los municipios con un alto grado de rezago educativo, donde además se asientan grupos étnicos como los nahuas, mixtecos y tlapanecos, con grandes flujos migratorios para ofertar mano de obra. Esta circunstancia ha propiciado que la Secretaría de Educación Pública atienda sólo 12.5 por ciento de la demanda educativa de la población infantil agrícola migrante.
Se estima que alrededor de 20 por ciento del rezago educativo nacional en educación primaria se concentra en este sector de la población, A ello se aúna la presencia importante de muchos niños que presentan discapacidades como discapacidad múltiple, neuromotora y trastornos graves del desarrollo que les impiden asistir a la escuela regular.
Los centros de atención múltiple de educación especial son planteles dedicados a la atención de niños con necesidades educativas especiales, quienes en muchos casos no tienen posibilidades de integración a las escuelas regulares; y aun cuando las tuviesen, éstas no reúnen condiciones para ofrecer atención apropiada.
Ciertas iniciativas de la sociedad civil han permitido acondicionar algunas modestas instalaciones de otros planteles educativos, donde se imparte el modelo pedagógico de atención especial a niños que presentan discapacidad. Gracias a este esfuerzo se logró la donación para este efecto un terreno de aproximadamente una hectárea en la colonia Monte Sinaí, en Tlapa de Comonfort.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a construir las instalaciones del centro de atención múltiple de educación especial en Tlapa de Comonfort, Guerrero, para proporcionar atención integral a los niños y los jóvenes que presenten necesidades educativas especiales, en un marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente.
Segundo. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a proporcionar por las Secretarías de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público mayores estímulos e incentivos fiscales a las escuelas de educación básica y al personal docente que trabaje para que los niños con discapacidad logren su incorporación plena a las escuelas regulares.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.
Diputado Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a iniciar la ejecución del libramiento vehicular de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y a reasignar a esa obra parte de los recursos de subejercicios o excedentes presupuestarios que se registren en 2011, a cargo del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado de la LXI Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
• Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, se asignaron 25 millones de pesos para la construcción, en una primera etapa, de un libramiento vehicular para la ciudad de Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero, cuyo principal objetivo es la apertura de una nueva vía de acceso terrestre que libre el paso por Tlapa, toda vez que en las actuales condiciones se presentan problemas graves de congestionamiento vial en la zona urbana, causados por la estrecha carretera federal 931 que atraviesa la ciudad y que resulta insuficiente como infraestructura de movilización vehicular y peatonal.
• Que es importante señalar que, aunado a la construcción del libramiento, será necesario además, construir obras asociadas, complementarias, provisionales y caminos de acceso; por lo que el presupuesto estimado para dicha obra asciende a 121 millones de pesos, que implican los 22 kilómetros del libramiento vehicular.
• Que en el proyecto del Libramiento Tlapa del kilómetro 0+000 al kilómetro 22+000, con una longitud de 22 kilómetros, se encuentra validado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hasta la fecha no presenta ningún avance en su construcción.
• Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se etiquetaron 11 millones 700 mil pesos para los trabajos que implican la construcción de dicha infraestructura, asignación que resulta insuficiente para una obra de gran magnitud como pretende ser el “Libramiento Tlapa”.
• Que en el ejercicio de los recursos presupuestales por parte de las entidades de la administración pública federal recurrentemente se presentan economías presupuestales, remanentes del gasto público que no son ejercidos, o diferencias positivas entre la asignación definitiva y el gasto ejercido, derivada de la obtención de mejores condiciones en la adquisición de bienes y servicios, y que de acuerdo a los principios y normas presupuestarias y financieras, los recursos excedentes podrán destinarse a gastos contingentes no previstos y a proyectos de inversión adicionales a realizarse durante el transcurso del ejercicio.
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delegación Guerrero a iniciar en forma inmediata con los trabajos de ejecución del libramiento vehicular de la ciudad de Tlapa de Comonfort, estado de Guerrero.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sentido de reasignar una parte de los recursos de subejercicios o excedentes presupuestarios que se registren durante el ejercicio fiscal 2011, estimados en por lo menos 35 millones de pesos, a la construcción de la obra prioritaria que representa el “Libramiento Tlapa”
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.
Diputado Sofío Ramírez Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal y de la Segob a transmitir a escala nacional por radio y televisión cápsulas relativas a manejo de estrés y a terapias psicológicas con profesionales para atender a los afectados por los actos violentos que ha vivido el país, así como a prevención del delito, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Jaime Flores Castañeda, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, Apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, se permito presentar ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Compañeras y compañeros legisladores recordemos que nuestras niñas y nuestros niños merecen un mejor presente y un mejor futuro, no olvidemos que el reclutamiento de adolescentes por bandas de narcotraficantes es un fenómeno que se inició en el 2000, por lo que cada vez que se captura una banda de traficantes es común encontrar en promedio hasta cuatro menores de edad.
Para nuestros jóvenes incorporarse al crimen organizado es fácil. Toma poco tiempo pasar de vendedor de drogas ambulante a asesino a sueldo, y según el criterio de la Secretaría de Seguridad Pública la edad promedio en que los jóvenes se vuelven sicarios es de 24 años.
Las niñas y los niños miran la televisión, alrededor de tres a cuatro horas diarias, y ésta tiene una influencia poderosa en el desarrollo de su sistema de valores y en la formación de la conducta.
Una gran parte de la programación actual es violenta y orientada al consumo. Cientos de estudios sobre los efectos de la violencia en la televisión en niños, adolescentes y personas adultas, ofrecen como resultado el que las niñas y los niños puedan:
• Volverse inmunes al horror de la violencia.
• Aceptar gradualmente la violencia como un modo de resolver problemas.
• Imitar la violencia que observan en la televisión.
Las niñas y los niños que contemplan excesivas escenas de violencia tienden a ser más agresivos. Algunas veces, el mirar un sólo acto violento puede aumentar la agresividad. Las niñas y los niños que miran espectáculos en los que la violencia es muy realista, que se repite con frecuencia, o no recibe castigo, son los que más tratarán de imitar lo que ven. La influencia de la violencia en nuestra sociedad actual puede manifestarse de inmediato en el comportamiento del niño o la niña, o aflorar años más tarde.
Los hechos violentos que se han suscitado en nuestro país se han considerado como una guerra psicológica, en la que el terror desencadena miedo extremo, incontrolado y que además se desarrolla súbitamente, además de que en algunos casos paraliza a las personas.
El miedo resulta ser un estímulo para la actividad del sistema nervioso simpático, que desencadena reacciones motoras; tales como el temblor, encogimiento, huída, ataques convulsivos, que con frecuencia desorganiza las actividades motoras y provoca que el individuo cometa abundantes errores.
Las personas y en especial nuestras niñas y niños, gritan, la respiración se vuelve rápida y superficial, presentan sudoraciones profusas y taquicardia. Como el sistema nervioso simpático esta estimulado, éste, a su vez, de forma súbita estimula a las vísceras y llega a originar enfermedades como la diabetes.
Políticamente el terror crea inseguridad, desconfianza, sentimiento de fracaso y desaliento, siendo esto, la antesala de la huída y alejamiento de la organización política.
Estamos programando a nuestros jóvenes con violencia. ¿Cómo podemos pedirles otro comportamiento? Estamos frente a modelos negativos a seguir, gracias a la narco cultura, donde se le idolatra y coloca al narcotraficante como un héroe, un redentor, un paladín de la justicia social, ayudando a los pobladores de sus lugares de origen, pero aniquilando a miles de jóvenes y niños en el mundo a través de la farmacodependencia.
Estudios en diferentes partes del mundo confirman la influencia decisiva de los medios de comunicación en la generación del crimen. Más del 70 por ciento del contenido de la televisión tiene programas violentos, además de las películas y video juegos, aunado a la violencia en nuestras calles, donde cada vez más vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Resulta cotidiano ver como día a día matan a seres humanos y por morbo los jóvenes buscan hasta las imágenes más sangrientas, y si además en el barrio, el más respetado es el pandillero más violento y debes pertenecer a la pandilla de la localidad para que te respeten otras pandillas. Estamos rodeados de violencia. ¿Cómo pedimos que nuestra ciudadanía sea pacífica si la estamos programando para la violencia?
Por ello compañeras y compañeros legisladores debemos exigir al gobierno federal y a la Secretaría de Gobernación brinden apoyo psicológico a través de capsulas televisivas y radiofónicas para que puedan lograr en la población una mejor canalización del estrés y sobre todo orientación de psicoanalistas y expertos en la materia, para que de esta forma hagamos algo no solo por la niñez y la juventud mexicana sino por toda nuestra sociedad que se ha visto un tanto estresada, intimidada y horrorizada por todos los actos violentos de los últimos meses a causa del crimen organizado.
En mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 79, Apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición, que solicito se tramite de urgente resolución con fundamento en el artículo 79, Apartado 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Titular del Gobierno Federal y al Titular de la Secretaria de Gobernación, para que transmitan a nivel nacional capsulas de manejo de estrés, capsulas de terapias psicológicas con psicoanalistas para atender a toda la ciudadanía que se ha visto afectada por los actos violentos que ha vivido nuestro país así como capsulas de prevención del delito, por medio de los distintas empresas televisoras y radiodifusoras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2010.
Diputado Jaime Flores Castañeda (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a instaurar campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno sobre el virus de papiloma humano y el cáncer cervicouterino, a cargo de la diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita Velia Aguilar Armendáriz, diputada en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a instaurar campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno con relación a la infección del virus de papiloma humano y el cáncer cérvicouterino.
Consideraciones
El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo, misma que puede ser asintomática por largos periodos.
El riesgo y la sintomatología del VPH son distintos entre hombres, en los que generalmente es asintomático, y mujeres, quienes llegan a desarrollar inflamaciones del tracto reproductivo.
De más de cien tipos de virus que existen, quince serotipos se consideran de alto riesgo, y dos de éstos (16 y 18) originan 70 por ciento de los casos de cáncer cérvicouterino (CaCu).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que la mitad de las personas con vida sexual activa han estado en contacto con este virus pero considera que la infección es transitoria.
Sólo entre 10 y el 15 por ciento de las mujeres que lo contraen registran patologías crónicas que las predisponen al cáncer cervicouterino.
Se estima que hasta 80 por ciento de las mujeres adquirirá alguna infección por VPH en el transcurso de su vida, sin embargo si ésta es detectada a tiempo tendrá una resolución espontánea sin causar ningún problema de salud. Además, el cáncer cérvicouterino es prevenible ya que es posible identificar lesiones precursoras del cáncer.
Al respecto la prueba citológica de papanicolaou sigue dando la pauta para el diagnóstico de lesiones cervicales precancerosas y/o la detección del carcinoma invasor, al igual que técnicas complementarias como colposcopía, biopsia, tipificación viral e inmunohistoquímica.
En la actualidad se han desarrollado novedosos métodos de prevención que se están adoptando en la práctica médica, y uno de ellos es la aplicación de la vacuna contra el VPH.
Asimismo, posterior a la vacunación contra VPH las mujeres deben continuar con sus revisiones periódicas y someterse a pruebas de diagnóstico y detección oportuna como el papanicolaou y la colposcopía, de acuerdo a la edad de cada mujer y de las recomendaciones de su médico. La vacuna contra VPH y los métodos de detección de cáncer cérvicouterino son complementarios.
Por otra parte, existe una constante necesidad de las mujeres pacientes de acceder, recibir y entender la información sobre la infección por VPH, displasias y CaCu in situ que les permita disminuir sus estados de angustia y percepción de fatalidad que todavía se le asigna al CaCu. Recibir información oportuna y accesible permitiría a las mujeres apropiarse de sus procesos de atención.
En tanto lo anterior, y frente a hechos como
• Que el riesgo de desarrollar una infección por VPH comienza con el inicio de la actividad sexual.
• Que cualquier mujer está en riesgo de desarrollar cáncer cérvicouterino si la infección ocasionada por los tipos del virus del papiloma humano oncogénico se vuelve persistente;
• O bien, que este riesgo es cinco veces más alto en mujeres que no se someten a pruebas periódicas de detección como el papanicolau y la colposcopía.
Compañeras y compañeros legisladores, hoy más que nunca es necesario impulsar la realización y difusión de campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno con relación a la infección del virus de papiloma humano y el cáncer cérvicouterino, y no sólo ello, sino dotar de recursos suficientes a la Secretaría de Salud para la realización eficiente y eficaz de estas acciones.
Reconozcamos que entre las necesidades más apremiantes que enfrentan las mujeres está su salud, y en especial aquellas enfermedades de vida o muerte, como el cáncer cérvicouterino.
Aunque el tiempo que tarda el virus en dar señales de presencia es variable, la información necesaria respecto a la infección del virus del papiloma humano y del cáncer cérvicouterino para las mujeres, será siempre pertinente y necesaria en el ejercicio de sus decisiones y en el mejoramiento de su calidad de vida.
Tomemos en cuenta que el virus del papiloma humano (VPH) es una enfermedad que puede convertirse en una amenaza a la salud pública de México si no trabajan juntos sociedad y gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno, el siguiente punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a instaurar campañas de información, prevención y diagnóstico oportuno con relación a la infección del virus de papiloma humano y el cáncer cérvicouterino.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.
Diputada Velia Aguilar Armendáriz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al registro de emisiones y transferencia de contaminantes, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Juan Gerardo Flores Ramírez, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
A partir de 1991, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) previeron la reducción de la contaminación como una de sus mayores metas para los años 90, ante este objetivo, se examinó un mecanismo para recopilar y publicar datos sobre las emisiones y transferencias de contaminantes, desarrollándose los Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).
De acuerdo con la OCDE, el RETC normalmente implica que las empresas reporten periódicamente información sobre las emisiones y transferencias de diversas sustancias de interés específico. Esta información se hace accesible al público, respetando las necesidades legítimas de confidencialidad industrial. Los resultados proveen información cuantitativa y comparativa entre las empresas sujetas a reporte y han estimulado a los inversionistas y otras partes afectadas o interesadas a requerir información sobre las empresas cuyo desempeño se encuentra significativamente por debajo del nivel normal de su sector y exigir su mejoría. 1
En nuestro país, no fue sino hasta 2001, que con la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), se consideró la conformación de un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. En donde se faculta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la generación del RETC.
“Artículo 109 Bis. La secretaría, los estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente. La información del registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la secretaría, o autoridad competente del gobierno del Distrito Federal, de los estados, y en su caso, de los municipios.
Las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. La información del registro se integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro.
La información registrada será pública y tendrá efectos declarativos. La secretaría permitirá el acceso a dicha información en los términos de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y la difundirá de manera proactiva.”
Con este artículo se obligó a las personas físicas y morales responsables de fuentes de contaminantes, a entregar la información necesaria para integrar el RETC.
Ante esta obligación, las industrias, a través de la Cédula de Operación Anual (COA), reportan sus emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos. Como su nombre lo indica esta cédula debe presentarse anualmente, durante el primer cuatrimestre del año.
De manera general, podemos decir, que el RETC, es una estrategia nacional e internacional cuya función es el establecimiento de directrices que permitan preservar y proteger el medio ambiente, a través del conocimiento de emisiones y transferencia de contaminantes al ambiente, así como la reducción de gases efecto invernadero en cumplimiento a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Sin embargo en nuestro país, el RETC se ha convertido en un instrumento meramente informativo puesto que se ve opacado al ser un instrumento de difícil accesibilidad, y un documento incompleto, al no exigirse el reporte a todos los establecimientos obligados y a la falta de monitoreo en el desempeño de las empresas que registran en el RETC, a través del tiempo.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), actualmente reportan 2,700 empresas de jurisdicción federal, y en el plano estatal sólo cinco entidades de la república ya cuentan con un RETC. Si consideramos que en el Censo Económico 2009, el total de unidades económicas existentes en México fue para ese año de 5´144,056, y de estas la industria manufacturera, la construcción, transporte, minería, electricidad, agua y gas corresponde a 643,321 empresas que tienen estrictamente emisiones contaminantes al ambiente, por lo cual la cifra de 2,700 empresas que reportan sus emisiones y transferencias de contaminantes está muy por debajo de las registradas en México.
De acuerdo con el reglamento de la LGEEPA en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, en su artículo 26, la Semarnat, debe publicar un informe anual el cual debe ser difundido por medios electrónicos o impresos, sin embargo la secretaría solamente tiene publicado en su página electrónica el Informe Nacional del RETC correspondiente a 2005, en el cual se obtuvo que 2,510 establecimientos industriales reportaron al menos alguna sustancia RETC, de estos 2,452 reportaron valores consistentes, mientras que 58 establecimientos presentaron inconsistencias en sus datos, sin embargo no existe un análisis de seguimiento con los reportes anteriores o al menos al correspondiente al 2004.
Con lo anterior, debemos cuestionarnos, si el Reporte de Emisiones y Transferencia de Contaminantes es un documento eficaz que permita evaluar el nivel de contaminación ambiental ocasionado por el sector industrial, toda vez que las empresas que reportan no son la totalidad de las que están en funcionamiento ya que los informes anuales del RETC que debe elaborar la Semarnat, no han sido publicados y posiblemente elaborados.
Es importante hacer mención de que el gobierno gederal, durante los trabajos de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha expuesto diversos compromisos de México para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, sin embargo es de llamar la atención que un programa como el RETC no ha podido consolidarse como una herramienta de política ambiental que permita abordar este tema, ya que si bien en los inventarios de gases efecto invernadero, se consideran a las empresas que han emitido sus reportes de emisiones RETC, no están todas las empresas que a nivel nacional emiten contaminantes a la atmosfera. Es por ello que el punto de acuerdo busca dar fortaleza a este instrumento de gestión ambiental.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, se emita el Informe Anual de Emisiones y Transferencia de Contaminantes correspondiente al ejercicio 2009 y establezca una estrategia para que todos los establecimientos industriales que emitan sustancias RETC, entreguen sistemáticamente y de manera oportuna, su reporte de emisiones y transferencia de contaminantes, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informe a esta soberanía cuántas visitas de inspección se han realizado desde el año 2006, en cumplimiento al artículo 30 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, indicando los resultados generales de dichas visitas.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, para que a través del órgano interno de control en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, verifique si se dio cumplimiento a la elaboración de los informes anuales del registro de emisiones y trasferencia de contaminantes, correspondientes a 2006, 2007, 2008 y 2009.
Notas
1. OCDE, 1996, Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), Una herramienta para la política ambiental y el desarrollo sostenible , Manual Guía para los Gobiernos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.
Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comisionado del INM y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a diseñar con los tres poderes de las entidades federativas y órganos de gobierno estatales y municipales estrategias para implantar acciones que contribuyan a combatir la trata de personas en el turismo sexual, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
Podemos entender al turismo sexual como la forma de turismo con el propósito de sostener relaciones sexuales, normalmente con prostitutas, pero también puede darse que mujeres busquen oportunidades sexuales con hombres, con otras mujeres, entre personas del mismo sexo o incluso con menores de edad. Entre las principales causas que motivan este tipo de turismo se pueden destacar las que tienen que ver con la existencia de tolerancia por parte de las autoridades; en muchas de las ocasiones, la edad de quienes ofrecen estos servicios; altos niveles de impunidad ante el delito; acceso a precios más bajos cuando el cliente viaja de un país rico a uno más pobre; acceso a una mayor privacidad debido a las características de clandestinidad y discrecionalidad; el cliente encuentra más atractivos a determinados grupos étnicos; preferencia por personas extranjeras sobre las del país propio o bien atracción por entornos más tropicales o diferentes climas en su mayoría calurosos, entre otros.
De acuerdo con el concepto sobre turismo sexual, vertido por la Organización Mundial de Turismo, este “comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. Esa actividad, como ya se ha demostrado, constituye una fuente de ingreso, que incide significativamente en la economía de muchos países.
En tal sentido, desde luego que diversos países han venido realizando importantes esfuerzos encaminados a incrementar el ingreso al país de turistas de diversas partes del mundo; sin embargo, con la apertura del sector turístico, trae consigo un flujo de explotadores sexuales, quienes escogen naciones como destinos turísticos que se destacan por la falta de una legislación penal eficaz que frene la utilización solapada de personas y menores de edad, con fines de explotación sexual, amparados en el sustento de que la ley lo permite y bajo el disfraz de “paquete turístico”.
Por otro lado, así como los grandes avances tecnológicos han incrementado la pornografía infantil, los explotadores sexuales, a través del turismo expedito, sin un marco de legislación penal adecuada, pueden ver a cualquiera de éstos territorios como un lugar adecuado para utilizar niños, niñas y adolescentes, con fines de explotación sexual.
Si por ende, la prostitución de menores es endémica de muchos países de renta baja, desde luego que trae como consecuencia que éstos se distingan como destinos preferentes del turismo sexual.
Las poblaciones de los países donde se desarrollan éste tipo de actividades, se destacan por que casi en su totalidad, atraviesan problemas económicos, de tal manera que se crea el entorno óptimo que aprovecha el explotador para captar a las personas principalmente de sectores o áreas marginadas y obligarles a entrar en un circuito de explotación sexual: la oferta y demanda de sexo, donde, desde luego, la “mercancía más valiosa” es aquella que el turista sexual demanda y por la que está dispuesto a pagar altas sumas de dinero.
Aunque se supone que una mayor parte de los turistas sexuales buscan relaciones sexuales con otros adultos, un porcentaje importante, y alarmantemente creciente, busca activamente a menores de edad a pesar de que en numerosos países existen leyes severas contra los abusos sexuales a menores, y se condenan de estos actos a los ciudadanos aunque los practiquen en otro país donde no estén prohibidos.
Entre los destinos del mundo más comunes para el turismo sexual se encuentran Marruecos, Camboya, China y Tailandia; se incorporan a esta lista más recientemente, y derivado de los cambios principalmente económicos que afectaron a su población, países como Rusia, Hungría, República Checa y Ucrania.
En nuestro continente, este grave problema ha afectado significativamente a todos los países de América Latina sin excepción, a pesar de que la información disponible indica que Asia es la región más golpeada, empero, de manera ejemplar y sólo por mencionar algunos países y ciudades que se han convertido en destinos habituales para los turistas sexuales se destacan: la ciudad de Sao Paulo en Brasil; la Habana, la zona turística de Playa de Varadero y los Cayos en Cuba; Guanacaste, Limón, Puntarenas y San José son las localidades con mayor incidencia en Costa Rica; en el caso de Colombia se destacan las ciudades como Cali, Buenaventura, Roma, Medellín, Pereira, Bogotá y Girardot, la cual es una ciudad intermedia situada a 130 kilómetros de la capital colombiana, y en la que ofrece el mayor muestrario de niñas entre los 14 y 18 años de edad, así como en los puertos del Caribe como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta; en el caso de Honduras, el fenómeno ha estado creciendo principalmente en las ciudades de Tegucigalpa, Copan y la Ceiba; respecto a las ciudades de la República Dominicana, se destaca Santo Domingo, y destinos turísticos como Boca Chica, o en Samaná: las Galeras, El Rincón y Playa Colorada, o en Puerto Plata; en el caso de Puerto Rico, el fenómeno se desarrolla por toda el área metropolitana de San Juan y sus innumerables playas en las que se ofrecen éstos servicios a lo largo y ancho de la isla, y en muchas de sus provincias, valiéndose desde luego de una gran cantidad de migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos a través de esta isla; no se queda atrás Guatemala, pues en las ciudades de Antigua, Panajachel y Flores, donde extranjeros que compran casas que son frecuentadas por menores de bajos recursos; mientras que puerto San José es el centro de turismo sexual nacional. Desafortunadamente, el fenómeno en Guatemala está creciendo de manera pavorosa, pues ya es más concurrente que mexicanos crucen la frontera en Tecún Umán y salvadoreños que lo hacen desde Jutiapa para tener encuentros sexuales principalmente con menores de edad; de igual manera, en las ciudades turísticas de Colón, Isla Grande, Las Tablas, el Golfo de Montijo, el Archipiélago de las Perlas y la propia ciudad capital de Panamá.
Mientras que en nuestro país, los principales “paraísos sexuales” son la ciudad de Acapulco, en Guerrero; Cancún, en Quintana Roo; Ciudad de México; y en menor medida varias comunidades de Oaxaca y Veracruz; mientras que, por otro lado, este fenómeno es creciente en la zona norte de Tijuana, Ciudad Juárez y gran parte de las entidades con playas cercanas a las zonas fronterizas con Estados Unidos. Todo esto aunado a que México es considerado el segundo país a nivel mundial con mayor producción de materiales de pornografía infantil y hacia el interior, la explotación sexual de menores por Internet ya se sitúa en el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos.
En la medida en como los pueblos avanzan y progresan, en que la tecnología moderna prospera e influye en todos los aspectos de la vida ciudadana, cuando los medios masivos de comunicación social acortan distancias, entonces se hace más necesaria la preservación y difusión de preceptos éticos, principios y valores encaminados a proteger y fortalecer a la familia. Pues si permitimos que se continúen degradando los valores, si permitimos que el mero afán de lucro cosificando y explotando personas continúe en la esfera de la impunidad y la permisión, entonces estaríamos tolerando una alarmante oleada de delincuencia que castiga y afecta a los más vulnerables de cualquier nación.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración y al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que, en conjunto con los tres poderes de las entidades federativas y órganos de gobierno estatales y municipales, diseñen estrategias en el ámbito de sus respectivas atribuciones para la implantación de acciones con la finalidad de coadyuvar en el combate de la trata de personas y el tráfico de personas en el turismo sexual.
Segundo. De manera periódica sea informada esta soberanía sobre los avances y resultados obtenidos por la implantación de las acciones para combatir la trata de personas en las zonas rojas de turismo sexual del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2011.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)